Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06860-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06860-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06860-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06860-01
Accionante: OSVALDO ENRIQUE RAMOS MERCADO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra Subsección A de la Sección Segunda por trámite de tutela y
contra la URT. Improcedencia parcial por carencia de poder especial para actuar e
improcedencia parcial por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderado judicial, Osvaldo Enrique Ramos Mercado promovió
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en su condición de juez de tutela, pues consideró que durante el trámite de
la acción de tutela que este radicó en el año 2024 con radicado 11001-03-15-000-
2024-06002-00/01/02, se vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso por soslayar la aplicación del Auto de 16 de mayo de 2025 proferido dentro
de aquel procedimiento constitucional. Los hechos relevantes mencionados en el
escrito de amparo son los siguientes.
2. La madre del tutelante, Hortensia Belén Mercado Muñoz y su núcleo familiar
tuvieron en posesión por más de 60 años, un predio en Playa Salguero, distrito de
Santa Marta, en el departamento de Magdalena. Afirmó que en diciembre del año
2009 fueron desplazados forzadamente del predio por actores armados. Con la
aprobación de la Ley 1448 de 2011, el tutelante y su madre, solicitaron la restitución
del mismo ante la Unidad de Restitución de Tierras, territorial de Magdalena.
3. Durante el trámite de restitución, en mayo de 2018, se presentó una oposición a
la petición de restitución. Puntualmente, Raúl Dávila Jimeno quien sostuvo que era
el propietario del inmueble, para ello aportó el folio de matrícula inmobiliaria y
escrituras públicas. Por lo anterior, mediante Resolución RM00887 de diciembre de
2019, la URT negó la petición de restitución por falta de identificación del inmueble.
El tutelante presentó recurso de reposición, y en resolución RM00192 de marzo de
2022, la URT ordenó georreferenciar el predio para su identificación. El tutelante
indica que no se ha logrado la georreferenciación.
4. Mediante resoluciones (RM00346) de mayo de 2023 y de julio del mismo año
(RM00626 de 27 de julio de 2023), la URT negó la inscripción del inmueble en el
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06860-01
Accionante: Osvaldo Enrique Ramos Mercado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
registro de tierras despojadas, pues estimó que no se produjo como resultado del
conflicto armado, sino que fue voluntario.
5. El 1 de septiembre de 2024, el tutelante presentó derecho de petición ante la
presidencia de la República y dirigido a la URT con el fin de solicitar que se
cumpliera el deber legal de identificar el predio despojado y que fuera incluido en el
registro de tierras despojadas. No se dio respuesta a ese derecho de petición.
6. Por lo anterior, ejerció acción de tutela contra la URT y la Presidencia de la
República, la cual fue repartida a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado con radicado 11001-03-15-000-2024-06002-00. En sentencia de
5 de diciembre de 2024, dicha Corporación amparó el derecho de petición del
tutelante y ordenó dar respuesta al derecho de petición de 1 de septiembre de 2024.
La sentencia fue impugnada y mediante sentencia de 21 de febrero de 2025, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sentencia
de primera instancia.
7. El 19 de marzo de 2025, el actor presentó incidente de desacato al considerar
que la URT no había dado cumplimento a lo ordenado en la sentencia de 5 de
diciembre de 2024 dado que no se ha identificado el predio.
8. El 3 de abril de 2025, la URT presentó nulidad por indebida notificación del auto
de vinculación al trámite de tutela. En auto de 22 de abril de 2025, el juez de tutela
de primera instancia se abstuvo de iniciar incidente de desacato, y remitió la petición
de nulidad al juez de tutela de segunda instancia (Subsección B de la Sección
Segunda de la Corporación). En auto de 16 de mayo de 2025, esa corporación
declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que ordenó la vinculación a la
URT, ello pues se evidenció que no se notificó el auto admisorio ni la sentencia.
9. La declaratoria de nulidad fue cumplida en auto de 31 de julio de 2025, cuando la
Subsección A de la Sección Segunda notificó adecuadamente el auto admisorio a
la URT. El 21 de agosto de 2025, el juez de tutela de primera instancia profirió un
nuevo fallo de primera instancia en los mismos términos.
10. La actual petición de amparo se fundamenta en que, a juicio del actor, la
Subsección A de la Sección Segunda no ha cumplido el auto de 16 de mayo de
2025. Sostuvo que nunca se le informó si dicha notificación fue realizada, además
nunca se le notificó la decisión que ejecutó la declaratoria de nulidad. El tutelante
agregó que, la falta de notificación en debida forma impidió que se resolviera el
incidente de desacato, con el consecuente incumplimiento del deber de
identificación del predio.
Trámite de amparo
11. La acción de amparo fue repartida para ser resuelta en sede de primera
instancia a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. A través
de auto del 25 de noviembre de 2025, se admitió la tutela y fue vinculada la autoridad
accionada, la Unidad de Restitución de Tierras, la Presidencia de la República y la
Subsección B de la Sección Segunda de la misma Corporación.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06860-01
Accionante: Osvaldo Enrique Ramos Mercado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
12. La entidad accionada1 intervino con el fin de indicar que, profirió la sentencia
de primera instancia en el trámite de tutela de 2024, pero cuando se inició el
incidente de desacato el mismo no pudo ser adelantado pues la notificación de la
tutela se envió a un correo errado, lo que causó que se declarara la nulidad de lo
actuado y se profiriera una nueva sentencia el 21 de agosto de 2025. Indicó que,
pese a contar con la nueva sentencia, el actor no volvió a promover el incidente de
desacato. Por lo anterior, sostuvo que la subsección actúa de forma adecuada y
diligente.
13. La Unidad de Restitución de Tierras solicitó que se declarara improcedente el
amparo, pues el apoderado del tutelante carece de legitimación en la causa por
activa, pues no aportó poder especial para iniciar la acción de tutela ni justificó
actuar como agente oficioso. Igualmente indicó que el actor, en realidad busca
examinar las resoluciones de la URT que negaron el registro del predio en el registro
de bienes despojados, y para ello contaba con los medios de control de la Ley 1437
de 2011.
14. La Presidencia de la República y la Subsección B de la Sección Segunda no
intervinieron pese a estar notificadas.
Sentencia de primera instancia
15. En sentencia de 28 de enero de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera
de la Corporación declaró improcedente la petición de amparo pues no se satisface
el requisito de subsidiariedad, pues existen mecanismos judiciales pendientes de
agotar, y no se está ante un perjuicio irremediable que permita la procedencia
excepcional.
16. La sentencia de primera instancia concluyó que, la petición de amparo se
concentra en cuestionar la falta de notificación del auto de 21 de noviembre de 2024,
y la no tramitación del incidente de desacato promovido por el accionante en
relación con el cumplimiento de la sentencia de 5 de diciembre de 2024 que había
amparado su derecho.
17. Respecto a la falta de adecuada notificación del auto que declaró la nulidad de
la sentencia de tutela, el juez de primera instancia determinó que el actor cuenta
con el incidente de nulidad dentro del procedimiento mismo de amparo, conforme el
artículo 133 del Código General del Proceso. Respecto a la segunda petición del
actor referida a la falta de tramitación del incidente de desacato respecto de la
sentencia de 5 de noviembre de 2024 proferida en sede de amparo y la cual,
posteriormente fue declarada nula, la subsección C de la Sección Tercera concluyó
que, dicha providencia ya no existe y fue reemplazada por el fallo de 21 de agosto
de 2025, motivo por el cual, el tutelante puede acudir al incidente de desacato en
relación con esa providencia.
1 La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06860-01
Accionante: Osvaldo Enrique Ramos Mercado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Recurso de impugnación2
18. Dentro del término el apoderado de la parte actora presentó impugnación e
indicó que la sentencia de primera instancia fue proferida por fuera del término
previsto para ello, razón por la cual, por ese solo hecho debe ser “anulada”. Agregó
que la Hortensia Belén Mercado había cumplido los requisitos para que su predio
fuese inscrito en el registro de bienes despojados, pero actos de corrupción de
funcionarios de la territorial Magdalena de la URT impidieron ejercer el derecho,
pues se “inventaron que hacía falta identificar el mencionado predio”. Indicó que la
identificación del bien es una obligación de la URT.
19. Indicó que acudió al Consejo de Estado en sede de tutela, con el fin de que le
protegieran sus derechos, pero a su juicio, encontró que las autoridades judiciales
también incurrieron, a su juicio, en acciones dolosas para perjudicarlo, como, por
ejemplo, fallar “extemporáneamente una tutela que no se atrevía a fallar con el fin
de poder denegar el incidente de desacato”. Reprochó que se produjo la nulidad de
la primera sentencia de amparo por decisiones del juez de amparo de primera
instancia. Indicó que la litis de fondo es el cumplimiento de la obligación de identificar
el predio objeto de restitución que se encuentra ordenada en el numeral 4 del
artículo 105 de la Ley 1448 de 2011. Adujo que los jueces constitucionales están
desviando la discusión respecto a su petición principal, la cual es, se insiste la
necesidad de identificación del predio. Agregó:
“La nulidad decretada es una “nulidad inexistente” hecho que a estas alturas
todavía no ha sido estudiado, ni tenido en cuenta por los magistrados del el
Consejo de Estado que han evadido el tema de la inexistencia de la nulidad
decretada.
Por otro lado, tenemos que los magistrados citados dan por sentado que la
solicitud de desacato presentada por el actor es nula y por esto insisten en que
debí realizar nuevamente un nuevo trámite. Esto no es lógico porque dicha
solicitud fue presentada antes de cometerse el error en la notificación, ya que
el acto de la mala notificación fue consecuencia de la solicitud de desacato y
esto quiere decir que la solicitud de desacato fue antes.”
20. Por lo anterior, solicitó “declarar nula” la sentencia de 28 de enero de 2026
proferida por “el magistrado Alberto Montaña” (sic) que declaró improcedente el
amparo. Solicitó dar cumplimiento a lo ordenado en fallo anterior respecto de
ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras-Territorial Magdalena el cumplimiento
de la resolución 00192 de marzo de 2022 que ordena la identificación del predio
despojado a Hortensia Belén Mercado Muñoz. Además, solicitó que se ordene a la
URT la correcta identificación del predio de Raúl Dávila Jimeno, deslindando con
amojonamiento a los dos predios. Añadió:
“3. Ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena
declarar nula toda la actuación realizada a partir de la ejecutoria de la
Resolución 00192 de marzo de 2022.”
4. Ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena
a remitir el expediente contentivo de esta solicitud a los jueces Civiles del
2 Índice samai 29.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06860-01
Accionante: Osvaldo Enrique Ramos Mercado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Circuito Especializados en Restitución de Tierras para lo de su
competencia.
5. Ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena
dar la protección necesaria a la familia Mercado Muñoz para que puedan
volver a ocupar el predio despojado mientras se decide su situación legal.
6. Ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena
que preste la ayuda necesaria para que la familia Mercado Muñoz pueda
realizar algún emprendimiento en el predio, que es necesario para su
subsistencia.
7. Ordenar a la Unidad de Restitución de Tierras - Territorial Magdalena
prestar la protección necesaria a mi persona como apoderado y a mi
familia en este proceso. (…)”
CONSIDERACIONES
Competencia
21. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Determinación del problema jurídico
22. En el escrito de amparo y el recurso de impugnación, el apoderado de la parte
actora realiza reproches a la Unidad de Restitución de Tierras respecto de la
identificación de un predio que es denunciado como despojado forzosamente a la
señora Hortencia Belem Mercado Muñoz. Por otro lado, el apoderado de la parte
tutelante hace recriminaciones a la subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que en el año 2024 adelantó una primera acción de tutela que
llevó a una sentencia que a la postre fue anulada y fue reemplazada por un nuevo
fallo de amparo. Respecto del fallo anulado se había iniciado un incidente de
desacato el cual fue archivado por la falta de notificación del auto admisorio de la
demanda. Respecto de la sentencia de tutela de reemplazo, el actor no ha ejercido
un nuevo incidente de desacato. Finalmente, en su contestación, la URT indicó que
la acción de tutela debía ser declarada improcedente pues el profesional del
derecho carece de poder especial para actuar.
23. En esa medida, de manera preliminar, la sala debe resolver si en el caso
concreto el amparo resulta procedente para cuestionar las decisiones del URT y las
de la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado, puntualmente,
respecto del cumplimiento del requisito de subsidiariedad y de legitimación en la
causa por activa.
24. En caso de que se concluya que la acción de tutela es procedente, se formulará
un problema jurídico de fondo. Por ello, en primer lugar, se examinará si se satisface
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06860-01
Accionante: Osvaldo Enrique Ramos Mercado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
el requisito de legitimación en la causa por activa respecto del profesional del
derecho.
Legitimación en la causa
25. El Artículo 10 del decreto 2591 de 1991 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de manera directa por el titular del derecho o a través de apoderado
judicial. En aquel caso, la jurisprudencia constitucional ha prescrito que el contrato
de mandato debe ser especial, y recaer sobre el profesional en derecho. En la
Sentencia T-292 de 20213 se indicó:
“De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el apoderamiento judicial es
una subespecie de la representación, que “(i) [consiste en] un acto jurídico
formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) Se concreta en un escrito,
llamado poder que se presume auténtico. (iii) El referido poder para promover
acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) el poder conferido
para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso
no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv)
El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho habilitado con tarjeta profesional”.
26. En el caso de la referencia, en índice samai 5 se observa poder especial
otorgado por Osvaldo Enrique Ramos Mercado, actuando como heredero de
Hortencia Belén Mercado Muñoz en favor de Octavio Segundo Vence Pisciotti, el
contenido de aquel mandato es:
“(…) para que en mi nombre y representación presente acción de tutela contra
la Unidad Especial de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas
por violación al debido proceso o el derecho fundamental que se demuestre me
fue vulnerado dentro del proceso de restitución de tierras radicado bajo el No.
ID 66273, todo conforme a los hechos y consideraciones que mi apoderado
exponga en su oportunidad” (negrilla dentro del texto)
27. En el caso concreto esta Sala observa que el poder especial solo se refirió a
ejercer la acción de tutela en contra de la Unidad de Restitución de Tierras y no se
otorgó mandato para accionar contra alguna autoridad judicial, incluida el Consejo
de Estado. Por lo anterior, respecto de la acción de tutela se declarará la
improcedencia del amparo promovido contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado por no satisfacer el requisito de legitimación en la
causa por activa.
28. Respecto de las peticiones de amparo y del escrito de impugnación relacionadas
con el deber de la URT de identificar el predio objeto de petición de restitución y de
identificación, se verifica que esta fue la misma petición de protección que se
produjo en el trámite constitucional con radicado 11001-03-15-000-2024-06002-02.
Ello con la precisión que en aquel proceso constitucional se accionó contra la URT
y la presidencia de la república. A continuación, se precisan las peticiones de los
dos trámites constitucionales.
3
M.P. Paola Meneses. En el mismo sentido la SU-388 de 2022 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06860-01
Accionante: Osvaldo Enrique Ramos Mercado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Petición dentro del radicado 2024- Petición dentro del radicado 2025-
06002 en relación con la URT4 06860 en relación con la URT5
“Respetuosamente le solicito al señor “(…) se ordene, a la Unidad de
presidente de la República que haga Restitución de Tierras Despojadas y
cumplir el mandato legal de Abandonadas - Territorial Magdalena a
identificar el predio despojado a mi identificar el predio de la señora
mandante y obrando en consecuencia Hortensia Belén Mercado Muñoz y
ordene registrarlo en el Registro de para la efectividad del derecho material
Tierras Despojadas sin que a mi solicito que el predio sea deslindado y
mandante se le exija algún otro amojonado”
requisito.”
29. El núcleo central de la petición del escrito de amparo, reiterado en el escrito de
impugnación en relación con la URT es que se identifique el predio objeto de petición
de restitución. Ello fue resuelto dentro del radicado 2024-06002-02, el cual fue
resuelto en sentencia de 21 de agosto de 2025 proferido por la Subsección
Segunda, subsección B de la corporación.
30. El apoderado de la parte actora sostiene en el recurso de impugnación que en
su criterio no debe iniciar el incidente de desacato respecto de esa sentencia de 21
de agosto de 2025, puesto que, ya lo había iniciado antes, en relación con la
sentencia de 5 de diciembre de 2024, la cual, como ya se indicó fue anulada por
inadecuada notificación del auto admisorio. No obstante, conforme el artículo 6 del
decreto 2591 de 1991 por medio del cual se reglamenta el derecho de tutela, es una
obligación del tutelante agotar todos los medios judiciales ordinarios y
extraordinarios, motivo por el cual, puesto que la pretensión del escrito de amparo
sub lite fue resuelto en la sentencia de 21 de agosto de 2025, el tutelante debe
solicitar el cumplimiento de dicho fallo a través del incidente de desacato o el medio
de cumplimiento de sentencia.
31. Por lo anterior, se confirmará la sentencia de 28 de enero de 2026 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera en cuanto declaró improcedente la petición
de protección, pero por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
4
Índice samai 2 certificado 6D9218B144A0A912 0E111A8E0F972AEB CDEAA95DDF1514D4
1D78224F4DB3255E dentro del radicado 2024-06002-00.
5
Escrito de amparo, índice samai 2 dentro del radicado sub lite.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06860-01
Accionante: Osvaldo Enrique Ramos Mercado
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de enero de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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