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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05911-00

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05911-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la 18 Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15- 000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01; de 7 de abril de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00. 19 Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03- 15-000-2022-01048-00; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482- 01; de 8 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00 Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de la relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05911-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO
MERAMENTE ECONÓMICO. SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE
CESANTÍAS Y CONDENA EN COSTAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
SOBRE EL FORMAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

La señora MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ, actuando a través de

apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho

sustancial sobre el formal, los cuales estima vulnerados por el

TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 30 de septiembre

de 2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 2023-

00263-01.

I.2. Hechos

Indicó que se vinculó como docente oficial al servicio del DISTRITO

ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE

MEDELLÍN2, por lo que se encuentra afiliada al FONDO NACIONAL

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO3.

Señaló que, el 19 de enero de 2022 solicitó el pago de las cesantías

parciales, prestación que le fue reconocida a través de la Resolución

núm. MEDELE2022000106 del 5 de abril de 2022 y cancelada

2
En adelante Distrito Especial.
3
En adelante Fomag.

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3

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Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

efectivamente el 9 de mayo de 2022.

Manifestó que el Ministerio de Educación Nacional –FOMAG- omitió

consignar en el término de ley las cesantías que le correspondía por

los servicios prestados, por lo que el 21 de julio de 2022 solicitó el

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de

dicha prestación social.

Refirió que el FOMAG no emitió una respuesta a su requerimiento,

por lo que se configuró un acto ficto negativo.

Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra del Ministerio de Educación Nacional -FOMAG- y el

DISTRITO ESPECIAL, con el fin de que se declarara la existencia y

la nulidad del acto ficto negativo y, en su lugar, se ordenara el

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación

tardía de sus cesantías.

Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único

de radicación 05001-33-33-023-2023-00263-00 y le correspondió en

primera instancia al JUZGADO 23 ADMINISTRATIVO ORAL DE

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4

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Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

MEDELLÍN4 que, mediante sentencia de 28 de junio de 2024,

accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Adujo que, inconforme con la anterior decisión, el Ministerio de

Educación Nacional -FOMAG- interpuso recurso de apelación, el cual

fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 30 de

septiembre de 2024, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,

denegó las pretensiones de la demanda.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en el

defecto material o sustantivo, ya que efectuó una interpretación

contraria del régimen aplicable al asunto y el precedente

jurisprudencial.

Señaló que el planteamiento jurídico estaba encaminado a obtener

el pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las

cesantías, pues, la entidad territorial no respetó los plazos

estipulados en la Ley 1071 de 20065, por lo tanto, al omitir el

cumplimiento de este deber legal, la aludida normatividad habilita el

4
En adelante el JUZGADO.
5
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación”.

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reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo

hasta que se haga efectivo el pago.

Recalcó que, en su caso particular el término para hacer efectivo el

pago de las cesantías culminó el 2 de mayo de 2022, sin embargo,

el pago efectivo de la prestación sólo se llevó a cabo el 9 de mayo de

2022, tal y como se demostró en las pruebas aportadas al proceso,

razón por la que resultaba procedente el pago la sanción moratoria

a cargo de la entidad territorial, conforme a lo previsto en la Ley 1071

de 2006.

En ese sentido, cuestionó la decisión del TRIBUNAL que de manera

errada efectuó un análisis de la responsabilidad de la Nación-

Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio y la Fiduprevisora S.A., cuando la mora se originó en la

etapa inicial del procedimiento administrativo, por lo que el retardo

era atribuible al DISTRITO ESPECIAL, entidad que debe asumir el

pago de la penalidad.

Aseveró que “[…] el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de

Antioquia se aparta de los principios de razonabilidad y

proporcionalidad que deben regir las decisiones judiciales. Al

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trasladar la responsabilidad a entidades que no fueron responsables

del retardo, el Tribunal emitió una decisión manifiestamente

arbitraria e irrazonable, que vulneró los derechos fundamentales de

la docente Martha Inés Muñoz Díaz, especialmente su derecho al

debido proceso y al acceso efectivo a una resolución justa de sus

derechos laborales […]”.

Asimismo, aseguró que la decisión judicial cuestionada desconoció la

sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018, proferida por la

Sección Segunda de esta Corporación, en la que sé que fijó

precedente jurisprudencial en lo que respecta a la exigibilidad de la

sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, previsto en la Ley

1071 de 2006 en favor del personal docente del sector oficial e

indebida interpretación de la controversia en materia laboral.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA- SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD, en la sentencia
proferida el día 30 de septiembre de 2024, en el expediente
radicado No. 05001-33-33-023-2023-00263-01, transgredió
los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO,
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LO

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FORMAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA de la parte accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y, a la jurisprudencia constitucional y del
órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por
lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por
parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD dejar sin efectos la providencia referida
en el numeral anterior y, se profiera una nueva decisión judicial
procediendo a aplicar en debida forma la sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No.
73001-23-33- 000-2014-00580-01, en lo referente a la regla
jurisprudencial de exigibilidad de la moratoria […]” (Negrilla
pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO señaló que la actuación judicial adelantada por

ese despacho se profirió con respeto al debido proceso y de

conformidad con el ordenamiento jurídico, pues, fue debidamente

sustentada bajo los supuestos fácticos y jurídicos propios del debate

jurídico planteado por la actora.

Resaltó que la decisión proferida fue debidamente fundamentada y

pese a que el criterio del superior fue diferente, dicha circunstancia

no implica que el despacho judicial hubiere incurrido en la infracción

de los derechos fundamentales invocados por la actora.

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I.5.2.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo carece del

requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que, a su

juicio, los argumentos planteados por la actora están encaminados a

reprochar la decisión que resolvió de manera desfavorable las

pretensiones planteadas en sede ordinaria.

Aseguró que, la valoración de las pruebas y la resolución del caso

concreto se desarrolló de manera adecuada, en el marco de la

autonomía e independencia judiciales y acatando el precedente

jurisprudencial dispuesto en la sentencia de unificación

jurisprudencial sobre la sanción moratoria por el no pago oportuno

de cesantías.

I.5.3.- La FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera del FOMAG,

advirtió que la argumentación del accionante es “exigua” en relación

con la fundamentación de las causales genéricas y específicas de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial,

porque se está utilizando la misma con el ánimo de invalidar

actuaciones procesales previas y decisiones ejecutoriadas.

Igualmente, solicitó declarar improcedente el amparo invocado y su

desvinculación del presente trámite constitucional, dado que no está

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legitimada en la causa por pasiva para actuar dentro del mismo.

I.5.4.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL resaltó que la

acción constitucional de la referencia debe declararse improcedente,

toda vez que no se acreditó que exista vulneración alguna de los

derechos fundamentales invocados por el actor y, por el contrario,

plantea una controversia de naturaleza estrictamente económica, lo

cual excede la competencia del juez de tutela por carecer de absoluta

relevancia constitucional.

I.5.5.- El DISTRITO ESPECIAL pese a ser debidamente notificado

del presente trámite constitucional, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la FIDUPREVISORA S.A. solicitó su

desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa

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es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que la FIDUPREVISORA S.A. fue vinculada

como encargada de administrar los recursos del FOMAG, en calidad

de tercera dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 05001-

33-33-023-2023-00263-00, objeto de cuestionamiento, le asiste

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interés directo en las resultas del proceso constitucional de la

referencia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

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de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda

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meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que

se deje sin efecto la sentencia de 30 de septiembre de 2024,

proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual revocó el fallo del

JUZGADO y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 05001-33-

33-023-2023-00263-01.

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16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho

sustancial sobre el formal, habida cuenta que, a su juicio, la

autoridad judicial accionada incurrió en el defecto material o

sustantivo.

Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL incurrió en el

defecto material o sustantivo, ya que efectuó una interpretación

contraria del régimen aplicable al asunto y el precedente

jurisprudencial.

Señaló que el planteamiento jurídico estaba encaminado a obtener

el pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las

cesantías, pues, la entidad territorial no respetó los plazos

estipulados en la Ley 1071 de 2006, por lo tanto, al omitir el

cumplimiento de este deber legal, la aludida normatividad habilita el

reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo

hasta que se haga efectivo el pago.

En ese sentido, cuestionó la decisión del TRIBUNAL que de manera

errada efectuó un análisis de la responsabilidad de la Nación-

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio y la Fiduprevisora S.A., cuando la mora se originó en la

etapa inicial del procedimiento administrativo, por lo que el retardo

era atribuible al DISTRITO ESPECIAL, entidad que debe asumir el

pago de la penalidad.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

• De la relevancia constitucional

La Sala advierte que la finalidad de la actora con la solicitud de

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria

solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 05001-

33-33-023-2023-00263-01.

En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del

requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se

discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la

procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna

de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de

27 de noviembre de 20196, sostuvo lo siguiente:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.

6
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.

[…]
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.

De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la

procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las

cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental

alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad,

que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la

intervención del juez de tutela.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

Dicha posición fue reiterada por esta Sala que, mediante sentencia

de 15 de julio de 20217, declaró la improcedencia de la acción de

tutela por no cumplir con el requisito general de la relevancia

constitucional, en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos

unas providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una

sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».9

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES PACHECO
GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de

[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

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Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente

acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia

constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia

constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del

juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los

derechos fundamentales invocados por la actora.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó, ni acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis

de la acción constitucional, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional.

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Cabe señalar que, esta Sección18, al igual que las Secciones Tercera,

Cuarta y Quinta de esta Corporación19, ha venido reiterando, de

manera pacífica, que los conflictos en materia de tutela relacionados

con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados

a controversias de índole meramente legal y económica, por lo que

no cumplen con el citado requisito general de procedibilidad.

En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo

presentada por la actora, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

18
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-
000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01;
de 7 de abril de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.
19
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-
15-000-2022-01048-00; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-
01; de 8 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021
expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00.

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FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por

carecer del requisito general de la relevancia constitucional, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de noviembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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