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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06004-00

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06004-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el DAPRE. En consecuencia, será desvinculado del presente asunto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por David Jiménez Osuna, por falta de legitimación en la causa por activa, respecto de los derechos fundamentales a la defensa, mínimo vital y al suministro del servicio de energía, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. CUARTO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al de petición del señor David Jiménez Osuna, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. QUINTO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, resuelva los recursos de queja identificados con número 20248004579102 y 20248004774392, que fueron interpuestos por el señor David Jiménez Osuna. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 19 Radicado: 11001 03 15 000 2024 06004 00 Demandante: David Jiménez Osuna SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SÉPTIMO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06004-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de abril de 2025

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06004 00
Demandante: David Jiménez Osuna

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 11001 03 15 000 2024 06004 00
Accionante: David Jiménez Osuna
Accionado: Presidencia de la República, Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, Procuraduría General de la Nación y Caribemar de la Costa S.A.S.
ESP
Tesis: Es improcedente la acción de tutela que pretende la protección de los
derechos a la defensa, al mínimo vital y al suministro del servicio de energía, si el
actor carece de legitimación para solicitar el amparo, al no ser el propietario del bien
inmueble o del establecimiento de comercio donde se presentó el presunto hecho
generador de la afectación.
Se vulneran los derechos al debido proceso y al de petición de una persona que
interpuso recursos de queja en contra de la decisión de una empresa prestadora de
servicios públicos, si transcurrieron más de dos (2) meses sin que la autoridad
encargada los haya decidido.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor David Jiménez Osuna en
contra de la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación y Caribemar de la Costa S.A.S.
ESP.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. David Jiménez Osuna, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela en
contra de la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (en adelante Superintendencia o SSPD), la Procuraduría General de
la Nación y la empresa Caribemar de la Costa S.A.S. ESP (en adelante Caribemar),

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Demandante: David Jiménez Osuna

al considerar que le están vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa, petición, mínimo vital y suministro del servicio de energía, con la falta de
decisión del recurso de queja en el proceso administrativo y la suspensión del anotado
servicio.

En el escrito de amparo solicitó lo siguiente:

“PRETENSIONES

PRIMERO: Honorable magistrado ampare los derechos fundamentales al
debido proceso, petición, mínimo vital y suministro de energía.

SEGUNDO: Ordene a la empresa a enviar los expedientes de las reclamaciones
con radicados RE3110202481645 - RE3110202490322 a la superservicios para
que resuelva en última instancia.

TERCERO: Ordene a la superservicios a ejercer sus funciones como ente
fiscalizador y de control, tal y como lo hacen las otras superintendencias del
país.

CUARTO: Remita copia a la fiscalía para que inicie las investigaciones por el
delito de concierto para delinquir.

QUINTO: Ordene a la presidencia a ejercer sus funciones como suprema
autoridad administrativa ya que esta presidencia la única respuesta queda es
que no habían sido notificados de esta situación en donde los abusos de la
empresa afinia es un hecho notorio en todo el país, no solo en la costa
atlántica.”1.

Por su parte con la solicitud de la medida provisional expuso las siguientes
solicitudes:

“PRETENSIONES

PRIMERO: El magistrado ampare los derechos fundamentales al debido
proceso, petición, mínimo vital y suministro de energía.

SEGUNDO: Ordene a la empresa a instalar el servicio de energía eléctrica y
poner en reclamación el valor de $16.486.430 garantizando el debido proceso.

TERCERO: Ordene a la Superservicios a poner en conocimiento a la empresa
de la existencia del recurso de queja SSPD 20248004579102.

CUARTO: Ordene al consejo de estado a emitir pronunciamiento sobre la
acción de tutela con No 2420039.”2

1.2. Como fundamento de la solicitud, informó que el 10 de septiembre de 2024
presentó reclamación en contra del cobro realizado por la empresa Caribemar por el

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
2 Visible a índice 4 ibidem.

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concepto de sanción por “consumo no registrado pendiente por facturar”, por un valor
de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta pesos
($16.486.430). La misma fue justificada en el hecho de que, durante la visita al
inmueble, no se encontraba nadie presente, lo que a su juicio, vulneró el debido
proceso.

Expuso que, la sociedad dio respuesta el 27 de septiembre de 2024, mediante oficio
nro. RE3110202481645 negando la petición y señalando que procedía el recurso de
reposición y en subsidio el de apelación. Resaltó que, no se le informó que debía pagar
las facturas que no eran objeto de reclamo.

Puso de presente que, radicó recurso de reposición y de apelación en contra de la
anterior decisión. Sin embargo, fue rechazado a través del escrito con número de
radicado RE3110202481648 del 11 de octubre de 2024, en el que se indicó que para
la fecha el actor tenía pendiente por pagar un valor de dieciocho millones ochocientos
sesenta y tres mil trescientos ochenta y ocho pesos ($ 18.863.388) de las facturas del
servicio de energía de los meses de enero a septiembre de 2024, por lo que no era
procedente interponer el recurso, pues de acuerdo con el inciso 2 del artículo 155 de
la Ley 142 de 1994, para recurrir el suscriptor debe acreditar el pago de las sumas que
no han sido objeto de controversia.

Recalcó que la empresa Caribemar no podía exigir el pago de los valores que están
siendo objeto de controversia, ya que el monto total de dieciocho millones ochocientos
sesenta y tres mil trescientos ochenta y ocho pesos ($18.863.388) corresponde a la
suma de la sanción impuesta de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y seis mil
cuatrocientos treinta pesos ($16.486.430), el cobro del medidor y el consumo de los
meses de septiembre y octubre de 2024. No obstante, respecto al cobro del medidor,
se presentaron los argumentos de desacuerdo el 4 de octubre de 2024 mediante el
radicado SSPD 20248004431112, y el consumo de septiembre y octubre fue
cancelado oportunamente.

Informó que, el 16 de octubre de 2024 instauró recurso de queja, al que le fue asignado
el número de radicado SSPD 20248004579102, y que en esa misma fecha notificó a
la empresa prestadora del servicio que el mismo estaba en trámite, por lo que no podía
proceder con la suspensión del servicio. No obstante, la empresa respondió el 28 del
mismo mes y año, indicando que no había recibido ninguna comunicación por parte

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de la autoridad competente sobre dicho proceso, por lo que no podía detener el cobro
de la factura, así que remitió el aviso de suspensión.

Sobre el cobro del medidor agregó que, Caribemar había dado respuesta dentro del
trámite administrativo el 15 de octubre de 2024, confirmando el valor adeudado e
indicando que el actor debía cancelar la factura de enero de 2024, que tiene un costo
de novecientos veintiún mil sesenta y ocho pesos ($ 921.068). Al respecto, el
accionante aportó la siguiente imagen, para demostrar que había efectuado los pagos
de los cobros que menciona la empresa; veamos:

Arguyó que, interpuso recurso de reposición y apelación alegando que la factura de
enero de 2024 había sido pagada en cuatro (4) ocasiones. Pero Caribemar,
nuevamente negó la interposición de estos, mediante escrito nro. RE3110202490322.

Mencionó que, radicó recurso de queja el 28 de octubre de 2024, a través del escrito
SSPD 20248004774392 a los correos designados por la Superintendencia.

Afirmó que, el Presidente de la República y la Procuraduría General de la Nación no
han ejercido control frente al actuar de Caribemar, ya que en varias ocasiones esta ha
vulnerado los derechos de los usuarios.

En el escrito de reforma a la demanda, anunció que el 7 de noviembre de 2024, le
suspendieron el servicio de energía, sin que previamente se le notificara dicha
situación vulnerándole así su derecho al debido proceso, defensa, contradicción y
segunda instancia

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06004 00
Demandante: David Jiménez Osuna

2.1. El expediente fue sometido a reparto el 11 de noviembre de 2024 y allegado al
Despacho sustanciador el 7 de ese mismo mes y año3.

2.2. El proceso de la referencia fue admitido mediante providencia del 13 de noviembre
de 2024, en el que particularmente se ordenó notificar al Presidente de la República,
a la empresa Caribemar, a la SSPD y a la Procuraduría General de la Nación y
comunicar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado4.

2.3. En la misma fecha, el actor allegó escrito solicitando el decreto de una medida
provisional relacionada con la reinstalación del servicio de energía.

2.4. En memorial del 20 de noviembre de 20245, la Procuraduría General de la
Nación contestó la demanda bajo los siguientes argumentos:

Indicó que, al revisar el Sistema de Información de Gestión Documental Electrónica y
de Archivo SIGDEA y Dokus no encontró alguna solicitud relacionada con los hechos
que expone el actor; por lo que insta al señor David Jiménez a que procesa a instalar
la petición, con el fin de que dicha entidad ejerza el control correspondiente frente al
actuar de Caribemar.

Solicitó ser exonerada de responsabilidad, debido a que no se evidencia que esa
entidad haya vulnerado los derechos invocados.

2.5. Por su parte Caribemar, informó que el 10 de septiembre de 2024, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le remitió por competencia la
reclamación presentada por el actor, relacionada con la inconformidad con el consumo
del mes de septiembre de 2024, la cual fue recibida bajo el radicado
RE3110202481645. Esta fue contestada el 27 del mismo mes y año, mencionándole
que no se accedía a la reclamación y que ante dicha decisión procedía el recurso de
reposición ante la compañía y en subsidio el de apelación.

3 Visible a índice 1 ibidem.
4 Visible a índice 6 ibidem.
5 Visible a índice 11 ibidem.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06004 00
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Adujo que el 4 de octubre de 2024, el actor interpuso recurso de reposición y
apelación, los cuales fueron negados el 11 de octubre de 2024. En esa ocasión, se le
advirtió que podía presentar el recurso de queja ante el superior.

Resaltó que, a la fecha no había sido requerido por la Superintendencia, lo que
demostraba que no generó la vulneración de los derechos.

Asimismo, expuso que el 4 de octubre de 2024, recibió una nueva reclamación sobre
el cobro del medidor, al cual le asignaron el radicado RE3110202490322. Manifestó
que dio respuesta el 15 de octubre de 2024, con el consecutivo 202471318888,
negando la petición.

Señaló que, el 19 de octubre del mismo año el señor David Jiménez Osuna presentó
reposición y en subsidio el recurso de apelación en contra de la mencionada decisión.
Sin embargo, no se accedió a estos a través del oficio 202471352023 del 24 de
octubre de 2024 y se indicó que podría instaurar el de queja ante la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.

Añadió que la acción de tutela era improcedente, debido a que lo pretendido era el
estudio de legalidad de los actos administrativos que negaron las reclamaciones del
actor, por lo que existían otros mecanismos a los cuales podía acudir, como son la
reclamación prevista en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, el recurso de queja ante
el superior jerárquico y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.6. En escrito del 22 de noviembre de 20246, la SSPD dio respuesta formulando la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la orden de
corte, reconexión y vinculación de un reclamo a la facturación es una actuación propia
de la empresa Caribemar, más no de la entidad de control.

Afirmó que, no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor,
debido a que le dio trámite correspondiente a las peticiones que este radicó respecto
de la anulación de la factura por el valor de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y
seis mil cuatrocientos treinta pesos ($16.486.430) y sobre el cobro por la entrega del
medidor que fue por un costo de doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos

6 Visible a índice 13 ibidem.

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cincuenta pesos ($287.450), es decir, los días 8 de julio y 4 de octubre de 2024, remitió
las solicitudes a la empresa prestadora para que resolviera las reclamaciones de
acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 1994.

Manifestó que, el presente proceso era improcedente, ya que la Superintendencia no
había incurrido en acciones u omisiones que generaran la afectación de los derechos
del señor Jiménez Osuna.

Por último, resaltó que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable, ya
que es claro que el acto contaba con el proceso administrativo para hacer valer sus
afectaciones.

2.7. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación7 señaló que, al consultar el
Sistema de Información SPOA, no encontró noticia criminal relacionados con los
hechos que motivaron la solicitud de amparo. Sin embargo, para dar cumplimiento a
la cuarta pretensión de la demandada, dio inicio a la investigación correspondiente por
el delito de “concierto para delinquir”8, a la cual le fue asignada el nro. 20 001 60 01231
2024 12504 y repartida a la Fiscalía 30 Delegada ante los Jueces Municipales y
Promiscuos.

2.8. Por último, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(en adelante DAPRE) dio respuesta en escrito del 25 de noviembre de 2024,
argumentando lo siguiente:

Aseveró que, no reposa en el área de correspondencia de la entidad petición por parte
del actor. Asimismo, mencionó que, no son los competentes de resolver sobre la
modificación de los cobros emitidos por Caribemar, pues la entidad encargada de la
vigilancia y control de dicho tema es la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliaros, por lo que es esta la llamada a responder.

Solicitó ser desvinculada por carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que no esta dentro de sus funciones la reconexión del servicio de energía; además, la
vulneración de los derechos no se desprende del actuar de dicha autoridad.

7 Visible a índice 15 ibidem.
8 Folio 15 del índice 15 ibídem.

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Demandante: David Jiménez Osuna

2.9. En auto del 4 de diciembre de 20249, se negó la solicitud de medida provisional.

2.10. El 22 de enero de 202510, el Consejero Oswaldo Giraldo López presentó
manifestación de impedimento, por considerarse incurso en la causal prevista en el
numeral 1° del artículo 56 del Código del Procedimiento Penal, la cual se declaró
infundada por la Sala de la Sección Primera en proveído del 6 de febrero de 202511.

2.11. En auto del 28 de febrero de 202512, el Despacho sustanciador requirió a la
empresa Caribemar para que informara cuáles habían sido las razones que la llevaron
a suspender el servicio de energía en el inmueble ubicado en la Calle 12 nro. 17- 54
del Municipio de Valledupar, identificado en el sistema comercial con NIC 1322772.
Asimismo, se le solicitó a la Superintendencia para que pusiera en conocimiento en
qué etapa se encontraban los recursos de queja identificados con radicados
202480045791102 del 16 de octubre de 2024 y 20248004774372 del 28 del mismo
mes y año.

2.12. A través de escrito del 4 de marzo de la presente anualidad, la sociedad
Caribemar dio respuesta señalando que, la suspensión del servicio de energía en el
predio antes mencionado, se había efectuado el 26 de julio de 2024 y no había sido
consecuencia de la falta de pago de las facturas reclamadas en el expediente
RE3110202481645.

Como prueba de ello aportó el siguiente pantallazo:

9 Visible a índice 22 ibidem.
10 Visible a índice 27 ibidem.
11 Visible a índice 33 ibidem.
12 Visible a índice 39 ibidem.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06004 00
Demandante: David Jiménez Osuna

Informó que, en la actualidad el inmueble identificado con NIC 1322772 cuenta con
el servicio activo de energía, lo que demuestra que no se le están vulnerando los
derechos fundamentales al actor. Como fundamento de ello, trajo a colación una
imagen del sistema en el que se observa el consumo mensual; veamos:

2.13. La Superintendencia guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral decimosegundo del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1°
del Decreto 333 de 202113, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asignó a esta Sección el

13 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
12. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo
las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas, políticas,
programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades
públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento
en primera instancia, al Consejo de Estado.”

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06004 00
Demandante: David Jiménez Osuna

conocimiento de este tipo de acciones constitucionales, esta Sala es competente
para conocer del presente asunto.

3.2. Hechos relevantes

3.2.1. El 10 de septiembre de 2024, el demandante presentó reclamación en contra
de la factura del servicio de energía del mes de septiembre de 2024, emitida por
Caribemar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sin
embargo, esta la remitió a dicha empresa, la cual le asignó el número de radicado
RE3110202481645.

3.2.2. El 27 de septiembre de 2024, mediante el consecutivo nro. 202471266400 la
compañía negó la solicitud.

3.2.3. El 4 de octubre de 2024, el señor David Jiménez Osuna presentó recurso de
reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión. No obstante,
Caribemar el 11 del mismo mes y año en oficio nro. 202471313400, negó la
procedencia de aquellos por estar pendiente el pago de unas facturas que no eran
motivo de controversia.

3.2.4. De igual forma, el 4 de octubre de 2024, el demandante instauró reclamación
en contra el valor facturado por la instalación del medidor y le fue asignado el
número de radicado RE3110202490322.

3.2.5. La empresa Caribemar resolvió la petición el 15 de octubre de 2024 con el
escrito identificado 202471318888, en el sentido de confirmar los montos cobrados.

3.2.6. El 16 de octubre de dicho año, el actor presentó ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios recurso de queja en contra de la decisión que negó
el recurso de apelación instaurado en contra de la decisión del 11 de octubre de
2024, a este le fue asignado el número de radicación 20248004579102.

3.2.7. Posteriormente, el señor Jiménez Osuna interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación contra el acto del 15 de octubre de 2024, que negó la
anulación del valor del medidor. Por su parte, Caribemar resolvió no acceder a la
petición el 24 del mismo mes y año con el consecutivo 202471352023.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06004 00
Demandante: David Jiménez Osuna

3.2.8. El 28 de octubre de 2024, el accionante presentó recurso de queja contra la
citada decisión.

3.2.9. El 7 de noviembre de la mencionada anualidad, le fue suspendido el servicio
de energía al actor.

3.2.10. Inconforme con lo anterior, el señor David Jiménez Osuna presentó la acción
de tutela de la referencia.

3.3. Solicitudes de desvinculación

3.3.1. Respecto de las solicitudes de desvinculación presentadas por el DAPRE y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es preciso indicar lo que el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, señala:

“Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos,
sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.”

De acuerdo con lo anterior y tal como se expresó en el auto admisorio de la demanda,
las mencionadas entidades fueron vinculadas al proceso debido a que se les atribuyó
el desconocimiento de los derechos fundamentales invocados por el actor. No
obstante, la afectación que se le atribuye al DAPRE está relacionada con la falta de
control y vigilancia sobre la empresa Caribemar, respecto a los cobros excesivos en
el servicio de energía.

En consecuencia, se advierte que le asiste razón a dicha entidad al señalar que carece
de legitimación en la causa por pasiva para intervenir en este asunto, dado que no es
la encargada de inspeccionar, vigilar o controlar a las empresas de servicios públicos
domiciliarios, pues según lo previsto en el numeral 4 del artículo 6 del Decreto 1369
de 2020, esas funciones recaen exclusivamente en la SSPD. Por lo tanto, se declarará
probada la excepción planteada por el DAPRE y, en consecuencia, será desvinculada
del proceso.

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06004 00
Demandante: David Jiménez Osuna

Por otro lado, en relación con la Superintendencia, deberá negarse el anotado medio
exceptivo, dado que uno de los puntos en controversia planteados por el señor David
Jiménez Osuna es la falta de resolución de los recursos de queja que interpuso contra
los actos emitidos por Caribemar, mediante los cuales se negó la procedencia de la
alzada respecto de las reclamaciones.

3.4. Análisis de la Sala

De lo expuesto hasta el momento, la Sala advierte que son dos las circunstancias
de las que el demandante deriva la presunta afectación de sus derechos
fundamentales: i) la suspensión del servicio de energía en el predio ubicado en la
Calle 12 nro. 17- 54 del Municipio de Valledupar, por parte de Caribemar y ii) la falta
de resolución de los recursos de queja fueron interpuestos ante la SSPD y a los cuales
le fueron asignados los radicados 202480045791102 del 16 de octubre de 2024 y
20248004774372 del 28 del mismo mes y año.

3.4.1. Alcance de la acción de tutela. Consideraciones generales

Teniendo claro lo anterior y antes de descender al caso en concreto es necesario
señalar que, el artículo 86 de la Carta Política dispone los siguientes requisitos
generales de procedencia de las peticiones de amparo:

Articulo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste
lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y
su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el

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solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.” (Subrayas de la
Sala).

Dicho artículo ha sido interpretado por la Corte Constitucional, Corporación que ha
señalado que los requisitos de procedencia son: (i) legitimación en la causa, (ii) que
la demanda se interponga en un plazo razonable – inmediatez y (iii) que el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que la tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable - subsidiariedad. Sobre
el particular, en sentencia T-091 de 2018, se señaló:

“3. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

30. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
puede ejercer la acción de tutela “mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre”, para la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que resulten amenazados
o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de
particulares. La acción de tutela resulta procedente cuando el accionante no
disponga de otro medio de defensa judicial eficaz para la protección de sus
derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable.

31. En esta medida, antes de pronunciarse de fondo sobre el caso concreto, es
deber del juez constitucional verificar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, a saber: (i) la legitimación en
la causa por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad.”
(Subrayas de la Sala).

Así las cosas, se procederá con el estudio de la controversia planteada a la luz de
los requisitos generales.

3.4.2. Sobre la suspensión del servicio de energía

Corresponde a la Sala determinar si se vulnera los derechos fundamentales del
demandante al debido proceso, a la defensa, al derecho de petición, al mínimo vital y
al suministro del servicio de energía, la suspensión del servicio de energía en el
inmueble en el que opera un establecimiento de comercio – discoteca.

Lo que en principio advierte esta Corporación es que, tras revisar las pruebas
aportadas en el plenario, no se acreditó que el señor David Jiménez Osuna ostente
la calidad de propietario del predio que se encuentra localizado en la Calle 12 nro.
17- 54 del Municipio de Valledupar, ni que figure como propietario del establecimiento

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de comercio – discoteca que aparentemente funciona en dicho lugar, respecto del cual
se afirma que fue suspendido el servicio de energía el día 7 de noviembre de 2024.

Ahora, mediante escrito del 4 de marzo de 2025, la sociedad Caribemar aportó una
imagen en la que se puede identificar que el “cliente” del servicio de energía en la
vivienda ubicada en la dirección mencionada, es la señora Ligia Paulina Maestre;
veamos:

De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que el señor David Jiménez Osuna
carece de legitimación en la causa por activa para solicitar la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al derecho de petición, al
mínimo vital y al suministro del servicio de energía, los cuales consideró vulnerados
con la presunta suspensión del mencionado servicio, pues no logró demostrar que
fuera el titular de los mismos, ya que como se pudo observar quien aparece como
suscriptora del servicio público es la señora Ligia Paulina Maestres. Por lo tanto, es
ella quien cuenta con la facultad para exigir su reconexión.

Al margen de lo expuesto es importante resaltar que de la imagen anterior también
se desprende que no le asiste razón al demandante cuando afirma que Caribemar
le retiró el servicio de energía, pues como se puede observar, para el mes de
noviembre de 2024, este se encontraba activo en el inmueble en cuestión. En otras
palabras, el hecho generador de la transgresión carece de fundamento.

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3.4.2. Sobre la falta de decisión de los recursos de queja

La Sala tendrá que resolver si se vulneran los derechos fundamentales al debido
proceso y de petición del señor David Jiménez Osuna, si la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios no ha resuelto los recursos de queja que interpuso
en contra de las decisiones de la empresa prestadora del servicio de energía que
negaron el de apelación frente a las reclamaciones presentadas.

3.4.2.1. Pues bien, al consultar el aplicativo virtual de la SSPD, se advierte que los
expedientes número 20248004579102 y 20248004774392, a los que se dio
apertura con ocasión de los recursos de queja presentados por el accionante, se
encuentran en estado de “Gestión”; veamos:

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Lo dicho demuestra que han transcurrido más de cuatro (4) meses desde que el
demandante radicó directamente los recursos en la SSPD (pues Caribemar no los
remitió), sin que al día de hoy se haya emitido respuesta alguna.

En ese sentido, siendo que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, no prevé un plazo
para desatar el recurso de queja, lo procedente es aplicar por analogía lo dispuesto
en el artículo 86 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, respecto al silencio administrativo en recursos, el cual dispone un
término máximo de dos (2) meses para desatarlo.

3.4.2.2. Al respecto, es oportuno recordar que la Corte Constitucional14, comprendió
dentro del concepto de garantía del debido proceso y específicamente, del debido
proceso administrativo, que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, es
decir, que se contempla como un derecho pero también como parte de las
obligaciones de la administración a cumplir con los plazos establecidos por la ley
para responder a las solicitudes presentadas por los interesados; veamos:

“77. Esta Corte ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso administrativo, entre otros, los derechos a (i) que la actuación se surta
sin dilaciones injustificadas; y (ii) que la actuación se adelante con el pleno
respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico.

78. La dilación injustificada se presenta cuando la duración de un procedimiento
supera el plazo razonable. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
razonabilidad del plazo se establece en cada caso particular y ex post teniendo

14 Sentencias T 051 de 2016 y T 796 de 2006.

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en cuenta los siguientes elementos (i) la complejidad del asunto; (ii) la actividad
procesal del interesado; (iii) la conducta de la autoridad competente; y (iv) la
situación jurídica de la persona interesada.

79. En los casos en que no se ha sobrepasado el término legal para fallar, no
es posible predicar la existencia de una mora administrativa. Sin embargo, en
estos casos es posible que se transgreda el imperativo de la razonabilidad del
plazo. Ello podría suceder, por ejemplo, en un caso extremadamente sencillo
en el que desde un principio se encuentren todos los elementos de juicio para
la adopción del fallo o acto administrativo definitivo, y sin embargo, la autoridad
dilate injustificadamente la decisión de fondo.

80. La Corte Constitucional ha señalado que cuando la demora en un trámite
administrativo o judicial afecta derechos de sujetos de especial protección, es
posible ordenar la alteración del turno para la decisión.” (Subrayas de la Sala)

De otro lado, es relevante también señalar que en múltiples ocasiones la Corte
Constitucional15, concibió los recursos como “una expresión más del derecho de
petición, pues a través de este mecanismo el administrado eleva ante la autoridad
pública una petición respetuosa que tiene como finalidad obtener la aclaración, la
modificación o la revocación de un determinado acto”16.

3.4.2.3. De acuerdo con lo anterior, resuelta evidente que no se han cumplido las
garantías establecidas por la Corte Constitucional para proteger el derecho al debido
proceso administrativo en el caso en concreto, debido a que los recursos de queja
interpuestos por el señor David Jiménez Osuna contra de las decisiones de
Caribemar, no se han resuelto, sin que medie justificación a su retraso, cuestión que
resulta palmaria si se recuerda que el Despacho Sustanciador requirió de esta
autoridad información sobre el trámite sin obtener respuesta sobre el particular.

Nótese que las peticiones fueron radicadas el 16 y 28 de octubre de 2024 y el término
de los dos (2) meses finalizó el 16 y 28 de diciembre del mismo año. Esto significa
que, hasta la fecha han transcurrido más de cuatro (4) meses sin que el demandante
reciba una respuesta.

En consecuencia, la Superintendencia está vulnerando los derechos fundamentales
al debido proceso y al de petición con la falta de decisión de los recursos de queja que
presentó el actor, debido a que la misma ha actuado con negligencia y descuido, ya
que no ha velado por que el proceso sea ejecutado asegurando el ordenado
funcionamiento de la administración.

15 Ver entre otras, sentencias T 372 de 2003, T 879 de 2009 y T 682 de 2017.
16 Sentencia T 918 del 7 de diciembre de 2009, MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Así las cosas, la Sala amparará dichos derechos y en consecuencia, ordenará a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, resuelva los recursos de queja identificados con los números
20248004579102 y 20248004774392, que fueron presentados por el señor David
Jiménez Osuna.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el DAPRE. En consecuencia, será desvinculado del
presente asunto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por David
Jiménez Osuna, por falta de legitimación en la causa por activa, respecto de los
derechos fundamentales a la defensa, mínimo vital y al suministro del servicio de
energía, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al de
petición del señor David Jiménez Osuna, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas, resuelva los recursos de queja
identificados con número 20248004579102 y 20248004774392, que fueron
interpuestos por el señor David Jiménez Osuna.

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SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SÉPTIMO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los
términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 3 de abril de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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