Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05911-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05911-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05911-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05911-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO
MERAMENTE ECONÓMICO. SANCIÓN MORATORIA PAGO TARDÍO DE
CESANTÍAS Y CONDENA EN COSTAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
SOBRE EL FORMAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
La señora MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ, actuando a través de
apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, los cuales estima vulnerados por el
TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 30 de septiembre
de 2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2023-
00263-01.
I.2. Hechos
Indicó que se vinculó como docente oficial al servicio del DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN2, por lo que se encuentra afiliada al FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO3.
Señaló que, el 19 de enero de 2022 solicitó el pago de las cesantías
parciales, prestación que le fue reconocida a través de la Resolución
núm. MEDELE2022000106 del 5 de abril de 2022 y cancelada
2
En adelante Distrito Especial.
3
En adelante Fomag.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
efectivamente el 9 de mayo de 2022.
Manifestó que el Ministerio de Educación Nacional –FOMAG- omitió
consignar en el término de ley las cesantías que le correspondía por
los servicios prestados, por lo que el 21 de julio de 2022 solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de
dicha prestación social.
Refirió que el FOMAG no emitió una respuesta a su requerimiento,
por lo que se configuró un acto ficto negativo.
Relató que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra del Ministerio de Educación Nacional -FOMAG- y el
DISTRITO ESPECIAL, con el fin de que se declarara la existencia y
la nulidad del acto ficto negativo y, en su lugar, se ordenara el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación
tardía de sus cesantías.
Señaló que al mencionado proceso le fue asignado el número único
de radicación 05001-33-33-023-2023-00263-00 y le correspondió en
primera instancia al JUZGADO 23 ADMINISTRATIVO ORAL DE
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
MEDELLÍN4 que, mediante sentencia de 28 de junio de 2024,
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
Adujo que, inconforme con la anterior decisión, el Ministerio de
Educación Nacional -FOMAG- interpuso recurso de apelación, el cual
fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 30 de
septiembre de 2024, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
denegó las pretensiones de la demanda.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto material o sustantivo, ya que efectuó una interpretación
contraria del régimen aplicable al asunto y el precedente
jurisprudencial.
Señaló que el planteamiento jurídico estaba encaminado a obtener
el pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías, pues, la entidad territorial no respetó los plazos
estipulados en la Ley 1071 de 20065, por lo tanto, al omitir el
cumplimiento de este deber legal, la aludida normatividad habilita el
4
En adelante el JUZGADO.
5
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías
definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su
cancelación”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo
hasta que se haga efectivo el pago.
Recalcó que, en su caso particular el término para hacer efectivo el
pago de las cesantías culminó el 2 de mayo de 2022, sin embargo,
el pago efectivo de la prestación sólo se llevó a cabo el 9 de mayo de
2022, tal y como se demostró en las pruebas aportadas al proceso,
razón por la que resultaba procedente el pago la sanción moratoria
a cargo de la entidad territorial, conforme a lo previsto en la Ley 1071
de 2006.
En ese sentido, cuestionó la decisión del TRIBUNAL que de manera
errada efectuó un análisis de la responsabilidad de la Nación-
Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y la Fiduprevisora S.A., cuando la mora se originó en la
etapa inicial del procedimiento administrativo, por lo que el retardo
era atribuible al DISTRITO ESPECIAL, entidad que debe asumir el
pago de la penalidad.
Aseveró que “[…] el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia se aparta de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad que deben regir las decisiones judiciales. Al
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
trasladar la responsabilidad a entidades que no fueron responsables
del retardo, el Tribunal emitió una decisión manifiestamente
arbitraria e irrazonable, que vulneró los derechos fundamentales de
la docente Martha Inés Muñoz Díaz, especialmente su derecho al
debido proceso y al acceso efectivo a una resolución justa de sus
derechos laborales […]”.
Asimismo, aseguró que la decisión judicial cuestionada desconoció la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018, proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación, en la que sé que fijó
precedente jurisprudencial en lo que respecta a la exigibilidad de la
sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, previsto en la Ley
1071 de 2006 en favor del personal docente del sector oficial e
indebida interpretación de la controversia en materia laboral.
I.4. Pretensiones
La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA- SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD, en la sentencia
proferida el día 30 de septiembre de 2024, en el expediente
radicado No. 05001-33-33-023-2023-00263-01, transgredió
los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO,
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
FORMAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA de la parte accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y, a la jurisprudencia constitucional y del
órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por
lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por
parte del accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD dejar sin efectos la providencia referida
en el numeral anterior y, se profiera una nueva decisión judicial
procediendo a aplicar en debida forma la sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No.
73001-23-33- 000-2014-00580-01, en lo referente a la regla
jurisprudencial de exigibilidad de la moratoria […]” (Negrilla
pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO señaló que la actuación judicial adelantada por
ese despacho se profirió con respeto al debido proceso y de
conformidad con el ordenamiento jurídico, pues, fue debidamente
sustentada bajo los supuestos fácticos y jurídicos propios del debate
jurídico planteado por la actora.
Resaltó que la decisión proferida fue debidamente fundamentada y
pese a que el criterio del superior fue diferente, dicha circunstancia
no implica que el despacho judicial hubiere incurrido en la infracción
de los derechos fundamentales invocados por la actora.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
I.5.2.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo carece del
requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que, a su
juicio, los argumentos planteados por la actora están encaminados a
reprochar la decisión que resolvió de manera desfavorable las
pretensiones planteadas en sede ordinaria.
Aseguró que, la valoración de las pruebas y la resolución del caso
concreto se desarrolló de manera adecuada, en el marco de la
autonomía e independencia judiciales y acatando el precedente
jurisprudencial dispuesto en la sentencia de unificación
jurisprudencial sobre la sanción moratoria por el no pago oportuno
de cesantías.
I.5.3.- La FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera del FOMAG,
advirtió que la argumentación del accionante es “exigua” en relación
con la fundamentación de las causales genéricas y específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial,
porque se está utilizando la misma con el ánimo de invalidar
actuaciones procesales previas y decisiones ejecutoriadas.
Igualmente, solicitó declarar improcedente el amparo invocado y su
desvinculación del presente trámite constitucional, dado que no está
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
legitimada en la causa por pasiva para actuar dentro del mismo.
I.5.4.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL resaltó que la
acción constitucional de la referencia debe declararse improcedente,
toda vez que no se acreditó que exista vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados por el actor y, por el contrario,
plantea una controversia de naturaleza estrictamente económica, lo
cual excede la competencia del juez de tutela por carecer de absoluta
relevancia constitucional.
I.5.5.- El DISTRITO ESPECIAL pese a ser debidamente notificado
del presente trámite constitucional, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la FIDUPREVISORA S.A. solicitó su
desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que la FIDUPREVISORA S.A. fue vinculada
como encargada de administrar los recursos del FOMAG, en calidad
de tercera dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 05001-
33-33-023-2023-00263-00, objeto de cuestionamiento, le asiste
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
interés directo en las resultas del proceso constitucional de la
referencia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que
se deje sin efecto la sentencia de 30 de septiembre de 2024,
proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual revocó el fallo del
JUZGADO y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 05001-33-
33-023-2023-00263-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, habida cuenta que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en el defecto material o
sustantivo.
Los disensos de la actora radican en que el TRIBUNAL incurrió en el
defecto material o sustantivo, ya que efectuó una interpretación
contraria del régimen aplicable al asunto y el precedente
jurisprudencial.
Señaló que el planteamiento jurídico estaba encaminado a obtener
el pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías, pues, la entidad territorial no respetó los plazos
estipulados en la Ley 1071 de 2006, por lo tanto, al omitir el
cumplimiento de este deber legal, la aludida normatividad habilita el
reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo
hasta que se haga efectivo el pago.
En ese sentido, cuestionó la decisión del TRIBUNAL que de manera
errada efectuó un análisis de la responsabilidad de la Nación-
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y la Fiduprevisora S.A., cuando la mora se originó en la
etapa inicial del procedimiento administrativo, por lo que el retardo
era atribuible al DISTRITO ESPECIAL, entidad que debe asumir el
pago de la penalidad.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
• De la relevancia constitucional
La Sala advierte que la finalidad de la actora con la solicitud de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
amparo de la referencia es que se reconozca la sanción moratoria
solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 05001-
33-33-023-2023-00263-01.
En este punto, la Sala resalta que sobre el incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional en los asuntos en que se
discuten providencias judiciales en las que se resolvió sobre la
procedencia de la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de
27 de noviembre de 20196, sostuvo lo siguiente:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la
especial carga interpretativa que debe asumir el juez de tutela
cuando valora la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de
relevancia constitucional. Los accionantes consideran que, con
las sentencias proferidas en el marco de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró
sus derechos fundamentales, por cuanto les fue negada
la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto
1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las providencias
impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no
interpretó las normas legales “con un enfoque constitucional” y
desconoció los pronunciamientos de la Corte Constitucional y
Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago de
la penalidad reclamada.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa
con la presunta afectación de un derecho fundamental,
y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una
actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial.
[…]
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental
ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta
Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las
cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado
sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional
que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los
términos solicitados, es un reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no
amerita la intervención del juez de tutela […]”.
De lo anterior se desprende que los argumentos relacionados con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las
cesantías no pueden acreditar vulneración de derecho fundamental
alguno, sino que corresponden a inconformidades de mera legalidad,
que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la
intervención del juez de tutela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
Dicha posición fue reiterada por esta Sala que, mediante sentencia
de 15 de julio de 20217, declaró la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de la relevancia
constitucional, en un asunto en el que se pretendía dejar sin efectos
unas providencias judiciales que denegaron el reconocimiento de una
sanción moratoria por el no pago oportuno de unas cesantías.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».9
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso identificado con
el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES PACHECO
GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en la presente
acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia
constitucional, -en los términos señalados en la jurisprudencia
constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la intervención del
juez de tutela, con miras a examinar la posible vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la actora.
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó, ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis
de la acción constitucional, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
Cabe señalar que, esta Sección18, al igual que las Secciones Tercera,
Cuarta y Quinta de esta Corporación19, ha venido reiterando, de
manera pacífica, que los conflictos en materia de tutela relacionados
con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria están asociados
a controversias de índole meramente legal y económica, por lo que
no cumplen con el citado requisito general de procedibilidad.
En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la actora, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la
18
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-
000-2021-01425-01; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01;
de 7 de abril de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.
19
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-
15-000-2022-01048-00; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-
01; de 8 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021
expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
FIDUPREVISORA S.A., por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por
carecer del requisito general de la relevancia constitucional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de noviembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05911-00
Actora: MARTHA INÉS MUÑOZ DÍAZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.