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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06002-01

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06002-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de diciembre del 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. 24 Corte Constitucional, sentencia T-1130 del 2008. 11 Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06002-01 Demandante: Osvaldo Enrique Ramos Demandado: Presidente de la Republica TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06002-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2024-06002-011
Demandante : Osvaldo Enrique Ramos Mercado
Demandado : Presidente de la República
Acción : Tutela
Derechos : Petición y acceso a la administración de justicia
Tema : Presunta Vulneración Derecho de petición y acceso a la
administración de justicia
Decisión : Confirma sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia, en la acción de tutela incoada
por Osvaldo Enrique Ramos Mercado, a través de apoderado judicial en contra del señor
presidente de la República, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
de petición y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

El accionante pretende la protección de sus derechos fundamentales de petición y acceso
a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el señor presidente de la
República.

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Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06002-01
Demandante: Osvaldo Enrique Ramos
Demandado: Presidente de la Republica

Por consiguiente, solicitó:

“Respetuosamente le solicito al señor presidente de la Republica que haga cumplir el mandato
legal de identificar el predio despojado a mi mandante y obrando en consecuencia ordene
registrarlo en el Registro de Tierras Despojadas sin que a mi mandante se le exija algún otro
requisito”

1.3 Hechos2.

Según se pudo identificar en el escrito de tutela y los anexos remitidos por los
intervinientes, que, en el año 1989, la señora Hortensia Mercado ingresó a un predio que
carece de nombre o de registro catastral; allí, inició la explotación del mismo mediante la
construcción de vivienda y el usufructo del terreno aledaño.

Con posterioridad, para el año 2001, la señora Mercado Muñoz otorgó poder al señor
Octavio Segundo Vence Pisciotti para adelantar proceso de prescripción adquisitiva de
dominio, no obteniendo resultados favorables, en tanto la Oficina de Registros de
Instrumentos Públicos de Santa Marta se negó a expedir “Certificado Especial” por no
cumplir el requisito procedimental, establecido en el numeral 5 del artículo 407 del Código
de Procedimiento Civil.

Manifestó que, en diciembre del año 2009, la señora Hortensia Belén Mercado Muñoz
(Q.E.D.P.), fue despojada violentamente de su predio ubicado en el Barrio “Playa
Salgero” de la comuna de Gaira del Distrito de Santa Marta, situación que fue denunciada
el 2 de noviembre de 2011 ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT).

Que, con ocasión del proceso de restitución, la URT expidió la resolución RM 00887 del
13 de diciembre de 2019, en la cual, se reconoció el cumplimiento de todos los requisitos
exigidos en la Ley 1448 de 2011; respecto al figura del despojo de tierras se encontró: (i)
la existencia del despojo, (ii) la posesión sobre el predio, (iii) el cumplimiento de los
términos procesales y (iv) su calidad de víctima.

A pesar de lo anterior, en la resolución RM 00887, la URT negó la inscripción en el registro
de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, al no satisfacer el requisito de
identificación del predio; esta decisión, fue apelada por el accionante, y por resolución

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Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
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Demandado: Presidente de la Republica

RM 00192 del 29 marzo de 2022 se repuso la decisión recurrida, ordenando adelantar la
diligencia obligatoria de georreferenciación con el propósito de identificar el predio en
disputa.

Por lo anterior, la URT expidió la resolución RM 00346 del 2 de mayo de 2023, por medio
de la cual, negó la inscripción del predio ordenada por la UAEGRTD, alegando una
supuesta declaración del apoderado judicial de la accionante, en la que afirmó, que la
señora Hortensia abandonó el predio de forma voluntaria. La decisión fue recurrida y
confirmada por Resolución RM 00626 de 27 de julio de 2023.

Que, en consecuencia, la parte actora remitió una solicitud al presidente de la República
el 5 de septiembre de 2024, en la cual, le requirió ordenar a URT – Territorial Magdalena,
dar cumplimiento a la resolución RM 00192 de marzo de 2022.

1.4 Argumentos de la tutela.

La parte actora manifestó su inconformidad por la falta de respuesta del señor presidente
a su petición radicada el 5 de septiembre de 2024, lo que, a su juicio ha generado
que se incumpla la resolución RM 00192 del 2022 expedida por la URT.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Segunda –
Subsección “A”, a través de auto del 7 de noviembre del 20243, admitió la presente acción
de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar al presidente de la República- Gustavo
Petro Urrego como accionado. Posteriormente, mediante auto del 21 de noviembre del
20244 se vinculó a la a la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras.

2.1 Contestación de la acción.

2.1.1 La Presidencia de la República5 solicitó ser desvinculada del presente trámite, al
considerar que, mediante el oficio OFI24-00182130 / GFPU 13150001 del 12 de
septiembre de 2024, remitió la petición elevada por el accionante a la Unidad

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Expediente digital en SAMAI, índice 5.
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Expediente digital en SAMAI, índice 15.
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Expediente digital en SAMAI, índice 9.
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Demandante: Osvaldo Enrique Ramos
Demandado: Presidente de la Republica

Administrativa Especial de Restitución de Tierras, al ser la competente para resolverla.
Que, esta situación fue informada al peticionario a través del memorial OFI24-00182115
/ GFPU 13150001; razón por la cual, considera que, la entidad no ha vulnerado derecho
fundamental alguno.

2.2 Sentencia de primera instancia6

El Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, mediante providencia del 5
de diciembre del 2024, negó el amparo respecto a la presidencia la República y lo
concedió contra la URT, al considerar que:

«El DAPRE en el informe que rindió alegó que mediante el Oficio OFI24-00182115 / GFPU
13150001 del 12 de septiembre de 2024 le informó al actor que daba traslado de la petición
a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras, entidad legalmente facultada para
conocer y atender lo solicitado. Mediante Oficio OFI24-00182130 / GFPU 13150001 de igual
fecha remitió el escrito.

Así mismo, la accionada precisó que no puede intervenir en las actuaciones que adelante la
URT, entidad encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y procedimientos
relacionados con la restitución de tierras.

Al respecto, el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 consagra que cuando la autoridad a quien
se dirige la solicitud no es la competente, deberá remitir el escrito a la entidad encargada e
informar esto al interesado.

En esa medida, no encuentra la Sala que la Presidencia de la República le quebrante al actor
el derecho de petición, pues dio respuesta a la solicitud conforme al artículo 21 de la Ley 1755
de 2015, toda vez que, remitió el escrito al competente y le informó al interesado.

Tampoco se evidencia transgresión del derecho de acceso a la administración de justicia, en
la medida en que no se acreditó o sustentó que se esté adelantando proceso alguno.

Por otra parte, encuentra la Subsección que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Tierras le viola el derecho de petición al actor, dado que ha transcurrido el tiempo suficiente
y no ha contestado la consulta que le remitió la Presidencia de la República el 12 de
septiembre de 2024 y tampoco rindió informe al respecto en el asunto».

2.3 Impugnación7

Inconforme con la decisión, el accionante la impugnó, para lo cual, solicitó que se estudie
y se conceda, lo pedido en el derecho de petición que dirigió inicialmente contra el
presidente de la República, al respecto indicó, que:

«Por esto respetuosamente solicito que, además de ya lo concedido, se estudie y se me
concedan las demás peticiones hechas en el derecho de petición inicialmente presentado
ante el señor presidente la Republica y en especial lo referente a la imposibilidad jurídica de
la realización de un nuevo proceso por la ocurrencia del fenómeno de la cosa juzgada».

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Expediente digital en SAMAI, índice 22.
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Expediente digital en SAMAI, índice 26.
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Demandado: Presidente de la Republica

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo 80 de 12
de marzo del 201911 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección
es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2 Problema jurídico.

Le corresponde a esta Subsección determinar, si la acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad; de ser así, se deberá establecer si la Presidencia de la
República vulnera los derechos fundamentales de petición y acceso a la administración
de justicia del demandante al no resolver de fondo la petición elevada el 5 de septiembre
de 2024.

3.3 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera

8
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
9
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
10
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
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“Reglamento interno del Consejo de Estado”.

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posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho12.

3.4 La acción de tutela frente al derecho fundamental de petición.

El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales”.

Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha sostenido:

“Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y
reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo esencial de
este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.

En este sentido, esta Corporación ha manifestado:

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como
los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable,
el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general,
se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio
administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y
acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es
distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha
violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del
deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado.

De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de petición
exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo requerido por el
ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer decir
con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio
sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad
frente a la que ha sido presentada la petición” 13.

Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que “una respuesta es suficiente cuando

12
13
Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
6

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resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin
perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva
si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y es congruente si existe coherencia
entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no
sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información
adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta”14.

De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es vulnerado
cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite una pronta respuesta,
conforme a los términos que directamente fija el legislador y (iii) no cumple con su deber
de notificar la respuesta.

Ahora bien, en lo que, concierne a las solicitudes ante autoridades judiciales, la Corte
Constitucional, de manera reiterada, ha precisado que si bien el derecho de petición
puede ejercerse ante los jueces y por tanto estos se encuentran en la obligación de
tramitar y responder las peticiones que se les presenten, lo cierto es que “el juez o
magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y
los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas
peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y
con arreglo a las normas propias de cada juicio”15.

De igual manera, dicha Corporación16 ha sostenido que el alcance del derecho de petición
encuentra limitaciones respecto de las solicitudes presentadas frente a autoridades
judiciales, toda vez que han de diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden
ser de dos clases: i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto; y ii)
aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del
derecho de petición que rigen la administración y en especial, de la Ley 1755 de 201517.

14
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-350 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-682 de 20
de noviembre de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado Y T-587-06, M. P. Jaime Araujo Rentería.
15
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández (cita tomada de la sentencia T-394 de 24 de
septiembre de 2018).
16
sentencia T-394 de 24 de septiembre de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
17
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
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En consecuencia, la Corte Constitucional concluye que, la omisión del funcionario judicial
en resolver las peticiones relacionadas a su actividad jurisdiccional según las formas
propias del proceso respectivo, configura una violación del debido proceso y del derecho
al acceso a la administración de justicia18. Por otro lado, la omisión de la autoridad
jurisdiccional en resolver las peticiones formuladas en relación con los asuntos
administrativos constituye una vulneración al derecho de petición.

3.5 Solución al caso concreto.

El caso en concreto supera los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela 19, por
cuanto (i) se encuentra plenamente acreditada la legitimación en la causa por pasiva y
por activa de las partes, (ii) al tratarse de una pretensión encaminada a que se dé
respuesta a un derecho de petición, la vulneración es actual, porque se afirma que no se
ha dado respuesta de fondo a la misma, constituyéndose así en una omisión, superando
así el requisito de inmediatez, y por ultimo (iii) en cuanto a la subsidiariedad, no existe
recurso u otro mecanismo judicial principal al que el actor pueda acudir directamente.

Del material probatorio aportado al proceso, se observa que, la solicitud elevada por el
accionante ante la Presidencia de la República, consistió en:

“1. Ordene a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena dar cumplimiento a
la Resolución 00192 de marzo de 2022 que ordena la identificación del predio despojado a la
señora Hortensia Belén Mercado Muñoz
2. Ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena la correcta
identificación del predio colindante del señor Raúl Dávila Jimeno, deslindando con
amojonamiento a los dos predios.
3. Ordene a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena declarar nula toda la
actuación realizada a parir (sic) de la ejecutoria de la Resolución 00192 de marzo de 2022.
4. Ordene a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena a remitir el expediente
contentivo de esta solicitud a los jueces Civiles del Circuito Especializados en Restitución de
Tierras para lo de su competencia.
5. Ordene a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena dar la protección
necesaria a la familia Mercado Muñoz para que puedan volver a ocupar el predio despojado
mientras se decide su situación legal.
6. Ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena que preste la ayuda
necesaria para que la familia Mercado Muñoz pueda realizar algún emprendimiento en el
predio, que es necesario para su subsistencia.
7. Ordene a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena prestar la protección

18
Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo. En lo relacionado a la omisión del funcionario
judicial en resolver peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al debido proceso, ver entre otras, sentencias T-
377 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-007 de 1999. M.P. Alfredo
Beltrán Sierra y T-604 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Diaz. En lo relacionado a la omisión del funcionario judicial en resolver peticiones
propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al acceso a la administración de justicia, ver entre otras, sentencias C-951 de
2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-006 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-173 de 1993: M.P. José Gregorio
Hernández Galindo y T-268 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
19
Que para el caso en concreto son la “(i) legitimación en la causa, (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad”, de acuerdo con la sentencia
T 005 del 2022.

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necesaria a mi persona como apoderado y a mi familia en este proceso”

La Presidencia de la República, dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos:20

“En nombre de la Presidencia de la República, reciba un cordial saludo.

En atención a su comunicación radicada en esta entidad, en la que indica “(…) Ordene a la
Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena dar cumplimiento a la Resolución
00192 de marzo de 2022 que ordena la identificación del predio despojado a la señora
Hortensia Belén Mercado Muñoz y otros. (...)".

En virtud de lo anterior, de manera atenta, procedo a dar respuesta a su comunicación en los
siguientes términos:

I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder Público, se
han creado entidades que apoyan la gestión del Primer Mandatario; en ese orden los
ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades adscritas y vinculadas y las
sociedades de Economía Mixta, son las encargadas de brindar soporte y canalizar los
temas como los que usted menciona en su comunicación.
II. Asunto materia de consulta. Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito
informarle que, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, entidad legalmente
facultada, para conocer del tema expuesto por usted en su misiva, y tomar las acciones a
que haya lugar, de acuerdo a la consideración y fines pertinentes.

Le sugerimos estar atento para recibir la respectiva respuesta. En caso de presentar alguna
inquietud, le invitamos dirigirse directamente a esa entidad a través del siguiente correo
electrónico:

• atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co”

Se observa que, la Presidencia de la República21 dio respuesta a la petición del
accionante remitiéndola a la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras, al
considerar que, es la entidad que conoce del asunto y que tomará las acciones a que
haya lugar. La anterior actuación, se surtió en aplicación a lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 1437 del 2011, el cual establece que, si el funcionario al que se dirige la petición
carece de competencia para pronunciarse de fondo sobre el asunto, deberá remitirla a la
entidad que esté obligada a resolver la solicitud de fondo. En efecto establece:

“ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.
Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio
remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará.
Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente”.

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Visible en el expediente judicial en SAMAI, índice 9.
21
Expediente judicial en SAMAI, índice 9.

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Considera la Sala que, la actuación realizada por la Presidencia de la Republica fue
acorde con el ordenamiento jurídico, en la medida que, se le informó al peticionario sobre
le remisión y las razones de la misma22; sin embargo, la inconformidad del accionante
radica en que, el A Quo no le amparó su derecho fundamental de petición, al respecto,
indicó:

Como se puede evidenciar, el actor insiste en que la Presidencia de la República tiene la
obligación constitucional de hacer respetar las leyes, porque asume que, debería darle
cumplimiento a su ruego y ordenarle a la URT lo exigido en su petición. Así pues,
comprende la Sala que, la impugnación recae sobre la ausencia de pronunciamiento
frente a la exigibilidad de su petición, pero ello escapa a la órbita de acción del juez de
tutela.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que, existen claras
diferencias entre el derecho de petición, como derecho fundamental y lo pedido. El
artículo 23 de la Constitución Política23 que lo define y la Ley 1755 del 2015, que lo regula,
no establecen como uno de sus elementos definitorios el acceder a lo solicitado. Lo que,
si resulta relevante en estos casos, es la obtención de una respuesta fundamentada y
suficiente, lo que hace parte de su núcleo esencial, en efecto, la Corte Constitucional ha
indicado:

“Ahora bien, en materia de respuesta de fondo a las solicitudes, la Corte ha advertido que la
resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el interesado. Lo anterior, en razón
de que existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido, que consiste
en que: “el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide
propiamente sobre él [materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo invocado ante la administración para la
adjudicación de un baldío, el registro de una marca, o el pago de una obligación a cargo de
la administración”. Así, el derecho a lo pedido implica el reconocimiento de un derecho o un
acto a favor del interesado, es decir el objeto y contenido de la solicitud, la pretensión
sustantiva. Por ello, responder el derecho de petición no implica otorgar la materia de la
solicitud”.

22
Ibidem.
23
“ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar
los derechos fundamentales”.

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Demandante: Osvaldo Enrique Ramos
Demandado: Presidente de la Republica

Esa postura ha sido inflexible, al menos desde el 200824 se impuso en la jurisprudencia
constitucional que en materia de derecho de petición “[…] la respuesta no implica
aceptación de lo solicitado”. Esto tiene su explicación, en que, las entidades públicas se
ciñen al marco normativo para desarrollar sus acciones, puede ocurrir que en ocasiones
lo solicitado implique actuar fuera del contexto jurídico, o que las peticiones van
encaminadas a generar gasto público, como la petición de este asunto, de modo que, la
institución encargada de responder lo deberá hacer considerando al menos estos
elementos.

Así pues, no es procedente estudiar la solicitud encaminada a conceder el objeto
perseguido en la petición elevada ante la Presidencia de la República, en razón a que,
no es jurídicamente viable que, el juez de tutela conceda las pretensiones de la petición
del accionante.

III. DECISIÓN

La Sala, confirmará la sentencia impugnada, al observar que, la vulneración al derecho
de petición del actor por cuenta de la URT se mantiene vigente, y que, por parte de la
Presidencia de la República se dio respuesta a la solicitud del accionante conforme al
artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, teniendo en cuenta que, remitió el escrito al
competente y le informó al interesado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de diciembre del 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

24
Corte Constitucional, sentencia T-1130 del 2008.
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06002-01
Demandante: Osvaldo Enrique Ramos
Demandado: Presidente de la Republica

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO

12

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