Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04266-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04266-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04266-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
30 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04266-00
Accionantes: Águeda Valencia Trujillo y Mario Valencia Tristán en representación
de Joaquín Mario Valencia Trujillo
Accionados: Presidencia de la República y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela – legitimación en la causa por activa. Sentido del fallo de tutela: Se declara
improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Águeda Valencia Trujillo y Mario
Valencia Tristán, como representantes de Joaquín Mario Valencia Trujillo, en contra
de la Presidencia de la República, de los Ministerios de Justicia y del Derecho y de
Relaciones Exteriores, de la Defensoría del Pueblo y del Congreso de la República.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 13 de agosto de 20242 los tutelantes interpusieron acción constitucional en
procura de la protección de los derechos de Joaquín Valencia Trujillo, los que
consideran vulnerados porque (i) el Ministerio de Relaciones Exteriores no les
proporcionó la información requerida sobre las condiciones de extradición y
reclusión de Joaquín Valencia Trujillo; (ii) las repuestas de las autoridades
colombianas frente a las múltiples peticiones elevadas no han sido completas ni
suficientes; (iii) la condena que se le impuso a Joaquín Valencia Trujillo implica una
cadena perpetua de facto y desconoce las condiciones en que se concedió la
extradición; (iv) este ha sido sometido a condiciones crueles e inhumanas; y (v) el
estado colombiano no ha actuado de forma eficiente para proteger a uno de sus
ciudadanos.
1
Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 81DDCA728E5E6CA3
BE540AC761D6A33E 628605A4D681F596 046D01C22CBC85EC.
2
Obra correo en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado E67762A5A12A77CE
8FCA1A22E8BDEB45 195CF5B160CA2911 197938C08F1FFC28.
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2.- Hechos
2.1.- Según se manifestó en el escrito de la tutela, en 2003 se recibió solicitud de
extradición de Joaquín Mario Valencia Trujillo por parte de los Estados Unidos. En
2004 la Corte Suprema de Justicia aprobó tal pedimento. En marzo de ese mismo
año se materializó la extradición en comento.
2.2.- Afirman los tutelantes que, en los Estados Unidos, Joaquín Mario Valencia fue
juzgado por hechos anteriores a 1997 y por cargos no incluidos en la solicitud
original de extradición. Manifestaron que esto viola el principio de especialidad y
que han insistido ante las autoridades colombianas para que intervengan y reclamen
por esa violación.
2.3.- Así mismo, Águeda Valencia Trujillo y Mario Valencia Tristán indicaron que,
durante la detención de Joaquín Valencia, que incluyó 35 meses de aislamiento en
condiciones severas, se elevaron varias reclamaciones. Argumentaron que el trato
que se le ha dado es cruel e inhumano, y que las autoridades colombianas no han
cumplido a cabalidad con su deber de protección consular, pues la legislación de
los Estados Unidos prevé distintos mecanismos judiciales de defensa que no han
sido ejercidos.
2.4.- Alegaron los reclamantes que el gobierno colombiano ha emitido varias notas
diplomáticas, en las que ha protestado por la omisión de las condiciones en que se
aceptó la extradición. Sin embargo, estas acciones no tuvieron ningún efecto.
Acotaron, también, que Joaquín Mario Valencia fue condenado a 480 meses de
prisión y que, a lo largo de ese proceso, se presentaron múltiples requerimientos,
tanto diplomáticos como legales, en los que se adujo que las pruebas utilizadas
contra Joaquín Valencia incluían hechos anteriores a 1997, lo cual desconoce las
condiciones de la extradición. Pese a esto, no se tomaron medidas correctivas.
2.5.- En el escrito introductorio se precisó que se han elevado numerosas solicitudes
ante las autoridades colombianas para que estas intervengan y hagan respetar el
acuerdo de extradición, no obstante, no se ha conseguido una revisión del caso ni
que los tribunales norteamericanos se sujeten a las condiciones pactadas.
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2.6.- Informan los convocantes que en 2023 se plantearon nuevas notas
diplomáticas y protestas, entre ellas una petición del 20 de noviembre de ese año,
ante los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, pero no
se obtuvo una respuesta efectiva ni clara.
2.7.- Igualmente, Águeda Valencia Trujillo y Mario Valencia Tristán se refirieron a
una petición adicional que presentaron a nombre de Joaquín Valencia Trujillo, en la
cual se solicitó información respecto a las notas diplomáticas cruzadas entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades norteamericanas, sin
embargo, la referida cartera negó la entrega de esos datos por considerarlos
reservados. Al resolver el recurso de insistencia, el 15 de febrero de 20243, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró bien denegada la petición.
2.8.- Además, los acá accionantes aseveraron que en marzo hogaño se puso en
conocimiento de la Defensoría del Pueblo la situación de Joaquín Valencia Trujillo,
y que dicha entidad trasladó el asunto a otros entes gubernamentales, que adujeron
que no existía evidencia de la supuesta violación al principio de especialidad. A su
vez, puntualizaron que en abril de 2024 se le pidió al Ministerio de Justicia y del
Derecho la repatriación de Valencia Trujillo, sin embargo, esa autoridad no accedió
a lo requerido.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
Los tutelantes estiman que se han vulnerado los derechos de Joaquín Mario
Valencia Trujillo, porque las autoridades colombianas, especialmente el Ministerio
de Relaciones Exteriores al negar la entrega de documentos clave para activar
mecanismos judiciales en los Estados Unidos, le impidieron lograr la revisión de su
condena en ese país. Alegan que, en este caso, debió prevalecer la posibilidad de
defenderse sobre la reserva de la información. También critican que la postura del
Ministerio de Relaciones Exteriores no estuvo debidamente motivada, ni se
demostró un daño real o específico que justifique la no entrega de la información.
Además, los convocantes indican que la renuencia a proporcionar información
vulnera el derecho fundamental de petición de Joaquín Mario Valencia, ya que las
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Obra a folios 580-593 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 52AC53CDFD8C84B7
C7F8AF8DEB542D2C 9FE5FEAB986978D5 EFA015A4CEF5D63C.
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respuestas de las autoridades no han sido completas ni adecuadas, conforme con
los estándares constitucionales.
Por otra parte, la parte actora aseveró que la Defensoría del Pueblo no respondió
correctamente al requerimiento para que ejerza la representación legal de Joaquín
Valencia ante organismos internacionales de derechos humanos, con ocasión de la
inobservancia de las condiciones de su extradición y de la imposición de una
condena que, en la realidad, se trata de prisión perpetua.
Los accionantes señalaron que la falta de acción por parte de los órganos
nacionales ha dejado a Valencia Trujillo en una situación de indefensión frente a la
trasgresión de sus derechos en los Estados Unidos, lo que incluye tratos crueles,
inhumanos o degradantes, los cuales han sido proscritos por la jurisprudencia
constitucional.
Águeda Valencia Trujillo y Mario Valencia Tristán denuncian la falta de seguimiento
por parte del estado colombiano del cumplimiento de las condiciones establecidas
en la extradición, como la prohibición de la prisión perpetua y de ser juzgado por
hechos anteriores a 1997. Explican que, a pesar de la gravedad de las condiciones
de detención, no se ha realizado una protesta diplomática formal ni se han tomado
acciones concretas y efectivas para garantizar los derechos del procesado.
4.- Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales de
Joaquín Mario Valencia Trujillo; (ii) ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores
que entregue copias de los documentos solicitados en la petición de diciembre de
2023, así como a realizar todos los esfuerzos para poner en conocimiento de las
autoridades judiciales de Estados Unidos la trasgresión a la regla de especialidad y
a las condiciones pactadas para la extradición; (iii) disponer que el referido
ministerio aclare a las autoridades estadounidenses que la extradición de Valencia
Trujillo se basó en un tratado internacional o en principios de derecho internacional;
(iv) requerir a la Defensoría del Pueblo para que se encargue de representar a
Joaquín Valencia ante los jueces de los Estados Unidos o ante organismos
internacionales; y (v) que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la
Presidencia de la República, se negocie un tratado de repatriación con los Estados
Unidos; y que el Congreso y el presidente de la nación regulen los mecanismos para
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verificar el cumplimiento de las condiciones de extradición y las consecuencias de
su incumplimiento.
5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 13 de agosto de 2024 el Juzgado 61 Administrativo de
Bogotá remitió la presente acción constitucional al Consejo de Estado por
considerarlo de su competencia. El 16 de agosto siguiente este despacho admitió
la tutela y ordenó la notificación a las partes.
5.2.- La Defensoría del Pueblo puntualizó que no existe una vulneración de
derechos fundamentales que le sea atribuible. Expuso que ha actuado dentro de
sus competencias al trasladar las solicitudes del abogado de Joaquín Mario
Valencia Trujillo a las autoridades competentes. Precisó que sus funciones se
circunscriben al territorio colombiano y que no tiene facultades para actuar
directamente en procesos judiciales internacionales ni ante jueces de otros países.
Asimismo, explicó que ha brindado el acompañamiento necesario para la protección
de los derechos de los connacionales en el exterior. Reiteró que seguirá realizando
seguimiento al caso de Joaquín Mario Valencia Trujillo dentro de sus límites
constitucionales y legales.
5.3.- El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que ha cumplido con todas sus
obligaciones y funciones en relación con la situación de Joaquín Mario Valencia
Trujillo. Detalló que ha atendido todas las peticiones presentadas por él y sus
representantes. También afirmó que ha emitido numerosas notas a las autoridades
estadounidenses para verificar que no se hayan violado las condiciones de la
extradición y que estas han sido contestadas en el sentido de informar que no se ha
trasgredido el principio de especialidad ni las prerrogativas del extraditado. Aclaró
que no es responsable de la representación legal de Valencia en los Estados Unidos
y que el juez de tutela no puede desplazar las funciones del estado colombiano en
materia de extradición. Subrayó que ha prestado asistencia consular en todo
momento y ha cumplido con su papel de canal diplomático.
La referida cartera expresó que ha actuado en concordancia con los procedimientos
establecidos y que no ha violado los derechos fundamentales denunciados, ya que
ha contestado todas las solicitudes que le han presentado. Pidió que se declare
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improcedente esta acción, al estimar que sus labores se encuadran en el marco de
su competencia y que no ha vulnerado los derechos de Joaquín Valencia. Manifestó
que esta es la 5ª acción de tutela en la que se busca salvaguardar las garantías del
accionante.
5.4.- La Secretaría General del Senado se refirió a las normas que regulan la
extradición en Colombia y agregó que es el presidente de la República quien debe
solucionar las controversias relacionadas con los tratados internacionales sobre ese
asunto, por lo que no es responsable de los hechos demandados en el escrito
introductorio. Ultimó que la acción de tutela no es la vía para controlar la labor
legislativa ni promover iniciativas de esa naturaleza.
5.5.- El Ministerio de Justicia y del Derecho sostuvo que ha cumplido con sus
funciones. Describió el proceso de extradición de Valencia Trujillo y señaló que,
desde su inicio, ha seguido la normativa aplicable. Agregó que la tutela es
improcedente, pues existen otros mecanismos para ejercer la defensa que ahora se
pretende. En cuanto a la petición presentada por el abogado de Valencia Trujillo,
argumentó que la contestó adecuada y oportunamente. También subrayó que no
está legitimado en la causa, ya que se ha procedido dentro de su competencia.
5.6.- El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República consideró
que se configuró un hecho superado, en la medida en que las peticiones que se han
formulado en nombre de Joaquín Valencia Trujillo han sido tramitadas en su
totalidad. Adujo, finalmente, que no ha vulnerado las prerrogativas del procesado.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Águeda
Valencia Trujillo y Mario Valencia Tristán, como representantes de Joaquín Mario
Valencia Trujillo, en contra de la Presidencia de la República, de los Ministerios de
Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, de la Defensoría del Pueblo y del
Congreso de la República de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de
la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
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2.- De la legitimación en la causa
La legitimación en la causa consiste, de una parte, en ser el titular del derecho o
del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen y,
de otra, en ser el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas. Así
estarían definidas la legitimación en la causa por activa y por pasiva,
respectivamente.
De esta manera, si los demandantes carecen de legitimación en la causa, no será
posible que se les satisfaga las pretensiones que aducen, toda vez que no ostentan
la titularidad de la relación jurídica, del derecho o del interés sustancial que les sirve
de soporte a sus pedimentos. Ahora, si son los demandados los que no están
legitimados, no podrán ser constreñidos a realizar en favor de los convocantes
alguna prestación, puesto que lo pretendido ha debido suplicársele a otros sujetos4.
3.- El caso concreto
3.1.- En el presente asunto se tiene que, las pretensiones, en su totalidad, están
enfocadas en la protección de los derechos de Joaquín Mario Valencia Trujillo y, por
ende, él es el legítimo titular de las prerrogativas iusfundamentales que se aducen
vulneradas y que se pretenden salvaguardar con esta acción tuitiva.
No obstante, revisado el expediente, se observa que no obra mandato otorgado por
Joaquín Mario Valencia Trujillo en favor de Águeda Valencia Trujillo y Mario
Valencia Tristán o del abogado Víctor Mosquera Marín para interponer,
específicamente, la acción constitucional objeto de estudio. De esta manera, se
impone, ab initio, la improcedencia del amparo, por falta de legitimación en la causa
por activa.
Ahora, si bien es cierto que en el escrito de tutela se indicó que, en virtud de la
Escritura Pública 047-2022 del 29 de noviembre de 2022, Águeda Valencia Trujillo
y Mario Valencia Tristán actúan en representación del titular de los derechos cuya
conculcación se denuncia, al estudiar los archivos anexos al escrito introductorio,
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de mayo
de 2013, expediente: 24510, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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no se observa tal documento y, en consecuencia, no se puede corroborar que
aquellos cuenten con la facultad que aducen.
3.2.- En adición a lo anterior, se debe destacar que, aunque se aportó un poder5
otorgado por Águeda Valencia Trujillo y Mario Valencia Tristán en favor de la
sociedad Víctor Mosquera Marín Abogados S.A.S., esta Sala considera, con base
en las razones expuestas, que no es viable extender este mandato a la posibilidad
de salvaguardar las prerrogativas de quien, probatoriamente, ostenta la calidad de
tercero frente a esta acción constitucional.
Aunado a ello, no se allegó certificado de existencia y representación legal que
permita comprobar que el profesional del derecho que suscribió la tutela sea el
representante legal de la firma de servicios judiciales a la que se le otorgó el poder
referido.
3.3.- Por otra parte, esta subsección se abstendrá de realizar el examen de
temeridad solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto las otras
acciones de tutela fueron presentadas por Joaquín Valencia Trujillo según se
informó en la contestación de esa cartera ministerial, mientras que la sub examine
fue radicada por Águeda Valencia Trujillo y Mario Valencia Tristán sin que, de
conformidad con lo explicado, sea plausible comprobar que estos puedan
representar al titular de los derechos cuya protección se persigue.
3.4.- En ese mismo sentido, se precisa que, a pesar de que en las pruebas se
observa que la petición de noviembre de 2023 fue presentada por Águeda Valencia
Trujillo y Mario Valencia Tristán, lo cierto es que esta también fue radicada por los
precitados a nombre de Joaquín Valencia Trujillo6, es decir que es el derecho de
petición de este último el cual se reclama y, por ende, se insiste, no está acreditada
la legitimación para ello.
3.5.- Finalmente, tampoco se puede sostener que los ahora accionantes actúen
como agentes oficiosos de Joaquín Valencia Trujillo, en la medida en que, al
observar los documentos allegados a este expediente, se advierte que este último
ha realizado varias actuaciones de forma directa, por lo que no se encuentra
5
Obra poder en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 940373ED681D52B6 0E2F2A2F1EAD3E9A
F823DADCD9C745F0 587887526B37FEE5.
6
Como consta a folio 576 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 52AC53CDFD8C84B7
C7F8AF8DEB542D2C 9FE5FEAB986978D5 EFA015A4CEF5D63C.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04266-00
Accionantes: Águeda Valencia Trujillo y Mario Valencia Tristán en representación de Joaquín Mario Valencia Trujillo
Accionados: Presidencia de la República y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
acreditada la imposibilidad para actuar por parte del supuesto agenciado, lo cual es
una condición sine qua non de la mencionada agencia oficiosa.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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