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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2010-00371-01

Fecha
12 de abril de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2010-00371-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase parcialmente la sentencia del 11 de agosto de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de Decisión que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual queda así: “Primero: Declárase la responsabilidad patrimonial extracontractual del Municipio de Valencia – Córdoba por la muerte del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia. Segundo: Condénase al Municipio de Valencia – Córdoba a pagar a cada uno de los demandantes, las siguientes sumas de dinero: 1) Por daño moral, las sumas de dinero que se determinan a continuación, todas ellas expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes: Demandantes Relación SMLV Udalgina Vásquez Triviño Madre 100 Compañera Yira Ferley (sic) Osorio Herrera permanente 100 Carlos Felipe Sejín Osorio Hijo 100 Salma Sejín Osorio Hija 100 Carlos Enrique Sejín Vásquez Hermano 50 Serife Sejín Vásquez Hermana 50 Yalile Sejín Vásquez Hermana 50 Julio Eduardo Sejín Rosales Hermano 50 Laura Guerra Vásquez Hermana 50 2) Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a las siguientes personas, los valores que a continuación se indican: 32 Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271) Actor: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros Reparación directa Apelación sentencia a) Para Yira Farley Osorio Herrera, compañera permanente de Carlos Alberto Sejín Vásquez, la suma de ciento cuarenta y siete millones setecientos diez mil novecientos ochenta y cinco pesos $147.710.985 por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro). b) En favor de Salma Sejín Osorio, hija de Carlos Alberto Sejín Vásquez, la suma de cincuenta y seis millones ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos $56.141.448 por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro). c) Para Carlos Felipe Sejín Osorio, hijo de Carlos Alberto Sejín Vásquez, la suma de cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y siete pesos $46.443.167 por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro). Tercero: Niéganse las pretensiones de la demanda formuladas en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-31-000-2010-00371-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

12 de abril de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
Demandantes: UDALGINA DEL ROSARIO VÁSQUEZ TRIVIÑO Y
OTROS
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Y MUNICIPIO DE VALENCIA (CÓRDOBA)
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CCA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MUERTE DE
CIUDADANO POR OMISIÓN

Síntesis del caso: los demandantes pretenden la reparación patrimonial por la muerte del
señor Carlos Alberto Sejín Vásquez quien fue atacado con arma de fuego el 21 de
septiembre de 2008 en el municipio de Valencia (Córdoba), el daño se atribuye al municipio
de Valencia (Córdoba), a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Fiscalía
General de la Nación por cuanto la víctima denunció ante estas entidades las amenazas
recibidas en contra de su vida y solicitó protección especial, sin que le fuera brindada. Se
mantiene la condena impuesta al municipio de Valencia (Córdoba) porque no apeló
oportunamente la sentencia de primera instancia y se revoca respecto de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación por cuanto
no se encuentra probada su responsabilidad.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes (fls. 578 a 585, 647
a 650 y 651 a 666 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 11 de
agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de
Decisión (fls. 564 a 576 cdno. apelación) que dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR administrativa y extracontractualmente
responsables, de manera solidaria, a la Nación/Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y al Municipio de Valencia
– Córdoba por la muerte del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez de
conformidad con la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación/Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, Fiscalía General de la Nación y al Municipio de Valencia –
Córdoba a pagar solidariamente a cada uno de los demandantes, las
siguientes sumas de dinero:

2

Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
Actor: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

1) Por daño moral, las sumas de dinero que se determinan a
continuación, todas ellas expresadas en salarios mínimos mensuales
legales vigentes:

Demandantes Relación SMLV
Udalgina Vásquez Triviño Madre 100
Compañera
Yira Ferley (sic) Osorio Herrera permanente 100
Carlos Felipe Sejín Osorio Hijo 100
Salma Sejín Osorio Hija 100
Carlos Enrique Sejín Vásquez Hermano 50
Serife Sejín Vásquez Hermana 50
Yalile Sejín Vásquez Hermana 50
Julio Eduardo Sejín Rosales
Hermano 50
Laura Guerra Vásquez Hermana 50

2) Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro
cesante, a las siguientes personas, los valores que a continuación se
indican:

a) Para Yira Farley Osorio Herrera, compañera permanente de Carlos
Alberto Sejín Vásquez, la suma de $97.116.736 por concepto de lucro
cesante (consolidado y futuro).

b) Salma Sajín (sic) Osorio, hija de Carlos Alberto Sejín Vásquez, la suma
de $36.911.772 por concepto de lucro cesante (consolidado y futuro).

c) Para Carlos Felipe Sajín (sic) Osorio, hijo de Carlos Alberto Sejín
Vásquez, la suma de $30.535.365 por concepto de lucro cesante
(consolidado y futuro).

TERCERO: DENIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: DECLÁRESE no probadas las excepciones de falta de
legitimación por pasiva y cobro de lo no debido, hecho exclusivo y
determinante de un tercero y culpa exclusiva de la víctima.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: CÚMPLASE esta providencia en los términos establecidos en
los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO: Ejecutoriada la presente providencia y con observancia de lo
dispuesto en el artículo 115 del C.P.C., expídase copia de la presente
sentencia a las partes (Decreto 359 de 1995) y a su costa.

OCTAVO: En firme esta sentencia, por Secretaría, devuélvase a la parte
actora el remanente de los gastos del proceso, si a ello hubiere lugar. Se
dejarán constancias de entrega que se realice. Déjese las notas
correspondientes en el sistema Siglo XXI.

NOVENO: Si la presente providencia no fuere apelada, súrtase el grado
jurisdiccional de consulta” (fls. 575 a 576 cdno. apelación - negrillas y
mayúsculas fijas del original).

3

Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
Actor: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 23 de septiembre de 2010 (fls. 1 y 23 cdno. ppal. 1),
los señores Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros, por intermedio de
apoderado judicial, promovieron demanda de reparación directa consagrada en el
artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (fls. 1 a 44 cdno. ppal.) en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Fiscalía General de la
Nación y el municipio de Valencia (Córdoba) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA: Que se declare a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA
– POLICÍA NACIONAL, a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN y al MUNICIPIO DE VALENCIA – CÓRDOBA, administrativa y
solidariamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios
causados a los demandantes: YIRA FARLEY OSORIO HERRERA,
CARLOS FELIPE SEJÍN OSORIO, SALMA SEJÍN OSORIO, UDALGINA
DEL ROSARIO VÁSQUEZ TRIVIÑO, YALILE YULIETH SEJÍN
VÁSQUEZ, SARIFE UDALGINA SEJÍN VÁSQUEZ, CARLOS ENRIQUE
SEJÍN VÁSQUEZ, JULIO EDUARDO SEJÍN ROSALES y LAURA DEL
CARMEN GUERRA VÁSQUEZ, por el dolor, la angustia, la congoja y la
pena que sufrieron y sufren como consecuencia de la prematura muerte
de su compañero permanente, padre, hijo y hermano CARLOS
ALBERTO SEJÍN VÁSQUEZ, hecho ocurrido el día 21 de septiembre de
2.008 en el casco urbano del Municipio de Valencia, Córdoba, como
consecuencia directa de las acciones y omisiones en que incurrieron las
entidades demandadas, quienes omitieron el deber de protección que por
mandato de la Constitución les compete, configurándose la falla del
servicio y/o del daño antijurídico objeto de la presente acción.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se
condene a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL, a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y al
MUNICIPIO DE VALENCIA – CÓRDOBA, a reconocer, liquidar y pagar
de manera solidaria a los demandantes: YIRA FARLEY OSORIO
HERRERA, CARLOS FELIPE SEJÍN OSORIO, SALMA SEJÍN OSORIO,
UDALGINA DEL ROSARIO VÁSQUEZ TRIVIÑO, YALILE YULIETH
SEJÍN VÁSQUEZ, SARIFE UDALGINA SEJÍN VÁSQUEZ, CARLOS
ENRIQUE SEJÍN VÁSQUEZ, JULIO EDUARDO SEJÍN ROSALES y
LAURA DEL CARMEN GUERRA VÁSQUEZ, los siguientes perjuicios:

2.1 MORALES

2.1.1 Sufridos por: YIRA FARLEY OSORIO HERRERA, CARLOS
FELIPE SEJÍN OSORIO, SALMA SEJÍN OSORIO, UDALGINA DEL
ROSARIO VÁSQUEZ TRIVIÑO, YALILE YULIETH SEJÍN VÁSQUEZ,
SARIFE UDALGINA SEJÍN VÁSQUEZ, CARLOS ENRIQUE SEJÍN
VÁSQUEZ, JULIO EDUARDO SEJÍN ROSALES y LAURA DEL
CARMEN GUERRA VÁSQUEZ.

4

Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
Actor: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

(…).

2.1.3 Estimados en: cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (…) para cada una de las siguientes personas: YIRA FARLEY
OSORIO HERRERA, CARLOS FELIPE SEJÍN OSORIO, SALMA SEJÍN
OSORIO y UDALGINA DEL ROSARIO VÁSQUEZ TRIVIÑO, compañera
permanente, hijos y madre del desaparecido CARLOS ALBERTO SEJÍN
VÁSQUEZ (…), y en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales
vigentes (…) para cada uno de sus hermanos: YALILE YULIETH SEJÍN
VÁSQUEZ, SARIFE UDALGINA SEJÍN VÁSQUEZ, CARLOS ENRIQUE
SEJÍN VÁSQUEZ, JULIO EDUARDO SEJÍN ROSALES y LAURA DEL
CARMEN GUERRA VÁSQUEZ (…). Dicho reconocimiento se hará de
acuerdo al valor que tenga el salario mínimo legal mensual a la fecha de
ejecutoria de la sentencia con la cual se ponga fin al conflicto. Lo anterior
acorde con el fallo del Consejo de Estado se septiembre de 2001 (o lo
que este reconociendo la jurisprudencia en el momento del fallo por
concepto de perjuicios y actualización de estos).

2.2 MATERIALES DE LUCRO CESANTE:

2.2.1 Sufridos por: YIRA FARLEY OSORIO HERRERA, CARLOS
FELIPE SEJÍN OSORIO y SALMA SEJÍN OSORIO, compañera
permanente e hijos del desaparecido CARLOS ALBERTO SEJÍN
VÁSQUEZ.

(…).

2.2.3 Estimados en: un mil cincuenta y un millones cuatrocientos
cuarenta y un mil setecientos veintiún pesos M/L ($1.051.441.721)
($74.696.205 por lucro cesante consolidado y $976.745.516 por lucro
cesante futuro), suma que deberá actualizarse según la variación del
índice de precios al consumidor suministrado por el DANE, entre la fecha
de ocurrencia de los hechos y la ejecutoria de la sentencia que ponga fin
al litigio (o en los términos que este reconociendo la jurisprudencia en el
momento de la providencia que ponga fin al proceso, perjuicios y
actualización de estos).

TERCERA: Que se ordene a las entidades demandadas el cumplimiento
de la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código
Contencioso Administrativo e imputar primero a intereses todo pago que
se haga.

CUARTA: Que se condene a las entidades demandadas al pago de
manera solidaria de las costas y agencias en derecho a que haya lugar”
(fls. 2 a 5 cdno. ppal. 1 – negrillas y mayúsculas fijas del original).

2. Hechos

Como fundamento de las pretensiones la parte demandante expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

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Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
Actor: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

1) El señor Carlos Alberto Sejín Vásquez, en su condición de líder comunitario del
municipio de Valencia (Córdoba) del cual era oriundo, en el año 2007 junto con un
grupo de ciudadanos promovieron un proyecto político con el cual llevaron a la
alcaldía de dicha municipalidad al señor Mario Atencio Doria y con ello derrotaron
la maquinaria impositiva que gobernaba los destinos del referido municipio.

2) Lo anterior y las denuncias por corrupción y violencia política formuladas, entre
otros, por el señor Carlos Alberto Sejín Vásquez el 19 de diciembre de 2007 ante la
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría
Departamental lo hicieron merecedor a serias amenazas en contra de su vida, las
cuales además de ser notorias ante las autoridades civiles y de la Policía Municipal,
fueron igualmente denunciadas.

3) Pese a la “notoriedad de las amenazas y la seriedad de las mismas, las
autoridades civiles y de policía del municipio y la Fiscalía General de la Nación nada
hicieron para proteger la vida del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez, quien
finalmente fue asesinado el día 21 de septiembre de 2008, cuando ingresaba a un
local de su propiedad”, pues, “fue la víctima número 32 en lo transcurrido del año
2008 y la quinta en la lista de amenazados por las denuncias y su participación en
el ejercicio político que llevó a la alcaldía del municipio de Valencia al señor Mario
Atencio Doria” (fl. 6 cdno. 1).

4) Los hechos narrados demuestran con “claridad la omisión en el deber de
protección en que incurrieron las entidades demandadas, la misma que constituye
falla en el servicio” (fl. 7 cdno. 1), por cuanto las pruebas aportadas dan cuenta que
i) las entidades demandadas dejaron a la población del Valencia (Córdoba) a
merced de los grupos delincuenciales, sin brindarles protección alguna, máxime
cuando era de público conocimiento que sus derechos eran desconocidos y
vulnerados por grupos organizados al margen de la ley; ii) la víctima Sejín Vásquez,
debido a las especiales condiciones de riesgo en las que se encontraba por el origen
de las amenazas, denunció y solicitó protección especial, sin que le fuera brindada
y, iii) en el “hipotético caso de que la víctima Carlos Alberto Sejín Vásquez no
hubiese solicitado expresamente la protección” (fl. 7 cdno. 1) era evidente que la
necesitaba porque existían pruebas e indicios conocidos por las autoridades

6

Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
Actor: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

demandadas, de las cuales era posible asegurar que se encontraba seriamente
amenazado de muerte.

5) Las omisiones de las entidades demandadas desconocieron los artículos 2, 4, 6,
11, 13, 40, 85, 90, 91 230 de la Constitución Política; 86, 132.6, 134D, 136 a 139,
142, 176 a 178, 206 a 214 del Código Contencioso Administrativo; 1613 a 1616 del
Código Civil; 4, 5, 8 y 10 de la Ley 153 de 1887; 4 de la Ley 169 de 1896 y 4, 10 y
115 de la Ley 1395 de 2010, y la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha
insistido en la responsabilidad del Estado por la omisión en el deber de protección
que sobre este recae, el cual se traduce en una falla en el servicio de protección,
entre ellas, la sentencia de 26 de febrero de 2009, expediente 18001-23-31-000-
1997-00007-01 (18106)1.

3. Contestación de las entidades demandadas

Por auto del 6 de octubre de 2010, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la
demanda y ordenó la notificación personal al señor alcalde del municipio de
Valencia (Córdoba), al Fiscal General de la Nación a través del Director Seccional
Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la Nación en Montería y al
señor Ministro de Defensa y Comandante General de la Policía Nacional por
conducto del Comandante de Policía de Córdoba (fls. 119 cdno. 1).

1) El 7 de marzo de 2011, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls.
143 a 150 cdno. 1) se opuso a las pretensiones de la demanda con sustento en que
i) estas constituyen meras apreciaciones de la parte actora y, ii) en el proceso no
están acreditados los elementos que estructuran la falla del servicio endilgada a la
entidad, pues, ni siquiera logra establecer los elementos que la vincularían.

Propuso las excepciones de i) “falta de legitimación por pasiva y cobro de lo no
debido”, por carencia de integración del litis consorcio necesario pasivo frente a las
pretensiones de la demanda, toda vez que el lucro cesante deprecado no es
imputable a la Policía Nacional; ii) “hecho exclusivo y determinante de un tercero”
porque, según los hechos de la demanda, la víctima fue asesinada el 21 de

1
CP Ruth Stella Correa Palacio.

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Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
Actor: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

septiembre de 2008 cuando ingresaba a un local comercial de su propiedad, lo que
configura esta causal eximente de responsabilidad, pues, en palabras del
apoderado de la parte actora, “el hecho se causó por terceras personas que no
ejercían funciones de policía” (fl. 146 cdno. 1) y, iii) “culpa exclusiva de la víctima”,
porque la víctima tomó la determinación de no poner en conocimiento de las
autoridades pertinentes lo que le sucedía, ya que en la demanda el apoderado de
los demandantes señaló que en el “hipotético caso de que la víctima Carlos Alberto
Sejín Vásquez no hubiese solicitado expresamente la protección”, es decir, que no
necesitaba la protección por parte de las autoridades.

2) Por auto de 25 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de Córdoba tuvo por
no contestada la demanda por parte del municipio de Valencia (Córdoba) 2 y de la
Fiscalía General de la Nación3 (fls. 195 a 199 cdno. 1); esta decisión no fue objeto
de recurso alguno por parte de las entidades afectadas con la misma.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Córdoba, en providencia del 11 de agosto de 2016
declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación por pasiva y cobro de
lo no debido, hecho exclusivo y determinante de un tercero y, culpa exclusiva de la
víctima propuestas por la Policía Nacional, declaró la responsabilidad patrimonial
extracontractual, de manera solidaria, de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, de la Fiscalía General de la Nación y del municipio de Valencia (Córdoba)
y las condenó al pago de los perjuicios materiales (lucro cesante) y morales
causados a los demandantes (fls. 564 a 576 cdno. apelación) con sustento en lo
siguiente:

1) El tribunal, como cuestión previa, puso de presente que si bien los señores Yalile
Yulieth y Carlos Enrique Sejín Vásquez (hermanos de la víctima) no habían
otorgado poder, circunstancia que configuraría la causal de nulidad prevista en el
numeral 7 del artículo 140 del CPC, consistente en la indebida representación por

2
Presentó escrito de contestación de la demanda que obra a folios 132 a 137 cdno. 1.
3
Presentó escrito de contestación de la demanda que obra a folios 170 a 178 cdno. 1.

8

Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
Actor: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

carencia total de poder, dicha nulidad se saneó por cuanto las entidades
demandadas, quienes podían advertirla, no lo hicieron4.

2) Refirió que en asuntos similares al presente caso, la Sección Tercera de esta
Corporación ha declarado la responsabilidad patrimonial extracontractual del
Estado por daños causados a las personas como consecuencia de la
materialización de ciertos riesgos para su seguridad personal y, ha enfatizado la
posición de garante que tiene el Estado cuando asume la responsabilidad de
protección de determinada población o sujetos amenazados para evitar un resultado
dañoso, lo mismo que sobre la obligación de responder cuando se le imputa el
cumplimiento de dicho deber.

3) Estimó que en el presente caso está acreditado que i) se presentó denuncia penal
en contra del señor Mario Prada Cobos y otros por el delito de paramilitarismo,
patrocinadores de cultivos ilícitos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito,
testaferrato, terrorismo agravado y otros suscrita por varios pobladores del
municipio de Valencia (Córdoba) el 10 de marzo de 2007; ii) en la denuncia se
expuso la difícil situación de seguridad y orden público en el citado municipio, y los
nexos existentes entre funcionarios públicos con las AUC y de políticos de la región
que a través de terceros se lucraba con dineros públicos y terrenos despojados a
los campesinos de la región; iii) por lo anterior, la Defensoría Delegada para la
Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del Conflicto
Armado mediante el informe de riesgo no. 038-07 de 25 de diciembre de 2007
evaluó la situación y señaló las autoridades vinculadas al deber de protección de la
población del municipio de Valencia y, iv) también solicitó al CIAT emitir la alerta
temprana correspondiente y la adopción de medidas para conjurar, mitigar o
controlar la situación de riesgo con el fin de proteger la población civil de dicho
municipio y brindar la atención humanitaria de emergencia, si fuere el caso, a los
pobladores que habían sufrido el rigor de la violencia.

4
No obstante, revisado el expediente se observa que obra el poder especial otorgado por los señores
Yalile Yulieth y Carlos Enrique Sejín Vásquez al apoderado que presentó la demanda de la
referencia, el cual fue presentado personalmente ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Valencia
(Córdoba) el día 12 de julio de 2010 por parte de la primera de las nombradas y ante la Notaría
Tercera del Circulo de Montería el 13 de julio de 2010, por parte del segundo (fl. 46 vlto. cdno. 1).

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Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
Actor: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

4) Por lo anterior, el tribunal dedujo que tanto las autoridades civiles como la Fuerza
Pública tenían pleno conocimiento de la situación de inseguridad de los habitantes
del municipio de Valencia (Córdoba), debido a que la Defensoría del Pueblo en el
informe de riesgo no. 38-07 los vinculó como garantes del deber de protección de
la comunidad, señalándoles unas recomendaciones específicas para evitar la
generación de daños, sin embargo, pese a ello, el 21 de septiembre de 2008 se
produjo la muerte del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez por disparos de arma de
fuego propinados por un sujeto sin identificar que ingresó al local comercial de su
propiedad y le quitó la vida, para luego huir del lugar de los hechos.

5) Lo expuesto evidenciaba que las entidades demandadas incumplieron con la
responsabilidad de brindar la protección requerida por la víctima antes mencionada,
quien había participado activamente en el proceso democrático que llevó a la
alcaldía del municipio de Valencia al señor Mario Atencio Doria y mediante el cual
“le quitaron el poder político a los herederos de “Don Berna”, reconocido paramilitar
que junto a su escuadrón de combatientes hacían presencia en dicho municipio” (fl.
570 vlto. cdno apelación).

6) La víctima había denunciado ante la Secretaría de Asuntos Internos del municipio
las amenazas de muerte recibidas por grupos al margen de la ley, además, era un
hecho notorio que corría peligro de muerte por pertenecer al grupo político de Mario
Atencio Doria, porque en el período comprendido entre el año 2007 a septiembre
de 2008 habían asesinado cuatro líderes de su grupo.

7) Concluyó que de lo probado en el proceso se deducía que el daño causado a los
demandantes con ocasión de la muerte del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez fue
generado indiscutiblemente por una falla en el servicio por parte de las entidades
demandadas, por no brindarle a la víctima la protección requerida, por lo tanto, se
configuraba la responsabilidad administrativa y patrimonial de las demandadas.

8) Respecto de los perjuicios deprecados por los demandantes señaló que: i) lo
reconocido por perjuicios morales está en consonancia con la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014 (expediente 26.251) y, ii) en relación con el
lucro cesante, debido a que no estaba debidamente probado el ingreso percibido
por la víctima, de conformidad con los parámetros establecidos por la jurisprudencia

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Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
Actor: Udalgina del Rosario Vásquez Triviño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

de esta Corporación, tomando como base para su liquidación el salario mínimo legal
mensual vigente.

5. Recursos de apelación

Las partes interpusieron sendos recursos de apelación (fls. 578 a 583, 584 a 587,
647 a 650 y 651 a 666 cdno. apelación), las razones de inconformidad con el fallo
de primera instancia se resumen así:

1) La parte demandante solicitó que se modifique la decisión del tribunal y, en su
lugar, se incremente el monto del lucro cesante reconocido (fls. 578 a 583 cdno.
apelación), porque, i) las pruebas que obran en el proceso dan cuenta que la víctima
percibía por su trabajo como mínimo la suma de $3.200.000 y, ii) los parámetros
fijados en la sentencia de unificación proferida el 22 de abril de 2015, expediente
número 15001-23-31-000-2000-03838-01 (19.146) sobre el acrecimiento sustentan
su reclamación.

2) Por su parte, la Fiscalía General de la Nación pidió que se revoque la decisión
del a quo y, en su lugar, que se nieguen las pretensiones de la demanda (fl. 647 a
650 a 739 cdno. apelación), en apoyo de lo cual adujo lo siguiente:

a) Según las particularidades de este caso, la Fiscalía General de la Nación, a través
del Programa de Protección, brindaba la protección y asistencia integral a los
testigos y víctimas que intervinieran en un proceso penal aportando información que
conllevara a una investigación penal exitosa, y que con ocasión a esa colaboración
fuesen amenazados o sufrieran un riesgo alto que requiriera la adopción de medidas
de protección con el fin de garantizar la vida e integridad de las personas vinculadas
a dicho programa.

b) El artículo 5 de la Resolución no. 2700 de noviembre 22 de 1996 expedida por la
Fiscalía General establece el procedimiento de protección que puede ser solicitado
por quien lo requiera, no obstante, en este proceso no obra prueba alguna que
acredite que la víctima hubiese solicitado que se le inscribiera en dicho programa,
lo cual indica que la ocurrencia del hecho no se presentó por falta de cuidado de
funcionario alguno de la entidad.

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Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
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Apelación sentencia

c) De conformidad con los numerales 9 del artículo 4 y 1 del artículo 16 de la
Resolución no. 0-5101 de 2008 proferida por la Fiscalía General de la Nación,
vigente para la época de los hechos, para ingresar al programa de protección de la
Fiscalía General de la Nación era necesario que la persona hubiera intervenido
eficazmente en un proceso penal y que como consecuencia directa de esa
participación se le generara un riesgo extraordinario o extremo contra su vida, es
decir, que por no estar presentes estos dos elementos y el nexo de relación directo
entre ellos, la obligación de velar por la integridad de quienes eventualmente
soportan amenazas o enfrentan riesgo es de la Policía Nacional de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 218 de la Constitución Política.

3) Igualmente, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional pidió que se
revoque la decisión del tribunal y, en su lugar, que se nieguen las súplicas de la
demanda (fl. 651 a 666 cdno. apelación), para lo cual insistió en lo siguiente:

a) En el asunto de la referencia se configura la causal eximente de responsabilidad
del hecho exclusivo de un tercero, por cuanto la parte actora no logró demostrar que
el daño causado derivó de la acción u omisión de alguno de sus agentes, por el
contrario, según los hechos de la demanda lo probado en el proceso da cuenta que
la muerte del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez se produjo en hechos confusos
ocurridos el 21 de septiembre del 2008 en el municipio de Valencia (Córdoba) por
actos protagonizados por terceros desconocidos al margen de la ley, lo cual indica
que el Estado no puede ser declarado responsable por hechos que no provienen de
sus acciones u omisiones o cada vez que un administrado resulte afectado por un
acto ajeno, pues, si bien le asiste el deber de procurar el bienestar de sus asociados,
no puede ser omnímodo al punto de que le sea exigible lo irrealizable, pues,
examinadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar sus actuaciones de
vigilancia requeridas para salvaguardar la vida, honra y bienes de los habitantes del
municipio de Valencia se encuentran ajustadas a la Constitución y la ley, máxime
cuando no está demostrado que la víctima hubiese solicitado a la institución algún
tipo de protección y que esta no se la hubiese brindado, o que de las circunstancias
locales que rodearon los hechos se pudiera inferir que era previsible el lamentable
hecho y que no se hubiese realizado ninguna actividad para contrarrestarlo, por

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Apelación sentencia

tanto, como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, el Estado no
puede constituirse en un ente omnipotente, omnisciente u omnipresente.

b) La parte actora tampoco probó que el daño demandado le sea imputable fáctica
y jurídicamente, toda vez que no existe nexo causal entre el daño alegado y la falta
o la falla en la prestación del servicio que la administración está obligada prestar.

De modo que, como el Estado no tiene forma alguna de proteger a cada uno de los
miembros de la sociedad, tampoco puede asumir la responsabilidad por hechos
delictivos causados por terceros, por cuanto, la institución no tenía conocimiento
sobre las amenazas de muerte que existieran en contra del señor Sejín Vásquez
porque este nunca les informó el contenido de las mismas, el lugar o los posibles
lugares donde su vida corría peligro y no requirió ningún tipo de protección especial,
ya que en el proceso no obra que a la víctima se le hubiere realizado estudio alguno
tendiente a valorar su nivel de riesgo para determinar, de acuerdo con su resultado,
que necesitaba protección especial o acompañamiento permanente por parte de
alguno de sus agentes, además, no elevó solicitud alguna a la Unidad Nacional de
Protección, entidad que por mandato constitucional y legal tiene esta misión.

c) Según la primera instancia, la víctima le informó al Secretario de Asuntos Internos
del Municipio de Valencia (Córdoba) acerca de las amenazas de muerte, no
obstante, en este proceso no está acreditado que dicho funcionario puso en
conocimiento de la Policía Nacional tales denuncias o que hubiese solicitado apoyo
institucional tendiente a salvaguardar la vida del denunciante, por el contrario, las
certificaciones expedidas por la Jefatura de Inteligencia Policial del Departamento
de Policía de Córdoba y por el Comandante de la Estación de Policía de Valencia
refieren que la víctima no denunció las amenazas y tampoco demandó algún tipo
de protección personal por las mismas.

d) Por lo expuesto se configura la falta de legitimación por pasiva toda vez que no
se presenta ningún tipo de falla en el servicio de su parte ni por acción y mucho
menos por omisión.

4) Por auto de 15 de septiembre de 2017 (fl. 698 cdno. apelación), el tribunal de
primera instancia concedió los recursos de apelación interpuestos por la parte

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demandante, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Fiscalía
General de la Nación y negó por extemporáneo el recurso de apelación presentado
por el municipio de Valencia5 (Córdoba); esta decisión no fue objeto de recurso
alguno por parte del referido municipio.

6. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto del 26 de enero de 2018 (fl. 703 cdno. apelación) se admitieron los
recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, posteriormente, el
13 de marzo del mismo año (fl. 705 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días
y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

2) En dicha oportunidad procesal, la parte demandante guardó silencio y el
Ministerio Público no emitió concepto (informe de Secretaría fl. 741 cdno.
apelación).

3) Por su parte, la Fiscalía General de la Nación (fls. 706 a 711 cdno. de apelación)
y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 725 a 733 cdno. de
apelación), en síntesis, reiteraron los argumentos expuestos en los recursos de
apelación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) cuestión previa, 2) objeto de la
controversia y anuncio de la decisión, 3) análisis de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

5
En este punto se pone de presente que como la sentencia de primera instancia fue notificada por
edicto desfijado el 22 de agosto de 2016 (fl. 577 cdno de apelación), el término para interponer el
recurso transcurrió entre el 23 de agosto y el 5 de septiembre de 2016, y el recurso de apelación
interpuesto por el municipio de Valencia (Córdoba) fue radicado el 6 de septiembre de 2016 (fls. 584
a 587 cdno. de apelación).

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1. Cuestión previa

La Sala considera pertinente precisar que como el recurso de apelación interpuesto
por el municipio de Valencia (Córdoba) fue negado por extemporáneo por el tribunal
de primera instancia, decisión contra la cual el referido municipio no presentó
objeción alguna, carece de competencia para estudiar la responsabilidad de dicho
ente territorial, razón por la cual debe mantenerse la decisión tomada por el a quo
en relación con la responsabilidad de esa entidad.

2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna6, corresponde a la Sala determinar si
se reúnen los elementos requeridos para declarar extracontractual y
patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y la Fiscalía General de la Nación de la muerte del señor Carlos Alberto
Sejín Vásquez ocurrida el 21 de septiembre de 2008 en el casco urbano del
municipio de Valencia, por el supuesto incumplimiento del deber de protección de
dichas entidades frente a quienes denunció amenazas contra su vida y solicitó
protección especial, sin que le fuera suministrada.

El tribunal de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda por cuanto, de una parte, consideró que tanto las autoridades civiles como
la Fuerza Pública tenían pleno conocimiento de la situación de seguridad de los
habitantes del municipio de Valencia (Córdoba) y, de otra, el daño causado a los
demandantes con ocasión de la muerte del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez fue
generado indiscutiblemente por una falla del servicio por parte de las demandadas,
por no brindarle la protección a la víctima; en la apelación, la demandante pretende
que se le reconozcan los perjuicios en las sumas solicitadas en la demanda por
estimar que están debidamente acreditados los ingresos que percibía la víctima; por
su parte, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Fiscalía General

6
Como en el asunto de la referencia se demanda por la muerte del señor Carlos Alberto Sejín
Vásquez ocurrida el 21 de septiembre de 2008, el plazo para presentar la demanda vencía, en
principio, el 22 de septiembre de 2010, no obstante, dicho término fue suspendido el 21 de julio de
2010 cuando faltaban dos meses para su vencimiento con ocasión de la solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se realizó el día 23 de septiembre de
2010 (fls. 49 a 57 cdno. 1), en consecuencia, como la demanda se formuló el 23 de septiembre de
2010 (fls. 1 cdno. 1), se interpuso en tiempo de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 el
CCA.

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de la Nación insisten en que no incurrieron en la falla del servicio alegada y que en
el presente caso se configura la excepción del ”hecho de un tercero”, debido a que
su actuaciones no guardan nexo causal con el deceso de Sejín Vásquez, pues, no
está probado que este hubiese denunciado las amenazas y solicitado protección
especial alguna.

La sentencia de primera instancia será revocada parcialmente, para en su lugar
negar las súplicas de la demanda respecto de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, por cuanto no se acreditó
omisión alguna por parte de las entidades demandadas; por el contrario, está
probado que ni la victima ni sus familiares y/o allegados denunciaron ante las
autoridades accionadas las amenazas en contra de su vida para que estas
evaluaran el nivel del riesgo en el que se encontraba y, de esa manera, de acuerdo
al resultado, otorgarle la protección especial requerida.

3. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

3.1 El daño

En el presente caso está probado el deceso del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez,
con sustento en el registro civil de defunción y su respectivo certificado que
anuncian que su muerte tuvo lugar el 21 de septiembre de 2008 (fls. 59 y 60 cdno.
1).

3.2 La imputación

1) Según lo expuesto en la demanda, el asesinato del señor Carlos Alberto Sejín
Vásquez, ocurrido el 21 de septiembre de 2008 en el casco urbano del municipio de
Valencia (Córdoba), se produjo por la omisión en el deber de protección en el que
incurrieron las entidades demandadas, por cuanto, pese a que tenían conocimiento
de las especiales condiciones de riesgo en las que aquel se encontraba, con
ocasión del origen de las amenazas dirigidas en su contra, las cuales había
denunciado y solicitado protección especial, nada hicieron para protegerle su vida.

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2) La Sala considera que no existen elementos de convicción que permitan
determinar, necesaria e indefectiblemente, que el deceso del señor Carlos Alberto
Sejín Vásquez ocurrió por el hecho de no habérsele brindado la protección especial
que requería por razón de las amenazas infligidas en contra de su vida por grupos
organizados al margen de la ley, toda vez que en el proceso no está probado que
la víctima hubiese denunciado tales amenazas, como se corrobora a continuación.

3) En efecto, de conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso 7,
se encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes para adoptar la
decisión de la controversia:

a) El 10 de marzo de 2007, un grupo de personas del municipio de Valencia
(Córdoba), mediante denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la
Nación (fls. 76 a 91 cdno. 1) en contra del señor Mario Cobos y otros por los delitos
de “paramilitarismo, patrocinadores de cultivos ilícitos, concierto para delinquir,
enriquecimiento ilícito, testaferrato y terrorismo agravado” (fl. 76 cdno. 1), puso en
conocimiento de las autoridades las actuaciones realizadas por el grupo al margen
de la ley denominado “Autodefensas Unidas de Colombia - AUC”, con el objeto de
que esta entidad interviniera y tomara las medidas necesarias pertinentes; este
grupo de denunciantes estaba encabezado por la señora Martha Negrete y otras
personas, empero, el señor Carlos Alberto Sejín Vásquez no figura entre los
firmantes.

b) De la denuncia anterior se envió copia a las diferentes entidades del Estado, entre
ellas a la Defensoría del Pueblo, quien a través de la Defensoría Delegada para la
Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del Conflicto
Armado (Sistema de Alertas Tempranas – SAT), mediante el informe no. 038-07 de
25 de diciembre de 2007 (fls. 92 a 101 cdno. 1), sobre el riesgo en el que se
encontraba el municipio de Valencia (Córdoba) señaló lo siguiente:

“Con posterioridad a la desmovilización del Bloque Córdoba (BC) y el
Bloque Héroes de Tolová (BHT) de las AUC, el 18 de enero y 15 de junio
de 2005, respectivamente, se configura un escenario de riesgo para la
población civil del municipio de Valencia departamento de Córdoba,
específicamente para las víctimas del conflicto armado y sus

7
Por auto de 25 de mayo de 2011 (fls. 195 a 199 cdno. 1), el a quo tuvo como pruebas los
documentos allegados con la demanda y con la contestación por parte de la Nación - Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, y decretó las pruebas pedidas por las partes ante mencionadas.

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representantes, derivado de la presencia de un nuevo grupo armado ilegal
conformado después de la desmovilización de las AUC que está integrado
por excombatientes y por combatientes de las autodefensas que no se
desmovilizaron y delincuentes comunes, los cuales someten a la
comunidad a la intimidación y al miedo objetivo de mantener el control
político y económico, principalmente del narcotráfico.

De esta forma, este grupo rearmando usa el recurso de la violencia física
y psicológica contra los pobladores del municipio, las víctimas del conflicto
armado interno y los líderes de las organizaciones de víctimas, por
pretender denunciar o haber denunciado a integrantes de las autodefensas
desmovilizadas en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. La
gravedad de esta situación se evidencia en las amenazas realizadas por
miembros de esta agrupación contra los señores Eligio Segundo Coronado
y Teófilo Vidal, por las denuncias que han realizado acerca de la presencia
de este grupo rearmado en el municipio. Asimismo, contra los esposos
Josefa Pérez Paternina y Miguel Mariano Castilla, por ocupar una finca
supuestamente de propiedad del desmovilizado comandante del Bloque
Héroes de Tolová y contra el señor Freddy Manuel Galindo, habitante y
líder de las parcelas nuevo oriente al parecer por las denuncias que esta
comunidad realizó en contra de un exalcalde de este municipio, quien está
siendo investigado actualmente por la Fiscalía por haber tenido
presuntamente vínculos con los grupos paramilitares.

Igualmente, se ha conocido que desmovilizados y miembros de grupos de
autodefensas que no se desmovilizaron, pretenden presionar a las víctimas
para persuadirlas a que no declaren en los procesos de Justicia y Paz y a
cambio reciban dinero o bienes del Bloque Héroes de Tolová como una
forma de reparación informal, así como la de desaparecer evidencias,
como fosas comunes, que involucren a los desmovilizados con delitos de
lesa humanidad.

De acuerdo con el artículo octavo de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y
Paz) “las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la
desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen
de la ley”. Por tanto, es obligación del Estado velar por la desarticulación
de estas estructuras armadas y garantizar a las víctimas el cabal
cumplimiento de sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y la no
repetición de los hechos de violencia.

(…).

VALORACIÓN DEL RIESGO

(…).

De no aplicarse las medidas efectivas de prevención y protección por parte
del Estado, el panorama que se observa bajo este contexto es el de la
agudización de las acciones de violencia contra las víctimas del municipio
de Valencia, lo que podría desencadenar en homicidios selectivos,
desapariciones forzadas, la utilización de métodos y medios para generar
terror en esta población, desplazamientos forzados, restricciones
sistemáticas a las libertades personales, la libre asociación y participación
en la conformación, ejercicio y control del poder político. En tal sentido el
riesgo se considera alto” (fls. 92 a 101 cdno. 1).

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Sin embargo, revisado dicho informe se observa que dentro del grupo de personas
identificadas por la Defensoría Delegada como víctimas de algún tipo de amenazas,
no se encuentra el señor Carlos Alberto Sejín Vásquez.

En el referido informe no. 038-07 de 25 de diciembre de 2007, la Defensoría
Delegada puso de presente que las autoridades vinculadas con el deber de
protección a la ciudadanía eran las siguientes (fl. 99 cdno. 1):

AUTORIDADES CIVILES FUERZA PÚBLICA
Ministerio del Interior y de Justicia EJÉRCITO: Brigada XI
Agencia Presidencial para la Acción Social POLICÍA NACIONAL: Comando Departamental
Gobernación de Córdoba de Policía de Córdoba y Estaciones de Policía
Alcaldía Municipal de Valencia en la cabecera municipal y el corregimiento de
Secretario del Interior Guadual.
Personería Municipal

La Defensoría Delegada, igualmente consideró necesario hacer las siguientes
recomendaciones:

“1. Al Ministerio del Interior y de Justicia, diseñar e implementar políticas y
planes especiales para brindar seguridad y protección a las víctimas, con
el fin de garantizar el derecho de las mismas a la verdad, la justicia y la
reparación y a los líderes que han sido objeto de amenazas.

2. A la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo a lo preceptuado en la
Ley de Justicia y Paz, diseñar medidas tendientes a garantizar de manera
efectiva la protección de las víctimas y realizar las coordinaciones que sean
del caso, con las autoridades competentes, para que se implementen
acciones preventivas dirigidas a proteger la dignidad de las víctimas.

3. A la Fuerza Pública, Ejército y Policía Nacional para que coordinen
medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de
habitantes del municipio de Valencia.

4. A la Administración Municipal de Valencia (Córdoba) coordinar acciones
necesarias en correspondencia y complementariedad con programas de
prevención y protección del plan de desarrollo municipal, que disminuyan
el accionar delictivo de grupos armados ilegales, que afecta de manera
grave los derechos fundamentales de la población civil, en especial de las
víctimas del conflicto armado interno.

(…).

6. Al Ministerio del Interior, a la Fuerza Pública y a la Administra
Departamental adoptar medidas necesarias para garantizar la protección
de la población civil por cuanto la Defensoría del Pueblo ha advertido
reiteradamente, que en los territorios de disputa entre los grupos arma
ilegales no copados permanentemente por la autoridad y ante eventuales
retirada de uno u otro actor, se prevé acciones de violencia selectiva o
masiva contra los pobladores de dichos territorios y surgimientos de

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nuevos actores armados ilegales, como generadores de riesgo.” (fls. 99 a
100 cdno. 1).

c) Según testimonio rendido en este proceso por el señor Eligio Segundo Coronado
Martínez (fls. 355 a 358 cdno. 1), Secretario de Asuntos Internos y Desarrollo de la
Comunidad del Municipio de Valencia para la época de los hechos, el señor Carlos
Alberto Sejín Vásquez no tuvo amenazas directas y tampoco formuló denuncia
alguna a las autoridades competentes, pues, al respecto manifestó lo siguiente:

“PREGUNTADO. Sírvase manifestar si tiene conocimiento de cómo ocurrió
la muerte del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez, en caso afirmativo, haga
un relato de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello
aconteció y exprese por qué razón le consta lo que pueda afirmar al
respecto CONTESTÓ. Carlos Alberto fue asesinado en el Municipio de
Valencia un domingo creo que fue el 21 de septiembre de 2009 (sic) (…),
él estaba en un pequeño negocio que tenía en el barrio La Cruz del
Municipio de Valencia y en horas de la tarde fue ultimado a tiros por un
sicario desconocido y que hasta la fecha no se ha sabido quien lo hizo y
quien ordenó su asesinato. PREGUNTADO. Diga el declarante si tiene
conocimiento de que el señor Carlos Alberto Sejín Vásquez hubiere
recibido amenazas de muerte contra su vida y si él le expresó las causas
de dichas amenazas CONTESTÓ. Amenazas directas no la han tenido
ninguno de los ultimados en el Municipio de Valencia porque el modos
(sic) operandi de las bandas criminales que operan en la región es el de
asesinar al asecho y con el mayor sigilo para poder escaparse y que los
crímenes queden en la impunidad, pero él como todos los que
habitamos en ese municipio estamos amenazados porque existen
grupos ilegales desde hace aproximadamente treinta años y esto no ha
sido posible erradicar de la región y más bien permanecen con su accionar
delictivo en la zona. PREGUNTADO. Diga el declarante si sabe que el
señor Carlos Alberto Sejín Vásquez hubiere informado a alguna autoridad
del Estado sobre el temor o riesgo sobre su integridad debido a la
presencia de grupos amados al margen de la ley durante la época
inmediatamente anterior a su muerte, de ser así indique que autoridad tuvo
dicha información CONTESTÓ. Él tenía mucho temor por su suerte ya que
por haber iniciado una campaña y haber estado acompañando al alcalde
actual eso significaba ir en contra del querer de las bandas criminales que
operan en la región (…) él me manifestó su intranquilidad yo le
recomendé que colocara la respectiva denuncia ante la Fiscalía,
porque se corría el rumor de que él era objetivo de estas bandas, ya
que lo señalaban como informante de la Fiscalía, esto debido al trabajo
que el realizaba en los computadores, arreglando computadores en su
oficina (…) esa es la conclusión que yo saco, el por qué atentaron vilmente
contra él, más sin embargo, él me respondió que no colocaría ninguna
denuncia porque eso era ponerlo más en evidencia con estos grupos
(…). PREGUNTADO. Diga el declarante si las autoridades municipales y
particularmente si Usted en su condición de Secretario de Asuntos
Internos del municipio de Valencia y enterado de la situación que
afectaba al señor Sejin Vásquez informó de ello al alcalde del
municipio o a alguna autoridad como la Fiscalía General de la Nación,
la Policía Nacional a fin de que se tomaran las medidas de protección
necesarias CONTESTO. Yo si informé al comandante de la Policía
Estación Valencia, al señor Alcalde y a la Fiscalía General de la Nación

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con varias denuncias que reposan en la Fiscalía donde denunciaba
los casos puntuales y el peligro por el que estábamos corriendo los
valencianos y mucho más las personas que habíamos liderado un
proceso político para llegar a la alcaldía, la Policía de Valencia, a partir
de esa fecha actuó con celeridad pero le faltaron herramientas para
poner a buen recaudo a los sicarios reconocidos (…) es muy poquita
las personas que se atreven a denunciar, caso concreto, el de Carlos
Alberto que no denunció, caso concreto el de Teófilo Vidal y otros, que en
mi compañía denunciamos estas bandas criminales y Teófilo y otros han
sido asesinados y a mí me tocó renunciar del cargo y salir del Municipio
porque ya mi situación de inseguridad se volvió insostenible. Y eso que por
ser funcionario de la alcaldía tenía un escolta policial.” (negrillas de la Sala).

Ahora, si bien es cierto que el señor Eligio Segundo Coronado Martínez en su
testimonio manifestó que informó a las autoridades y denunció ante la Fiscalía
General de la Nación casos puntuales y el peligro que corrían los habitantes del
municipio de Valencia (Córdoba), también lo es que, según lo probado en este
proceso, la referida denuncia fue presentada el 6 de noviembre de 2008 (fls. 102 a
109 cdno. 1), es decir, casi dos (2) meses después del asesinato del señor Sejín
Vásquez, denuncia que fue presentada por los señores Eligio Segundo Coronado,
Teófilo Vidal Vidal, Martha Negrete Urango y Ana Elvira Luna García con el objeto
de poner en conocimiento de dicha entidad el hecho de que debido a la
“desmovilización del Bloque Héroes de Tolová y posterior desvertebramiento de la
banda criminal los Traquetos; apareció en la zona de Valencia y sus alrededores
una nueva bacrim autodenominada Águilas Negras la que inicialmente arremetió en
contra de la que fuera gente de Diego Femando Murillo Bejarano alias Don Berna”,
hecho que ellos habían denunciado públicamente y por el cual ese grupo
“desencadenó una ofensiva criminal en contra de [sus] vidas”, “con casos
lamentables como el asesinato de Reinaldo Cuavas, Luis Barba, Carlos Ávila,
Edinsón Fuentes y Carlos Alberto Sejín Vásquez” (fl. 102 cdno. 1).

d) Lo anterior fue corroborado por el señor Gilberto Manuel Gómez Contreras,
conocido de la víctima, vecino del municipio quien en declaración rendida en este
proceso señaló que el señor Carlos Alberto Sejín Vásquez 8 no denunció las
amenazas en contra de su vida ante las autoridades correspondientes, además,
sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos en

8
La Sala pone de presente que, si bien en el proceso también obra el testimonio del señor José
Manuel Flórez Suárez, este sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los
hechos en las que fue asesinado el señor Carlos Alberto Sejín Vásquez, manifestó lo siguiente “…no
me encontraba en el lugar, tampoco tuve conocimiento de que tenía alguna amenaza” (fls. 352 cdno.
1).

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los que fue asesinado, puso de presente lo siguiente (fls. 349 a 351 cdno. 1):

“PREGUNTADO. Sírvase manifestar si tiene conocimiento de c ocurrió la
muerte del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez, en caso afirmativo, haga
un relato de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello
aconteció y exprese por qué razón le consta lo que pueda afirmar al
respecto CONTESTÓ. Más que todo por cuestiones políticas y él me
comentaba que estaba amenazado, eso fue en septiembre por ahí tipo de
seis y media de la tarde más o menos, él estaba en su oficina y llegaron
unos sinvergüenzas ahí y le dieron como siete tiros, yo estaba por ahí
cerquitica, lo llevaron al Hospital, pero él murió. PREGUNTADO. Diga el
declarante si tiene conocimiento de donde provenían las amenazas a las
que Usted hizo mención en respuesta anterior y si el señor Sejín Vásquez
le expresó las causas de dichas amenazas. CONTESTÓ. Como le digo por
la política porque él fue incansable en esa política. PREGUNTADO.
Sírvase explicar qué quiere Usted decir que las amenazas fueron por
política. CONTESTÓ. Como ahí había un alcalde de un grupo muy violento
y ellos ningún momento querían aflojar el poder (…). PREGUNTADO. Diga
el declarante si sabe quién amenazaba al señor Carlos Alberto Sejín
Vásquez. CONTESTÓ. Con nombre propio no sé, pero de todas maneras
a él con panfletos la amenaza, porque él me lo decía a mí. PREGUNTADO.
Diga el declarante si sabe que el señor Carlos Alberto Sejín Vásquez
hubiere instaurado denuncia ante alguna autoridad del Estado por las
amenazas que recibió según respuesta anterior dada por Usted, de
ser así indique ante quién la formuló y si recuerda la fecha en que ello
ocurrió. CONTESTÓ. El nunca denunció eso, jamás, por temor” (fls.
349 y 350 cdno. 1 – negrillas de la Sala).

e) Además, a raíz de la situación de riesgo en el que se encontraba el municipio de
Valencia (Córdoba), el 5 de agosto de 2009, la Defensoría Delegada para la
Evaluación del Riesgo de la Población Civil como consecuencia del Conflicto
Armado (Sistema de Alertas Tempranas – SAT) remitió al Comandante General de
la Fuerzas Militares el informe no. 019-09 (fls. 110 a 116 cdno. 1), con el fin de que
se adoptaran las medidas de protección necesarias para salvaguardar los derechos
fundamentales de sus habitantes; en dicho informe se advierte que la Defensoría
del Pueblo puso en conocimiento las víctimas de homicidios perpetrados por grupos
al margen de la ley que operaban en la zona, en los siguientes términos:

"El cuarto escenario del riesgo está relacionado con la grave situación de
vulnerabilidad en que se hallan los ciudadanos que denunciaron el 19 de
julio de 2007, ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría
Departamental de Córdoba y la Contraloría Departamental, las acciones
violentas que ejecutaron las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y
los actos de corrupción de la administración municipal de ese entonces, sin
que hasta la fecha los denunciantes conozcan los resultados de dichas
investigaciones

Algunos de estos denunciantes que en su época conformaban un grupo de
48 personas, han sido objeto de amenazas y atentados contra su vida y en

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Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
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el último año, las vulneraciones a sus derechos fundamentales a la vida,
libertad e integridad personal y la de sus familiares, se han incrementado
de manera considerable, lo cual evidenciaría que las nuevas estructuras
armadas ilegales post desmovilización de las AUC pretenden resolver por
la vía violenta las diferencias con la comunidad, sobre todo aquellas
situaciones problemáticas que generaron las denuncias formuladas por
estos ciudadanos y que consideran un obstáculo para el afianzamiento del
proyecto económico, político y militar de las “Águilas Negras” en la región.

De acuerdo a lo manifestado por algunos de los afectados y analistas de
la situación de conflicto armado en la región, aluden a que el riesgo para
algunos de los integrantes del grupo de enunciantes se exacerbó con
posterioridad a los comicios del mes de octubre de 2007 que le permitieron
al Partido Liberal la elección y posicionamiento de un candidato
independiente, en la Alcaldía Municipal de Valencia con una diferencia de
600 votos con respecto al candidato opositor, toda vez que siete de los
líderes y dirigentes políticos que promovieron las denuncias por los hechos
de corrupción de la administración municipal anterior, debido a los
supuestos nexos con grupos armados ilegales, fueron víctimas de
homicidio tal como se relaciona a continuación:

1. Reinaldo Cuava, asesinado el 16 de diciembre de 2007.
2. Carlos Arturo Ávila, asesinado el 18 de enero del 2008
3. Luis Barbas Berrio, asesinado el 5 de marzo de 2008.
4. Edison Fuentes, asesinado el 5 de marzo de 2008.
5. Carlos Alberto Sejín, asesinado el 21 de septiembre de 2008.
6. Leonel Blanquicet, asesinado el 29 de marzo de 2009
7. Luis Enrique Gonzáles, asesinado el día 5 de abril de 2009.

Estas personas fueron asesinadas con arma de fuego en el casco urbano
del municipio de Valencia y en la generalidad de los casos, los crímenes
fueron perpetrados por hombres que se movilizaban en motocicletas de
alto cilindraje, sin que hasta la fecha hayan sido judicializados e
individualizados los presuntos responsables de estos crímenes".

Lo anterior da cuenta que la delicada situación de riesgo en la que se encontraba el
municipio de Valencia (Córdoba) y la solicitud de adopción de medidas de
protección necesarias para salvaguardia de los derechos fundamentales de sus
habitantes, particularmente el riesgo en el que se encontraban algunos de los
integrantes del grupo político que había llegado al poder en dicho municipio en los
comicios del mes de octubre de 2007 y los homicidios de los que fueron víctimas
varios de los líderes políticos, fue puesta en conocimiento del Ejército Nacional solo
hasta el 5 de agosto de 2009, es decir, casi un (1) año después del homicidio del
señor Carlos Alberto Sejín Vásquez.

f) Por su parte, el comandante del Departamento de Policía de Córdoba, en
cumplimiento de lo ordenado por el a quo, el 24 de junio de 2011 allegó copias de
las actas de los consejos de seguridad y comités de orden público realizados en el

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municipio de Valencia (Córdoba) en las cuales quedó registrada la situación de
orden público presentada en dicha municipalidad durante los años 2007 y 2008, de
la siguiente manera:

i) Acta n o. 001 del 16 de julio de 2007 (fls. 393 a 396 cdno. 1), este comité de
seguridad tuvo como finalidad tratar lo relacionado con la seguridad a la comunidad
del municipio y sus alrededores para el proceso electoral a realizarse en el mes de
octubre de 2007, oportunidad en la que el acalde municipal resaltó el interés que
habían tenido en la zona autoridades militares y de policía.

ii) Acta no. 001 del 27 de julio de 2007 (fls. 388 a 392 cdno. 1), en esta ocasión se
trataron asuntos relacionados con la seguridad de la comunidad con los
representantes de los diferentes gremios, se señaló que la mayor preocupación de
las autoridades era el incremento de la violencia intrafamiliar, el hurto simple y la
drogadicción, también se puso de presente que el alcalde de ese municipio, según
lo manifestado por él mismo, era objetivo militar de los grupos al margen de la ley.

iii) Acta no. 002 del 4 octubre de 2007 (fls. 384 a 387 cdno. 1), en esta fecha el
comité de seguridad se ocupó de la problemática de orden público, la presencia de
personas armadas pertenecientes a grupos al margen de la ley en zona rural del
municipio, la amenaza en contra de una habitante de la población (madre del señor
Éver Cordero Oviedo), igualmente, el personero municipal puso de presente un
desplazamiento por intimidación de un grupo denominado La Nueva Generación de
las Autodefensas.

iv) Acta no. 003 del 12 de diciembre de 2007 (fls. 379 a 383 cdno. 1), se trataron
temas relacionados con la seguridad de la comunidad por razón de la conformación
en los diferentes corregimientos y veredas de nuevos grupos delincuenciales que
intimidaban a la comunidad.

v) Acta no. 005 de 8 de abril de 2008 (fls. 376 a 378 cdno. 1), sesión en la que se
evaluó el orden público y se determinaron tres zonas específicas del sector rural
para brindarles mayor seguridad debido a su situación de orden público, de igual
manera, se puso de presente el fortalecimiento logístico por parte del Ejército
Nacional para el servicio de la comunidad.

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vi) Acta no. 07 del 24 de julio de 2008 (fls. 374 y 275 cdno. 1), donde se determinó
que se ejercería mayor control en los sectores de Pueblo Nuevo y El Brillante Pirú
por la presencia de hombres armados emergentes que se discutían el territorio o las
rutas del narcotráfico.

vii) Acta de 22 de septiembre de 2008 (fls. 368 cdno. 1), oportunidad en la que se
analizó la situación de orden público del municipio, en especial el homicidio de
Carlos Alberto Sejín y se tomaron medidas para identificar los autores y móviles de
lo ocurrido.

viii) En relación con las denuncias instauradas por parte de los habitantes del
municipio con relación a dicha situación de orden público, se refirió que revisados
los archivos existentes no se encontraron documentos que soportaran alguna
denuncia al respecto, sin perjuicio de lo plasmado en las actas de seguridad y
comités de seguridad social antes relacionadas.

ix) Respecto de las actividades de vigilancia, registro y control, realizadas por la
Policía en el municipio de Valencia para el mes de septiembre de 2008, se cuenta
con los registros existentes en el libro de información acerca de los operativos de
patrullajes motorizados y en vehículos, registros a personas y a vehículos, revistas
(rondas policiales) al sector residencial, comercial, bancario, zona rosa, plazas de
mercado, terminal de transportes; de igual manera, se contaba con el apoyo de un
grupo del Escuadrón Móvil de Carabineros encargado de diseñar y desplegar
operativos para contrarrestar el accionar grupos armados al margen de la ley en
zona rural.

x) Revisados los registros existentes en el libro de información de la estación de
Policía de Valencia para el 21 de septiembre de 2008, se encontró que para esa
fecha hubo gran actividad representada en revistas, patrullajes y movimientos de la
policía, por los diferentes sectores citados en el punto anterior, para lo cual como
evidencia de lo descrito se adjuntó copia fotostática de los folios no (s). 1, 139, 140,
141, 142, 143,144, 145, 146 y 147 del libro de información que reposaba en la
estación de Policía del municipio de Valencia (Córdoba).

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4) Examinado el acervo probatorio previamente relacionado es necesario precisar
que, si bien en la demanda se imputa responsabilidad tanto a la Fiscalía General
de la Nación como a la Policía Nacional con sustento en que estas tenían pleno
conocimiento de la situación de orden público en el municipio de Valencia
(Córdoba) y que la víctima había denunciado las amenazas en su contra ante estas
y les había solicitado protección especial, también lo es que la parte actora no
acreditó que la víctima efectivamente había denunciado ante las autoridades
demandadas tales hechos y menos aún que le había solicitado protección especial,
punto central sobre el cual debe observarse lo siguiente:

a) Si bien las demandadas tenían pleno conocimiento de la situación de orden
público en la región, como lo acreditan las actas de los consejos de seguridad y
comités de orden público efectuados en el municipio de Valencia (Córdoba) durante
los años 2007 y 2008, y el secretario de Asuntos Internos del referido municipio, en
el testimonio rendido en este proceso aceptó que conocía de las amenazas en
contra del señor Carlos Alberto Sejín Vásquez, no lo es menos que la parte
demandante no acreditó que efectivamente había denunciado tales amenazas, toda
vez que i) en las actas antes referidas no se registró tal hecho; ii) el secretario de
Asuntos Internos en la declaración afirmó que la víctima no había denunciado las
amenazas y, si bien señaló él haberlo hecho, lo cierto es que la denuncia penal
presentada por este ante la Fiscalía General de la Nación fue posterior (6 de
noviembre de 2008) al asesinato de Sejín Vásquez y tampoco existe constancia del
recibo de la misma, por el contrario, en respuesta al oficio librado por el a quo acerca
de las circunstancias de orden público, esta dependencia afirmó expresamente lo
siguiente “no tenemos archivos que nos corrobore la situación de orden público de
enero de 2007 a diciembre de 2008. Ni qué medidas se tomaron para proteger la
población civil” (fl. 451 cdno. 1) y trasladó la solicitud a la Policía Nacional quien, en
respuesta, puso de presente lo registrado en las actas de los consejos de seguridad
y comités de orden público realizados en el municipio de Valencia (Córdoba) -
referidas en párrafos precedentes- y, iii) el señor Gilberto Gómez Contreras,
conocido de la víctima, en testimonio rendido en este proceso también afirmó que
la víctima no denunció las amenazas.

b) En ese orden, en relación con la Fiscalía General de la Nación, las pruebas antes
comentadas evidencian que la víctima no presentó denuncia por las referidas

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amenazas en contra de su vida, pues, la denuncia penal presentada el 10 de marzo
de 2007 por un grupo de personas del municipio de Valencia (Córdoba) no fue
suscrita por la víctima y la referida en los hechos de la demanda (de 19 de diciembre
de 2007) no fue aportada por la parte actora, lo cual indica que la Fiscalía General
de la Nación tuvo conocimiento de las amenazas en contra del señor Carlos Alberto
Sejín Vásquez con posterioridad a su muerte.

En este punto, es importante resaltar que, si bien la Fiscalía General de la Nación
cuenta con el programa de protección a testigos, victimas, intervinientes en el
proceso y funcionarios de la Fiscalía, su inclusión o no el programa debe ser
analizado dentro de los fines, objetivos y propósitos previstos en el mismo, los
cuales están regulados por las Leyes 104 de 1993, 241 del 26 de diciembre de 1995,
418 de 1997, vigentes para la época de los hechos y por la Resolución no. 0-2700
de 1996 emitida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se
reorganiza el Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la
Nación en materia de testigos, victimas e intervinientes en el proceso penal y se
establecen políticas sobre el particular.

Estas normas prevén los parámetros que rigen la protección de los intervinientes en
los procesos penales y establecen el procedimiento a seguir y las condiciones para
ingresar al programa, lo cual significa que los beneficiarios del programa deben
hacer la respectiva solicitud ante una eminencia de riesgo, para que de acuerdo con
sus necesidades y particularidades se efectúe la correspondiente valoración del
riesgo a los que está siendo sometida la persona y de esa manera según el
resultado incluirla o no en el programa, es decir, que no basta con la sola denuncia
y solicitud, sino que, se debe cumplir una serie de requisitos.

c) Respecto de la Policía Nacional, igualmente las pruebas citadas no acreditan que
la víctima haya denunciado las referidas amenazas y que haya solicitado algún tipo
de protección, pues, si bien la Policía Nacional por mandato constitucional (artículo
2018) tiene como fin primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz, también lo es que para que se cumplan
dichos fines, la sociedad, los ciudadanos deben poner en conocimiento de la
institución aquellas situaciones que requieran de su intervención.

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En ese orden, en este caso concreto era necesario que, pese al conocimiento
genérico que tenía la policía de la situación de orden público en el municipio de
Valencia (Córdoba), la víctima de las amenazas Carlos Alberto Sejín Vásquez y/o
su familia o allegados las denunciara y solicitara la protección requerida, la que en
todo caso debía ser valorada previamente, para de acuerdo con el nivel del riesgo
de la persona determinar y adoptar el esquema de seguridad o la protección
especial a brindar a esa persona.

5) Por consiguiente, en el marco probatorio existente en el proceso no se advierte
una falla del servicio atribuible a la Fiscalía General de la Nación ni a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por el hecho de no haberle brindado la
protección especial al señor Carlos Alberto Sejín Vásquez, pues, como quedó
demostrado, estas no tuvieron conocimiento de las amenazas en contra del
mencionado ciudadano, pese a que conocían de la situación de orden público del
municipio de Valencia, debido a que, se reitera, nunca las denunció, máxime
cuando la propia actora en los hechos de la demanda afirmó que en el “hipotético
caso de que la víctima Carlos Alberto Sejín Vásquez no hubiese solicitado
expresamente la protección” (fl. 7 cdno. 1), es decir, que aceptó desde la
presentación de la demanda que la víctima no había denunciado las amenazas ante
las autoridades de las cuales alega su responsabilidad por la reparación de los
perjuicios causados por la muerte de su compañero permanente, padre, hijo y
hermano antes nombrado; en consecuencia, no es de recibo demandar una omisión
del deber de protección solo fundado en la afectación de carácter general de orden
público en el demandado municipio de Valencia ya que, era necesario, poner en
conocimiento de estas las circunstancias particulares y concretas de quienes,
debido a la situación, requerían de una protección especial.

Al respecto, sobre las obligaciones de la Policía Nacional relativas a la protección
de los ciudadanos, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación9 ha
precisado lo siguiente:

“Sobre las obligaciones de la Policía Nacional, relativas a la protección de
los ciudadanos, la Sala ha sostenido que éstas deben entenderse dentro

9
Consejo de Estado, Sección Tercera. sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 25000-23-26-
000-1994-00083-01 (16.310) MP Mauricio Fajardo Gómez.

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de lo que normalmente se le puede exigir a la Administración en el
cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se
espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las
circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance,
capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del
servicio que en un momento dado se requiera.

El deber de protección correspondiente a la Policía Nacional explica que
sus agentes deben, por principio, estar atentos y desplegar una vigilancia
permanente, redoblada cuando la necesidad, las circunstancias o el
requerimiento lo indiquen; pero la obligación relativa a la seguridad de
las personas y la protección de los bienes donde quiera que se
encuentren, no puede entenderse en términos absolutos, de modo
que comprometa la responsabilidad del Estado por no encontrarse en
disponibilidad inmediata, adecuada y en todo lugar, porque es
evidente que no puede esperarse que sea omnipotente, omnisciente
y omnipresente por principio. Su presencia inminente para la cobertura
de todo el territorio nacional, es un ideal jurídico, un deber ser que debe
entenderse como relativo a su poder, es decir, referido a la posibilidad de
actuar con los efectivos que tiene a su servicio, la información que puede
recaudar por sí y con la colaboración de los ciudadanos y la posibilidad de
desplazarse en la geografía nacional, para velar por todos y cada uno de
los colombianos10” (negrillas de la Sala).

6) En esa misma dirección en cuanto al contenido y alcance de esa obligación
constitucional y legal esta Sala de Decisión11 ha expuesto lo siguiente:

“Por consiguiente, estima la Sala que no era posible exigirles a las
entidades demandas que adoptasen medidas especiales, particulares o
reforzadas de protección para el desaparecido frente a la acción de los
grupos al margen de la ley que se afirma en la demanda operaba en esa
región, pues, del Estado no se pueden predicar, de un modo necesario ni
absoluto, las características de omnisciencia, omnipotencia, ni
omnipresencia, pues, de cara a la realidad es evidente que aquel no lo
conoce todo, tampoco puede estar en todas partes ni lo puede todo, sus
obligaciones constitucionales y legales, por regla general, son tan solo de
medio y no de resultado, según sus capacidades y medios de actuación y
respuesta, por lo tanto, al Estado también le es predicable el aforismo latino
“ad imposibilium nulla obligatio”, esto es, que a lo imposible nadie está
obligado12; en este caso no había como prever o conocer de antemano la
ocurrencia de la desaparición del señor Miguel Alfonso Porras Ortega.”.

7) Así las cosas, por no encontrarse probada la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación y de la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional se

10
Sección Tercera, Sentencia del 8 de abril de 1998, exp. 11.837, MP Jesús María Carrillo
Ballesteros.
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de abril de 2023, expediente
no. 47001-23-33-000-2016-00183-01 (64.521), MP Fredy Ibarra Martínez, con salvamento parcial de
voto del magistrado Alberto Montaña Plata.
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 4 de mayo de 2022, expediente no.2012-00754-
01 (58.778), MP Fredy Ibarra Martínez; con salvamento de voto del magistrado Alberto Montaña
Plata.

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impone revocar parcialmente la decisión apelada, para en su lugar negar las
pretensiones de la demanda formuladas en contra de esas dos entidades públicas.

8) Por lo expuesto, como se anticipó al inicio de las consideraciones, en atención a
que al municipio de Valencia (Córdoba) le fue negado el recurso de apelación por
extemporáneo debe mantenerse respecto de este ente jurídico tanto la declaración
de responsabilidad patrimonial extracontractual como la consecuente condena por
perjuicios emitida por Tribunal Administrativo de Córdoba y, como las demás
demandadas, quienes fueron condenadas por la primera instancia serán absueltas
en sede apelación, situación por la cual aquel ente territorial debe asumir el total de
la condena solidaria allí impuesta, la cual comprende tanto los perjuicios morales
como los materiales en la modalidad de lucro cesante.

De este modo, se actualizará la indemnización reconocida en primera instancia por
lucro cesante en favor de las siguientes personas a quienes el Tribunal
Administrativo de Córdoba le reconoció las siguientes sumas por dicho concepto: (i)
a la señora Yira Farley Osorio Herrera (compañera permanente de la víctima)
$97.116.736; (ii) para Salma Sejín Osorio (hija de la víctima) $36.911.772 y, (iii) en
favor de Carlos Felipe Sejín Osorio (hijo de la víctima) $30.535.365.

La indexación se hará de conformidad con la siguiente fórmula:

índice final
vf = vi x
índice inicial
Dónde:
vf: es el valor final o condena actualizada o ajustada.
vi: es el valor inicial.
índice final: el último disponible a esta providencia (marzo de 2024).
índice inicial: vigente al auto apelado (julio de 2016).

a) Para la señora Yira Farley Osorio Herrera (compañera permanente de la víctima).

141,48
vf = $97.116.736 x
93,02

vf = $147.710.985.

a) Para la señora Salma Sejín Osorio (hija de la víctima).

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141,48
vf = $36.911.772 x
93,02

vf = $56.141.448.

a) Para el señor Carlos Felipe Sejín Osorio (hijo de la víctima).
141,48
vf = $30.535.365 x
93,02

vf = $46.443.167.

En ese orden de ideas, el municipio de Valencia (Córdoba) debe pagar a la parte
demandante por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante) las siguientes
cantidades de dinero: (i) a la señora Yira Farley Osorio Herrera $147.710.985; (ii) a
la señora Salma Sejín Osorio $56.141.448 y, (iii) al señor Carlos Felipe Sejín Osorio
$46.443.167.

4. Conclusión

Debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
debido a que no se acreditó la responsabilidad endilgada a las entidades públicas
demandadas.

Prosperan los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la
Nación y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por razón de que no
se demostró la existencia de un nexo causal entre sus conductas y el deceso de
Carlos Alberto Sejín Vásquez, por el contrario, hay pruebas que revelan que dicha
persona no informó ni denunció ante ninguna autoridad las supuestas amenazas
en contra de su vida, y que tampoco solicitó de alguna de las demandadas ninguna
protección especial.

En consecuencia, será revocada parcialmente la sentencia del 11 de agosto
2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de
Decisión quien accedió parcialmente pretensiones de la demanda para en su
lugar negarlas respecto de la Fiscalía General de la Nación y la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y mantener la declaración de
responsabilidad patrimonial extracontractual y la condena por perjuicios en
relación con el municipio de Valencia (Córdoba).

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Expediente: 23001-23-31-000-2010-00371-01 (60.271)
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5. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en este caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que proceda dicha medida procesal.

En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Revócase parcialmente la sentencia del 11 de agosto de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de Decisión que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual queda así:

“Primero: Declárase la responsabilidad patrimonial extracontractual del
Municipio de Valencia – Córdoba por la muerte del señor Carlos Alberto
Sejín Vásquez de conformidad con la parte considerativa de esta
sentencia.

Segundo: Condénase al Municipio de Valencia – Córdoba a pagar a
cada uno de los demandantes, las siguientes sumas de dinero:

1) Por daño moral, las sumas de dinero que se determinan a
continuación, todas ellas expresadas en salarios mínimos mensuales
legales vigentes:

Demandantes Relación SMLV
Udalgina Vásquez Triviño Madre 100
Compañera
Yira Ferley (sic) Osorio Herrera permanente 100
Carlos Felipe Sejín Osorio Hijo 100
Salma Sejín Osorio Hija 100
Carlos Enrique Sejín Vásquez Hermano 50
Serife Sejín Vásquez Hermana 50
Yalile Sejín Vásquez Hermana 50
Julio Eduardo Sejín Rosales
Hermano 50
Laura Guerra Vásquez Hermana 50

2) Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro
cesante, a las siguientes personas, los valores que a continuación se
indican:

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a) Para Yira Farley Osorio Herrera, compañera permanente de Carlos
Alberto Sejín Vásquez, la suma de ciento cuarenta y siete millones
setecientos diez mil novecientos ochenta y cinco pesos $147.710.985 por
concepto de lucro cesante (consolidado y futuro).

b) En favor de Salma Sejín Osorio, hija de Carlos Alberto Sejín Vásquez,
la suma de cincuenta y seis millones ciento cuarenta y un mil
cuatrocientos cuarenta y ocho pesos $56.141.448 por concepto de lucro
cesante (consolidado y futuro).

c) Para Carlos Felipe Sejín Osorio, hijo de Carlos Alberto Sejín Vásquez,
la suma de cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil
ciento sesenta y siete pesos $46.443.167 por concepto de lucro cesante
(consolidado y futuro).

Tercero: Niéganse las pretensiones de la demanda formuladas en
contra de la Fiscalía General de la Nación y de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Cuarto: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

Quinto: Declárase no probadas las excepciones de falta de legitimación
por pasiva y cobro de lo no debido, hecho exclusivo y determinante de un
tercero y culpa exclusiva de la víctima.

Sexto: Abstiénese de condenar en costas.

2°) Abstiénese de condenar en costas en segunda instancia a la parte demandante.

3º) En firme este fallo, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su
cargo, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Salvamento parcial de voto
(Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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