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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05896-00

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05896-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones formuladas por Elizabeth Niño Aristizábal, en atención a la parte motiva de esta determinación judicial. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05896-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

28 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05896-00
Demandante: Elizabeth Niño Aristizábal

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05896-00
Demandante: ELIZABETH NIÑO ARISTIZÁBAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN D

Tema: Contra sentencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Elizabeth Niño Aristizábal contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 30 de octubre de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la
señora Elizabeth Niño Aristizábal pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

A juicio de la demandante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia del 27 de junio de 2024, con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, decidió en segunda instancia el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-017-2020-00414-00/01.

2. Pretensiones

La tutelante formuló las siguientes pretensiones:
[…] solicito […] se protejan mis derechos fundamentales, tomando las determinaciones que en Derecho
correspondan y dejando sin efectos el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”, con radicado 11001-33-35-017-2020-00414-01, emitido mediante
Sentencia de Segunda Instancia, fechada el veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024), y en
su lugar, se deje en firme la Sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de
Bogotá D.C., Sección Segunda de Oralidad, el 29 de septiembre de 2023 (radicado 110013335-017-
2020-00414-00).

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1 Actuación administrativa

La demandante se desempeñó en provisionalidad en la Registraduría Nacional del Estado
Civil en los siguientes periodos:

1 Índice 1 de Samai.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05896-00
Demandante: Elizabeth Niño Aristizábal

Cargo Desde Hasta
Auxiliar de servicios generales, 3 de junio de 1999 2 de junio de 2000
código 5335, grado 6
Auxiliar de servicios generales, 3 de junio de 2000 30 de diciembre de
código 5335, grado 6 2000
Auxiliar administrativo, código 8 de octubre de 7 de octubre de 2009
5120, grado 4 2001
Técnico - administrativo, código 8 de octubre de 30 de noviembre de
4065, grado 4 2009 2016
Técnico - administrativo, código 1º de diciembre de 31 de mayo de 2017
4065, grado 4 2016
Técnico - administrativo, código 1º de junio de 2017 31 de mayo de 2018
4065, grado 4
Técnico - administrativo, código 1º de junio de 2018 9 de septiembre de
4065, grado 4 2018
Técnico - administrativo, código 10 de diciembre de 9 de marzo de 2019
4065, grado 4 2018
Técnico - administrativo, código 11 de marzo de 10 de junio de 2019
4065, grado 4 2019
Técnico - administrativo, código 11 de junio de 2019 10 de septiembre de
4065, grado 4 2019
Técnico - administrativo, código 11 de septiembre 2 de diciembre de
4065, grado 4 de 2019 2019
Técnico - administrativo, código 3 de diciembre de 2 de marzo de 2020
4065, grado 4 2019

El último acto administrativo de designación fue la Resolución 20098 del 8 de noviembre
de 2019, en el que se estableció que su nombramiento era «provisional discrecional»,
conforme al artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, y su «duración […] será hasta por el término
de tres (3) meses y finalizará al término del mismo, sin que para ello se requiera acto administrativo
ni comunicación alguna, en todo caso podrá darse por terminado en cualquier momento».

A través del memorando 702 del 17 de febrero de 2020, la Registraduría Nacional del
Estado Civil le pidió a la demandante «entregar su sitio de trabajo y funciones a cargo». Allí se
consignó: «De manera atenta le recuerdo que, a partir del 3 de marzo de 2020, finaliza su
nombramiento Provisional como Técnico Administrativo 406504 – Planta Global Sede Central,
para el cual fue nombrada».

3.2 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El 2 de diciembre de 2020 la señora Niño Aristizábal promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Registraduría Nacional del Estado Civil (a la que
se le asignó el número de radicación 11001-33-35-017-2020-00414-00/01), con el fin de
que declarara la nulidad de la Resolución 20098 del 8 de noviembre de 2019 y el
memorando 702 del 17 de febrero de 2020, y se ordenara reintegrarla sin solución de
continuidad al cargo que ocupaba y pagarle los salarios y demás emolumentos dejados
de recibir.

La actora indicó en la demanda que los actos administrativos cuestionados no se
motivaron pese a que ello era necesario, comoquiera que si bien el «nombramiento
provisional discrecional» está previsto en la Ley 1350 de 2009 (que regula la carrera
administrativa en la Registraduría Nacional del Estado Civil), esa norma señala que en
los aspectos no regulados debe acudirse a la Ley 909 de 2004, la cual exige la motivación
de las decisiones administrativas que retiran a servidores públicos nombrados en
provisionalidad.

El asunto fue asignado por reparto al Juzgado 17 Administrativo de Bogotá, que mediante
sentencia del 29 de septiembre de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda2, al considerar que si bien la actora no tenía derechos de carrera administrativa
en la Registraduría Nacional del Estado Civil, el nombramiento en provisionalidad

2 Ordenó el descuento de las sumas que haya devengado la actora con posterioridad a su retiro.

2

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efectuado en la Resolución 20098 del 8 de noviembre de 2019 se fundó en artículo 20
(literal c) de la Ley 1350 de 2009, que el artículo 69 de esa norma consagra que los
aspectos no regulados en ese compendio normativo debían ser suplidos con la Ley 909
de 2004, que exige la motivación de las decisiones administrativas de retiro, regla que no
atendieron los actos administrativos demandados, lo que imponía anularlos.

Inconforme, la Registraduría Nacional del Estado Civil apeló con el argumento de que el
retiro de la actora se produjo en virtud de la expiración del término fijado en la Resolución
20098 del 8 de noviembre de 2019, razón suficiente para desvincularla. Además, no era
procedente aplicarle las disposiciones generales de la carrera administrativa prevista en
la Ley 909 de 2004, dado que los nombramientos del ente estatal están regulados por la
Ley 1350 de 2009, la cual no exige motivar la terminación del «nombramiento provisional
discrecional».

Por sentencia del 27 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
denegó las pretensiones de la demanda, al estimar que la regla según la cual los actos
administrativos de desvinculación de los provisionales deben motivarse (en virtud de la
Ley 909 de 2004 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado 3 y de la Corte
Constitucional4) fue atendida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues en los
actos administrativos enjuiciados se consignó que el retiro de la demandante se producía
por la terminación del lapso de 3 meses para el cual fue nombrada, razón suficiente para
desvincularla, conforme a la jurisprudencia constitucional5.

4. Fundamentos de la tutela

La parte demandante adujo que la providencia judicial censurada incurrió en
desconocimiento del precedente, comoquiera que desatendió las sentencias SU-917
de 2010 y T-063 de 2022 de la Corte Constitucional, en las que indicó que deben
motivarse los actos administrativos de retiro de servidores públicos nombrados en
provisionalidad, dado que ello contribuye a la eliminación de la arbitrariedad de la
administración y materializa postulados de estados democráticos, como el de publicidad,
el cual permite conocer las razones por las cuales se adoptan las decisiones
administrativas y verificar que estén en correspondencia con los principios de la función
pública.

Que la providencia cuestionada también desconoció la sentencia SU-288 de 2015, en la
que la Corte Constitucional sostuvo que las autoridades judiciales deben decidir los
procesos en atención a los pronunciamientos del alto tribunal, como los que prevén de
manera expresa que los actos administrativos de retiro de los provisionales deben
motivarse suficientemente, lo cual no aconteció en los demandados en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-017-2020-00414-00/01, en los que
tampoco se advirtió que laboró con más de 18 años de servicio a la Registraduría
Nacional del Estado Civil bajo la misma modalidad de vinculación (provisionalidad).

5. Trámite procesal

Por auto del 31 de octubre de 2024, el Despacho sustanciador admitió la acción de la
referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como
terceros con interés al juez 17 administrativo de Bogotá y al registrador nacional del
estado civil.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 5 de

3 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2018, M. P. César Palomino Cortés, expediente 25000-

23-42-000-2013-0162101.
4 Sentencia T-289 de 2011.
5 Sentencia T-407de 2016, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

3

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noviembre de 2024.

6. Intervenciones

La Registraduría Nacional del Estado Civil afirmó que carece de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que no profirió la sentencia que decidió en segunda instancia el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-017-2020-00414-00/01 que
cuestiona la tutelante, y dentro de sus competencias no se encuentra la de proferir
providencias de reemplazo, pues ello es una potestad exclusiva de los jueces de la República.

Que la demandante emplea el amparo constitucional como un instrumento encaminado
a obtener un nuevo pronunciamiento judicial sobre su retiro del servicio, es decir, como
una tercera instancia, lo que contraría su naturaleza excepcional e impone declararlo
improcedente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y el
Juzgado 17 Administrativo de Bogotá guardaron silencio6, pese a que se les notificó
del auto admisorio de la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional7 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando esta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la sentencia con la que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, decidió en segunda
instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-017-2020-
00414-00/01, por presuntamente incurrir en desconocimiento del precedente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se declarara su falta de
legitimación en la causa por pasiva.

La Sala advierte que dicha autoridad fue vinculada al trámite de tutela como tercero con
interés, más no como demandada. La vinculación no obedeció a que las pretensiones de la
tutela estén dirigidas contra esa entidad, sino porque funge como demandada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-017-2020-00414-00/01 y, por lo
tanto, podría resultar afectada con la sentencia que se dicte en este asunto constitucional.

Por lo tanto, la Sala denegará su desvinculación en la parte resolutiva de esta
providencia.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Elizabeth Niño Aristizábal para dejar sin efectos la sentencia del 27 de junio de 2024, con
la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,

6 Aunque allegaron el link en el que puede consultarse el expediente 11001-33-35-017-2020-00414-00/01.
7 Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.
4

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denegó en segunda instancia las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-017-2020-00414-00/01.

La Sala anticipa que denegará las pretensiones de la accionante, pues la sentencia
cuestionada no incurrió en desconocimiento del precedente.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales, y,
finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales8 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos9 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por la señora Elizabeth
Niño Aristizábal cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia
judicial.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de
encontrarse demostrado el defecto alegado por la demandante se estarían afectando las
garantías superiores invocadas, dado que la inobservancia de posturas jurisprudenciales
alegada podría involucrar el desconocimiento de derechos fundamentales de las partes
en un proceso judicial, tal como lo señala la Corte Constitucional10.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque de acuerdo
con la verificación del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-
35-017-2020-00414-00/01, la sentencia atacada se notificó el 4 de julio de 202411 y la
tutela se presentó el 30 de octubre siguiente (3 meses y 26 días después), es decir,
cuando no habían transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el
lapso adecuado para formular la acción de tutela contra determinaciones judiciales.

Asimismo, la demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
dado que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el
fallo cuestionado se emitió en segunda instancia, por ende, contra este no procedía
recurso ordinario alguno.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los
hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es,
expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de
desconocimiento del precedente.

8 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
9 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
10 Sentencia SU-573 de 2017, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
11 Es de anotar que el correo electrónico de notificación de la sentencia cuestionada fue enviado el 2 de julio de 2024,

por lo que se entiende notificada el 4 del mismo mes y año, conforme al numeral 2 del artículo 205 del CPACA.
5

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Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la actora ataca una
sentencia dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

5. Análisis del caso concreto

La actora aduce que la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
11001-33-35-017-2020-00414-00/01, incurre en desconocimiento del precedente porque,
a su juicio, desconoció las sentencias de la Corte Constitucional (i) SU-917 de 201012 y
(ii) T-063 de 2022, en las que se indicó que deben motivarse los actos administrativo de
retiro de los servidores públicos nombrados en provisionalidad, y (iii) SU-288 de 2015, en
la que el alto tribunal señaló que las autoridades judiciales deben decidir los procesos
conforme a sus pronunciamientos, ya que desatendió la precitada regla jurisprudencial
de motivación de las desvinculaciones de los provisionales.

El 2 de diciembre de 2020 la tutelante promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho 11001-33-35-017-2020-00414-00/01 contra la Registraduría Nacional del
Estado Civil, para que se anularan la Resolución 20098 del 8 de noviembre de 2019 y el
memorando 702 del 17 de febrero de 2020, y se ordenara reintegrarla sin solución de
continuidad al cargo que ocupaba y pagarle los salarios y demás emolumentos dejados
de recibir, pretensiones que negó en segunda instancia la autoridad accionada, por
conducto de la sentencia aquí cuestionada, al considerar que esos actos administrativos
sí se motivaron, ya que allí se consignó que la desvinculación de la demandante se
ocasionó por la terminación del lapso para el cual fue nombrada en provisionalidad en
aplicación de las reglas del régimen especial de carrera administrativa de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

Al analizar el fallo SU-917 de 2010 de la Corte Constitucional, se evidencia que decidió
acciones de tutela promovidas por 27 servidores públicos de la Fiscalía General de la
Nación y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otras entidades estatales, a
quienes se les declaró insubsistentes sus nombramientos en provisionalidad sin exponer
motivos que justificaran esas decisiones.

En dicho pronunciamiento se efectuó un análisis de la evolución de la carrera
administrativa en Colombia y se precisó que los actos administrativos que retiran a
servidores públicos designados en provisionalidad debían motivarse, comoquiera que
con ello se garantiza preceptos democráticos, como los de publicidad y debido proceso
(dentro del que está inmerso el de legalidad), los cuales aseguran que la administración
ejerza su facultad discrecional de retiro en el marco del ordenamiento jurídico y no la
emplee de manera arbitraria. Allí también se indicó que, si bien los provisionales no tenían
derechos de carrera administrativa, sí eran titulares de estabilidad laboral relativa, la cual
les otorgaba la prerrogativa de conocer los motivos por los cuales eran retirados del
servicio público.

Así las cosas, se observa que la providencia aquí reprochada no desconoció la regla
prevista en la sentencia SU-917 de 2010, consistente en que los actos administrativos de
desvinculación de provisionales deben motivarse, por el contrario, la aplicó para concluir
que el retiro de la actora se justificó en la expiración del plazo para el cual fue nombrada
mediante la Resolución 20098 del 8 de noviembre de 2019, razón suficiente para colegir
que ese acto administrativo no trasgredía el ordenamiento jurídico, tal como lo dijo la
Corte Constitucional en el fallo T-407 de 201613 (mencionada en la providencia
censurada), así:

[…] la Corte ha manifestado que las razones que se utilicen para motivar un acto de esta naturaleza,
deben estar fundadas en hechos comprobables y argumentos constitucionalmente admisibles. Así,

12 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

6

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estableció que son admisibles razones puntuales como (i) la provisión definitiva de un cargo, (ii) la
imposición de sanciones disciplinarias, (iii) la calificación insatisfactoria. No obstante, […], también
pueden existir otras circunstancias que justifiquen el retiro del cargo que se discute. Tal es el caso de
la expiración del plazo en el nombramiento.

Ese motivo de desvinculación resulta constitucionalmente admisible a la luz de la jurisprudencia
constitucional. Específicamente, de las sentencias SU-917 de 2010, T-753 de 2010 y T-360 de 2015.
En aquellas decisiones, la Corte aceptó que no son causales taxativas los motivos de desvinculación
de un cargo en provisionalidad y que, como sucede en este caso, la expiración o vencimiento del término
del contrato resulta razonable a la luz de la Constitución y vigencia de los derechos fundamentales. Por
ello, para la Corte, ni el Tribunal Administrativo del Meta ni el Municipio de Villavicencio vulneraron los
derechos fundamentales de los peticionarios al esgrimir dichas razones.

En cuanto a la sentencia T-063 de 2022, se advierte que en esta la Corte Constitucional
decidió una acción de tutela promovida por servidores públicos del municipio de Ábrego
(Norte de Santander) nombrados en provisionalidad y retirados del servicio por no
superar un concurso de méritos, pese a que tenían más de 60 años, afecciones de salud
y eran cabezas de familia y la administración contaba con la posibilidad de reubicarlos.

Allí la Corte Constitucional señaló que las personas designadas en provisionalidad en
cargos públicos y que tengan estabilidad laboral reforzada en razón a situaciones de
vulnerabilidad manifiesta, les asiste la prerrogativa de ser reubicados cuando ello sea
posible, premisa que desatendió el mencionado municipio porque a pesar de tener la
posibilidad de designar a los allí tutelantes en otros cargos equivalentes a los que
ocupaban no lo hizo. Allí no se hizo mención alguna al deber de la administración de
motivar los actos administrativos.

Así las cosas, se constata que la sentencia T-063 de 2022 de la Corte Constitucional no
era aplicable en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-017-
2020-00414-00/01, pues decidió una controversia con contornos fácticos diferentes a los
aquí debatidos, ya que en este trámite se reprochó el retiro de la actora por expirar el
término para el que fue nombrada en provisionalidad y no por la realización de un
concurso de méritos. Además, en dicho pronunciamiento el alto tribunal constitucional no
hizo mención de la necesidad de motivar los actos administrativos de retiro de los
provisionales, sino al deber de la administración de reubicarlos cuando tienen estabilidad
laboral reforzada14 y hay posibilidades de ello.

En lo que respecta a la sentencia SU-288 de 2015, es pertinente advertir que si bien la
Corte Constitucional señaló allí que sus pronunciamientos son de obligatorio
cumplimiento, esa regla no fue inobservada por la autoridad accionada, sino que fue
atendida al verificar si la desvinculación de la actora fue justificada o no (lo que aconteció
por la expiración del término del nombramiento de Elizabeth Niño Aristizábal), situación
por la que tampoco acaeció desconocimiento del mencionado pronunciamiento del alto
tribunal constitucional.

Por último, debe indicarse que no es de recibo el argumento de la demandante de que la
autoridad accionada no advirtió que se desempeñó en provisionalidad por más de 18
años en diferentes lapsos, pues la discusión recayó sobre la legalidad del término previsto
para el último de sus nombramientos.

En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que la sentencia cuestionada no adolece de
desconocimiento del precedente, pues en ella el demandado analizó la controversia
ventilada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-017-2020-
00414-00/01 a la luz de la regla de la Corte Constitucional según la cual los actos
administrativos de desvinculación de los provisionales deben motivarse, razón por la cual
se denegará el amparo deprecado.

14 Figura a la que no hace mención la demandante.

7

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05896-00
Demandante: Elizabeth Niño Aristizábal

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones formuladas por Elizabeth Niño Aristizábal, en atención a la
parte motiva de esta determinación judicial.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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