Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05970-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05970-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05970-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de noviembre de 2024
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05970-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05970-00
Accionante: Joaquín Mario Valencia Trujillo
Accionados: Presidencia de la República de Colombia y otros
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales de
petición, acceso a la administración de justicia, acceso a la
información, debido proceso, dignidad humana y libertad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Águeda Valencia
Trujillo y Mario Valencia Tristán, en representación del señor Joaquín Mario
Valencia Trujillo y mediante apoderado, en contra de la Presidencia de la
República de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de
la República.
ANTECEDENTES
El accionante pretende la protección de sus derechos fundamentales de petición,
al acceso a la administración de justicia, al acceso a la información, al debido
proceso, a la dignidad humana y a la libertad, los cuales estima vulnerados por
las autoridades antes mencionadas.
HECHOS
Manifiesta el señor Valencia que fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue
condenado a prisión perpetua. Sostiene que ha sido sometido a “tratos crueles
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inhumanos o degradantes como aislamiento e incomunicación” y que los EE. UU
han violado la regla de especialidad; por lo que a fecha ha radicado 6 acciones
de tutela, con ocasión de diferentes solicitudes que ha promovido y no habían
sido atendidas, así:
Radicado Derechos Solicitud
invocados
2013-01956-000 Debido proceso, “Que el Gobierno de Colombia exija Al Gobierno de
vida, igualdad y los EE.UU respuesta a las solicitudes de la
petición Cancillería así como la anulación del juicio
efectuado en dicho país”
2019-00372-00 Debido proceso y “Que el Gobierno de Colombia eleve
defensa. “protestas diplomáticas” ante el Gobierno de EE.UU.
por vulneración de la regla de especialidad en
materia de extradición”.
2020-01961-00 Petición “Que el Ministerio accionado hiciera entrega del
concepto de la firma Valrom Consulting services
para fortalecer su defensa en el exterior”.
2020-00201-00 Petición “Que el Ministerio accionado diera respuesta a la
solicitud de información del 5 de mayo de 2020”.
2020-00313-00 Petición “Que los Ministerios de Justicia y Relaciones
Exteriores se pronuncien sobre la posibilidad de
emitir una nota de protesta Ante el Gobierno De
EE.UU”.
2021-01838-00 Debido proceso “Que se ordene al Gobierno Nacional encabezado
Por el Presidente de la República expedir una “nota
de protesta” ante el Gobierno de los EE.UU por
violación de la regla de especialidad”.
Alega que elevó petición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Ministerio de Justicia y del Derecho para que se emita una nota diplomática de
protesta oficial y conjunta dirigida al Departamento de Justicia y Departamento
de Estado de los Estados Unidos de América.
Que el 12 de diciembre de 2023 el Ministerio de Justicia contestó la solicitud
indicando que resulta improcedente, que de acuerdo con la información
suministrada por la cancillería la situación legal del señor Valencia no ha variado
y el gobierno ya se pronunció al respecto.
Que el 20 de diciembre de 2023 le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores
que expidiera copia de las “respuestas a todas las notas diplomáticas de protesta
efectuadas por el Estado de Colombia, otorgadas por los jueces de conocimiento
del caso del señor VALENCIA, en los Estados Unidos de América” y que dicha
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petición fue negada argumentando que eran asuntos bajo reserva.
Que el 22 de enero de 2024 interpuso recurso de insistencia, le correspondió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca con radicado 25000-23-41-000-2024-
00265-00, quien el 15 de febrero del año en curso confirmó la negativa de
suministrar la información.
Por otro lado, indicó que el 6 de marzo de 2024 presentó petición ante la
Defensoría del Pueblo para que “en ejercicio de su función constitucional de
promoción y protección de los derechos fundamentales, acompañase el proceso
administrativo y constitucional”. La entidad remitió el escrito a la Dirección
Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, a la Dirección de Asuntos
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones
Exteriores y al Ministerio de Justicia y del Derecho el 12 de igual mes y año.
Que el 08 de abril de 2024 el Ministerio de Justicia y del Derecho reiteró que no
se ha comprobado que exista vulneración a la regla de especialidad.
Que el 12 de abril de 2024 radicó alcance de la solicitud efectuada a la
Defensoría, donde pidió que “se interpongan las acciones internacionales contra
los Estados Unidos de Norte América, pertinentes para la protección del
ciudadano extraditado JOAQUÍN MARIO VALENCIA TRUJILLO, en salvaguarda de
su derecho al debido proceso”. En esa misma fecha le solicitó al Ministerio de
Justicia y del Derecho la “repatriación del ciudadano JOAQUÍN MARIO VALENCIA
como mecanismo de fórmula de arreglo por la violación por parte del Estado
receptor de los condicionamientos impuestos para la extradición de mi
representado”.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene
al Ministerio de Relaciones exteriores:
• Entregar copia de los documentos solicitados el 20 de diciembre (sic) de 2023.
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• “Realizar todos los esfuerzos posibles encaminados a PONER EN
CONOCIMIENTO, la posición de Colombia frente a la regla de especialidad y, sobre
la existencia de violación de los condicionamientos de la extradición por la
imposición de cadena perpetua (sic) así como la existencia de tratos crueles
inhumanos y degradantes”
• “Aclare a los Departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos de
Norteamérica, así como a los jueces de conocimiento del caso en dicho País que,
la extradición del señor JOAQUÍN MARIO VALENCIA TRUJILLO, se dio en virtud de
un tratado internacional, o en su defecto, en virtud del principio de pacta sunt
servanda con origen en las notas diplomáticas No. 449 de 2003, OAJ.E. 0313 y
674 de 2004, por lo que, es procedente la impugnación en virtud de esta, bajo los
mecanismos procesales de dicho País”.
• “Realizar todos los esfuerzos necesarios para la negociación de un tratado en
materia de repatriación judicial y/o extradición con fórmulas de arreglo entre
Estados Unidos de Norte América y la República de Colombia”.
A la defensoría del Pueblo que disponga de “personal y recursos para la
representación internacional del señor VALENCIA ante el juez de conocimiento de
los Estados Unidos de Norteamérica o en su defecto, en organismos
internacionales para la protección de sus derechos ante los Estados Unidos de
Norteamérica, mientras el ESTADO DE COLOMBIA regula lo concerniente a
establecer mecanismos para la eficacia de las condiciones de extradición”.
Al presidente de la República “regular de forma completa los mecanismos de
verificación sobre el cumplimiento de los condicionamientos para la extradición y,
las consecuencias de su eventual incumplimiento”.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 7 de noviembre de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó notificar a
los accionados.
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POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
La Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y Servicio al Ciudadano1-
Ministerio de Relaciones Exteriores allegó informe donde señaló que el señor
Valencia “fue extraditado a los Estados Unidos de América el día 18 de marzo de
2004, por cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y concierto
para delinquir. Fue condenado a 480 meses de prisión, se estima que recupere
la libertad en 2037”.
Expuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 2006 ha dado
respuesta a todas las peticiones que los familiares y apoderado del señor
Valencia han presentado. Además, expuso todas las actuaciones que ha
adelantado con el fin de garantizar y verificar el cabal cumplimiento del principio
de especialidad en el juzgamiento del señor Valencia.
Frente al argumento de que se asigne abogado al señor Valencia mencionó que
“la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicios al Ciudadano con
nota verbal No. (sic) 52374 del 2 de agosto de 2012 … solicitó a la Embajada de
los Estados Unidos su gentil colaboración para analizar si en esta instancia fuese
posible asignarle un representante legal para el señor Valencia Trujillo” y que el
10 de junio de 2024 la entidad realizó visita carcelaria donde se encuentra
recluido el señor Valencia, para verificar el estado de salud y las condiciones
generales del extraditado.
Por otro lado, señaló que el accionante ha elevado con la presente, 6 tutelas con
identidad de hechos y pretensiones y que la más reciente la conoció el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C con radicado 11001-03-15-000-2024-
04266-00 y el 30 de septiembre de 2024 declaró improcedente la acción.
La Presidencia de la República allegó informe donde mencionó que la petición
EXT23-00128270 se contestó a través del OFI23-00159915 / GFPU 14000000
del 28 de agosto de 2024 y mediante los oficios OFI23-00159906 / GFPU
14000000 y OFI23-00159898 / GFPU 14000000 se trasladó el escrito por
1 Es la encargada de atender y responder todas las acciones de tutela y las solicitudes de información que
se realicen a la entidad, en ejercicio de estas acciones, así como de notificarse de los respectivos fallos, tal
y como lo consagra el artículo 3.° de la Resolución 3035 de 2010.
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competencia al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Adicionalmente, indicó que el proceso de extradición del señor Valencia se
adelantó con respeto de las etapas previstas en la legislación colombiana y
permitió ejercer los recursos procedentes.
El Ministerio de Justicia y del Derecho rindió informe donde adujo que la acción
de tutela es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, bajo
el entendido que la reclamación que alega el actor se refiere a temas relacionados
con la validez del proceso en los EE. UU, por lo que “puede acudir a los
mecanismos de defensa con los que cuenta en ese país para hacer valer sus
derechos, los cuales no pierde por ser extraditado”.
Indicó que a través del Oficio MJD-OFI24- 0026086 del 24 de junio de 2024
contestó las solicitudes con radicado MJD-EXT24-0030396 y MJD-EXT24-
993098 del 4 de igual mes y año.
La Defensoría del Pueblo allegó informe donde mencionó que la petición del 6
de marzo de 2024 encaminada a que se le brinde acompañamiento al señor
Valencia en el proceso diplomático fue remitida por competencia a la Dirección
de Asuntos Internacionales y Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a
Connacionales en el Exterior y a la a la directora Nacional de Recursos y
Acciones Judiciales.
Por otro lado, aclaró que no tiene su competencia constitucional y legal para
ejercer una demanda o acción internacional en contra de los Estados Unidos de
América, máxime intervenir en un proceso penal que se encuentra activo en ese
país, derivado de un proceso de extradición, donde el procesado además cuenta
con representación judicial en Colombia y en el exterior.
La Secretaría General del Senado solicitó su desvinculación de la acción de
tutela, toda vez que, las pretensiones de la tutela no son asuntos de competencia
del Congreso.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición y III) caso concreto.
I) Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
II) Derecho de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el Artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia, permite el establecimiento de una
comunicación efectiva entre la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y
eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos
organizados bajo la insignia del Estado democrático de derecho.
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas por
la jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se
brinde: debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por
ello la armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que “la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los
motivos que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del
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“derecho a lo pedido”2.
En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación realizada, para lo
cual la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de
conformidad con los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se
mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la
falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad
encargada3.
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes
del vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar
el término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 1755 de 2015, artículo 14.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para
la solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.
III) Caso concreto
En síntesis, el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo solicita la protección de los
derechos fundamentales de petición, al acceso a la información, al debido
proceso, a la dignidad humana, a la libertad y al acceso a la administración de
justicia, presuntamente transgredidos por la Presidencia de la República de
Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.
Es del caso precisar que, no se configura cosa juzgada o temeridad en relación
2 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las
Sentencias T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
3 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)”
Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES, CITACIONES, COMUNICACIONES Y
NOTIFICACIONES.
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
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con la tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-04266-00, ya que, si bien el
escrito de amparo es el mismo, lo cierto es que en su momento el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C no estudió de fondo el asunto, sino que
declaró improcedente la acción por falta de legitimación en la causa por activa.
Pues bien, de las pruebas allegadas observa la Sala que el actor realizó las
siguientes solicitudes, que fueron contestadas, así:
Peticiones Respuestas
Ministerio de Relaciones La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y
Exteriores el 20 de noviembre de Servicio al Ciudadano en nombre y representación del
2023 requirió copia de: 1) la Ministerio de Relaciones Exteriores contestó la
respuesta o respuestas otorgada solicitud mediante radicado núm. DIMCS-GARJ-23-
por la juez ELIZABETH A. 030378 de 15 de enero de 2024, donde indicó:
KOVACHEVICH (Court Ford the “(…) las copias de los documentos aludidos forman parte
middle district of Florida), a la nota y pertenecen al archivo reservado del Ministerio de
diplomática de protesta emitida Relaciones Exteriores de conformidad con lo establecido
por el Estado de Colombia y 2) en el literal j) del artículo 81 del Decreto Ley 274 de 2000.
todas las notas diplomáticas de Amparado en expresas nomas legales, se responde que
protesta efectuadas por el Estado el acceso y la circulación de la información solicitada se
de Colombia. encuentra restringida (artículo de 19 de la Ley 1712 de
2024)”.
(…)
En todo caso, se informa y recuerda lo ya comunicado
mediante oficio S-DIMCS-GAJR-23-029679, que el caso
del Sr. Joaquín Marín Valencia Trujillo ha sido atendido
consular y diplomáticamente con la máxima atención
desde el año 2004 (fecha en la que fue extraditado a los
Estados Unidos). De esta manera, han sido gestionados
desde el consulado de Colombia en Washington y el
Despacho de la señora ministra de Relaciones Exteriores
de Colombia ante la Embajada de los Estados Unidos de
América sendas comunicaciones en aras de verificar el
cabal cumplimiento del principio de especialidad y el
cumplimiento de las garantías ofrecidas al señor Valencia
Trujillo. (…)”
Ministerio de Justicia y del Oficio MJD-OFI24- 0026086 del 24 de junio de 2024, le
Derecho Radicados MJD- indicó al peticionario:
EXT24-0030396 y MJD-EXT24- “afirma en su solicitud el día 19 de abril de 2023 la
993098 del 4 de junio de 2024 Comisión Segunda del Senado de la República instaló
“solicitud de información sobre una comisión accidental en la que al parecer dispuso
mesa de Trabajo #92, Extradición crear una mesa de trabajo para tratar diversos temas
por Acuerdo y Regla De entre ellos el traslado de personas condenadas, no
Especialidad e información de los contamos a la fecha con ninguna información al respecto”.
resultados y avance que han
tenido a la fecha los compromisos “procedemos a remitir por competencia su solicitud, ante
adquiridos por las instituciones la Comisión Segunda del Senado de la República, siendo
aquí peticionadas frente a la mesa necesario aclarar, son quienes deben suministrar la
de trabajo instaurada el día 19 de información por usted requerida por estar bajo su
abril de 2023, por la Comisión competencia tanto la convocatoria y desarrollo de la
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Peticiones Respuestas
Segunda del Senado de la mencionada Comisión Accidental”. El traslado se efectuó
República de Colombia, en mediante Oficio MJDEXT24- 0023634 del 12 de junio de
particular, en lo referente a la 2024.
repatriación de ciudadanos
extraditados a los Estados Unidos
de Norteamérica”.
Presidencia de la República Mediante oficios OFI23-00159906 / GFPU 14000000 y
radicado EXT23-00128270 OFI23-00159898 / GFPU 14000000 del 28 de agosto de
“regular de forma completa los 2024 traslado la petición al Ministerio de Relaciones
mecanismos de verificación sobre Exteriores y al Ministerio de Justicia y del Derecho.
el cumplimiento de los
condicionamientos para la
extradición y, las consecuencias
de su eventual incumplimiento”.
Defensoría del Pueblo Mediante comunicación 20241010011488981 y
6 de marzo de 2024, “Pedido de 20241010011489091 del 12 de marzo de 2024 remitió por
acompañamiento a proceso competencia a la Dirección de Asuntos Internacionales y
diplomático de protección de Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales
derechos procesales del en el Exterior y a la directora Nacional de Recursos y
ciudadano extraditado Joaquín Acciones Judiciales.
Mario Valencia Trujillo”.
De igual forma, se evidencia que el apoderado del actor interpuso recurso de
insistencia en contra de la respuesta suministrada por la Dirección de Asuntos
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones
Exteriores frente a la petición de copias del 20 de noviembre de 2023.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A4
mediante providencia de 15 de febrero de 2024 declaró bien negada la
información solicitada, con fundamento en que los asuntos relacionados con la
naturaleza de la actividad del Ministerio de Relaciones, incluyendo la información
contenida en sus archivos cuenta con la calidad de reserva legal, porque ameritan
un trato con mayor sensibilidad y sujeción a normas especiales sobre el
tratamiento de datos, por el hecho de involucrar otro Estado, que para el caso, es
Estados Unidos de América.
Recuérdese que, la satisfacción del derecho de petición no implica
necesariamente que se acceda a lo solicitado, sino que la respuesta se otorgue
dentro del término dispuesto por la norma, el contenido de la contestación atienda
de manera congruente a lo pedido y se notifique en debida forma al solicitante lo
4 Radicado 25000234100020240026500 del recurso de insistencia
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resuelto.
En relación con la presunta transgresión de los derechos fundamentales de
petición y de acceso a la información por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores, no se pronunciará este juez constitucional, pues sobre el asunto ya
decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el recurso de insistencia
y en la tutela no se está cuestionando la referida providencia. Por lo tanto, se
declarará improcedente la acción constitucional en este punto.
Tampoco, se encuentra que el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Presidencia
de la República y la Defensoría del Pueblo le transgredan el derecho de petición
al señor Valencia, al encontrarse demostrado que las entidades contestaron las
solicitudes conforme al artículo 21 de la Ley 1755 de 20155; por lo que se negará
el amparo solicitado en relación con éstas.
Frente a la presunta violación del derecho de petición por parte del Congreso de
la República se advierte que, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante
Oficio MJDEXT24- 0023634 del 12 de junio de 2024 trasladó por competencia a
la Comisión Segunda del Senado de la República solicitud de información del 4
de junio de 2024, sobre la creación de una mesa de trabajo, para tratar diversos
temas entre ellos el traslado de personas condenadas y grupo de extradiciones.
La entidad tenía 30 días hábiles para contestar la consulta antes citada, sin
embargo, a la fecha dicho plazo venció y no se evidencia respuesta alguna.
Ahora, si bien el Congreso en el informe rendido al juez constitucional pidió
ampliar los términos de la respuesta de la tutela, en aras de recaudar información
relacionada sobre “los asuntos tratados en la Subcomisión de vigilancia sobre el
“Drama humanitario de las personas que tienen familiares privados de la libertad
en el extranjero”, lo cierto es que ha transcurrido el tiempo suficiente y no se ha
allegado respuesta de la consulta antes citada ni más información sobre el
asunto.
5 “ARTÍCULO 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5)
días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente
así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la
recepción de la Petición por la autoridad competente”.
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Se encuentra entonces vulnerado el derecho de petición del señor Joaquín Mario
Valencia Trujillo por parte de la Comisión Segunda del Senado, por lo que se
procederá al amparo del mismo.
Por último, no observa la Subsección cómo las autoridades accionadas le
transgreden al señor Valencia los derechos fundamentales al debido proceso, a
la dignidad humana, a la libertad y al acceso a la administración de justicia,
conforme a los hechos narrados, los cuales guardan relación con las condiciones
de reclusión y la pena impuesta por las autoridades estadounidenses, no por las
autoridades nacionales.
En conclusión, se declarará improcedente la tutela en relación con el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia, se negará el amparo invocado en contra
del Presidencia de la República de Colombia, el Ministerio de Justicia y del
Derecho y la Defensoría del Pueblo y se amparará el derecho de petición en
relación con el Congreso de la República.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Declarar improcedente la tutela en relación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Colombia y negar en contra de la Presidencia de la
República de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Defensoría
del Pueblo, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: Amparar el derecho de petición del señor Joaquín Mario Valencia
Trujillo, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Tercero: Ordenar al presidente de la Comisión Segunda del Senado que, dentro
de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, conteste de
manera clara y congruente la consulta del 4 de junio de 2024 que el Ministerio de
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13
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05970-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
Justicia y del Derecho le trasladó mediante Oficio MJDEXT24- 0023634 del 12
de igual mes y año.
Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
HAPC
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