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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00774-00

Fecha
29 de abril de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00774-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por David Jiménez Osuna. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00774-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

29 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00774-00
Accionante: David Jiménez Osuna
Autoridad: Consejo de Estado-Sección Primera y otros
Asunto: Acción de tutela

TUTELA-Requisitos de la solicitud. MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada y el
desconocimiento negligente de términos.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por David Jiménez Osuna contra el
Consejo de Estado-Sección Primera, Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. (AFINIA)
y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 12 de febrero de 2025, David Jiménez Osuna, en nombre propio, interpuso acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos de petición y mínimo
vital, que alega vulnerados por: i) Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. AFINIA
GRUPO EPM, por haberle negado el recurso de apelación por no haber pagado su
factura de energía1; ii) la Superintendencia de Servicios Públicos, por no haber
resuelto la queja contra la empresa prestadora de servicios públicos2 y, por último,
el iii) Consejo de Estado-Sección Primera, por no haber proferido sentencia de tutela
en la acción interpuesta por el accionante el 1 de noviembre de 2024 y admitida el
13 del mismo mes3.

Las pretensiones de su acción son las siguientes:
PRIMERO: El honorable juez constitucional ampare el derecho
fundamental de petición y derecho de defensa.
SEGUNDO: Se ordene a la superservicios a dar respuesta del recurso de
queja con radicado radicado SSPD 20248004579102 del 16/10/2024.

1 Rad. RE3110202481645. Consecutivo 202471313400.
2 Procedimiento con Rad. SSPD20248004579102.
3 Identificado con número de radicado: 11001-03-15-000-2024-06004-00 .

2
Expediente No. 11001-03-15-000-2025-00774-00
Solicitante: David Jiménez Osuna
Acción de tutela-primera instancia

TERCERO: Se ordene a la sección primera - sala de lo contencioso
administrativo– Consejo de estado a emitir sentencia de tutela y notificarla
en debida forma.
CUARTO: Se compulse copia a la procuraduría general de la nación por
las faltas diciplinarias [sic] cometidas por el gerente general de
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P afinia, al superintendente
general de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS y a la DIRECTORA REGIONAL NORORIENTE DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

2. Hechos relevantes

David Jiménez Osuna solicitó la anulación de una factura de energía eléctrica, a
través de reclamación ante la empresa Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P.
(AFINIA- Grupo EPM). Ante la negativa de la empresa, interpuso recursos de
reposición y apelación, que fueron rechazados porque, de acuerdo con lo que afirma
la empresa, el accionante ha acumulado varias facturas que le generan deuda. De
acuerdo con lo manifestado en el expediente administrativo, la empresa requirió al
accionante para que pagara el promedio del consumo de los últimos cinco meses,
para acceder a los recursos correspondientes.

Ante ello, el 16 de octubre de 2024, el accionante interpuso recurso de queja ante
la Superintendencia de Servicios Públicos Domicilarios, que todavía no ha sido
resuelto. De acuerdo con la empresa, el recurso de queja no les ha sido notificado.
Este hecho fue advertido por el accionante al hacer un nuevo reclamo, porque la
factura objeto del trámite inicial estaba generando suspensión del servicio de
energía.

El 1 de noviembre de 2024, el accionante promovió acción de tutela para que se
iniciaran investigaciones y se le restableciera el servicio de energía. Las
pretensiones ventiladas en esa oportunidad fueron las siguientes:

PRIMERA: Honorable magistrado ampare los derechos fundamentales al
debido proceso, petición, mínimo vital y suministro de energía.
SEGUNDO: Ordene a la empresa a enviar los expedientes de las
reclamaciones con radicados RE3110202481645 - RE3110202490322 a
los superservicios para que resuelva en última instancia.
TERCERO: Ordene a los superservicios a ejercer sus funciones como
ente fiscalizador y de control, tal y como lo hacen las otras
superintendencias del país.

3
Expediente No. 11001-03-15-000-2025-00774-00
Solicitante: David Jiménez Osuna
Acción de tutela-primera instancia

CUARTO: Remita copia a la fiscalía para que inicie las investigaciones
por el delito de concierto para delinquir.
QUINTO: Ordene a la presidencia a ejercer sus funciones como suprema
autoridad administrativa ya que esta presidencia la única respuesta queda
es que no habían sido notificados de esta situación en donde los abusos
de la empresa afinia es un hecho notorio en todo el país, no solo en la
costa atlántica.

El asunto correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado, que admitió la
acción mediante auto del 13 de noviembre de 2024. Al proceso le correspondió el
Radicado No. 11001-03-15-000-2024-06004-00. De acuerdo con lo expresado por
el accionante, a la fecha de interposición de la acción de tutela no se había proferido
fallo.

3. Fundamentos de la solicitud

La solicitante se fundamenta en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para
establecer que se le está vulnerando el derecho al acceso a la administración de
justicia porque no se ha emitido sentencia, a pesar de las solicitudes de su
apoderada para que así sea.

4. Trámite procesal

El 19 de febrero de 2025 se admitió la acción de tutela, se notificó a la autoridad
judicial accionada y, asimismo, a la Presidencia de la República de Colombia, a la
sociedad Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P, a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía
General de la Nación como terceros interesados.

En el escrito de contestación, el magistrado Oswaldo Giraldo, ponente de la acción
de tutela cuya mora alegó el accionante, solicitó que se niegue la prosperidad de la
acción constitucional de protección de derechos fundamentales, toda vez que la
demora está justificada por la complejidad del caso y porque se declaró impedido
para conocer del caso. El impedimento fue resuelto el 6 de febrero del presente año
y, asimismo, el 28 de febrero siguiente, ese despacho requirió a las entidades allí
accionadas para que allegaran pruebas4.

4 SAMAI, índice 10.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-00774-00
Solicitante: David Jiménez Osuna
Acción de tutela-primera instancia

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios manifestó que,
si bien había recibido el recurso de queja, contestó requiriendo a la empresa
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. el 3 de marzo de 2025 para que envíe el
expediente de las actuaciones iniciadas contra esa empresa. En consecuencia,
solicita que se declare la carencia de objeto por hecho superado de la acción de
tutela5.

Las demás entidades solicitaron su desvinculación por no haber vulnerado ningún
derecho fundamental en el proceso de referencia.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela respecto del recurso
de queja pendiente en la Superintendencia de Servicios Públicos y, por otro lado, si
se configuran los supuestos de la mora judicial, y se debe amparar el derecho al
acceso a la justicia del actor.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.

Mora judicial

La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez
para resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado
y negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable.
Esta situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración

5 SAMAI, índice 16.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-00774-00
Solicitante: David Jiménez Osuna
Acción de tutela-primera instancia

de justicia. Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión
y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto
equivale a mora o a negligencia6. En efecto, dicha situación puede producirse por
causas externas como la excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura
básica en los despachos judiciales, que limitan sus capacidades de acción7.

A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los
plazos establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues ello solo se
configura cuando el juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto
convencional de «plazo razonable» para evaluar si, al omitir resolver un proceso
judicial en término, el juez transgredió las garantías judiciales del usuario de la
administración de justicia. Dicho análisis abarca la complejidad del asunto, la
actividad procesal del interesado, la conducta del operador judicial y la afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso8.

Mora administrativa

La mora administrativa, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se equipara
en su configuración a la mora judicial. En ese sentido, la Corte Constitucional afirmó
que

la mora judicial o administrativa que configura vulneración del derecho
fundamental al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento de
los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte
del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de
plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la
actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente
y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o justificación
razonable en la demora9.

Caso concreto

Resulta claro que existen dos solicitudes distintas, que deben despacharse
separadamente. Primero, la Sala resolverá la solicitud de protección consistente en

6 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-

01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
8 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-179 de 2021. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9 Corte Constitucional, sentencia T-296 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-00774-00
Solicitante: David Jiménez Osuna
Acción de tutela-primera instancia

que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resuelva el recurso de
queja, que será despachada negativamente dado que el trámite sigue su curso de
forma natural. Segundo, la sala resolverá la pretensión tendiente a que se declare
la mora judicial y se ordene a la Sección Primera de esta Corporación que resuelva
la acción de tutela.

Recurso de queja

De acuerdo con los argumentos de la solicitud y la contestación, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios recibió el recurso de queja con radicado SSPD
20248004579102 el 16 de octubre de 2024. El 3 de marzo pasado, dicha
Superintendencia requirió a la empresa Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P.
(AFINIA), para que allegara el expediente administrativo de las actuaciones frente
a esta entidad.

Si bien el accionante solicita que se declare la mora en el trámite administrativo, la
Sala no encuentra configurados los presupuestos para el efecto, dado que el trámite
ha avanzado y la última actuación se dio poco tiempo después de la presentación
de la demanda de tutela.

No se declarará la carencia de objeto, como sugiere la entidad accionada, teniendo
en cuenta que no se ha resuelto el asunto y esa es la petición de la acción. Sin
embargo, no se configura una vulneración del derecho al debido proceso
administrativo del accionante, toda vez que no se configura la mora al estar
corriendo los términos determinados por el legislador para la práctica de pruebas al
resolver los recursos en el procedimiento administrativo, en el artículo 79 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en
concordancia con el artículo 159 de la Ley 142 de 1994.

Esta Sala recuerda, en cualquier escenario, que la tutela no es el mecanismo idóneo
para intervenir en trámites administrativos que se encuentren en curso dada su
naturaleza subsidiaria. Por todo lo anterior, la sala negará la protección solicitada
respecto de esta pretensión.

Acción de tutela

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-00774-00
Solicitante: David Jiménez Osuna
Acción de tutela-primera instancia

Por su parte, respecto de la acción de tutela promovida por el accionante y que
correspondió a la Sección Primera de esta Corporación, se encuentra que, si bien
se han vencido los diez días para proferir fallo que el legislador ha establecido, no
se configuran los supuestos de la mora judicial.

Si bien se observa que se han pretermitido los diez días dispuestos en el Decreto
2591 de 1991 para proferir fallo, la configuración de una mora judicial no solo se
requiere el paso del tiempo, sino también que se observe desidia en el trámite
judicial por parte del fallador.

De acuerdo con lo evidenciado en el sistema de gestión judicial SAMAI del proceso
de referencia y en la contestación que dio el magistrado ponente, el proceso se ha
tramitado de forma diligente, teniendo en cuenta que el proceso fue postergado por
la necesidad de practicar pruebas adicionales10 y suspendido por el impedimento
manifestado por el magistrado ponente11, que fue declarado infundado por los
demás magistrados de esa Sección12.

Dicho lo anterior, al observar que los trámites se están surtiendo con la celeridad
que la vinculación de seis entidades accionadas y la manifestación de impedimento
del magistrado ponente lo permiten, la Sala no encuentra que la autoridad judicial
accionada haya omitido su deber de administrar justicia en forma diligente. Por ello,
la Sala no declarará la mora judicial, pues para ello no es suficiente el paso del
tiempo, sino también, como se manifestó, la desidia del operador judicial.

Como no se advierte que la autoridad haya incurrido en una dilación injustificada de
los términos, ni ha sido negligente en el trámite de la acción de tutela, se negará el
amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

10 SAMAI de la tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-06004-00, índice 39.
11 SAMAI de la tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-06004-00, índice 27.
12 SAMAI de la tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-06004-00, índice 33.

8
Expediente No. 11001-03-15-000-2025-00774-00
Solicitante: David Jiménez Osuna
Acción de tutela-primera instancia

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por David Jiménez Osuna.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

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FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLAS YEPES CORRALES

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