Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05905-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05905-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05905-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Tema: MORA JUDICIAL -. Se modifica el fallo impugnado. Se declara la
carencia actual del objeto por hecho superado, la improcedencia de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa y se niegan
pretensiones.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 6 de diciembre de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los señores José Pérez González, Ever de Jesús Luna Villegas, María Trinidad
Reyes Conde y Manuel de Jesús Fernández Ramos solicitaron el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le
atribuyeron al Tribunal Administrativo de Bolívar por la presunta mora judicial en la
resolución de las recusaciones formuladas el 25 de septiembre de 2024 dentro de
los medios de control de reparación directa números 13001-33-33-013-2015-
00382-00, 13001-33-33-006-2015- 00444-01, 13001-33-33-005-2015- 00398-01, y
13001-33-33-008-2015- 00441-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestaron que presentaron recusaciones contra el Magistrado José Rafael
Guerrero Leal dentro de los medios de control de reparación directa números
13001-33-33-013-2015-00382-00, 13001-33-008-2015-00441-01, 13001-33-006-
2015-00444-01, y 13001- 33-33-005- 2015-00398-01.
2.2. Expusieron que, el funcionario judicial ha manifestado de forma abierta su postura
de parcialidad en las pretensiones indemnizatorias en contra de las víctimas de
desplazamiento forzado del Departamento de Bolívar, derivadas de la omisión en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
seguridad de la Fuerza Pública, tendientes a favorecer a las autoridades llamadas a
responder por estos daños sufridos por la comunidad desplazada.
2.3. Refirieron que la recusación tiene como fundamento las causales establecidas en
los numerales 6 y 7 del artículo 141 del C.G.P., dado que ellos coadyuvaron la
denuncia disciplinaria que cursa contra el Magistrado José Rafael Guerrero Leal,
debido a una supuesta parcialidad en la postura jurídica asumida en los casos en los
que se debate la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado del
Departamento de Bolívar.
2.4. Sostuvieron
que, a la fecha de la interposición de la acción de tutela, el
magistrado antes mencionado no se ha pronunciado respecto de las recusaciones.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Tutelar el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD,
DERECHO A DEFENSA, SEGURIDAD JURÍDICA dentro del proceso de
reparación directa de las víctimas JOSE [sic] PEREZ [sic] GONZALEZ [sic] Y
OTROS RAD. 13001-33-33-013-2015- 00382-00, ORLANDO RODELO DIAZ
Y OTROS RAD. 13001-33-33-006-2015- 00444-01, JUAN ALBERTO REYEZ
Y OTROS RAD. 13001-33-33-005-2015- 00398-01, FRANKIN HERNANDEZ
[sic] Y OTROS RAD. 13001-33-33-008-2015- 00441-01, que fueron vulnerados
por la no contestación a la solicitud de recusación presentada ante el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR – SALA DE DECISIÓN 05
Magistrado ponente: JOSE [sic] RAFAEL GUERRERO LEAL.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al doctor JOSE [sic]
RAFAEL GUERRERO LEAL, a que dentro del Término de 48 horas siguientes,
se pronuncie sobre la ACEPTACION [sic] o RECHAZO de la solicitud de
recusación de fecha 25 de septiembre de 2024 […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 7 de noviembre de 2024, la magistrada a cargo de la
sustanciación del proceso de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado admitió la presente acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a sus
magistrados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Magistrado José Rafael Guerrero Leal señaló que ninguno de los procesos
a los cuales se hace alusión y frente a los cuales se interpuso la recusación se
encuentra actualmente con pase al despacho que preside, es decir, ni para la fecha
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
de la interposición de la recusación, ni actualmente se encuentra conociendo de
alguno de dichos procesos. Respecto de lo anterior indicó:
5.2. En el proceso 13001-33-33-013-2015-00382-01, el 27 de agosto de 2024 se
declaró impedido para conocer; ii) en el radicado 13001-33-33-006-2015-00444-01,
el 16 de agosto de 2024 se declaró impedido, el 23 de agosto siguiente se remitió
la recusación, con auto del 26 de agosto de 2024 la contestó y en virtud de ello, el
3 de septiembre se cambió de ponente; iii) en el proceso 13001-33-33-005-2015-
00398-01, señaló que no le fue repartido y tampoco fue convocado para integrar la
Sala, y el día 18 de noviembre de 2024 le fue remitido el escrito de recusación por
parte del Despacho 02, el cual lo resolvió el 26 noviembre del año señalando que
no aceptaba el mismo; en el radicado 13001-33-33-006-2015-00441-01, sostuvo
que no le fue repartido y tampoco fue convocado para integrar la Sala.
5.3. El Magistrado Edgar Alexi Vásquez Contreras sostuvo que desde el año 2018
manifestó su impedimento al interior del proceso 2015-00441-01, el cual fue
aceptado por sus compañeros de Sala mediante providencia del 28 de agosto de
2018.
5.4. Asimismo, señaló que respecto a los hechos que se relacionan con actuaciones
del Tribunal Administrativo de Bolívar en los procesos contenciosos administrativos
seguidos en ejercicio del medio de control de reparación directa a los que se
refieren los accionantes, los desconoce, dado que no ha hecho parte de las Salas
de Decisión que los tienen bajo su conocimiento.
5.5. Por último, adujo que en todo caso se atiene a lo que decida el fallador.
5.6. El Magistrado Óscar Iván Castañeda Daza indicó que a pesar de no haber sido
vinculado formalmente a este proceso, puesto que así se decidió en el auto
admisorio, informó que al interior del proceso 13001-33-33- 008-2015-00441-02, se
surtieron las siguientes actuaciones:
5.7. Mediante sentencia del 25 de febrero de 2019, el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Cartagena negó las pretensiones de la demanda, la parte
demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, mediante auto del 15 de julio de 2019, el Despacho 03 del Tribunal
Administrativo de Bolívar admitió el recurso de apelación, luego, en providencia del
26 de enero de 2024, el Despacho 03 admitió la intervención de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, el 26 de abril de 2024, se reabrió la fase de los
alegatos de conclusión y por último el 13 de agosto de 2024, se declaró el
impedimento conjunto de los magistrados José Rafael Guerrero Leal y Óscar Iván
Castañeda Daza, por lo cual, se remitió el expediente al Despacho 01 para que
fuese resuelto el mismo.
5.8. Por
último, señaló que no hay ninguna actuación pendiente por parte del
Despacho 03, que actualmente el preside.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
5.9. El Magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez informó que encontrándose en
su despacho para fallo el expediente de radicado número 2015-00398-01, por error
de la Secretaría de la Corporación se anexó un memorial mediante el cual el
apoderado de la parte demandante recusa al Magistrado José Rafael Guerrero
Leal, razón por la cual, mediante auto del 15 de noviembre de 2024, se ordenó a la
Secretaría remitir dicho memorial al Despacho 05, cuyo titular es el funcionario
recusado, a fin de que aquel se pronuncie sobre el mismo.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 6 de diciembre de 2024, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo de la acción de tutela en
cuanto a las pretensiones relacionadas con los radicados 13001-33-33-013-2015-
00382-00, 13001-33-33-006-2015-00444-01 y 13001-33-33-008-2015-00441-01, y
declaró la carencia actual del objeto por hecho superado frente a la pretensión
atinente al expediente 13001-33-33-005-2015- 00398-01.
7. Como fundamento de la decisión impugnada señaló:
“[…] [P]roceso 2015-00382-00
En la plataforma de la Rama Judicial para la consulta de procesos, se
encontraron las siguientes actuaciones registradas:
[…]
Significa lo anterior que, estando el expediente al despacho para proferir
sentencia de segunda instancia (ingresó el 21 de julio de 2022), el 27 de agosto
de 2024, el magistrado José Rafael Guerrero Leal manifestó su impedimento,
razón por la cual, luego del trámite correspondiente, el 3 de septiembre
siguiente, el expediente ingresó al despacho de la magistrada Marcela de Jesús
López Álvarez (nueva ponente), para lo de su cargo.
Posteriormente, el 26 de septiembre de 2024, se presentó recusación contra el
magistrado José Rafael Guerrero Leal y, en esa misma fecha, ingresó el
memorial al despacho, para proveer.
En ese orden, se explica por qué el magistrado accionado, José Rafael
Guerrero Leal, no se pronunció sobre el escrito de recusación, dado que, como
se observa, en primer lugar, ya se había declarado impedido para conocer la
controversia planteada en el proceso con radicado 2015- 00382-00, y además,
el expediente se encontraba al despacho de su homóloga, que le sigue en
turno, para efectos de resolver lo pertinente. Por lo que se concluye, que no
existe la vulneración invocada por los accionantes.
Ahora bien, es cierto que, la magistrada Marcela de Jesús López Álvarez
(nueva ponente) aún no se pronuncia sobre el impedimento manifestado por el
funcionario Guerrero Leal, y tampoco frente a la recusación que hizo la parte
actora, pero también lo es que, tan solo el 26 de septiembre de 2024, se efectuó
el correspondiente ingreso al despacho, por lo que, no han transcurrido ni tres
meses desde la fecha.
[…]
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
Se insiste en que la mora judicial injustificada no surge con el simple paso del
tiempo, sino que debe obedecer a una negligencia probada de la autoridad
judicial accionada que retarde la toma de decisiones al interior de cada proceso,
circunstancia que, en este caso, frente al proceso 2015-00382-00, no se
presenta.
[…]
Proceso 2015-00444-01
En la plataforma de la Rama Judicial para la consulta de procesos, no fue
posible verificar las actuaciones, puesto que, se registra como proceso privado.
No obstante, de conformidad con el informe rendido por el magistrado José
Rafael Guerrero Leal, se conoce que, el 16 de agosto de 2024, el servidor
manifestó su impedimento para conocer del contencioso de reparación directa
2015-00444- 01; y posteriormente, esto es, el 23 de agosto, recibió el escrito
de recusación radicado por la parte actora, razón por la cual, con auto del 26
de agosto siguiente, ordenó a la Secretaría que remitirá el expediente al
despacho 01, que le sigue en turno, a fin de que la magistrada Marcela de Jesús
López Álvarez resolviera lo pertinente, en relación con el impedimento
manifestado y el incidente de recusación formulado.
[…]
Así las cosas, la Subsección encuentra justificado que el magistrado accionado,
José Rafael Guerrero Leal, no se haya pronunciado sobre el escrito de
recusación, dado que, ya se había declarado impedido para conocer la
controversia planteada en el proceso con radicado 2015- 00444-00, y en todo
caso, el funcionario competente es el que le sigue en turno, de conformidad
con lo señalado en el inciso 3º del artículo 132 del CPACA.
[…]
Por lo anterior, la Sala concluye, que no existe la vulneración invocada por los
accionantes.
Proceso 2015-00398-0
En la plataforma de la Rama Judicial para la consulta de procesos, se
encontraron las siguientes actuaciones registradas:
[…]
Como se observa, en este proceso, el ponente es el magistrado Luis Miguel
Villalobos Álvarez. Así mismo, se advierte que, el 26 de septiembre de 2024 la
parte actora presentó recusación en contra del magistrado José Rafael
Guerrero Leal (integrante de la Sala).
En consecuencia, el ponente mediante auto del 15 de noviembre de 2024,
ordenó remitir el expediente al funcionario recusado, a fin de que se
pronunciara sobre el particular. Con oficio del 26 de noviembre siguiente, el
magistrado Guerrero Leal señaló que no aceptaba el mismo, y con auto de la
misma fecha, su homólogo competente para el efecto, resolvió al respecto.
De lo anterior, se colige que en lo que atañe al proceso 2015- 00398-01, se
presenta carencia de objeto por hecho superado, como quiera que, la
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
pretensión de la tutela radicada el 30 de octubre de 2024, se satisfizo en el 26
de noviembre siguiente, esto es, sin que mediara orden judicial. Por lo tanto,
no tiene objeto que la Sala examine si la autoridad demandada vulneró o no los
derechos fundamentales invocados por la parte actora
Proceso 2015-00441-01
En la plataforma de la Rama Judicial para la consulta de procesos, se
encontraron las siguientes actuaciones registradas:
[…]
En relación con este expediente, es del caso señalar que originalmente el
ponente fue el magistrado Edgar Alexi Vásquez Contreras, quien manifestó su
impedimento el 9 de agosto de 2018.
Del mismo modo, las actuaciones registradas permiten colegir que el
impedimento se declaró fundado mediante auto del 28 de agosto siguiente,
proferido por la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce.
De las actuaciones registradas en el expediente, no se extrae que el magistrado
José Rafael Guerrero Leal haya intervenido en el trámite del proceso 2015-
00441-01, como ponente o como integrante de la sala de decisión; así como
tampoco, se encuentra radicada recusación alguna en su contra, pendiente por
pronunciamiento.
Por consiguiente, según lo analizado al interior del proceso 2015- 00441-01, no
se advierte la vulneración alegada por los accionantes.
Bajo las consideraciones que anteceden, frente a las pretensiones relacionadas
con los radicados 13001-33-33-013-2015- 00382-00, 13001-33-33-006-2015-
00444-01 y 13001-33-33-008-2015- 00441-01, la Subsección negará el amparo
solicitado por los señores José Pérez González, Ever de Jesús Luna Villegas,
María Trinidad Reyes Conde y Manuel de Jesús Fernández Ramos, por no
encontrar demostrada la vulneración alegada.
En lo atinente al expediente 13001-33-33-005-2015- 00398-01, se declarará la
carencia actual de objeto, por hecho superado, de conformidad con el estudio
efectuado en precedencia.
Finalmente, frente al memorial radicado por el señor José Pérez González el
pasado 27 de noviembre, en el que solicita que «se imponga a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, tramitar la denuncia que formulamos en escrito
de fecha 16 de septiembre de 2024 en contra del Magistrado JOSE RAFAEL
GUERRERO LEAL», basta señalar que se trata de una pretensión totalmente
distinta a la inicialmente formulada, dirigida incluso contra una autoridad
diferente a las accionadas, y en consecuencia, la Sala no se pronunciará al
respecto, pues, de hacerlo, incurriría en una flagrante violación de las garantías
de defensa y contradicción que hacen parte del derecho fundamental al debido
proceso […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, con fundamento en lo
siguiente:
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
“[…] Por medio de la presente me permito elevar impugnación contra el fallo
de tutela de primera instancia RAD 11001-03-15-000-2024-05905-00 proferido
en su despacho en fecha 6 de diciembre del 2024 notificado el 12 de diciembre
del presente año […]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VIII.2. Problemas jurídicos
10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado5, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:
b) Si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante, por presuntamente haber incurrido en mora judicial en la
resolución de las recusaciones formuladas el 25 de septiembre de 2024
dentro de los medios de control de reparación directa números 13001-33-33-
013-2015- 00382-00, 13001-33-33-006-2015- 00444-01, 13001-33-33-005-
2015- 00398-01, y 13001-33-33-008-2015- 00441-01.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial en
el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso
concreto.
VIII.3. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior
de los procesos judiciales
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
12. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un “[…] fenómeno
multicausal y estructural […]”6, que se presenta en razón al “[…] alto número de
procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]”7.
13. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente “[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]”.8
14. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo
de 20179 precisó lo siguiente:
“[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora
lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global
del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:
[…]
[L]a mora judicial se justifica cuando:
-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles
e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no ha sido
diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus
deberes.”10
13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
6
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo
de 2017.
7
Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 9 de
diciembre de 2010.
8
Ibidem.
9
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María Victoria Calle Correa;
28 de marzo de 2017.
10
“En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la
autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada”.
9
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Accionantes: José Pérez González y otros
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando:
(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante
casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando
(1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio,
consistente en la alteración del turno era, excepcional […].
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena
de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201611, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en
mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe
un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la
falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial […]”. [Negrilla fuera del texto].
15. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución oportuna
del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta imprescindible
analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial de la respectiva
dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del cargo; (iii) la
complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el cumplimiento por las
partes de sus deberes de impulso procesal12.
VIII.4. El caso concreto
16. Los señores José Pérez González, Ever de Jesús Luna Villegas, María Trinidad
Reyes Conde y Manuel de Jesús Fernández Ramos solicitaron el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le
atribuyeron al Tribunal Administrativo de Bolívar, despacho del Magistrado José
Rafael Guerrero Leal, por la presunta mora judicial en la resolución de las
recusaciones por ellos formuladas el 25 de septiembre de 2024 dentro de los
medios de control de reparación directa números 13001-33-33-013-2015- 00382-
00, 13001-33-33-006-2015- 00444-01, 13001-33-33-005-2015- 00398-01, y 13001-
33-33-008-2015- 00441-01.
17. Como se indicó en el párrafo anterior los accionantes presentaron recusaciones
dentro de cuatro medios de control de reparación, por lo cual la sala analizará de
manera separada la presunta mora judicial, teniendo en cuenta la particularidad en
cada número de radicado.
11
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
VIII.4.1. De los medios de control de reparación directa números 13001-33-33-
013-2015- 00382-00 y 13001-33-33-006-2015- 00444-01
18. En cuanto al proceso 2015- 00382-00 se observa en el expediente que éste
ingresó al despacho el 21 de julio de 2022 para proferir sentencia de segunda
instancia, luego el Magistrado José Rafael Guerrero Leal manifestó su impedimento
(27 de agosto de 2024), razón por la cual, luego del trámite correspondiente, el 3
de septiembre siguiente, el expediente ingresó al despacho de la Magistrada
Marcela de Jesús López Álvarez, quien sería la nueva ponente, para lo de su cargo.
19. El 26 de septiembre de 2024 presentaron recusación contra el Magistrado José
Rafael Guerrero Leal y, en esa misma fecha, ingresó al despacho el memorial, para
proveer:
20. Por lo anterior, se observa que cuando se presenta la recusación, el Magistrado
José Rafael Guerrero Leal había manifestado impedido, encontrándose el
expediente a cargo de la nueva magistrada, razón por la cual le era imposible
resolver dicha solicitud.
21. Sobre el proceso 2015- 00444-01 de acuerdo con el expediente y el informe
rendido se observa que el 16 de agosto de 2024 el Magistrado José Rafael Guerrero
Leal manifestó su impedimento y el 20 del mismo mes y año fue comunicado por
parte de la Secretaría de esta Corporación, el 23 de agosto se remite recusación y
como quiera que secretaría no había remitido el impedimento al Despacho 01,
mediante auto se da respuesta a la misma de la siguiente manera:
11
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
22. Por lo anterior el 3 de septiembre de 2024 queda la anotación del cambio de
ponente, observándose que en este proceso también le era imposible resolver la
recusación presenta toda vez que el Magistrado José Rafael Guerrero Leal se había
manifestado impedido.
23. Por lo expuesto, la Sala negará el amparo solicitado respecto de los expedientes
con número de radicado 13001-33-33-013-2015- 00382-00, 13001-33-33-006-
2015- 00444-01, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
VIII.4.2. Del medio de control de reparación directa número 13001-33-33-005-
2015- 00398-01
24. De acuerdo con el expediente se observa que el ponente es el Magistrado Luis
Miguel Villalobos Álvarez, y que el 26 de septiembre de 2024 los actores
presentaron recusación en contra del Magistrado José Rafael Guerrero Leal quien
era integrante de la sala.
25. Asimismo, se puede observar que el magistrado a cargo mediante auto del 15
de noviembre de 2024 ordenó remitir el expediente al funcionario recusado, a fin de
que se pronunciara sobre el particular. Con oficio del 26 de noviembre siguiente, el
Magistrado Guerrero Leal señaló que no aceptaba el mismo, y con auto de la misma
fecha, su homólogo competente para el efecto resolvió al respecto:
12
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
26. En ese orden de ideas, esta Sala comparte la decisión de primera instancia, en
cuanto se ha configurado una carencia actual de objeto por hecho superado, respecto
de la mora judicial alegada dentro del proceso de reparación directa de radicado 2015-
00398-01, porque la autoridad judicial dio trámite a la recusación, como quiera que,
la tutela se radicó el 30 de octubre de 2024, y éste le dio cumplimiento el 26 de
noviembre del mismo año.
27. En tal sentido, se resalta que la Corte Constitucional, ha entendido el concepto
de la carencia actual de objeto por hecho superado como "[…] el supuesto de hecho
en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo
se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor […]"13.
28. Conforme a lo indicado, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
VIII.4.3. Del medio de control de reparación directa número 13001-33-33-008-
2015-00441-01
29. La primera instancia respecto de la recusación presentada dentro de este medio
de control de reparación directa resolvió negar el amparo solicitado toda vez que:
“[…] De las actuaciones registradas en el expediente, no se extrae que el
13
Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Exp. T-7.084.677, Sentencia T-342 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; 19 de julio de 2017.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
magistrado José Rafael Guerrero Leal haya intervenido en el trámite del proceso
2015- 00441-01, como ponente o como integrante de la sala de decisión; así como
tampoco, se encuentra radicada recusación alguna en su contra, pendiente por
pronunciamiento.
Por consiguiente, según lo analizado al interior del proceso 2015- 00441-01, no se
advierte la vulneración alegada por los accionantes [...]”.
30. Se debe precisar que una vez revisado el proceso de reparación directa se
encontró que los demandantes son: Luis Gabriel Estrada Torres, Oscar Estrada
Meléndez, Josefa Meléndez de Estrada, Miryam del Carmen Estrada Barrios,
Cesar Gabriel Barrios Estrada, Jorge David Barrios Estrada, Arnol José Barrios
Estrada, Rober Eliecer Barrios Estrada, Javier Alfonso Barrios Estrada, Jorge
Ellecer Barrios Arrieta, Keis Karel Barrios Tapia, Ofreida Ismenia Barrios Castellar,
Raimundo Rafael Vásquez Pacheco, Dairo Ramón Romero Yepes, Lorenza Isabel
Chamorro Herrera, Darwin Ramón Romero Chamorro, Jairo Rafael Romero
Chamorro, Zulma Andreina Romero Chamorro, Noris Emilse Tapia Mercado,
Fanny Del Socorro Guzmán ce Vásquez y Rigoberto José Ávila Rios.
31. Dentrode la presente acción de tutela los accionantes son: José Pérez
González, Ever de Jesús Luna Villegas, María Trinidad Reyes Conde y Manuel de
Jesús Fernández Ramos.
32. De lo anterior se puede observar que los accionantes no participaron en
calidad de parte, ni de terceros en el medio de control de reparación directa.
33. Esta Sección ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que, en principio, sólo los
sujetos procesales se encuentran legitimados para controvertir, a través de la acción
de tutela, las decisiones que se profieran dentro de un proceso judicial. En ese
sentido, en la sentencia de 15 de julio de 202414 se señaló lo siguiente:
“[…] Al respecto, se advierte que esta Sala ha considerado que la legitimación en
la causa por activa de quien promueve acción de tutela contra providencia judicial
y alega la vulneración de sus derechos fundamentales, está determinada por la
participación en el proceso judicial cuya revisión depreca en ejercicio del amparo
constitucional.
Así lo sostuvo esta Sala en la sentencia de 27 de abril de 201715, en la que se
indicó:
“[…] En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si la
mencionada autoridad judicial quebrantó los referidos derechos
fundamentales del accionante, con la providencia cuestionada.
Ahora bien, antes de entrar a examinar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 18 de julio de 2024, Exp. núm.
110010315000-2024-02769-00. C.P.: Nubia Margoth peña Garzón.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: doctor Roberto Augusto Serrato Valdés.
También se puede ver sentencia de 27 de abril de 2017, expediente 11001 03 15 000 2016 02676 00. C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
de acuerdo con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional,
acogida por la Sala Plena de esta Corporación, resulta necesario
determinar la legitimación en la causa por activa, en tanto que uno de
los derechos alegados como vulnerados es el del debido proceso.
Sobre el particular, la Sala ha sido del criterio según el cual, quien promueva
una acción de tutela con el propósito de buscar la protección del derecho
fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con ocasión de
las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un proceso
judicial, debe acreditar que es o fue parte en el mismo16.
[…]
De acuerdo con lo anterior, la Sala ha sido enfática en señalar que para acreditar
el requisito de la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela
contra providencias judiciales, quien promueva la acción con el propósito de
buscar la protección de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados
con ocasión de las providencias o actuaciones que se surtan en el trámite de un
proceso judicial, debe acreditar que es o fue parte dentro del mismo17.
Así las cosas, es claro que el actor en el presente asunto carece de legitimación
en la causa por activa para formular solicitud de amparo contra la providencia
cuestionada, por cuanto no demuestra que se haya hecho parte dentro del
proceso judicial en el que fue
proferida.
En efecto, el señor JULIO CÉSAR PARRA ACEROS no ostenta ninguna de esas
calidades ni se hizo parte dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho origen de la controversia, razón por la que al no ser
titular de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y al principio de favorabilidad cuya vulneración
depreca, carece de legitimación en la causa por activa para promover la solicitud
de amparo de la referencia. […]”.
34. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que los señores José Pérez
González, Ever de Jesús Luna Villegas, María Trinidad Reyes Conde y Manuel de
Jesús Fernández Ramos carecen de legitimación en la causa por activa, para
controvertir la presunta mora judicial en la resolución de la recusación formulada
dentro del medio de control de reparación directa número 13001-33-33-008-2015-
00441-01, porque no fueron sujetos procesales dentro de ese medio de control.
16
Sobre el particular, la Sala se pronunció en ese sentido, reiterando dicho criterio en varias acciones de tutela promovidas
por los electores de la señora Johana Chaves García, que interpusieron numerosas solicitudes de amparo, tendientes a
controvertir las decisiones tomadas en el medio de control de nulidad electoral, radicado con el número (acumulados) 2014-
00057-00 y 2014-00083-00, demanda promovida por el señor Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro. Ver: Consejo de Estado.
Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado: 2014-03603-00. Actor: Daul Monroy Mendoza. C.P.: Dra.
María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de febrero de 2015. Radicado:
2014-03802-00. Actor: Carmen Cecilia Rodríguez Guerrero. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado.
Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado: 2014-04113-00. Actor: Julio Edgar Cuesta Areiza. C.P.:
Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Radicado:
2014-03870-00. Actor: Dora Silva Ordúz. C.P.: Dra. María Elizabeth García González; Consejo de Estado. Sección Primera.
Sentencia de 5 de marzo de 2015. Radicado: 2014-03803-00. Actor: Deryan Johan Monsalve Barajas. M.P.: Dr. Marco
Antonio Velilla Moreno.
17
Es ese sentido se ha pronunciado esta Sala en las sentencias de 7 de septiembre de 2023, identificada con el número
único de radicación 110010315000-2023-04321-00, C.P.(E) Nubia Margoth Peña Garzón y 2 de noviembre de 2023,
identificada con el número único de radicación 110010315000-2023-05226- 00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
35. En consecuencia, la Sección modificará el fallo impugnado y en su lugar
declarará improcedente esta acción de tutela por falta de legitimación en la causa
por activa de los accionantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 6 de diciembre de 2024 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su lugar disponer:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado,
respecto del medio de control de reparación directa núm. 13001-33-33-005-
2015-00398-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por activa, respecto del medio de control de
reparación directa núm. 13001-33-33-008-2015-00441-01, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, respecto
del medio de control de reparación directa núm. 13001-33-33-013-2015- 00382-
00 y 13001-33-33-006-2015- 00444-01, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
16
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05905-01
Accionantes: José Pérez González y otros
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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