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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05970-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05970-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Adicionar la parte resolutiva de la sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en los siguientes términos: «Quinto: Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo en lo que respecta a los cargos sobre la supuesta responsabilidad del Estado colombiano por consentir irregularidades cometidas por las autoridades estadounidenses en su proceso de extradición y en el juicio penal adelantado en su contra, dada la existencia cosa juzgada con las acciones de tutela Nro. 11001-22-05-000-2019-00372-00/01 y 11001-03- 15-000-2021-01838-00/01. Sexto: Instar a la parte actora a abstenerse a presentar acciones de tutela sucesivas por los mismos hechos y pretensiones formuladas en la presente acción y en las tramitadas bajo los radicados Nro. 11001-22-05-000-2019-00372- 00/01 y 11001-03-15-000-2021-01838-00/01». 2. Confirmar en lo demás la sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-05970-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

6 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05970-01
Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-05970-01
Demandante JOAQUÍN MARIO VALENCIA TRUJILLO
Demandada PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Cosa juzgada. Extradición y juicio penal
ante autoridades estadounidenses. Derecho de petición.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de 28 de noviembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A que dispuso lo siguiente:
«Primero: Declarar improcedente la tutela en relación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia y negar en contra de la Presidencia de la República de Colombia, el
Ministerio de Justicia y del Derecho y la Defensoría del Pueblo, conforme a las
consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: Amparar el derecho de petición del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo, conforme
a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Tercero: Ordenar al presidente de la Comisión Segunda del Senado que, dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, conteste de manera clara y congruente
la consulta del 4 de junio de 2024 que el Ministerio de Justicia y del Derecho le trasladó
mediante Oficio MJDEXT24- 0023634 del 12 de igual mes y año.»

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de noviembre de 20241, mediante apoderado judicial, los señores Águeda
Valencia Trujillo y Mario Valencia instauraron (en virtud de poder conferido) acción
de tutela en nombre del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo, contra el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la
Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República de Colombia y el Congreso
de la República, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de
petición, acceso a la administración de justicia, al debido proceso, dignidad humana
y libertad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de JOAQUÍN MARIO VALENCIA
TRUJILLO al derecho fundamental de petición (art. 23 C.N) y acceso a la información pública
(art. 20 y 74 C.N.) conculcados por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de JOAQUÍN MARIO VALENCIA
TRUJILLO a la dignidad humana, la no imposición de prisión perpetua, a no ser sometido a
tratos o penas crueles inhumanos o degradantes conculcados por LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, el MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES y el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

1 Samai, índice 2.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05970-01
Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales de JOAQUÍN MARIO VALENCIA
TRUJILLO de acceso a la administración de justicia conculcados por el CONGRESO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA y el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
CUARTO: AMPARAR los derechos fundamentales de JOAQUÍN MARIO VALENCIA
TRUJILLO al debido proceso, apelar sentencia judicial, y libertad conculcados por el
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO.
QUINTO: Que, a fin de proteger los derechos fundamentales de JOAQUÍN MARIO VALENCIA
TRUJILLO, se ORDENE al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ENTREGAR
COPIAS de los documentos solicitados mediante derecho de petición del día 20 de diciembre
de 2023 constitutivos de prueba de la vulneración.
SEXTO: Que, a fin de proteger los derechos fundamentales de JOAQUÍN MARIO VALENCIA
TRUJILLO, se ORDENE al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, realizar todos los
esfuerzos posibles encaminados a PONER EN CONOCIMIENTO, la posición de Colombia
frente a la regla de especialidad y, sobre la existencia de violación de los condicionamientos
de la extradición por la imposición de cadena perpetua así como la existencia de tratos crueles
inhumanos y degradantes al juez de conocimiento del caso del señor VALENCIA en los
Estados Unidos de Norteamérica, realizando el seguimiento debido a la respuesta por parte
de este.
SÉPTIMO: Que a fin de proteger los derechos fundamentales de JOAQUÍN MARIO
VALENCIA TRUJILLO, se ORDENE al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES que,
aclare a los Departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica,
así como a los jueces de conocimiento del caso en dicho País que, la extradición del señor
JOAQUÍN MARIO VALENCIA TRUJILLO, se dio en virtud de un tratado internacional, o en su
defecto, en virtud del principio de pacta sunt servanda con origen en las notas diplomáticas
No. 449 de 2003, OAJ.E. 0313 y 674 de 2004, por lo que, es procedente la impugnación en
virtud de esta, bajo los mecanismos procesales de dicho País.
OCTAVO: Que, a fin de proteger los derechos fundamentales de JOAQUÍN MARIO
VALENCIA TRUJILLO, se ORDENE a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO la disponer de
personal y recursos para la representación internacional del señor VALENCIA ante el juez de
conocimiento de los Estados Unidos de Norteamérica o en su defecto, en organismos
internacionales para la protección de sus derechos ante los Estados Unidos de Norteamérica,
mientras el ESTADO DE COLOMBIA regula lo concerniente a establecer mecanismos para
la eficacia de las condiciones de extradición.
NOVENO: Que a fin de proteger los derechos fundamentales de JOAQUÍN MARIO
VALENCIA TRUJILLO, se ORDENE al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y al
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, realizar todos los esfuerzos necesarios
para la negociación de un tratado en materia de repatriación judicial y/o extradición con
fórmulas de arreglo entre Estados Unidos de Norte América y la República de Colombia.
DÉCIMO: Que a fin de proteger los derechos fundamentales de JOAQUÍN MARIO VALENCIA
TRUJILLO, se ORDENE al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA y al
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, regular de forma completa los mecanismos
de verificación sobre el cumplimiento de los condicionamientos para la extradición y, las
consecuencias de su eventual incumplimiento».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Sobre la condena penal impuesta por las autoridades judiciales
estadounidenses
2.1. En el año 2004, el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo fue extraditado a los
Estados Unidos, por los siguientes cargos: concierto para importar cocaína,
concierto para poseer con la intención de distribuir, participación en empresa
criminal continuada y concierto para participar en el delito de lavado de dinero.
2.2. En el año 2006, el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Mediano
de la Florida, División de Tampa condenó al señor Joaquín Mario Valencia
Trujillo con 480 meses de prisión. Este último apeló esa decisión.
En sentencia de 7 de julio de 2009, la Corte de Apelaciones de los Estados
Unidos para el Undécimo Circuito desestimó el cargo del apelante sobre la

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violación a la regla de especialidad, según la cual el Estado que recibe al
extraditado solo puede enjuiciarlo por el delito por el cual fue entregado. La
autoridad judicial indicó que esa regla solo es aplicable cuando la extradición
se produjo en virtud de un tratado entre los dos países. En consecuencia,
concluyó que como la extradición del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo no
se produjo en virtud de un tratado, sino del derecho interno colombiano, este
último no tenía legitimación para invocar la regla de especialidad.

2.3. Mediante comunicación Nro. 6747 de 17 de marzo de 2011, el Ministerio de
Relaciones Exteriores solicitó a la Embajada de Estados Unidos verificar el
cumplimiento de la regla de especialidad en el proceso del señor Joaquín
Mario Valencia Trujillo. En respuesta de 9 de noviembre de 2011 Nro. 2827,
la Embajada de Estados Unidos sostuvo que no existió vulneración alguna.

Asimismo, en nota diplomática S-GAIC-14004401 de 13 de mayo de 2014, los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho le solicitaron
al secretario de justicia de los Estados Unidos revisar el proceso adelantado
contra el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo a la luz de la regla de la
especialidad. Petición reiterada por la Embajada de Colombia el 22 de mayo
de 2014. En respuesta de 28 de julio de 2014, la Embajada de Estados Unidos
sostuvo que en diferentes ocasiones ya ha indicado al Gobierno de Colombia
que no hubo violación del principio de especialidad en el proceso judicial
referido.

Igualmente, en comunicaciones y notas diplomáticas S-GAIC-14-081142 de
31 de octubre de 2014, S-GAIC-16-030942 de 31 de marzo de 2016, C.G.447
de 6 de julio de 2016, S-DIMCS-17-023678 de 21 de marzo de 2017, S-
DIMCS-17-073058 y S-DIMCS-17-073058 de 13 de septiembre de 2017 el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado General de Colombia
insistieron en el incumplimiento de la regla de especialidad; y en comunicados
de 18 de diciembre de 2015 y 21 de junio de 2016 el Departamento de Estado
de los Estados Unidos insistió en que no existió vulneración alguna.

2.4. El 13 de diciembre de 2017, el Juzgado del Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos emitió una nueva sentencia, en virtud de una moción presentada para
anular la sentencia, en la cual se volvió a condenar al señor Joaquín Mario
Valencia Trujillo a 480 meses de prisión. Este último apeló dicha decisión.

El 2 de agosto de 2019, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para
el Once Circuito desestimó el argumento del apelante.

Sobre el recurso de insistencia Nro. 25000-23-41-000-2024-00265-00

2.5. El 20 de noviembre de 2023, el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo presentó
derecho de petición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que
solicitó la entrega de una serie de documentación, en los siguientes términos:
«PRIMERO: Se me remita copia de la respuesta o respuestas otorgada por la juez
ELIZABETH A. KOVACHEVICH (Court Ford the middle district of Florida), a la nota diplomática
de protesta emitida por el Estado de Colombia, por intermedio de estos Ministerios.
SEGUNDO: Se me remita relación y copia de las respuestas a todas las notas diplomáticas
de protesta efectuadas por el Estado de Colombia, otorgadas por el Departamento de Estado
y Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
TERCERO: Se me remita relación y copia de las respuestas a todas las notas diplomáticas de
protesta efectuadas por el Estado de Colombia, otorgadas por los jueces de conocimiento del
caso del señor VALENCIA, en los Estados Unidos de América (…)».

2.6. La Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante radicado Nro. SDIMCS-GARJ-

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23-030378 de 15 de enero de 2024, contestó la petición en los siguientes
términos:
«PRIMERO: Se me remita copia de la respuesta o respuestas otorgada por la juez
ELIZABETH A. KOVACHEVICH (Court Ford the middle district of Florida), a la nota diplomática
de protesta emitida por el Estado de Colombia, por intermedio de estos Ministerios”. R/ En cumplimiento de estrictas normas regulatorias del respeto En cumplimiento de estrictas
normas regulatorias del respectivo al Habeas Data, que derivan en el manejo documental del
archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, es preciso informar, que el Decreto Ley 274
de 2000 establece de forma clara, que tendrán especial grado de reserva los asuntos que, por
la naturaleza de la actividad de esta cartera Ministerial así lo requieran, incluyendo la
información contenida en sus archivos, a la cual se aplica el tratamiento de confidencialidad. En este sentido, se informa y aclara que las copias de los documentos aludidos forman parte
y pertenecen al archivo reservado del Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad con
lo establecido en el literal j) del artículo 81 del Decreto Ley 274 de 2000. Amparado en
expresas normas legales, se responde que el acceso y la circulación de la información
solicitada se encuentra restringida (artículo de 19 de la Ley 1712 de 2024).
“SEGUNDO: Se me remita relación y copia de las respuestas a todas las notas diplomáticas
de protesta efectuadas por el Estado de Colombia, otorgadas por el Departamento de Estado
y Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América”. R/ En cumplimiento de estrictas normas regulatorias del respeto En cumplimiento de estrictas
normas regulatorias del respectivo al Habeas Data, que derivan en el manejo documental del
archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, es preciso informar, que el Decreto Ley 274
de 2000 establece de forma clara, que tendrán especial grado de reserva los asuntos que, por
la naturaleza de la actividad de esta cartera Ministerial así lo requieran, incluyendo la
información contenida en sus archivos, a la cual se aplica el tratamiento de confidencialidad. En este sentido, se informa y aclara que las copias de los documentos aludidos forman parte
y pertenecen al archivo reservado del Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad con
lo establecido en el literal j) del artículo 81 del Decreto Ley 274 de 2000. Amparado en
expresas normas legales, se responde que el acceso y la circulación de la información
solicitada se encuentra restringida (artículo de 19 de la Ley 1712 de 2024).
“TERCERO: Se me remita relación y copia de las respuestas a todas las notas diplomáticas
de protesta efectuadas por el Estado de Colombia, otorgadas por los jueces de conocimiento
del caso del señor VALENCIA, en los Estados Unidos de América”. R/ En cumplimiento de estrictas normas regulatorias del respeto En cumplimiento de estrictas
normas regulatorias del respectivo al Habeas Data, que derivan en el manejo documental del
archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, es preciso informar, que el Decreto Ley 274
de 2000 establece de forma clara, que tendrán especial grado de reserva los asuntos que, por
la naturaleza de la actividad de esta cartera Ministerial así lo requieran, incluyendo la
información contenida en sus archivos, a la cual se aplica el tratamiento de confidencialidad. En este sentido, se informa y aclara que las copias de los documentos aludidos forman parte
y pertenecen al archivo reservado del Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad con
lo establecido en el literal j) del artículo 81 del Decreto Ley 274 de 2000. Amparado en
expresas normas legales, se responde que el acceso y la circulación de la información
solicitada se encuentra restringida (artículo de 19 de la Ley 1712 de 2024) En todo caso, se
informa y recuerda lo ya comunicado mediante oficio SDIMCS-GAJR-23-029679, que el caso
del Sr.

Joaquín Marín Valencia Trujillo ha sido atendido consular y diplomáticamente con la
máxima atención desde el año 2004 (fecha en la que fue extraditado a los Estados Unidos). De esta manera, han sido gestionados desde el consulado de Colombia en Washington y el
Despacho de la señora ministra de Relaciones Exteriores de Colombia ante la Embajada de
los Estados Unidos de América sendas comunicaciones en aras de verificar el cabal
cumplimiento del principio de especialidad y el cumplimiento de las garantías ofrecidas al
señor Valencia Trujillo».

2.7. El señor Joaquín Mario Valencia Trujillo presentó recurso de insistencia ante
la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2.8. En providencia de 15 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A sostuvo que los asuntos
relacionados con la actividad del Ministerio de Relaciones están sometidos a
reserva legal, debido a que la naturaleza de sus actividades y gestiones
adelantadas abarcan no solo un actuar con los conciudadanos, sino también
con otros actores internacionales. De manera que al suministrar información

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que comparte la Nación con otros países se pondría en riesgo las relaciones
de la Nación. Por lo tanto, concluyó que la información solicitada por la parte
actora estaba sujeta a reserva legal.

Sobre el derecho de petición radicado ante la Defensoría del Pueblo

2.9. El 12 de abril de 2024, la parte actora radicó petición ante la Defensoría del
Pueblo, en el que solicitó lo siguiente:
«PRIMERO: Que se interpongan las acciones internacionales contra los Estados Unidos de
Norte América, pertinentes para la protección del ciudadano extraditado JOAQUÍN MARIO
VALENCIA TRUJILLO, en salvaguarda de su derecho al debido proceso (por desconocer el
juez de conocimiento las notas diplomáticas emitidas por Colombia) y a su dignidad humana
(por desconocerse en los fallos del caso la prohibición expresa de la imposición de cadena
perpetua).
SEGUNDO: Que en caso de no proceder a dichas acciones se me informe las razones por las
cuales no se realizarán».

3. Fundamentos de la acción
La parte actora reprochó que el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo haya sido
condenado a prisión perpetua, pese a que en el concepto favorable de extradición
de 11 de febrero de 2004 emitido por la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución
Ejecutiva Nro. 24 de 25 de febrero de 2004 en la que se concedió la extradición y
en la Nota Diplomática 674 de marzo 17 de 2004 se dispuso que el mencionado no
podría ser juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación y previos
al año 1997 en el que se autorizó la extradición de colombianos, ni sometido a tratos
crueles, inhumanos o degradantes, pena capital o perpetua.
Igualmente, añadió que en la Sentencia C-1106 de 2000 la Corte Constitucional
precisó que la entrega de una persona en extradición al Estado requirente procederá
bajo la condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de
destierro, prisión perpetua, entre otros.
A su vez, censuró que la condena impuesta al señor Joaquín Mario Valencia Trujillo
haya incluido hechos ocurridos antes de diciembre de 1997 y no enunciados en la
Nota Diplomática 449, lo cual viola la regla de especialidad. Asimismo, reprochó que
en el curso del proceso judicial adelantado en Estados Unidos el Gobierno
colombiano no haya realizado las aclaraciones pertinentes en las notas
diplomáticas. Justamente, la falta de claridad en tales notas fue lo que conllevó al
tribunal de apelaciones estadounidense a concluir que no se contaba con
legitimidad para alegar la regla de especialidad.
Por otra parte, se refirió a la petición de 20 de diciembre de 2023 dirigida al Ministerio
de Relaciones Exteriores, en la que solicitó la entrega de una serie de documentos,
que ante la respuesta dada por dicha autoridad originó la interposición de un recurso
de insistencia. Sostuvo que esa cartera ministerial pasó por alto la posibilidad de
que la reserva legal que pesa sobre ciertos documentos ceda cuando se busca
proteger el derecho de defensa.
Sostuvo que con la petición de 20 de diciembre de 2023 justamente se busca
garantizar el derecho a la defensa de un ciudadano colombiano que se encuentra
en una situación de desventaja y vulnerable dada su extradición. Estas
circunstancias deben ser superiores a la reserva legal establecida. Insistió en que
las condiciones en las que se encuentra al señor Joaquín Mario Valencia Trujillo
fueron generadas por el propio Estado Colombiano, pues este no cuenta con los
mecanismos jurídicos adecuados para garantizar los condicionamientos bajo las
cuales se aprobó la extradición.

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Precisó que los documentos solicitados en la petición de 20 de diciembre de 2023
son copias de notas diplomáticas y respuestas que ya están en conocimiento de las
autoridades de ambos Estados y, el fin último de la solicitud no es otro que poner
dicha información a disposición del juez de conocimiento en virtud de un recurso
legal denominado motion to relief, con el fin de «conseguir una eventual disminución de
una condena que, actualmente, es cadena perpetua».

Por lo tanto, aseguró que la negativa de la documentación solicitada por parte del
Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el argumento de la existencia de reserva
legal vulnera su derecho de petición.

También consideró vulnerado su derecho fundamental de petición por la falta de
respuesta de parte de la Defensoría del Pueblo a la solicitud de 12 de abril de 2024,
pese a que ya transcurrió el término de ley para otorgar respuesta de fondo.

De otra parte, consideró que se vulneró el derecho a la dignidad humana, al acceso
a la justicia, al acceso a un remedio efectivo y al debido proceso del señor Joaquín
Mario Valencia Trujillo, puesto que el Estado colombiano no se hizo presente
durante el juicio para verificar el cumplimiento de los condicionamientos
establecidos en la aceptación de la extradición, ni posteriormente los ha hecho valer
tanto así que se le impuso una pena de 480 meses de prisión que equivale pena
perpetua y fue condenado por hechos no incluidos en la solicitud de la extradición.
Todo lo cual va en contravía a lo dispuesto en la aceptación de la extradición, la
cual se condicionó a no ejercer actos de tortura contra el extraditado, a no imponer
cadena perpetua y a respetar la regla de especialidad.

Además, censuró que el Estado colombiano no haya establecido de antemano
cuáles serían las consecuencias en caso de incumplimiento de las condiciones
dispuestas en la extradición, que no haya emitido nota de protesta que permitiese
apelar la sentencia dictada, que no haya hecho seguimiento a las notas diplomáticas
presentadas para verificar si el juez había dado respuesta de fondo a estas y que
no exista regulación interna que permita hacer seguimiento del cumplimiento a los
condicionamientos señalados en la extradición. En consecuencia, sostuvo que el
Estado colombiano ha prestado una protección diplomática pobre y limitada.

Además, consideró que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Presidencia de la República vulneraron el principio de no
devolución y por consiguiente los derechos del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo
a no ser sometido a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. Manifestó
que tan pronto arribó a Estados Unidos en el año 2004 el señor Joaquín Mario
Valencia Trujillo fue recluido en una celda de castigo denominada SHU (Special
Housing Unit) encadenado de pies y manos, durante 35 meses en aislamiento
previo al juicio y totalmente incomunicado. Sostuvo que ese lugar es conocido por
los internos como el hueco y que es empleado para separar a un interno de la
población general de la prisión, con menores privilegios que los demás internos. E
indicó que como símbolo de protesta contra las irregularidades cometidas el señor
Joaquín Mario Valencia Trujillo ha efectuado huelgas de hambre.

Finalmente, la parte actora informó que en el pasado ha presentado las siguientes
acciones de tutela por hechos relacionados con el caso del señor Joaquín Mario
Valencia Trujillo: 2013-01956-00, 2019-00372-01, 2020-01961, 2020-00201, 2020-
00313-00 y 2021-01838-00. Subrayó que no existe temeridad alguna, no solo
porque la presente tutela tiene un objeto diferente al que se ha venido buscando en
acciones previas, sino por la existencia de hechos posteriores a «la solicitud de
información que la entidad accionada (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) considera
sujeta a reserva así como, a la respuesta misma de estas entidades sobre las acciones efectuadas
en el caso del señor VALENCIA y, a la constatación reciente de violaciones adicionales a los
condicionamientos de la extradición».

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Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 7 de noviembre de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por los señores Águeda Valencia Trujillo y Mario Valencia Tristán
en representación del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo contra la
Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y el Congreso
de la República; y dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el señor Joaquín Mario
Valencia Trujillo fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2004, por
cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y concierto para
delinquir, que fue condenado a 480 meses de prisión y que se estima que
recuperará su libertad en el año 2037.

Aseguró (i) que desde su extradición las oficinas consulares correspondientes
han brindado asistencia consular al connacional; (ii) que desde el año 2006
se ha dado respuesta a todas las peticiones presentadas y que inclusive «el
mismo apoderado del connacional Sr. Valencia Trujillo allega al Honorable despacho
innumerables respuestas sobre las actuaciones desplegadas por este Ministerio, que en su
momento fueron entregadas»; (iii) que se han remitido incontables notas
diplomáticas solicitando a diferentes autoridades estadounidenses verificar el
cumplimiento del principio de especialidad en el juzgamiento del señor
Joaquín Mario Valencia Trujillo, tendiente a que en el juicio no se hayan tenido
en cuenta hechos anteriores a 1997 o delitos distintos a los que motivaron su
extradición; (iv) que incluso en el año 2012 se le solicitó a autoridades
estadounidenses la posibilidad de asignarle un representante legal; (v) que ha
recibido acompañamiento en las huelgas de hambre que ha efectuado y
visitas anuales para comprobar las condiciones generales en que se
encuentra; y (vi) que en junio de 2024 se realizó visita carcelaria donde se
encuentra recluido el señor Valencia, para verificar su estado de salud,
oportunidad en la cual aquel manifestó encontrarse en buenas condiciones.

Informó que con ocasión a diferentes derechos de petición, la parte actora ha
presentado varios recursos de insistencia, incluyendo el promovido en virtud
de la respuesta obtenida a la petición de 20 de noviembre de 2023. Este fue
resuelto el 15 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Primera, Subsección A que declaró bien denegada la
información solicitada.

De otra parte, manifestó que el Gobierno de Colombia tiene la obligación de
respetar la soberanía y autonomía de los demás Estados evitando la
interferencia en sus asuntos internos, en garantía de lo establecido en la Carta
de las Naciones Unidas que declara la importancia de reconocer y preservar
la discrecionalidad en el manejo de la política interna de cada país. E indicó
que el Gobierno de los Estados Unidos es autónomo y soberano en sus
procesos administrativos y judiciales. En ese marco, las gestiones que
desplieguen las misiones y las oficinas consulares de Colombia en el exterior
carecen de fuerza coercitiva.

Por lo expuesto, sostuvo que de su parte no ha existido vulneración a los
derechos fundamentales de la parte actora.

Por otro lado, señaló que el accionante ha elevado con la presente seis tutelas
con identidad de hechos y pretensiones y que la más reciente la conoció el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C con radicado 11001-03-
15-000-2024- 04266-00 y el 30 de septiembre de 2024 la declaró
improcedente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05970-01
Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

Manifestó su preocupación frente a la insistencia de la parte actora a fin de
que el Gobierno de Colombia expida nuevamente notas diplomáticas dirigidas
a los Estados Unidos oponiéndose al proceso judicial que ya se surtió por las
autoridades competentes. Recordó que en el pasado elevó bastantes notas
diplomáticas para efectos de verificar la situación judicial en los Estados
Unidos del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo y por conducto de sus
consulados en ese país ha continuado ofreciendo la asistencia consular
debida al connacional en situación de privación de libertad en el exterior.

Con fundamento en lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de
la acción o en subsidio la negativa al amparo y su desvinculación del trámite
de tutela.

4.3. La Secretaría General del Senado de la República informó que mediante
auto del 16 de agosto de 2024 se admitió una tutela por los mismos hechos y
pretensiones, de la cual conoció el magistrado Nicolás Yepes Corrales y que
esa acción fue declarada improcedente mediante providencia de 30 de
septiembre de 2024. Indicó que la presente acción es «una especie de
subsanación, que no es propia de este proceso constitucional, se radica nuevamente el
escrito de amparo sobre los mismos supuestos fácticos jurídicos que ya fueron evaluados en
el fallo aludido».

Por otra parte, manifestó que las pretensiones de la tutela no son asuntos de
su competencia y que la actividad legislativa no se controla a través de la
acción de tutela. Por consiguiente, solicitó su desvinculación del trámite y la
declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.

4.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho sostuvo que ha atendido las
múltiples reclamaciones del señor Valencia Trujillo desde su extradición. A su
vez, afirmó que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, debido a que aquel puede acudir a los mecanismos de
defensa establecidos en Estados Unidos para hacer valer sus derechos,
teniendo en cuenta que la reclamación principal se relaciona con temas
relacionados con la validez del proceso judicial adelantado en ese país.
También puede solicitar asistencia consular a efectos de hacer valer sus
derechos fundamentales que no pierde por su calidad de extraditado.

Aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, hace
seguimiento de los ciudadanos colombianos extraditados, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Directiva Presidencial Nro. 07 de 2005. De esta forma, el
Gobierno Nacional garantiza y protege los derechos humanos de sus
connacionales que son entregados para ser juzgados en el exterior.

Finalmente, indicó que a través del Oficio MJD-OFI24- 0026086 del 24 de junio
de 2024 contestó las solicitudes de 4 de junio de 2024. A su vez, informó que
el 16 de agosto de 2024 la parte accionante interpuso acción de tutela, por los
mismos hechos y pretensiones, la cual fue resuelta por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C.

4.5. La Defensoría del Pueblo informó que recibió petición del 6 de marzo de
2024 encaminada a que se le brinde acompañamiento diplomático al señor
Valencia para la protección de sus derechos y que la remitió por competencia
a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del
Derecho y al Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales en el
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, consideró que
de su parte no existe vulneración al derecho fundamental de petición y solicitó
se declare el hecho superado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05970-01
Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

Manifestó que le corresponde a los Ministerios de Justicia y de Relaciones
Exteriores vigilar que las autoridades nacionales y extranjeras encargadas de
la custodia de las personas privadas de la libertad en sus respectivos
territorios gocen de condiciones jurídicas y materiales dignas de reclusión.

Por otro lado, aclaró que no tiene competencia para ejercer una acción
internacional contra Estados Unidos por el proceso penal adelantado contra
el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo. Resaltó que, en todo caso, este último
cuenta con representación judicial tanto en Colombia como en el exterior.

4.6. La Presidencia de la República mencionó que verificó en su sistema de
gestión documental y encontró que la petición de radicado EXT23-00128270
fue contestada a través del Oficio OFI23-00159915 / GFPU 14000000 de 28
de agosto de 2024 y que mediante los oficios OFI23-00159906 / GFPU
14000000 y OFI23-00159898 / GFPU 14000000 esta se trasladó por
competencia al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Por consiguiente, sostuvo que de su parte no ha existido vulneración alguna
de derechos fundamentales. Adicionalmente, manifestó que el proceso de
extradición del señor Valencia se efectuó con respeto de las etapas previstas
en la legislación colombiana y que se le garantizó ejercer los recursos
procedentes.

Por lo expuesto, solicitó su desvinculación del trámite y la negativa y
declaratoria de improcedencia de la acción de tutela interpuesta.

4.7. La Secretaría de la Comisión Segunda del Senado de la República
inicialmente presentó memorial solicitando ampliación del plazo de respuesta
para dar contestación de fondo.

En memorial posterior dicha autoridad informó que la señora Águeda Valencia
Trujillo, hermana del extraditado, le remitió derecho de petición en el cual
solicitó (i) la vigilancia sobre «el drama humanitario de las personas que tienen familiares
privados de la libertad en el extranjero»; (ii) la expedición de una nota oficial de
protesta del Gobierno colombiano a fin de que el señor Joaquín Mario Valencia
Trujillo pueda ejercer sus derechos a la defensa y debido proceso; y (iii) el
estudio sobre la posibilidad de repatriación inmediata.

Al respecto informó que el senador Antonio José Correa respondió la petición,
mediante oficio de agosto de 2023, en la que se explicó que el Congreso no
tiene competencia para enviar una nota diplomática, dado que esto no
coincide con el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, el senador
trasladó la petición al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de
Justicia y Derecho por razones de competencia.

Por último, explicó que el Congreso tiene una importante participación en la
validación de tratados internacionales, debido a que debe ratificar los
acuerdos firmados por el presidente para que tengan efecto en el país. Este
procedimiento, sostuvo, permite que los tratados estén alineados con la
Constitución y las necesidades nacionales y le brinda un papel de control y
supervisión. Sin embargo, resaltó que esta función se encuentra supeditada a
la iniciativa del ejecutivo encabezado por el presidente de la República.

Con base en lo expuesto concluyó que de su parte no ha existido vulneración
a los derechos fundamentales invocados y solicitó su desvinculación del
trámite y la negativa a las pretensiones.

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Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en primer lugar, manifestó que no se configura cosa
juzgada o temeridad con la acción de tutela Nro. 11001-03-15-000-2024-04266-00
pues, si bien el escrito de amparo es el mismo, lo cierto es que en su momento el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C no estudió de fondo el asunto
por considerar que la acción era improcedente por falta de legitimación en la causa
por activa.

Seguido, la autoridad judicial sostuvo que no se pronunciaría sobre la presunta
transgresión de los derechos fundamentales de petición y de acceso a la
información por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que el asunto
ya lo decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el recurso de
insistencia interpuesto por la parte actora declarando bien negada las copias
solicitadas por considerar que tales documentos están sujetos a reserva legal. Por
lo tanto, indicó que se declararía improcedente la acción constitucional en este
punto.

A su vez, manifestó que no se encuentra que el Ministerio de Justicia y del Derecho,
la Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo hayan transgredido el
derecho de petición, pues se demostró que tales entidades contestaron las
solicitudes conforme al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. Por ese motivo, la
autoridad judicial dispuso negar el amparo solicitado en relación con ese aspecto.

Frente a la presunta violación del derecho de petición por parte del Congreso de la
República, la cual fue trasladada por competencia por parte del Ministerio de
Justicia y del Derecho mediante Oficio MJDEXT24- 0023634 del 12 de junio de
2024, se encontró que el Congreso tenía 30 días hábiles para contestar la consulta
sobre la creación de una mesa de trabajo para tratar diversos temas entre ellos el
traslado de personas condenadas y grupo de extradiciones. Sin embargo, tal
autoridad no acreditó haber dado respuesta alguna, pese a que ya transcurrió el
término señalado.

Precisó que, si bien el Congreso en el informe rendido al juez constitucional pidió
ampliar los términos de la respuesta de la tutela, lo cierto es que no allegó respuesta
de la consulta antes citada ni más información sobre el asunto. Por lo tanto, la
autoridad judicial consideró que la Comisión Segunda del Senado vulneró el
derecho de petición del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo.

Por último, el juez de tutela de primera instancia sostuvo no encontrar vulneración
a los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la libertad
y al acceso a la administración de justicia por parte de las autoridades accionadas,
teniendo en cuenta que los hechos narrados guardan relación con las condiciones
de reclusión y la pena impuesta por las autoridades estadounidenses, no por las
autoridades nacionales.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A declaró
improcedente la tutela en relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, negó el amparo invocado en contra del Presidencia de la República de
Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Defensoría del Pueblo y
amparó el derecho de petición en relación con el Congreso de la República.

6. Impugnación y actuaciones posteriores

6.1. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia por varios motivos.
En primer lugar, sostuvo que el juez de tutela únicamente se enfocó en el
estudio del derecho de petición, ignorando derechos fundamentales de
aplicación directa y como lo son no ser sometido a tratos o penas crueles,

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Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

inhumanos o degradantes, la dignidad humana y no ser condenado a prisión
perpetua. Manifestó que la autoridad de primera instancia «no tomo (sic) en
consideración o estudio ninguno de los argumentos legales y estándares internacionales
aplicables a Colombia, establecidos en las ochenta y cuatro páginas de la acción, y que
explican, no otra cosa que, las obligaciones a cargo de un Estado en la protección de un
nacional, cuando este decide acceder a la solicitud de extradición del mismo».

Reprochó que la única argumentación dada por el juez para desestimar la
violación de esos derechos consistió en que esta provenía de autoridades
norteamericanas. De forma que pasó por alto que en su propio precedente ha
establecido el alcance de la responsabilidad del Estado de Colombia en casos
de violaciones de derechos humanos cometidas contra colombianos
extraditados.

Aseguró que el Estado colombiano es responsable de las violaciones
cometidas contra el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo, por las siguientes
razones:
«• Extraditaron al señor Valencia sin tener en consideración los antecedentes que tiene
Estados Unidos de violar condicionamientos de la extradición (…). • No analizaron
adecuadamente mediante ningún mecanismo la condena del señor VALENCIA, hecho que
era plenamente objetivable. • No disponen de remedios administrativos, diplomáticos o
judiciales para la protección de los derechos a la dignidad humana y no imposición de la
cadena perpetua. • Inobservaron del principio de no devolución aplicado a nivel internacional
en casos de extradición. • No han ejercido una protección diplomática efectiva del señor
VALENCIA conforme a la Convención de Viena sobre relaciones Consultares suscrita el 14
de abril de 1963, que permita el ejercicio de los derechos del señor VALENCIA en los Estados
Unidos de Norte América. • Han errado en el proceso de incorporación del Tratado de
extradición entre Colombia y Estados Unidos • No han regulado mecanismos de verificación
efectivos del cumplimiento de los condicionamientos de extradición y las consecuencias
derivadas del incumplimiento de los mismos. • No ha solicitado información al Estado receptor
sobre las condiciones de detención primarias previas a juicio. • No estudiaron o se
pronunciaron sobre la resolución de acusación llevada a juicio. • No se hicieron presentes
durante el juicio para verificar el cumplimiento de los condicionamientos impuestos a la
extradición de conformidad con las facultades concedidas por las Convenciones de Viena de
Relaciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963. • No emitieron notas de protesta que
permitiese apelar la sentencia dictada en vulneración de garantías judiciales • No hicieron
seguimiento a las notas diplomáticas presentadas para verificar si el juez había dado
respuesta de fondo sobre las mismas».

Sostuvo que el Estado concesor de la extradición es responsable por la
vulneración de derechos humanos o fundamentales infringidos en el Estado
de acogida, cuando no cumple con las cargas internacionales derivadas del
principio de no devolución en materia de extradición. Afirmó que Colombia no
cumplió con esas obligaciones, pues (i) en el trámite de la extradición la Corte
Suprema de Justicia no examinó adecuadamente la fiabilidad de las garantías
otorgadas por los Estados Unidos, a pesar de las advertencias realizadas por
el equipo legal del señor Valencia y (ii) este último fue sometido a aislamiento
e incomunicación, durante casi tres años y condenado a prisión perpetua.

Afirmó que no había posibilidad real de verificar el cumplimiento de las
garantías ofrecidas por el Estado de acogida. E indicó que existe una omisión
regulatoria frente a los mecanismos de seguimiento, verificación y
consecuencias del incumplimiento a los condicionamientos de la extradición,
en especial para aquellos referentes a la imposición de prisión perpetua,
proscripción de tratos o penas crueles inhumanos y degradantes y regla de
especialidad.

Agregó que a causa de las deficiencias en el trámite legislativo del tratado de
extradición entre Colombia y Estados Unidos, la ley que lo incorporaba al
ordenamiento jurídico interno fue declarada inexequible, razón por la cual no
fue posible dar aplicación a este, circunstancia en la cual se resguardan los
jueces norteamericanos. Tampoco se encuentran reguladas las

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Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

consecuencias sobre el incumplimiento de los condicionamientos o un
remedio efectivo para que la persona condenada pueda proteger sus
derechos.

En segundo lugar, la parte actora reprochó lo expuesto por el juez de tutela
referente a la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores frente a no
otorgar la documentación solicitada bajo el argumento de la reserva legal.
Aseguró que en virtud del carácter subsidiario de la acción de tutela, era
necesario primero interponer el recurso de insistencia. Por ende, manifestó
que «no se entiende como el juzgador de instancia, refiere una especie de cosa juzgada (…)
debido a la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuando, precisamente,
debido al carácter subsidiario de la acción de tutela, impetrar este recurso es necesario para
cumplir con tal requerimiento de procedencia». E indicó que el Tribunal no fue la
autoridad que vulneró el derecho, sino el Ministerio de Relaciones Exteriores
con su negativa, motivo por el cual no se hizo alegación alguna contra la
decisión del Tribunal.

6.2. La Comisión Segunda del Senado de la República presentó memorial de
cumplimiento de la sentencia de primera instancia informando lo siguiente:
«me permito comunicar a su despacho la respuesta otorgada por el suscrito al Doctor Víctor
Mosquera Marín, respecto del Derecho de Petición que nos fuere trasladado por el Ministerio
de Justicia y del Derecho mediante Oficio MJDEXT24-0023634, del 12 de Junio de 2024.
Adicionalmente, me permito enviar por segunda vez la respuesta a la acción de tutela referida,
misma que fue enviada a su despacho el pasado 27 de Noviembre de 2024».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Como se expuso previamente, en la impugnación la parte actora censuró, por una
parte que no se haya hecho análisis sobre la vulneración de los derechos
fundamentales del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo a no ser sometido a tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la dignidad humana y a no ser
condenado a prisión perpetua, fruto del presunto y múltiple incumplimiento de las
obligaciones del Estado colombiano en el proceso de extradición y en el juicio penal
ante las autoridades judiciales estadounidenses. Por otra parte, reprochó que no se
haya hecho estudio referente al derecho de petición dirigido al Ministerio de
Relaciones Exteriores que originó el recurso de insistencia.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y particularmente los cargos
expuestos en la impugnación, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al
juez de primera instancia al declarar improcedente la tutela y negar el amparo.
Previo a tal análisis es imprescindible determinar, de antemano, si en el caso se
configura el fenómeno de cosa juzgada, dada la manifestación de varias autoridades
participantes en el curso de tutela respecto a la existencia acciones de tutela
presentadas por los mismos hechos y pretensiones.
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

Se subraya que el apelante no manifestó ningún reproche frente (i) a que en la
sentencia impugnada se haya amparado el derecho de petición de 4 de junio de
2024 respecto a la Comisión Segunda del Senado; ni (ii) a la disposición del juez de
primera instancia de negar el amparo en lo que respecta a los derechos de petición
presentados ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Defensoría del Pueblo.
En consecuencia, no se hará análisis frente a esos aspectos.
3. Actuación temeraria y cosa juzgada
3.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que existe actuación
temeraria «Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes».

A partir de esa norma, la jurisprudencia constitucional1 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: una, cuando el accionante
actúa de mala fe; otra, cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
razonable que justifique dicho actuar.
Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
objeto o pretensiones, (iii) identidad de causa petendi o hechos y (iv) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda. Evento en
que procede la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
Este último elemento (ausencia de justificación), en palabras de la Corte, tiene
lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer
un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que «deja al descubierto el abuso
del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción».

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-027 de 2021, subrayó que el juez
de tutela al realizar el análisis para determinar si existe o no actuación
temeraria, «debe trascender un juicio meramente formal y realizar un estudio pormenorizado
del expediente. (…) Así, la labor del juez constitucional no es simplemente la de verificar los
elementos que constituirían la triple identidad entre las acciones de tutela para concluir que
hay una actuación temeraria y, en consecuencia, declarar su improcedencia. Si no que, de
acuerdo a todo lo expuesto, deben estudiarse las circunstancias actuales que rodean el caso
específico».

En ese estudio se deben considerar otros factores, pues es posible que incluso
existiendo multiplicidad de tutelas y cumpliéndose las tres identidades
referidas la acción no sea temeraria. Este evento se presenta, por ejemplo,
cuando la acción de tutela se funda en: «(i) la ignorancia del accionante; (ii) el
asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un
estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho»15 (Negrillas
propias).

3.2. Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.
La Corte Constitucional ha explicado que «la cosa juzgada se configura cuando
existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que
se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar
engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela»3
(Negrilla fuera de texto original).
3 Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.

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Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela.

En consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuó de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas
prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.

4. Análisis del caso concreto

4.1. Expuesto lo anterior, la Sala considera que en el caso existe cosa juzgada,
debido a que se acreditó que el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo ha
presentado varias acciones de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones.

Sobre este aspecto el juez de tutela de primera instancia aseveró que no se
configuraba ni la cosa juzgada ni la temeridad, específicamente, con la acción
de tutela de radicado 11001-03-15-000-2024-04266-00, pues en esta el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C no estudió de fondo el
asunto, sino que declaró improcedente la acción por falta de legitimación en la
causa por activa.

Frente a este punto, la Sala encuentra que, efectivamente, en esa acción de
tutela dicha autoridad no estudió materialmente el caso a falta de poder
conferido por el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo a favor de los señores
Águeda Valencia Trujillo y Mario Valencia Tristán. Sin embargo, no se pasa
por alto que existen otras tutelas más que comparten identidad de partes,
hechos y pretensiones con la acción objeto de esta providencia, en las que sí
se hizo un estudio de fondo sobre las inconformidades presentadas.

Por este motivo, ante la existencia de otras acciones de tutela diferentes a la
proferida en el radicado 11001-03-15-000-2024-04266-00 con las que existe
la triple identidad mencionada, la Sala se aparta de lo manifestado por el juez
de tutela de primera instancia frente a lo relativo al fenómeno de cosa juzgada.

Precisado lo anterior, se acreditó que en el año 2019 el accionante presentó
acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia y el Ministerio de Justicia y del Derecho, la cual se tramitó bajo
radicado Nro. 11001-22-05-000-2019-00372-00/01, resuelta en primera instancia
por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá en sentencia de 13 de agosto
de 2019. Dicha acción se fundamentó en que el Gobierno colombiano permitió
que las autoridades estadounidenses impusieran condena penal en contravía
del principio de especialidad.

Los siguientes fueron los hechos relevantes narrados en la sentencia de 13 de
agosto de 2019:
(sic para toda la cita)
«1. Relata de manera prolija que como consecuencia de solicitud de extradición elevada en el
año 2003 por los Estados Unidos de América, La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia en providencia del 11 de febrero de 2004 conceptuó favorablemente su extradición,
pero aclaro y advirtió al Gobierno de Colombia que debía condicionar su extradición en el
sentido que no fuera a ser juzgado por hechos cometidos antes de entrada en vigencia del
Acto Legislativo 01 de 1997 que autorizó la extradición, de colombianos por nacimiento,
advertencia que dejo claramente consignada el Presidente de la Republica al emitir la

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Resolución No. 024 del 25 de febrero de 2004 mediante la cual concede su extradición, la cual
fue recurrida y confirmada mediante la Resolución 037 del 16 de marzo, de esa misma
anualidad. 2. Extraditado fue sometido a juicio en La Corte del Distrito de los Estados Unidos Distrito
Medio de la Florida División Tampa, la cual lo condeno a 480 meses de prisión pero en su
imposición se hizo uso del manual 2006 U.S.S.G. lo cual vulnera sus derechos, dado que se
debió aplicar el 2000 U.S.S.G. vigente para el periodo en que ocurrieron los hechos por los
cuales se autorizó su extradición. Esto atenta contra la cláusula "Ex post facto", equivalente
en nuestro país al principio de legalidad, favorabilidad e irretroactividad de la ley desfavorable. 3. Si bien esa sentencia fue apelada, el recurso fue interpuesto de forma deficiente por el
abogado que para aquel entonces atendía su defensa pues es un abogado ambientalista de
Florida, sin que pudiera contratar uno mejor pues tenía bloqueados sus recursos, profesional
que no alegó oportunamente durante el juicio y/o la apelación la Indebida aplicación del
principio de especialidad, pues manifestó que se debía respetar en virtud del tratado de
extradición suscrito entre estas dos naciones, cuando tal tratado no existe y las extradiciones
se hacen en virtud de un Convenio y por lo tanto tal principio se debió solicitar por medio de
protestas diplomáticas provenientes del estado Colombiano las cuales debían ser entregadas
al abogado de la defensa para que este solicitara su Incorporación durante el juicio. 4. Si bien el gobierno de Colombia elevo y envió varias notas diplomáticas a partir del año
2007 mediante las cuales recuerda al gobierno de Estados Unidos que el accionante solo
podía ser juzgado por hechos posteriores al 17 de diciembre de 1997, estas no fueron tenidas
en cuenta al resolver la apelación por parte del Undécimo Circuito de Apelaciones quien por
el contrario determino que por no existir tratado de extradición entre Colombia y Estados
Unidos no le es aplicable al accionante la regla de especialidad y confirmo la condena
impuesta, decisión que se convirtió en referente jurisprudencial que se ha aplicado en casos
similares. 5. El Estado colombiano por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores ha elevado nuevas
notas diplomáticas el 13 de mayo y el 31 de octubre de 2014 y el 6 de julio de 2016, las cuales
fueron respondidas por el gobierno de Estados Unidos negando que al accionante se le haya
vulnerado algún derecho y en especial la regia de especialidad. Esas notas, junto con una
huelga de hambre que emprendió Valencia Trujillo llevaron a que mediante decisión del 4 de
agosto de 2017, el Tribunal del Distrito anulara algunos cargos y ordeno proferir una Re-
sentencia la cual se llevó a cabo el 13 de diciembre de esa anualidad. Mediante la juiciosa
sustentación del nuevo abogado se logró conseguir un certificado de apelación el 31 de julio
de 2018 pero solo frente a la falta de gestión del primer abogado en cuanto a buscar la
aplicación del acuerdo de extradición, la regla de especialidad y obtener protestas diplomáticas
de Colombia. 6. El 25 de junio de 2018 presento acción de cumplimiento con el fin de que el presidente de
la república realizara las gestiones necesarias para que se le respeten los derechos al
accionante, la cual fue negada por Tribunal de Cali en sentencia del 6 de agosto de 2018 por
considerar que el presidente no es el encargado de dar cumplimiento a la Resolución de
Extradición, sino el Estado requirente. 7. El presidente de la república como suprema autoridad administrativa y encargado de dirigir
las relaciones Internacionales, debe velar por el cumplimiento de las normas y las decisiones
mediante las cuales se autorizó la extradición del accionante, incumplidas por las autoridades
norteamericanas en el juicio que lleva en su contra. 8.

En escrito allegado después de la admisión de la tutela el abogado del accionante informa
que el día 2 de agosto de 2019 la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el
Undécimo del Circuito resolvió la apelación interpuesta por el accionante confirmando la
decisión del Tribunal del Distrito, decisión en la cual considero que no se demostró que su
defensa haya actuado. de forma deficiente y que por el contrario a lo considerado, la
consecución de unas notas diplomáticas del estado colombiano no hubieran asegurado una
decisión diferente frente a la aplicación de la regia de la especialidad pues no fue extraditado
en virtud de un tratado».

El Tribunal Superior del Distrito de Bogotá negó por improcedente la acción,
por considerar que el Estado colombiano sí llevó a cabo las gestiones
diplomáticas necesarias a fin de que se revisara si en el juicio penal se respetó
la regla de la especialidad y, en todo caso, porque este último no tiene la
facultad para modificar decisiones judiciales proferidas por autoridades
extranjeras. Los siguientes fueron los argumentos expuestos por el Tribunal:
(sic para toda la cita)

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05970-01
Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

«Se desprende de la lectura del amparo que la intención del accionante está encaminada a
obtener por este medio, que le sean tutelados sus derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO Y DE DEFENSA, los cuales estima conculcados por el Presidente de la Republica
por no intervenir y permitir que sea juzgado por las autoridades judiciales de Estados Unidos
de América en total contravía de la regla de especialidad y en aplicación de la "ley ex post
facto", que debe regir en su caso, por habérsele extraditado desde Colombia con posterioridad
al Acto Legislativo 01 de 1997. Joaquín Mario Valencia Trujillo manifiesta que el Presidente de la Republica le vulneró el
debido proceso y el derecho defensa, porque permitió que sea juzgado por las, autoridades
judiciales de Estados Unidos de América en contravía de la regla de especialidad y "ley ex
post facto", regia que debe regir en su caso porque fue extraditado desde Colombia con
posterioridad al Acto Legislativo 01 de 1997. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Justicia y del Derecho respondieron que han
atendido y respondido los requerimientos del accionante, pues el Estado Colombiano por su
conducto a elevado múltiples notas diplomáticas y requerimientos ante el Gobierno de los
Estados de América con el fin de verificar si se dio cabal cumplimiento al principio de
especialidad en su juzgamiento y específicamente si en las condenas proferidas en su contra
se excluyeron hechos ocurridos antes de 1997 о delitos distintos a los que motivaron la
extradición, para lo cual allega copia de todas las notas diplomáticas (fl. 376) y que no es
permitido a alguna autoridad colombiana Intervenir dentro de los procesos judiciales
adelantados en los respectivos países ni cuestionar o modificar las decisiones de la autoridad
foránea. Al punto, debe indicar La Sala que si bien al presidente de la república, en virtud del artículo
189 de la Constitución Política le corresponde dirigir las relaciones internacionales y por ende
requerir que los Estados requirentes para que den cumplimiento a la resolución mediante la
cual concede la extradición de ciudadanos colombianos, también lo es que tal función la
cumple por Intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud del artículo 4º del
Decreto 869 de 2016 y artículo 59 de la Ley 489 de 1998, cartera que en el presente caso
demostró que ha resuelto oportunamente las solicitudes y requerimientos que ha hecho el
accionante y su defensa frente a las posibles irregularidades que se han presentado en el
juicio penal que se surte en su contra en Estados Unidos de América, actuaciones que
reconoce el mismo accionante en su extenso escrito de tutela. Así las cosas, conforme a la respuesta dada por las accionadas, concluye la Sala que no
existió vulneración alguna al derecho fundamental del debido proceso y defensa por parte del
Presidente de la Republica y/o demás entidades vinculadas, ya que el Gobierno Colombiano
ha elevado, siempre que se le ha solicitado, notas diplomáticas y requerimientos ante el
Gobierno de los Estados de América con el fin de verificar si dentro de su juzgamiento se dio
cumplimiento al principio de especialidad y si las condenas proferidas en su contra se dieron
solo por hechos, ocurridos después de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997
mediante el cual se autorizó la extradición de colombianos por nacimiento (fi. 376). La Sala no
advierte omisión en sus funciones frente al caso de Valencia Trujillo, pues como bien lo
advierte el Ministerio de Relaciones Exteriores, el accionar del gobierno colombiano no puede
ir más allá de las acciones ya ejercidas, pues no le es posible intervenir como parte dentro de
los procesos penales surtidos por las autoridades judiciales de otros países o pretender la
modificación de sus decisiones.

Igualmente es claro para esta Sala, conforme a las copias de
las providencias proferidas dentro del juicio criminal llevado en contra del accionante en los
Estados Unidos de América, que todas las notas diplomáticas y quejas elevadas por el
gobierno colombiano han sido infructuosas y no han sido acatadas por el autoridades
Judiciales de ese país, por lo que una nueva manifestación del ejecutivo no haría alguna
diferencia o variaría el resultado de las sentencias ya proferidas dentro de ese proceso. En esa medida, no es posible a este juez constitucional inmiscuirse en los trámites
administrativos y/o jurisdiccionales propios de estas entidades, pues se reitera, solo después
de agotadas esas Instancias y ante la evidencia de una vía de hecho, se podría conceder el
amparo solicitado. (…)».

Tal decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral en sentencia de 25 de septiembre de 2019, por argumentos
semejantes a los expuestos en primera instancia. Veamos:
«En este asunto, lo pretendido por el impugnante es que esta Sala de la Corte, en ejercicio de
la competencia asignada como juez constitucional, revoque la decisión proferida en primera
instancia, al estimar que el Presidente de la República transgredió sus prerrogativas
fundamentales al debido proceso y defensa, al permitir que las autoridades judiciales
de Estados Unidos de América, contrariaran la regla de especialidad y la "ley ex past
facto", en consideración a que fue extraditado desde Colombia tiempo después de la

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05970-01
Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

expedición del Acto Legislativo 01 de 1997 y ha sido procesado en los Estados Unidos
por cargos por los cuales no fue extraditado. Ahora, por las particularidades del caso, resulta oportuno destacar que, conforme a los
artículos 188 y 189 de la Constitución Política, al simbolizar el Presidente de la República la
unidad nacional y ostentar la condición de Jefe de Estado, a quien compete dirigir las
relaciones internacionales, y por tanto, exhortar a los estados requirentes para que procedan
a dar cabal cumplimiento al acto administrativo mediante el cual se concede la extradición de
ciudadanos colombianos, no ejerce dichas funciones de manera aislada, en tanto las ejecuta
también por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores conforme lo establece el
Decreto 869 de 2016 en su artículo 4 y el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, autoridades que
per se deben atender los principios que gobiernan el trámite de la extradición. Tales principios, se derivan de la normatividad interna aplicable y de los tratados de extradición
celebrados por el Estado colombiano, entre los cuales se destaca el de "especialidad,
enunciado por el accionante dentro de su escrito introductor, que alude a la prohibición del
juzgamiento de un ciudadano extraditado por un hecho o hechos diferentes de los que,
puntualmente motivaron su extradición y de imponer una pena distinta a la establecida para el
mismo. Sobre el particular, Joaquín Mario Valencia Trujillo, cuestiona la ausencia de intervención por
parte del extremo convocado, en particular, del Presidente de la República, en la adopción de
medidas definitivas a fin de que se proteja real y materialmente sus derechos y garantías
procesales y los de los demás connacionales extraditados hacia los Estados Unidos de
América como país requirente y por Colombia. como Estado requerido, "ante la falta de Tratado
de Extradición vigente por convenio de Extradición", respecto a la interpretación del Circuito 11 de
Apelaciones que, ante la falta de tratado, el que establece la regla de especialidad, el convenio
no obliga a reconocer esta última, por lo que considera que la garantía al derecho al debido,
proceso resultaría nugatoria. Frente a lo anterior, debe decirse que, tal y como lo concluyó el juez de tutela primigenio, se
advierte el fracaso del resguardo pues no se evidencia vulneración a las prerrogativas
fundamentales deprecadas, en tanto, el Gobierno Colombiano, encabezado por su
mandatario, seguido por las demás autoridades vinculadas al asunto, han elevado notas
diplomáticas y requerimientos ante Estados Unidos de América, en aras de verificar si dentro
del trámite de juzgamiento del aquí accionante se atendió el cumplimiento del principio de
especialidad y si las condenas emitidas en su contra se dieron solo por acontecimientos
acecidos con posterioridad de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997, mediante
el cual se autorizó la extradición de colombianos por nacimiento, actuación que denota un
interés en la prevalencia de la soberanía colombiana respecto de los acuerdos celebrados con
otros países. De esta manera no evidencia la Sala una omisión por parte del Presidente de la República
respecto del caso del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo, pues ciertamente las gestiones
del gobierno colombiano como lo ha precisado el Ministerio de Relaciones Exteriores en su
pronunciamiento en este trámite tutelar, no pueden ir más allá de las acciones ya adelantadas,
pues su intervención no debe ser como parte dentro de los procesos penales surtidos por las
autoridades Judiciales de otros países o perseguir la modificación de las determinaciones
adoptadas por aquellas.

Bajo la anterior orientación, se disipan los supuestos fácticos sobre los cuales el petente
encauzó la presunta transgresión a sus prerrogativas constitucionales, pues del haz probatorio
recaudado se verifica que el Gobierno colombiano a través de sus dependencias ministeriales
y consulares, al conocer de las quejas relacionadas con la supuesta violación al principio de
especialidad en el caso puntual del señor Valencia Trujillo, ha surtido las gestiones que han
estado a su alcance para atender de manera oportuna los requerimientos del actor, en
salvaguarda de aquellas garantías requeridas por el Gobierno Nacional mediante la
Resolución Ejecutiva n° 24 del 25 de febrero de 2004, a través de la cual se concedió la
extradición del señor Valencia Trujillo.» (Negrillas propias)

4.2. Asimismo, en el pasado esta Sección conoció de otra acción de tutela también
promovida por el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo contra la Presidencia
de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de
Justicia y del Derecho, tramitada bajo el radicado 11001-03-15-000-2021-01838-
00/01. En esa oportunidad esta Sección, mediante sentencia de 17 de junio de
2021, declaró improcedente la acción de tutela por considerar que se configuró
una actuación temeraria, debido a que se corroboró que el actor había
presentado acciones de tutelas previas con los mismos hechos, pretensiones
partes. Así se expuso en tal providencia:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05970-01
Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

«La Sala encuentra que la pretensión formulada por el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo,
encaminada a que se “ordene al Gobierno Nacional encabezado por el Señor Presidente de la
República se expida una nota de protesta ante el Gobierno de los EU por la violación de la RDE y demás
condiciones impuestas por Colombia a mi extradición, lo que implicó la violación al debido proceso por
parte de la autoridad americana durante mi proceso de juicio y sentencia”, ya fue propuesta en una
acción de tutela anterior que fue decidida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, decisiones en las que se negó
el amparo constitucional solicitado. En efecto, mediante sentencia de 13 de agosto de 2019, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Laboral, negó las pretensiones de la acción de tutela promovida por el actor contra el
Presidente de la República, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del
Derecho y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que se
ampararan los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, los cuales consideró
vulnerados por el desconocimiento de la regla de especialidad y la aplicación de la ley “ex post
facto” en el proceso judicial adelantado en los Estados Unidos de América, en virtud de la
extradición autorizada por el Gobierno Nacional mediante Resolución No. 024 de 25 de febrero
de 2004, y que se ordenara al Presidente de la República emitiera una nota de protesta por
dichas circunstancias. Para efectos de fundamentar esa decisión, el juez de tutela señaló que conforme con lo
establecido en el artículo 189 de la Constitución Política corresponde al Presidente de la
República dirigir las relaciones internacionales lo que, en materia de extradición, incluye la
facultad de solicitar que los Estados requirentes den cumplimiento a la resolución mediante la
cual concede la extradición a los ciudadanos colombianos. En virtud de lo establecido en el
artículo 4° del Decreto 869 de 2016 y el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, dicha función la
cumple a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese marco, evidenció que el Gobierno Nacional ha elevado notas diplomáticas y
requerimientos ante el Gobierno de los Estados Unidos de América para verificar si dentro del
proceso judicial se respetó el principio de especialidad y si las condenas impuestas
corresponden a hechos anteriores a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 1997, mediante la
cual se autorizó la extradición de colombianos. En virtud de ello, encontró que no hubo omisión por parte de las autoridades accionadas frente
al caso del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo, “pues como bien lo advierte el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el accionar del gobierno colombiano no puede ir más allá de las acciones ya
ejercidas, pues no le es posible intervenir como parte dentro de los procesos penales surtidos por las
autoridades judiciales de otros países o pretender la modificación de sus decisiones”. A lo que agregó,
que las notas diplomáticas no han sido acatadas por las autoridades judiciales de los Estados
Unidos de América, por lo que emitir una nueva manifestación sería igual de infructuoso para
la variación de la condena impuesta que es lo que persigue el actor.

En segunda instancia, en sentencia de 25 de septiembre de 20198 , la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia, al
considerar que no se evidenció la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en
tanto el Gobierno Nacional a través de sus dependencias ministeriales, ha elevado las notas
diplomáticas respectivas dirigidas a que se investiguen los hechos denunciados por el actor,
y “dichas gestiones no pueden ir más allá, pues su intervención no debe ser como parte dentro
de los procesos penales surtidos por las autoridades judiciales de otros países o perseguir la
modificación de las determinaciones adoptadas por aquellas”. A partir de lo anterior, la Sala observa que entre las dos acciones de tutela concurren los tres
elementos de identidad que permiten evidenciar que existe una actuación temeraria, a saber:
identidad de partes, de hechos, de pretensiones y la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda. En primer lugar, en ambos casos la acción de tutela fue promovida por el señor Joaquín Mario
Valencia Trujillo contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Relaciones Exteriores
y de Justicia y del Derecho. En segundo término, las circunstancias fácticas de ambas tutelas son las mismas, en
tanto se refieren a la omisión del Gobierno Nacional para reclamar el respeto por parte
de las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América del principio de
especialidad y la garantía de que el actor solo podía ser juzgado por hechos ocurridos
con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 1997 que autorizó la extradición de
colombianos. Como tercer lugar, la Sala observa que el actor formuló las mismas pretensiones, dirigidas a
que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se ordenara al
Presidente de la República reclamar ante el Gobierno de los Estados Unidos de América la
garantía el principio de especialidad y las demás condiciones que fueron impuestas en la
Resolución No. 24 de 25 de febrero de 2004, por medio de la cual se autorizó la extradición
del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo, elevando una nota de protesta» (Negrillas propias).

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05970-01
Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

Esta decisión fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 5 de agosto de 2021 por considerar que, efectivamente,
se acreditó la triple identidad entre dicha tutela y la tramitada bajo el radicado
11001-22-05-000-2019-00372-00/01 resuelta en segunda instancia por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

Las dos acciones de tutela mencionadas fueron excluidas por la Corte
Constitucional del trámite de revisión eventual.

4.3. De lo expuesto previamente, la Sala encuentra que las acciones de tutela de
radicados Nro. 11001-22-05-000-2019-00372-00/01 y 11001-03-15-000-2021-
01838-00/01 resueltas (i) por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá y la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y (ii) por la Sección
Cuarta y la Sección Primera del Consejo de Estado, respectivamente,
comparten la triple identidad de partes, de objeto y de causa petendi con la
tutela objeto de esta providencia.

Estas tres fueron interpuestas por el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo
contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
el Ministerio de Justicia y del Derecho, por considerar que el Estado
colombiano, a través de distintas autoridades, incurrió en innumerables errores
tanto en el proceso de extradición como en el juicio penal que adelantaron las
autoridades judiciales estadounidenses en su contra. En todas insistió en la
inobservancia del principio de especialidad y la prohibición de incluir en el
proceso penal delitos ocurridos con anterioridad al año de 1997.

Ahora bien, existen ciertas diferencias entre las tres acciones. Por ejemplo, la
tutela tramitada bajo el radicado Nro. 11001-22-05-000-2019-00372-00/01,
además de interponerse contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Derecho también se
dirigió contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente, la tutela objeto de esta providencia también se interpuso contra la
Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República. A su vez, las
pretensiones no se han formulado exactos términos.

Además, en la tutela objeto de esta providencia se invocaron como derechos
vulnerados la dignidad humana y el no ser sometido a tratos crueles e
inhumanos, entre otros. Sin embargo, el fundamento por el que se consideró
que estos habían sido vulnerados fue que el Estado colombiano consintió un
sinnúmero de irregularidades de parte de las autoridades estadounidenses
que conllevaron a la transgresión de los derechos del señor Joaquín Mario
Valencia Trujillo. De ahí que de fondo se trata de los mismos cargos
presentados una y otra vez ante diferentes jueces de tutela.

Sin embargo, estas circunstancias no desdibujan la triple identidad de partes,
de objeto y de causa petendi, en tanto que no se trata de aspectos que alteren
materialmente el debate propuesto, al menos en lo que se refiere a los
presuntos e innumerables errores que en criterio de la parte actora ha incurrido
el Estado colombiano con ocasión de su extradición y juicio penal en Estados
Unidos, al permitirle a dicho país el incumplimiento de las condiciones bajo las
cuales se aceptó la extradición.

Sobre este aspecto, en la Sentencia T-219 de 2018 la Corte Constitucional
explicó que el hecho de que existan ciertas diferencias entre las acciones
presentadas no necesariamente implica que no se configuren el fenómeno de
cosa juzgada. Así lo explicó dicha autoridad judicial:
«esta corporación ha considerado que algunas variaciones en las partes, los hechos o las
pretensiones entre el proceso que hizo tránsito a cosa juzgada y la nueva demanda, no

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Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

necesariamente conducen a concluir que no existe cosa juzgada, sino que se trata de un
examen más profundo, que no se basta con la coincidencia formal sino con una verificación
de la coincidencia material entre los dos procesos, a pesar de las pequeñas diferencias. Así,
en la reciente sentencia T-427 de 2017, la Sala Tercera de Revisión concluyó que “algunas
alteraciones parciales a la identidad no necesariamente excluyen la cosa juzgada, ya que, de lo contrario,
accionar a una persona más o una menos puede significar, en todo caso, una identidad de sujetos”».

De manera que, aunque las pretensiones entre las tres acciones de tutela no
son idénticas y pese a que se han modificado los sujetos procesales
accionados, lo cierto es que las acciones mencionadas buscan que, de una u
otra forma, diversas entidades del Estado colombiano realicen gestiones ante
las autoridades estadounidenses tendientes a la reconsideración de la
condena penal impuesta al señor Joaquín Mario Valencia Trujillo. Por
consiguiente, la Sala considera que las diferencias existentes no desdibujan la
existencia de la triple identidad mencionada.

Por otra parte, se precisa que en el actual escrito de tutela la parte actora
informó que había presentado las acciones de tutela Nro. 2013-01956-00,
2019-00372-01, 2020-01961, 2020-00201, 2020-00313-00 y 2021-01838-00 e
incluso allegó algunos de los fallos de tutelas proferidos en estas acciones.
Asimismo, indicó que no existe temeridad, no solo porque la presente tutela
tiene un objeto diferente al que se ha venido buscando en acciones previas,
sino por la existencia de hechos posteriores a «la solicitud de información que la
entidad accionada (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) considera sujeta a
reserva así como, a la respuesta misma de estas entidades sobre las acciones efectuadas en
el caso del señor VALENCIA y, a la constatación reciente de violaciones adicionales a los
condicionamientos de la extradición».

Por lo tanto, no se advierte un propósito desleal o de mala fe de en cabeza de
la parte actora, en tanto que desde el primer momento procesal se puso en
conocimiento del juez de tutela la existencia de varias acciones de tutela
interpuestas. Por lo expuesto, la Sala concluye que en el asunto se presenta
el fenómeno de cosa juzgada, mas no el de actuación temeraria, ante la falta
de un propósito desleal o de engaño al juez de tutela.

Con fundamento en lo expuesto, no hay lugar a pronunciarse de fondo sobre
los argumentos expuestos por la parte actora referentes al presunto
incumplimiento de las obligaciones en cabeza del Estado colombiano con
ocasión de la extradición del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo y el proceso
penal que se llevó a cabo en su contra por las autoridades estadounidenses,
dada la configuración de la cosa juzgada configurada sobre ese aspecto. Es
condición imprescindible para analizar materialmente un asunto que se
cumplan una serie de presupuestos, uno de estos es que el caso no haya sido
previamente objeto de pronunciamiento judicial. De esta manera se busca que
no se vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados en el pasado y,
además, cerrar de forma definitiva el debate propuesto.

4.4. Ahora bien con relación a lo manifestado por la parte actora sobre la existencia
de hechos nuevos, la Sala considera que solamente lo relacionado con las
peticiones recientes, posteriores a las acciones de tutela presentadas en el
pasado, podría enmarcarse como hechos nuevos frente a los que no se
configura la institución de la cosa juzgada.

Como se indicó en el problema jurídico no se hará análisis respecto a la
petición dirigida al Senado en virtud de la cual el juez de primera instancia de
tutela concedió el amparo y tampoco frente a los derechos de petición
presentados ante la Presidencia de la República de Colombia, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Defensoría del Pueblo respecto de los cuales el juez
de primera instancia negó el amparo, en tanto que estos puntos no fueron
objeto de inconformidad en la impugnación de la sentencia.

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En lo que se refiere al derecho de petición de 20 de noviembre de 2023
presentado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de obtener
una serie de documentación, que sí fue un cargo expuesto en la impugnación,
la Sala subraya lo allí manifestado por la parte actora. En esa oportunidad,
esta última precisó que con la tutela no se controvierte la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A proferida el
15 de febrero de 2024, mediante la cual se resolvió el recurso de insistencia,
sino que lo reprochado era la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores
al negar los documentos solicitados bajo el argumento de que aquellos están
sujetos a reserva legal. Así lo expresó la parte actora en la impugnación:
«se tornaría en un absurdo establecer el cumplimiento de un requisito de subsidiariedad para
el ejercicio de una acción y, posteriormente indicar que no se puede estudiar tal, debido a que
se dio cumplimiento a tal requisito, no siendo de recibo el argumento de que no se hizo
alegación alguna contra la decisión del Tribunal, siendo que, este no es el que vulneró el
derecho sino la entidad accionada» (Negrillas propias).

En ese sentido, la parte actora no persigue controvertir la decisión judicial que
resolvió el recurso de insistencia. Por lo tanto, como no se trata de una tutela
contra providencia judicial, sino que lo reprochado es la respuesta del
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Sala coincide con el juez de primera
instancia. Frente a este punto de debate la acción de tutela no es procedente,
pues lo perseguido no es obtener una respuesta a la solicitud ni lograr la
notificación de lo decidido, sino controvertir las razones por las cuales el
referido Ministerio negó el acceso a los documentos solicitados.

La razón de la improcedencia frente a este punto obedece a que, en virtud del
carácter subsidiario de la acción de tutela, el debate sobre la reserva legal
debe encausarse a través del recurso de insistencia, que en el caso ya se
tramitó y culminó desfavorablemente a los intereses de la parte actora.

La protección que otorga la tutela frente al derecho de petición se circunscribe
a lograr una respuesta de fondo y congruente, así como la respectiva
notificación al peticionario de dicha respuesta, al margen del sentido de la
respuesta. Y en los casos de falta de competencia, a que la autoridad carente
de esta remita oportunamente la petición a la autoridad competente de la
respuesta.

Por lo tanto, la Sala considera que en lo relativo a las inconformidades sobre
la respuesta otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la
petición de 20 de noviembre de 2023 la tutela es improcedente, en tanto que
la tutela no es el mecanismo judicial concebido para rebatir la reserva legal.

5. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto la Sala concluye, por una parte, que se configuró
la institución de la cosa juzgada en lo que respecta a los cargos sobre la supuesta
responsabilidad del Estado colombiano por permitir las irregularidades cometidas
por las autoridades estadounidenses en la extradición y en el proceso penal
adelantado en contra del señor Joaquín Mario Valencia Trujillo.

Por otra parte, se concluye que la tutela es improcedente frente a la respuesta
negativa otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a la
documentación solicitada en petición de 20 de noviembre de 2023, en virtud de la
cual ya se tramitó el recurso de insistencia y se resolvió de forma negativa a los
intereses de la parte actora.

Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia. Sin embargo, se
adicionará la parte resolutiva en el sentido de declarar la improcedencia de la acción
de tutela interpuesta por el señor Joaquín Mario Valencia Trujillo en lo que respecta

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Demandante: Joaquín Mario Valencia Trujillo

a los cargos sobre la responsabilidad del Estado colombiano por consentir las
presuntas irregularidades cometidas por las autoridades estadounidenses, en tanto
que existe cosa juzgada con las acciones de tutela Nro. 11001-22-05-000-2019-
00372-00/01 y 11001-03-15-000-2021-01838-00/01.

Asimismo, se instará a la parte actora a abstenerse a presentar acciones de tutela
sucesivas por los mismos hechos y pretensiones formuladas en las acciones de
tutela mencionadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Adicionar la parte resolutiva de la sentencia de 28 de noviembre de 2024,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en los
siguientes términos:
«Quinto: Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el
señor Joaquín Mario Valencia Trujillo en lo que respecta a los cargos sobre la
supuesta responsabilidad del Estado colombiano por consentir irregularidades
cometidas por las autoridades estadounidenses en su proceso de extradición
y en el juicio penal adelantado en su contra, dada la existencia cosa juzgada
con las acciones de tutela Nro. 11001-22-05-000-2019-00372-00/01 y 11001-03-
15-000-2021-01838-00/01.
Sexto: Instar a la parte actora a abstenerse a presentar acciones de tutela
sucesivas por los mismos hechos y pretensiones formuladas en la presente
acción y en las tramitadas bajo los radicados Nro. 11001-22-05-000-2019-00372-
00/01 y 11001-03-15-000-2021-01838-00/01».

2. Confirmar en lo demás la sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por los motivos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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