Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08224-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-08224-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-08224-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-08224-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-08224-001
Accionante : Masisa Colombia S.A.S.
Accionado : Consejo de Estado, Sección Cuarta
Vinculados : Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN) y Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia, sanción por inexactitud en
declaración de renta
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por la sociedad Masisa Colombia S.A.S. contra el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
La sociedad Masisa Colombia S.A.S., que actúa por medio de apoderado judicial,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva,
presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.
En consecuencia, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 26 de octubre de 2023,
1
Expediente electrónico disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-00
Accionante: Masisa Colombia S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, confirmó la providencia de
9 de junio de 2022, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, accedió parcialmente a las pretensiones formuladas en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) [expediente 25000-23-37-000-2015-00928-01]. En su lugar, pidió que se
ordene a la autoridad accionada proferir una nueva providencia en la que se
concedan todas las súplicas del aludido asunto contencioso-administrativo.
1.3 Hechos2.
La sociedad Masisa Colombia S.A.S. relata que, promovió medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) [expediente 25000-23-37-
000-2015-00928-01], encaminado a que, se declare la nulidad de los actos
administrativos contenidos en (i) la liquidación oficial de revision 312412013000077
del 12 de septiembre de 2013, por cuyo conducto dicha entidad le impuso sanción
por inexactitud en el impuesto sobre la renta del periodo gravable 2011; y (ii) la
Resolución 900.316 del 9 de octubre de 2014, mediante la cual, se resolvió de
manera desfavorable el recurso de reconsideración interpuesto contra la anterior y,
como consecuencia de esa declaración y a título de restablecimiento del derecho
se ordene el archivo de la actuación administrativa.
Que, en dicho trámite contencioso-administrativo, en primera instancia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en sentencia de 9
de junio de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones, por cuanto, declaró la
nulidad parcial de los actos administrativos demandados (solo en lo que respecta a
la liquidación de la sanción por inexactitud) y negó la condena en costas solicitada,
al considerar que, se realizó «[…] una valoración probatoria no sólo de la dinámica de las
cuentas contables PUC 1435-Inventarios y 6135-Costos de ventas sino del manejo del inventario
[…] y se observa que aun cuando […] se le solicitaron los soportes que acreditaran que el retiro de
la cuenta de inventarios por valor de $28.976.456.570 no fue una venta, la contribuyente no los
allegó»; sin embargo, en aplicación del principio de favorabilidad, disminuyó la tarifa
de la sanción por inexactitud impuesta del 160% al 100% conforme a la modificación
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-00
Accionante: Masisa Colombia S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
que realizó el artículo 2823 de la Ley 1819 de 20164 al artículo 647 del Estatuto
Tributario.
Expone que, inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación, desatado
el 26 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el sentido
de confirmarla5, al estimar que, «[…] la administración efectuó un estudio exhaustivo del
material probatorio arrimado por la contribuyente a lo largo del proceso, cosa diferente es que éste
no lleve al convencimiento del hecho que […] pretende probar, esto es, que los créditos de la cuenta
1435-Inventario de mercancía no fabricada por la empresa por valor de $28.976.456.570 no
corresponden a ventas omitidas que impliquen que los ingresos incluidos en el denuncio rentístico
del año en discusión son menores a los que efectivamente recibió ».
Aduce que, la providencia censurada incurre en defecto fáctico, puesto que no
valoró el acervo probatorio que demuestra que no existe una diferencia en los
3
«ARTÍCULO 282. Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así: ARTÍCULO 640. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen
sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo
dispuesto en el presente artículo. Cuando la sanción deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante: 1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes
condiciones:
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la
misma; y
b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento
previo por no declarar, según el caso. 2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes
condiciones:
a) Que dentro del año (1) año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma;
y
b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento
previo por no declarar, según el caso. Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: 3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes
condiciones:
a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido
la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio
correspondiente. 4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes
condiciones:
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la
misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio
correspondiente. PARÁGRAFO 1. Habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias. El funcionario
competente deberá motivarla en el acto respectivo. PARÁGRAFO 2. Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en firme, cometiere una nueva
infracción del mismo tipo dentro de los dos (2) años siguientes al día en el que cobre firmeza el acto por medio del cual se
impuso la sanción, con excepción de la señalada en el artículo 652 de este Estatuto y aquellas que deban ser liquidadas por
el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. El monto de la sanción se aumentará en un ciento por ciento (100%) si la persona o entidad es reincidente. PARÁGRAFO 3. Para las sanciones previstas en los artículos 640-1, numerales 1, 2, y 3 del inciso tercero del artículo 648,
652-1, numerales 1, 2 y 3 del 657, 658-1, 658-2, numeral 4 del 658-3, 669, inciso 6° del 670, 671, 672 y 673 no aplicará la
proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en el presente artículo. PARÁGRAFO 4. Lo dispuesto en este artículo tampoco será aplicable en la liquidación de los intereses moratorios ni en la
determinación de las sanciones previstas en los artículos 674, 675, 676 y 676-1 del Estatuto Tributario. PARÁGRAFO 5. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o
favorable sea posterior». 4
«Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones».
5
Cabe precisar que la consejera de Estado Myriam Stella Gutiérrez Argüello salvó voto, al considerar que el análisis de la
autoridad tributaria desconoció la dinámica de la contabilidad y el principio de unidad contable, por lo cual, se debió declarar
la nulidad absoluta de los actos administrativos demandados. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-00
Accionante: Masisa Colombia S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
inventarios y, «[…] en lugar de controvertir las pruebas arrimadas al expediente, se limitó a
reiterar que al sumar los créditos de la cuenta contable PUC 1435-Inventarios y restarle los débitos
de la cuenta contable PUC 6135-Costos de ventas se evidenciaba que existían un inventario físico
superior al contabilizado».
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 14 de
enero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Consejo de Estado, Sección Cuarta; y (ii) dispuso vincular a la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)6 pidió declarar improcedente el amparo deprecado, comoquiera
que, «[l]os cargos […] los construye [la actora] a partir de una inconformidad en la interpretación
normativa de los artículos 757 y 760 del Estatuto Tributario por parte de los magistrados de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado», además, «[…] expone los mismos [argumentos] consignados en
el escrito demanda, en el recurso de apelación y en el recurso extraordinario de revisión, sin tener
una relevancia constitucional».
1.4.2 El Consejo de Estado, Sección Cuarta7 manifestó que la acción de tutela de
la referencia incumple con el requisito de procedencia de inmediatez, «[…] si se tiene
en cuenta que la sentencia del 26 de octubre de 2023 [providencia cuestionada], fue notificada por
correo electrónico el 30 de octubre de 2023 8. Así, a la fecha de presentación de esta acción, 19 de
diciembre de 20259, han transcurrido 2 años, 1 mes y 17 días».
Que, «[a]unque la accionante señala que el término de inmediatez debe contabilizarse desde que
se profirió providencia del 29 de agosto de 2025 [notificada el 8 de septiembre], que resolvió el
recurso extraordinario de revisión que […] ejerció contra la aludida sentencia, la solicitud resulta
improcedente porque dicho trámite (recurso extraordinario de revisión) y el proceso ordinario son,
por naturaleza, autónomos e independientes. Por tanto, el agotamiento del mencionado recurso
extraordinario no tiene la virtualidad de alterar o revivir el término para efectos de la inmediatez de
6
Índice 00010 de Samai.
7
Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Es decir, se entiende notificada el 2 de noviembre de 2023, en atención a lo dispuesto en el artículo 205 del CPACA.
9
Consultado el sistema de información Samai y de los reportes de radicación que obran en el expediente, en el índice 1.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-00
Accionante: Masisa Colombia S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
la tutela, el cual debe computarse exclusivamente frente a la [providencia] ordinaria que aquí se
controvierte».
1.4.3 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A10 adujo que, «[…] es claro que [esta] acción de tutela […] es improcedente,
pues la misma no puede ser utilizada, como lo pretende la demandante, como una tercera instancia,
o un medio alternativo, adicional o complementario para resolver la situación jurídica planteada con
su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho».
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema Jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 26
de octubre de 2023, mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
confirmó la providencia de 9 de junio de 2022, en la que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la tutelante contra la Unidad Administrativa Especial
10
Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-00
Accionante: Masisa Colombia S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) [expediente 25000-23-37-
000-2015-00928-01]; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías
superiores al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva invocadas en la
solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-00
Accionante: Masisa Colombia S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto
lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
7
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-00
Accionante: Masisa Colombia S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales11, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201212, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos13.
3.5 Requisito general de la inmediatez.
Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar que
la jurisprudencia constitucional14 ha establecido para tal propósito varios requisitos
generales, entre los que se encuentra la inmediatez.
Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0115,
en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para
11
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
12
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
13
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
14
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
15
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-00
Accionante: Masisa Colombia S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o
ejecutoria.
Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque el
presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto es
que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar
derechos de terceros.
Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular,
«(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un
nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado;16 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición17.18».
De igual modo, se aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional19, existen
dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son: « (i) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó
por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y
actual. Y (ii) cuando la especial [condición] de aquella persona a quien se le han vulnerado sus
derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un
juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros». Lo que deberá ser analizado en cada caso, en el evento en que se
acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6 meses).
3.6 Solución al caso concreto.
En el asunto sub judice la Sala observa que la pretensión de la actora consiste en
que, se inaplique la sanción por inexactitud en el impuesto sobre la renta del periodo
gravable 2011 que se le impuso dentro del trámite ordinario con radicado 25000-23-
37-000-2015-00928-01, dado que, en el fallo de segunda instancia se incurrió en
16
Sentencia SU-961/99.
17
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
18
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
19
Sentencia T-584 de 2011.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-00
Accionante: Masisa Colombia S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
defecto fáctico, puesto que no valoró el acervo probatorio que demuestra que no
existe una diferencia en los inventarios y, «[…] en lugar de controvertir las pruebas
arrimadas al expediente, se limitó a reiterar que al sumar los créditos de la cuenta contable PUC
1435-Inventarios y restarle los débitos de la cuenta contable PUC 6135-Costos de ventas se
evidenciaba que existían un inventario físico superior al contabilizado».
Sin embargo, se tiene que la acción de tutela de la referencia no colma la exigencia
de procedibilidad de la inmediatez, en la medida en que, se evidencia que la
providencia atacada quedó ejecutoriada el 7 de noviembre de 202320 y la solicitud
de amparo se instauró el 19 de diciembre de 2025, es decir, luego de 2 años, 1 mes
y 11 días.
En ese orden de ideas, pese a que el lapso de seis (6) meses dentro de los cuales
se debe incoar la tutela contra providencias dictadas en el marco de las acciones o
medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa
comporta una regla jurisprudencial, en el sub lite la tutelante no justificó
debidamente su omisión de instaurarla en ese término, motivo por el cual la Sala
encuentra que el requisito de inmediatez no se satisface.
Al respecto, cabe precisar que, aunque la accionante en su escrito inicial afirmó que
la inmediatez se debe contabilizar desde que se profirió la sentencia del 29 de
agosto de 2025, que resolvió el recurso extraordinario de revisión que interpuso
contra el fallo reprochado, lo cierto es que, como lo indicó la autoridad accionada en
su contestación, «[…] el ejercicio de este último no debe ni puede ser entendido como un
requisito previo para el ejercicio de la acción de tutela », ya que son independientes entre sí
y, en todo caso, aquel fue declarado infundado, toda vez que, aunque alegó la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al indicar que hubo una
omisión probatoria, la Sala Veintitrés (23) Especial de Decisión del Consejo de
Estado concluyó que, su argumento se basó en que algunas pruebas no fueron
valoradas bajo la sana crítica, hipótesis que no estaba llamada a prosperar frente a
esa causal ni se presentó como una afrenta directa al debido proceso.
20
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 30 de octubre de 2023, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 1 de noviembre siguiente, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08224-00
Accionante: Masisa Colombia S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Además, «[…] la parte actora no propuso un solo argumento de inconformidad contra [dicha]
providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión. Por el contrario, [su] inconformidad
[está] dirigid[a únicamente] contra la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho».
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la
demandante no acreditó el cumplimiento del requisito de inmediatez, por lo que, se
declarará la improcedencia de la acción de amparo frente a la protección de los
derechos fundamentales invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva invocados por la
sociedad Masisa Colombia S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.