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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06015-00

Fecha
3 de marzo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06015-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Carlos Mario Guerra Mazo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06015-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06015-00
Accionante: Carlos Mario Guerra Mazo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06015-00
Accionante: Carlos Mario Guerra Mazo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defecto sustantivo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por el señor Carlos Mario Guerra Mazo contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Carlos Mario Guerra Mazo, a través de apoderado, presentó acción de tutela
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, que consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia del 30 de septiembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, dentro del medio de
control de reparación directa identificado con el radicado núm. 05001-33-33-004-2016-
00849-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Carlos Mario Guerra Mazo es propietario de un inmueble ubicado en la
carrera 30 No.41BB Sur, con matrícula inmobiliaria núm. 001-718054 de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur.

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06015-00, índice 2, certificado
EAAB4CBB2E3A57D9 05F7E7AF2E96C6F7 A5DAC5ECAE2B1A27 9E587EC3874947D9.

1

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Accionante: Carlos Mario Guerra Mazo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

3. El Concejo Municipal de Envigado expidió el Acuerdo núm. 018 del 21 de abril de
2008, mediante el cual afectó, por motivo de utilidad pública, el referido bien para la
construcción de un parque lineal, entre otros predios. Adicionalmente, facultó al alcalde
para realizar la negociación correspondiente o llevar a cabo la expropiación por vía
administrativa y ordenó que se informara el contenido del acto administrativo al titular
y se inscribiera en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.
4. La Alcaldía de Envigado, el 15 de mayo de 2008, registró la inscripción de la
declaratoria de utilidad pública o interés social en el folio de matrícula inmobiliaria del
inmueble del accionante.
5.
El señor Carlos Mario Guerra Mazo tramitó licencia urbanística con el propósito de
desarrollar un proyecto de construcción de apartamentos, la cual se otorgó a través de
la Resolución núm. RL-868-2008 del 5 de diciembre de 2008. Sin embargo, la obra no
se realizó debido a la situación jurídica del bien.
6. El tutelante, con escrito del 20 de mayo de 2014, le solicitó al municipio de
Envigado levantar el registro de la afectación que recaía sobre el inmueble, toda vez
que habían transcurrido más de 6 años sin que la administración municipal hubiese
realizado las gestiones para la adquisición del predio, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 37 de la Ley 9 de 1989.
7. El Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Envigado,
mediante oficio núm. 2923 del 12 de septiembre de 2014, autorizó «la cancelación de
la inscripción de afectación por declaratoria de utilidad pública efectuada por el
municipio de Envigado mediante Oficio No.904 del 14 de mayo de 2008 sobre el
inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No.001-718054 anotación
No.07 de fecha 15-08-2008 radicado 2008-304» [sic].
8. El señor Carlos Mario Guerra Mazo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa en contra del municipio de Envigado, con el fin de obtener
la reparación de los perjuicios ocasionados por la ocupación jurídica temporal que le
impidió disponer libremente del inmueble de su propiedad, debido a la afectación por
motivos de utilidad pública que le otorgó la entidad territorial.
9. El Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 29 de marzo
de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Contra dicha
decisión, ambas partes del litigio presentaron recurso de apelación.
10.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, a través de
providencia del 30 de septiembre de 2024, revocó el fallo de primera instancia y declaró
probada de oficio la excepción de caducidad.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
11. La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06015-00
Accionante: Carlos Mario Guerra Mazo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

[…]

1. Se solicita al despacho tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la justicia y a la reparación integral del señor Carlos Mario Guerra, ordenando dejar sin
efectos la providencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, el 30 de septiembre de 2024, en la que se declaró la
caducidad del medio de control de reparación directa.

2. Se solicita ordenar que el proceso de reparación directa continúe su curso para que se
resuelvan de fondo los derechos del accionante, así pues, se dicte una nueva sentencia
en la que se reconozca que el daño alegado por el demandante se materializó con la
suspensión de la ocupación jurídica del inmueble, y no con la ocupación misma, y se
ordene a la administración indemnizar al demandante por los perjuicios causados2.

12. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
sentencia del 30 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, incurrió en defecto procedimental. Sin embargo, de la lectura de los
argumentos expuestos en el escrito de tutela, se infiere que la inconformidad del
accionante se centra en la configuración de un defecto sustantivo, pues en su criterio
la decisión cuestionada efectuó una indebida interpretación y aplicación del literal i) del
numeral segundo del artículo 164 del CPACA.
13. Lo anterior, por cuanto se declaró probada de oficio la excepción de caducidad del
medio de control de reparación directa contabilizando el término a partir del instante
en que se configuró la ocupación jurídica del inmueble.
14. Sin exponer mayores detalles con relación a las fechas de las actuaciones
administrativas que dieron origen a la actuación judicial, el accionante indicó que la
demanda fue radicada dentro del plazo de los dos años que establece la referida
norma, contados desde el momento en que se suspendió la situación que afectaba
jurídicamente la propiedad.
15. Asimismo, refirió que la autoridad judicial no efectuó una adecuada valoración de
la situación planteada en la demanda de reparación directa, en la medida en que no
tuvo en cuenta que el último hecho constitutivo del daño ocurrió cuando se levantó la
ocupación sin compensación alguna a favor del demandante.
16.
Resaltó que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado3, de
forma reiterada, ha indicado que la caducidad debe computarse desde el último hecho
generador del daño, en aquellos casos en los que se ocasiona una afectación para el
demandante de forma continua y permanente en el tiempo, como ocurrió en este
asunto.

2
Se transcribe incluso con errores.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006 expediente radicado núm. 25022,

sentencia del 14 de agosto de 2008, expediente radicado núm. 25039, sentencia del 10 de marzo de 2016,
expediente radicado núm. 31270, sentencia del 21 de octubre de 2020, expediente radicado núm. 60189.

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Accionante: Carlos Mario Guerra Mazo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia

2.3. Trámite procesal
17. El despacho ponente admitió4 la demanda, ordenó la notificación a la autoridad
accionada, es decir, al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad,
puso en conocimiento el escrito de tutela al tercero interesado, el municipio de
Envigado y requirió al Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín para que aportara el
expediente del proceso ordinario.

2.4. Intervenciones
18.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad5 pidió que se
niegue el amparo de tutela porque la providencia cuestionada realizó una valoración
adecuada del ordenamiento jurídico, específicamente del artículo 164 de la Ley 1437
de 2011.
19. De esta manera, explicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado establece
claramente que, en casos de ocupación jurídica temporal de bienes inmuebles, el
término de caducidad comienza a contarse desde el momento en que el particular tuvo
conocimiento de que no podía darle al bien la destinación que pretendía. En este
sentido, la oportunidad para acudir a la jurisdicción no puede empezar a contarse
desde el último acto de omisión administrativa, como propone el actor, sino desde el
momento en que se enteró de la limitación.
20.Así pues, mencionó que la decisión objeto de tutela para efectos de contabilizar la
caducidad tuvo en cuenta la petición realizada por el actor el 20 de mayo de 2014 al
municipio de Envigado, ya que en ella se observó que el demandante conocía a
cabalidad la afectación que recaía sobre el inmueble, que le impedía su desarrollo.
21. En este sentido, resaltó que la caducidad fue debidamente analizada por el
Tribunal, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011,
que establece que el juez de segunda instancia debe pronunciarse sobre las
excepciones que considere pertinentes, aunque no hayan sido planteadas por las
partes.
22. De este modo, consideró que la corporación actuó conforme a las disposiciones
legales al verificar que el término de caducidad había transcurrido y, por tanto, procedió
a declararlo.
23. Por lo anterior, concluyó que la sentencia cuestionada no vulneró los derechos del
accionante, ya que se aplicaron las normas y los criterios jurisprudenciales pertinentes.
24. El municipio de Envigado6 solicitó que se nieguen a las pretensiones de la tutela,
toda vez que la autoridad judicial accionada realizó un análisis adecuado y coherente
de la figura de la caducidad del medio de control de reparación directa de conformidad

4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06015-00, índice 4, certificado
D8C571D34C076E30 41863B9180722804 3EF0C9435A160D79 7CA3E24C284CE2C2.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06015-00, índice 10, certificado
2815E2B8998FDE9E 9B228DF9E5244D33 9CF2E675502777F7 DBA53095E6526247.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06015-00, índice 11, certificado 621E6BEE460168C1 C62FC06168016AEF
D0A77791047496A5 CC71364967E353D8.

4

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Accionante: Carlos Mario Guerra Mazo
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con la facultad que le otorga el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 para examinar de
oficio las excepciones probadas en el trámite judicial.
25. Asimismo, explicó que la decisión acusada no vulneró los derechos fundamentales
del accionante, pues su contenido demuestra que se realizó un análisis coherente y
razonable de la normativa procesal aplicable.
26.El Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín 7 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de reparación directa sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones del escrito de tutela.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia
27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Carlos Mario Guerra Mazo, contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia.

3.2. Legitimación en la causa
28. La legitimación en la causa por activa de Carlos Mario Guerra Mazo está
acreditada, porque es el demandante en el proceso de reparación directa en el que fue
expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.
29. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia del
30 de septiembre de 2024 objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
30. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8, y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional9.
31.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;

7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06015-00, índice 9, certificado 44F6BC7CDB1A8BEC 7F428C9CC38524CD
46587CCC17B1A991 B47DC41C1AC6D521.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los derechos
afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
32. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
33. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
34. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
35. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»15;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente un
carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares
más no para el interés general; y

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

6

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iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

36. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada concurrió un desconocimiento del ordenamiento jurídico sustancial que, a
su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.
37. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto
de tutela.
38. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, fue notificada el 2 de octubre de 202416, y la demanda de tutela se presentó
el 6 de noviembre de 202417, esto es, dentro del plazo de seis meses establecidos por
la jurisprudencia constitucional18 y el Consejo de Estado19 como razonable.
39. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, tan así
que el asunto superó la relevancia constitucional, y no resultaba posible que hubiera
alegado la vulneración reclamada en sede del proceso ordinario, precisamente porque
su cuestionamiento está dirigido en contra de la decisión que le puso fin a la actuación
judicial.
40. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso ordinario iniciado en ejercicio del
medio de control de reparación directa.
41. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad en relación con el defecto sustantivo y, en ese orden, continuará con
el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico
42.
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la reparación integral del señor Carlos Mario Guerra Mazo. En particular, deberá
establecer si incurrió en defecto sustantivo al proferir la sentencia del 30 de septiembre
de 2024 que revocó la providencia del 29 de marzo de 2019, expedida por el Juzgado

16
Samai, exp. 05001-33-33-004-2016-00849-01, índice 42.
17
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06015-00, índice 1.
18 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

7

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Cuarto Administrativo de Medellín y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa.
43.Para el efecto, se estudiará: i) la generalidad del defecto invocado; y ii) el caso
concreto.

Generalidad del defecto invocado
44. Laparte actora consideró que la autoridad judicial accionada transgredió las
garantías constitucionales porque la providencia objeto de tutela incurrió en defecto
sustantivo.

El defecto sustantivo
45. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado20.
46. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.
47. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]21.

48. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a
su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la

20
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
21 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.

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Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
49. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior).22

3.5. Caso concreto
50.
El señor Carlos Mario Guerra Mazo acudió a la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la reparación integral y, en consecuencia, dejar sin efecto
la sentencia del 30 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por considerar que incurrió en un defecto sustantivo.
51. Lo anterior, por cuanto la decisión cuestionada efectuó una indebida interpretación
y aplicación del literal i) del numeral segundo del artículo 164 del CPACA, porque
declaró la caducidad de la demanda de reparación directa contando el término a partir
del instante en que se configuró la ocupación jurídica del inmueble, y no desde el último
hecho constitutivo del daño, es decir, cuando se levantó la ocupación sin
compensación alguna a favor del demandante, toda vez que se trataba de un daño de
naturaleza continuada.
52. En este sentido, afirmó que, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado23, la caducidad debe computarse desde el último hecho generador
del daño, en aquellos casos en los que se ocasiona una afectación para el demandante
de forma continua, como ocurrió en este asunto.
53. Ahora, para resolver las inconformidades expuestas por la parte actora, a
continuación se transcriben apartes de los argumentos que expuso el Tribunal
Administrativo de Antioquia para concluir que la demanda que en ejercicio del medio
de control de reparación directa presentó Carlos Mario Guerra Mazo, fue inoportuna:

De conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, el fallador de segunda
instancia tiene el deber de decidir sobre las excepciones que encuentre probadas, sin
importar el silencio al respecto de las partes o del a quo.

[…]

Por lo anterior, la Sala analizará la caducidad del presente medio de control.

3.1. Caducidad del medio de control de reparación directa en casos de ocupación
jurídica temporal.

22
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006 expediente radicado núm. 25022, sentencia del 14
de agosto de 2008, expediente radicado núm. 25039, sentencia del 10 de marzo de 2016, expediente radicado núm. 31270,
sentencia del 21 de octubre de 2020, expediente radicado núm. 60189.

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Sobre esta institución procesal, se tiene que el legislador estableció plazos razonables
para que las personas acudieran a la administración de justicia a satisfacer su
pretensión, los cuales deben ser respetados en estricto sentido, pues de lo contrario,
comportan la pérdida de la facultad de acción. En orden a lo anterior, el literal i) del
numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, preceptúa que el término de
caducidad del medio de control de Reparación Directa es de dos (2) años, los que
empiezan a contarse: i) el día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño y ii) cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
daño si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sobre la caducidad en la ocupación material y jurídica, el Consejo de Estado dispone:

[…]

Descendiendo al caso que nos ocupa, evidencia la sala que el presente asunto versa
sobre la ocupación jurídica temporal del inmueble identificado con el número de
matrícula inmobiliaria 718054 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín zona
sur, toda vez que, en el escrito de demanda se relata que el concejo municipal de
Envigado, Antioquia mediante el Acuerdo No.018-2008 afectó esa propiedad por
motivo de utilidad pública y la misma fue registrada el día 15 de mayo de 2008 y se
canceló el 22 de septiembre de 2014, por no concretarse la adquisición dentro del
término previsto en el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, tal y como consta en el
Certificado de Tradición y Libertad visible a folios 167 a 168 y el oficio No. ORIPMZS-
GJ-892 del 25 de septiembre de 2014 que obra en el folio 155.

De ahí que, el término de caducidad deberá contarse desde el momento en que el
demandante conoció que no podía darle al bien la destinación pretendida como
consecuencia de esa limitación a la propiedad.

Así, una vez analizada la prueba documental y el interrogatorio de parte es posible
concluir que el señor Carlos Mario Guerra Mazo, pretendía construir una edificación
en el lote afectado por utilidad pública así:

Hecho 3.7 de la demanda: “El lote objeto de este litigio se adquirió por parte del señor
Carlos Mario Guerra Mazo como inversión toda vez que en el proyectó la construcción
de apartamentos (…)”.

Declaración en el interrogatorio de parte: “PREGUNTÓ. Sírvase manifestar al
despacho en qué consiste el daño que usted pretende imputar al municipio de
Envigado. CONTESTÓ. El daño por no haber dejado hacer una construcción la cual
yo ya tenía proyectada en esa propiedad que tengo consistente en un edificio para lo
cual obtuve licencia y planos debidamente aprobados por la Curaduría”.

Sin embargo, su proyecto no pudo desarrollarse pues según su afirmación “(…)
cuando fuimos a ejecutar el proyecto el entonces alcalde Raúl Cardona le manifestó a
mi señora madre no hacer el proyecto debido a que por ahí iba a haber un proyecto
lineal La Heliodora”.

Lo anterior ocurrió en el año 2009, según se avizora a folios 55, 122, 124 a 125.

No obstante, a efectos de contabilizar la caducidad deberá tenerse en cuenta la
petición realizada por el actor el 20 de mayo de 2014, al municipio de Envigado (folios
48 y 269), ya que, en ella se observa con absoluta certeza que el demandante conocía

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a cabalidad la afectación que recaía sobre su bien e impedía su desarrollo, pues allí
manifestó:

[…]

De manera que, es a partir del 21 de mayo de 2014 que comenzó a correr el término
de caducidad, teniendo hasta el 21 de mayo de 2016 para interponer el medio de
reparación directa no obstante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de
septiembre de 2016 (Fl.20) y radicó la demanda el 1 de diciembre del mismo año,
ambas de forma extemporánea […]24.

54. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la providencia cuestionada, con el fin
de establecer si la demanda de reparación directa promovida por el señor Carlos Mario
Guerra Mazo en contra del municipio de Envigado se presentó dentro del término de
los 2 años previstos en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, precisó
que la norma establece dos supuestos sobre los cuales se puede iniciar la
contabilización del término para acudir a la jurisdicción. Esto es: i) el día siguiente de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o ii) cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del daño si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
55. En este sentido, la autoridad judicial se apoyó en jurisprudencia del Consejo de
Estado25 e indicó que, en materia de ocupación de bienes inmuebles, las pautas de
caducidad del medio de control de reparación directa exigen distinguir dos situaciones
concretas, a saber: i) cuando se trata de ocupación material de un bien debido a la
realización de trabajos públicos o, ii) cuando se trata de ocupación jurídica por
afectación de la propiedad privada con miras a proteger el interés general.
56.
Así pues, resaltó que, en materia de la ocupación jurídica de bienes inmuebles, se
ha considerado que la caducidad debe operar al cabo de dos años desde la inscripción
de la limitación a la propiedad privada en el folio de matrícula inmobiliaria
correspondiente al inmueble objeto de la decisión administrativa o desde que el
afectado tiene o tuvo conocimiento de esta.
57. Con base en este contexto normativo y jurisprudencial y, una vez analizadas las
pruebas aportadas al proceso de reparación directa, el Tribunal afirmó que, para
efectos de contabilizar la caducidad de la demanda promovida por el señor Carlos
Mario Guerra Mazo, se debía tener en cuenta la petición que realizó el 20 de mayo de
2014 al municipio de Envigado, ya que en ella se advierte con absoluta certeza que el
actor conocía a plenitud la afectación que recaía sobre su bien e impedía el desarrollo
del proyecto urbanístico que pretendía ejecutar.
58. De esta manera, el Tribunal Administrativo de Antioquia indicó que el plazo para
acudir a la jurisdicción empezó a correr a partir del 21 de mayo de 2014 y venció el 21
de mayo de 2016; sin embargo, el señor Guerra Mazo radicó la solicitud de conciliación
extrajudicial el 22 de septiembre de 2016 y presentó la demanda el 1 de diciembre de
dicha anualidad, esto es, de forma extemporánea. En consecuencia, concluyó que en
el caso objeto de estudio se configuró la caducidad del medio de control judicial.

24 Se transcribe incluso con errores.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 26 de febrero de 2016, radicado núm.
05001233100019990275701(36231).

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59. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 30 de septiembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no incurrió en defecto
sustantivo, pues la decisión de revocar la providencia de primera instancia26 y, en su
lugar, declarar probada de oficio la excepción de caducidad de la demanda de
reparación directa promovida por el señor Carlos Mario Guerra Mazo contra el
municipio de Envigado, estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, los
elementos probatorios aportados al trámite judicial, las normas procesales y la
jurisprudencia aplicable al caso concreto.
60. En efecto, se advierte que la decisión objeto de tutela se pronunció acerca de la
caducidad a partir de una valoración integral de las pruebas allegadas a la actuación
judicial, con las cuales evidenció que el señor Carlos Mario Guerra Mazo tenía
conocimiento de la situación jurídica que afectaba su derecho de propiedad desde el
20 de mayo de 2014, cuando le solicitó al municipio de Envigado la cancelación de la
inscripción de utilidad pública que recaía sobre el inmueble. Por consiguiente, para la
fecha en que radicó la demanda27 ya se encontraba superado el término previsto en
el literal i), numeral 2 del artículo 164 del CPACA, para ejercer oportunamente el medio
de control de reparación directa.
61. De esta manera, se advierte que el Tribunal accionado realizó un análisis del
presupuesto procesal de la caducidad, tomando como punto de partida el instante en
que el tutelante tuvo conocimiento del daño, tal y como se establece en los supuestos
descritos en la norma referida.
62. En este punto, conviene mencionar que, según la jurisprudencia de esta
corporación, el daño en casos de ocupación jurídica de un predio se causa de manera
instantánea, en tanto la afectación del inmueble se ocasiona en el mismo momento
en que el hecho ocurrió, aunque pueda haber ocasionado perjuicios que se
prolongaron en el tiempo. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:

En relación con el término para formular las pretensiones de reparación directa, en las
que se pretende la indemnización de perjuicios en razón de la ocupación jurídica de
un bien, debe señalarse que el término para la interposición de la demanda no se
cuenta desde el momento en que se declaró afectado el bien por razones de utilidad
pública, sino desde el instante en el que el interesado tiene conocimiento de que, con
ocasión de tal declaratoria, se limitó el ejercicio de su derecho de dominio por la
imposibilidad jurídica y material que tiene de usar o disponer del mismo.

Si bien el término para incoar la acción de reparación directa, como ya se indicó, por
regla general coincide con el hecho generador del daño y en los eventos de ocupación
temporal o permanente de inmuebles, con la cesación de dicha ocupación o con la
terminación de la obra, en los casos en que los bienes resultan afectados por una
decisión administrativa (ocupación jurídica) para efectos de la construcción de una
obra pública y sobre los mismos no se adelantan las labores de adquisición o
expropiación, el término para interponer la demanda, por regla general, debe empezar
a correr desde el momento en que el particular tuvo conocimiento de que no podía
darle al bien la destinación que pretendía, a consecuencia de esa determinación de la

26
Sentencia del 29 de marzo de 2019, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Medellín.
27 1 de diciembre de 2016.

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entidad pública28.

63. Es pertinente aclarar que la doctrina29 define el daño como la lesión de un bien
jurídicamente tutelado y el perjuicio como el menoscabo patrimonial que surge como
consecuencia del daño. Por esta razón, aun cuando se trate de una actuación dañosa
cuyas consecuencias perjudiciales permanecen en el tiempo, la caducidad no se
extiende indefinidamente, sino que opera desde el mismo momento en que esta
ocurra, es decir, cuando efectivamente se haya inferido el daño o desde el instante en
que el afectado tuvo conocimiento de este30.
64. Así las cosas, contrario a lo expuesto por el tutelante, no era procedente
determinar la caducidad a partir del momento en que se levantó la ocupación sin
compensación alguna, pues como se indicó en líneas precedentes, en casos de
ocupación jurídica de un inmueble, el término para acudir a la jurisdicción debe
establecerse desde el instante en que el afectado tuvo conocimiento del hecho dañoso,
tal y como lo precisó la autoridad judicial accionada en la providencia objeto de tutela.
65. Al respecto, se debe mencionar que la jurisprudencia constitucional se ha
pronunciado sobre el respeto de los plazos judiciales y la relevancia de la figura de la
caducidad, en el sentido de indicar que «[…] esta constituye un mecanismo que limita
el tiempo durante el que las personas pueden acudir a la jurisdicción para la definición
judicial de las controversias, el cual privilegia la seguridad jurídica y el interés general.
Bajo esa perspectiva se ha destacado la obligatoriedad de los términos de caducidad,
y, por ende: “(…) la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede
ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las
oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto
a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado” 31 […]»32.
66. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas procesales y los criterios
jurisprudenciales aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el
expediente de reparación directa. Por estas razones, si bien la providencia objeto de
tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.
67.
En línea con lo anterior, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda
hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el
fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del proceso ordinario, con el único
propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus intereses y
pretensiones, desconociendo que esta acción, cuando se interpone contra providencia
judicial, propone un juicio de validez y no de corrección de la decisión33.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de julio de2018, radicado núm. 47001-23-

31-000-2006-00937-01 (43916). También se puede ver: Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Auto
de 31 de enero de 2020, radicado núm. 25000233600020180085701 (64337).
29
Ver Juan Carlos Henao. El daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano
y francés. Editorial Universidad Externado de Colombia, 2007. P. 76 y 77.
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de septiembre de 2021, radicado núm. 76001-23-31-000-
2009-01131-01(49952).
31
Corte Constitucional, Sentencia SU-447 de 2011.
32
Corte Constitucional, Sentencia SU-498 de 2016.
33
SU-128 de 2021.

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IV. CONCLUSIONES
68. Así las cosas, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad no vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, por cuanto la Sala no encuentra evidente
en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por el defecto
sustantivo, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la
solicitud de amparo invocada por la accionante.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Carlos Mario Guerra Mazo
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Oralidad, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

JLAS/SEJV

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