República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06490-00
Consejero ponente: Conjuez Carlos Mario Isaza Serrano
6 de julio de 2026
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE CONJUECES
Bogotá, D. C., 6 de julio de dos mil veintiséis (2026)
Conjuez ponente: CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06490-00
Accionante: OSVALDO ENRIQUE RAMOS MERCADO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B Y
OTRO
Decisión: Declara improcedente la acción
SENTENCIA:
La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de
tutela presentada por el abogado Octavio Segundo Vence Pisciotti, quien manifestó
actuar en nombre del señor Osvaldo Enrique Ramos Mercado.
I.- Antecedentes:
1.- La solicitud de amparo:
En octubre de 2025, el abogado Octavio Segundo Vence Pisciotti, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.418.817 de Barranquilla y tarjeta profesional No. 27.038
del Consejo Superior de la Judicatura, presentó acción de tutela afirmando actuar
como “representante legal” del señor Osvaldo Enrique Ramos Mercado.
La solicitud se relaciona con las actuaciones adelantadas dentro de la acción de tutela
radicada con el número 11001-03-15-000-2024-06002-00/01, promovida con
anterioridad por el señor Ramos Mercado con el propósito de obtener la protección de
sus derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de justicia.
El profesional manifestó haber recibido el auto de 16 de mayo de 2025, por medio del
cual la Subsección B de la Sección Segunda declaró la nulidad de las actuaciones
posteriores al auto de 21 de noviembre de 2024 y ordenó a la Secretaría notificar
esta última providencia a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas.
Su inconformidad radica, principalmente, en que esperaba que la Secretaría le
informara la fecha en que se cumpliera la notificación ordenada a la Unidad de
Restitución de Tierras. Afirmó que, al no recibir esa información, no pudo ejercer su
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derecho de defensa ni conocer la continuación del trámite relacionado con el incidente
de desacato.
Además de cuestionar el trámite constitucional anterior, el abogado formuló reproches
frente a las actuaciones administrativas de la Unidad de Restitución de Tierras
relacionadas con la identificación e inscripción del predio que habría pertenecido a la
señora Hortensia Belén Mercado Muñoz.
En consecuencia, solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso del
señor Osvaldo Enrique Ramos Mercado y que se adoptaran órdenes encaminadas a
obtener la identificación, deslinde y amojonamiento del referido inmueble.
2.- Las actuaciones constitucionales anteriores:
De acuerdo con las piezas procesales disponibles, el 6 de noviembre de 2024 el señor
Osvaldo Enrique Ramos Mercado promovió una acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de
justicia.
La Subsección A de la Sección Segunda profirió sentencia el 5 de diciembre de 2024 y
la Subsección B confirmó esa decisión el 21 de febrero de 2025. Posteriormente,
mediante auto de 16 de mayo de 2025, la Subsección B declaró la nulidad de las
actuaciones posteriores al auto de 21 de noviembre de 2024, con ocasión de la
indebida notificación advertida respecto de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Una vez rehecha la actuación y vinculada la referida entidad, la Subsección A profirió
una nueva sentencia el 21 de agosto de 2025, mediante la cual amparó el derecho
fundamental de petición.
3.- El requerimiento para acreditar la representación judicial:
Resueltos los impedimentos manifestados por los consejeros titulares de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante auto del once (11) de mayo de 2026, el
despacho al revisar la solicitud advirtió que el abogado Octavio Segundo Vence
Pisciotti no acompañó el poder que lo acreditara para promover la acción en
representación del señor Osvaldo Enrique Ramos Mercado. Por esa razón, mediante
auto de fecha doce (12) de mayo de 2026 se le requirió para que, dentro del término
de tres (3) días, allegara el respectivo poder especial.
Vencido el término concedido, el abogado no atendió el requerimiento. Tampoco explicó
la fuente de la representación legal que afirmó ejercer; es decir, manifestó actuar
como agente oficioso; no obstante, no acreditó alguna circunstancia que impidiera al
titular de los derechos promover directamente su defensa.
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4.- El trámite de la presente acción:
Mediante auto de 22 de junio de 2026 se admitió la solicitud de amparo sin reconocer
personería al abogado, y se comunicó la actuación a las autoridades accionadas y
vinculadas. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas fue vinculada al trámite y rindió el informe correspondiente.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,
por intermedio de Paula Andrea Villa Vélez, directora técnica de la Dirección Jurídica
de Restitución, descorrió el traslado de la acción de tutela y solicitó que se declare
improcedente el amparo. La entidad manifestó que la funcionaria se encuentra
facultada para ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Unidad, de
conformidad con la Resolución No. 00248 de 2020.
La URT sostuvo que la solicitud de amparo presenta tres problemas principales: falta
de legitimación en la causa por activa, desconocimiento del principio de subsidiariedad
e inexistencia de perjuicio irremediable. Explicó que, aunque el escrito de tutela no es
del todo preciso, la inconformidad parece dirigirse contra el trámite administrativo de
restitución de tierras identificado con el ID 66273, resuelto por la Dirección
Territorial Magdalena mediante la Resolución No. 00346 del 2 de mayo de 2023, que
negó la inscripción del predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente. Agregó que dicha decisión fue confirmada mediante la Resolución RM
00626 del 27 de julio de 2023, con lo cual quedó agotada la actuación administrativa.
La entidad indicó que, una vez agotada la actuación administrativa, el señor Osvaldo
Enrique Ramos Mercado podía acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Precisó que la Resolución RM 00346 de 2023 fue notificada el 5 de junio de
2023 al abogado Octavio Segundo Vence Pisciotti, quien actuaba como apoderado de la
señora Hortensia Belén Relón Mercado Muñoz y del señor Osvaldo Enrique Ramos
Mercado, y que el recurso de reposición interpuesto contra dicha decisión fue resuelto
por la Resolución RM 00626 de 2023, notificada el 29 de agosto de 2023.
También relató que, inconforme con esas decisiones, el abogado presentó un derecho
de petición ante la Presidencia de la República, el cual fue trasladado a la URT
mediante Oficio OFI24-00182130/GFPU 13150001 del 12 de septiembre de 2024, con
el propósito de que la entidad revisara nuevamente el expediente administrativo ID
66273 y reconsiderara la decisión definitiva adoptada dentro del trámite de
restitución de tierras.
Según la URT, ante la presunta falta de respuesta a esa petición, se promovió la acción
de tutela con radicado 11001031500020240600201, dentro de la cual se amparó
inicialmente el derecho fundamental de petición y se ordenó a la Unidad emitir
respuesta de fondo. Luego, mediante auto de 25 de marzo de 2025, la Subsección A de
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la Sección Segunda requirió a la entidad para acreditar el cumplimiento de la
sentencia, como actuación previa a la eventual apertura de incidente de desacato.
La Unidad explicó que, mediante Oficio No. 202520100245311 del 3 de abril de 2025,
solicitó la nulidad de lo actuado en el expediente 11001031500020240600201, por
indebida notificación del auto admisorio y de la sentencia de tutela. Esa solicitud fue
acogida mediante auto de 16 de mayo de 2025, al advertirse que la entidad no había
sido formalmente vinculada al trámite constitucional.
Una vez notificada en debida forma, la URT informó al juez constitucional, mediante
Oficio No. 202520100671211 del 24 de julio de 2025, que no existía hecho vulnerador,
porque la petición había sido contestada mediante oficios del 3 de octubre de 2024 y
del 24 de julio de 2025, remitidos al correo ovencep@hotmail.com , señalado por la
parte accionante como canal de notificación. No obstante, la Subsección A profirió
sentencia el 21 de agosto de 2025, mediante la cual amparó el derecho de petición y
ordenó responder de forma clara, expresa y concreta la solicitud trasladada por la
Presidencia. La URT impugnó esa decisión y, según informó, el juez constitucional de
segunda instancia profirió fallo el 20 de noviembre de 2025, mediante el cual revocó la
providencia y declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
La entidad afirmó que la presente acción pretende reabrir una discusión jurídica y
probatoria ya analizada dentro del expediente 11001031500020240600201. También
advirtió que el abogado Octavio Segundo Vence Pisciotti podría estar incurriendo en
actuación temeraria, porque habría promovido otra acción constitucional, radicada bajo
el número 11001031500020250686000, entre las mismas partes y con fundamento en
hechos sustancialmente similares, asunto que —según la URT— fue resuelto mediante
sentencia del 20 de abril de 2026, que confirmó la decisión del 28 de enero de 2026 y
negó las pretensiones.
En cuanto a la legitimación, la URT sostuvo que el abogado no aportó poder especial
para promover la presente tutela en representación del señor Ramos Mercado, ni
explicó las razones por las cuales este se encontraría imposibilitado para ejercer
directamente su defensa. Por ello, consideró que no se acreditó apoderamiento judicial
ni agencia oficiosa.
Sobre la subsidiariedad, señaló que la tutela no puede utilizarse como mecanismo
alternativo para controvertir la legalidad de las Resoluciones RM 00346 de 2023 y RM
00626 de 2023, pues el ordenamiento prevé el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Añadió que el accionante no explicó por qué ese
mecanismo resultaría inidóneo o ineficaz para la protección de los derechos alegados.
Finalmente, la URT sostuvo que no se acreditó perjuicio irremediable, porque no se
demostró la existencia de una amenaza cierta, inminente, grave, urgente e
impostergable que justificara el desplazamiento del medio judicial ordinario. En sus
pretensiones, solicitó declarar improcedente la acción por falta de legitimación en la
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causa por activa y subsidiariedad, y negar el amparo por inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales y ausencia de perjuicio irremediable.
Además, debe dejarse constancia de que la contestación menciona como anexos la
copia de todos los documentos de prueba relacionados en el correspondiente escrito,
aunque al final del memorial aparece la anotación “Anexos: N/A”. Por tanto, para
efectos de la sentencia, solo deben valorarse como pruebas documentales aquellas
piezas que efectivamente obren en el expediente.
5.- Los impedimentos:
Los consejeros Juan Camilo Morales Trujillo, Jorge Iván Duque Gutiérrez y Luis
Eduardo Mesa Nieves, integrantes de la Subsección A de la Sección Segunda,
manifestaron impedimento para conocer de la presente acción, por haber intervenido
en las actuaciones constitucionales relacionadas con el asunto.
Mediante providencia de once (11) de mayo de 2026, la Sala de Conjueces declaró
fundados los impedimentos y asumió el conocimiento del trámite.
II.- Consideraciones:
1.- Competencia:
La Sala de Conjueces es competente para decidir la presente acción, en virtud de los
impedimentos declarados fundados respecto de los consejeros que integran la
Subsección A de la Sección Segunda y de las reglas de reparto aplicables a las
acciones de tutela dirigidas contra autoridades judiciales de esta Corporación.
2.- Problema jurídico:
Corresponde establecer si el abogado Octavio Segundo Vence Pisciotti se encuentra
legitimado para promover la acción de tutela en nombre del señor Osvaldo Enrique
Ramos Mercado, pese a no haber aportado el poder especial que acreditara la
representación judicial invocada y a no haber atendido el requerimiento efectuado
para subsanar esa deficiencia.
También deberá precisarse si la actuación puede entenderse promovida mediante
agencia oficiosa y, de manera complementaria, si la falta de una comunicación individual
al abogado sobre la fecha en que fue notificada la Unidad de Restitución de Tierras
configura la vulneración del debido proceso alegada.
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3.- La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela:
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela puede ser
promovida directamente por el titular de los derechos fundamentales, por su
representante legal, mediante apoderado judicial o por un agente oficioso cuando el
interesado no se encuentre en condiciones de ejercer directamente su defensa.
La legitimación por activa no constituye una formalidad carente de contenido. Su
verificación permite establecer que quien acude al juez es el titular de los derechos
cuya protección se reclama o cuenta con una habilitación jurídica suficiente para
actuar en nombre de otra persona.
La Corte Constitucional, en la Sentencia T-531 de 2002, distinguió las cuatro vías por
medio de las cuales puede promoverse el amparo: el ejercicio directo, la
representación legal, el apoderamiento judicial y la agencia oficiosa.
En relación con el apoderamiento, precisó que se trata de un acto jurídico formal que
debe constar por escrito, que el poder se presume auténtico, que debe ser especial
para la respectiva tutela y que únicamente puede conferirse a un abogado habilitado.
También señaló que el poder otorgado para otro proceso no se entiende extendido a
una nueva acción constitucional, aunque sus hechos guarden relación con la actuación
anterior.
La presunción de autenticidad prevista en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
recae sobre el poder aportado, pero no permite presumir la existencia de un mandato
que no obra en el expediente. Una cosa es prescindir de la autenticación del documento
y otra distinta tener por acreditada una autorización que nunca fue allegada.
La exigencia tampoco comporta una carga desproporcionada. La legislación vigente
permite conferir poderes especiales mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita
o digital y sin presentación personal. No obstante, la flexibilidad de esas formas sigue
siendo indispensable que exista una manifestación de voluntad del titular mediante la
cual autorice al abogado para actuar en su nombre.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el Auto ATP784-2020,
reiteró que la informalidad propia de la tutela no elimina la exigencia de poder especial.
En ese asunto, ante la falta del mandato y el incumplimiento del requerimiento para
subsanar, concluyó que el abogado carecía de legitimación para actuar en
representación del supuesto titular.
En el presente caso, como la acción fue admitida y el trámite avanzó hasta la etapa de
decisión, la consecuencia no consiste ahora en rechazar el escrito inicial, sino en
declarar la improcedencia del amparo por falta de legitimación en la causa por activa.
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4.- La agencia oficiosa como modalidad excepcional de legitimación:
La ausencia de poder tampoco puede superarse mediante la agencia oficiosa. Esta
figura tiene fundamento en los principios de eficacia de los derechos fundamentales,
prevalencia del derecho sustancial y solidaridad. Su propósito consiste en permitir que
un tercero acuda al juez cuando el titular se encuentre realmente imposibilitado para
promover su propia defensa.
La Sentencia T-531 de 2002 identificó como elementos de la agencia oficiosa la
manifestación de actuar en tal condición; la existencia de una circunstancia real de
imposibilidad física o mental del titular para promover directamente la tutela; la
ausencia de necesidad de una relación formal entre el agente y el agenciado; y la
ratificación oportuna de los hechos y pretensiones por parte de este último.
En la Sentencia STC5671-2020, la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte
Suprema de Justicia reiteró que quien pretende agenciar derechos ajenos debe
demostrar, o al menos exponer de manera suficiente, las razones por las cuales el
titular no puede acudir personalmente al mecanismo constitucional. La providencia
destacó que esa exigencia protege la autonomía del interesado y evita que un tercero
disponga de sus derechos fundamentales sin que exista necesidad o autorización para
hacerlo.
Aunque la informalidad de la tutela permite flexibilizar, en casos excepcionales, el uso
expreso de la denominación “agente oficioso”, no autoriza a presumir la imposibilidad
del titular cuando esta no fue alegada ni se desprende de las circunstancias
acreditadas. En este asunto, el abogado Octavio Segundo Vence Pisciotti no manifestó
actuar como agente oficioso. Por el contrario, afirmó ser “representante legal” del
señor Osvaldo Enrique Ramos Mercado, pero no explicó la fuente de esa
representación.
Tampoco sostuvo que el señor Ramos Mercado estuviera imposibilitado física, mental o
materialmente para promover directamente la tutela, ni obra ratificación personal de
los hechos y pretensiones formulados. Por consiguiente, la actuación no puede
reconducirse oficiosamente a una agencia oficiosa.
5.- El caso concreto:
El escrito de tutela fue suscrito exclusivamente por el abogado Octavio Segundo
Vence Pisciotti. Su condición de abogado titulado y la titularidad de una tarjeta
profesional no lo habilitan, por sí solas, para reclamar judicialmente la protección de
derechos fundamentales ajenos. La condición profesional acredita la posibilidad
jurídica de recibir un mandato, pero no demuestra que este haya sido conferido.
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Aunque afirmó actuar como representante legal del señor Osvaldo Enrique Ramos
Mercado, no explicó si esa representación provenía de una disposición legal, de una
decisión judicial, de un vínculo familiar con efectos representativos o de cualquier otra
fuente jurídica.
Tampoco allegó poder especial. Advertida la omisión, el despacho le concedió un
término de tres días para subsanarla. El requerimiento fue claro y podía cumplirse
mediante cualquiera de las formas simplificadas admitidas por la legislación vigente.
Pese a ello, el profesional no aportó el mandato ni ofreció explicación alguna sobre su
ausencia.
La calidad de sucesor que se atribuye al señor Ramos Mercado respecto de la señora
Hortensia Belén Mercado Muñoz tampoco confiere al abogado facultades para actuar
en su nombre. Son cuestiones jurídicamente distintas la titularidad que pueda
corresponder al señor Ramos Mercado sobre derechos derivados de una sucesión y la
representación procesal del profesional que presentó la tutela.
La actuación tampoco fue ratificada personalmente por el señor Osvaldo Enrique
Ramos Mercado. Por tanto, no existe elemento que permita establecer que conoce,
comparte y autoriza los hechos, acusaciones y pretensiones formulados por el abogado.
En estas condiciones, no se acreditó ninguna de las formas de legitimación previstas en
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
La informalidad del mecanismo constitucional no permite llegar a una conclusión
diferente. La prevalencia del derecho sustancial excluye ritualidades innecesarias,
pero no autoriza al juez a sustituir la voluntad del titular, presumir poderes no
otorgados o disponer sobre sus derechos a petición de quien no demostró estar
habilitado para representarlo.
La falta de legitimación impide efectuar un pronunciamiento de fondo sobre las
actuaciones adelantadas dentro del expediente 11001-03-15-000-2024-06002-00/01,
sobre el eventual cumplimiento de la sentencia allí proferida o sobre las pretensiones
relacionadas con la identificación, deslinde y amojonamiento del inmueble al que se
refiere el escrito.
Resolver esos asuntos sin que el titular hubiese actuado directamente, conferido
poder especial o ratificado la actuación supondría decidir sobre derechos ajenos a
petición de una persona que no acreditó representación suficiente.
De otra parte, la contestación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas confirma la razón principal de improcedencia
advertida por la Sala: la falta de legitimación en la causa por activa de quien presentó
la acción. En efecto, la entidad puso de presente que el abogado Octavio Segundo
Vence Pisciotti no acreditó poder especial para promover esta tutela en nombre del
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señor Osvaldo Enrique Ramos Mercado, ni explicó que este se encontrara
imposibilitado para ejercer directamente su defensa.
Esta objeción debe acogerse. El escrito de tutela fue presentado por el abogado bajo
la afirmación de actuar como “representante legal” del señor Ramos Mercado; sin
embargo, no se aportó documento que acredite esa representación, ni poder judicial
especial, ni ratificación posterior del titular de los derechos. Además, el profesional
no atendió el requerimiento efectuado para allegar el poder correspondiente. En tales
condiciones, no puede tenerse por satisfecho el presupuesto de legitimación previsto
en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
Tampoco es posible reconducir la actuación a una agencia oficiosa. La URT señaló que el
abogado no acreditó los requisitos de esa figura, pues no manifestó actuar como
agente oficioso ni demostró la imposibilidad del titular para acudir directamente al
juez constitucional. Esa apreciación coincide con la línea jurisprudencial ya revisada
por la Sala: la agencia oficiosa no se presume y exige, por lo menos, que se exponga la
imposibilidad del titular para promover su propia defensa. La simple invocación de
derechos ajenos no autoriza a un tercero a disponer del mecanismo constitucional en
nombre de otra persona.
La Sala también comparte, como consideración adicional, que la acción de tutela no es
el mecanismo judicial llamado para controvertir directamente la legalidad de las
decisiones administrativas adoptadas por la URT en el expediente ID 66273. La
contestación indica que la Resolución RM 00346 de 2023 negó la inscripción en el
RTDAF y que la Resolución RM 00626 de 2023 confirmó esa decisión, agotando la
actuación administrativa. Frente a tales actos, la entidad explicó que procedía el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
CPACA y reconocido además por la normativa especial en materia de restitución de
tierras.
Este argumento debe acogerse en lo que respecta a las pretensiones encaminadas a
revisar, dejar sin efecto o reabrir el trámite administrativo de restitución de tierras.
La solicitud de identificación, deslinde y amojonamiento del predio no puede
tramitarse por esta vía como si la tutela fuera una instancia adicional del
procedimiento administrativo ya concluido. Si el interesado consideraba ilegales las
resoluciones expedidas por la Dirección Territorial Magdalena, debía acudir
oportunamente a los mecanismos ordinarios previstos para ese propósito, o explicar de
manera suficiente por qué estos resultaban inidóneos o ineficaces. Esa carga no fue
satisfecha.
Ahora bien, debe hacerse una precisión. El argumento central de la tutela no se limita
a cuestionar las resoluciones administrativas de la URT, sino que también reprocha
que, después del auto de nulidad del 16 de mayo de 2025, el abogado no fue informado
sobre la fecha en que se notificó a la URT el auto de 21 de noviembre de 2024. Frente
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a ese punto, la contestación de la entidad es relevante porque muestra que la URT fue
posteriormente vinculada, intervino en el trámite y rindió los informes
correspondientes. Además, la entidad afirma que el trámite constitucional anterior
continuó y que, finalmente, el fallo de segunda instancia declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado.
En ese contexto, la Sala considera que la observación del abogado sobre la falta de
información individual acerca de la notificación a la URT, además de desacertada no
revela una vulneración del debido proceso. El auto de 16 de mayo de 2025 ordenó
notificar a la Unidad de Restitución de Tierras, no comunicar al abogado, de manera
separada, la fecha en que esa notificación se cumpliera. Si el profesional conocía la
orden de nulidad y sabía que la actuación debía rehacerse, le correspondía consultar el
expediente y verificar el trámite posterior. No podía trasladar al despacho la carga de
informarle cada actuación dirigida a otros sujetos procesales.
La URT también advirtió que el abogado podría estar incurriendo en una actuación
temeraria, por la existencia de una tutela anterior, radicada
11001031500020250686000, que habría sido promovida entre las mismas partes y con
fundamento en hechos sustancialmente similares. Esa afirmación debe tratarse con
prudencia. En el estado actual del proyecto, la improcedencia se funda en la falta de
legitimación por activa, de manera que no resulta necesario declarar temeridad contra
el señor Ramos Mercado, menos aun cuando no está acreditado que este haya
conferido poder o ratificado la actuación.
Sin embargo, sí puede dejarse constancia de que la entidad vinculada puso de presente
la existencia de otra acción constitucional aparentemente relacionada con el mismo
núcleo de hechos. Esa circunstancia refuerza la necesidad de no permitir que la tutela
sea utilizada como mecanismo sucesivo para reabrir discusiones administrativas o
constitucionales ya decididas, pero no desplaza la razón principal de improcedencia,
que es la falta de representación judicial válida.
Respecto del perjuicio irremediable, la Sala comparte la apreciación de la URT. El
escrito de tutela no demuestra una amenaza cierta, grave, inminente e impostergable
que habilite al juez constitucional para intervenir como mecanismo transitorio. La
inconformidad expuesta se refiere a actuaciones administrativas y judiciales ya
surtidas, frente a las cuales existían mecanismos ordinarios o trámites
constitucionales previamente activados. La sola afirmación de que no se informó al
abogado la fecha de notificación a la URT no acredita, por sí misma, un daño
irreversible ni una afectación actual que exija una orden urgente de amparo.
En consecuencia, los argumentos de la URT serán acogidos en cuanto confirman: i).- la
falta de legitimación en la causa por activa del abogado que presentó la acción; ii).- la
improcedencia de la tutela para reabrir el debate administrativo decidido mediante las
Resoluciones RM 00346 de 2023 y RM 00626 de 2023; y iii).- la ausencia de perjuicio
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irremediable. La referencia a una posible temeridad se tendrá como una advertencia
procesal formulada por la entidad, pero no será la razón determinante de la decisión,
pues la falta de legitimación impide atribuir al señor Ramos Mercado una actuación que
no aparece ratificada por él.
6.- La supuesta falta de información sobre la notificación a la Unidad de
Restitución de Tierras:
Aunque la ausencia de legitimación en la causa por activa es suficiente para declarar
improcedente la acción, la Sala considera pertinente referirse al argumento que
constituye el fundamento inmediato de la solicitud. El abogado reconoció que recibió el
auto de 16 de mayo de 2025, por medio del cual se declaró la nulidad de las
actuaciones posteriores al auto de 21 de noviembre de 2024 y se ordenó a la
Secretaría notificar esta última providencia a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Su inconformidad consiste en que “suponía” que la Secretaría le informaría la fecha en
que se cumpliera esa notificación y que permaneció a la espera de dicha comunicación.
Sin embargo, el auto de 16 de mayo de 2025 no impuso a la Secretaría el deber de
comunicarle separadamente al profesional la fecha en que otro sujeto procesal fuera
notificado. El numeral segundo de esa providencia se dirigió expresamente a subsanar
la vinculación de la Unidad de Restitución de Tierras; el numeral tercero ordenó
comunicar el propio auto a las partes, actuación que, según reconoce el abogado, fue
cumplida.
La notificación a la Unidad no abría, por sí misma, un término procesal a cargo del
profesional ni le imponía la realización de una actuación que dependiera de recibir un
aviso separado acerca de la fecha de comunicación a la entidad. La Unidad de
Restitución de Tierras fue finalmente vinculada y rindió el informe correspondiente.
Por tanto, la finalidad de la medida de saneamiento se cumplió y la entidad cuyo
derecho de defensa había dado lugar a la nulidad pudo intervenir en el proceso.
El conocimiento del auto de 16 de mayo de 2025 imponía al interesado una carga
elemental de diligencia en el seguimiento del expediente. Correspondía consultar el
trámite y verificar las actuaciones posteriores, no esperar indefinidamente que la
Secretaría le comunicara de manera individual cada notificación dirigida a los demás
sujetos procesales.
La Secretaría judicial debe cumplir las comunicaciones ordenadas y mantener
disponible el expediente en los términos legales, pero no está obligada a prestar a cada
interviniente un servicio individual de seguimiento procesal ni a advertirle
separadamente cuándo se surte cada actuación respecto de terceros.
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El abogado tampoco identificó una oportunidad procesal propia que hubiera sido
pretermitida, un recurso que no hubiese podido presentar o un término que hubiera
perdido como consecuencia directa de no recibir la información que esperaba.
La afirmación según la cual la nulidad declarada “no comenzó” o no produjo efectos por
falta de ese aviso tampoco resulta fundada. La nulidad fue decretada mediante el auto
de 16 de mayo de 2025, que el propio abogado reconoce haber recibido. La posterior
notificación a la Unidad correspondía al cumplimiento de la medida de saneamiento, no
constituía una condición para la existencia o eficacia de la decisión que declaró la
nulidad.
La actuación continuó después de rehacerse el trámite y culminó con la sentencia de 21
de agosto de 2025, mediante la cual se amparó el derecho fundamental de petición.
Así, la circunstancia descrita no revela una omisión constitucionalmente relevante
atribuible a la autoridad judicial. Evidencia, más bien, una falta de diligencia en el
control y seguimiento del expediente por parte de quien afirmaba actuar en
representación del interesado. Esta consideración no comporta un reproche
disciplinario ni modifica la razón principal de la decisión, que continúa siendo la falta de
legitimación en la causa por activa.
7.- Conclusión:
De acuerdo con lo anterior, la Sala declarará improcedente esta acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por activa. La contestación de la URT refuerza esa
conclusión, pues confirma que el abogado que presentó la solicitud no acreditó poder
especial ni agencia oficiosa, y que las pretensiones relacionadas con el trámite
administrativo de restitución de tierras cuentan con un cauce ordinario de control
judicial.
Por tal razón, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo sobre la
legalidad de las Resoluciones RM 00346 de 2023 y RM 00626 de 2023, sobre la
identificación, deslinde o amojonamiento del predio, y sobre el eventual cumplimiento
de la sentencia de tutela anterior. Esas materias no pueden ser decididas a solicitud
de quien no demostró estar habilitado para actuar en nombre del titular de los
derechos invocados.
En todo caso, la afirmación del abogado según la cual no fue informado de la fecha en
que la URT fue notificada no modifica la conclusión. Esa comunicación no estaba
ordenada a su favor, la entidad fue vinculada e intervino, y el seguimiento del
expediente correspondía al interesado. Por tanto, aun si se examinara ese
planteamiento de manera complementaria, no se advierte una vulneración del debido
proceso atribuible a las autoridades accionadas o vinculadas.
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III.- Resuelve:
PRIMERO. - Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el abogado
OCTAVIO SEGUNDO VENCE PISCIOTTI en nombre del señor OSVALDO ENRIQUE
RAMOS MERCADO, por falta de legitimación en la causa por activa.
SEGUNDO. – Abstenerse de efectuar pronunciamiento de fondo sobre las actuaciones
administrativas adelantadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas dentro del expediente ID 66273, así como sobre
las pretensiones relacionadas con la identificación, deslinde y amojonamiento del
predio mencionado en la solicitud.
TERCERO. - Notificar esta decisión a las partes y a los intervinientes por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. - Informar que contra esta providencia procede la impugnación dentro del
término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. - Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si esta sentencia no fuere impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Conjuez ponente
MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez
CLARA ELISA CIFUENTES ORTÍZ
Conjueza
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