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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05911-01

Fecha
31 de enero de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05911-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05911-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

31 de enero de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-01
Demandante: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Asunto: LA SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE
CESANTÍAS PARCIALES ES UN ASUNTO QUE NO
REVISTE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL INTERÉS
DE LA ACTORA ES DISCUTIR UN ASUNTO QUE YA SE
VENTILÓ EN EL PROCESO ORDINARIO Y QUE ADEMÁS
ES ESTRICTAMENTE ECONÓMICO Y LEGAL.

Síntesis del caso: se cuestionó la sentencia de segunda instancia, mediante la cual se revocó la
decisión que había ordenado el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en favor de la
actora y, en su lugar, se negaron pretensiones. Sin embargo, la Sala confirmará declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional por
emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
del 28 de noviembre de 2024 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

“SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer
del requisito general de la relevancia constitucional, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. (mayúsculas fijas del
original - archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 31 de octubre de 2024, a través de apoderado judicial, la
señora Marta Inés Muñoz Díaz promovió proceso de acción de tutela en contra de la
sentencia del 30 de septiembre de 2024 proferida por la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actor: Martha Inés Muñoz Díaz
Acción de tutela

Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1) El 19 de enero de 2022, presentó una petición ante el Ministerio de Educación Nacional
– Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín (en adelante Distrito de Medellín) para obtener el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales, solicitud que fue atendida de manera
positiva mediante Resolución no. MEDELE2022000106 del 5 de abril de 2022 y, en
consecuencia, los recursos fueron girados el 9 de mayo del mismo año.

2) El 21 de julio de 2022, le solicitó a las referidas entidades el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019, no
obstante, dichas autoridades guardaron silencio, con lo cual se configuró el silencio
administrativo negativo.

3) Formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el Distrito de Medellín para que se declarara la
nulidad del acto ficto o presunto configurado el 21 de octubre del 2022 frente a la petición
previamente mencionada.

4) Mediante sentencia del 28 de junio de 2024, el Juzgado 23 Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la parte demandada y la nulidad del acto administrativo
demandado, en consecuencia, a título de restablecimiento, condenó a la Nación –
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
pagarle lo equivalente a seis (6) días de salario por concepto de sanción moratoria.

5) Como sustento de la decisión, sostuvo que el retardo en la expedición del acto
administrativo –año 2022– por parte del Distrito de Medellín obedeció a las fallas
presentadas en la plataforma digital “Sistema Humano” implementado por el FOMAG
para el pago de las prestaciones económicas de los docentes.

6) El FOMAG apeló para solicitar que, en caso de confirmarse la nulidad del acto
acusado, la condena debía proferirse únicamente frente al ente territorial, por expreso

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actor: Martha Inés Muñoz Díaz
Acción de tutela

mandato del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, norma que ya estaba vigente desde el
1 de enero de 2020, es decir, cuando se configuró el retardo en el pago de las cesantías 1.

7) Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024, la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión y, en su lugar, negó las
pretensiones por considerar que si bien hubo un retardo en el pago de las cesantías,
también lo es que no era dable emitir condena alguna contra el FOMAG, pues, toda
reclamación de responsabilidad derivada de la mora en el pago de las cesantías debía
estar dirigida a la Fiduprevisora, sin embargo, como no fue vinculada, debía revocarse la
condena impuesta en primera instancia.

8) Adicionalmente, debía entenderse que la falla en la plataforma digital también
constituye una eximente de responsabilidad para la entidad territorial, dado que la mora
no provino de una actitud omisiva o pasiva de la misma para tramitar oportunamente la
prestación, sino a los problemas técnicos presentados en el aplicativo “Humano en Línea”
que constituyeron una fuerza mayor.

Fundamento de la vulneración

A juicio de la parte actora, la sentencia del 30 de septiembre de 2024, adolece de un
defecto sustantivo debido a que desconoció la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-
2018 del 18 de julio de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en la cual se unificó la concerniente a la exigibilidad de la sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías previstas en la Ley 1071 de 2006 en favor del personal docente
del sector oficial, así como las pautas que el legislador estableció para brindar una
correcta actuación administrativa.

Agregó que el análisis del tribunal carece de una argumentación sólida y jurídicamente
válida que permita concluir que el retraso en la respuesta a la reclamación de cesantías

1 “(…) Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán destinarse

para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes,
pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial
o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de
las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia
del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de
cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
será responsable únicamente del pago de las cesantías”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actor: Martha Inés Muñoz Díaz
Acción de tutela

obedece a una situación administrativa que constituya un eximente de responsabilidad
para la entidad territorial, liberándola así del pago de la sanción, en desatención las reglas
que el legislador estableció para guiar la actuación administrativa, incluso cuando se
presenten situaciones anómalas que dificulten la resolución oportuna de las peticiones.

Al respecto, refirió que la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho fundamental de
petición, establece que, de manera excepcional, cuando no sea posible resolver la
solicitud dentro de los plazos legales, la entidad pública debe informar al peticionario
sobre dicha circunstancia, explicarle de manera suficiente las razones que justifican tal
imposibilidad y señalar un plazo razonable para la emisión de la respuesta, con lo cual
se asegura que el ciudadano tenga certeza sobre el estado actual del trámite de su
solicitud.

A su juicio, en el caso concreto, si bien el Distrito de Medellín acreditó durante el trámite
una serie de dificultades técnicas en la plataforma utilizada para la radicación de
solicitudes de reconocimiento, también es cierto que la Administración estaba obligada a
comunicar en debida forma a la docente sobre esa situación extraordinaria y no lo hizo,
de modo que no tiene la carga de soportar el retardo injustificado.

En consecuencia, era evidente que la eximente de responsabilidad carece de fundamento
jurídico sólido, dado que el legislador previó mecanismos específicos para abordar y
remediar estos eventos excepcionales, sin embargo, ellos fueron desatendidos, lo cual
transgrede los derechos del debido proceso, acceso a la administración de justicia y la
tutela judicial efectiva.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-
SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD, en la sentencia proferida el día 30 de
septiembre de 2024, en el expediente radicado No. 05001-33-33-023-
2023-00263-01, transgredió los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LO
FORMAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA de la parte accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y, a la
jurisprudencia constitucional y del órgano de cierre en la jurisdicción

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actor: Martha Inés Muñoz Díaz
Acción de tutela

contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los
derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior
y, se profiera una nueva decisión judicial procediendo a aplicar en debida
forma la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de
2018, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho bajo radicado No. 73001-23-33- 000-2014-00580-01, en lo
referente a la regla jurisprudencial de exigibilidad de la moratoria”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto de 5 de noviembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados
integrantes de la Sala Séptima del Tribunal Administrativo de Antioquia y, como terceros
con interés, se ordenó la vinculación del ministro de Educación Nacional, al director del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al titular del Juzgado
Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y al alcalde del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para que allegara un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Sentencia de primera instancia

A través de providencia del 28 de noviembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela por considerar que se trataba de una
discusión de índole económica y legal, la cual sobrepasaba el ámbito de protección del
mecanismo.

Impugnación

La parte actora sostuvo que la decisión impugnada incurrió en un defecto sustantivo por
no realizar un análisis concreto y motivado sobre la vulneración del derecho fundamental
del debido proceso en cuanto exoneró al Distrito de Medellín del pago de la sanción
moratoria por el retraso en el reconocimiento de cesantías con base en una falla en la
plataforma digital, sin considerar que la ley impone la obligación de informar
oportunamente al solicitante sobre los retrasos, lo cual, si no se cumple, configura una
vulneración del derecho de petición y la tutela judicial efectiva.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actor: Martha Inés Muñoz Díaz
Acción de tutela

Asimismo, insistió en el desconocimiento de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-
2018, a través de la cual se definieron las reglas para la exigibilidad de la sanción
moratoria que es extensible a los docentes oficiales.

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sala Séptima
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia del 30 de septiembre de 2024, mediante la cual
se revocó la decisión que accedió al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, por
cuanto, a juicio de la parte actora, incurrió en un defecto sustantivo.

Así las cosas, en los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la
decisión de primera instancia que declaró su improcedencia por el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, por las razones que procederá a exponer:

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actor: Martha Inés Muñoz Díaz
Acción de tutela

1) En primer lugar conviene exponer las razones de la autoridad demandada para revocar
la decisión que había ordenado el pago de la sanción moratoria en favor la actora, por la
consignación tardía de sus cesantías parciales, así:

“3.5. Del caso concreto. En el caso bajo análisis se advierte que el Juez de
Primera Instancia encontró causada una mora en el pago de las cesantías
definitivas reconocidas a la demandante entre el 3 de mayo del 2022 y el 8 de
mayo de 2022 -ambas fechas inclusive-, para un total de 6 días de mora, la cual,
endilgo en su totalidad a la demandada FOMAG, en tanto estableció que dicha
mora obedeció a las fallas que presentó la plataforma digital Sistema Humano,
implementada por el FOMAG.

Inconforme con lo decidido, la demandada FOMAG interpuso recurso de alzada,
solicitando se revoque dicha decisión, en tanto, de existir la mora, la misma
debe endilgarse a la entidad territorial.

Así, para determinar si cabe razón a la recurrente, es menester abordar los
términos del trámite administrativo de reconocimiento de cesantías y analizar
su cumplimiento por parte de cada una de las entidades que participan en el
mismo, pues como quedó establecido en el marco jurídico de esta providencia,
a partir de allí es que, en el evento de configurarse una mora, se establece a
quien corresponde pagarla, siempre y cuando no existan circunstancias
externas a la voluntad de los intervinientes en el proceso que imposibiliten el
pago en tiempo.

Para tal efecto, en el caso concreto se encuentra lo siguiente:

• El 19 de enero del 20221 quedó radicada ante la Secretaría de Educación del
Distrito de Medellín la solicitud de pago de cesantías parciales con destino a
educación, por parte de la docente Martha Inés Muñoz Díaz.
• El Distrito de Medellín, expidió la Resolución de reconocimiento de la
prestación 202000106 el día 15 de marzo del 2022, el cual fue notificado el 05
de abril del 2022, renunciando a términos por parte de la persona interesada.
En esa misma fecha a través de la plataforma se dejó a disposición de la
FIDUPREVISORA- FOMAG2.

• La Fiduprevisora S.A, puso el dinero reconocido a disposición de la
demandante en la entidad bancaria el 9 de mayo del 20223.
En ese orden de ideas, si la solicitud de cesantías fue presentada el día 19 de
enero del 2022, los 15 días hábiles con que contaba el Distrito de Medellín para
expedir el acto administrativo de reconocimiento fenecían el 09 de febrero del
2022, y siendo que el acto administrativo fue proferido el 15 de marzo de esa
misma anualidad, resulta por demás evidente la tardanza en la expedición de
dicho acto, sobrepasando en más de un mes calendario el termino previsto para
tal efecto.

Ahora bien, en aquellos eventos en los cuales el acto administrativo resulta
extemporáneo, el Consejo de Estado ha expresado que la ejecutoria de 10 días
corre a partir del vencimiento de los 15 días iniciales y, la FIDUPREVISORA,
cuenta con 45 días más para efectuar el pago. Siendo ello así y -reiterando que
ya existe mora por parte de la entidad territorial-, el tiempo que se tenía para
efectuar el pago de la cesantía parcial, vencía el 2 de mayo del 2022, y como el
pago fue efectuado el 9 de mayo de ese año, inicialmente, se coincide con él a
quo en que se presentó el fenómeno de la mora por el termino de 6 días.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actor: Martha Inés Muñoz Díaz
Acción de tutela

Aunado a ello, cabe resaltar que la mora no se presentó en el término de los 45
días otorgados a la FIDUPREVISORA para efectuar el pago, pues dicha entidad
-incluso si tomamos como fecha de recepción de la resolución por parte de
aquella, el 15 de marzo del 2022 en la cual se expidió la misma, lo que no es
así pues se dejó a disposición solo hasta el 5 de abril del 2022 -, efectuó el pago
antes de que se vencieran los 45 días a aquella otorgados, evento ante el cual,
no cabe duda que la tardanza se presenta en la etapa de reconocimiento y
liquidación de la cesantía parcial.

Ahora bien, el Juez de Primera Instancia reconoce en su sentencia que la mora,
efectivamente tiene su causa u origen en la tardanza que presenta el Distrito de
Medellín al expedir la resolución de reconocimiento, sin embargo, expresa que,
“está probado en el proceso que la mora en la emisión del acto administrativo
por parte del Distrito de Medellín, obedeció a las fallas que presentó la
plataforma digital Sistema Humano, implementada por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio para el pago de las prestaciones sociales
de los docentes”, evento ante el cual, determina que dicha mora para el Distrito
de Medellín conlleva a un eximente de responsabilidad en su favor, mas no así
para el FOMAG a quien le atribuye la misma.

En referencia a ello, lo primero que se debe decir es que, para el año 2022
– fecha de ocurrencia de la mora-, no resulta dable emitir condena alguna
en contra del FOMAG, pues conforme a la normatividad relatada en el inicio,
toda reclamación de responsabilidad derivada de la mora en el pago de las
cesantías debe estar encaminada hacia la FIDUPREVISORA y no ante el
FOMAG, razón por la cual, es esta última entidad la que debe ser demandada,
vinculada y/o condenada en este tipo de asuntos, evento ante el cual, no acierta
el juez de instancia cuando emite su condena en contra del FOMAG. Este solo
hecho, conlleva a revocar la condena así impuesta, pues no es posible tampoco
declarar la responsabilidad de la FIDUPREVISORA, no solo porque la misma
como ya se dijo no incurrió en mora, sino, además, porque la misma no figura
como demandada en el presente asunto.

Sumado a ello, al ser la sanción moratoria, como su mismo nombre lo
indica una sanción, resulta aceptable que el juez de instancia haya
determinado que una falla en el sistema de la plataforma digital constituya
eximente de responsabilidad para la entidad territorial, mas no se
comparte que pese a ello, dicha falla se le endilgue al FOMAG, pues
tratándose de un motivo de fuerza mayor, dicha eximente aplica para las
dos entidades demandas pues la mora de los 70 días que contabilizo el a
quo, no se presentó en estado de normalidad administrativa, ni provino de
una actitud omisiva, pasiva o de falta de diligencia, sino que, tal y como se
evidencia en los reportes de fallas no controvertidos que se allegan en archivos
34, 35 y 36 del cuaderno de pruebas, dicho retraso se presentó debido a
problemas con el aplicativo “humano en línea”

En suma, la sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia, no
solo por cuanto para el año 2022 la entidad demandada, vinculada y/o
condenada por la mora en el pago de las cesantías no debe ser el FOMAG
sino la PREVISORA, sino porque, además, la falla en el sistema de la
plataforma digital que impidió tramitar oportunamente la prestación
solicitada constituye un motivo de fuerza mayor que exime de
responsabilidad sancionatoria a las dos entidades demandadas”.

2) De entrada, la Sala advierte que en este caso la acción de tutela es
constitucionalmente irrelevante debido a que los planteamientos que sustentaron la
presunta configuración del defecto sustantivo están relacionados con razones de mera

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actor: Martha Inés Muñoz Díaz
Acción de tutela

legalidad y económicas que solo podían debatirse en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, relacionadas con el derecho a reclamar la sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías parciales.

3) Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido y desarrollado que el
mecanismo constitucional tiene tres finalidades, a saber i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales e, iii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

4) En lo que atañe a la primera finalidad, y en lo interesa para el presente caso, ha
advertido que “la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico”2, lo cual significa que las discusiones de orden legal,
esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica como es precisamente la
“sanción” moratoria, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para esos efectos, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”.

5) Asimismo, para efectos de profundizar en esa arista ha dicho que un asunto es
constitucionalmente irrelevante cuando: i) la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como por ejemplo la correcta interpretación o
aplicación de una norma de rango reglamentario o legal, salvo que de esta se desprendan
violaciones a los derechos y deberes constitucionales, como por ejemplo a la seguridad
social o al mínimo vital y ii) sea evidente su naturaleza o contenido económico, por
tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas que no representen un interés general.

6) Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha coincido con el Alto Tribunal en
que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar varios elementos, entre ellos, que la acción de
tutela no se use para debatir asuntos de mera legalidad, puesto que este mecanismo

2 La Sala Plena de la Corte Constitucional, sentencia SU439 del 13 de julio de 2017, MP Alberto Rojas

Ríos.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actor: Martha Inés Muñoz Díaz
Acción de tutela

especial constitucional fue diseñado para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

7) En el presente caso, la señora Martha Inés Muñoz Díaz atribuyó la configuración de
un defecto sustantivo, en síntesis, porque el tribunal accionado consideró que la falla del
aplicativo “Humano en línea” eximía de responsabilidad al distrito de Medellín dado que
se dio por causa ajena a su voluntad.

8) Para esta Sala, los reparos de la parte actora relacionados con el derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria carecen de una clara y marcada relevancia desde
la óptica constitucional pues la inconformidad de la tutelante se restringe al pago de un
derecho patrimonial –accesorio a las cesantías– que no representa prima facie una
amenaza directa o indirecta de los derechos fundamentales a la seguridad social,
igualdad y debido proceso.

9) Así lo determinó la Corte Constitucional en sentencia de unificación 573 de 2019
cuando precisó que la indemnización moratoria no afecta el derecho a la seguridad social
ni el mínimo vital, en los siguientes términos:

“La relevancia constitucional de un asunto que “permit[a], entre otros, el goce
efectivo del derecho fundamental a la seguridad social”, se satisface cuando
está comprometida “la satisfacción de salarios o mesadas pensionales ciertas”
o “el derecho al mínimo vital de una persona”. Conforme a lo expuesto, en el
sub-lite no se advierte un problema de orden constitucional que conlleve la
afectación de la seguridad social, dado que el asunto no se relaciona con el
pago de salarios o mesadas pensionales, sino con una prestación accesoria del
derecho principal a recibir una cesantía; esto es, una cuestión de evidente
relevancia legal, pero no constitucional. Dicha controversia, de carácter
dinerario, no afecta el mínimo vital de los accionantes, pues estos no
acreditaron que la negativa de reconocimiento y pago de la sanción les
produjera una situación económica difícil o comprometiera gravemente su
existencia o supervivencia. Lo dicho, máxime, porque, no obstante que los
accionantes solicitaron vía tutela la revocatoria de las providencias judiciales
que negaron la penalidad pretendida, estos (i) no reclamaron la consignación
efectiva de las cesantías adeudadas y (ii) “actualmente se desempeña[n] como
docentes de aula” del Departamento del Atlántico” (se resalta).

10) En línea con lo expuesto, la demandante en ningún momento probó que el no pago
de la sanción moratoria le afectara sus derechos, según lo acreditado su acceso a la
seguridad social y su mínimo vital no parecen estar comprometidos.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actor: Martha Inés Muñoz Díaz
Acción de tutela

11) Además, según la jurisprudencia constitucional, para que la solicitud de una sanción
moratoria vinculada a las cesantías adquiera relevancia constitucional vía tutela deben
acreditarse los siguientes eventos:

“(i) logre acreditarse “un trato diferenciado por parte de los jueces a los
ciudadanos cuyos casos se fundamentan en iguales supuestos fácticos” o (ii)
se pretenda “la protección inmediata del derecho fundamental al debido
proceso”. Lo anterior, dado que, de una parte, la garantía de la igualdad y de la
seguridad jurídica frente a las actuaciones judiciales “sólo tiene cabida cuando
una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir
el alcance y límites de los derechos fundamentales”. De otra parte, porque no
cualquier violación del debido proceso puede ser impugnada en sede de tutela,
pues la intervención del juez constitucional se justifica para “proteger a la parte
procesal que ha quedado indefensa frente a los excesos del juez ordinario”, ante
“desvíos absolutamente caprichosos y arbitrarios –inobservancia de
precedentes o decisiones carentes de justificación o motivación jurídica”.”

12) De los eventos señalados en la cita no se presenta ninguno de los dos, razón por la
cual se advierte con mayor claridad que el mecanismo carece del requisito en análisis
por cuanto la discusión planteada tiene un marcado carácter monetario ajeno a la
afectación de derechos.

13) Lo expuesto permite concluir sin mayores dilaciones, en lo concerniente al defecto
planteado, que la parte actora pretendió emplear la acción de tutela como un recurso que
permitiera revivir la discusión legal y una instancia adicional para obtener una decisión
favorable a sus intereses, a pesar de que tales desacuerdos no atañen a una discusión
de raigambre constitucional sino a una de mera legalidad que ya fue decidida en sede
ordinaria y que no se acompasa con los parámetros establecidos por la Corte
Constitucional.

14) Además, la controversia sobre el derecho a la sanción moratoria ya fue sometida a
las autoridades judiciales competentes en las instancias correspondientes, sin que sea
viable que el juez constitucional, en virtud de su competencia, pueda inmiscuirse en
discusiones que no son de su resorte, so pena de afrentar los principios de seguridad
democrática y cosa juzgada.

15) Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala estima que el análisis efectuado por la autoridad
judicial demandada en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial de
los jueces es razonable y no se advierte arbitrario ni constitutivo de error de bulto o
evidente, que amerite una intervención urgente y excepcional para evitar una amenaza

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actor: Martha Inés Muñoz Díaz
Acción de tutela

irremediable, razón adicional para confirmar la decisión que declaró improcedente el
amparo por falta de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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