Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05943-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05943-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05943-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
26 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05943-00
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Temas: Debido proceso / Impulso procesal para proferir sentencia en el
medio de control de reparación directa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_________________________________________________________________
Decide la Sala la solicitud formulada por Fabio Alonso Castaño Galeano,
Mercedes Lizcano Londoño, Amparo Castaño Galeano, Dora Cielo Castaño
Galeano, Juan Sebastián Castaño Betancourth, Fabian Camilo Castaño
Betancourth, José Manuel Buenaventura Lozano, Luis Alberto Buenaventura
Lozano, Diana Carolina Buenaventura Álvarez, Daniela Andrea Buenaventura
Rojas, Rubiela Álvarez Santofimio, Luis Alberto Buenaventura Gómez, Diego
Buenaventura Álvarez, Manuel Fernando Buenaventura Álvarez; Faiber
Buenaventura Rojas, Carlos Alberto Tobar Bergaño, John Fredy Tobar
Bergaño, María Eneried Bergaño Lamprea, María Asenet Castaño Ceballos,
Óscar Mauricio Tamayo Patiño, Leidy Yanebi Tamayo Patiño, Martha Diva
Patiño Castaño, Gerson Alexis Tamayo Suaza y José Leonardo Castaño
Ceballos, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015,
y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Fabio Alonso Castaño Galeano y otros, promovieron solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales de petición, acceso a la
administración de justicia, igualdad y reparación integral, los cuales consideraron
vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, con ocasión
de la mora en que ha podido incurrir para emitir sentencia en el medio de control
de reparación directa que instauraron contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional y otros, identificado con el radicado 25000232600020060071801.
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05943-00
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:
i) Presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército y
Policía Nacional; la Fiscalía General de la Nación y el extinto Departamento
Administrativo de Seguridad, con el fin de que se les declarara responsables por
los perjuicios ocasionados como consecuencia de la privación injusta de la
libertad sufrida por José Manuel Buenaventura Lozano.
ii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
en sentencia del 9 de febrero de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. En contra de esta decisión ambas partes interpusieron recurso
de apelación.
iii) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en providencia del 4
de agosto de 2023 admitió los recursos de apelación presentados contra la
sentencia de primera instancia, sin que a la fecha se hayan desatado pese a
las reiteradas solicitudes de impulso procesal y de prelación de fallo
presentadas.
iii) La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales con
ocasión de la falta de impulso procesal en el referido proceso, debido a que han
pasado más de veinte años desde que ocurrió el hecho victimizante y no se ha
proferido sentencia de segunda instancia.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:
«[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales de petición, acceso a la administración
de justicia, igualdad y reparación integral en casos de graves violaciones de Derechos
Humanos de mis poderdantes.
2. ORDENAR a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado proferir
sentencia de segunda instancia para el proceso contencioso administrativo de
reparación directa identificado con el Radicado N° 250002-32-6000-2006-00718-01
(69071), dentro del término perentorio de 20 días contados a partir de la notificación de
la decisión.
3. En caso de ser negada la anterior pretensión, ORDENAR a la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado brindar información sobre el estado del proceso
y sobre la decisión adoptada respecto a la solicitud de prelación de fallo presentada y
reiterada por esta representación […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C2 luego de hacer un
reencuentro de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del
2 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «34CONTESTACIONDE_Contestaciondetutela(.pdf)
NroActua 12»
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05943-00
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
proceso de reparación directa, solicitó que se negara el amparo pretendido por
ausencia de los supuestos que configuran mora judicial e inexistencia de
vulneración a derecho fundamental alguno, pues, dentro del trámite se han surtido
múltiples intervenciones que debían adelantarse previo a proferir la respectiva
sentencia.
Informó que actualmente profiere las sentencias de los procesos que ingresaron en
el año 2014, y el presente caso ingresó al despacho el 26 de junio de 2024, por lo
que la respectiva providencia será proferida cuando le corresponda su turno, pues,
existen 690 asuntos pendientes anteriores.
1.2.2. Los terceros con interés3 guardaron silencio.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico;
iii) procedencia de la solicitud de tutela - derechos de acceso a la administración de
justicia y del debido proceso sin dilaciones injustificadas; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 7 del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6
de abril de 20214, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
2.2. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
vulneró los derechos fundamentales de Fabio Alonso Castaño Galeano y otros, con
ocasión de la mora judicial en que ha podido incurrir para decidir el medio de control
de reparación directa identificado con el radicado 25000232600020060071801?
2.3. Procedencia de la solicitud de tutela
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
3 Mediante auto del 6 de noviembre de 2024 se admitió la tutela de la referencia y se ordenó vincular
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, y a todas aquellas
entidades que integran la parte pasiva del proceso contencioso-administrativo.
4 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05943-00
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia5, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.3.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin
dilaciones injustificadas
El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del
Estado6, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una
instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus
conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y
respetuosa de la dignidad humana.
Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión
de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza
de todos los habitantes del país.
Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de acceso
a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional7:
«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder
a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha
sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del
Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma
parte del núcleo esencial del debido proceso.
[…]
En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo
esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores
constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación,
el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico
de aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en
el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y
5 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-
1121 de 2003.
6 Artículo 2 de la Constitución Política
7 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05943-00
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene
todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden
jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad
jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han
sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho
a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen
en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías
propias del debido proceso. […]».
Por su parte, en tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho
en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos
y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de
las partes, como el debido proceso.
Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además
del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo
adecuado.
La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio
cumplimiento; de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia
quedaría al arbitrio de cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso
judicial efectivo sino los bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido
el de la igualdad de todas las personas que acuden a la administración de justicia
en procura de una solución pacífica a las controversias sociales.
Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden
de ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos
rigurosamente, pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se
encuentren suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el
marco de cada caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y
celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan
cumplirlos.
En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos
por el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora
judicial tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos
procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales
circunstancias de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que
las sentencias o decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean
materialmente justas y acordes con las normas legales y los principios
constitucionales.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05943-00
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya
otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas
aquellas propias de las autoridades judiciales.
2.4. Análisis de la Sala
Fabio Alonso Castaño Galeano y otros, acudieron al juez de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene al
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C proferir sentencia de segunda
instancia en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado
25000232600020060071801.
De conformidad con la información registrada en Samai8, se destacan las siguientes
actuaciones adelantadas por la autoridad judicial demandada:
• El proceso pasó al despacho por reparto el 20 de octubre 2022.
• En providencia del 18 de noviembre de 2022 remitió el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que llevara a cabo la audiencia de
conciliación.
• Surtida la anterior actuación, el 13 de mayo de 2023 el expediente regresó al
Consejo de Estado.
• En providencia del 4 de agosto de 2023 admitió los recursos de apelación
presentados.
• En providencia del 19 de febrero de 2024 reconoció en calidad de sucesores
procesales del demandante Manuel Antonio Tobar Góngora, a Carlos Alberto Tobar
Bergaño, John Fredy Tobar Bergaño y María Eneried Bergaño.
• En providencia del 16 de abril de 2024 negó las solicitudes probatorias de segunda
instancia formuladas por la parte demandante.
• En providencias del 2 y 26 de julio de 2024 reconoció personería a las nuevas
apoderadas de la Fiscalía General de la Nación y de la parte demandante,
respectivamente.
• En providencia del 25 de octubre de 2024 aceptó la renuncia de poder del abogado
de la Rama Judicial y requirió a la entidad para que designara nuevo defensor.
• El 20 de noviembre de 2024, el expediente regresó al despacho para proveer
sobre el reconocimiento de personería y/o elaborar proyecto de fallo.
8 Visible en el expediente de reparación directa 25000232600020060071801.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05943-00
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
A juicio de la Sala, sin desconocer el tiempo que ha trascurrido desde la radicación
de la demanda, los recursos de apelación, ni los términos establecidos en la Ley
472 de 1998, se observa que al asunto se ha tramitado de manera diligente en
razón a las particularidades que se han presentado como lo son las sustituciones
de poderes, remisión para audiencia de conciliación, reconocimiento de sucesión
procesal, solicitudes probatorias, etc.
Razón por la cual, en lo referente a la posible demora en la que ha podido incurrir
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C para proferir sentencia, se
reitera que no todo incumplimiento de un término judicial constituye una vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, pues, solo la tardanza injustificada acarrea su desconocimiento, lo cual no
es predicable en el presente caso como quedó demostrado.
Además, de acuerdo con la información suministrada por la autoridad judicial
demandada en su escrito de oposición, se han presentado hechos imprevisibles o
insuperables que denotan la alta carga laboral y la congestión que presenta, así:
«[…] Asimismo, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998,
es obligación del juez dictar las sentencias en el orden en que hayan ingresado los
expedientes para dicho fin. En la actualidad, el Despacho que tengo a mi cargo está
profiriendo sentencia en los procesos que ingresaron para tales efectos en el año 2014,
de manera que si el asunto de la referencia ingresó para elaborar proyecto de sentencia
el 26 de junio de 2024, la respectiva providencia será proferida cuando corresponda su
turno dentro de los asuntos dispuestos para fallo en dicha anualidad. Al respecto,
también es oportuno señalar que en la actualidad el Despacho tiene bajo su
conocimiento 690 asuntos pendientes de fallo […]».
Ahora bien, respecto al memorial posterior suscrito por la parte demandante, donde
aduce que la corporación demandada profirió sentencia favorable en un caso
similar, se le precisa que dicho argumento no tiene vocación de prosperidad, toda
vez que no existe fallo de segunda instancia aun, y las particularidades de cada
caso y el turno en que se encuentra son diferentes.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará la solicitud
de amparo presentada por Fabio Alonso Castaño Galeano y otros en contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Fabio Alonso
Castaño Galeano, Mercedes Lizcano Londoño, Amparo Castaño Galeano, Dora
Cielo Castaño Galeano, Juan Sebastián Castaño Betancourth, Fabian Camilo
Castaño Betancourth, José Manuel Buenaventura Lozano, Luis Alberto
Buenaventura Lozano, Diana Carolina Buenaventura Álvarez, Daniela Andrea
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05943-00
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Buenaventura Rojas, Rubiela Álvarez Santofimio, Luis Alberto Buenaventura
Gómez, Diego Buenaventura Álvarez, Manuel Fernando Buenaventura Álvarez;
Faiber Buenaventura Rojas, Carlos Alberto Tobar Bergaño, John Fredy Tobar
Bergaño, María Eneried Bergaño Lamprea, María Asenet Castaño Ceballos, Óscar
Mauricio Tamayo Patiño, Leidy Yanebi Tamayo Patiño, Martha Diva Patiño
Castaño, Gerson Alexis Tamayo Suaza y José Leonardo Castaño Ceballos, en la
solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
8
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