Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06002-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06002-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06002-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06002-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06002-00
Accionante: Osvaldo Enrique Ramos Mercado
Accionado: Presidente de la República- Gustavo Petro Urrego
Tema: Derechos petición y acceso a la administración de justicia. Solicitud
relativa a trámite de restitución de tierras. Petición a cargo de la Unidad
de Restitución de Tierras. AMPARA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Osvaldo Enrique Ramos
Mercado, mediante apoderado, en contra del presidente de la República- Gustavo
Petro Urrego y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se amparen sus derechos fundamentales de petición y
de acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el jefe de
Estado.
HECHOS
Que sucedió a su mamá, la señora Hortensia Belén Mercado Muñoz, quien en vida
adelantó el trámite administrativo pertinente para que se legalizara un predio que
poseía «muchos años atrás».
Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas mediante
la Resolución núm. RM 00887 del 13 de diciembre de 2019 reconoció que la señora
Hortensia era víctima de despojo y negó la inscripción del predio en el registro de
tierras despojadas «alegando que no se le había dado cumplimiento a la obligación
de identificar» el mismo.
Que contra el acto señalado interpuso recurso de reposición y este fue resuelto
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mediante Resolución 00192 de marzo de 2022 donde se ordenó que «se - Archivo Central.
adelante
la diligencia obligatoria de georreferenciación». Además, expuso que la URT
«decidió iniciar un nuevo proceso y expidió la Resolución RM 00346 del 02 de mayo
de 2023» en aras de conseguir nuevas pruebas y así no cumplir la orden de inscribir
el predio.
Que el 1º de septiembre de 2024 elevó petición ante el presidente de la República
solicitando que se «haga cumplir el mandato legal de identificar el predio despojado
a mi mandante y obrando en consecuencia ordene registrarlo en el Registro de
Tierras Desojadas (sic) sin que a mi mandante se le exija algún otro requisito».
PRETENSIONES
El actor no formuló de manera expresa sus pretensiones; sin embargo, de la
situación fáctica que narró se entiende que lo pretendido es que el presidente de la
República atienda la petición del 1º de septiembre de 2024, y de esa manera, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas realice el
procedimiento descrito en la Resolución núm. RM 00192 del 29 de marzo de 2022,
para inscribir el predio en el registro de tierras despojadas.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 7 de noviembre de 2024 se dispuso su admisión y se ordenó notificar a la
accionada. El 21 del mismo mes y año se vinculó a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Tierras Despojadas.
La Sala en sentencia del 5 de diciembre de 2024 negó el amparo respecto a la
Presidencia de la República y lo concedió contra la Unidad Especial de Restitución
de Tierras; decisión que fue confirmada el 21 de febrero de 2025 por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
El juez constitucional de segunda instancia mediante auto del 16 de mayo de 2025
declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de los trámites posteriores a la
providencia del 21 de noviembre de 20241.
El despacho del consejero ponente en auto del 31 de julio del año en curso acató la
decisión y ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado notificar en debida
forma a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas al
correo notificacionesjudiciales@urt.gov.co el auto del 21 de noviembre de 2024.
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS
La Presidencia de la República allegó informe donde señaló que al verificar el
1 Por indebida notificación de la Unidad de Restitución de Tierras, se configuró la causal de nulidad prevista en
el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso.
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sistema de gestión documental del Departamento Administrativo de la -Presidencia
Archivo Central.
encontró que mediante el Oficio OFI24-00182130 / GFPU 13150001 del 12 de
septiembre de 2024 se dirigió la petición a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Tierras Despojadas. por ser la competente y, a través del OFI24-
00182115 / GFPU 13150001 de la misma fecha se le informó al actor.
Aunado a lo anterior, precisó que el Departamento Administrativo de la Presidencia
no posee competencia para intervenir en las actuaciones que adelante la Unidad de
Restitución de Tierras, quien es la encargada de la gestión y restitución de tierras
despojadas o abandonadas.
Por otro lado, expuso que el accionante cuenta con la vía ordinaria para demandar
la nulidad de la Resolución núm. RM 00887 del 13 de diciembre de 2019, expedida
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas y que la
acción de tutela no es el recurso adecuado para resolver el asunto planteado.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas fue
debidamente notificada de la acción de tutela2; sin embargo, decidió guardar
silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición
y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Derecho de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.
2 El 1º de agosto de 2025 la Secretaría General del Consejo de Estado notificó a la Unidad al correo por esta
señalado, índice 42 de SAMAI.
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• Archivo
Así mismo, las reglas consagradas en la Constitución y la ley y desarrolladas Central.
por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que «la satisfacción del derecho
de petición no depende de la respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay
contestación incluso si la respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos
que conducen a ello. De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a
lo pedido»3.
En el mismo sentido, ha establecido la jurisprudencia Constitucional el imperativo
de que el solicitante conozca el contenido de la contestación emitida, para lo cual,
la autoridad debe realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con
los estándares contenidos en el CPACA y que este deber se mantiene, incluso,
cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada4.
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta dentro del término, antes del
vencimiento la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se dará la contestación, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1755 de 2015, artículo 14.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para la
solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el señor Osvaldo Enrique Ramos Mercado solicitó la protección de sus
derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por la Presidencia de la República, por no atender
solicitud del 1º de septiembre de 2024.
Pues bien, de las pruebas allegadas observa la Sala que el actor presentó petición
ante el presidente de la República, donde narró que la señora Hortensia Belén
Mercado Muñoz fue despojada de su predio por el señor Raúl Dávila Jimeno;
seguido a esto, indicó el trámite administrativo que ha adelantado ante la Unidad
3 Sentencia T-242 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Véanse también, entre otras, las Sentencias
T-180 de 2001, T-192 de 2007, T-558 de 2012, T-155 de 2018 y T-051 de 2023.
4 Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Véase también, entre otras, las sentencias T-430 de
2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019.
Artículo 74 de la Constitución Política: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley. (…)”
Capítulo V de la Ley 1437 de 2011, sobre PUBLICACIONES, CITACIONES, COMUNICACIONES Y
NOTIFICACIONES.
Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2020.
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Especial de Restitución de Tierras, quien reconoció la calidad de víctima - Archivode
Central.
la
señora Mercado, pero según el actor, se ha negado a cumplir la orden de la
Resolución núm. RM 00887 del 13 de diciembre de 2019, de inscribir el predio en el
registro de tierras despojadas.
Por lo anterior, le solicitó al jefe de Estado lo siguiente:
«(…) 1. Ordene a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial
Magdalena dar cumplimiento a la Resolución 00192 de marzo de 2022
que ordena la identificación del predio despojado a la señora Hortensia
Belén Mercado Muñoz
2. Ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena
la correcta identificación del predio colindante del señor Raúl Dávila
Jimeno, deslindando con amojonamiento a los dos predios.
3. Ordene a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena
declarar nula toda la actuación realizada a parir (sic) de la ejecutoria de
la Resolución 00192 de marzo de 2022.
4. Ordene a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena a
remitir el expediente contentivo de esta solicitud a los jueces Civiles del
Circuito Especializados en Restitución de Tierras para lo de su
competencia.
5. Ordene a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena
dar la protección necesaria a la familia Mercado Muñoz para que puedan
volver a ocupar el predio despojado mientras se decide su situación legal.
6. Ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena
que preste la ayuda necesaria para que la familia Mercado Muñoz pueda
realizar algún emprendimiento en el predio, que es necesario para su
subsistencia.
7. Ordene a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena
prestar la protección necesaria a mi persona como apoderado y a mi
familia en este proceso. (…)».
El DAPRE en el informe que rindió alegó que mediante el Oficio OFI24-00182115 /
GFPU 13150001 del 12 de septiembre de 2024 le informó al actor que daba traslado
de la petición a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras, entidad
legalmente facultada para conocer y atender lo solicitado y mediante Oficio OFI24-
00182130 / GFPU 13150001 de igual fecha remitió el escrito.
Aunado a lo anterior, la Presidencia de la República precisó que no puede intervenir
en las actuaciones que adelante la URT, entidad encargada de velar por el
cumplimiento de las leyes y procedimientos relacionados con la restitución de
tierras.
Al respecto, el artículo 21 de la Ley 1755 de 20155 consagra que cuando la autoridad
a quien se dirige la solicitud no es la competente, deberá remitir el escrito a la
entidad encargada e informar esto al interesado.
5 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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• Archivo Central.
En esa medida, no encuentra la Sala que la Presidencia de la República le
quebrante al actor el derecho de petición, pues dio respuesta a la solicitud conforme
al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, ya que remitió el escrito al competente y le
informó de esto al interesado.
Tampoco se evidencia transgresión del derecho de acceso a la administración de
justicia, en la medida en que no se sustentó y/o acreditó que se esté adelantando
proceso alguno.
Por otra parte, encuentra la Subsección que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Tierras Despojadas le viola el derecho de petición al actor, dado que ha
transcurrido el tiempo suficiente y no ha contestado la petición que le remitió la
Presidencia de la República el 12 de septiembre de 2024 y tampoco rindió informe
alguno frente al asunto; pese a que a solicitud suya fue declarada la nulidad procesal
y se tramitó nuevamente la acción constitucional.
Así las cosas, se negará el amparo invocado en contra de la Presidencia de la
República y se amparará el derecho fundamental de petición en relación con la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: NEGAR el amparo invocado en contra de la Presidencia de la República,
conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Osvaldo
Enrique Ramos Mercado.
Tercero: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras
Despojadas que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente
decisión, conteste de forma clara, expresa y concreta al señor Osvaldo Enrique
Ramos Mercado la solicitud que la Presidencia de la República le remitió mediante
el Oficio OFI24-00182130 / GFPU 13150001 del 12 de septiembre de 2024.
Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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• Archivo Central.
Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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