Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05942-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-05942-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05942-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05942-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
6 de diciembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: UDALGINA DEL ROSARIO VÁSQUEZ TRIVIÑO Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo
porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente para discutir
la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada / Se pretende usar la
tutela como instancia adicional del proceso de origen.
La Sala1 decide la acción de tutela interpuesta por Udalgina del Rosario Vásquez Triviño,
Yira Farley Osorio Herrera, Carlos Felipe Sejín Osorio, Salma Sejín Osorio, Yalile Yulieth
Sejín Vásquez, Sarife Udalgina Sejín Vásquez, Carlos Enrique Sejín Vásquez y Julio
Eduardo Sejín Rosales contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 1º de noviembre de la presente anualidad, las personas mencionadas interpusieron
acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso,
con ocasión de la sentencia de segunda instancia, proferida el 12 de abril de 2024, en el
marco del proceso de reparación directa con radicado 23001-23-31-000-2010-00371-01.
Formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR a mi favor el amparo de los derechos fundamentales: a la
igualdad y al debido proceso, consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución
Política de Colombia.
SEGUNDO: DECLARAR que la Sentencia emitida el 12 de abril de 2024, por el H.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
1 Se advierte que, el 22 de noviembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Subsección B, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso,
consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política de Colombia.
TERCERO: ORDENAR la revisión de la Sentencia proferida el 12 de abril de
2024,por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera Subsección B, a fin de que se garantice los derechos fundamentales de los
suscritos accionantes a la igualdad y al debido proceso consagrados en los artículos
13 y 29, de la Constitución Política de Colombia, ordenando al accionado, proceda a
emitir en el término que el Juez Constitucional estime pertinente y según la
complejidad del caso, nueva sentencia en la cual vincule a la Policía Nacional en
la responsabilidad por los hechos que acá se discuten, examinando bajo las
reglas de la sana crítica, las pruebas legalmente recaudadas en la actuación
procesal.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores Udalgina del
Rosario Vásquez Triviño, Yira Farley Osorio Herrera, Carlos Felipe Sejín Osorio, Salma
Sejín Osorio, Yalile Yulieth Sejín Vásquez, Sarife Udalgina Sejín Vásquez, Carlos
Enrique Sejín Vásquez, Julio Eduardo Sejín Rosales y Laura Guerra Vásquez (q.e.p.d.)
demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a la Fiscalía General
de la Nación y al Municipio de Valencia (Córdoba), con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por la muerte del señor Carlos Alberto
Sejín Vásquez.
4. Como fundamento de la demanda, se narró que el señor Sejín Vásquez, líder
comunitario y activista político en el Municipio de Valencia (Córdoba) fue asesinado el 21
de septiembre de 2008, luego de haber recibido múltiples amenazas provenientes de los
distintos grupos delincuenciales presentes en la zona. A juicio de la parte actora, las
entidades demandadas incurrieron en una omisión en su deber de protección a la vida y
seguridad personal del referido líder político, lo que determinó que las amenazas que
recibió finalmente se materializaran.
5. En la demanda se señaló que las pruebas allegadas al proceso evidencian que las
entidades demandadas: i) «dejaron a la población de Valencia a merced de los grupos
delincuenciales, sin ofrecerles protección alguna», y ii) omitieron brindar protección a la
víctima, desatendiendo las condiciones especiales de riesgo en las que se encontraba y
sin considerar el origen de las amenazas. Asimismo, se alegó que, a pesar de haberse
denunciado la situación y de haber solicitado protección especial, nunca se le otorgó. Se
argumentó, además, que incluso «en el hipotético caso de que el señor Sejín Vásquez
no hubiese solicitado expresamente protección», resultaba evidente que la necesitaba,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
dado que existían pruebas e indicios, conocidos por las autoridades demandadas, que
permitían concluir que se encontraba bajo amenaza de muerte.
6. Al proceso de reparación directa se le asignó el radicado 23001-23-31-000-2010-
00371-00 y correspondió, por reparto, a la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba, la que, mediante providencia del 11 de agosto de 2016,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual declaró
administrativa y patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y al Municipio de Valencia, por
omisión del deber de protección de la vida e integridad personal del señor Carlos Alberto
Sejín Vásquez y los condenó a pagar, solidariamente, las sumas de dinero reconocidas
a los demandantes a título de indemnización.
7. Inconforme con lo anterior, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el
que mostró inconformidad con el monto de los perjuicios reconocidos por concepto de
lucro cesante. A su vez, el Municipio de Valencia, la Fiscalía General de la Nación y la
Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional también recurrieron el fallo del Tribunal
y cuestionaron la declaración de responsabilidad por la falla en el servicio que encontró
acreditada el juez de primera instancia.
8. En sentencia del 12 de abril de 20242, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó parcialmente el fallo apelado, en el sentido de confirmar la
declaratoria de responsabilidad respecto del Municipio de Valencia y exonerar a la
Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
9. A juicio de los accionantes, al declarar no probada la responsabilidad administrativa y
patrimonial de la Policía Nacional, la autoridad judicial demandada desconoció los
mandatos superiores contenidos en los artículos 217 y 218 de la Constitución Política y
pasó por alto las consideraciones expuestas por esta Corporación en la providencia del
31 de enero de 2011, dictada en el proceso de reparación directa con radicado 05001-
23-26-000-1990-006381-01 (17.842), decisión en la que se admitió, bajo la teoría de la
posición de garante, que el Estado tiene la obligación de brindar protección a los
ciudadanos, incluso en aquellos casos en los que la víctima no hubiera presentado una
denuncia que le permitiera a la entidad demandada conocer sus circunstancias
particulares de seguridad.
10. De otra parte, señalaron que en el fallo atacado se analizó indebidamente el informe
2 El magistrado Alberto Montaña Plata presentó salvamento de voto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
de valoración del riesgo 038 del 25 de diciembre de 2007, prueba documental allegada
al expediente del proceso ordinario, que, en su criterio, demostraba la falla en el servicio
alegada en la demanda.
Trámite impartido e intervenciones
11. Mediante auto del 8 de noviembre de 20243, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela en contra de los magistrados que integran la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y ordenó notificar a la señora Laura Guerra Vásquez, al
ministro de Defensa Nacional, al director general de la Policía Nacional, a la fiscal
general de la Nación y al alcalde del Municipio de Valencia - Córdoba, en calidad de
terceros con interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
12. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado4, a través del
magistrado ponente de la decisión censurada, rindió el informe correspondiente,
mediante el cual solicitó que se declarara improcedente la petición de amparo, por falta
de relevancia constitucional.
13. A su juicio, la sentencia del 12 de abril de 2024 absolvió a la Policía Nacional, con
fundamento en la valoración integral de las pruebas aportadas y practicadas durante el
proceso, las cuales no lograron acreditar la falla en el servicio alegada en la demanda.
Argumentó que, en este caso particular, resultaba inviable imputar a las demandadas el
incumplimiento del deber de protección especial que requería Carlos Alberto Sejín
Vásquez, ya que este no informó a la Policía Nacional sobre las amenazas que había
recibido. Bajo ese contexto, consideró que resultaba imposible para la entidad conocer
las circunstancias particulares de la víctima y el nivel de riesgo al que estaba expuesta,
dado que las condiciones de violencia generalizada y alteración del orden público en el
municipio de Valencia no podían, por sí solas, justificar tal incumplimiento.
14. Por otro lado, señaló que, a diferencia de lo afirmado en la petición de amparo, en la
providencia cuestionada sí se reconoció el mandato constitucional establecido en el
artículo 218 superior, que impone a la Policía Nacional la obligación de garantizar las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y de velar
por la convivencia pacífica de los habitantes de Colombia. Sin embargo, la tesis
defendida en la providencia fue que tal precepto no exime a los ciudadanos de informar
3
SAMAI, índice 4.
4 SAMAI, índice 9.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
a la institución sobre aquellas situaciones que requieran su intervención para el
cumplimiento de dicho fin, lo cual fue la base de la decisión adoptada.
15. Finalmente, sostuvo que las censuras expuestas en la petición de amparo no tienen
vocación de prosperidad, porque su intención es subsanar las falencias probatorias que
dieron lugar a negar la responsabilidad de la Policía Nacional y revivir, de manera
caprichosa e indebida, un debate judicial ya concluido, como si la acción de tutela se
tratara de una tercera instancia del proceso ordinario.
16. La Fiscalía General de la Nación 5 también solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud de amparo, por considerar que carece de relevancia
constitucional, que no cumple con el requisito de subsidiariedad y que la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso que se alega en la demanda no existe; además,
en el escrito no se sustentaron de manera adecuada y conforme a la regla jurisprudencial
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
17. Mediante memorial 6 presentado el 18 de noviembre del año en curso, la señora
Udalgina del Rosario Vásquez Triviño informó que su hija, la señora Laura Guerra
Vásquez, «falleció en días pasados» y solicitó que «se continúe el trámite conforme lo
dispone el artículo 68 del Código General del Proceso, como sucesores procesales».
18. El 18 de noviembre de 20247, la secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba
allegó el expediente digital del proceso de reparación directa con radicado 23001-23-31-
000-2010-00371-00/01.
19. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 8 solicitó que se negaran las
súplicas de la demanda por inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales
de los accionantes. Argumentó que la acción de tutela es un mecanismo de carácter
excepcional que se habilita solo en el evento en que el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice de manera transitoria para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable; no obstante, adujo que, en el caso en concreto
no se advierte la existencia de tal perjuicio.
II. CONSIDERACIONES
5 SAMAI, índice 11.
6 SAMAI, índice 12.
7 SAMAI, índice 13.
8 SAMAI, índice 15.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Cuestión previa
20. Previo a abordar el estudio de la controversia, la Sala estima necesario precisar que,
mediante memorial presentado el pasado 16 de noviembre 9 , Udalgina del Rosario
Vásquez Triviño informó que su hija, Laura Guerra Vásquez, «falleció en días pasados»
—no especificó cuándo— y solicitó que «se continúe el trámite conforme lo dispone el
artículo 68 del Código General del Proceso, como sucesores procesales».
21. Sin embargo, se tiene que la señora Laura Guerra Vásquez fue vinculada por el
Despacho sustanciador como tercera con interés, tras advertir de su participación en el
proceso de reparación directa y, desde luego, sin conocer que había fallecido. De ahí
que, en este caso, no proceda la sucesión procesal invocada, por cuanto la señora
Guerra Vásquez nunca ostentó la condición de parte en este trámite constitucional10,
requisito indispensable para que opere la figura procesal de la sucesión11, que, como lo
ha sostenido la Corte Constitucional, «consiste en el reemplazo total de una de las partes
procesales, con el fin de alterar su integración por la inclusión de un tercero en el lugar
de aquella»12.
Problema jurídico
22. En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, especialmente el de
relevancia constitucional aludido por la parte accionada; de no acreditarse lo anterior, se
impondrá declarar su improcedencia. No obstante, en el evento en que se supere tal
análisis, se deberá establecer si la providencia del 12 de abril de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, adolece de los defectos
fáctico, violación directa a la Constitución y desconocimiento del precedente
jurisprudencial, atribuidos a ella por los demandantes.
9 SAMAI, índice 12.
10 En la sentencia SU-116 de 2018, la Corte Constitucional recordó que, de antaño (auto 027 de 1997), la jurisprudencia
de esa corporación ha considerado que, en materia de acción de tutela, los terceros «son aquellos que no tienen la
condición de parte», pero sí un interés que los legitima para participar en el proceso.
11 «ARTÍCULO 68. SUCESIÓN PROCESAL. <Inciso modificado por el artículo 59 de la Ley 1996 de 2019.
El nuevo texto es el siguiente:> Fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el
cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador.
(…)».
12 Sentencia T-374 de 2014.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Requisitos generales de procedibilidad
Análisis de la Sala
23. De la inmediatez. La tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 12 de abril de 2024, notificada el 15 de mayo siguiente
y la solicitud de amparo se presentó el 1º de noviembre del año en curso, esto es, dentro
de los seis meses siguientes a la expedición y notificación de la decisión. Este término
resulta razonable.
24. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
25. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial. Los demandantes
interpusieron los recursos disponibles en el proceso de origen y mediante la presente
acción de tutela cuestionan la sentencia que dirimió la controversia de reparación directa,
sin que lo alegado en esta acción de tutela encaje en alguno de los recursos
extraordinarios establecidos por el legislador.
26. De la relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota con el simple
hecho de que el demandante señale los derechos fundamentales vulnerados y/o
identifique los defectos que le endilga a la providencia censurada. Se requiere que la
solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice
como tercera instancia adicional a las establecidas por el legislador para el proceso
ordinario.
27. Sobre este requisito, en sentencia del 5 de agosto de 2014 4, la Sala Plena de esta
Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia
judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo
de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
28. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales».
29. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos
fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias
con las providencias que allí se dicten.
Análisis de la relevancia constitucional en el caso en concreto
30. En el escrito de tutela, los accionantes solicitaron que se ampararan sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, vulnerados por la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación, con ocasión de la sentencia del 12 de abril de
2024, en virtud de la cual se puso fin a la controversia de reparación directa promovida
por ellos en contra del Municipio de Valencia, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y la Fiscalía General de la Nación, por la supuesta falla en el servicio en que
incurrieron, consistente en la omisión del cumplimiento del deber de protección especial
que debían procurar a Carlos Alberto Sejín Vásquez, líder comunitario y activista político,
quien, luego de recibir varias amenazas provenientes de los grupos armados al margen
de la ley que hacían presencia en la región, fue finalmente asesinado el 21 de septiembre
de 2008.
31. Para los accionantes, al declarar no probada la responsabilidad administrativa y
patrimonial de la Policía Nacional en el asunto puesto bajo su consideración, la autoridad
judicial demandada desconoció los mandatos superiores contenidos en los artículos 217
y 218 de la Constitución Política y pasó por alto las consideraciones expuestas por esta
Corporación en la providencia del 31 de enero de 2011, dictada en el proceso de
reparación directa con radicado 05001-23-26-000-1990-006381-01 (17.842), decisión en
la que se admitió, bajo la teoría de la posición de garante, que el Estado tiene la
obligación de brindar protección a los ciudadanos, incluso en aquellos casos en los que
la víctima no hubiera presentado una denuncia que le permitiera a la entidad demandada
conocer sus circunstancias particulares de seguridad.
32. Así las cosas, se advierte que la parte actora en principio señaló que la sentencia del
12 de abril de 2024 adolece de los defectos de violación directa a la Constitución y
desconocimiento del precedente jurisprudencial; sin embargo, la Sala observa que los
demandantes también reprochan la inadecuada apreciación del informe de valoración
del riesgo 038 del 25 de diciembre de 2007, prueba documental allegada al expediente
del proceso ordinario, que, a su modo de ver, daba cuenta la falla en el servicio alegada
en la demanda. Por lo anterior, se concluye que en escrito de tutela se propone un cargo
adicional que se analizará a la luz de un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
33. No obstante, la Sala advierte que los accionantes sustentaron los cargos por violación
directa a la Constitución y desconocimiento del precedente bajo un argumento
transversal: que la Policía Nacional debió ser declarada administrativa y
patrimonialmente responsable por la omisión en la prestación del deber de protección a
Carlos Alberto Sejín Vásquez, de conformidad con sus funciones constitucionales
previstas en los artículos 217 y 218 superiores.
34. Por lo anterior, la Sala analizará de manera conjunta los cargos mencionados y,
posteriormente, estudiará el defecto fáctico por indebida valoración probatoria.
35. De entrada, se advierte que los reproches por violación directa a la Constitución y
desconocimiento del precedente jurisprudencial no están llamados a prosperar, por
cuanto carecen de relevancia constitucional. La parte actora busca convertir este
mecanismo en una instancia adicional al proceso de reparación directa, simplemente
porque no está de acuerdo con el resultado de la valoración probatoria y la definición que
del litigio hizo el juez natural en segunda instancia.
36. Aun cuando la solicitud de amparo refiere la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los argumentos propuestos no son de
índole constitucional, ni se dirigen a poner en evidencia la falta de razonabilidad en el
análisis de la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación. En realidad, lo
que se presenta es un desacuerdo que no tiene la fuerza para justificar la intervención
del juez constitucional, puesto que del contenido de la protesta del accionante surge la
intención de erigir este instrumento de protección de derechos fundamentales en una
tercera instancia judicial, sin que el ejercicio de intelección realizado por las autoridades
judiciales accionadas merezca reproche alguno desde una perspectiva constitucional.
Veamos por qué:
37. Revisado el expediente ordinario, se encuentra que los ahora accionantes
presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Municipio de Valencia,
con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los
daños generados a ellos con ocasión de la muerte de Carlos Alberto Sejín Vásquez. A
su juicio, las demandadas incurrieron en falla en el servicio por omisión en la prestación
de su deber de brindarle protección especial a la víctima.
38. El 11 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Córdoba, en primera instancia,
declaró probada la falla en el servicio alegada en la demanda, con fundamento en que,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, «tanto las autoridades civiles
como la fuerza pública tenían pleno conocimiento de la situación de seguridad de los
habitantes del Municipio de Valencia — Córdoba, al punto que la Defensoría del Pueblo
en el informe de riesgo N° 38-07 los vinculó como garantes del deber de protección de
la comunidad, señalándoles unas recomendaciones específicas para evitar la generación
de daños».
39. Inconformes con lo anterior, las partes interpusieron recurso de apelación. Los aquí
demandantes manifestaron su inconformismo con el monto de los perjuicios reconocidos
por concepto de lucro cesante. A su turno, las entidades demandadas13 cuestionaron la
declaratoria de responsabilidad por ausencia de nexo causal entre acciones u omisiones
propias y la muerte de la víctima.
40. Mediante sentencia del 12 de abril de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera
de esta Corporación profirió sentencia de segunda instancia, revocó parcialmente la
providencia del 11 de agosto de 2016 y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda en lo relativo a la responsabilidad de la Policía Nacional y de la Fiscalía General
de la Nación. Como fundamento de su decisión argumentó que, «si bien las demandadas
tenían pleno conocimiento de la situación de orden público en la región, como lo acreditan
las actas de los consejos de seguridad y comités de orden público efectuados en el
municipio de Valencia (Córdoba) durante los años 2007 y 2008, y el secretario de
Asuntos Internos del referido municipio, en el testimonio rendido en este proceso aceptó
que conocía de las amenazas en contra del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez, no lo
es menos que la parte demandante no acreditó que efectivamente había denunciado
tales amenazas».
41. En tal sentido, la autoridad judicial demandada negó la declaratoria de
responsabilidad respecto de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y de la
Fiscalía General de la Nación, bajo el argumento de que el señor Carlos Alberto Sejín no
había presentado una denuncia ante dichas entidades con el fin de poner en
conocimiento que su vida e integridad personal estaban en riesgo, luego no era dable
exigirle a las demandadas el cumplimiento de un deber especial de protección para un
ciudadano, en la medida en que tal obligación no puede entenderse en términos
absolutos, de modo que comprometa la responsabilidad del Estado por no encontrarse
en disponibilidad inmediata, adecuada y en todo lugar, porque es evidente que no puede
13 Conviene precisar que, mediante auto del 15 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de
Córdoba concedió los recursos de apelación interpuestos por la parte actora, la Fiscalía General de la
Nación y la Policía Nacional y rechazó, por extemporáneo, el interpuesto por el Municipio de Valencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
esperarse que sea omnipotente, omnisciente y omnipresente14.
42. En vista de lo anterior, para esta Subsección la controversia presentada por vía de
acción de tutela no reviste trascendencia constitucional porque los argumentos que se
esgrimieron en el escrito de amparo son una continuación del debate que ya se zanjó
ante los jueces naturales de la causa.
43. Con todo, revisada la providencia censurada esta Sala tampoco advierte que
arbitrariedad, capricho o irracionabilidad alguna. Por el contrario, se observa que, en
ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial, la Sala mayoritaria
apreció razonablemente los elementos materiales probatorios y concluyó que la parte
actora no acreditó que las autoridades hubieran omitido prestar un deber de protección
especial a la víctima, porque aquel nunca presentó una denuncia, lo que las hubiera
puesto en posición de garantes de su vida e integridad personal.
44. También se tiene que la presente acción carece de relevancia constitucional, puesto
que la Corte Constitucional15 ha sido consistente en considerar que para que se configure
un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, no basta con que el
accionante cite una providencia que respalde su tesis, sino que es necesario que
identifique la regla o subregla fijada jurisprudencialmente mediante una sentencia de
unificación, que considera fue desconocida en el caso en concreto. Lo anterior surge
como consecuencia de una premisa lógica: debe existir entre el caso de referencia y el
caso en concreto una identidad fáctica, jurídica e incluso probatoria, que le permita al
juez aplicar analogía entre ellos y resolverlos de manera idéntica con el fin de garantizar
el derecho a la igualdad y la seguridad jurídica.
45. No obstante, en el caso concreto la parte actora se limitó a citar una sentencia
proferida por esta Corporación el 31 de enero de 2011, en el marco de un proceso de
reparación directa con radicado 05001-23-26-000-1990-006381-01 (17.842), sin
identificar la regla o subregla jurisprudencial que estima desconocida, lo que implica que
la petición de amparo carece de una carga argumentativa suficiente para discutir la
razonabilidad de la decisión atacada.
46. Valga decir, además, que entre el caso de estudio y el caso de referencia no existe
14 En esa misma línea de decisión, el ad quem citó la providencia del 26 de marzo de 2008, Consejo de
Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-1994-00083-01 (16.310), M.P. Mauricio Fajardo
Gómez.
15 Al respecto, ver: Corte Constitucional. Sentencia T-534 de 2017, Corte Constitucional. Sentencia T-292
de 2006, Corte Constitucional, Sentencias SU-047 de 1999 y SU- 1300 de 2001, Corte Constitucional.
Sentencia SU-1300 de 2001 y Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
analogía fáctica ni jurídica, lo que, de entrada, hace imposible que se aplique la misma
lógica de decisión para ambos casos. En efecto, en la providencia del 31 de enero de
2011, esta Corporación accedió a las súplicas de una demanda de reparación directa por
omisión en el deber de protección especial a la vida e integridad personal de un asesor
del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios y del Sindicato de Trabajadores del
Banano, quien, luego de haber recibido varias amenazas, fue víctima de un atentado que
le dejó graves lesiones. Esto, a pesar de que previamente se habían exigido medidas de
seguridad y, de hecho, se había presentado una denuncia pública por parte de la
Asociación de Abogados Laboralistas al Servicio de los Trabajadores.
47. Tal caso es tanto fáctica como probatoriamente distinto al que fue objeto de estudio
por parte de la autoridad judicial demandada.
48. En conclusión, los cargos por violación directa a la constitución y desconocimiento
del precedente jurisprudencial no están llamados a prosperar, no sólo porque carecen
de una trascendencia constitucional tal que justifique la intervención del juez del amparo,
sino porque buscan convertir la presente acción en una tercera instancia adicional al
proceso ordinario, presentando reproches propios de aquel que ya fueron debidamente
resueltos por los jueces de la causa.
49. De otra parte, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria tampoco está
llamado a prosperar, en la medida en que la decisión atacada analizó de manera
razonable el Informe de Valoración del Riesgo N° 038 del 25 de diciembre de 2007, pues,
si bien determinó que el mismo daba cuenta de la situación generalizada de afectación
del orden público en la región, lo cierto es que no encontró probado que las demandadas
hubieran asumido la posición de garante en relación con la vida de la víctima, pues no
tenían conocimiento de sus circunstancias particulares, la gravedad de las amenazas y
el nivel de riesgo en que esta se encontraba.
50. Para esta Subsección, la Sala mayoritaria de decisión de la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación declaró no probada la falla en el servicio alegada
en la demanda respecto de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional de
manera razonable, adecuada y bajo una acuciosa valoración integral del material
probatorio obrante en el expediente. De ahí que para la Sala no tengan trascendencia
las posiciones contrapuestas de la demandante con la sentencia reprochada, pues no
puede resolver una cuestión propia de quien por regla general es el juez de la
responsabilidad patrimonial del Estado. El juez constitucional no funge como superior
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
funcional o revisor de los jueces ordinarios, ni realiza juicios de corrección 16 de las
decisiones proferidas por estos.
51. Se insiste, el desacuerdo de la parte accionante y la disparidad de criterios en torno
a los elementos debatidos no son razones suficientes para que el juez de tutela realice
un estudio de fondo, pues este instrumento constitucional no es una instancia adicional
para imponer una interpretación única en un proceso dirigido y decidido por los jueces
naturales, tanto más si la demanda está desprovista de razonamientos constitucionales
que den cuenta de que se cumple el presupuesto de relevancia constitucional o si, como
en este caso, el asunto fue definido por una alta corte, caso en el cual, cabe anotar, la
propia Corte Constitucional ha venido sosteniendo que para la prosperidad de la tutela
es necesario que la decisión contenga una anomalía de tal forma que riña abiertamente
con la Constitución y la jurisprudencia que esa Corporación ha trazado al definir el
alcance y límite de derechos fundamentales, circunstancias que en este caso no se
advierten a simple vista17.
52. Por último, es necesario precisar que el hecho de que frente a una providencia exista
un salvamento de voto, como ocurrió en el sub lite, no implica, per se, que la decisión
mayoritaria esté viciada de irracionabilidad o que carezca de validez. Por el contrario, en
ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial, es posible que entre
los magistrados de una sala de decisión haya disparidad de criterios, sin que pueda
afirmarse que uno sea más válido que el otro. Es precisamente por esta razón que
existen mecanismos como los salvamentos y aclaraciones de voto, los cuales permiten
expresar dichas discrepancias y, de este modo, asegurar una administración de justicia
adecuada y consistente.
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por Udalgina del
Rosario Vásquez Triviño, Yira Farley Osorio Herrera, Carlos Felipe Sejín Osorio, Salma
Sejín Osorio, Yalile Yulieth Sejín Vásquez, Sarife Udalgina Sejín Vásquez, Carlos
16 En tal sentido, puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05942-00
Demandante: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Enrique Sejín Vásquez y Julio Eduardo Sejín Rosales, de conformidad con lo razonado
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.