Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2006-00718-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2006-00718-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2006-00718-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: FABIO ALONSO CASTAÑO GALEANO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. Se acreditó un
daño antijurídico. Liquidación de perjuicios.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, la
Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fiduprevisora S.A. contra la
sentencia del 9 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de las demandas.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 7 de septiembre de 2003, el DAS en coordinación con el Ejército Nacional
desarrollaron la operación “Conquista del Chairá” dirigida contra la red de apoyo de las
FARC-EP en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá. Durante el operativo, se
capturaron 94 personas, entre ellas, Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio
Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y
Leonardo Castaño Arenas, a quienes, según se narra en las demandas, les vendaron
los ojos y los condujeron al Fuerte Militar Larandia ubicado en Florencia, Caquetá.
Posteriormente, el 29 de diciembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra
el Terrorismo de Bogotá impuso medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en contra de los procesados por ser presuntos coautores de los delitos de
rebelión y desplazamiento forzado. Luego, mediante Resolución del 5 de marzo de
2004, el ente instructor precluyó la investigación adelantada en contra de todos los
procesados por el delito de desplazamiento forzado. Además, precluyó la investigación
por el delito de rebelión frente a Fabio Alonso Castaño Galeano y Manuel Antonio
Tobar Góngora, y dictó resolución de acusación contra Hebert Tamayo Castillo, José
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas por ese delito. Sin
embargo, el 9 de junio de 2004, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de
Bogotá revocó la acusación formulada en contra de los señores Tamayo Castillo y
Buenaventura Lozano, dictándose resolución de preclusión a su favor. A su vez, frente
a Leonardo Castaño Arenas, el 31 de agosto de 2005, la Fiscalía Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá resolvió precluir la investigación
penal en su favor.
Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional - Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el DAS son
patrimonialmente responsables: i) por la captura sin orden judicial previa de Fabio
Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo,
José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas; ii) porque durante su
captura los miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el DAS ejercieron
tratos crueles, inhumanos y degradantes en su contra; y, iii) por la privación injusta de
la libertad de Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert
Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas,
puesto que se precluyó la investigación adelantada en su contra porque no existían
pruebas para comprometer su responsabilidad penal.
II. ANTECEDENTES
Expediente 200600690
1. Demanda
El 1º de marzo de 20061, Fabio Alonso Castaño Galeano, en nombre propio y
representación de Juan Sebastián Castaño Betancourth, Fabian Camilo Castaño
Betancourth y Lina María Castaño Martínez; Amparo Castaño Galeano, Dora Cielo
Castaño Galeano y Mercedes Lizcano Londoño, mediante apoderado judicial y en
ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional - Policía Nacional, la Fiscalía
1 Fl. 7 a 53, C. 1. Rad.: 200600690.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
General de la Nación, la Rama Judicial2 y el Departamento Administrativo de
Seguridad (en adelante DAS), por los perjuicios ocasionados por los tratos crueles,
inhumanos y degradantes que padeció Fabio Alonso Castaño Galeano y por la
privación de la libertad de la que este fue objeto.
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a las entidades
accionadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los
demandantes; por “la violación de derechos fundamentales a la libertad, a la integridad
personal y dignidad humana, al buen nombre y honor, a la familia y al debido proceso”,
250 SMLM para cada uno de los accionantes; por daño a la vida de relación, 100
SMLMV para cada demandante; por daño emergente, la suma de $8.000.000, sin
indicar el beneficiario; y por lucro cesante, la suma de $5.787.928 a Fabio Alonso
Castaño Galeano. Asimismo, como medida no pecuniaria, solicita que las demandadas
realicen un acto conmemorativo público de reconocimiento de responsabilidad y de
disculpas a los demandantes y a la comunidad de Cartagena del Chairá por la
detención masiva y arbitraria acaecida el 7 de septiembre de 2003.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 7 de septiembre de
2003, el DAS en coordinación con el Ejército Nacional desarrollaron la operación
“Conquista del Chairá” dirigida contra la red de apoyo de las FARC-EP en el municipio
de Cartagena del Chairá, Caquetá.
Señala que, durante el operativo, se capturó, entre otros, a Fabio Alonso Castaño
Galeano.
Asegura que, durante su traslado las autoridades le vendaron los ojos y fue conducido
hasta el Fuerte Militar Larandia (Florencia, Caquetá).
2 Es menester poner de presente que mediante auto del 5 de abril de 2006, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca inadmitió la demanda y solicitó a la parte demandante “explicar las razones por las
cuales vincula como ente demandado a la Nación – representada por la Rama Judicial, dado que una
vez revisada la actuación se observa que dicha entidad no tuvo participación fáctica en los hechos” (Fl.
56, C. 1. Rad.: 200600690). Por ello, mediante memorial del 3 de mayo de 2006, los accionantes
“desistieron de la demanda respecto de la Rama Judicial” (Fl. 57 y 58, C. 1. Rad.: 200600690).
Posteriormente, mediante auto del 23 de octubre de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
admitió la demanda únicamente frente a “La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía
Nacional, la Nación – Fiscalía General de la Nación y Departamento Administrativo de Seguridad DAS”
(Fl. 204, C. 1. Rad.: 200600690).
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Indica que el 29 de diciembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de Bogotá impuso medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en contra del señor Castaño Galeano por ser presunto coautor de los delitos
de rebelión y desplazamiento forzado.
Manifiesta que, mediante Resolución del 5 de marzo de 2004, el ente instructor
precluyó la investigación adelantada en contra del procesado por los delitos de rebelión
y desplazamiento forzado, porque no existía mérito probatorio para comprometer su
responsabilidad penal.
Los demandantes consideran que la privación de la libertad de Fabio Alonso Castaño
Galeano fue injusta, puesto que: i) fue capturado sin una orden judicial previa; ii)
existieron tratos crueles, degradantes e inhumanos durante su captura; y, iii) se
precluyó la investigación adelantada en su contra porque no existían pruebas para
comprometer su responsabilidad penal.
2. Contestaciones
El 23 de octubre de 20093, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.
2.1. El Ejército Nacional4 se opuso a las pretensiones de la demanda. En sustento de
ello, propuso como excepción la de falta de competencia por razón del territorio, por
cuanto los hechos se presentaron en Cartagena del Chairá (Caquetá). Además,
argumentó que el daño devino de las actuaciones surtidas por la Fiscalía General de
la Nación, toda vez que fue la entidad que adelantó la investigación penal en contra de
Fabio Alonso Castaño Galeano. De otro lado, señaló que la parte demandante no
acreditó que este último haya sido víctima de tratos crueles, degradantes e inhumanos
por parte de miembros de esa institución.
3 Fl. 204, C. 1. Rad.: 200600690. Es menester poner de presente que inicialmente el proceso fue
tramitado por el Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, sin embargo, el 9 de
septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de todo lo actuado
ante esa corporación, por falta de competencia (Fl. 199 y 200, C. 1. Rad.: 200600690).
4 Fl. 213 a 223, C. 1. Rad.: 200600690.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
2.2. El DAS5 señaló que se limitó a rendir el informe No. 399 del 7 de septiembre de
2003, el cual se fundamentó en información brindada por varias personas, que
señalaban la presunta participación de Fabio Alonso Castaño Galeano en actividades
delictivas realizadas por las FARC. En ese sentido, argumentó que fue la Fiscalía
General de la Nación la que vinculó al señor Castaño Galeano a una investigación
penal y le impuso medida de aseguramiento con base en un informe de Policía Judicial.
Propuso como excepción la de “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
2.3. La Fiscalía General de la Nación6 sostuvo que sus actuaciones se surtieron con
estricto apego a sus funciones constitucionales y legales, sin que pueda alegarse una
actuación arbitraria, injusta o ilegal que derivaran en una falla en el servicio.
Adicionalmente, aseveró que la medida privativa de la libertad se fundó en los informes
emitidos por el DAS. Formuló como excepciones las que denominó “falta de
legitimación en la causa por pasiva” y “culpa exclusiva de un tercero”.
2.4. La Policía Nacional y el ministerio público guardaron silencio.
Expediente 200600718
1. Demanda
El 3 de marzo de 20067, Manuel Antonio Tobar Góngora, John Fredy Tobar Bergaño y
María Eneried Bergaño Lamprea, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la
acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional - la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación,
la Rama Judicial8 y el DAS, por los perjuicios ocasionados por los tratos crueles,
5 Fl. 231 a 240, C. 1. Rad.: 200600690.
6 Fl. 246 a 265, C. 1. Rad.: 200600690.
7 Fl. 4 a 45, C. 1. Rad.: 200600718.
8 Es menester poner de presente que mediante auto del 5 de abril de 2006, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca inadmitió la demanda y solicitó a la parte demandante “explicar las razones por las
cuales vincula como ente demandado a la Nación – representada por la Rama Judicial, dado que una
vez revisada la actuación se observa que dicha entidad no tuvo participación fáctica en los hechos” (Fl.
48, C. 1. Rad.: 200600718). Por ello, mediante memorial del 3 de mayo de 2006, los accionantes
“desistieron de la demanda respecto de la Rama Judicial” (Fl. 49 y 50, C. 1. Rad.: 200600718).
Posteriormente, mediante auto del 6 de agosto de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
inhumanos y degradantes que padeció Manuel Antonio Tobar Góngora y por la
privación de la libertad de la que este fue objeto.
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a las entidades
accionadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los
demandantes; por “la violación de derechos fundamentales a la libertad, a la integridad
personal y dignidad humana, al buen nombre y honor, a la familia y al debido proceso”,
250 SMLM para cada uno de los accionantes; por daño a la vida de relación, 100
SMLMV para cada demandante; por daño emergente, la suma de $8.000.000, sin
indicar el beneficiario; y por lucro cesante, la suma de $9.987.379 a Manuel Antonio
Tobar Góngora. Asimismo, como medida no pecuniaria, solicita que las demandadas
realicen un acto conmemorativo público de reconocimiento de responsabilidad y de
disculpas a los demandantes y a la comunidad de Cartagena del Chairá por la
detención masiva y arbitraria acaecida el 7 de septiembre de 2003.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 7 de septiembre de
2003, el DAS en coordinación con el Ejército Nacional desarrollaron la operación
“Conquista del Chairá” en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), en la cual
resultó detenido Manuel Antonio Tobar Góngora.
Señala que, luego de su captura fue trasladado por las autoridades con los ojos
vendados a una base militar ubicada en Florencia, Caquetá.
Indica que el 29 de diciembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de Bogotá impuso medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en contra de Manuel Antonio Tobar Góngora por ser presunto coautor de
los delitos de rebelión y desplazamiento forzado.
Manifiesta que, mediante Resolución del 5 de marzo de 2004, el ente instructor
precluyó la investigación adelantada en contra de Manuel Antonio Tobar Góngora por
admitió la demanda únicamente frente a “La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía
Nacional, la Nación – Fiscalía General de la Nación y Departamento Administrativo de Seguridad DAS”.
(Fl. 1033, C. Ppal. Rad.: 200600718).
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
los delitos de rebelión y desplazamiento forzado, porque no existía mérito probatorio
para comprometer su responsabilidad penal.
Los demandantes consideran que la privación de la libertad de Manuel Antonio Tobar
Góngora fue injusta, puesto que: i) fue capturado sin una orden judicial previa; ii)
existieron tratos crueles, degradantes e inhumanos durante su captura; y, iii) se
precluyó la investigación adelantada en su contra porque no existían pruebas para
comprometer su responsabilidad penal.
2. Contestaciones
El 6 de agosto de 20099, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.
2.1. El Ejército Nacional10 manifestó que no ocasionó un daño antijurídico a los
demandantes, toda vez que no existe prueba que acredite que Manuel Antonio Tobar
Góngora fue víctima de tratos crueles e inhumanos por parte de uniformados de esa
entidad. Propuso como excepción la que denominó “falta de competencia por razón
del territorio”, en tanto los hechos se presentaron en Cartagena del Chairá, Caquetá.
2.2. El DAS11 se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que su actuación
se ajustó a lo establecido en los artículos 314 y 316 del Código de Procedimiento
Penal, frente a las labores previas de verificación por parte de la Policía Judicial.
Además, sostuvo que los informes que rindió carecen de valor probatorio, pues
constituyen únicamente un criterio auxiliar. Por ello, formuló como excepción la de
“falta de legitimación en la causa por pasiva”.
2.3. La Fiscalía General de la Nación12 se opuso a las pretensiones de la demanda
alegando que sus actuaciones se adelantaron de conformidad con lo dispuesto en el
9 Fl. 1033, C. Ppal. Rad.: 69071. Es menester poner de presente que inicialmente el proceso fue
tramitado por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, sin embargo, el 30 de junio
de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de todo lo actuado ante esa
corporación, por falta de competencia (Fl. 1029 y 1030, C. Ppal. Rad.: 69071).
10 Fl. 1057 a 1073, C. Ppal. Rad.: 69071.
11 Fl. 1038 a 1051, C. Ppal. Rad.: 69071.
12 Fl. 1081 a 1096, C. 1. Rad.: 69071.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
artículo 250 de la Constitución Nacional y en atención a los informes rendidos por el
DAS. Como excepción formuló la de “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
2.4. La Policía Nacional y el ministerio público guardaron silencio.
Expediente 200601375
1. Demanda
El 16 de junio de 200613, Hebert Tamayo Castillo, en nombre propio y representación
de Oscar Mauricio Tamayo Patiño, Leidy Yanebi Tamayo Patiño y Gerson Alexis
Tamayo Suaza; Martha Diva Patiño Castaño y Rufina Castillo de Tamayo, mediante
apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron
demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional - Policía
Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el DAS, por los perjuicios ocasionados por
los tratos crueles, inhumanos y degradantes que padeció Hebert Tamayo Castillo y por
la privación de la libertad de la que este fue objeto.
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a las entidades
accionadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los
demandantes; por “la violación de derechos fundamentales a la libertad, a la integridad
personal y dignidad humana, al buen nombre y honor, a la familia y al debido proceso”,
100 SMLM para cada uno de los accionantes; por daño a la vida de relación, 100
SMLMV para cada demandante; por daño emergente, la suma de $10.000.000, sin
indicar el beneficiario; y por lucro cesante, la suma de $21.035.713 a Hebert Tamayo
Castillo. Asimismo, como medida no pecuniaria, solicita que las demandadas realicen
un acto conmemorativo público de reconocimiento de responsabilidad y de disculpas
a los demandantes y a la comunidad de Cartagena del Chairá por la detención masiva
y arbitraria acaecida el 7 de septiembre de 2003.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 7 de septiembre del
2003, en desarrollo de la operación “Conquista del Chairá” realizada por el DAS en
13 Fl. 4 a 46, C. 1. Rad.: 200601375.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
coordinación con el Ejército Nacional en el municipio de Cartagena del Chairá
(Caquetá), resultó detenido Hebert Tamayo Castillo.
Señala que, luego de su captura el señor Tamayo Castillo fue trasladado con los ojos
vendados a una base militar ubicada en Florencia, Caquetá.
Indica que el 29 de diciembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de Bogotá impuso medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en contra de Hebert Tamayo Castillo por ser presunto coautor de los delitos
de rebelión y desplazamiento forzado.
Aduce que, mediante Resolución del 5 de marzo de 2004, el ente instructor precluyó
la investigación adelantada en contra del procesado por el delito de desplazamiento
forzado y lo acusó por el delito de rebelión.
Manifiesta que, mediante proveído del 9 de junio de 2004, la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Superior de Bogotá revocó la acusación formulada en contra de Hebert
Tamayo Castillo y precluyó la investigación adelantada en su contra por el delito de
rebelión, porque no existía mérito probatorio para comprometer su responsabilidad
penal.
Los demandantes consideran que la privación de la libertad de Hebert Tamayo Castillo
fue injusta, puesto que: i) fue capturado sin una orden judicial previa; ii) existieron tratos
crueles, degradantes e inhumanos durante su captura; y, iii) se precluyó la
investigación adelantada en su contra porque no existían pruebas para comprometer
su responsabilidad penal.
2. Contestaciones
El 12 de junio de 200614, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.
14 Fl. 49 y 50, C. 1. Rad.: 200601375. Es menester precisar que si bien el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda contra “La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional –
Policía Nacional – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación – Departamento Administrativo de
10
Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
2.1. El Ejército Nacional15 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando
que los actores no demostraron que Hebert Tamayo Castillo fue víctima de tratos
crueles por parte de miembros de esa institución.
2.2. La Policía Nacional16 sostuvo que no tuvo injerencia en la causación del daño
antijurídico alegado en la demanda, por cuanto no ejerció ninguna actuación
relacionada con la detención de Hebert Tamayo Castillo. Aseguró que el daño devino
de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación. Formuló como
excepciones las que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “de la
carga pública”, “ineptitud sustantiva de la demanda”, “cobro de lo no debido” y “hecho
exclusivo y determinante de un tercero”.
2.3. El DAS17 indicó que sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de un deber
constitucional, al tratarse de la Policía Judicial. Además, señaló que participó en el
operativo, toda vez que existían previas ordenes de allanamiento y de detención.
Propuso como excepciones las de “ausencia de elementos objetivos necesarios para
reclamar responsabilidad” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
2.4. La Fiscalía General de la Nación18 sostiene que sus actuaciones estuvieron
ajustadas a derecho, toda vez que la medida de aseguramiento impuesta en contra de
Hebert Tamayo Castillo tuvo asidero en pruebas legalmente recaudadas durante la
investigación, en especial en testimonios e informes del DAS. Formuló como
excepciones las que denominó “inexistencia de falla en las actividades de la Fiscalía
General de la Nación” y “falta de causa para demandar”.
2.5. El ministerio público guardó silencio.
Seguridad DAS”, lo cierto es que el escrito de la demanda no iba dirigido contra la Nación - Rama
Judicial. Con todo, se evidencia que mediante auto del 12 de agosto de 2009, el Tribunal a quo avocó
el conocimiento de la demanda contra “La Nación – Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional,
Departamento Administrativo de Seguridad, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional” (Fl. 279 a 285,
C. 1. Rad.: 200601375).
15 Fl. 89 a 100, C. 1. Rad.: 200601375.
16 Fl. 113 a 115, C. 1. Rad.: 200601375.
17 Fl. 135 a 138, C. 1. Rad.: 200601375.
18 Fl. 116 a 124, C. 1. Rad.: 200601375.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Expediente 200601376
1. Demanda
El 16 de junio de 200619, José Manuel Buenaventura Lozano, en nombre propio y
representación de Daniela Andrea Buenaventura Rojas, Faiber Buenaventura Rojas,
Diana Carolina Buenaventura Álvarez, Manuel Fernando Buenaventura Rojas y Diego
Buenaventura Álvarez; Rubiela Álvarez Santofimio, Luis Alberto Buenaventura Lozano
y Luis Alberto Buenaventura Gómez, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la
acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional - Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el
DAS, por los perjuicios ocasionados por los tratos crueles, inhumanos y degradantes
que padeció José Manuel Buenaventura Lozano y por la privación de la libertad de la
que este fue objeto.
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a las entidades
accionadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los
demandantes; por “la violación de derechos fundamentales a la libertad, a la integridad
personal y dignidad humana, al buen nombre y honor, a la familia y al debido proceso”,
100 SMLM para cada uno de los accionantes; por daño a la vida de relación, 100
SMLMV para cada demandante; por daño emergente, la suma de $10.000.000, sin
indicar el beneficiario; y por lucro cesante, la suma de $15.807.343 a José Manuel
Buenaventura Lozano. Asimismo, como medida no pecuniaria, solicita que las
demandadas realicen un acto conmemorativo público de reconocimiento de
responsabilidad y de disculpas a los demandantes y a la comunidad de Cartagena del
Chairá por la detención masiva y arbitraria acaecida el 7 de septiembre de 2003.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 7 de septiembre de
2003, en desarrollo de la operación “Conquista del Chairá” realizada por el DAS en
coordinación con el Ejército Nacional en el municipio de Cartagena del Chairá
(Caquetá), resultó detenido José Manuel Buenaventura Lozano.
19 Fl. 5 a 48, C. 1. Rad.: 200601376.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Señala que, luego de su captura el señor Buenaventura Lozano fue trasladado con los
ojos vendados a una base militar ubicada en Florencia, Caquetá.
Indica que el 29 de diciembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de Bogotá impuso medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en contra de José Manuel Buenaventura Lozano por ser presunto coautor
de los delitos de rebelión y desplazamiento forzado.
Aduce que, mediante Resolución del 5 de marzo de 2004, el ente instructor precluyó
la investigación adelantada en contra del procesado por el delito de desplazamiento
forzado y lo acusó por el delito de rebelión.
Manifiesta que, mediante proveído del 9 de junio de 2004, la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Superior de Bogotá revocó la acusación formulada en contra de José Manuel
Buenaventura Lozano y precluyó la investigación adelantada en su contra por el delito
de rebelión, porque no existía mérito probatorio para comprometer su responsabilidad
penal.
Los demandantes consideran que la privación de la libertad de José Manuel
Buenaventura Lozano fue injusta, puesto que: i) fue capturado sin una orden judicial
previa; ii) existieron tratos crueles, degradantes e inhumanos durante su captura; y, iii)
se precluyó la investigación adelantada en su contra porque no existían pruebas para
comprometer su responsabilidad penal.
2. Contestaciones
El 23 de octubre de 200920, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.
20 Fl. 306, C. 1. Rad.: 200601376. Es menester poner de presente que inicialmente el proceso fue
tramitado por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, sin embargo, el 22 de julio
de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de todo lo actuado ante esa
corporación, por falta de competencia (Fl. 188 y 189, C. 1. Rad.: 200601376).
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
2.1. El Ejército Nacional21 adujo que no participó en la elaboración de los informes del
DAS ni en la captura de José Manuel Buenaventura Lozano. En esa línea, manifestó
que únicamente prestó sus instalaciones para que las personas retenidas fueran
albergadas mientras eran puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
2.2. El DAS22 indicó que rindió informe de Policía Judicial que daba cuenta de la
presunta participación de José Manuel Buenaventura Lozano en actividades delictivas
realizadas por las FARC, sin embargo, afirmó que fue la Fiscalía General de la Nación
la que lo vinculó a una investigación penal y le impuso medida de aseguramiento. Por
ello, propuso como excepción la de “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
2.3. La Fiscalía General de la Nación23 señaló que actuó en atención a las normas
constitucionales y legales que le imponen la obligación de ejercer la acción penal.
Adicionalmente, refirió que la medida preventiva satisfizo los requisitos establecidos
en el Código de Procedimiento Penal. Formuló como excepciones las de “falta de
legitimación en la causa por pasiva” y “culpa exclusiva de un tercero”
2.4. La Policía Nacional y el ministerio público guardaron silencio.
Expediente 200700484
1. Demanda
El 24 de agosto de 200724, Leonardo Castaño Arenas, en nombre propio y
representación de José Leonardo Castaño Ceballos, Arquimedez Castaño Ceballos,
Blanca Nydia Ceballos Martínez, Shirley Castaño Ceballos y María Asenet Castaño
Ceballos, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional - Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el
DAS, por los perjuicios ocasionados por los tratos crueles, inhumanos y degradantes
21 Fl. 329 a 336, C. 1. Rad.: 200601376.
22 Fl. 316 a 323, C. 1. Rad.: 200601376.
23 Fl. 344 a 363, C. 1. Rad.: 200601376.
24 Fl. 1 a 47, C. 1. Rad.: 200700484.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
que padeció Leonardo Castaño Arenas y por la privación de la libertad de la que este
fue objeto.
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a las entidades
accionadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los
demandantes; por “la violación de derechos fundamentales a la libertad, a la integridad
personal y dignidad humana, al buen nombre y honor, a la familia y al debido proceso”,
250 SMLM para cada uno de los accionantes; por daño a la vida de relación, 100
SMLMV para cada demandante; por daño emergente, la suma de $20.030.000, sin
indicar el beneficiario; y por lucro cesante, la suma de $25.011.923 a Leonardo
Castaño Arenas. Asimismo, como medida no pecuniaria, solicita que las demandadas
realicen un acto conmemorativo público de reconocimiento de responsabilidad y de
disculpas a los demandantes y a la comunidad de Cartagena del Chairá por la
detención masiva y arbitraria acaecida el 7 de septiembre de 2003.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 7 de septiembre de
2003, en desarrollo de la operación “Conquista del Chairá” realizada por el DAS en
coordinación con el Ejército Nacional en el municipio de Cartagena del Chairá
(Caquetá), resultó detenido Leonardo Castaño Arenas.
Señala que, luego de su captura fue trasladado con los ojos vendados a una base
militar ubicada en Florencia, Caquetá.
Indica que el 29 de diciembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de Bogotá impuso medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en contra de Leonardo Castaño Arenas por ser presunto coautor de los
delitos de rebelión y desplazamiento forzado.
Aduce que, mediante Resolución del 5 de marzo de 2004, el ente instructor precluyó
la investigación adelantada en contra del procesado por el delito de desplazamiento
forzado y lo acusó por el delito de rebelión.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Manifiesta que, mediante proveído del 9 de junio de 2004, la Fiscalía decretó la nulidad
parcial desde la resolución que ordenó cerrar la investigación frente a Leonardo
Castaño Arenas.
Concluye que, mediante proveído del 31 de agosto de 2005, la Fiscalía Delegada ante
los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá precluyó la investigación
adelantada en contra de Leonardo Castaño Arenas por el delito de rebelión, porque no
existía mérito probatorio para comprometer su responsabilidad penal.
Los demandantes consideran que la privación de la libertad de Leonardo Castaño
Arenas fue injusta, puesto que: i) fue capturado sin una orden judicial previa; ii)
existieron tratos crueles, degradantes e inhumanos durante su captura; y, iii) se
precluyó la investigación adelantada en su contra porque no existían pruebas para
comprometer su responsabilidad penal.
2. Contestaciones
El 15 de octubre de 200925-26, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.
2.1. El Ejército Nacional27 manifestó que no tuvo injerencia alguna en la captura y
reclusión de Leonardo Castaño Arenas. Destacó que su única actuación fue prestar
sus instalaciones para que “las personas retenidas fueran albergadas mientras se
colocaban a disposición de la Fiscalía General de la Nación”. Propuso como excepción
la que denominó “indebida legitimación por pasiva”.
25 Fl. 252 y 253, C. 1. Rad.: 200700484. Es menester poner de presente que inicialmente el proceso fue
tramitado por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, sin embargo, el 10 de
septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de todo lo actuado
ante esa corporación, por falta de competencia (Fl. 246 a 249, C. 1. Rad.: 200700484).
26 Se advierte que si bien la demanda se digirió contra “La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional – Policía Nacional – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación – Departamento
Administrativo de Seguridad DAS”, lo cierto es que el Tribunal a quo admitió la demanda únicamente
respecto del “Departamento Administrativo de Seguridad, Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación”.
27 Fl. 288 a 296, C. 1. Rad.: 200700484.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
2.2. La Policía Nacional28 expresó que no ejerció ninguna actuación relacionada con
la detención de Leonardo Castaño Arenas, sumado a que los hechos descritos en la
demanda no permiten establecer la falla del servicio a su cargo. Propuso como
excepción la de “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
2.3. El DAS29 señaló que el daño alegado por los demandantes devino de labores
adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, pues fue quien vinculó a Leonardo
Castaño Arenas a una investigación penal y le impuso medida de aseguramiento. Por
ello, formuló como excepción la de “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
2.4. La Fiscalía General de la Nación30 sostuvo que sus actuaciones se surtieron con
estricto apego a sus funciones constitucionales y legales, sin que pueda alegarse una
actuación arbitraria, injusta o ilegal que derivaran en una falla en el servicio. De otro
lado, aseveró que la medida privativa de la libertad se fundó en los informes emitidos
por el DAS y en la información aportada por testigos. Formuló como excepciones las
de “culpa exclusiva de un tercero” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
2.5. El ministerio público guardó silencio.
3. Acumulación de procesos
Mediante auto del 24 de mayo de 201231, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
ordenó acumular los procesos de reparación directa con radicado 200601375,
200601376, 200600690 y 200700484, al proceso que se tramitaba con el número de
radicado 200600718.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 27 de octubre de 202132 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
28 Fl. 326 a 328, C. 1. Rad.: 200700484.
29 Fl. 307 a 318, C. 1. Rad.: 200700484.
30 Fl. 268 a 287, C. 1. Rad.: 200700484.
31 Fl. 1260 a 1262, C. Ppal. Rad.: 69071.
32 Índice 197, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
4.1. Los demandantes33, la Policía Nacional34 y la Fiduprevisora S.A.35 (vocera del PAR
Fiduprevisora S.A. y defensa jurídica del extinto DAS y su fondo rotatorio), reiteraron
los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta,
respectivamente.
4.2. El Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el ministerio público
guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 9 de febrero de 202236 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Rubiela Álvarez
Santofimio, Luis Alberto Buenaventura Lozano y Luis Alberto Buenaventura Gómez, y
por pasiva de la Rama Judicial. Seguidamente, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al constatar que la privación de la libertad de Fabio
Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo,
José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas fue injusta, toda vez
que: i) no medió orden de captura previa a la detención de los procesados; ii) la medida
de aseguramiento impuesta en su contra no cumplió con los requisitos mínimos
exigidos por el artículo 356 de la Ley 600 de 2000; y, iii) se acreditaron los tratos crueles
de que fueron víctimas durante su captura.
Al efecto, frente a la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía General de la
Nación sostuvo que: “La Sala considera que los informes de policía judicial emitidos
por el DAS no eran suficientes para establecer los indicios de responsabilidad penal
contra los demandantes Hebert Tamayo Castillo, Manuel Antonio Tobar Góngora,
Fabio Alonso Castaño Galeano, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo
Castaño Arenas, en la medida que el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, establece
que los informes de policía judicial no tienen valor de testimonio y mucho menos
pueden representar indicios, por lo cual correspondía al ente acusador, previo a la
33 Índice 207, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
34 Índice 203, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
35 Índice 205, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
36 Índice 209, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
imposición de la medida de aseguramiento, obtener pruebas independientes y
autónomas que no se originaran del informe de inteligencia […]. Igualmente, las
declaraciones de Napoleón Santillana y Campo Elías Niño tampoco permitían construir
un indicio grave de responsabilidad precisamente porque sus declaraciones
juramentadas fueron recepcionadas por el DAS y contenidas en el informe No. 629 del
26 de mayo del 2003, emitido por dicha entidad, las cuales, se reitera, no constituyen
prueba y tampoco indicio […]. En síntesis, se observa que la Fiscalía no contaba con
dos indicios graves de responsabilidad contra los demandantes Hebert Tamayo
Castillo, Manuel Antonio Tobar Góngora, Fabio Alonso Castaño Galeano, José Manuel
Buenaventura Lozano y Leonado Castaño Arenas, siendo entonces la medida de
aseguramiento impuesta en su contra ostensiblemente ilegal, al no contar con dos
indicios graves de la comisión de los punibles. De acuerdo con lo anterior, teniendo en
cuenta la competencia formal de la Fiscalía para emitir la orden de captura y la
imposición de la medida de aseguramiento, y como dicha medida resultó ilegal, habrá
de declararse la responsabilidad administrativa y patrimonial de la demandada Fiscalía
General de la Nación. Resulta de suma relevancia precisar que no le asiste
responsabilidad por la privación injusta de la libertad a la Rama Judicial, en la medida
que, como ya se explicó, en vigencia de la Ley 600 del 2000, norma procedimental
penal aplicada a la investigación penal No. 59.556, la imposición de la medida de
aseguramiento residía en el ente acusador y no en los jueces, contrario a lo que ocurre
en la Ley 906 del 2004, en la que la medida de aseguramiento reviste el carácter de
acto complejo y mixto, al ser peticionado por la Fiscalía y resuelto por el Juez de
Control de Garantías, por lo cual la Sala declarará la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Rama Judicial”.
De otro lado, frente a la captura de los procesados, consideró que “De acuerdo a los
medios suasorios obrantes en el expediente, la Fiscalía emitió las órdenes de captura
contra Hebert Tamayo Castillo, Manuel Antonio Tobar Góngora, Fabio Alonso Castaño
Galeano, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonado Castaño Arenas el 7 de
septiembre del 2003, es decir, el mismo día en que se hizo efectiva su captura en el
municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá) […] circunstancia que permite evidenciar
que primero se realizó el operativo de captura en el municipio de Cartagena del Chairá,
como se consignó en el informe No. 399, y posteriormente y en sustento de aquél
informe, la Fiscalía expidió las órdenes de captura en su contra ese mismo día, a saber,
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
el 7 de septiembre del 2003. Advertido lo anterior, se observa una flagrante violación
al artículo 350 de la Ley 600 del 2000 que establece que la orden de captura debe
constar por escrito, contener la información necesaria para identificar o individualizar
al imputado y la razón de la captura, es decir, la orden de captura debe ser previa a la
detención […]. En este caso, se llevó a cabo la detención de los demandantes en
Cartagena del Chairá sin una orden de captura previa, incluso sus datos de
individualización fueron consignados en las órdenes de captura cuando ya se
encontraban privados de la libertad, tratándose de un actuar arbitrario e ilegal […]. En
síntesis, teniendo en cuenta que el DAS, el Ejército Nacional y la Policía Nacional
ejecutaron la detención el 7 de septiembre del 2003 de los demandantes sin que
mediara una orden de captura previa, y en ejecución de una retención abiertamente
ilegal y arbitraria, al margen de lo que la normatividad permite e incurriendo en una
falla del servicio, la Sala debe declarar a dichas entidades administrativamente
responsables de la privación arbitraria de libertad de que fueron víctimas los
demandantes”.
Por último, frente a los tratos crueles alegados en las demandas indicó que “la Sala
evidencia que aquella no le resulta imputable a la Fiscalía, cuya responsabilidad se
predica por la privación injusta de la libertad, sino al Ejército Nacional, en la medida en
que siendo una de las entidades que participó en la detención ocurrida el 7 de
septiembre del 2003 y habiendo efectuado la custodia de los detenidos en el Batallón
‘Héroes del Guepí’ […] los militares procedieron a vendarles los ojos durante
aproximadamente dos horas, tal y como lo evidenció Manuel Antonio Moreno Zapata
[…] Es así que, pese a las actas de buen trato suscritas el 8 de septiembre del 2003
por Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, José Manuel
Buenaventura Lozano, Hebert Tamayo Castillo, Leonardo Castaño y Manuel Antonio
Moreno Zapata, lo cierto es que aquellas personas fueron objeto de tratos crueles, al
ser vendados sus ojos mientras se encontraban en custodia de fuerzas militares del
Estado, produciendo de tal forma incertidumbre, un estado de indefensión, estrés
emocional, así como la alteración de su percepción frente a lo que ocurría y podía
ocurrir al encontrarse su sentido de la vista inhabilitado […]. Finalmente, la Sala debe
precisar que la responsabilidad en el presente caso por los malos tratos sufridos por
los demandantes se encuentra únicamente a cargo del Ejército Nacional, pues se
acreditó que los tratos crueles sufridos por aquellos fueron desplegados por
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
integrantes del Ejército Nacional, quienes teniendo su custodia en el Batallón ‘Héroes
del Guepí’, procedieron a privarlos temporalmente de su sentido de la vista,
vendándoles los ojos, procedimiento cuestionable que se extendió hasta su transporte
en el helicóptero que los trasladaría a Bogotá”.
En la parte resolutiva, el a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación, al Ejército
Nacional, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (en
calidad de sucesora procesal del DAS), en las siguientes proporciones 30% (Fiscalía
General de la Nación), 30% (Ejército Nacional), 20% (Policía Nacional) y 20% (Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado), a pagar a favor de los demandantes dentro
de los procesos No. 200601375, No. 200601376 y No. 200600690, por concepto de
perjuicios morales, la suma de 1.260 SMLMV, discriminados así:
21
Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Adicionalmente, condenó en abstracto y solidariamente a la Fiscalía General de la
Nación, al Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en las mismas proporciones arriba discriminadas, al pago de
perjuicios morales dentro de los procesos No. 200600718 y No. 200700484, en favor
de los siguientes demandantes:
De otro lado, condenó solidariamente a la Fiscalía General de la Nación, al Ejército
Nacional, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
proporción del 30% (Fiscalía General de la Nación), 30% (Ejército Nacional), 20%
(Policía Nacional) y 20% (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado), a pagar
a favor de los demandantes dentro de los procesos No. 200601375, No. 200601376 y
No. 200600690, por concepto de lucro cesante, la suma de $18.633.734,38 a Hebert
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Tamayo Castillo; la suma de $15.807.343 a José Manuel Buenaventura Lozano; y la
suma de $5.787.928 a Fabio Alonso Castaño Galeano.
Asimismo, condenó en abstracto única y exclusivamente a la Fiscalía General de la
Nación, al pago del lucro cesante padecido por Manuel Antonio Tobar Góngora y
Leonardo Castaño Arenas, dentro de los procesos No. 200600718 y No. 200700484,
respectivamente.
Igualmente, condenó en abstracto y solidariamente a la Fiscalía General de la Nación,
al Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en las proporciones arriba referidas, por concepto de los perjuicios
ocasionados a título de daño emergente dentro de los procesos No. 200601375 y No.
200700484, consistentes en gastos de transporte.
Por último, como medidas de reparación no pecuniarias derivadas de vulneraciones o
afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados, el a quo ordenó a la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la
Policía Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizar un
evento público de disculpas y reconocimiento de responsabilidad en el municipio de
Cartagena del Chairá por la detención masiva y arbitraria acaecida el 7 de septiembre
del 2003 y la privación ilegal de la libertad de los señores Manuel Antonio Tobar
Góngora, José Manuel Buenaventura Lozano, Leonardo Castaño Arenas, Fabio
Alonso Castaño Galeano y Hebert Tamayo Castillo.
6. Recursos de apelación
El 237, 538, 639 y 940 de mayo de 2022, la Fiscalía General de la Nación, la parte actora,
la Policía Nacional y la Fiduprevisora S.A., respectivamente, interpusieron recursos de
apelación, los cuales fueron concedidos el 29 de agosto de 202241 y admitidos el 4 de
37 Índice 212, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
38 Índice 213, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
39 Índice 214, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
40 Índice 215, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
41 Índice 228, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
agosto de 202342. Es menester poner de presente que el 10 de mayo de 202243 el
Ejército Nacional presentó recurso de apelación, sin embargo, el 30 de marzo de 202344
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró desierto el mismo ante la ausencia
de su apoderado en la audiencia de conciliación celebrada en esa fecha.
6.1. La parte actora45 solicitó reconocer perjuicios a Rubiela Álvarez Santofimio, Luis
Alberto Buenaventura y Luis Alberto Buenaventura Gómez, pese a que no acreditaron
su parentesco con José Manuel Buenaventura Lozano. Lo anterior, en aras de
garantizar su derecho de acceso a la administración de justicia, en tanto no pudieron
aportar los registros civiles de nacimiento por circunstancias propias de la época y de
los espacios geográficos.
6.2. La Policía Nacional46 argumentó que el daño no le es imputable, toda vez que no
fue la autoridad judicial que determinó la vinculación de los procesados, legalizó su
captura y los privó de la libertad.
6.3. La Fiduprevisora S.A.47 manifestó que los accionantes no demostraron que su
captura se adelantó sin orden judicial. Señaló que a pesar de ello, el Tribunal a quo
dio por sentada esta situación con las manifestaciones realizadas por los procesados
en sus indagatorias, las cuales no tienen valor probatorio. Con todo, solicitó que en
caso de hallarse probada la responsabilidad del extinto DAS, se limite la condena a
los días que permanecieron privados de la libertad las víctimas sin orden previa.
Finalmente, consideró que los perjuicios pretendidos por lo actores no se probaron en
el proceso.
6.4. La Fiscalía General de la Nación48 manifestó que no causó un daño antijuridico a
los demandantes, pues su actuar estuvo amparado en las disposiciones sustanciales
y formales que regían el procedimiento penal. Además, indicó que la medida de
aseguramiento impuesta se fundamentó en la existencia de indicios graves de
42 Índice 17, Samai del Consejo de Estado.
43 Índice 216, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
44 Índice 249, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
45 Índice 213, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
46 Índice 214, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
47 Índice 215, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
48 Índice 212, Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
responsabilidad en contra de los procesados que obedecieron a los informes rendidos
por el DAS. Asimismo, advirtió que el daño que se generó por haber detenido a los
procesados sin una orden de captura previa, era imputable única y exclusivamente al
DAS, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, pues fueron las entidades que
adelantaron dicho procedimiento.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 8 de mayo de 202449 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar
de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7.1. La parte accionante50, el Ejercito Nacional51, la Policía Nacional52, la Fiduprevisora
S.A.53 y la Fiscalía General de la Nación54, reiteraron los argumentos expuestos en el
trámite de primera instancia y en su recurso de apelación.
7.2. El ministerio público55 solicitó confirmar el fallo de primera instancia al considerar
que los entes demandados ocasionaron un daño antijurídico a Fabio Alonso Castaño
Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel
Buenaventura Lozano, Leonardo Castaño Arenas y sus núcleos familiares, porque se
quebrantó el ordenamiento jurídico con el decreto infundado de la medida de
aseguramiento en su contra, así como en el desarrollo del operativo que terminó con
su captura ilegal y los vejámenes sufridos por las víctimas durante ese procedimiento.
III. CUESTIÓN PREVIA
Se observa que a través de memorial allegado el 1º de julio de 202556, la apoderada
María del Pilar Silva Garay informó del fallecimiento de la demandante Rufina Castillo
de Tamayo, a su vez, solicitó se les reconociera como sucesores procesales de la
demandante referida a sus hijos, Arcadio Tamayo Castillo, Dioselina Tamayo Castillo,
49 Índice 50, Samai del Consejo de Estado.
50 Índice 61, Samai del Consejo de Estado.
51 Índice 63, Samai del Consejo de Estado.
52 Índice 58, Samai del Consejo de Estado.
53 Índice 60, Samai del Consejo de Estado.
54 Índice 64, Samai del Consejo de Estado.
55 Índice 65, Samai del Consejo de Estado.
56 Archivo “316Solicituddesucesio”, índice 99, Samai del Consejo de Estado.
25
Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Dora Celis Tamayo Castillo, Edith Tamayo Castillo, Eliecer Tamayo Castillo, Luz
Marina Tamayo Castillo, María Alicia Tamayo Castillo, Misael Tamayo Castillo y
Rubdeli Tamayo Castillo.
Asimismo, en memorial allegado57 en la misma fecha, la apoderada María del Pilar
Silva Garay informó del fallecimiento del demandante Hebert Tamayo Castillo y solicitó
se les reconociera como sucesores procesales a su cónyuge Martha Diva Patiño
Castaño y a sus hijos Oscar Mauricio Tamayo Patiño, Leidy Yanebi Tamayo Patiño,
Gerson Alexis Tamayo Suaza y Samuel David Tamayo Montiel.
Descendiendo al análisis de las solicitudes de sucesión procesal, el Despacho observa
que se aportó el registro civil de defunción58 de la señora Rufina Castillo de Tamayo,
con fecha del 12 de junio de 2021 y, a su vez, se solicitó el reconocimiento como
sucesores procesales en condición de hijos de Arcadio Tamayo Castillo, Dioselina
Tamayo Castillo, Dora Celis Tamayo Castillo, Edith Tamayo Castillo, Eliecer Tamayo
Castillo, Luz Marina Tamayo Castillo, María Alicia Tamayo Castillo, Misael Tamayo
Castillo y Rubdeli Tamayo Castillo, para lo cual se allegaron sus registros civiles de
nacimiento59.
Igualmente, se allegó el registro civil de defunción60 del señor Hebert Tamayo Castillo,
con fecha del 5 de septiembre de 2020 y, a su vez, se solicitó el reconocimiento como
sucesores procesales en condición de cónyuge de Martha Diva Patiño Castaño y de
hijos de Oscar Mauricio Tamayo Patiño, Leidy Yanebi Tamayo Patiño, Gerson Alexis
Tamayo Suaza y Samuel David Tamayo Montiel, para lo cual se allegaron sus registros
civiles de nacimiento y de matrimonio61.
En ese orden de ideas, se encuentra debidamente probado que en este caso los
solicitantes corresponden a los hijos de la demandante fallecida, y a la cónyuge e hijos
del demandante fallecido, razón por la cual, al tenor de lo previsto en el artículo 60 del
Código de Procedimiento Civil, se les reconocerá como sucesores procesales, sin que
57 Archivo “318Solicituddesucesio”, índice 99, Samai del Consejo de Estado.
58 Archivo “321Registroscivilessu”, índice 99, Samai del Consejo de Estado.
59 Ibid.
60 Archivo “319Registroscivilessu”, índice 99, Samai del Consejo de Estado.
61 Ibid.
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ello obste para desconocer los derechos de los demás herederos que pudiesen existir
en la sucesión de la señora Rufina Castillo y del señor Hebert Tamayo Castillo.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 9 de febrero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
7362 de la Ley 270 de 1996 y 12963 y 13264 numeral 6 del Código Contencioso
Administrativo.
2. Acción procedente
La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho,
omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un
contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8665 del Código
Contencioso Administrativo.
62 “Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los
artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al
procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el
Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”.
63 “Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en
Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se
conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión”.
64 “Artículo 132. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación
directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”.
65 Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la
reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra
causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o
hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o
ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por
la actuación de un particular o de otra entidad pública.”
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En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se
reclama la reparación de unos daños provenientes de hechos imputables a la
administración de justicia, a la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el extinto DAS.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción de reparación directa ni
la sentencia de primera instancia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta
necesario verificar si las demandas se presentaron en tiempo por cuanto se trata de
un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio66.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general67, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a
la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que,
por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento
de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código
Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido, o bien podrá
ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio
de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo- artículo 144
ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada,
conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
67 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a
través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el
derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad
jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede
derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
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controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción68, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los
órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y
concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y
estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que
estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la
figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial, en
tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso, la
caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure69 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer
algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 70, cuya
68 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la
administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción
de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…).
El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho
de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la
estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de
que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto
de derechos adquiridos”.
69 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los
sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en
que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga
procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la
posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno
procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez
debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer
determinada acción judicial”.
70 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por
la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin
que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía
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consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción de límite
temporal de la figura en comento, sin embargo opera en favor del accionado y en
contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues
implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede
proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona,
el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la
ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria
o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra,
puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la
limitación del derecho a la libertad71.
Ahora bien, en el caso sub examine la Subsección se atiene a lo resuelto en la
sentencia SU-054 de 2025 y, en ese sentido, frente a todos los daños alegados en las
demandas se tomará como inicio del término bienal para el ejercicio del derecho de
acción el momento a partir del cual quedó ejecutoriada la sentencia que puso fin al
proceso penal72. De hecho, en esa decisión se señaló: “respecto de todos los hechos
para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual
el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien
estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien,
dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a
perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
71 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia
del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del
10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716.
72 Sentencia SU-054 de 2025. “[…] 182. En criterio de la Sala Plena, la aproximación del Consejo de
Estado en este caso desconoce los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, y ello es así respecto de los cuatro hechos invocados como generadores de daño: recaudo de
pruebas falsas por parte del DAS, mora judicial en la adopción de la sentencia de primera instancia,
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estudiados [recaudo de pruebas falsas por parte del DAS, mora judicial en la adopción
de la sentencia de primera instancia, malos tratos durante la detención en la sala
transitoria del DAS y prolongación injustificada de la detención en la sala transitoria
del DAS] el término de caducidad debió contar[se] a partir del momento en el que
quedó ejecutoriada la sentencia absolutoria”.
En el caso sub examine, en los procesos de reparación directa identificados con los
números de radicado 200600690 y 200600718, se estima que el derecho de accionar
se ejerció en tiempo frente a los daños alegados en las demandas, esto es, los tratos
inhumanos, crueles y denigrantes de que fueron objeto Fabio Alonso Castaño Galeano
y Manuel Antonio Tobar Góngora durante el procedimiento de captura y la privación
injusta de su libertad, teniendo en cuenta: i) que el 25 de junio de 200473, quedó en
firme la decisión del 4 de marzo de 2004, mediante la cual la Fiscalía 21 de la Unidad
Nacional contra el Terrorismo de Bogotá precluyó la investigación adelantada en
contra de Fabio Alonso Castaño Galeano y Manuel Antonio Tobar Góngora; y ii) que
las demandas se presentaron el 1º de marzo de 200674 y 3 de marzo de 200675, esto
es, cuando aún no habían transcurrido los dos (2) años que otorga la ley procesal para
ejercer el derecho de accionar de forma oportuna.
Igualmente, respecto de los procesos de reparación directa identificados con los
números de radicado 200601375 y 200601376, se observa que el derecho de accionar
se ejerció en tiempo frente a los daños alegados en las demandas, es decir, los tratos
inhumanos, crueles y denigrantes de que fueron objeto Hebert Tamayo Castillo y José
Manuel Buenaventura Lozano durante el procedimiento de captura y la privación
injusta de su libertad, teniendo en cuenta: i) que el 25 de junio de 200476, quedó en
firme la decisión del 9 de junio de 2004, mediante la cual la Fiscalía Delegada ante el
Tribunal Superior de Bogotá precluyó la investigación adelantada en contra de los
señores Tamayo Castillo y Buenaventura Lozano; y ii) que las demandas se
malos tratos durante la detención en la sala transitoria del DAS y prolongación injustificada de la
detención en la sala transitoria del DAS. […] Reitera la Sala que respecto de todos los hechos
estudiados en los defectos anteriores se encontró probado el error en valoración fáctica y en la
aplicación jurídica, en tanto el término de caducidad debió contar a partir del momento en el que quedó
ejecutoriada la sentencia absolutoria, con lo cual la demanda para todos ellos fue oportuna […]”.
73 Fl. 64, C. 1. Rad.: 200600718.
74 Fl. 7 a 53, C. 1. Rad.: 200600690.
75 Fl. 4 a 45, C. 1. Rad.: 200600718.
76 Fl. 64, C. 1. Rad.: 200600718.
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presentaron el 16 de junio de 200677-78, cuando aún no habían transcurrido los dos (2)
años que otorga la ley procesal para ejercer el derecho de accionar de forma oportuna.
Asimismo, en relación al proceso de reparación directa identificado con el número de
radicado 200700484, se observa que el derecho de accionar se ejerció en tiempo
frente a los daños alegados en la demanda, a saber, los tratos inhumanos, crueles y
denigrantes de que fue objeto Leonardo Castaño Arenas durante el procedimiento de
captura y la privación injusta de su libertad, teniendo en cuenta: i) que el 21 de
diciembre de 200579, quedó en firme la decisión del 31 de agosto de 2005, mediante
la cual la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de
Bogotá precluyó la investigación adelantada en contra del señor Castaño Arenas; y ii)
que la demanda se presentó el 24 de agosto de 200780, cuando aún no habían
transcurrido los dos (2) años que otorga la ley procesal para ejercer el derecho de
accionar de forma oportuna.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis81.
4.1. Fabio Alonso Castaño Galeano (víctima), Juan Sebastián Castaño Betancourth
(hijo), Fabian Camilo Castaño Betancourth (hijo), Lina María Castaño Martínez (hija),
Amparo Castaño Galeano (hermana) y Dora Cielo Castaño Galeano (hermana), están
legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso
penal que se tramitó con el número de radicado 59556 y los demás hacen parte de su
núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus registros civiles de
nacimiento82.
77 Fl. 4 a 46, C. 1. Rad.: 200601375.
78 Fl. 5 a 48, C. 1. Rad.: 200601376.
79 Fl. 18 y 37, C. 1. Rad.: 200700484.
80 Fl. 1 a 47, C. 1. Rad.: 200700484.
81 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la causa
constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de
este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.”
82 Fl. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, C. 2. Rad.: 200600690.
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4.2. Mercedes Lizcano Londoño está legitimada en la causa por activa como
compañera permanente de Fabio Alonso Castaño Galeano, pues las declaraciones
juramentadas de Fredy Mauricio Guzmán Torres83, Héctor Estupiñán Castro84 y Aleidy
Flórez Ossa85, valoradas en conjunto con las declaraciones extraprocesales de Luis
Sáenz Anacona86 y Carlos Iván Ninco Vargas87, permiten establecer que ella mantenía
una comunidad de vida permanente y singular con la víctima.
4.3. Manuel Antonio Tobar Góngora (víctima) y John Fredy Tobar Bergaño (hijo), están
legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso
penal que se tramitó con el número de radicado 59556 y el segundo hace parte de su
núcleo familiar, según da cuenta copia auténtica de su registro civil de nacimiento88.
4.4. María Eneried Bergaño Lamprea está legitimada en la causa por activa como
compañera permanente de Manuel Antonio Tobar Góngora, pues la declaración
juramentada de Manuel Antonio Tobar Góngora89, y el registro civil de nacimiento90 de
John Fredy Tobar Bergaño, que es hijo de ambos, permiten establecer que ella
mantenía una comunidad de vida permanente y singular con la víctima.
4.5. Hebert Tamayo Castillo (víctima), Martha Diva Patiño Castaño (cónyuge), Oscar
Mauricio Tamayo Patiño (hijo), Leidy Yanebi Tamayo Patiño (hija), Gerson Alexis
Tamayo Suaza (hijo) y Rufina Castillo de Tamayo (madre), están legitimados en la
causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal que se
tramitó con el número de radicado 59556 y los demás hacen parte de su núcleo
familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento91 y
matrimonio92.
83 Fl. 424 a 427, C. 2. Rad.: 200600690.
84 Fl. 428 a 431, C. 2. Rad.: 200600690.
85 Fl. 436 a 439, C. 2. Rad.: 200600690.
86 Fl. 16 y 17, C. 2. Rad.: 200600690.
87 Fl. 18 y 19, C. 2. Rad.: 200600690.
88 Fl. 3, C. 1. Rad.: 200600718.
89 Fl. 9, C. 1. Rad.: 200600718. En la diligencia, el señor Tobar Góngora indicó que “convivo con la
señora María Eneried Bergaño Lamprea desde hace 31 años, tenemos un hijo de nombre Jhon Fredy
Tobar Bergaño y dependen económicamente de mí”.
90 Fl. 3, C. 1. Rad.: 200600718.
91 Fl. 12, 18, 19 y 20, C. 2. Rad.: 200601375.
92 Fl. 22, C. 2. Rad.: 200601375.
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4.6. José Manuel Buenaventura Lozano (víctima), Daniela Andrea Buenaventura Rojas
(hija), Faiber Buenaventura Rojas (hijo), Diana Carolina Buenaventura Álvarez (hija),
Manuel Fernando Buenaventura Rojas (hijo) y Diego Buenaventura Álvarez (hijo),
están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del
proceso penal que se tramitó con el número de radicado 59556 y los demás hacen
parte de su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus registros
civiles de nacimiento93.
4.7. Rubiela Álvarez Santofimio, Luis Alberto Buenaventura Lozano y Luis Alberto
Buenaventura Gómez no están legitimados en la causa por activa, pues a partir de sus
cédulas de ciudadanía94 no es posible acreditar un vínculo familiar con José Manuel
Buenaventura Lozano, así como tampoco se allegó prueba que permita establecer la
calidad de terceros perjudicados en el proceso, ni tener un interés en las resultas de
este.
4.8. Leonardo Castaño Arenas (víctima), José Leonardo Castaño Ceballos (hijo),
Arquimedez Castaño Ceballos (hijo), Shirley Castaño Ceballos (hija) y María Asenet
Castaño Ceballos (hija), están legitimados en la causa por activa, ya que el primero
fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 59556
y los demás hacen parte de su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de
sus registros civiles de nacimiento95.
4.9. Blanca Nydia Ceballos Martínez está legitimada en la causa por activa como
compañera permanente de Leonardo Castaño Arenas, pues la declaración
juramentada de Leonardo Castaño Arenas96, y los registros civiles de nacimiento97 de
José Leonardo Castaño Ceballos, Arquímedes Castaño Ceballos, Shirley Castaño
Ceballos y María Asenet Castaño Ceballos, que son hijos de ambos, permiten
establecer que ella mantenía una comunidad de vida permanente y singular con la
víctima.
93 Fl. 5, 6, 7, 8 y 9, C. 2. Rad.: 200601376.
94 Fl. 1, 2 y 3, C. 2. Rad.: 200601376.
95 Fl. 67, 68, 69 y 70, C. 1. Rad.: 200700484.
96 Fl. 71 y 72, C. 1. Rad.: 200700484. En la diligencia, el señor Castaño Arenas indicó que “convivo con
la señora Blanca Nidia Ceballos Martínez desde el 24 de diciembre de 1981 y tenemos a nuestros hijos
José Leonardo Castaño Ceballos, Arquimedez Castaño Ceballos, Shirley Castaño Ceballos y María
Asenet Castaño Ceballos, los cuales dependen económicamente de mí”.
97 Fl. 67, 68, 69 y 70, C. 1. Rad.: 200700484.
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4.10. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional - Policía Nacional y la
Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los criterios señalados por la
jurisprudencia de esta Sección98, puesto que según lo alegado en las demandas, las
primeras dos fueron quienes participaron en el procedimiento de captura de Fabio
Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo,
José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas, y la última fue la
entidad que adelantó la investigación penal e impuso medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva en su contra.
4.11. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado99 está legitimada en la
causa por pasiva como sucesora procesal del DAS, ya que fueron los agentes de esta
institución los que capturaron a Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar
Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo
Castaño Arenas. En efecto, debe entenderse que la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado es quien representa los intereses de la Nación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 108 de 2016100.
4.1.12. Por último, es menester precisar que si bien el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se pronunció frente a la legitimación en la causa por pasiva de la Nación
• Rama Judicial, lo cierto es que como se evidenció en los antecedentes (Ver pie de
98 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.:
20420.
99 De conformidad con el auto de la Sección Tercera del 22 de octubre de 2015 (Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C. Auto del 22 de octubre de 2015, Rad.: 42523.), se reconocerá como
sucesor procesal del DAS a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 14 de enero de 2020, Rad.: 52865.”(…)
el auto de Sala de la Sección Tercera de esta Corporación del veintidós (22) de octubre de dos mil
quince (2015), inaplicó el artículo 7° del Decreto 1303 de 2014 en lo que hacía referencia al traslado de
procesos judiciales y conciliaciones del DAS a la Fiscalía General de la Nación, y reconoció al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República como sucesor procesal del DAS, hasta
que el Presidente de la República reglamentara lo pertinente (…). Con fundamento en lo anterior, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República profirió el Decreto Reglamentario No.
108 el veintidós (22) de enero de dos mil dieciséis (2016), y en su artículo 1° asignó los procesos
judiciales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con la salvedad de que fueran
atendidos y pagados con cargo al Patrimonio Autónomo cuya creación fue autorizada por el artículo 238
de la Ley 1753 de 2015, los procesos judiciales entregados a la Fiscalía General de la Nación como
sucesor procesal del DAS o su Fondo Rotatorio, en los casos en que la Fiscalía fuera excluida como
parte procesal por decisión del juez de conocimiento (…)”.
100 Por el cual se reglamenta el artículo 18 del Decreto-ley 4057 de 2011.
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página 2, 8, 14, 19 y 26), en los procesos 200601376 y 200601375 no se demandó a
esa entidad, y en los procesos 200600690, 200600718 y 200700484, la demanda no
fue admitida respecto de esta, razón por la cual no fue vinculada. Con todo, se advierte
que los intereses de la Nación no se encuentran debidamente representados por la
Rama Judicial, pues no adelantó el proceso penal ni decretó la medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Fabio Alonso
Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José
Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas. En otras palabras, no
contribuyó fáctica ni jurídicamente en la privación de la libertad por la que aquí se
demanda.
5. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar: i) si la captura administrativa de la que fueron objeto
los procesados cumplió con los presupuestos legales, o si con la misma se causó un
daño antijurídico que el Estado tiene el deber de reparar, ii) si está probado que Fabio
Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo,
José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas sufrieron tratos
crueles, inhumanos y degradantes durante su captura; iii) si la medida de
aseguramiento cumplió con los presupuestos legales que se exigían para su
imposición, o si con esta se les generó un daño antijurídico que el Estado les debe
reparar; y, iv) si el Estado cumplió con el término procesal para calificar el mérito de la
instrucción penal, o si por el contrario, con su incumplimiento, se generó un daño
antijurídico que el Estado debe reparar.
6. Solución de los problemas jurídicos
Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado, la captura administrativa y el régimen
de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.
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6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991101 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro
componente necesario e indispensable para establecer el deber de responder por los
daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba
responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la
atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga
a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de
la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios
o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la
doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre con la
falla del servicio, con el riesgo excepcional y con el daño especial102.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Aspectos generales de la captura administrativa
Las disposiciones constitucionales que rigen la actividad de la fuerza pública buscan
esencialmente asegurar la vida, la libertad y la convivencia pacífica de todos los
101 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
102 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia
de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
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ciudadanos103, lo cual, dentro del diseño y estructura de esta, comporta la
institucionalización de las autoridades con el propósito de proteger a todas las personas
residentes en Colombia104.
Para tal efecto, el artículo 218105 de la Constitución Política, radica en cabeza de la
Policía Nacional el deber supremo de proteger a los habitantes del territorio nacional
en su vida y libertades. De manera tal que en caso de presentarse una violación o
transgresión injustificada a lo preceptuado en la norma citada ut supra, se configurará,
dependiendo de las particularidades de cada caso, una eventual responsabilidad
administrativa y patrimonial de dicha institución en cabeza de quien ejerza su
representación.
Las funciones y deberes normativos de la Policía Nacional fueron reguladas y definidas
en el Decreto 1355 de 1970 -Código de Policía vigente para la época de los hechos-,
con el objeto de establecer las normas de carácter general y concreto que regularan
la prestación de su servicio, fijaran las reglas y pautas de los procedimientos para el
personal de la institución en aras de asegurar el cumplimiento de la misión
constitucional a ella asignada y de establecer una guía permanente de los
procedimientos en la prestación del servicio.
A su turno, en los artículos 56 a 71 ibídem, se definieron los criterios y casos en los
cuales la Policía Nacional podía, mediante el procedimiento de aprehensión, restringir
la libertad física de las personas en el territorio nacional, a saber:
“Artículo 56. Nadie puede ser privado de la libertad sino:
a) Previo mandamiento escrito de autoridad competente; (Literal declarado
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-176 de 2007, en el
entendido que la privación de la libertad debe condicionarse a previo
mandamiento escrito de autoridad judicial competente.)
b) En el caso de flagrancia o cuasi flagrancia de infracción penal o de policía.
103 Cfr. Preámbulo de la Constitución Política de Colombia.
104 Cfr. Constitución Política. Artículo 2º.
105 “Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado
permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y
disciplinario”.
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Artículo 57. Todo mandamiento de captura debe fundarse en ley o en reglamento de
policía. (Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-024 de 1994)
Artículo 58. Cualquiera puede ser aprendido por la policía y privado
momentáneamente de su libertad mientras se le conduce ante la autoridad que ha
ordenado su comparecencia. (Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-176 de 2007, en el entendido que se
requiere que exista mandato previo de autoridad judicial competente.) (…)
Artículo 62. La policía está obligada a poner al capturado dentro de la siguiente hora
hábil a la de la captura a órdenes del funcionario que la hubiere pedido en su despacho
o en el respectivo establecimiento carcelario, descontado el tiempo del recorrido o el
de cualquier demora debida a circunstancias insuperables.
Cuando se trate de orden administrativa la captura se realizará en hora hábil; si
es inhábil se mantendrá al requerido en su casa hasta la primera hora hábil
siguiente. (Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-176 de 2007)
Excepcionalmente en materia penal, la policía puede disponer hasta de 24 horas para
establecer la plena identificación del aprehendido y comprobar la existencia de otras
solicitudes de captura. Cuando ello ocurra, dará inmediatamente aviso a la autoridad
que solicitó la captura. (…)
Artículo 69. La policía podrá capturar a quienes sorprenda en flagrante contravención
de policía, cuando el hecho se realice en lugar público o abierto al público y para el solo
efecto de conducir al infractor ante el respectivo jefe de policía.
En este caso, si el infractor se identifica plenamente y proporciona la dirección de su
domicilio, el agente de policía puede dejarlo en libertad y darle orden escrita para que
comparezca ante el jefe de policía dentro del término que en ella señale sin que exceda
de 48 horas siempre que, a su juicio, tal medida no perjudique el mantenimiento del
orden público. Si la persona citada no cumple la orden de comparendo deberá ser
capturada. (Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-237 de 2005) (…)
Artículo 71. Con el solo fin de facilitar la aprehensión de delincuentes solicitados por
autoridad competente, la policía previa venia del alcalde del lugar, podrá efectuar
capturas momentáneas de quienes se hallen en sitios públicos o abiertos al público.
Esta operación se ejecutará en sitios urbanos o rurales predeterminados.
Las personas contra quienes no exista petición de captura deberán ser puestas
inmediatamente en libertad, a menos que su identificación se dificulte, caso en el cual
la captura podrá prolongarse hasta por 12 horas”.
De otra parte, no puede perderse de vista que la Constitución Política en su artículo
28 dispone que “[N]adie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a
prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento
escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo
previamente definido por la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a
disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que
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éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún
caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de
seguridad imprescriptibles”.
A su vez, el artículo 32 de la norma fundamental prevé que el “delincuente sorprendido
en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona”.
Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia C-024 de 1994, al examinar la
constitucionalidad de los artículos 56, 57, 62, 64, 70, 71, 78, 79, 81, 82, 84, 102, y 105
del Decreto 1355 de 1970, estableció que la “detención administrativa” era una
posibilidad que tenían las autoridades de policía de aprehender físicamente a una
persona sin que mediara orden judicial o se presentara una situación de flagrancia, en
busca de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas de todos los ciudadanos.
En el anterior proveído, la Corte Constitucional condicionó este tipo de restricción de
la libertad al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que se basara en razones
objetivas y en motivos fundados; ii) que fuera necesaria, es decir, que la autoridad
policial no pudiera esperar a que se librara la orden judicial; iii) que tuviera como fin
verificar los hechos que podían considerarse delictivos; iv) que durara máximo 36
horas (cumplido este término la persona debía ser liberada o puesta a disposición de
la autoridad competente); v) que fuera proporcionada, es decir, se debía verificar si el
hecho a investigar justificaba o no la medida; vi) que se permitiera el ejercicio de la
acción de habeas corpus como control de la aprehensión; vii) que no transgrediera el
principio de igualdad de los ciudadanos, esto es, que no se empleara como una forma
de hostilidad hacia ciertos grupos sociales; viii) que no se utilizara para justificar la
realización de un registro domiciliario sin orden judicial; y ix) que la persona
aprehendida fuera tratada humanamente, se le respetara su dignidad humana y,
además, se le informaran las razones de su detención y sus derechos 106.
Posteriormente, la misma Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del
106 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de febrero de 2018. Rad.: 55078.
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artículo 207107 del Decreto 1355 de 1970, mediante sentencia C-199 de 1998,
estableció que la retención por parte de agentes de la Policía Nacional era una medida
constitucionalmente legítima. Sin embargo, determinó que su naturaleza era
excepcional y procedía cuando se adoptara con fines preventivos y existieran motivos
fundados, objetivos y ciertos para proceder a su adopción. Igualmente, precisó que
dicha retención no era equivalente a la detención preventiva que contempla el artículo
28 de la Constitución Política.
Posteriormente, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia C-1024 de 2002, al
examinar la constitucionalidad del Decreto Legislativo No. 2002 de 2002108, declaró la
inconstitucionalidad del artículo 3º que habilitaba la captura sin autorización judicial
previa. Para tal efecto, concluyó que la adopción de dichas medidas constituía una
vulneración flagrante de los mandatos constitucionales, al restringir la libertad de las
personas sin mediar una orden judicial expedida por autoridad competente.
Dicha posición ha sido reiterada por ese Tribunal en las sentencias C – 237 de 2005 y
C - 176 de 2007. En esta última analizó la exequibilidad de los artículos 56, 58, 62 y
83 del Decreto 1355 de 1970 y concluyó lo siguiente:
“El artículo 28 de la Constitución protege el derecho a la libertad física de la persona
con la regulación de una serie de garantías que buscan asegurar el ejercicio legítimo
del derecho y el adecuado control al abuso del poder. De hecho, como bien lo describe
la doctrina109, la libertad constituye un presupuesto fundamental para la eficacia de los
demás derechos y el instrumento “primario” del ser humano para vivir en sociedad. Por
esta razón, el constituyente no sólo otorgó a la libertad el triple carácter: valor
(preámbulo), principio que irradia la acción del Estado (artículo 2º) y derecho (artículo
28), sino que diseñó un conjunto de piezas fundamentales de protección a la libertad
física de las personas que aunque se derivan de ella se convierten en garantías
autónomas e indispensables para su protección en casos de restricción. Dentro de
estos se encuentran los derechos a ser informado sobre los motivos de la detención, a
ser detenido por motivos previamente definidos por el legislador y a ser detenido en
107 “Artículo 207. Compete a los comandantes de estación y de subestación aplicar la medida correctiva
de retenimiento en el comando:
1. Al que irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la policía en el desarrollo de
sus funciones. (subrayado declarado inexequible)
2. Al que deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser acompañado a su domicilio.
3. Al que por estado grave de excitación pueda cometer inminente infracción a la ley penal”.
108 “Por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de
rehabilitación y consolidación”.
109 Sobre la importancia del derecho a la libertad física y la descripción de sus garantías en los Estados
Democráticos, se consultó a Freixes San Juán, Teresa y Remotti, José Carlos en “El Derecho a la
Libertad Personal”. Editorial PPU, S.A. Barcelona. Primera Edición. 1993.”
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virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente (artículos 28 y 29 de la
Constitución).
Es evidente, entonces, que al lado de la protección al “derecho primario” de la libertad,
existen otros “derechos-garantía” que están dirigidos a prohibir las restricciones de
libertad arbitrarias o ilegítimas, de tal forma que la decisión que limita el derecho de
libertad está sometida a una serie de mecanismos de control de validez de la decisión.
De hecho, no se trata de prohibir la privación de la libertad cuando ésta busca
desarrollar objetivos y finalidades constitucionalmente válidas, se trata de circundar al
ejercicio de libertad de garantías obligatorias y vinculantes que limitan la orden estatal
y evitan el arbitrio punitivo.
11. Precisamente, uno de los derechos-garantía de la libertad física a que hace
referencia el artículo 28 de la Constitución, es el mandamiento escrito de autoridad
judicial competente para su privación. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación
ha sido reiterada en sostener que el carácter garantista y humanista de la Constitución
de 1991 exige como mecanismo de protección fundamental del derecho a la libertad y
como condición sine qua non para disponer la privación de la libertad de una persona,
el mandamiento escrito de autoridad judicial competente. En efecto, como lo advirtió la
sentencia C-024 de 1994, la reserva judicial de la libertad fue plasmada por el
constituyente de manera expresa y consensuada, pues la simple comparación entre
los artículos 23 de la Constitución de 1886 y 28 de la actual Carta muestran que el
primero señalaba la detención por orden de la “autoridad competente”, mientras que el
segundo dispone que “nadie puede ser… detenido… sino en virtud de mandamiento
escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo
previamente definido en la ley”. Entonces, es claro que la voluntad del constituyente
estuvo expresamente dirigida a prohibir la privación de la libertad por orden de
autoridades administrativas, cuya facultad estuvo autorizada por la norma
constitucional derogada”.
En concordancia con la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, el Consejo de
Estado110 en sentencia del 15 de febrero de 2018, en la que resolvió un caso de
detención irregular o “captura administrativa” concluyó lo siguiente:
“En primer lugar, precisa la Sala que, tal y como lo afirmó la Fiscalía General de la
Nación en la providencia transcrita con anterioridad, según la sentencia C-024 de 1994,
la “captura administrativa” procedía cuando estuviera fundamentada en razones
objetivas y motivos fundados y, además, cuando se realizara con el objeto de verificar
hechos que pudieran considerarse delictivos, entre otras cosas.
Sin embargo, con posterioridad, específicamente en pronunciamiento de 1998
(sentencia C–199), reiterado en 2002 (Sentencia C–1024), la Corte Constitucional
estimó que la detención de una persona solo podía realizarse cuando existiera la
orden de la autoridad judicial competente y siempre que existieran motivos
previamente definidos por la ley.
Dicha corporación agregó que la única excepción para efectuar una detención sin orden
judicial era que se tratara de una captura en flagrancia, la que, según el artículo 345 de
la Ley 600 de 2000 (norma aplicable), se configuraba cuando: a) la persona era
sorprendida y capturada al momento de cometer la conducta punible; b) la persona era
110 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de febrero de 2018, Rad.:
55078.
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sorprendida e identificada o individualizada al momento de cometer la conducta punible
y aprehendida inmediatamente después o c) la persona era sorprendida y capturada
con objetos o instrumentos que evidenciaran su participación en un delito.
Siendo así, la Sala considera que para el momento en que se realizó la “captura
administrativa” del señor Yeison Estiben Zapata Lara -28 de febrero de 2005- tal
procedimiento no podía fundamentarse en la sentencia C-024 de 1994, por cuanto,
como se indicó, a partir de 1998, la Corte Constitucional ha sostenido que el hecho de
que un ciudadano sea detenido sin que exista una orden judicial previa, como ocurría
con la “captura administrativa”, contraria las disposiciones constitucionales,
específicamente, el artículo 28 de la Constitución Política.
Entonces, la captura administrativa del señor Zapata Lara no podía ser considerada
ajustada a la ley y menos aun cuando la detención del mencionado señor no se realizó
porque existiera una “urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho
fundamental en grave o inminente peligro”, sino para crear un falso positivo”. (Se
resalta)
Bajo el anterior contexto, es claro que al ser la libertad un derecho fundamental de
todas las personas residentes en Colombia corresponde a la fuerza pública propender
y garantizar su pleno ejercicio y goce en todo el territorio nacional. Sin embargo,
también es cierto que la fuerza pública tiene la potestad de limitar o restringir ese
derecho: i) siempre y cuando se dé en virtud de una orden de captura emitida por una
autoridad judicial competente; o ii) se obre en cumplimiento de los mandatos
constitucionales y legales que autoricen tal actuación, v.gr. la flagrancia.
6.3. Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del
Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus
funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65 dispuso lo
siguiente:
“Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente
por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión
de sus agentes judiciales”.
La mencionada normatividad estableció que el Estado resulta patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos:
i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y
iii) privación injusta de la libertad111.
111 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
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En cuanto a esta última, esto es, la responsabilidad por los daños antijurídicos
derivados de la privación injusta de la libertad de las personas, el artículo 68 de la Ley
270 de 1996, consagró que:
“Articulo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de
la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta
de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación 112 en
particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del juez
la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción
de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den
sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos
de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria
que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca
atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad
extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste.
Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución,
no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo como
el previsto en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.: 23354), con
la cual fundamentalmente se buscaba proteger el derecho ambulatorio de las personas
y restablecer el desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de
restricción de la libertad cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al
resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la
jurisprudencia, para los cuales se reservaba la asignación objetiva de responsabilidad
al Estado cuando: i) el detenido no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la
conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio
pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de
antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con
ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse
únicamente la ocurrencia del daño mismo, es decir, de la privación material de la
112 Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018.
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libertad, dejando de lado verificar si con la medida se contradecía el ordenamiento
jurídico o si esta se produjo al margen del derecho, régimen bajo el cual la única
manera para el Estado de librarse de una condena era lograr probar alguna causal de
justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompe
la imputación de la responsabilidad y se desestima el deber de responder para la
Administración. Es en ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta
fuente de responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del
artículo 90 Constitucional y por ello el análisis debe partir, no solo de la verificación de
la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su
antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo
implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o
privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para
luego acreditar, si ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la
responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de antemano,
en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo escogerá el juez en
cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en concreto.
En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que
se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se
exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó
a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el
término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida
era necesaria, razonable y proporcional113, de donde, si la detención se realizó de
conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de
antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen
los perjuicios por su padecimiento114. Así, cuando el operador jurídico o el ente
113 Ibid.
114 Sobre el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, la sentencia C-037 de 1996, indica: “Este artículo, en
principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos
6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una
actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que
se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a
derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos
los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de
mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios,
con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario,
la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal
a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y
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acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona,
independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis
pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la
antijuridicidad del daño que se discute.
En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma,
pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un
efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la medida en
que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este responde
únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum
non laedere, pero no de aquellos que hallan amparo en el ordenamiento.
Esta concepción de la fuente de responsabilidad en comento, si bien encuentra amplia
aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la adecuada
actuación del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una persona y
por tanto el apego de dicha medida al ordenamiento jurídico, no excluye la posibilidad
de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad de las personas
bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el daño especial, en
eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e inmerecidamente los rigores de
la medida adoptada en debida forma por el órgano competente, pero, en tales casos,
ello resulta de aplicación residual frente a la falla del servicio y puede presentarse en
situaciones en las cuales el mismo reo no dio pie a la adopción de la medida dictada
en su contra, donde la actuación del Estado se ajustó al ordenamiento jurídico, pero
se causó un desequilibrio de las cargas públicas respecto del administrado, como
cuando logra establecerse que el hecho que pretendía imputarse al detenido no existió
o la conducta era objetivamente atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta
acreditado sin mayor arrojo. Otra circunstancia sucede cuando en la sentencia penal
se logra establecer que el sindicado no cometió la conducta o que fue absuelto en
aplicación del principio in dubio pro reo, por cuanto, en estos casos, el juez penal debe
concluir su veredicto luego de un riguroso análisis probatorio que permita calificar la
conducta y verificar la participación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula de
teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que
se ha producido la detención”.
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cara a las pruebas que se recauden y valoren en el proceso penal respectivo, de cuya
valoración se desprende la suerte procesal penal del investigado, lo que implica el
deber de auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del
servicio115.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 9 de febrero de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de las demandas, la parte actora solicitó reconocer perjuicios a Rubiela
Álvarez Santofimio, Luis Alberto Buenaventura y Luis Alberto Buenaventura Gómez,
pese a que no acreditaron su parentesco con José Manuel Buenaventura Lozano. Lo
anterior, en aras de garantizar su derecho de acceso a la administración de justicia, en
tanto no pudieron aportar los registros civiles de nacimiento por circunstancias propias
de la época y los espacios geográficos.
A su vez, la Policía Nacional argumentó que el daño no le es imputable, toda vez que
no fue la autoridad judicial que determinó la vinculación de los procesados, legalizó su
captura y los privó de la libertad.
Por su parte, la Fiduprevisora S.A. manifestó que los accionantes no demostraron que
su captura se adelantó sin orden judicial. Señaló que a pesar de ello, el Tribunal a quo
dio por sentada esta situación con las manifestaciones realizadas por los procesados
en sus indagatorias, las cuales no tienen valor probatorio. Con todo, solicitó que en
caso de hallarse probada la responsabilidad del extinto DAS, se limite la condena a
los días que permanecieron privados de la libertad las víctimas sin orden previa.
Finalmente, consideró que los perjuicios pretendidos por lo actores no se habían
probado en el proceso.
Por último, la Fiscalía General de la Nación manifestó que no causó un daño
antijuridico a los demandantes, pues su actuar estuvo amparado en las disposiciones
sustanciales y formales que regían el procedimiento penal. Además, indicó que la
115 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-072 de 2018. FJ. 105 a 107 y 120 a 127.
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medida de aseguramiento impuesta se fundamentó en la existencia de indicios graves
de responsabilidad en contra de los procesados que obedecieron a los informes
rendidos por el DAS. Asimismo, advirtió que el daño que se generó por haber detenido
a los procesados sin una orden de captura previa era imputable única y
exclusivamente al DAS, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, pues fueron las
entidades que adelantaron dicho procedimiento.
En este sentido y comoquiera que ambos extremos presentaron recurso de apelación
contra el fallo del a quo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código
de Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite sin limitación alguna116. Por ello,
a continuación, se analizará si la Nación, representada por el Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional - Policía Nacional, el DAS y la Fiscalía General de la Nación, es
patrimonialmente responsable: i) por los tratos inhumanos, crueles y denigrantes de
que fueron objeto Hebert Tamayo Castillo y José Manuel Buenaventura Lozano
durante el procedimiento de captura; y, ii) por la privación injusta de su libertad.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado
se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el proceso,
es necesario precisar que los recortes de prensa serán valorados según los criterios
expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de
mayo de 2012, esto es, servirán solo como indicador para la Sala, quien, a partir de
ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso,
podrían permitir constatar la certeza de los hechos117 que fundan el libelo.
116 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al
apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del
recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere apelado
de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando
fuere desfavorable al apelante.”
117 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo de
2012, Rad.: 11001031500020110137800.
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Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Aparece probado que, mediante oficio No. 127 del 6 de febrero de 2003, el DAS
Seccional de Caquetá remitió a la Fiscalía Especializada Delegada ante el DAS de
Bogotá información de inteligencia relacionada con la identidad de integrantes y
colaboradores del Frente XIV de las FARC en el municipio de Cartagena del Chairá,
Caquetá. Adicionalmente, le solicitó apoyo para procesar a las personas referidas,
pues “de acuerdo a información suministrada por fuentes humanas con acceso directo
al área, integrantes del XIV frente de las FARC estarían obligando a los pobladores de
las veredas, corregimientos y casco urbano del municipio de Cartagena del Chairá a
unirse a sus filas y colaborarles so pena de ser objeto de desplazamiento,
expropiaciones y asesinatos”. De lo anterior da cuenta la copia auténtica del oficio
referido118.
7.1.2. Se probó que el 12 de febrero de 2003, la Fiscalía Especializada Delegada ante
el DAS dio apertura de investigación previa del sumario identificado con número de
radicado 59556 y ordenó adelantar labores de Policía Judicial para establecer si las
conductas descritas en el informe remitido por el DAS tuvieron lugar, así como efectuar
el recaudo probatorio que permitiera la individualización o identificación de los
presuntos participes, según da cuenta la copia auténtica de esa providencia119.
7.1.3. Está acreditado que, mediante informe No. 629 del 26 de mayo de 2003, el DAS
Seccional de Caquetá puso en conocimiento de la Fiscalía Especializada Delegada
ante el DAS, las diligencias de inteligencia adelantadas para identificar algunas
personas residentes en el municipio de Cartagena del Chairá que presuntamente
pertenecían al Frente XIV de las FARC y que ejercían actos delictivos en dicho
territorio. De lo anterior da cuenta la copia auténtica del informe referido120. El
contenido del informe es el siguiente:
“DILIGENCIAS RECAUDADAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DEL ASUNTO
118 Fl. 278 a 288, C. 2. Rad.: 200601375.
119 Fl. 12 y 13, C. 1. Proceso Penal 59556.
120 Fl. 289 a 322, C. 2. Rad.: 200601375.
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1- Declaración rendida por CAMPO ELÍAS NIÑO JIMÉNEZ [...] quien manifestó que
durante el tiempo que vivió en Cartagena conoció a varios integrantes del Frente XIV de
las FARC y de algunas actividades realizadas por estos […].
2- Declaración rendida por NAPOLEÓN SANTILLANA GUTIÉRREZ [...] quien manifestó
conocer a varios integrantes del Frente 14 de las FARC, por cuanto él estuvo en los
campamentos del cabecilla ‘Bladimir’ el cual está ubicado en la vereda Los Lobos y de
alias ‘Víctor’ ubicado en ciudad Yari jurisdicción de Cartagena del Chairá, cumpliendo un
castigo puesto por los mismos, además vivió durante 22 años en el citado municipio en
donde laboró en primera instancia como lustra botas durante siete años, posteriormente
laboró dos años como Secretario del Presidente de Asuntos Comunales de Cartagena
del Chairá, así mismo laboró en el Hospital Local, fue docente durante seis meses en la
vereda Santa Fe del Caguán, durante el desempeño de las diferentes actividades
relacionadas anteriormente conoció a varios integrantes del XIV Frente de las FARC, en
el año de 1994 presenció la toma de la Estación de Policía de Cartagena del Chairá.
3- Inventario estratégico del XIV Frente de las FARC en el cual se encuentran
relacionadas las personas denunciadas por Santillana Gutiérrez y otros declarantes,
quienes los identifican como integrantes del mencionado grupo al margen de la ley.
4- Con el fin de lograr identificar e individualizar a las personas relacionadas en las
diferentes declaraciones, las cuales serían integrantes del XIV Frente de las FARC que
delinquen en el municipio de Cartagena del Chairá, se enviaron oficios [...] al
Coordinador de Individualización de la Registraduría Nacional del Estado Civil [...]”.
7.1.4. Se demostró que el 29 de agosto de 2003, la Fiscalía Especializada Delegada
ante el DAS dio apertura de instrucción penal dentro del sumario identificado con
número de radicado 59556 por los delitos de rebelión y desplazamiento forzado.
Igualmente, ordenó la recepción de la declaración jurada de las personas que tuviesen
conocimiento de los hechos investigados al interior de ese proceso. De esta
información da cuenta la copia auténtica de dicha providencia121.
7.1.5. Consta que el 6 de septiembre de 2003, el Grupo Operativo de la Unidad
Investigativa de Policía Judicial de la Seccional del DAS de Caquetá recepcionó la
ampliación de las declaraciones rendidas por Napoleón Santillana Gutiérrez, Campo
Elías Niño Jiménez y José Mecías Parra Afanador, quienes identificaron como
integrantes del Frente XIV de las FARC, entre otras personas, a las siguientes:
“Herbert alias Caimán”, “José Manuel Buenaventura alias Brazo de Mula”, “Leonardo
Castaño alias Veladora”, “Manuel alias El Burro” y “Fabio Alonso”, según consta en las
copias auténticas de las respectivas actas122.
7.1.6. Está acreditado que el 7 de septiembre de 2003, personal adscrito al DAS
Seccional Caquetá con apoyo de miembros del Batallón de Infantería de Selva No. 35
121 Fl. 123 a 126, C. 2. Proceso Penal 59556.
122 Fl. 174 a 191, C. 2. Proceso Penal 59556.
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Héroes del Guepí en desarrollo de la operación “Conquista del Chairá”, capturaron y
dejaron a disposición de la Fiscalía Especializada Delegada ante el DAS, entre otros,
a Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo
Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas en las
instalaciones del Batallón con sede en Florencia (Caquetá), según da cuenta la copia
auténtica del informe No. 400 rendido el 8 de septiembre de 2003 por agentes del
DAS123 y las respectivas actas de derechos de los capturados y de las constancias de
buen trato124.
7.1.7. Está probado que, mediante informe No. 399 del 7 de septiembre de 2003, el
DAS Seccional Caquetá individualizó e identificó como presuntos integrantes y
colaboradores del Frente XIV de las FARC, entre otros, a Fabio Alonso Castaño
Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel
Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas, según da cuenta la copia auténtica
de dicho informe125. El contenido del informe es el siguiente:
“Continuando con las labores investigativas y en cumplimiento de la comisión de trabajo
emanada de su despacho, dentro de las diligencias del radicado No. 59.556 por el delito
de Rebelión, se recibió ampliación de declaración a los señores NAPOLEON
SANTILLANA GUTIERREZ, CAMPO ELIAS MINO JIMENEZ y JOSE MECIAS PARRA
AFANADOR de Cartagena del Chairá; Así como declaración juramentada a los señores
PEDRO ANTONIO GUEVARA AREIZA, ADIN GARZON BALLESTEROS e IVAN
SOTO OLAYA (las cuales se anexan al presente informe) en donde se mencionan a
varios integrantes del Frente XIV de las FARC, así como sus actividades de
narcoterrorismo, personas que en el desarrollo de la operación ‘Conquista del
Chaira’, que se lleva a cabo el día de hoy, Domingo 07 de Septiembre, por
personal adscrito a este Grupo Operativo Con apoyo del Batallón de Infantería de
Selva No. 35 HEROES DEL GUEPI en el Municipio de Cartagena del Chaira, se
logró obtener su plena identificación”. (Se resalta)
7.1.8. Consta que, mediante proveído del 7 de septiembre de 2003, la Fiscalía
Especializada Delegada ante el DAS ordenó vincular a Fabio Alonso Castaño Galeano,
Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura
Lozano y Leonardo Castaño Arenas “a las presentes diligencias y para el efecto se
ordena librar las correspondientes órdenes de captura, lo cual se hará una vez se
obtengan los correspondientes formatos. Entre tanto, se librará oficio al DAS Seccional
123 Fl. 1 a 10, C. 3. Proceso Penal 59556.
124 Fl. 91 y 92, 203 y 204, 267 y 268, C. 3. Proceso Penal 59556.
125 Fl. 165 a 173, C. 2. Proceso Penal 59556.
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Caquetá, para que haga efectiva las mismas”, según da cuenta la copia auténtica de
esa decisión126.
7.1.9. Se constató que el 7 de septiembre de 2003, la Fiscalía Especializada Delegada
ante el DAS libró oficio al DAS Seccional de Caquetá en el que solicitó capturar y dejar
a su disposición, entre otros, a Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar
Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo
Castaño Arenas, según da cuenta la copia auténtica del oficio referido127.
7.1.10. Se comprobó que el 8 de septiembre de 2003, la Fiscalía Especializada
Delegada ante el DAS solicitó al Comando del Batallón de Infantería de Selva No. 35
Héroes del Guepí mantener bajo custodia a los capturados, mientras eran trasladados
por personal del DAS a la ciudad de Bogotá, según da cuenta la copia auténtica de la
orden referida128.
7.1.11. Se demostró que el 11 de septiembre de 2003, José Manuel Buenaventura
Lozano y Leonardo Castaño Arenas rindieron indagatoria ante la Subunidad de
Terrorismo de la Unidad Especializada de la Fiscalía, según consta en las copias
auténticas de las respectivas actas129.
7.1.12. Está probado que el 12 de septiembre de 2003, Fabio Alonso Castaño
Galeano, Hebert Tamayo Castillo y Manuel Antonio Tobar Góngora rindieron
indagatoria ante la Subunidad de Terrorismo de la Unidad Especializada de la Fiscalía,
según dan cuenta las copias auténticas de las actas de dichas diligencias130.
7.1.13. Se acreditó que el 17 de septiembre de 2003, Hebert Tamayo Castillo rindió
ampliación de indagatoria ante la Subunidad de Terrorismo de la Unidad Especializada
de la Fiscalía, según da cuenta la copia auténtica del acta de esa diligencia131.
126 Fl. 203 y 204, C. 2. Proceso Penal 59556.
127 Fl. 205 y 206, C. 2. Proceso Penal 59556.
128 Fl. 11 y 12, C. 4. Proceso Penal 59556.
129 Fl. 205 a 209, C. 4., 67 a 75, C. 5. Proceso Penal 59556.
130 Fl. 171 a 179, C. 5., Fl. 238 a 244, C. 5. y Fl. 33 a 39, C. 6. Proceso Penal 59556.
131 Fl. 78 a 81, C. 7. Proceso Penal 59556.
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7.1.14. Consta que el 19 de septiembre de 2003, Leonardo Castaño Arenas rindió
ampliación de indagatoria ante la Subunidad de Terrorismo de la Unidad Especializada
de la Fiscalía, según da cuenta la copia auténtica del acta de la diligencia referida132.
7.1.15. Se acreditó que el 29 de septiembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad
Nacional contra el Terrorismo de Bogotá impuso medida de aseguramiento,
consistente en detención preventiva, en contra de Fabio Alonso Castaño Galeano,
Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura
Lozano y Leonardo Castaño Arenas, por ser presuntos coautores de los delitos de
rebelión y desplazamiento forzado. De esta información da cuenta la copia auténtica
de la resolución que definió la situación jurídica de los procesados133. Por su extensión
la medida será transcrita más adelante.
7.1.16. Se constató que el 29 de septiembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad
Nacional contra el Terrorismo de Bogotá solicitó al director del establecimiento de
reclusión de Bogotá “La Picota” mantener privados de la libertad a Fabio Alonso
Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José
Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas, según dan cuenta las
copias auténticas de las boletas de detención134.
7.1.17. Se probó que el 17 de diciembre de 2003, la Fiscalía 25 Delegada ante los
Tribunales Superiores de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta en
contra de todos los procesados por el delito de desplazamiento forzado, pues
consideró que no había merito probatorio para su imposición. De otra parte, revocó la
medida de aseguramiento frente al delito de rebelión, únicamente respecto de Fabio
Alonso Castaño Galeano, según da cuenta la copia auténtica de esa providencia135.
7.1.18. Se demostró que Fabio Alonso Castaño Galeano estuvo privado de la libertad
hasta el 19 de diciembre de 2003, según da cuenta la copia auténtica de la boleta de
libertad136.
132 Fl. 18 a 21, C. 7. Proceso Penal 59556.
133 Fl. 42 a 187, C. 9. Proceso Penal 59556.
134 Fl. 210, 225, 227, 237 y 244, C. 9. Proceso Penal 59556.
135 Fl. 15 a 132, C. 1. Proceso Penal 59556.
136 Fl. 149, C. 1. Proceso Penal 59556.
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7.1.19. Se probó que el 24 de diciembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional
contra el Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra
de Manuel Antonio Tobar Góngora, pues consideró que las declaraciones
juramentadas en las que se fundamentó no gozaban de credibilidad, según da cuenta
la copia auténtica de esa providencia137.
7.1.20. Se demostró que Manuel Antonio Tobar Góngora estuvo privado de la libertad
hasta el 31 de diciembre de 2003, según da cuenta la copia auténtica de la boleta de
libertad138.
7.1.21. Se constató que el 5 de marzo de 2004, la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional
contra el Terrorismo de Bogotá precluyó la investigación adelantada en contra de Fabio
Alonso Castaño Galeano y Manuel Antonio Tobar Góngora, y dictó resolución de
acusación contra Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y
Leonardo Castaño Arenas por el delito de rebelión. Lo anterior consta en la copia
auténtica de la referida resolución139, que expresamente señaló:
“[…] EVER (sic) TAMAYO CASTILLO, lo señala NAPOLEÓN SANTILLANA como
EVER (sic) alias EL CAIMÁN, encargado de llevar gente de la vereda La Hacienda a la
vereda Los Lobos [...] actualmente recolecta información en la ciudad de Florencia en
un campero rojo de la empresa TRANSYARY para la subversión, compra base de coca
en la vereda Los Remolinos, asesinó a un joven de nombre Diego en la hacienda Los
Lobos. También se refiere PEDRO ANTONIO GUEVARA AREIZA, lo señala con
nombre y el alias El Caimán, es comandante de milicias del Frente XIV de las FARC
en Cartagena del Chairá, recibió instrucción de explosivos en la finca de alias El
Musulmán, refiere el testigo estaba allí y lo vio llevar 12 arrobas de anfo para Cartagena
del Chairá para realizar los actos terroristas contra la tropa de Cartagena, fue
encargado de instruir a los milicianos que no tenían curso de explosivos, lo sindica de
ser el responsable de la policía cívica de San Vicente del Caguán.
[…]
JOSÉ MANUEL BUENAVENTURA LOZANO, es referido con el alias BRAZO DE
MULA. NAPOLEÓN SANTILLANA refiere en ampliación de declaración conocer a
MANUEL BUENAVENTURA, quien participó en la toma a la estación de policía en el
año de 1997, vestía uniforme camuflado y una M60, compra base de coca en la vereda
(sic) Tigrera, Remansos y Panamá. CAMPO ELÍAS NIÑO JIMÉNEZ refiere ALIAS
BRAZO DE MULA, es miliciano en Cartagena de Chairá desde 1992 ha sido el
encargado de manejar los carros a la cabecilla La Morocha de la hacienda Las Ilusiones
hacia los campamentos, él ha sido pistolero en Doncello, Río Negro y Cartagena del
137 Fl. 261 a 267, C. 16. Proceso Penal 59556.
138 Fl. 12, C. 2. Rad.: 200601376.
139 Fl. 105 a 229. C. 24. Proceso Penal 59556.
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Chairá, él ha vestido camuflado, vigila quién ingresa al pueblo para informar al cabecilla
PIPE, él es enviado a Neiva y Bogotá́ a cumplir misiones de la guerrilla, está pendiente
de quien habla con el Ejército para después ajusticiarlos.
[...]
LEONARDO CASTAÑO ARENAS, ALIAS VELADORA. Lo señala NAPOLEÓN
SANTILLANA, manifestando que este es subversivo del Catorce Frente de las FARC,
encargado de comprar base de coca, aproximadamente ochocientos kilos, que
realizaba retén en la vereda Los Espejos, en los años 1995 y 1998, que recolectaba
información de la fuerza pública en CARTAGENA DEL CHAIRÁ, que tenía un
campamento con ALIAS LA MOROCHA en el mismo lugar. CAMPO ELÍAS NIÑO
manifiesta que ALIAS VELADORA fue comprador de base de coca en el sitio llamado
LA CHIPA y EL HOTEL por el río Caguán de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, en el año
1996 al 1999, que hizo matar a un muchacho de nombre RODRIGO acusándolo que le
había robado cincuenta kilogramos de coca en 1998, que ahora es miliciano desde el
año 1999 delinquiendo en casco urbano de CARTAGENA DEL CHAIRÁ y PUERTO
GAITÁN, que trabaja para el cabecilla RAMIRO CAMACHO que hizo matar al señor
EDGAR CUELLAR acusado de vínculos con los paramilitares. En declaración
SIGIFREDO BLANDON GIRALDO manifiesta que este señor es integrante del XIV
Frente de las FARC encargado de recaudar impuestos a los comerciantes de
Cartagena. Manifiesta el señor EDISON CAICEDO que ALIAS VELADORA está al
mando de HENRY LÓPEZ ARIAS EL SURDO (sic), quien es el que da las órdenes de
todos los que tienen que matar la milicia en el pueblo, que LEONARDO ALIAS
VELADORA es otro de los milicianos duros del pueblo, que tiene dos camperos de
servicio público al servicio de la guerrilla, que es encargada de llevar la gente
sancionada por la guerrilla a las trochas, que es muy conocido en CARTAGENA y le
tienen mucho miedo porque todo el mundo sabe que él es jodido, que fue el que mató
un profesor en una vereda llamada El CASTILLO en el año de 1999, que mató a un
muchacho de nombre MIRO VALENCIA hace como año y medio acusándolo de
paramilitar, que junto con otro grupo de milicianos asesinaron a doce personas en
septiembre del año pasado acusados de paramilitares.
[...] las pruebas de cargo en su contra estarían constituidas más que todo por
NAPOLEÓN SANTILLANA, dada la retractación que hiciera CAMPO ELÍAS NIÑO,
respecto de las personas que conforman este segundo grupo vinculadas a la
presente investigación, testimonio este que no ofrece la suficiente credibilidad,
puesto que se limita a exponer unos hechos de absoluta gravedad como son la
comisión de los homicidios, el lugar donde vestían camuflado y portaban las
armas de largo y corto alcance, prueba esta que resulta ser gaseosa y abstracta,
[...] resulta absolutamente ajeno a las reglas de la experiencia que NAPOLEÓN
SANTILLANA siempre se encuentra justo en ese momento y lugar en el que se
producen tomas guerrilleras, hostigamientos, ataques a la base militar,
homicidios, tráfico de estupefacientes y de armas, etc. Como lo ha relatado a lo
largo de sus diversas intervenciones; por el contrario, resulta conforme a las
mismas que existan personas que presencien hechos delictivos, de ahí que el
testimonio sea un medio de prueba de la existencia de los mismos y de la
responsabilidad de sus autores, pero que una misma persona sea testigo
presencial de tantos y variados hechos ocurridos en diferentes circunstancias
temporo-espaciales, con la intervención de personas que incluso no se conocen
entre sí, no resulta de conformidad con las reglas mencionadas, parámetro a
partir del cual se justiprecian todos los medios de convicción allegados a una
investigación de carácter penal.
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Tampoco es creíble para el Despacho, el señalamiento que hace NAPOLEÓN
SANTILLANA en sus declaraciones respecto de haber presenciado a estas
personas de participar en la toma del cuartel de Policía de Cartagena del Chairá
realizada en el año de 1994, puesto que es imposible que después de transcurrido
11 años, recuerde perfectamente lo sucedido, cuando apenas tenía escasos 13
años de edad, afirmación esta que no merece ninguna credibilidad para el
Despacho, al contrario de la veracidad y claridad de que debe gozar el testimonio, se
nota es un rencor en sus dichos que corroboran lo afirmado por CAMPO ELÍAS
NIÑO en su declaración de retractación del 4 de diciembre cuando manifestó:
‘[…] De NAPOLEÓN no le creo mucho, él me dijo que el día que él señaló a las
personas, ese era el día que él esperó para desquitarse de más de uno […]’.
Bajo este orden de ideas, es obvio que se trata de una deducción personal
efectuada por SANTILLANA, pero además no resulta nada creíble por reñir con
las reglas de la experiencia que una persona sin haber pertenecido a las filas
guerrilleras, se percate de tantos y variados hechos, y se encuentre precisamente
en el lugar donde se realizan todos los enfrentamientos, las tomas, y conozca
todos sus movimientos que se hagan dentro de la organización guerrillera.
[...] el Despacho al estudiar y analizar cada una de las pruebas de cargo contra
estas personas, constituidas por algunos de los informantes, observa que
algunas de estas no ofrecen la suficiente credibilidad como para con fundamento
en las mismas edificar un pliego de cargos, y más cuando públicamente CAMPO
ELÍAS NIÑO, en un gesto de sinceridad según sus propias palabras se retracta
de varias de la sindicaciones que había hecho a algunos de estos sindicados, lo
que unido a las pruebas sobrevinientes, tanto documentales como testimoniales
allegadas al expediente, permiten desvirtuar estos señalamientos, así pues son
varios los reparos que deben efectuarse a algunos de los testigos de cargo, como
se puede observar, unos se limitan a lanzar afirmaciones sin precisar
pormenores que permitieran concluir que sus afirmaciones son ciertas, ¿dónde
se encuentran las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan justipreciar el
dicho del testigo y establecer que lo manifestado es absolutamente cierto?. Con esta
breve consideración concluye el Despacho se hace meritorio precluir la investigación a
favor de este segundo grupo […]”. (Se resalta)
7.1.22. Consta que el 9 de junio de 2004, la Unidad Delegada ante los Tribunales
Superiores de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación revocó la acusación
formulada contra José Manuel Buenaventura Lozano y Hebert Tamayo Castillo. A su
vez, frente a Leonardo Castaño Arenas decretó la nulidad parcial desde la resolución
que ordenó cerrar la investigación frente aquel. De esta información da cuenta la copia
auténtica de dicha Resolución140. El fundamento de la decisión fue el siguiente:
“[…] HEVERT (sic) TAMAYO CASTILLO, alias Caimán
La primera sindicación la efectúa Napoleón Santillana Gutiérrez indicando que era el
encargado de llevar a las personas que habían sido sancionadas por la guerrilla de La
Hacienda a la vereda Los Lobos; se desplazaba a la ciudad de Florencia en un campero
rojo afiliado a la empresa Transyari número externo 031 en busca de información para
140 Fl. 6 a 103, C. 2. Proceso Penal 59556.
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la subversión; encargado de comprar base de coca en la vereda Remolinos, portaba
armas de fuego, se vestía de camuflado; y en el año 2001, asegura el declarante, entre
los meses de mayo y junio mató a un joven de nombre Diego. En posterior declaración
manifestó que la información que suministró la obtuvo a través de una novia de nombre
Viviana; la muerte de Diego fue percibida a través del sentido del oído, pues escuchó los
disparos que se realizaron sobre quien respondía al nombre de Diego, cuando se
encontraba junto con el declarante pagando un castigo, siendo amarrado por el mismo
Ever Tamayo.
Pedro Antonio Guevara Ariza, persona que perteneció al XIV Frente de la FARC y a la
columna móvil Teófilo Forero, incorporado al programa de reinserción hace graves
imputaciones en contra de Ever (sic), alias el Caimán [...]
Fueron recepcionadas varias declaraciones extra juicio rendidas ante el Inspector de
Policía Municipal de Cartagena del Chairá; constancias acerca del registro de marca de
ganado mayor, expedida en el año 1988, en donde figura el nombre de Helber (sic)
Tamayo Castillo, así como su pertenencia a la Junta de Acción Comunal del Barrio El
Centro y de la vereda Los Cauchos de la que se retiró, en el año 1991, por haberse
trasladado al municipio de Cartagena del Chairá.
No sobra indicar lo improcedente que resulta valorar como testimonios las declaraciones
que extraprocesalmente rindieron varias personas, toda vez que no reúnen los requisitos
exigidos por la legislación procesal penal para tenerlos como tal; además, no se
encuentran contempladas como medios de prueba en el artículo 233 del Código de
Procedimiento Penal.
[...]
La declaración rendida por Napoleón Santillana Gutiérrez de manera alguna ofrece
la credibilidad necesaria para considerarla como una prueba demostrativa de la
pertenencia de Hevert (sic) Tamayo Castillo al grupo subversivo pluricitado;
nótese cómo inicialmente lanza una serie de imputaciones sin referencia alguna a
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que las percibió; posteriormente, al
ser interrogado acerca de la forma como se enteró de los referidos hechos indica
obtuvo la información a través de una novia de nombre Viviana, quedando
obviamente de esta forma, sin sustento alguno tan graves señalamientos. Y en
cuanto a la muerte de Diego, que fue por él percibida a través del sentido del oído,
no sobra recordar lo que en proveído anterior se indicó respecto de Napoleón
Santillana: Igualmente, si bien resulta conforme a las mismas que existan
personas que presencien hechos delictivos, de ahí que el testimonio sea un medio
de prueba de la existencia de los mismos y de la responsabilidad de sus autores,
pero que una misma persona sea testigo presencial de tantos y variados hechos
ocurridos en diferentes circunstancias temporo- espaciales, con la intervención
de personas que incluso no se conocen entre sí, no resulta de conformidad con
las reglas mencionadas, parámetro a partir del cual se justiprecian todos los
medios de convicción allegados a una investigación de carácter penal. Napoleón
Santillana, según sus diversas aseveraciones, desde que era niño presenció
masacres, homicidios, tomas guerrilleras, hostigamientos, castigos, secuestros,
etc., lo que resulta ser tan inverosímil que ninguna credibilidad se le puede otorgar
a sus manifestaciones, a menos que estuviera respaldada con otro elemento de
convicción, lo que no sucede en el presente caso.
Ahora bien, en cuanto a la declaración rendida por pedro Antonio Guevara Ariza, como
se precisó al analizar la situación probatoria de Rosemberg Gutiérrez Tamayo y
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Roosembelt Perdomo Lozada no ofrece ninguna credibilidad; a continuación, se
transcribirán las razones anotadas.
En la declaración que rindiera dentro del presente proceso indicó que ‘a comienzos de
noviembre del año pasado fue a recibir unas instrucciones de explosivos en la finca de
El Musulmán yo estaba ahí’, refiriéndose a Tamayo Castillo, al igual que lo hizo respecto
de Roosembelt estuvo en el curso que dictó el comandante Juan pablo, el Musulmán,
sobre el manejo de explosivos, en compañía de Rosemberg; precisamente renglones
anteriores había indicado que conoció a Rosemberg en el sitio denominado Arenoso, en
jurisdicción de Cartagena del Chairá, como dos meses después de acabarse la zona de
distensión, cuando adelantaba un curso de explosivos y armas dictado por el cabecilla
Juan Pablo, alias Musulmán; sin embargo, en la declaración que rindiera ante la Fiscalía
Trece de la Unidad Delegada ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de
los Andaquíes, dentro de otro proceso diverso, indicó que al mes de que se acabó la
zona de distensión fue enviado a la vereda de Campohermoso, jurisdicción que le parece
es de San Vicente, a donde James ‘el muerto’ u ‘Óscar Patamala’, ‘me mandó a ver qué
hacían los policías de San Vicente y el lugar de residencia era por el cementerio por el
20 de julio en un parquecito con otro miliciano, duré seis meses en el pueblo con Óscar
trabajando [...] en esos seis meses únicamente hice trabajos de seguimiento a la Policía’.
Es de anotar, como se indicó, que con fundamento en sus declaraciones y
señalamientos se realizaron varias capturas en San Vicente del Caguán, habiendo
rendido la declaración, parcialmente transcrita, dentro de un proceso adelantado
en contra de las personas capturadas.
Aunado a lo anterior, se tiene que en la misma declaración se pone en tela de juicio
su pertenencia al grupo guerrillero y por ende la veracidad de sus afirmaciones;
es así como al formulársele textualmente la siguiente pregunta: ‘Por qué razón
cree usted que su hermana Margarita Xeidel Guevara Areiza asegure en términos
generales que usted ha sido una persona que siempre convivió con ella, que nunca
se ausentó de la residencia de ella por lapsos de tiempo considerables o largos,
como que usted es una persona que califica como floja, que le gusta ganarse la
vida en forma fácil, que nunca ha pertenecido a la guerrilla, y que está acusando a
personas a las que ella le consta porque ha convivido con la familia de [...], de que
no hacen parte de ningún grupo subversivo y da a entender que todo esto es con
el fin de que usted desea obtener beneficios y ganar de esta manera más fácil la
vida o una mejor calidad de la misma’. Nótese cómo se hace referencia a
manifestaciones efectuadas por su propia hermana, respecto a que no perteneció
a ningún grupo guerrillero, que está endilgando comportamientos delictivos a
personas a las que ella le consta que no pertenecen a la subversión, que el
declarante es una persona floja [...] y que, además la ‘colaboración’ que se
encuentra presto a facilitar obedece a querer obtener beneficios indebidos. Pero
aún más, la respuesta que da a semejante pregunta resulta inverosímil: su
hermana, con la que ha vivido en forma permanente no sabía que pertenecía al
grupo guerrillero.
La incoherencia de dos declaraciones rendidas por la misma persona en diferentes
procesos, aunado a la posibilidad de que no hubiese pertenecido a grupo
guerrillero que le permitió conocer lo narrado, sin pasar por alto las características
personales [...] impiden edificar una acusación, pues se reitera, no ofrece la
credibilidad suficiente para mantener, con fundamento en la misma, no sólo
privado de la libertad al procesado, sino además llevarlo a responder en juicio
criminal.
La acusación será revocada como lo demanda la defensa.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
JOSÉ MANUEL BUENAVENTURA, alias brazo de mula
[...] Esos dos testimonios (Napoleón Santillana y Campo Elías Niño Jiménez) fueron los
que se tuvieron en cuenta para edificar la acusación proferida. Tanto Napoleón como
Campo Elías Niño Jiménez señalan a José Manuel Buenaventura Lozano como
perteneciente al grupo subversivo denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia. Cada uno de ellos le asigna la imputación de conductas propias de las
actividades subversivas, pero además de diferir en cuanto a las tareas propiamente
dichas, lo que las torna incoherentes entre sí, sus manifestaciones se encuentran
desvirtuadas por otras pruebas, o resultan absolutamente inverosímiles, y, sobre todo,
de manera alguna, de ellas se puede extractar el origen de su conocimiento [...] una
resolución de acusación jamás puede fundamentarse en afirmaciones tan generales, sin
siquiera un dato objetivo del cual se pudiera afirmar que son veraces las aseveraciones
e imputaciones que se efectúa […].
En consecuencia, la resolución de acusación, como lo demanda la defensa, será
revocada.
[...]
NULIDADES
LEONARDO CASTAÑO ARENAS, alias veladora
[...] Revisada la actuación procesal encuentra esta delegada que el día 2 de febrero
último (2004) fue presentado por el doctor Lesmes Garlaza una solicitud dirigida a que
se practicaran las pruebas en ella señaladas; algunas de ellas no eran diversas a las
declaraciones de varias de las personas que con antelación habían depuesto dentro del
proceso, tales como Juan de Dios Morales, Reinel Sánchez, César Julio Morales
Gallego, José Mecías Parra Afanador, Campo Elías Niño, Napoleón Santillana Gutiérrez
a quienes deseaba interrogar; otras se refería a testimonios de personas que podían
declarar acerca del comportamiento, actividades desarrolladas por Leonardo Castaño
Arenas, así como de personas que habían sido vinculadas a la investigación que decían
conocer a su representado.
En resolución de fecha 5 de febrero la fiscalía de primer grado ordenó practicar algunas
de las pruebas solicitadas, para cuya evacuación confirió́ un término de ocho días al
señor juez de Cartagena del Chairá [...].
No obstante, en la misma fecha en que se ordenó la práctica de las pruebas señaladas
igualmente se cerró la investigación [...] no se trata de una simple irregularidad formal,
sin repercusión alguna; por el contrario, el cierre de la investigación clausura obviamente
la controversia probatoria, y la práctica de pruebas sin posibilidad alguna de que puedan
ser controvertidas vulnera, sin duda, el derecho de defensa. Pero además la
imposibilidad procesal de que se practiquen pruebas clausurada la investigación, en
cumplimiento del principio de la preclusividad de las instancias, impide que se valoren
aquellas que se practiquen una vez cerrado el ciclo investigativo, lo que puede repercutir
directamente en el derecho de defensa.
Pese a lo anterior, la fiscalía instructora en la misma fecha en que se cierra el ciclo
investigativo, ordenó practicar pruebas, con el agravante de que no se limitan a las
solicitadas por los defensores, sino inclusive de oficio, al disponer que se trasladaran del
proceso radicado con el No. 1673-3 UNDH las declaraciones rendidas por los
informantes reinsertados Edwin Rober Cardona, Hermison Ortiz Ramírez, Jhoin Faiber
Reyes Villa y Jhon Fernando Ulcue.
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[...]
Fuerza concluir en consecuencia, la solicitud de declaratoria de nulidad se encuentra
llamada a prosperar, como que se incurrió en irregularidad que quebrantó las formas
propias del juicio al cerrarse la investigación y paralelamente ordenarse la práctica de
pruebas, sin que además estas se hubieren valorado al momento de calificar el mérito
del sumario.
La nulidad parcial se decretará a partir de la resolución que ordenó cerrar la investigación
con respecto de Leonardo Castaño Arenas, a fin de que se alleguen al proceso, en legal
forma, las pruebas solicitadas por la defensa, lo que implica pronunciamiento expreso
sobre aquellas pedidas, pero no decretadas […]”. (Se resalta)
7.1.23. Se demostró que Hebert Tamayo Castillo y José Manuel Buenaventura Lozano
estuvieron privados de la libertad hasta el 11 de junio de 2004, según dan cuenta las
copias auténticas de las boletas de libertad141.
7.1.24. Consta que Leonardo Castaño Arenas estuvo privado de la libertad hasta el 16
de junio de 2004, según da cuenta la copia auténtica de la boleta de libertad y la
diligencia de compromiso142.
7.1.25. Se verificó que el 31 de agosto de 2005, la Unidad de Fiscalía Delegada ante
los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá precluyó la investigación
adelantada en contra de Leonardo Castaño Arenas por el delito de rebelión. Lo anterior
consta en la copia auténtica de la referida resolución143, que señaló lo siguiente:
“[L]os testigos de cargo, hacen señalamientos e imputaciones generalizadas, tales
como que (Leonardo Castaño Arenas) entró a la guerrilla a los catorce años, que está
sicariando, que es uno de los mejores francotiradores, pero no explican la razón de su
dicho, como (sic) y porque (sic) que participó en la toma de la base del Billar, si fue que
el testigo estuvo participando en ella o por el contrario si fue que le contaron, si está
sicariando, cómo le consta eso si fue que vio o participó junto con él en algún asesinato
o fue que le contaron, pues no se torna lógico que una persona eleve una cantidad
de imputaciones a otra de múltiples conductas delictivas, entre ellas, homicidios,
tomas guerrilleras, cometidas en diferentes circunstancias de tiempo, modo y
lugar, sin que se autoincrimine en ellas, máxime cuando se sabe que los grupos
insurgentes militan con división de trabajo y en donde no le permiten a sus integrantes
conocer siquiera su plena identidad, amén que compartimentan la información respecto
a las operaciones que van a realizar. Lo mismo se puede predicar del señalamiento
que hace NAPOLEÓN SANTILLANA, de quien dice es uno de los duros de las
FARC, sin dar explicación de la ciencia de su dicho.
141 Fl. 109 y 144, C. 2. Proceso Penal 59556.
142 Fl. 129 y 145, C. 2. Proceso Penal 59556.
143 Fl. 18 a 37, C. 1. Rad.: 200700484.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
[...] no se le puede dar credibilidad a un testigo (Napoleón Santillana), que reconoce
haber mentido en la deposición al señalar a un grupo de personas que son
inocentes y darle credibilidad respecto al señalamiento que hace de otras de
pertenecer a la subversión, en la misma deposición ya que al sentir de esta
instancia, ese testigo se torna sospechoso, mentiroso y por ende falto de
credibilidad, pues si no tuvo reparo ni recato moral para señalar a inocentes,
mucho menos se le puede creer por los demás a los que cree culpables.
[...] las condiciones personales de estos dos testigos de cargo, no son la de buenos
ciudadanos ya que no se puede esperar nada moral, de una persona que castiga a su
propia progenitora, amén que está acostumbrado a saltear los negocios para hurtar si
ello es así cómo se le puede dar credibilidad al dicho de esta persona, cuando otro de
los deponentes dio a conocer el ánimo de venganza que le expresara NAPOLEÓN
SANTILLANA, en contra de las personas del pueblo y cómo puede dársele credibilidad
a una persona que acepta haber mentido en su deposición?, cuando esto sucede se
advierte que el testigo está movido por intereses personales y tiene interés en las
resultas del proceso.
[...] concluyendo que los testigos de cargo no merecen credibilidad, compartiendo
los planteamientos de la agencia de la Procuraduría, esta instancia judicial
proferirá preclusión de la instrucción a favor de [...] LEONARDO CASTAÑO
ARENAS, por no encontrarse reunidos los requisitos del artículo 397 del C. de P.P.
En consecuencia, se ordenará revocar la medida de aseguramiento que pesa en
contra de los precitados […]”. (Se resalta.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de
la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario
abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su
imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a
una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño antijurídico como
elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de
toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración144-145, en tanto la prueba de todos los elementos de la
144 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de 2020,
Rad. 50264.
145 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
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responsabilidad extracontractual es indispensable e ineludible para que nazca la
obligación resarcitoria.
El análisis que se realizará entonces, tendrá en cuenta las situaciones fundamentales
que tuvieron lugar durante el proceso penal que se relata en las demandas, a saber: i)
la captura administrativa de la que fueron objeto los procesados; ii) los tratos crueles,
inhumanos y degradantes que presuntamente sufrieron durante su captura; iii) la
medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de Bogotá; y iv) sólo si se prueba que la captura y dicha medida no
generaron un daño antijurídico imputable a las entidades demandadas, se analizará el
cumplimiento de los términos procesales. Lo anterior, porque si se acredita que la
captura y/o la medida de aseguramiento ocasionó un daño antijurídico imputable a las
entidades demandadas, el eventual daño por vencimiento de términos quedaría
subsumido en aquel y su análisis resultaría inane.
7.2.1. La captura administrativa de Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel
Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura
Lozano y Leonardo Castaño Arenas
Según lo expuesto, en un primer momento, se procederá con el estudio del daño,
consistente en la privación de la libertad de Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel
Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano
y Leonardo Castaño Arenas, derivada de la captura administrativa.
Así, además de los medios probatorios arrimados al proceso, de los cuales ya se hizo
un recuento en los hechos probados, obra en el expediente el documento denominado
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia
fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida
de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y
determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un dato
imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su definición
y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su advenimiento más o
menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente
el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.”
Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad
Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
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“Libertad: rehén de la ‘Seguridad democrática’”146 elaborado por el Observatorio de
Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia – Europa –
Estados Unidos, que relata lo siguiente:
“El 7 de septiembre de 2003, en Cartagena del Chairá (Caquetá), miembros del Batallón
Héroes del Guapi del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, acompañados por
miembros del DAS y de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, junto con un
grupo de hombres encapuchados que vestían uniformes camuflados, llevaron a cabo la
Operación Soberanía. Durante el operativo militar fueron detenidas arbitrariamente
74 personas, entre ellas 13 comerciantes, 15 obreros, 10 motoristas, 4 profesores, 5
conductores y 13 agricultores […]
La primera acción desarrollada fue suspender el tránsito y cerrar las vías de acceso al
casco urbano del municipio y detener preventivamente a todos los hombres que se
encontraban en las calles. Otras personas fueron detenidas en el puerto, cuando
recogían sus remesas, como lo hacían todos los domingos. En otros casos,
cuadrillas conformadas por miembros del DAS, la Fiscalía, el Ejército o la Policía y uno
de los encapuchados llegaron hasta algunas casas y sacaron a varias personas
mediante amenazas. Según el Ejército, en total fueron detenidas 87 personas; sin
embargo, la personera municipal afirma que el número de personas fue superior a 120.
De acuerdo con la población cartagenera ‘se llevaron a todos los hombres del pueblo’.
Las personas detenidas fueron llevadas al edificio donde antiguamente funcionaba el
Idema.
Según denuncian los familiares de las personas detenidas, los miembros de la
Fiscalía no tenían órdenes de captura preestablecidas. A la persona señalada por
el informante se le solicitaba su cédula y el funcionario de la Fiscalía completaba
a mano un formato de orden de captura, con el nombre y el número de
identificación de cada persona.
Este proceso tuvo origen en tres informes elaborado por el DAS de Caquetá. El primero
data del 6 de febrero de 2003, el segundo del 26 de mayo del mismo año y el tercero del
7 de septiembre de 2003. (...)
• No existe orden de captura o la orden de captura se expide durante o después
de la detención:
Las detenciones ocurridas en Cartagena del Chairá fueron arbitrarias porque las
personas detenidas no fueron individualizadas previamente. Numerosas órdenes
de captura fueron expedidas por la Fiscalía de manera irregular, durante el
operativo militar, en el momento mismo de la detención. Como lo declaró uno de
los fiscales que participó en el operativo de aprehensión, las órdenes de captura
fueron expedidas con posterioridad a que les fuera exigida la cédula de ciudadanía
a quienes se había privado de la libertad:
‘(...) más de 50 personas estaban pendientes por identificar. Solo teníamos el alias.
Ese día le solicité al DAS que individualizara a esas personas y con base en ese
informe impartí las capturas’.
La forma como se procedió a individualizar a las personas, antes de su
judicialización y captura, así como la delegación en particulares de supuestas
146 Fl. 7 a 11, C. 2. Rad.: 200601375.
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labores de inteligencia, fue relatada por Napoleón Santillana, en su declaración del
14 de noviembre de 2003:
‘Al saber el nombre completo de algunas personas pertenecientes a Cartagena del
Chairá e integrantes del Frente XIV buscaba en el directorio telefónico de dicho
departamento, Caquetá, para concretar el nombre más los dos apellidos correctamente
pues en ocasiones solamente les sabía un apellido’.
La manera indiscriminada y arbitraria como procedieron las autoridades, durante la
Operación Soberanía, fue relatada por uno de los procesados, Manuel Antonio Moreno
Zapata, quien señaló:
‘Nos sacaron a la calle donde estaban llevando un grupo de gente le dijo un señor del
DAS a otro mire estos son dos y le toca cogerlos a usted y de una vez nos esposaron
y nos echaron para el puesto del Idema donde nos tuvieron hasta las 4 de la tarde’”.
(Se resalta)
Aunado a lo anterior, obra en el plenario el testimonio de Fredy Mauricio Guzmán
Torres147, residente del municipio de Cartagena del Chairá, quien manifestó que
“Estas personas fueron llevadas a la base militar del municipio para ser trasladados a
Florencia y luego a Bogotá, sin órdenes de captura, que fueron legalizadas
posteriormente allá en Bogotá”.
En el mismo sentido, obra en el expediente el testimonio rendido por Aleidy Flórez
Ossa148, residente del municipio de Cartagena del Chairá, quien frente a la detención
ocurrida el 7 de septiembre de 2003 indicó que se adelantó de “forma arbitraria”,
porque “las autoridades no tenían órdenes de captura”.
Pues bien, los testimonios de Fredy Mauricio Guzmán Torres y Aleidy Flórez Ossa
tienen eficacia probatoria, pues son residentes del municipio de Cartagena del Chairá
y evidenciaron la captura masiva que se adelantó el 7 de septiembre de 2003 en ese
territorio. En ese sentido, sus declaraciones son conducentes para acreditar el
contexto temporal, causal y modal en el que ocurrieron los hechos materia de la
controversia, pues presenciaron directamente los hechos que aquí se discuten.
Asimismo, la Sala valorará sin restricción alguna el documento que fue allegado al
plenario denominado “Libertad: rehén de la ‘Seguridad democrática’” elaborado por
una organización de colaboración internacional, al encontrarlo suficientemente
147 Fl. 424 a 427, C. 2. Rad.: 200600690.
148 Fl. 436 a 439, C. 2. Rad.: 200600690.
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soportado y, además, porque dicha prueba fue debidamente allegada al plenario,
decretada e incorporada en el proceso, de manera que ambas partes conocieron su
contenido y contaron con la oportunidad procesal correspondiente para ejercer,
respecto de aquel, la debida contradicción. Así las cosas, se advierte que el documento
referido está amparado y/o cobijado por la presunción de autenticidad, legalidad y
veracidad que, dicho sea de paso, no fue desvirtuada ni controvertida por alguno de
los extremos que integran la litis, conforme lo dispuesto en los artículos 252149 y 277150
del CPC.
En el mismo sentido, obran las diligencias de indagatoria de Leonardo Castaño Arenas
y Manuel Antonio Tobar Góngora (hechos probados 7.1.11. y 7.1.12.), quienes dan
cuenta de cómo se adelantó el operativo de captura. Sobre el particular, el señor
Castaño Arenas151 refirió que “me echaron pal lado donde estaba mi hijo como con
cuarenta más, después nos dijeron que para pasar las cédulas […] y fue allí donde me
dejaron y unos señores encapuchados me separaron de la multitud de gente que había
allá en un sitio llamado el IDEMA […] A mí nunca me dijeron para qué me traían ni
nada, me dijeron que era para aclarar la cuestión de papeles, no más, no me dijeron
nada más, nunca me mostraron la orden de captura”. Igualmente, el señor Tobar
Góngora152 manifestó que “fui capturado yendo para la casa el día domingo como a
las diez de la mañana, porque fui señalado por un enmascarado, me pidieron la cédula
149 “Artículo 252. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito o firmado […] El documento privado es auténtico en los siguientes casos: 1. Si
ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido; 2. Si fue
inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; 3. Si habiéndose aportado a un proceso y
afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, ésta no lo tachó de
falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación
contemplada en el inciso segundo del artículo 289. Esta norma se aplicará también a las reproducciones
mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde
a ella; 4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276; 5. Si se declaró auténtico
en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en
el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274 […] En todos los
procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente
judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni
autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de
terceros”.
150 “Artículo 277. Salvo disposición en contrario los documentos privados de terceros sólo se estimarán
por el juez: 1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de
conformidad con el artículo 252; 2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán
por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación”.
151 Fl. 67 a 75, C. 5, y Fl. 18 a 21, C. 7. Proceso Penal 59556.
152 Fl. 33 a 39, C. 6. Proceso Penal 59556.
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y yo no la tenía, el señor me dijo que me tenía que quedar, ahí me llevaron al IDEMA
ahí nos pidieron la cédula”.
Ahora bien, el artículo 28 de la Carta Política, indica que nadie puede ser detenido
“sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”.
Por otra parte, el artículo 56 del Decreto 1355 de 1970153 señala que nadie puede ser
privado de su libertad sino “en el caso de flagrancia o cuasi flagrancia de infracción
penal o de policía” o “previo mandamiento escrito de autoridad competente”.
Asimismo, el artículo 345 de la Ley 600 de 2000154 prevé que se entiende que hay
flagrancia cuando: i) la persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer
una conducta punible, ii) la persona es sorprendida e identificada o individualizada al
momento de cometer la conducta punible y aprehendida inmediatamente después por
persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho, o iii) la persona es
sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca
fundadamente que momentos antes ha cometido una conducta punible o participado
en ella.
A su turno, el artículo 346 ejusdem advierte que quien sea capturado en flagrancia por
cualquier autoridad será conducido inmediatamente, o a más tardar en el término de
la distancia, ante el funcionario judicial competente para iniciar la investigación, a quien
se deberá rendir informe sobre las causas de la captura.
Además, el artículo 350 ibídem dispone que cuando la captura se realiza en virtud de
una orden escrita de funcionario judicial, ésta debe contener los datos necesarios para
la identificación o individualización del imputado, así como el motivo de la captura.
Finalmente, el artículo 353 de la precitada normativa consagra que cuando la captura
se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales, el
153 Por el cual se dictan normas sobre Policía.
154 Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
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funcionario a cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su
libertad.
Sobre la individualización e identificación de una persona, la Corte Suprema de Justicia
ha señalado lo siguiente:
“Individualizar o individuar significa el proceso más o menos complicado de concretar
a una persona, de distinguirla con sus características de todas las demás. Es una
tarea de índole originaria que supone la concreción de una persona por la reunión de
una serie de elementos que sobre ella poseemos, elementos que provienen de ella
misma y que se refieren a sus características, a lo que le es propio como individualidad
física o moral.
‘Identificar es algo que se haya íntimamente ligado a lo anterior, pero que es, sin
embargo, diferente en un sentido amplio, genérico, identificar implica una
yuxtaposición, el proceso más o menos complicado de ver si lo que se posee respecto
a la individualidad de alguien corresponde, se ajusta a la misma. La identificación es
el resultado final a que toda individualización debe concluir. Identificar, pues, no es
precisamente descubrir, sino confirmar, realizar un reconocer, acreditar la exactitud
de lo individualizado, de lo conocido’. (Criminalística, en Enciclopedia OMEBA, Tomo
V, pág.119).
Por la primera operación, la de individualizar, se establece que se trata de una persona
determinada, de una integridad sicofísica aislada, de alguien que se concreta en la
afirmación ‘Este y no otro’. Por la segunda (identificación), se agregan a esa
individualización el nombre, apellido, edad, lugar de nacimiento, residencia actual,
estado, profesión, etc., tal como se ve en el artículo 386 (359 del vigente para la época
de los hechos y 338 del actual C. de P.P.) que consigna reglas para la recepción de
indagatoria”155.
En el mismo sentido, mediante sentencia C-488 del 26 de septiembre de 1996, la Corte
Constitucional sostuvo que: “no basta solamente conocer el nombre del procesado,
sino que es necesario establecer su individualidad, con datos tales como edad,
filiación, documento de identidad, lugar de origen y residencia, historia escolar, laboral,
etc., que también se exigen respecto del indagado (…), con lo cual se busca amparar
no sólo al sindicado, sino a terceros que eventualmente puedan verse comprometidos
en una acción penal por razones de homonimia”.
Bajo el anterior contexto, se observa que la captura de Fabio Alonso Castaño
Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel
Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas incumplió lo dispuesto en el artículo
155 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 4 de agosto de 2016, Rad.: 86973.
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28 de la Carta Política, el artículo 56 del Decreto 1355 de 1970, y los artículos 345,
346, 350 y 353 de la Ley 600 de 2000, pues estas no se realizaron en flagrancia, ni
con previo mandamiento escrito de autoridad competente, sino porque, según lo
afirmado por el DAS y lo consignado en el informe de policía, fueron señalados por
Napoleón Santillana Gutiérrez y Campo Elías Niño Jiménez de ser integrantes y/o
colaboradores del Frente XIV de las FARC.
En efecto, se observa que en el informe No. 399 del 7 de septiembre de 2003, fecha
en la que se individualizó e identificó a los presuntos integrantes y/o colaboradores del
Frente XIV de las FARC, se consignó que “en el desarrollo de la operación ‘Conquista
del Chairá’, que se lleva a cabo el día de hoy, domingo 07 de septiembre, por
personal adscrito a este grupo Operativo con apoyo del Batallón de Infantería de Selva
No. 35 HÉROES DEL GUEPI en el municipio de Cartagena del Chairá, se logró
obtener su plena identificación”, lo que permite establecer que primero se realizó la
captura de los procesados y con ello se logró su plena individualización e identificación,
para luego, expedir las órdenes de captura en su contra.
Precisamente, se evidencia que el documento denominado “Libertad: rehén de la
‘Seguridad democrática’” establece que uno de los fiscales que participó en el
operativo del 7 de septiembre de 2003, declaró que “más de 50 personas estaban
pendientes por identificar. Solo teníamos el alias. Ese día le solicité al DAS que
individualizara a esas personas y con base en ese informe impartí las capturas”.
De hecho, se constata que para el 6 de septiembre de 2003 (día anterior a la captura),
Napoleón Santillana Gutiérrez y Campo Elías Niño Jiménez refirieron, entre otros, los
siguientes alias “Herbert alias Caimán”, “José Manuel Buenaventura alias Brazo de
Mula”, “Leonardo Castaño alias Veladora”, “Manuel alias El Burro” y “Fabio Alonso”,
sin que para esa fecha se tuviera la plena individualización e identificación de estas
personas (hecho probado 7.1.5.).
Es más, aunque se evidencia que en la misma fecha de la captura se expidieron las
órdenes correspondientes, lo cierto es que ello no desvirtúa el hecho de que Fabio
Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo,
José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas hubieran sido
irregularmente capturados, pues las mismas se elaboraron luego de la detención de
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los procesados, cuando se les exigió la presentación de sus cédulas de ciudadanía y
se logró individualizarlos e identificarlos plenamente, conforme se desprende del
informe No. 399 del 7 de septiembre de 2003 (hecho probado 7.1.7.), el proveído del
7 de septiembre de 2003 (hecho probado 7.1.8.), el informe No. 400 del 7 de
septiembre de 2003 (hecho probado 7.1.6.), las diligencias de indagatoria de Leonardo
Castaño Arenas y Manuel Antonio Tobar Góngora (hechos probados 7.1.11. y 7.1.12.)
y los testimonios de Fredy Mauricio Guzmán Torres y Aleidy Flórez Ossa.
En otras palabras, esta prueba no desvirtúa aquello que ha quedado plenamente
probado en el plenario, esto es, que Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio
Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y
Leonardo Castaño Arenas fueron capturados de forma irregular.
Según lo expuesto, se evidencia que la captura de Fabio Alonso Castaño Galeano,
Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura
Lozano y Leonardo Castaño Arenas fue ilegal, i) porque al momento de su aprehensión
no estaban individualizados e identificados plenamente; ii) porque no se realizó
sorprendiéndolos al momento de cometer una conducta punible; iii) porque no fueron
señalados por víctimas u otras personas como autores o cómplices de un delito
perpetrado; iv) porque no fueron encontrados con objetos, instrumentos o huellas, de
los cuales apareciera fundadamente que momentos antes hubieran cometido una
conducta punible o participado en ella; y v) porque no se hizo por orden previa de
autoridad judicial.
Y aunque la captura de Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar
Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo
Castaño Arenas se fundamentó en la información suministrada por el DAS, toda vez
que Napoleón Santillana Gutiérrez y Campo Elías Niño Jiménez los identificaron como
integrantes y/o colaboradores del Frente XIV de las FARC, lo cierto es que se
desconocieron los requisitos exigidos para realizar el procedimiento, dispuestos para
el efecto en el artículo 56 del Decreto 1355 de 1970, toda vez que la detención de las
personas referidas se realizó sin que existiera una orden de captura emitida por
autoridad judicial competente.
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Y si bien la Corte Constitucional en sentencia C-024 de 1994 estableció que la captura
administrativa consistía en la posibilidad que tenían las autoridades policiales de
aprehender materialmente a un ciudadano por el término de 36 horas sin que mediara
orden judicial o se presentara una situación de flagrancia, siempre y cuando con ello
se buscara propender por el cumplimiento de la función constitucional de la Policía
Nacional; lo cierto es que a partir de la sentencia C-199 de 1998 dicha Corporación
sostuvo que atribuir a una autoridad administrativa la función de ordenar la privación
de la libertad, sin previo mandamiento judicial, atentaba contra la libertad personal y el
mandato constitucional que prohíbe la detención sin la orden previa de un juez156.
Justamente, la precitada jurisprudencia distinguió la retención como medida correctiva
de la detención preventiva, pues, mientras que la primera consiste en mantener a una
persona por 24 horas en una estación de policía, en respuesta a una contravención, o
como mecanismo de protección social e individual, la segunda es una medida de
seguridad ordenada por una autoridad judicial, que restringe el derecho a la libertad
de una persona sindicada de haber cometido un delito157. Pues bien, en el caso de
marras, la captura de Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora,
Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño
Arenas no satisfizo las prerrogativas previstas en el Código de Policía, esto es, las
dispuestas en el artículo 56 del Decreto 1355 de 1970.
156 Puntualmente, dicha corporación indicó: “la norma demandada atribuye a una autoridad
administrativa la función de ordenar la privación de la libertad, sin previo mandamiento judicial, en
aquellos casos en que se irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la Policía,
en desarrollo de sus funciones, lo cual resulta atentatorio de la libertad personal y del mandato
constitucional que prohíbe la detención sin orden judicial. Por dicha razón, dicha norma será declarada
inexequible. Lo anterior, no obsta para que el servidor público uniformado de la policía, sujeto de la
agresión pueda acudir ante la autoridad competente para que se investigue la conducta del infractor,
por el irrespeto, amenaza o provocación de que ha sido víctima”.
157 Textualmente indicó: “(…) la retención en el comando consagrada en el Código Nacional de Policía,
no equivale a la detención preventiva que contempla el artículo 28 de la Constitución, pues mientras
que la retención, como medida correctiva, consiste en mantener a una persona por 24 horas en una
estación de policía, en respuesta a una contravención, o como mecanismo de protección social e
individual, la detención preventiva es una medida de seguridad ordenada por una autoridad judicial, que
restringe el derecho a la libertad de una persona sindicada de haber cometido un delito, por el tiempo
que sea necesario, para garantizar que comparezca al proceso y para "impedirle su fuga, la continuación
de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar
elementos probatorios importantes para la instrucción”.
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De hecho, mediante sentencia C-1024 de 2002, se insistió que la privación de la
libertad solo podía realizarse con orden de autoridad competente y en caso de
flagrancia158.
Según lo expuesto, se evidencia, entonces, que Fabio Alonso Castaño Galeano,
Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura
Lozano y Leonardo Castaño Arenas padecieron un daño antijurídico, pues fueron
privados de la libertad sin haber sido sorprendidos en flagrancia o con la existencia
previa de mandamiento escrito de autoridad judicial competente.
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico al Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, la Policía Nacional, el DAS y la Fiscalía General de la Nación, debe
examinarse si las conductas que adoptaron contribuyeron fáctica y/o jurídicamente en
su causación.
En este orden de ideas, se evidencia que el DAS y el Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional contribuyeron fáctica y jurídicamente en la causación del daño antijurídico,
pues agentes de dicha institución capturaron a Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel
Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano
y Leonardo Castaño Arenas sin que hubiesen sido sorprendidos en flagrancia o por
una orden escrita proferida por autoridad competente con las formalidades legales,
incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto 1355 de 1970. Esta
actuación contraria a la ley ocasionó un daño antijurídico a los aquí demandantes,
pues hizo que Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert
158 C-1024 de 2002. Mediante este proveído, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 3 del
Decreto Legislativo 2002 de 9 de septiembre de 2002, que disponía: “Artículo 3°. Captura sin
autorización judicial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, procederá la captura del
sospechoso sin que medie autorización judicial, cuando existan circunstancias que imposibiliten su
requerimiento, siempre que haya urgencia insuperable y la necesidad de proteger un derecho
fundamental en grave o inminente peligro. La autoridad que proceda a la captura deberá llevar un
registro en un libro especial, indicando la fecha, la hora, el lugar y el motivo que dio lugar a la captura,
así como los nombres de las personas afectadas con dicha medida. El capturado deberá ser puesto a
disposición de un fiscal tan pronto como las circunstancias de hecho lo permitan y, en todo caso, dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes, para que aquel adopte la decisión correspondiente en el
término de treinta y seis (36) horas. Cuando la captura se hubiere realizado en los términos que señala
el presente artículo, la autoridad que la llevó a cabo deberá informar a la Procuraduría General de la
Nación el hecho y las razones que motivaron dicha actuación, mediante la remisión del correspondiente
registro”.
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Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas
fueran privados de la libertad injustamente.
Igualmente, se observa que la Fiscalía General de la Nación contribuyó fáctica y
jurídicamente en la causación del daño antijurídico, pues de acuerdo con lo probado
en el proceso, al momento de efectuarse la captura masiva se encontraban presentes
fiscales, quienes coadyuvaron la aprehensión de los procesados sin estar plenamente
individualizados e identificados, en tanto solo se contaba con sus alias, desconociendo
así lo dispuesto en el artículo 350 de la Ley 600 de 2000. Asimismo, el ente instructor
omitió cumplir lo dispuesto en el artículo 353 de la Ley 600 de 2000, pues no dispuso
la libertad de los capturados, siendo de bulto ilegal por no haberse realizado en
flagrancia ni con orden judicial previa. Así pues, se advierte que dicha entidad colaboró
en la causación del daño antijurídico.
Por otro lado, se observa que el daño antijurídico no es imputable al Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, por cuanto no contribuyó fáctica ni jurídicamente en la
captura de Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert
Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas,
toda vez que la detención masiva fue materializada por agentes del DAS y del Ejército
Nacional, según da cuenta el informe No. 400 del 8 de septiembre de 2003 (hecho
probado 7.1.6.). Dicho de otra manera, la Policía Nacional no incumplió lo dispuesto
en el artículo 56 del Decreto 1355 de 1970.
Así las cosas, se concluye que el daño alegado tiene el carácter de antijurídico y es
imputable al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, al DAS y a la Fiscalía General
de la Nación a título de falla en el servicio, al devenir de una actuación de la
Administración contraria a derecho, en tanto la privación de la libertad que sufrieron
Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo
Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas obedeció a
una captura ilegal porque dichas entidades desatendieron lo dispuesto en los artículos
56 del Decreto 1355 de 1970 y 345, 346, 350 y 353 de la Ley 600 de 2000.
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7.2.2. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes causados a Fabio Alonso
Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José
Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas durante su captura
Ahora bien, en segundo lugar, corresponde el estudio del daño, consistente en la
lesión injustificada a la integridad personal y dignidad humana de Fabio Alonso
Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José
Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas, derivada de los tratos
crueles, inhumanos y degradantes ejercidos en su contra, tras habérseles vendado
sus ojos durante su aprehensión.
En efecto, es preciso señalar que, no obstante que el modelo de responsabilidad
extracontractual del Estado colombiano no privilegió un título de imputación
particular159, lo cierto es que la posición de la Corporación se ha orientado por analizar
los daños ocasionados a personas detenidas, en primer lugar, desde la óptica de la
falla del servicio160 y, en segundo, desde una de atribución objetiva161, por la relación
de especial sujeción que existe entre los privados de la libertad y el Estado.
En este orden de ideas, se ha considerado que, producto de esa relación de especial
sujeción, surgen para el Estado dos obligaciones principales frente al sujeto que tiene
bajo su custodia: (i) una obligación positiva de protección, que impone la guarda de su
vida e integridad personal frente a las posibles agresiones externas durante la
reclusión y (ii) una obligación negativa, que implica abstenerse de llevar a cabo
comportamientos que amenacen la vida e integridad del privado de la libertad 162.
En el caso sub examine se acreditó que Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel
Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano
y Leonardo Castaño Arenas fueron capturados el 7 de septiembre de 2003, en el curso
de la operación “Conquista del Chairá” (hecho probado 7.1.6.).
159 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993. Rad. 8163; Sentencia del
10 de marzo de 2011. Rad. 17783; Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019. Rad. 50315.
160 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1 de octubre de 1992, Rad.: 7058; Sentencia del
10 de agosto de 2001, Rad.:12.947; y, Subsección B. Sentencia del 31 de julio de 2014, Rad.: 31.900.
161 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 7 de marzo de 2016, Rad.: 44203
162 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de marzo de 2000, Rad.: 13543.
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Aunado a lo anterior, obran en el plenario las diligencias de indagatoria rendidas el 11
y 12 de septiembre de 2003 ante la Subunidad de Terrorismo de la Unidad
Especializada de la Fiscalía por parte de Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel
Antonio Tobar Góngora y José Manuel Buenaventura Lozano (hechos probados
7.1.11. y 7.1.12.), quienes frente al daño alegado coincidieron en afirmar que durante
el procedimiento de captura y su traslado les fueron vendados los ojos. Precisamente,
Fabio Alonso Castaño Galeano163 indicó que “cuando el DAS nos capturó, fuimos
tratados como delincuentes, fuimos vendados”. Asimismo, Manuel Antonio Tobar
Góngora164 señaló que “Ahí nos pidieron la cédula, después de ahí me vendaron con
un trapo y me amarraron las manos hasta la otra base”. En el mismo sentido, José
Manuel Buenaventura Lozano165 aseguró que “desde Cartagena nos trajeron
vendados desde la base a otra base y nos metieron a helicópteros vendados, tocó con
uno y otro pegados ahí vendados hasta que nos subieron a un monte a la otra base”.
Ahora, es necesario precisar que, aunque obran estas diligencias de indagatoria en
donde algunas de las víctimas directas manifiestan que les fueron vendados los ojos
durante el procedimiento de captura y su traslado, lo cierto es que estas pruebas
constituyen el único sustento de esas afirmaciones.
Al respecto, se advierte que esta Corporación ha considerado que si bien las
diligencias de indagatoria pueden tener mérito probatorio, ciertamente no pueden
constituirse en la única prueba que defina la responsabilidad administrativa del Estado,
pues deben constratarse con otros medios de convicción aportados al proceso.
Justamente, en sentencia del 26 de noviembre de 2015166, se determinó lo siguiente:
“Como quiera que el juicio que se imparte no versa sobre responsabilidad penal sino
administrativa, la cual se rige por otros cánones distintos a fallar ‘más allá de toda duda
razonable’, la Sala definirá los casos en que la indagatoria puede emplearse en el
juicio de responsabilidad estatal, en los siguientes términos: (i) al otorgarle mérito
probatorio a la indagatoria, deberá acreditarse la necesidad de su incorporación para
el análisis integral del caso; (ii) la indagatoria no puede constituirse en la única
prueba que defina la responsabilidad administrativa del Estado; (iii) se requiere
del concurso de otros medios de convicción que apunten en un mismo sentido
es decir, no deben haber contradicciones ostensibles entre lo vertido en la
indagatoria y otros medios de prueba que favorecen al demandante en sede
163 Fl. 171 a 179, C. 5. Proceso Penal 59556.
164 Fl. 33 a 39, C. 6. Proceso Penal 59556.
165 Fl. 205 a 209, C. 4. Proceso Penal 59556.
166 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de noviembre de 2015, Rad.: 36170.
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administrativa; (iv) deberá realizarse un examen integral del proceso lo cual
incluye todas las pruebas válidamente incorporadas al proceso; (v) finalmente,
podrá admitirse la indagatoria como medio de prueba en el juicio de responsabilidad
estatal, cuando de ella: a) el procesado haya obtenido beneficios por colaboración con
la justicia; o, b) que como consecuencia de los hechos afirmados en la indagatoria, se
produzca posteriormente sanción penal o administrativa; por último, c) la indagatoria
valorada no puede haber sido desestimada por razón de presión, confesión forzada del
investigado, o cualquier otro medio atentatorio de los derechos fundamentales”. (Se
resalta)
En efecto, una vez valorados íntegramente los medios de prueba decretados y
practicados en el presente asunto litigioso, se advierte que no hay medios de
convicción que permitan acreditar el daño antijurídico alegado, más allá de las
diligencias de indagatoria de Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar
Góngora y José Manuel Buenaventura Lozano.
En suma, esta Sala estima que estas pruebas por sí solas no permiten demostrar la
configuración del daño antijurídico alegado por los demandantes, consistente en la
lesión injustificada a la integridad personal y dignidad humana de Fabio Alonso
Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José
Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas. Precisamente, se echan
de menos en el plenario pruebas de cualquier índole que permitan corroborar o ratificar
lo afirmado por las víctimas directas en sus diligencias de indagatoria.
Por tanto, se advierte que la conclusión a la que arribó el tribunal de primera instancia
es equívoca, en tanto tuvo por acreditado el daño única y exclusivamente con las
diligencias de indagatoria referidas, sin embargo, se reitera que estas no pueden
constituirse en la única prueba para declarar la responsabilidad administrativa del
estado.
En suma, se observa que la parte demandante no probó la causación cierta de un
daño antijurídico frente a los tratos crueles, inhumanos y degradantes alegados en las
demandas, de modo que, ante su ausencia como elemento esencial del instituto
indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad.
De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento
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Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño que alega requiere de prueba,
cuya omisión por la parte demandante, a quien corresponde tal onus, impide
establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la responsabilidad,
sin la cual, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su
declaración.
Por otra parte, en su aspecto sustancial, debe considerarse que la prueba del daño,
junto con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad, genera la
obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como obligación de contenido
crediticio de reparación integral derivada del juicio de responsabilidad, su prueba
corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende de los artículos
1494167 y 1757168 del Código Civil. Por lo tanto, tratándose de la prueba del nacimiento
y existencia de una obligación indemnizatoria, es un deber insoslayable del acreedor,
que solo puede excepcionalmente suplirse por orden del juez o en virtud de la ley, pues
ello rompe el equilibrio de la relación subyacente a la discusión de la obligación misma
pues, debe subrayarse que la responsabilidad estatal plantea en esencia una cuestión
obligacional entre acreedor (damnificado) - y deudor (Estado); una obligación de
reparar el daño. Es que la obligación indemnizatoria derivada de la declaratoria de
responsabilidad extracontractual para que se halle configurada exige prueba de todos
los elementos de la responsabilidad, lo cual, por supuesto, entre otros implica probar
el daño antijurídico, que en el caso de marras se extraña.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se negarán las
pretensiones frente a los tratos crueles, inhumanos y degradantes alegados, al
constatar que no se acreditó la causación de un daño antijurídico a la parte
demandante.
167 Artículo 1494: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o en las convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que
se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por
disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia”.
168 Artículo 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.
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7.2.3. La privación de la libertad derivada de la medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva impuesta por la Fiscalía 21 de la Unidad
Nacional contra el Terrorismo de Bogotá
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la privación de la
libertad de Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert
Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas,
derivada de la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía 21 de la Unidad
Nacional contra el Terrorismo de Bogotá, la cual es calificada como injusta por los
accionantes.
Ahora bien, el artículo 355 de la Ley 600 de 2000169 prevé que “La imposición de la
medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado
al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la
continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir
o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la
actividad probatoria”.
Además, el artículo 356 ibidem establece que “solamente se tendrá como medida de
aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando
aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las
pruebas legalmente producidas dentro del proceso”.
Igualmente, el artículo 357 ejusdem dispone que la medida de aseguramiento es
procedente, entre otros, cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo
sea o exceda de cuatro (4) años.
Bajo el anterior contexto, se observa que la medida de aseguramiento impuesta el 29
de septiembre de 2003 por la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo
de Bogotá (hecho probado 7.1.15.), desconoció lo dispuesto en el artículo 356 de la
Ley 600 de 2000, toda vez que no se fundó en al menos dos indicios graves de
responsabilidad, vulnerando así el derecho a la libertad de Fabio Alonso Castaño
169 Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
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Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel
Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas.
Justamente, el ente instructor consideró que los señores Castaño Galeano, Tobar
Góngora, Tamayo Castillo, Buenaventura Lozano y Castaño Arenas podían ser
autores de los delitos de rebelión y desplazamiento forzado con fundamento en las
declaraciones juramentadas de Napoleón Santillana Gutiérrez y Campo Elías Niño
Jiménez y en sus ampliaciones, a pesar de que, posteriormente, la Fiscalía 25
Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y la misma Fiscalía 21 de la
Unidad Nacional contra el Terrorismo de Bogotá revocaron la medida de
aseguramiento impuesta, porque los testigos no gozaban de credibilidad (hechos
probados 7.1.17. y 7.1.19.).
En efecto, en la Resolución del 29 de septiembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad
Nacional contra el Terrorismo de Bogotá consideró lo siguiente:
“[…] Escuchados en diligencia de indagatoria los ciudadanos procesados, procede la
Fiscalía dentro de los términos legales a resolverles su situación jurídica […]
Con base en la comisión conferida la Unidad comisionada allega a la investigación
el informe No. 629 del 26 de marzo del presente año, a través del cual se comunica
sobre las diligencias que se adelantaron teniendo en cuenta la referida comisión,
allegándose con el mismo declaraciones rendidas bajo la gravedad del juramento
en la que se señalan algunas personas de pertenecer al frente XIV del movimiento
subversivo FARC que despliega su actividad delictiva en el municipio de
Cartagena del Chairá y de ser estas responsables del desplazamiento forzado que
tuvieron que hacer hacia otras regiones por las graves amenazas que les proferían al no
acatar a sus exigencias, situación esta de la cual fueron víctimas tanto los declarantes
como muchas personas más. De otro lado, se allegaron al informe las tarjetas
decadactilares correspondientes de algunas personas que han sido identificadas
por los funcionarios de policía judicial de ser los presuntos responsables de los
hechos ilícitos anteriormente descritos […]
La conducta por la que se adelanta el presente instructivo y en donde se hayan
vinculados en calidad de COAUTORES los aquí sindicados, encuentra adecuación
jurídica en los siguientes tipos penales, Rebelión y Desplazamiento Forzado […]
Sobre la existencia de los hechos ilícitos investigados y la presunta
responsabilidad de los sindicados se allegaron los siguientes elementos de juicio:
1.- Informe de la Dirección Seccional DAS Caquetá, allegado mediante oficio número
127 del 6 de febrero del año en curso.
2.- Informe número 629 de la Unidad Investigativa de Policía Judicial DAS Caquetá,
calendario el 26 de mayo del presente año.
[…]
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
4.- Declaración juramentada rendida por el señor CAMPO ELIAS NIÑO JIMÉNEZ.
5.- Declaración juramentada rendida por el señor NAPOLEÓN SANTILLANA
GUTIÉRREZ.
[…]
15.- Ampliación de declaración rendida por el señor NAPOLEÓN SANTILLANA
GUTIÉRREZ.
[…]
20.- Ampliación de declaración rendida por el señor CAMPO ELLAS NIÑO JIMÉNEZ.
[…]
48.- Ampliación declaración rendida por el señor NAPOLEÓN SANTILLANA
GUTIÉRREZ.
49.- Ampliación declaración rendida por el señor CAMPO ELIAS NIÑO JIMÉNEZ.
[…]
51.- Declaración juramentada rendida por el señor PEDRO ANTONIO GUEVARA
AREIZA.
[…]
Hemos de partir de un hecho incuestionable y es que la prueba que más adelante se
analizará en términos del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal permitirá
determinar si existe la prueba mínima que exige el legislador para imponer medida de
aseguramiento o si por el contrario se debe ordenar la libertad inmediata, debe entonces
contar la investigación con mínimo dos indicios graves de responsabilidad.
Obsérvese que en el caso en estudio y de acuerdo con los elementos probatorios
existentes, los hechos sucedidos así como la aprehensión de los sindicados se
efectuó como consecuencia de una labor investigativa de tiempo atrás, dentro de
esa labor se consideró importante abrir la correspondiente investigación penal y
teniendo en cuenta serios elementos de juicio que obran en el paginario se
dispuso abrir la correspondiente investigación penal ordenándose la vinculación
de treinta y dos presuntos responsables en los hechos que se investigan. Como
consecuencia de las labores investigativas que continuaron realizando los
funcionarios de Policía Judicial del DAS cuyos resultados obran en los infolios, a
través de los informes correspondientes se consideró procedente ordenar la
vinculación por parte de la Fiscalía de otro grupo de personas.
Empecemos por decir que son reveladores, serios y comprometedores los
testimonios de los señores […] CAMPO ELIAS NIÑO JIMÉNEZ y NAPOLEÓN
SANTILLANA GUTIÉRREZ […] se muestran en verdadera dimensión, sus dichos
resultan veraces precisamente por provenir de personas que tuvieron tan íntimo
contacto con los sindicados […] nos encontramos en presencia de testimonios serios
que para la Fiscalía reportan la credibilidad necesaria en orden a determinar que existe
prueba más que suficiente para imponer medida preventiva.
Estamos plenamente de acuerdo con varios de los defensores en cuanto a que los
informes de inteligencia no constituyen medio de prueba idóneo bajo los cuales
se puedan edificar conceptos de responsabilidad, comentarios que se ajustan a la
tradición que sobre este aspecto ha observado la doctrina y la jurisprudencia
nacional, pero resulta demasiado riguroso que se les pretenda quitar todo valor
probatorio, en este caso si bien es cierto la investigación tuvo su génesis en informes
suscritos por varios investigadores del DAS, los que contenían en gran medida lo que
los testimoniantes han señalado en declaración, siendo entonces los informes un gran
aporte en la investigación y nos sirven como elementos orientadores de esta […]
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
[…] Esto es lo que ha venido ocurriendo conforme al acervo probatorio, en especial
declaraciones de varios testigos que bajo la gravedad del juramento han hechos
graves y delicadas imputaciones contra un gran número de personas a quienes
señalan de integrar el grupo subversivo autodenominado Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia FARC y más concretamente del frente XIV que se
movilizan por la región de Cartagena del Chairá y sus alrededores del
departamento del Caquetá.
Hemos de insistir en los testimonios de quienes han hecho cargos delictuales
contra varios de los sindicados merecen crédito a la luz de la sana crítica, son
dignas de credibilidad, se presentan como el reflejo fiel y objetivo de lo acontecido,
no existe ningún elemento de juicio atendible del cual pueda inferirse que lo manifestado
por estos acerca del azote subversivo a que ha venido siendo sometida la población del
municipio de Cartagena del Chairá, puede inferirse que sus manifestaciones estén
animadas por el interés de formular cargos temerarios para hacer daño a los aquí
sindicados y propiciar la asunción de medidas injustas en su contra, al contrario,
encuentra la Fiscalía que sus asertos se muestran creíbles en sus contenidos,
hasta el momento aparecen apartadas de cualquier animadversión que pudieran
afectarlos y restarles la eficacia probatoria que los representa, mientras no sean
tachados de falsos o mendaces la Fiscalía les da credibilidad ya que sea parte del
principio de la buena fe que asiste a quien declara.
Analicemos la responsabilidad que cabe endilgarle a los ciudadanos procesados […]
valorando la prueba en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, conforme
lo dispone el mandato legal, procede el ente investigativo a analizar la situación de cada
uno de los indagados, aclarando que algunos de los declarantes han hecho cargos, unos
señalados con un apelativo, otros con apelativo y nombre completo, pero de todos se
aportan datos en especial descripción física, características particulares, sitios donde
viven, ocupación, de los cuales se puede inferir que las imputaciones que hacen si son
directas contra cada uno, miremos:
[…] EVER (sic) TAMAYO CASTILLO, lo señalan NAPOLEÓN SANTILLANA como EVER
(sic) alias El CAIMAN, encargado de llevar gente de la vereda La Hacienda a la vereda
Los Lobos, los sancionados, actualmente recolecta información en la ciudad de Florencia
en un campero rojo de la empresa TRANSYARY para la subversión, compra base de
coca en la vereda los Remolinos, asesinó a un joven de nombre Diego en la Hacienda
Los Lobos. También se refiere PEDRO ANTONIO GUEVARA AREIZA, lo señala con
nombre y el alias El Caimán, es comandante de milicias del frente XIV de las FARC en
Cartagena del Chairá, recibió instrucción de explosivos en la finca de alias El Musulmán,
refiere el testigo estaba allí y lo vio llevar 12 arrobas de anfo para Cartagena del Chairá
para realizar los actos terroristas contra la tropa de Cartagena, fue encargado de instruir
a los milicianos que no tenían curso de explosivos, lo sindica de ser el responsable de la
policía cívica de San Vicente del Caguán.
[…] JOSE MANUEL BUENAVENTURA LOZANO, es referido con el alias BRAZO DE
MULA. NAPOLEÓN SANTILLANA refiere en ampliación de declaración conocer a
MANUEL BUENAVENTURA quien participó en la toma a la estación de policía el Billar
en el año de 1997, vestía uniforme camuflado y una M60, compra base de coca en la
vereda Tigrera, Remansos y Panamá. CAMPO ELIAS NIÑO JIMÉNEZ refiere ALIAS
BRAZO DE MULA, es miliciano en Cartagena de Chairá desde 1992 ha sido el
encargado de manejar los carros a la cabecilla La Morocha de la hacienda Las Ilusiones
hacia los campamentos, él ha sido pistolero en Doncello, Rio Negro y Cartagena del
Chairá, él ha vestido camuflado, vigila quien ingresa al pueblo para informar al cabecilla
PIPE; él es enviado a Neiva y Bogotá a cumplir misiones de la guerrilla, está pendiente
de quien habla con el ejército para después ajusticiarlos.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
[…] LEONARDO CASTAÑO ARENAS, ALIAS VELADORA, lo señala NAPOLEÓN
SANTILLANA, manifestando que este es subversivo del Catorce Frente de las FARC,
encargado de comprar base de coca, aproximadamente ochocientos kilos que realzaba
reten en la vereda los espejos, en los años 1995 y 1998, que recolectaba información de
la fuerza pública en CARTAGENA DEL CHAIRÁ, que tenía un campamento con ALIAS
LA MOROCHA en el mismo lugar. CAMPO ELIAS manifiesta que ALIAS VELADORA
fue comprador de base de coca en el sitio llamado LA CHIPA y EL HOTEL por río Caguán
de CARTAGENA DEL CHAIRÁ, en el año 1996 al 1999, que hizo matar a un muchacho
de nombre RODRIGO acusándolo que le había robado cincuenta kilogramos de coca en
1998; que ahora es miliciano desde el año 1999, delinquiendo en el casco urbano de
CARTAGENA DEL CHAIRÁ y PUERTO GAÍTAN, que trabaja para el cabecilla RAMIRO
CAMACHO, que hizo matar al señor EDGAR CIUELLA acusando de vínculos con los
paramilitares. En declaración SIGIFREDO BLANDON GIRALDO manifiesta que este
señor es testaferro del XIV frente de las FARC encargado de recaudar impuestos a los
comerciantes de Cartagena. Manifiesta el señor EDISON CAICEDO, que ALIAS
VELADORA está al mando de HENRY LOPEZ ARIAS EL SURDO quien es el que da las
órdenes de todos los que tienen que matar la milicia en el pueblo, que LEONARDO
ALIAS VELADORA, es otro de los milicianos duros del pueblo, que tiene dos camperos
de servicio público al servicio de la guerrilla que se encargan de llevar la gente
sancionada por la guerrilla a las trochas, que es muy conocido en CARTAGENA y le
tienen mucho miedo porque todo el mundo sabe que él es jodido, que fue el que mató
un profesor en una vereda llamada el CASTILLO en el año de 1999, que mató a un
muchacho de nombre MIRO VALENCIA hace como año y medio.
[…] MANUEL ANTONIO TOVAR GÓNGORA, refiere SANTILLANA, MANUEL alias el
Burro es el encargado de entregar el informe sobre personas extrañas al cabecilla alias
Pipe en la Hacienda, en dos ocasiones visitó la ciudad de Florencia para llevar
información de los que estaban colaborando con la ley en cumplimiento a órdenes del
citado cabecilla. PEDRO ANTONIO GUEVARA AREIZA refirió EL BURRO es ya viejo
de edad y de estar militando, es canoso, bajito, gordo, trigueño está encargado de llevar
la información al comandante Víctor en el sitio conocido como los Mangos donde está el
campamento, sobre la gente que hay que asesinar en Cartagena, a finales del año
pasado hizo asesinar a una prostituta de Cartagena porque él llevó la información que
era de las AUC.
[…] FABIO ALONSO CASTAÑO GALEANO, lo refiere NAPOLEÓN SANTILLANA,
señala FABIO se desempeña como inspector de higiene del hospital local, vestía
uniforme camuflado para el año 2001, arma AK47, pistola 9mm en el 2002 en el mes de
octubre participó al hostigamiento a una base militar. Asesinó a un vendedor de cacharro
cerca de la escuela el diamante, en el año 2002 realizaba conferencias en Santafé del
Caguán con el cabecilla CARPENTIEL, y realizaba reten con el mismo cabecilla en la
vereda Apares, allí compraban base de coca en aproximadamente 500 kilos.
Mucho habrá que profundizar en el desarrollo de la instrucción sobre los graves
señalamientos que hacen en contra de los sindicados sobre su participación en
homicidios, actividades de narcotráfico, hostigamientos a la base militar
acantonada en Cartagena del Chairá, secuestro, extorsiones, amenazas y otras
conductas punibles, de Ilegarse a establecer los hechos ilícitos aquí relacionados
deberá procederse conforme lo establecido en el ordenamiento procesal penal,
por el momento este ente investigador se abstiene de hacer pronunciamiento
alguno al gran número de conductas punibles que los declarante han endilgado a
los aquí procesado.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
[…] CAMPO ELIAS NIÑO JIMÉNEZ, NAPOLEÓN SANTILLANA GUTIÉRREZ se
muestran en su verdadera dimensión, sus dichos resultan veraces precisamente
por provenir de personas que se encontraban en el teatro de los acontecimientos,
unos fueron compañeros del actuar ilícito, otros víctimas de sus aleves ataques.
[…]
Como viene de verse la prueba analizada permite sostener que se reúnen
ampliamente los requisitos mínimos para proferir medida de aseguramiento en
contra de los implicados antes analizados por encontrarse como probables
responsables en calidad de coautores de los punibles de rebelión y
desplazamiento forzado, siendo preciso acotar, que, en todos los procesados
franquean los límites de la necesidad de la medida detentiva, pues estamos en
presencia de delitos de naturaleza grave como el de REBELIÓN y el
DESPLAZAMIENTO FORZADO, realizado el análisis de cada uno encuentra la
Fiscalía que abundan los argumentos que legitiman la necesidad de la detención
como lo dispone el fallo de constitucionalidad emitido en este sentido por la Corte
Constitucional […]”. (Se resalta)
Según lo expuesto, se evidencia que la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de Bogotá, además de tener en cuenta los informes de los agentes de la
Policía Judicial que participaron en las labores de inteligencia, investigación y
seguimiento para lograr la identificación e individualización de miembros de las FARC-
EP, que de conformidad con el artículo 314 de la Ley 600 de 2000 sólo sirven como
criterio orientador de la investigación penal170, la medida precautelativa se fundó en
las declaraciones juramentadas de Napoleón Santillana Gutiérrez y Campo Elías Niño
Jiménez, así como en su ampliación, las cuales vinculaban a Fabio Alonso Castaño
Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel
Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas como presuntos integrantes y/o
colaboradores del Frente XIV de las FARC.
Ahora bien, aunque en principio podría considerarse que estas declaraciones
juramentadas y sus ampliaciones constituían pruebas directas171 que permitían
170 “Artículo 314. Labores previas de verificación. La policía judicial podrá antes de la judicialización de
las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis
de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de
la posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de
indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación.”
171 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de enero de 2017, rad. 40120:
“Ahora bien, el estándar de conocimiento requerido para la condena (certeza - racional-) debe
considerarse frente al hecho jurídicamente relevante que se integra al tema de prueba (el origen directo
o indirecto de los bienes en alguna de las actividades ilícitas descritas en la norma), que puede lograrse
con “prueba directa” o con “prueba indiciaria”, según se anotó en párrafos precedentes […] Por eso, a
falta de prueba directa o, a lo sumo, inferencial o indirecta, pero razonable, no exclusivamente
contingente, sino necesaria, de que los bienes provienen de la comisión antecedente de alguno de los
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
superar las exigencias previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000172, para poder
imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva173, lo cierto es que no
se trataba, en rigor, de pruebas directas, pues estas fueron practicadas por el DAS con
desconocimiento de requisitos condicionantes de su validez.
Al respecto, aunque la ley procesal penal facultó a la Policía Judicial para practicar
pruebas174, ciertamente esta facultad no puede ejercerla en todo momento, ni es
posible que el ente instructor, cuando ya ha asumido la dirección de la investigación,
comisione a ese órgano de apoyo para practicar pruebas distintas a las técnicas, como
lo es la recepción de testimonios175. En otras palabras, las declaraciones juramentadas
delitos expresamente señalados en la ley, no podría entenderse acreditada la materialidad de la
conducta punible y la responsabilidad del acusado sino que habría que dar paso al reconocimiento de
la duda probatoria, dada la garantía sustancial de todo ciudadano a la presunción de inocencia”.
172 Carnelutti, Francesco. Sistemas de responsabilidad civil. Tomo II, Buenos Aires. Editorial Uthea,
1994, p. 402, tomado de Jairo Parra Quijano. Algunos apuntes de la prueba indiciaria. p.15 “los indicios
son una prueba crítica, lógica, indirecta. Podemos decir que cuando se habla de prueba directa el hecho
lo presencia el juez; en la prueba histórica, como por ejemplo, en el testimonio o el documento, se le
representa al juez el hecho a probar; en la prueba de indicios ni el juez observa el hecho ni éste está
representado, lo que tiene es un hecho que le sirve de sustento o de base para buscar el hecho a
probar”.
173 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de junio de 2019. Rad.: 44473.
“No obstante, la Sala estima pertinente aclarar que, conforme a lo anterior, la medida de aseguramiento
no se fundamentó en dos indicios graves en contra del investigado, sino por la existencia de una prueba
testimonial directa, que tiene mayor mérito probatorio que dichos indicios. Como lo ha precisado la
doctrina, la prueba indiciaria está conformada por un raciocinio, en el que un hecho desconocido es
inferido a partir de uno conocido, por lo que su fuerza probatoria reside en la solidez del vínculo que une
los dos hechos. Así pues, se presenta un indicio grave cuando existe una clara relación de causalidad
probable entre el hecho conocido y el desconocido, como lo ha explicado la jurisprudencia contencioso-
administrativa, haciendo suyas las palabras de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia. Sin embargo, aun cuando se trate de un indicio grave, los indicios han sido clasificados,
doctrinal y jurisprudencialmente, dentro de las pruebas indirectas, que tienen un menor valor probatorio
que las directas, ya que, al presentarse un raciocinio intermedio en la prueba indirecta, esta pierde
objetividad”.
174 Ver artículo 314 de la Ley 600 de 2000: “La policía judicial podrá antes de la judicialización de las
actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de
información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la
posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de
indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación”.
Artículo 315 ibidem: “En los casos de flagrancia y en el lugar de su ocurrencia o cuando por motivos de
fuerza mayor acreditada no pueda el Fiscal General de la Nación o sus delegados iniciar la investigación
previa, los servidores públicos que ejerzan funciones de policía judicial podrán ordenar y practicar
pruebas”.
Artículo 316 ejusdem: “Iniciada la investigación la policía judicial sólo actuará por orden del fiscal, quien
podrá comisionar a cualquier servidor público que ejerza funciones de policía judicial para la práctica de
pruebas técnicas o diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, lo cual podrá ser ordenado
y comunicado por cualquier medio idóneo, dejando constancia de ello”.
175 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de junio de 2019. Rad.: 44473.
“No obstante, la Sala estima pertinente aclarar que, conforme a lo anterior, la medida de aseguramiento
no se fundamentó en dos indicios graves en contra del investigado, sino por la existencia de una prueba
testimonial directa, que tiene mayor mérito probatorio que dichos indicios. Como lo ha precisado la
doctrina, la prueba indiciaria está conformada por un raciocinio, en el que un hecho desconocido es
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
y las ampliaciones de estas recepcionadas por el DAS carecen de valor probatorio
como testimonios y, en consecuencia, no constituyen pruebas directas que
comprometieran preliminarmente la responsabilidad penal de Fabio Alonso Castaño
Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel
Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas en los delitos de rebelión y
desplazamiento forzado.
De igual forma, la Sala estima que las declaraciones juramentadas de Napoleón
Santillana Gutiérrez y Campo Elías Niño Jiménez carecían de eficacia probatoria para
imponer medida de aseguramiento en contra de los aquí demandantes, pues sus
versiones no fueron corroboradas con ningún otro medio de prueba y, además, fueron
los mismos testigos quienes desvirtuaron la credibilidad de sus manifestaciones, tal y
como se determinó en las revocatorias de las medidas de aseguramiento y las
decisiones preclusivas de la investigación penal (hechos probados 7.1.17., 7.1.19.,
7.1.22. y 7.1.25.), toda vez que al revisar estos testimonios en su conjunto, se
encontraron vacíos, imprecisiones y contradicciones.
En efecto, llama la atención la valoración que la Fiscalía hace para justificar la medida
de detención preventiva, pues a pesar de que da cuenta de los señalamientos
realizados por Napoleón Santillana Gutiérrez y Campo Elías Niño Jiménez en contra
de Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo
Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas, no ahondó
en el análisis de esas declaraciones para llegar a la conclusión de la presunta comisión
de un ilícito ni explicó ni realizó las asociaciones necesarias para justificar la adopción
de la medida de restricción de la libertad, pues se limitó a decir que lo manifestado por
Napoleón Santillana Gutiérrez y Campo Elías Niño Jiménez daba cuenta de ello, sin
explicar por qué consideraba que de allí se podía concluir la posible participación de
Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo
inferido a partir de uno conocido, por lo que su fuerza probatoria reside en la solidez del vínculo que une
los dos hechos. Así pues, se presenta un indicio grave cuando existe una clara relación de causalidad
probable entre el hecho conocido y el desconocido, como lo ha explicado la jurisprudencia contencioso-
administrativa, haciendo suyas las palabras de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia. Sin embargo, aun cuando se trate de un indicio grave, los indicios han sido clasificados,
doctrinal y jurisprudencialmente, dentro de las pruebas indirectas, que tienen un menor valor probatorio
que las directas, ya que, al presentarse un raciocinio intermedio en la prueba indirecta, esta pierde
objetividad”.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas en los delitos
de rebelión y desplazamiento forzado.
Adicionalmente, el ente instructor no analizó la veracidad, la conducencia y
congruencia de las afirmaciones realizadas por Napoleón Santillana Gutiérrez y
Campo Elías Niño Jiménez con el grado que se requiere para la adopción de una
medida de tal entidad como la limitación de la libertad de una persona, que en este
caso, en su motivación careció de la valoración necesaria y no contó con argumentos
adicionales.
Tan es así, que se demostró que el 17 de diciembre de 2003, la Fiscalía 25 Delegada
ante los Tribunales Superiores de Bogotá revocó la medida de aseguramiento que
dictó en contra de todos los procesados por el delito de desplazamiento forzado, pues
consideró que no había merito probatorio para su imposición (hecho probado 7.1.17.).
De hecho, el fundamento de la decisión fue el siguiente:
“[…] dentro del proceso no obra prueba demostrativa de que las personas vinculadas
al mismo hubieren ejecutado alguno de los verbos rectores que describen el delito, que
sin fundamento ha sido endilgado […] En el presente caso no obra prueba alguna
demostrativa de que las personas vinculadas a la presente investigación hubiesen
realizado alguno de los comportamientos prohibidos en el artículo 180 del Código Penal
parcialmente transcrito […] Fuerza, en consecuencia, concluir que no obra prueba
demostrativa de la comisión del delito de desplazamiento forzado por parte de
las personas vinculadas a la presente investigación, a través de declaración de
indagatoria, y ante su ausencia se impone revocar la medida de aseguramiento
que por ese punible se impuso, como Io demanda no solo la representante de la
sociedad, sino los profesionales apelantes […].
[L]as aseveraciones que efectúa Santillana (Napoleón) carece de parámetros a
partir de los cuales pudiese afirmarse que Io manifestado es cierto. Hace
referencia a la tenencia de armas, a la utilización de uniformes que denominan
camuflados, al ocasionamiento de una muerte y desaparición posterior del
cadáver, sin precisar las razones y las circunstancias por las cuales tuvo
conocimiento de tan graves hechos, amén de que Santillana en sus diversas
intervenciones ha hecho referencia a rnuertes de que han sido víctimas
vendedores, sin desconocer que posteriormente hizo referencia a no recordar
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
haber mencionado ese comportamiento delictivo. Igualmente no resulta muy
lógico y convincente, precisamente por reñir con las reglas de la experiencia, con
el sentido común […] Precisamente con fundamento en estos aspectos bien se
puede afirmar que la declaración resulta ambigua, incoherente intrínsecamente
e ilógica. Pero además se encuentra desvirtuada por otros medios de convicción,
resultando también incoherente extrínsecamente […]”. (Se resalta)
Asimismo, quedó expuesto que el 24 de diciembre de 2003, la Fiscalía 21 de la Unidad
Nacional contra el Terrorismo de Bogotá revocó la medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva por el delito de rebelión porque Campo Elías Niño
Jiménez se retractó de los señalamientos realizados y la declaración de Napoleón
Santillana Gutiérrez no resultaba creíble por reñir con las reglas de la experiencia,
puesto que: i) para la época de los hechos que narró en su declaración tenía la edad
de 13 años, ii) no pertenecía a las FARC, iii) se encontraba en el lugar de todos los
hechos que relató, iv) no precisó en qué circunstancias percibió tales hechos y, v) no
indicó fechas exactas, ni lugares concretos (hecho probado 7.1.19.). Precisamente, en
dicho proveído se indicó que:
“[…] para el caso que nos ocupa, cual es la revocatoria de la medida detentiva
solicitada por los profesionales del derecho a favor de sus prohijados, esta Delegada
después de hacer un amplio análisis de la prueba de cargo en que se fundamentó
la situación jurídica, observa con suma claridad, que la prueba de cargo
constituida por los informantes y más especialmente Napoleón Santillana no
ofrece la suficiente credibilidad, puesto que se limita a exponer unos hechos de
absoluta gravedad como son la comisión de los homicidios, el lugar donde
vestían camuflado y portaban las armas de largo y corto alcance, pero omite
especificar las circunstancias en que percibió tal hecho, amén de que como ya se
ha repetido en diferentes oportunidades, resulta absolutamente ajeno a las reglas
de la experiencia que Napoleón Santillana siempre se encuentra justo en ese
momento y lugar en el que se producen tomas guerrilleras, hostigamientos,
ataques a la base militar, homicidios, tráfico de estupefacientes y de armas etc.,
como lo ha relatado a lo largo de sus diversas intervenciones, por el contrario, resulta
conforme a las mismas que existan personas que presencien hechos delictivos, de ahí
que el testimonio sea un medio de prueba de la existencia de los mismos y de la
responsabilidad de sus autores, pero que una misma persona sea testigo presencial
de tantos y variados hechos ocurridos, en diferentes circunstancias temporo-
espaciales, con la intervención de personas que incluso no se conocen entre sí, no
resulta de conformidad con las reglas mencionadas, parámetro a partir del cual se
justiprecian todos los medios de convicción allegados a una investigación de carácter
penal.
Como se puede observar, las pruebas de cargo en su contra estarían constituidas
más que todo por Napoleón Santillana, dada la retractación que hiciera Campo
Elías Niño, respecto de varias de las personas vinculadas a la presente
investigación, la que resulta ser gaseosa y abstracta, y como se dijo antes, no se
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
indican fechas exactas ni lugares concretos de la comisión del punible, no es
creíble para el Despacho, el señalamiento que hace Napoleón Santillana en sus
declaraciones respecto de haber presenciado a estas personas participar en la toma
del cuartel de policía realizada en el año de 1994, puesto que es imposible que
después de transcurrido 11 años recuerde perfectamente lo sucedido, cuando
apenas tenía escasos 13 años de edad, afirmación esta que no merece ninguna
credibilidad para el Despacho, al contrario de la veracidad y claridad de que debe
gozar el testimonio, se nota es un rencor en sus dichos que corroboran lo afirmado por
Campo Elías Niño en su declaración de retractación del 4 de diciembre cuando
manifestó ‘de Napoleón no le creo mucho, él me dijo que el día que él señaló a las
personas, ese era el día que él espero para desquitarse de más de uno`.
Bajo este orden de ideas, la declaración efectuada por Santillana, pero además
no resulta nada creíble por reñir con las reglas de la experiencia que una persona
sin haber pertenecido a las filas guerrilleras, se percata de tantos y variados
hechos, y se encuentre precisamente en el lugar donde se realizan todos los
enfrentamientos, las tomas, y conozca todos los movimientos que se hagan
dentro de la organización guerrillera, y en el momento preciso llegue y escuche
las conversaciones y presencie todas las muertes y asesinatos cometidos en
Cartagena del Chairá”. (Se resalta)
Sobre este punto y frente al control de legalidad176 de las medidas de aseguramiento
impuestas en vigencia de la Ley 600 de 2000, la Sala Especial de Primera Instancia
de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que177:
“‘el legislador introdujo un control de legalidad general más amplio, el cual comprende
un control específico de la prueba mínima para asegurar […]. La extensión del ámbito
del control busca proteger estos derechos, en especial la libertad, la propiedad, el
debido proceso y el derecho de defensa, respetando la órbita de competencia de
la Fiscalía y manteniendo la separación de las etapas que constitucionalmente
estructuran el proceso penal. […] En relación con las causales definidas por el
legislador para controlar las medidas, éstas se refieren a 3 eventos que permiten
cuestionar la legalidad de la prueba mínima para asegurar: 1. Cuando se supone o
se deja de valorar una o más pruebas. 2. Cuando aparezca clara y ostensiblemente
demostrado que se distorsionó su contenido o la inferencia lógica en la construcción
del indicio, o se desconocieron las reglas de la sana crítica. 3. Cuando es practicada
o aportada al proceso con desconocimiento de algún requisito condicionante de
su validez […]. 21.– En cuanto a la exigencia de que para que proceda el control
176 “Artículo 392. Del control de la medida de aseguramiento y de decisiones relativas a la propiedad,
tenencia o custodia de bienes. La medida de aseguramiento y las decisiones que afecten a la propiedad,
posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal General de la
Nación o su delegado podrán ser revisadas en su legalidad formal y material por el correspondiente juez
de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público.
Cuando se cuestione la legalidad material de la prueba mínima para asegurar procederá el amparo en
los siguientes eventos: 1. Cuando se supone o se deja de valorar una o más pruebas. 2. Cuando
aparezca clara y ostensiblemente demostrado que se distorsionó su contenido o la inferencia lógica en
la construcción del indicio, o se desconocieron las reglas de la sana crítica. 3. Cuando es practicada o
aportada al proceso con desconocimiento de algún requisito condicionante de su validez. Quien solicite
el control de legalidad, con fundamento en las anteriores causales, debe señalar claramente los hechos
en que se funda y demostrar que objetivamente se incurrió en ella. Reconocido el error sólo procederá
el control cuando desaparezca la prueba mínima para asegurar”.
177 Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia del 15 de julio de 2020,
Rad. 00294.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
judicial de legalidad material, el error debe ser de tal magnitud que haga
desaparecer la prueba mínima, tal requisito circunscribe la actuación del juez en
relación con las medidas de aseguramiento. Con ello se evita que el juez sustituya al
fiscal o revoque una medida necesaria por una simple discrepancia de criterios entre
operadores jurídicos respecto de asuntos que no tienen la trascendencia de hacer
desaparecer la prueba mínima para asegurar […]’. 4.- Cabe señalar que la verificación
formal de la legalidad de la medida por parte del juzgador que da lugar a su
invalidación, implica reconocer que fue adoptada con transgresión del debido
proceso, el derecho de defensa o por funcionario sin competencia para el efecto, en
tanto que el análisis de legalidad material se apoya en la existencia de la prueba
mínima para la imposición de la medida o el cumplimiento de los fines
constitucional y legalmente previstos […]”. (Se resalta)
En virtud de lo anterior, resalta la Sala que no se trató de una interpretación distinta de
las pruebas que obraban en el plenario por parte del ente instructor, sino de la ausencia
de una debida valoración y de un análisis riguroso de las declaraciones que obraban
en el plenario, que de haberse realizado diligentemente, habrían llevado a la Fiscalía
21 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de Bogotá a tomar una decisión
diametralmente distinta a la adoptada el 29 de septiembre de 2003, en tanto dichas
pruebas evidenciaban preliminarmente que no existían suficientes indicios frente a los
procesados para considerar que habían cometido los ilícitos por los cuales eran
investigados o que imponer la medida precautelativa en su contra resultaba
innecesario e irrazonable.
En efecto a pesar de que la Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de
Bogotá consideró que las declaraciones juramentadas de Napoleón Santillana
Gutiérrez y Campo Elías Niño Jiménez daban cuenta que Castaño Galeano, Tobar
Góngora, Tamayo Castillo, Buenaventura Lozano y Castaño Arenas podían ser
autores de los delitos de rebelión y desplazamiento forzado, lo cierto es que de haber
realizado un análisis acucioso de las mismas, habría podido concluir que no les asistía
credibilidad, como a la postre lo estimó la Fiscalía 25 Delegada ante los Tribunales
Superiores de Bogotá y la misma Fiscalía 21 de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo de Bogotá en las decisiones del 17 y 24 de diciembre de 2003,
respectivamente. Todo lo anterior, y una vez examinada la totalidad de las pruebas,
daba cuenta por lo menos de la improcedencia de la medida de aseguramiento en el
presente caso.
En virtud de lo anterior, se evidencia que la medida cautelar no fue legalmente
impuesta, pues no cumplió con las exigencias mínimas dispuestas en el artículo 356
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
de la Ley 600 de 2000, lo que a la postre tornó la detención de Fabio Alonso Castaño
Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel
Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arenas en injusta y les causó un daño
antijurídico, ya que la providencia mediante la cual la Fiscalía General de la Nación
impuso la medida de aseguramiento no contaba al menos con dos indicios graves de
responsabilidad que permitieran inferir, a priori, la participación de los procesados en
los hechos delictivos por los cuales eran investigados.
Ahora bien, para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico al Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional - Policía Nacional, el DAS y la Fiscalía General de la
Nación, debe examinarse si las conductas que adoptaron contribuyeron fáctica y/o
jurídicamente en su causación.
En este orden de ideas, en cuanto a la conducta del Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, la Policía Nacional y el DAS se advierte que el daño antijurídico causado a
los demandantes con la imposición de la medida de aseguramiento en contra de Fabio
Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo,
José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arena no le es imputable a
dichas entidades, puesto que no fueron quienes decretaron dicha medida.
Sin embargo, por otro lado, se advierte que la Fiscalía General de la Nación sí
contribuyó fáctica y jurídicamente en la causación del daño antijurídico, pues impuso
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los
procesados referidos a pesar de que no existían razones que justificaran la necesidad
de limitar el derecho de locomoción de estos, incumpliendo así lo dispuesto en el
artículo 356 de la Ley 600 que dispone que “[…] solamente se tendrá como medida de
aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se impondrá cuando
aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las
pruebas legalmente producidas dentro del proceso”.
Según lo expuesto, se concluye que únicamente la Fiscalía General de la Nación
incurrió en una falla del servicio y es patrimonialmente responsable del daño
antijurídico padecido por los demandantes, pues privó injustamente de la libertad a
Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo Castaño Arena, por cuanto no
cumplió con el estándar probatorio que señalaba la norma para imponer una medida
de aseguramiento consistente en detención preventiva.
8. Liquidación de perjuicios
A continuación, se realizará la liquidación de perjuicios a favor de los extremos activos,
teniendo en cuenta la tipología de aquellos solicitados en las demandas, esto es,
perjuicios morales, “la violación de derechos fundamentales a la libertad, a la integridad
personal y dignidad humana, al buen nombre y honor, a la familia y al debido proceso”,
daño a la vida de relación, daño emergente, lucro cesante y medidas no pecuniarias.
8.1. En el proceso 200600690 se solicitó condenar a las entidades demandadas a
pagar por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Fabio Alonso Castaño
Galeano, a título de perjuicios morales, 100 SMLMV a Fabio Alonso Castaño
Galeano, Juan Sebastián Castaño Betancourth, Fabian Camilo Castaño Betancourth,
Lina María Castaño Martínez, Amparo Castaño Galeano, Dora Cielo Castaño Galeano
y Mercedes Lizcano Londoño. Por su parte, en sentencia del 9 de febrero de 2022, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a las entidades demandadas a
pagar, por perjuicios morales, 50 SMLMV a cada uno de los demandantes.
En igual sentido, en el proceso 200600718 se solicitó condenar a las entidades
demandadas a pagar por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Manuel
Antonio Tobar Góngora, a título de perjuicios morales, 100 SMLMV a Manuel
Antonio Tobar Góngora, John Fredy Tobar Bergaño y María Eneried Bergaño
Lamprea. A su vez, en sentencia del 9 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca condenó en abstracto a las entidades demandadas por perjuicios
morales en favor de cada uno de los demandantes.
Asimismo, en el proceso 200601375 se solicitó condenar a las accionadas a pagar por
la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Hebert Tamayo Castillo, a título
de perjuicios morales, 100 SMLMV a Hebert Tamayo Castillo, Oscar Mauricio
Tamayo Patiño, Leidy Yanebi Tamayo Patiño, Gerson Alexis Tamayo Suaza, Martha
Diva Patiño Castaño y Rufina Castillo de Tamayo. En efecto, en sentencia del 9 de
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a las entidades
demandadas a pagar, por perjuicios morales, 80 SMLMV a cada uno de los
demandantes.
De otro lado, en el proceso 200601376 se solicitó condenar a las demandadas a pagar
por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto José Manuel Buenaventura
Lozano, a título de perjuicios morales, 100 SMLMV a José Manuel Buenaventura
Lozano, Daniela Andrea Buenaventura Rojas, Faiber Buenaventura Rojas, Diana
Carolina Buenaventura Álvarez, Manuel Fernando Buenaventura Rojas, Diego
Buenaventura Álvarez, Rubiela Álvarez Santofimio, Luis Alberto Buenaventura Lozano
y Luis Alberto Buenaventura Gómez. Por su parte, en sentencia del 9 de febrero de
2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a las entidades
demandadas a pagar, por perjuicios morales, 80 SMLMV, únicamente a José Manuel
Buenaventura Lozano, Daniela Andrea Buenaventura Rojas, Faiber Buenaventura
Rojas, Diana Carolina Buenaventura Álvarez, Manuel Fernando Buenaventura Rojas
y Diego Buenaventura Álvarez.
Por último, en el proceso 200700484 se solicitó condenar a las entidades demandadas
a pagar por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Leonardo Castaño
Arenas, a título de perjuicios morales, 100 SMLMV a Leonardo Castaño Arenas,
José Leonardo Castaño Ceballos, Arquimedez Castaño Ceballos, Blanca Nydia
Ceballos Martínez, Shirley Castaño Ceballos y María Asenet Castaño Ceballos. Al
efecto, en sentencia del 9 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca condenó en abstracto a las entidades demandadas por perjuicios
morales en favor de cada uno de los demandantes.
Ahora bien, en sentencia del 29 de noviembre de 2021178, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales en
caso de privación injusta de la libertad. En ella indicó que había lugar a reconocer
perjuicios a quienes habían sufrido aflicción derivada de la privación injusta de la
libertad, teniendo en cuenta los siguientes criterios: i) para la víctima directa, la prueba
de la privación de la libertad constituye presunción de la causación del perjuicio moral;
178 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de noviembre de 2021, Rad. 46681.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
ii) frente a los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido y cónyuge,
compañero o compañera permanente, la prueba de tales calidades constituye
presunción del perjuicio moral ocasionado por la privación de la libertad de la víctima;
y iii) en relación con las demás víctimas indirectas, el perjuicio moral no está
acreditado por su vínculo familiar con la víctima, per se, sino que el juez debe
determinar si el demandante cumplió la carga de la prueba para acreditar un perjuicio
moral indemnizable, ocasionado por la privación de la libertad de la víctima y su
vínculo afectivo con estos.
Asimismo, se señaló que había lugar a reconocer los perjuicios a quienes habían
sufrido aflicción derivada de la privación injusta de la libertad, teniendo en cuenta los
topes de indemnización establecidos para la víctima directa. En ese sentido, i) para
los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su
compañero o compañera permanente, debe reconocerse el cincuenta por ciento
(50%) de lo que le corresponda a la víctima directa, y ii) a los demás demandantes
que acrediten la causación de los perjuicios morales, el treinta por ciento (30%) de lo
que le corresponda a la víctima directa, según la siguiente tabla:
Duración de la privación Víctima directa en SMLMV
Entre un día y un mes Suma fija de 5 SMLMV
Hasta 2 meses Hasta 10 SMLMV
Hasta 3 meses Hasta 15 SMLMV
Hasta 4 meses Hasta 20 SMLMV
Hasta 5 meses Hasta 25 SMLMV
Hasta 6 meses Hasta 30 SMLMV
Hasta 7 meses Hasta 35 SMLMV
Hasta 8 meses Hasta 40 SMLMV
Hasta 9 meses Hasta 45 SMLMV
Hasta 10 meses Hasta 50 SMLMV
Hasta 11 meses Hasta 55 SMLMV
Hasta 12 meses Hasta 60 SMLMV
Hasta 13 meses Hasta 65 SMLMV
Hasta 14 meses Hasta 70 SMLMV
Hasta 15 meses Hasta 75 SMLMV
Hasta 16 meses Hasta 80 SMLMV
Hasta 17 meses Hasta 85 SMLMV
Hasta 18 meses Hasta 90 SMLMV
Hasta 19 meses Hasta 95 SMLMV
20 meses o más Hasta 100 SMLMV
Sumado a ello, dicha sentencia señaló que por cada día adicional de privación injusta
de la libertad al último mes transcurrido, la liquidación se realizaría tomando una
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
fracción equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se
obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por 30 días.
Igualmente, estableció que, en casos de detención domiciliaria, la cuantía de los
perjuicios morales sufridos por la víctima directa se disminuirá en un 50%.
Adicionalmente, en esta sentencia de unificación se manifestó que en relación con las
demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 hasta el 29 de noviembre de
2021, en las cuales el juez advierta que se presentaron con fundamento en la
jurisprudencia existente y no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios
morales de los parientes en segundo grado de consanguinidad, podrá el fallador hacer
uso de las facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al
debido proceso. Finalmente, indicó que en relación con la determinación de los topes
máximos por perjuicios morales y la forma de calcularlos, la sentencia tendría
aplicación inmediata.
Ahora bien, como en el caso sub examine las demandas se presentaron el 1º de marzo
de 2006179, el 3 de marzo de 2006180, el 16 de junio de 2006181-182 y el 24 de agosto
de 2007183, es dable aplicar los topes máximos establecidos para el reconocimiento de
los perjuicios morales, y la forma de calcularlos, establecidos en la sentencia de
unificación del 29 de noviembre de 2021184.
En este orden de ideas, se acreditó que Fabio Alonso Castaño Galeano fue la víctima
directa de la privación injusta de la libertad y que es compañero permanente de
Mercedes Lizcano Londoño, padre de Juan Sebastián Castaño Betancourth, Fabian
Camilo Castaño Betancourth y Lina María Castaño Martínez, y hermano de Amparo
Castaño Galeano y Dora Cielo Castaño Galeano.
A su turno, se encuentra probado que Manuel Antonio Tobar Góngora fue la víctima
directa de la privación injusta de la libertad y que es compañero permanente de María
Eneried Bergaño Lamprea, y padre de John Fredy Tobar Bergaño.
179 Fl. 7 a 53, C. 1. Rad.: 200600690.
180 Fl. 4 a 45, C. 1. Rad.: 200600718.
181 Fl. 4 a 46, C. 1. Rad.: 200601375.
182 Fl. 5 a 48, C. 1. Rad.: 200601376.
183 Fl. 1 a 47, C. 1. Rad.: 200700484.
184 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de noviembre de 2021, Rad. 46681.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Asimismo, se demostró que Hebert Tamayo Castillo fue la víctima directa de la
privación injusta de la libertad y que es cónyuge de Martha Diva Patiño Castaño, padre
de Oscar Mauricio Tamayo Patiño, Leidy Yanebi Tamayo Patiño y Gerson Alexis
Tamayo Suaza, e hijo de Rufina Castillo de Tamayo.
Igualmente, se acreditó que José Manuel Buenaventura Lozano fue la víctima
directa de la privación injusta de la libertad y que es padre de Daniela Andrea
Buenaventura Rojas, Faiber Buenaventura Rojas, Diana Carolina Buenaventura
Álvarez, Manuel Fernando Buenaventura Rojas y Diego Buenaventura Álvarez.
Por último, se constató que Leonardo Castaño Arenas fue la víctima directa de la
privación injusta de la libertad y que es compañero permanente de Blanca Nydia
Ceballos Martínez, y padre de José Leonardo Castaño Ceballos, Arquimedez Castaño
Ceballos, Shirley Castaño Ceballos y María Asenet Castaño Ceballos.
Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidará el perjuicio moral padecido por Fabio
Alonso Castaño Galeano y su núcleo familiar durante el tiempo en el que permaneció
privado de la libertad de forma injusta, esto es, desde el 7 de septiembre de 2003
cuando fue capturado (hecho probado 7.1.6.) hasta el 19 de diciembre de 2003 cuando
quedó en libertad (hecho probado 7.1.18.), para un total de 3 meses y 12 días, de
acuerdo con la siguiente fórmula:
PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV)
PM = (3 meses x 5 SMLMV) + (12 días x 0,166 SMLMV)
PM = 15 SMLMV + 1,99 SMLMV
PM = 16,99 SMLMV
Igualmente, la Sala reconocerá y liquidará el perjuicio moral padecido por Manuel
Antonio Tobar Góngora y su núcleo familiar durante el tiempo en el que permaneció
privado de la libertad de forma injusta, es decir, desde el 7 de septiembre de 2003
cuando fue capturado (hecho probado 7.1.6.) hasta el 31 de diciembre de 2003 cuando
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
quedó en libertad (hecho probado 7.1.20.), para un total de 3 meses y 24 días, de
acuerdo con la siguiente fórmula:
PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV)
PM = (3 meses x 5 SMLMV) + (24 días x 0,166 SMLMV)
PM = 15 SMLMV + 3,98 SMLMV
PM = 18,98 SMLMV
En el mismo sentido, la Sala reconocerá y liquidará el perjuicio moral padecido por
Hebert Tamayo Castillo y su núcleo familiar durante el tiempo en el que permaneció
privado de la libertad de forma injusta, o sea, desde el 7 de septiembre de 2003 cuando
fue capturado (hecho probado 7.1.6.) hasta el 11 de junio de 2004 cuando quedó en
libertad (hecho probado 7.1.23.), para un total de 9 meses y 4 días, de acuerdo con la
siguiente fórmula:
PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV)
PM = (9 meses x 5 SMLMV) + (4 días x 0,166 SMLMV)
PM = 45 SMLMV + 0,66 SMLMV
PM = 45,66 SMLMV
Asimismo, la Sala reconocerá y liquidará el perjuicio moral padecido por José Manuel
Buenaventura Lozano y su núcleo familiar durante el tiempo en el que permaneció
privado de la libertad de forma injusta, vale decir, desde el 7 de septiembre de 2003
cuando fue capturado (hecho probado 7.1.6.) hasta el 11 de junio de 2004 cuando
quedó en libertad (hecho probado 7.1.23.), para un total de 9 meses y 4 días, de
acuerdo con la siguiente fórmula:
PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV)
PM = (9 meses x 5 SMLMV) + (4 días x 0,166 SMLMV)
PM = 45 SMLMV + 0,66 SMLMV
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
PM = 45,66 SMLMV
Por último, la Sala reconocerá y liquidará el perjuicio moral padecido por Leonardo
Castaño Arenas y su núcleo familiar durante el tiempo en el que permaneció privado
de la libertad de forma injusta, a saber, desde el 7 de septiembre de 2003 cuando fue
capturado (hecho probado 7.1.6.) hasta el 16 de junio de 2004 cuando quedó en
libertad (hecho probado 7.1.24.), para un total de 9 meses y 9 días, de acuerdo con la
siguiente fórmula:
PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV)
PM = (9 meses x 5 SMLMV) + (9 días x 0,166 SMLMV)
PM = 45 SMLMV + 1,49 SMLMV
PM = 46,49 SMLMV
De conformidad con lo anterior, en la parte resolutiva la Sala reconocerá perjuicios
morales: i) por la privación injusta de la que fue objeto Fabio Alonso Castaño
Galeano: 16,99 SMLMV a Fabio Alonso Castaño Galeano, 8,49 SMLMV a Mercedes
Lizcano Londoño, Juan Sebastián Castaño Betancourth, Fabian Camilo Castaño
Betancourth y Lina María Castaño Martínez, y 5,09 SMLMV a Amparo Castaño
Galeano y Dora Cielo Castaño Galeano; ii) por la privación injusta de la libertad de la
que fue objeto Manuel Antonio Tobar Góngora: 18,98 SMLMV a Manuel Antonio
Tobar Góngora, 9,49 SMLMV a María Eneried Bergaño Lamprea y John Fredy Tobar
Bergaño; iii) por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Hebert Tamayo
Castillo: 45,66 SMLMV a Hebert Tamayo Castillo, 22,83 SMLMV a Martha Diva Patiño
Castaño, Oscar Mauricio Tamayo Patiño, Leidy Yanebi Tamayo Patiño, Gerson Alexis
Tamayo Suaza y Rufina Castillo de Tamayo; iv) por la privación injusta de la libertad
de la que fue objeto José Manuel Buenaventura Lozano: 45,66 SMLMV a José
Manuel Buenaventura Lozano, 22,83 SMLMV a Daniela Andrea Buenaventura Rojas,
Faiber Buenaventura Rojas, Diana Carolina Buenaventura Álvarez, Manuel Fernando
Buenaventura Rojas y Diego Buenaventura Álvarez; y v) por la privación injusta de la
libertad de la que fue objeto Leonardo Castaño Arenas: 46,49 SMLMV a Leonardo
Castaño Arenas, y 23,24 SMLMV a Blanca Nydia Ceballos Martínez, José Leonardo
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Castaño Ceballos, Arquimedez Castaño Ceballos, Shirley Castaño Ceballos y María
Asenet Castaño Ceballos.
8.2. En los procesos 200600690, 200600718, 200601375, 200601376 y 200700484 se
solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar por “la violación de derechos
fundamentales a la libertad, a la integridad personal y dignidad humana, al buen
nombre y honor, a la familia y al debido proceso” y por daño a la vida de relación, las
sumas de 250 SMLM y 100 SMLMV a cada uno de los accionantes, respectivamente.
Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación, siguiendo los lineamientos
planteados en las diferentes sentencias de unificación proferidas por esta Subsección,
se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominado perjuicio fisiológico o daño
a la vida en relación. En su lugar, reconoció las categorías de daño a la salud185
(cuando estos provengan de una lesión a la integridad psicofísica de la persona) y de
afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados186, estos últimos que se reconocerán siempre y cuando su concreción se
encuentre acreditada dentro del proceso y se requiera su reparación integral, teniendo
en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos.
En esa forma de reparación se privilegiará la compensación, a través de medidas
reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar
más cercano, las cuales, se repite, operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso
y la gravedad de los hechos. Lo anterior, con el propósito de: i) reconocer la dignidad
y reparación integral de las víctimas, ii) reprobar las violaciones a los derechos
185 “(…) se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de
septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la
indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una
persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a
las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una
nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud (…) la Sala unifica su jurisprudencia en
relación con la indemnización del daño a la salud por lesiones temporales en el sentido de indicar
que, para su tasación, debe establecerse un parangón con el monto máximo que se otorgaría en
caso de lesiones similares a aquellas objeto de reparación, pero de carácter permanente y, a
partir de allí, determinar la indemnización en función del período durante el cual, de conformidad
con el acervo probatorio, se manifestaron las lesiones a indemnizar (…)” (Se destaca). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y
expediente 31170. M.P. Enrique Gil Botero.
186 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32988 M.P. Ramiro Pazos Guerrero y
exp. 26251. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
humanos y iii) concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición.
En tal sentido, y aunque se encuentra razonable que los demandantes sufrieron una
afectación inmaterial por la privación de la libertad de Fabio Alonso Castaño Galeano,
Manuel Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura
Lozano y Leonardo Castaño Arenas, la cual corresponde al comportamiento natural por
la privación de la libertad en circunstancias como las que aquí se debaten y la afectación
padecida por sus seres queridos, lo cierto es que en el plenario no se demostró que dicha
afectación fuera distinta del daño moral ya reconocido, ni que constituyera un daño
autónomo susceptible de indemnización oficiosa por daño a bienes constitucional o
convencionalmente protegidos, motivo por el cual no se concederá indemnización
pecuniaria por este concepto.
8.3. Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, debe subrayarse que los hechos
puestos en consideración de la Sala representan una grave afectación relevante a
bienes y derechos convencional y constitucionalmente amparados que hacen
necesaria su compensación mediante medidas de reparación no pecuniarias. Al
respecto, los accionantes solicitaron como medida de reparación no pecuniaria, que
las demandadas realizaran un acto conmemorativo público de reconocimiento de
responsabilidad y de disculpas a los demandantes y a la comunidad de Cartagena del
Chairá por la detención masiva y arbitraria acaecida el 7 de septiembre de 2003.
En tal sentido, es importante recalcar que la grave violación a los derechos humanos
– como la que se presentó en el caso en concreto – trasciende la esfera individual y
subjetiva del titular de tales derechos, pues se ha reconocido que también contienen
un plano axiológico u objetivo que está dirigido o encaminado a impedir que dichas
transgresiones se vuelvan a producir, es dable disponer las medidas de protección
dirigidas a reparar integralmente el menoscabo padecido por los demandantes, sin que
ello implique el desconocimiento de los principios de jurisdicción rogada y de
congruencia, por cuanto el Estado y todas las instituciones que lo integran, incluido el
Ejército Nacional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y la Fiscalía General de la
Nación, tienen la obligación constitucional y legal de adoptar todas las medidas
tendientes a proteger la libertad.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
En tal sentido, como mecanismo de reparación no pecuniaria se dispondrá que esta
sentencia declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por la privación
injusta de la libertad de Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel Antonio Tobar
Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y Leonardo
Castaño Arenas constituye – per se – una forma de reparación integral y, en tal sentido,
se le ordenará al Ejército Nacional, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y la
Fiscalía General de la Nación establecer un link en su página web con un encabezado
en el que se reconozca públicamente su responsabilidad por los hechos aquí debatidos
y en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta providencia. Es así, que
en el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo, las
entidades demandadas deberán subir a la red el archivo que contenga esta decisión y a
su vez deberán mantener el acceso al público del respectivo vínculo durante el período
de dos (2) meses, que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga
de la información en la página web de esas instituciones.
8.4. Por otra parte, en el proceso 200600690 se solicitó condenar a las entidades
demandadas a pagar por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Fabio
Alonso Castaño Galeano, a título de daño emergente, la suma de $8.000.000, sin
indicar el beneficiario, por concepto de los honorarios que aducen haber cancelado al
profesional del derecho que atendió su defensa dentro del proceso penal, y el
transporte, hospedaje y alimentación de los familiares que lo visitaban en la cárcel.
Por su parte, en sentencia del 9 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó el reconocimiento del perjuicio alegado.
En igual sentido, en el proceso 200600718 se solicitó condenar a las entidades
demandadas a pagar por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Manuel
Antonio Tobar Góngora, a título de daño emergente, la suma de $8.000.000, sin
indicar el beneficiario, por concepto de los honorarios que aducen haber cancelado al
profesional del derecho que atendió su defensa dentro del proceso penal, y el
transporte, hospedaje y alimentación de los familiares que lo visitaban en la cárcel. A
su vez, en sentencia del 9 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó dicho reconocimiento.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Asimismo, en el proceso 200601375 se solicitó condenar a las entidades demandadas
a pagar por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Hebert Tamayo
Castillo, a título de daño emergente, la suma de $10.000.000, sin indicar el
beneficiario, por concepto de los honorarios que aducen haber cancelado al
profesional del derecho que atendió su defensa dentro del proceso penal, y el
transporte, hospedaje y alimentación de los familiares que lo visitaban en la cárcel. En
efecto, en sentencia del 9 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca condenó en abstracto a las entidades demandadas.
De otro lado, en el proceso 200601376 se solicitó condenar a las entidades
demandadas a pagar por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto José
Manuel Buenaventura Lozano, a título de daño emergente, la suma de
$10.000.000, sin indicar el beneficiario, por concepto de los honorarios que aducen
haber cancelado al profesional del derecho que atendió su defensa dentro del proceso
penal, y el transporte, hospedaje y alimentación de los familiares que lo visitaban en
la cárcel. No obstante, en sentencia del 9 de febrero de 2022, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó el emolumento referido.
Por último, en el proceso 200700484 se solicitó condenar a las entidades demandadas
a pagar por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Leonardo Castaño
Arenas, a título de daño emergente, la suma de $20.030.000, sin indicar el
beneficiario, por concepto de los honorarios que aducen haber cancelado al
profesional del derecho que atendió su defensa dentro del proceso penal, y el
transporte, hospedaje y alimentación de los familiares que lo visitaban en la cárcel. Al
efecto, en sentencia del 9 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca condenó en abstracto a las entidades demandadas.
Ahora bien, sobre el reconocimiento de honorarios a los profesionales del derecho, en
sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, esta Sección acotó:
“Esta Sección ha admitido como prueba de ese perjuicio la documental consistente en
los recibos de pago que dan cuenta de la cancelación de los honorarios profesionales y,
en su defecto, las certificaciones emitidas por los profesionales del derecho, acerca del
pago de sus honorarios .(…) debe recordarse que el artículo 615 del Estatuto Tributario
dispone que las personas que ejercen profesionales liberales, es decir, profesiones
en las cuales “… predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico”
, están obligadas a “… expedir factura o documento equivalente, y conservar copia
de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de
su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales”.(…) debe entenderse que, como el
derecho es una profesión liberal, quienes lo ejercen están obligadas a expedir la
respectiva factura o su documento equivalente (el cual debe satisfacer los requisitos
previstos en el artículo 617 del mismo estatuto); por tanto, si los abogados están
obligados a expedir una factura por el valor de sus honorarios profesionales, es dable
concluir que ésta es la prueba idónea del pago.”187
En la misma providencia se indicó que “dada la naturaleza cierta y personal de este
tipo de perjuicio, la indemnización por concepto del daño emergente por pago de
honorarios profesionales sólo se reconocerá en favor del demandante que lo pida
como pretensión indemnizatoria de la demanda, quien, además, deberá acreditar
idóneamente, conforme a lo dicho en precedencia, que, en efecto, fue quien realizó el
pago.”
Según lo expuesto, se advierte que no es dable reconocer una indemnización por este
rubro en el proceso 200600690, pues si bien se aportó al expediente el recibo de
consignación188 No. 80244096 por valor de $2.000.000 a la cuenta de ahorros del
abogado Víctor Henry Rodríguez por Lina María Castaño, quien fuera hija de Fabio
Alonso Castaño Galeano, lo cierto es que dicho documento no da cuenta del concepto
por el cual se efectuó dicho pago, y, además, no se ajusta a los presupuestos
jurisprudenciales atrás descritos, toda vez que no satisface aquellos previstos en el
artículo 617 del Estatuto Tributario, por no tratarse de una factura o documento
equivalente que dé cuenta que este perjuicio realmente se causó. En ese sentido, la
Sala negará la suma pretendida por los demandantes a título de daño emergente por
concepto de los honorarios del profesional del derecho que representó a Fabio Alonso
Castaño Galeano, toda vez que no se aportó prueba idónea para acreditar su
causación.
A su vez, la Sala negará el reconocimiento del daño emergente causado “por gastos
de transporte, hospedaje y alimentación de los familiares que lo visitaban en la cárcel”,
pues si bien obran en el proceso los testimonios189 de Fredy Mauricio Guzmán Torres,
187 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia SU del 18 de julio de 2019, rad. 44572.
188 Fl. 20, C. 2. Rad.: 200600690.
189 Fl. 420 a 439, C. 2. Rad.: 200600690.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Héctor Estupiñán Castro y Aleidy Flórez Ossa, quienes coincidieron en afirmar que el
núcleo familiar de Fabio alonso Castaño Galeano incurrió en gastos como
“sostenimiento de la familia, pasajes, residencia, comida”, lo cierto es que no dan
cuenta del emolumento solicitado, sino de gastos de manutención, frente a los cuales
esta Corporación ha considerado que “no son una consecuencia directa del hecho
dañoso – privación de la libertad -, sino que se trata de egresos que normalmente
debía asumir el privado de la libertad”190.
De otro lado, se negará el reconocimiento de una indemnización por daño emergente en
el proceso 200600718, habida cuenta que el extremo activo no aportó prueba alguna
que permita acreditar la causación de honorarios profesionales en los términos de los
artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, así como tampoco respecto de los “gastos
de transporte, hospedaje y alimentación de los familiares que lo visitaban en la cárcel”.
A su vez, se advierte que no es dable reconocer indemnización por concepto de
honorarios profesionales en el proceso 200601375, pues los accionantes no aportaron
prueba que permita acreditar su causación en los términos de los artículos 615 y 617
del Estatuto Tributario. Adicionalmente, la Sala negará la suma pretendida por los
demandantes por concepto de “por gastos de transporte, hospedaje y alimentación de
los familiares que lo visitaban en la cárcel”, pues aunque los testimonios191 de José
Baudilio Triana López, Maritza Saldaña Triana y Miryam Montenegro Rubio, coinciden
en afirmar que “la cónyuge de Hebert Tamayo Castillo, viajaba continuamente desde
Cartagena del Chairá a Bogotá para visitarlo en la cárcel”, lo cierto es que esta prueba
por sí sola no demuestra su causación, pues son afirmaciones genéricas y gaseosas.
En efecto, no dan cuenta de la frecuencia con la que Martha Diva Patiño Castaño
visitaba al señor Tamayo Castillo en la Cárcel, ni que medio de transporte utilizaba, ni
quien costeaba dicho gasto, con todo, se advierte que tampoco se allegaron otro tipo
de pruebas que fundamenten el dicho del testigo y/o demuestren el egreso.
De otra parte, esta Sala negará el reconocimiento del daño emergente solicitado en el
proceso 200601376, puesto que los demandantes no aportaron prueba alguna que
permita acreditar la causación de honorarios profesionales en los términos de los
190 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 19 de julio del 2013. Rad.: 21564.
191 Fl. 51 a 59, C. 3. Rad.: 200601375.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario. Además, la Sala negará la suma pretendida
por los demandantes por concepto de “gastos de transporte, hospedaje y alimentación
de los familiares que lo visitaban en la cárcel”, pues aunque el testigo192 Hernán Rojas
Calderón, indicó que “la señora [cónyuge de José Manuel Buenaventura Lozano] iba
a verlo para lo que necesitara allá”, lo cierto es que es una afirmación vaga que no
evidencia que se incurriera en algún gasto para ello, en efecto, no se allegaron
facturas, recibos, cotizaciones y/o informes periciales, entre otros medios de prueba
válidos que demostraran la causación del perjuicio alegado.
Por último, se observa que no es dable reconocer una indemnización por este rubro en
el proceso 200700484, toda vez que los accionantes no aportaron prueba idónea que
permita acreditar la causación de honorarios profesionales en los términos de los
artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, la Sala negará la suma
pretendida por los demandantes por concepto de “por gastos de transporte, hospedaje
y alimentación de los familiares que lo visitaban en la cárcel”, pues aunque el testigo
Hernando Fierro Hernández señala que la “señora [Blanca Nydia] le tocaba rebuscársela
para conseguir platica y poder ir a ver al marido [Leonardo Castaño Arenas] a Bogotá”,
lo cierto es que esta prueba por sí sola no demuestra su causación, en tanto no logra
acreditar el lugar de origen del traslado, con que recurrencia la compañera permanente
visitaba al señor Castaño Arenas en la Cárcel, ni que medio de transporte utilizaba,
así como tampoco se allegaron otros medios de prueba que acrediten los desembolsos
efectuados.
8.4. Finalmente, en los procesos 200600690, 200600718, 200601375, 200601376 y
200700484 se solicitó condenar a las entidades demandadas a pagar, por lucro
cesante, respectivamente, la suma de $5.787.928 a Fabio Alonso Castaño Galeano,
$9.987.379 a Manuel Antonio Tobar Góngora, $21.035.713 a Hebert Tamayo Castillo,
$21.035.713 a José Manuel Buenaventura Lozano, y $25.011.923 a Leonardo Castaño
Arenas. En ese sentido, se evidencia que en sentencia del 9 de febrero de 2022, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a las entidades demandadas a
pagar por este concepto, la suma de $5.787.928 a Fabio Alonso Castaño Galeano,
$18.633.734,38 a Hebert Tamayo Castillo, $15.807.343 a José Manuel Buenaventura
192 Fl. 216 a 218, C. 2. Rad.: 200601376.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Lozano, y condenó en abstracto por el lucro cesante padecido por Manuel Antonio
Tobar Góngora y Leonardo Castaño Arenas.
Sobre este particular, es menester poner de presente que se entiende por lucro
cesante la ganancia frustrada o el provecho económico que dejó de reportarse y que
de no producirse el daño habría ingresado al patrimonio de la víctima. Frente al lucro
cesante, en los eventos de privación injusta de la libertad, la Sala Plena de la Sección
Tercera de la Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse para unificar los
criterios sobre la acreditación de su existencia y cuantía, el periodo indemnizable, el
ingreso base de la liquidación y el periodo adicional por reubicación laboral, entre otros,
en los siguientes términos:
“[S]u existencia y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una
relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya
estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad o ii) a partir de la
existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral,
pero de la cual emane la existencia del lucro cesante.
1. Presupuestos para acceder al reconocimiento del lucro cesante
1. Por concepto de lucro cesante sólo se puede conceder lo que se pida en la
demanda, de forma tal que no puede hacerse ningún reconocimiento oficioso por
parte del juez de la reparación directa; (…).
2. Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice por
concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo acredite
(…).
(…) Cuando la persona privada injustamente de su libertad haya sido una ama de casa
o la persona encargada del cuidado del hogar, tendrá derecho a que se le indemnice
el lucro cesante, conforme a los términos y condiciones consignados en la sentencia
de unificación del 27 de junio de 2017, proferida dentro del proceso con radicación
50001-23-31-000-2000-372-01 (33.945).
2. Parámetros para liquidar el lucro cesante:
2.2.1 Período indemnizable
El período indemnizable, para la liquidación del lucro cesante, en los eventos de
privación injusta de la libertad, será el tiempo que duró la detención, es decir, el
período que transcurrió desde cuando se materializó la orden de detención con la
captura o la aprehensión física del afectado con la medida de aseguramiento y hasta
cuando éste recobró materialmente la libertad o quedó ejecutoriada la providencia que
puso fin a la actuación penal contra el investigado o sindicado, lo último que ocurra.
La liquidación del lucro cesante comprenderá, si se pide en la demanda y se prueba
suficientemente su monto, el valor de los ingresos ciertos que, de no haberse
producido la privación de la libertad, hubiera percibido la víctima durante el tiempo
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
que duró la detención y, además, si se solicita en la demanda, el valor de los
ingresos que se acredite suficientemente que hubiera percibido la víctima
después de recuperar su libertad y que se frustraron con ocasión de pérdida de
ésta.
2.2.2 Ingreso base de liquidación
El ingreso base de liquidación deber ser lo que se pruebe fehacientemente que
devengaba la víctima al tiempo de su detención, proveniente del ejercicio de la
actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos.
(…)
El ingreso de los independientes debe quedar también suficientemente
acreditado y para ello es necesario que hayan aportado, por ejemplo, los libros
contables que debe llevar y registrar el comerciante y que den cuenta de los ingresos
percibidos por su actividad comercial o remitir, por parte de quienes estén obligados a
expedirlas, las facturas de venta, las cuales tendrán valor probatorio siempre que
satisfagan los requisitos previstos en el Estatuto Tributario, o que se haya allegado
cualquier otra prueba idónea para acreditar tal ingreso.
2.2.3 Aplicación del salario mínimo legal mensual
Cuando se acredite suficientemente que la persona privada injustamente de la
libertad desempeñaba al tiempo de su detención una actividad productiva lícita
que le proporcionaba ingresos y que no pudo continuar desempeñando por
causa de la detención, pero se carezca de la prueba suficiente del monto del ingreso
devengado producto del ejercicio de tal actividad lícita o la privada de la libertad haya
sido una ama de casa o la persona encargada del cuidado del hogar, la liquidación
del lucro cesante se debe hacer teniendo como ingreso base el valor del salario
mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al
proceso de reparación directa (…).
2.2.4 Incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales
Se puede reconocer un incremento del 25% al ingreso base de liquidación, por
concepto de prestaciones sociales, siempre que: i) así se pida en la demanda y ii) se
pruebe suficientemente que el afectado con la medida trabajaba como empleado al
tiempo de la detención, pues las pretensiones sociales son beneficios que operaran
con ocasión de una relación laboral subordinada”193. (Subrayas y negrilla fuera de texto)
Bajo la anterior premisa, está probado que existió una privación injustificada de la
libertad de Fabio Alonso Castaño Galeano por un lapso de 3.3 meses, esto es, desde
el 7 de septiembre de 2003 (hecho probado 7.1.6.) hasta el 19 de diciembre de 2003
cuando quedó en libertad (hecho probado 7.1.18.). Sobre el punto, en el expediente
200600690 para acreditar la causación de este perjuicio obra como prueba el
certificado de ingresos194 expedido el 27 de mayo de 2004 por el Hospital Local de
Cartagena del Chairá, en el que se hace constar que, para la época de su detención,
193 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, Rad. 44572.
194 Fl. 34 y 35, C. 2. Rad.: 200600690.
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Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Fabio Alonso Castaño Galeano se desempeñaba como Técnico de Saneamiento en el
Hospital Local de Cartagena del Chairá y devengaba la suma mensual de $993.067.
En ese sentido, para indemnizar este perjuicio es importante advertir que, como
primera medida, el valor que recibía Fabio Alonso Castaño Galeano como salario en
el año 2003 debe ser actualizado hasta la presente fecha, de conformidad con la
siguiente fórmula de actualización, pues de esta manera se evita que el cálculo que
luego se realice, pase por alto la depreciación del dinero en el tiempo:
Ra = $993.067 x índice final – noviembre/2025 (151,87)
índice inicial – septiembre/2003 (52,53)
Ra = $2.871.065,78
Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidará el lucro cesante padecido por Fabio
Alonso Castaño Galeano durante el tiempo en el que permaneció privado de la libertad
de forma injusta, esto es, 3.3 meses, teniendo como ingreso base de liquidación la
suma de $2.871.065,78, de acuerdo con la siguiente formula:
S = Vp x (1+i)n – 1
i
S = Suma calculada
Vp = Valor presente ($2.871.065,78)
n = Número de meses del período indemnizable (3,3)
i = Tasa de interés constante 0,004867
S= $2.871.065,78 x (1+0.004867)3,3 -1
0,004867
S= $2.871.065,78 x 0,016151
0,004867
S= $2.871.065,78 x 3,318509
S= $9.527.658,30
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
En ese sentido, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante, la suma de
$9.527.658,30195 a Fabio Alonso Castaño Galeano.
Asimismo, está acreditado que existió una privación injustificada de la libertad de
Manuel Antonio Tobar Góngora por un lapso de 3.7 meses, esto es, desde el 7 de
septiembre de 2003 (hecho probado 7.1.6.) hasta el 31 de diciembre de 2003 cuando
quedó en libertad (hecho probado 7.1.20.). Al efecto, en el expediente 200600718 para
acreditar la causación de este perjuicio obra como prueba, certificación expedida196 el
14 de febrero de 2006 por la Contadora Pública Belén Sánchez Perdomo, en la que se
indica que Manuel Antonio Tobar Góngora ejercía como sobandero y prestaba
servicios de juegos de azar desde hace 15 años y devengaba la suma de $3.000.000.
De dicho certificado se observa que no se apoya en estados financieros o libros
contables del señor Tobar Góngora, ni enuncia información alguna al respecto, por el
contrario se limita en consignar unas cifras carentes de respaldo documental, por lo
que no soporta de forma correcta la información relativa a los ingresos de la víctima.
Adicionalmente, se advierte que la entidad accionada Ejército Nacional solicitó la
ratificación de su contenido, sin que la misma haya sido efectuada dentro del plenario,
razón por la cual carece de eficacia probatoria, aunado a lo anteriormente expuesto.
De otro lado, obra la diligencia de indagatoria del señor Tobar Góngora (hecho probado
7.1.12.) en la que manifestó “yo soy sobador y tengo una caseta de juegos de azar los
sábados y domingos”. En suma, se encuentra probado que el señor Tobar Góngora
desarrollaba una actividad económica lícita, pero no se acreditó el monto devengado
por la actividad económica que desarrollaba.
Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidará el lucro cesante padecido por Manuel
Antonio Tobar Góngora durante el tiempo en el que permaneció privado de la libertad
de forma injusta, esto es, 3.7 meses, con base en el salario mínimo mensual legal
vigente ($1.423.500), de acuerdo con la siguiente formula:
195 Ello así, teniendo en cuenta que la actualización de la suma solicitada en la demanda por este
concepto ($5.787.928) arroja una cifra superior a la que resultó de la presente liquidación, razón por la
cual es procedente reconocer por este rubro $9.472.450,95.
196 Fl. 7 y 8, C. 2. Rad.: 200600718.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
S = Vp x (1+i)n – 1
i
S = Suma calculada
Vp = Valor presente ($1.423.500)
n = Número de meses del período indemnizable (3,7)
i = Tasa de interés constante 0,004867
S= $1.423.500 x (1+0.004867)3,7 -1
0,004867
S= $1.423.500 x 0,018127
0,004867
S= $1.423.500 x 3,724378
S= $5.301.651,76
Así las cosas, la Sala reconocerá por este concepto, la suma de $5.301.651,76 a
Manuel Antonio Tobar Góngora.
Igualmente, se demostró que existió una privación injustificada de la libertad de Hebert
Tamayo Castillo por un lapso de 9.0 meses, esto es, desde el 7 de septiembre de
2003 (hecho probado 7.1.6.) hasta el 11 de junio de 2004 cuando quedó en libertad
(hecho probado 7.1.23.). Sobre el punto, en el expediente 200601375 para acreditar
la causación de este perjuicio se evidencia que en el plenario obran los testimonios197
de José Baudilio Triana López, Maritza Saldaña Triana y Miryam Montenegro Rubio,
los cuales tienen valor probatorio, pues se realizaron bajo la gravedad de juramento y
fueron rendidas por personas que conocían de la actividad laboral lícita que
desarrollaba Hebert Tamayo Castillo. De hecho, fueron contestes en señalar que la
víctima se desempeñaba como conductor, y no fueron desvirtuados por la parte
demandada. En igual sentido, en su diligencia de indagatoria Hebert Tamayo Castillo
(hecho probado 7.1.12.), manifestó “soy conductor de la empresa TRANYARI, allá
trabajo desde hace más o menos tres años, mensualmente me gano el mínimo”. Sobre
el punto, se advierte que para el año 2003, el salario mínimo legal mensual vigente en
Colombia era de $332.000, suma devengada por el señor Tamayo Castillo.
Ahora bien, para indemnizar este perjuicio es importante advertir que, como primera
medida, el valor que recibía Hebert Tamayo Castillo como salario en el año 2003 debe
197 Fl. 51 a 59, C. 3. Rad.: 200601375.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
ser actualizado hasta la presente fecha, de conformidad con la siguiente fórmula de
actualización, pues de esta manera se evita que el cálculo que luego se realice, pase
por alto la depreciación del dinero en el tiempo:
Ra = $332.000 x índice final – noviembre/2025 (151,87)
índice Inicial – septiembre/2003 (52,53)
Ra = $959.848,47
Sin embargo, comoquiera que la suma actualizada es inferior al salario mínimo legal
mensual vigente del presente año ($1.423.500), será este ultimo valor el que se tendrá
como ingreso base de liquidación.
Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidará el lucro cesante padecido por Hebert
Tamayo Castillo durante el tiempo en el que permaneció privado de la libertad de forma
injusta, esto es, 9.0 meses, teniendo como ingreso base de liquidación la suma de
$1.423.500, de acuerdo con la siguiente formula:
S = Vp x (1+i)n – 1
i
S = Suma calculada
Vp = Valor presente ($1.423.500)
n = Número de meses del período indemnizable (9,0)
i = Tasa de interés constante 0,004867
S= $1.423.500 x (1+0.004867)9,0 -1
0,004867
S= $1.423.500 x 0,044666
0,004867
S= $1.423.500 x 9,177216
S= $13.063.767,49
Así las cosas, la Sala reconocerá por este concepto, la suma de $13.063.767,49 a
Hebert Tamayo Castillo.
En el mismo sentido, se constató que existió una privación injustificada de la libertad
José Manuel Buenaventura Lozano por un lapso de 9.0 meses, desde el 7 de
septiembre de 2003 (hecho probado 7.1.6.) hasta el 11 de junio de 2004 cuando quedó
109
Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
en libertad (hecho probado 7.1.23.). Al respecto, en el expediente 200601376 para
acreditar la causación de este perjuicio se advierte que en el plenario obran los
testimonios198 de Hernán Rojas Calderón, Miryam Montenegro Rubio y Ana Victoria
Rojas Poveda, los cuales tienen valor probatorio, pues se realizaron bajo la gravedad
de juramento y fueron rendidas por personas que conocían de la actividad laboral lícita
que desarrollaba José Manuel Buenaventura Lozano. Adicionalmente, fueron
coincidentes en afirmar que la víctima se desempeñaba como conductor, y no fueron
desvirtuados por la parte demandada. En suma, se encuentra probado que el señor
Buenaventura Lozano desarrollaba una actividad económica lícita, pero no se acreditó
el monto devengado por la actividad económica que desarrollaba.
Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidará el lucro cesante padecido por José Manuel
Buenaventura Lozano durante el tiempo en el que permaneció privado de la libertad
de forma injusta, esto es, 9.0 meses, con base en el salario mínimo mensual legal
vigente, de acuerdo con la siguiente formula:
S = Vp x (1+i)n – 1
i
S = Suma calculada
Vp = Valor presente ($1.423.500)
n = Número de meses del período indemnizable (9,0)
i = Tasa de interés constante 0,004867
S= $1.423.500 x (1+0.004867)9,0 -1
0,004867
S= $1.423.500 x 0,044666
0,004867
S= $1.423.500 x 9,177216
S= $13.063.767,49
Así las cosas, la Sala reconocerá por este concepto, la suma de $13.063.767,49 a
José Manuel Buenaventura Lozano.
Por último, consta que existió una privación injustificada de la libertad de Leonardo
Castaño Arenas por un lapso de 9.1 meses, esto es, desde el 7 de septiembre de
2003 (hecho probado 7.1.6.) hasta el 16 de junio de 2004 cuando quedó en libertad
198 Fl. 216 a 222, C. 2. Rad.: 200601376.
110
Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
(hecho probado 7.1.24.). Sobre el particular, en el expediente 200700484 para
acreditar la causación de este perjuicio se observa que en el plenario obran los
testimonios199 de Napoleón Rincón y Hernando Fierro Hernández, los cuales tienen
valor probatorio, pues se realizaron bajo la gravedad de juramento y fueron rendidas
por personas que conocían de la actividad laboral lícita que desarrollaba Leonardo
Castaño Arenas. Además, por cuanto fueron uniformes en afirmar que la víctima se
desempeñaba como conductor, y no fueron desvirtuados por la parte demandada.
Asimismo, en su diligencia de indagatoria Leonardo Castaño Arenas (hecho probado
7.1.11.), afirmó que laboraba como conductor. En suma, se encuentra probado que el
señor Castaño Arenas desarrollaba una actividad económica lícita, pero no se acreditó
el monto devengado por la actividad económica que desarrollaba.
Así las cosas, la Sala reconocerá y liquidará el lucro cesante padecido por Leonardo
Castaño Arenas durante el tiempo en el que permaneció privado de la libertad de forma
injusta, esto es, 9.1 meses, con base en el salario mínimo mensual legal vigente, de
acuerdo con la siguiente formula:
S = Vp x (1+i)n – 1
i
S = Suma calculada
Vp = Valor presente ($1.423.500)
n = Número de meses del período indemnizable (9,1)
i = Tasa de interés constante 0,004867
S= $1.423.500 x (1+0.004867)9,1 -1
0,004867
S= $1.423.500 x 0,045173
0,004867
S= $1.423.500 x 9,281455
S= $13.212.150,94
Así las cosas, la Sala reconocerá por este concepto, la suma de $13.212.150,94 a
Leonardo Castaño Arenas.
En consecuencia, la Sala modificará la sentencia del 9 de febrero de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
199 Fl. 60 a 63, C. 4. Rad.: 200700484.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
pretensiones de las demandas, en el sentido de condenar a la Nación – Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (en
calidad de sucesora procesal del DAS) y a la Fiscalía General de la Nación a pagar,
por perjuicios morales y lucro cesante, las siguientes sumas a los grupos familiares
que se relacionan a continuación:
• Núcleo familiar de Fabio Alonso Castaño Galeano:
Demandante beneficiario Perjuicio moral
Fabio Alonso Castaño Galeano 16,99 SMLMV
Mercedes Lizcano Londoño 8,49 SMLMV
Juan Sebastián Castaño Betancourth 8,49 SMLMV
Fabian Camilo Castaño Betancourth 8,49 SMLMV
Lina María Castaño Martínez 8,49 SMLMV
Amparo Castaño Galeano 5,09 SMLMV
Dora Cielo Castaño Galeano 5,09 SMLMV
Demandante beneficiario Lucro cesante
Fabio Alonso Castaño Galeano $9.527.658,30
• Núcleo familiar de Manuel Antonio Tobar Góngora:
Demandante beneficiario Perjuicio moral
Manuel Antonio Tobar Góngora 18,98 SMLMV
María Eneried Bergaño Lamprea 9,49 SMLMV
John Fredy Tobar Bergaño 9,49 SMLMV
Demandante beneficiario Lucro cesante
Manuel Antonio Tobar Góngora $5.301.651,76
• Núcleo familiar de Hebert Tamayo Castillo:
Demandante beneficiario Perjuicio moral
Hebert Tamayo Castillo 45,66 SMLMV
Martha Diva Patiño Castaño 22,83 SMLMV
Oscar Mauricio Tamayo Patiño 22,83 SMLMV
Leidy Yanebi Tamayo Patiño 22,83 SMLMV
Gerson Alexis Tamayo Suaza 22,83 SMLMV
Rufina Castillo de Tamayo 22,83 SMLMV
Demandante beneficiario Lucro cesante
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Hebert Tamayo Castillo $13.063.767,49
• Núcleo familiar de José Manuel Buenaventura Lozano:
Demandante beneficiario Perjuicio moral
José Manuel Buenaventura Lozano 45,66 SMLMV
Daniela Andrea Buenaventura Rojas 22,83 SMLMV
Faiber Buenaventura Rojas 22,83 SMLMV
Diana Carolina Buenaventura Álvarez 22,83 SMLMV
Manuel Fernando Buenaventura Rojas 22,83 SMLMV
Diego Buenaventura Álvarez 22,83 SMLMV
Demandante beneficiario Lucro cesante
José Manuel Buenaventura Lozano $13.063.767,49
• Núcleo familiar de Leonardo Castaño Arenas:
Demandante beneficiario Perjuicio moral
Leonardo Castaño Arenas 46,49 SMLMV
Blanca Nydia Ceballos Martínez 23,24 SMLMV
José Leonardo Castaño Ceballos 23,24 SMLMV
Arquimedez Castaño Ceballos 23,24 SMLMV
Shirley Castaño Ceballos 23,24 SMLMV
María Asenet Castaño Ceballos 23,24 SMLMV
Demandante beneficiario Lucro cesante
Leonardo Castaño Arenas $13.212.150,94
9. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 9 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, la cual quedará así:
“PRIMERO: RECONOCER como sucesores procesales de la demandante Rufina
Castillo a los señores Arcadio Tamayo Castillo, Dioselina Tamayo Castillo, Dora Celis
Tamayo Castillo, Edith Tamayo Castillo, Eliecer Tamayo Castillo, Luz Marina Tamayo
Castillo, María Alicia Tamayo Castillo, Misael Tamayo Castillo y Rubdeli Tamayo
Castillo; y como sucesores procesales del demandante Hebert Tamayo Castillo a
Martha Diva Patiño Castaño, Oscar Mauricio Tamayo Patiño, Leidy Yanebi Tamayo
Patiño, Gerson Alexis Tamayo Suaza y Samuel David Tamayo Montiel.
SEGUNDO: Declarar de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de Rubiela
Álvarez Santofimio, Luis Alberto Buenaventura Lozano y Luis Alberto Buenaventura
Gómez, conforme las razones expuestas en esta decisión.
TERCERO: DECLARAR patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y al DAS por la privación
injusta de la libertad de la que fueron objeto Fabio Alonso Castaño Galeano, Manuel
Antonio Tobar Góngora, Hebert Tamayo Castillo, José Manuel Buenaventura Lozano y
Leonardo Castaño Arenas.
CUARTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la
Fiscalía General de la Nación y al DAS a pagar por concepto de perjuicios morales las
siguientes sumas de dinero a favor de las personas que a continuación se relacionan:
-Núcleo familiar de Fabio Alonso Castaño Galeano:
Demandante beneficiario Perjuicio moral
Fabio Alonso Castaño Galeano 16,99 SMLMV
Mercedes Lizcano Londoño 8,49 SMLMV
Juan Sebastián Castaño Betancourth 8,49 SMLMV
Fabian Camilo Castaño Betancourth 8,49 SMLMV
Lina María Castaño Martínez 8,49 SMLMV
Amparo Castaño Galeano 5,09 SMLMV
Dora Cielo Castaño Galeano 5,09 SMLMV
-Núcleo familiar de Manuel Antonio Tobar Góngora:
Demandante beneficiario Perjuicio moral
Manuel Antonio Tobar Góngora 18,98 SMLMV
María Eneried Bergaño Lamprea 9,49 SMLMV
John Fredy Tobar Bergaño 9,49 SMLMV
-Núcleo familiar de Hebert Tamayo Castillo:
Demandante beneficiario Perjuicio moral
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
Hebert Tamayo Castillo 45,66 SMLMV
Martha Diva Patiño Castaño 22,83 SMLMV
Oscar Mauricio Tamayo Patiño 22,83 SMLMV
Leidy Yanebi Tamayo Patiño 22,83 SMLMV
Gerson Alexis Tamayo Suaza 22,83 SMLMV
Rufina Castillo de Tamayo 22,83 SMLMV
-Núcleo familiar de José Manuel Buenaventura Lozano:
Demandante beneficiario Perjuicio moral
José Manuel Buenaventura Lozano 45,66 SMLMV
Daniela Andrea Buenaventura Rojas 22,83 SMLMV
Faiber Buenaventura Rojas 22,83 SMLMV
Diana Carolina Buenaventura Álvarez 22,83 SMLMV
Manuel Fernando Buenaventura Rojas 22,83 SMLMV
Diego Buenaventura Álvarez 22,83 SMLMV
-Núcleo familiar de Leonardo Castaño Arenas:
Demandante beneficiario Perjuicio moral
Leonardo Castaño Arenas 46,49 SMLMV
Blanca Nydia Ceballos Martínez 23,24 SMLMV
José Leonardo Castaño Ceballos 23,24 SMLMV
Arquimedez Castaño Ceballos 23,24 SMLMV
Shirley Castaño Ceballos 23,24 SMLMV
María Asenet Castaño Ceballos 23,24 SMLMV
QUINTO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la
Fiscalía General de la Nación y al DAS a pagar por concepto de lucro cesante las
siguientes sumas de dinero a favor de las personas que a continuación se relacionan:
Demandante beneficiario Lucro cesante
Fabio Alonso Castaño Galeano $9.527.658,30
Manuel Antonio Tobar Góngora $5.301.651,76
Hebert Tamayo Castillo $13.063.767,49
José Manuel Buenaventura Lozano $13.063.767,49
Leonardo Castaño Arenas $13.212.150,94
SEXTO: DECLARAR que esta sentencia – per se – constituye una forma de reparación
de las víctimas demandantes, por lo cual el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica tendrán que
establecer un link en su página web con un encabezado en el que se reconozca
públicamente su responsabilidad por los hechos aquí debatidos y en el que se pueda
acceder al contenido magnético de esta providencia, atendiendo los lineamientos y
términos fijado en la parte motiva de este proveído.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: SIN COSTAS.
NOVENO: Dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos
176 y 177 del C.C.A.”.
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Radicado: 250002326000200600718 01 (69071) ACUMULADO
Demandante: Fabio Alonso Castaño Galeano y otros
SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
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