Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06024-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06024-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06024-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
12 de diciembre de 2024
Demandante: Pedro Ignacio Domínguez Palencia
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06024-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06024-00
Demandante: PEDRO IGNACIO DOMÍNGUEZ PALENCIA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito general de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el instrumento constitucional de la referencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Pedro Ignacio Domínguez Palencia, actuando a nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado
7° Oral Administrativo de Sincelejo2. Con su solicitud de amparo pretende que se
le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.
2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de las
providencias dictadas el 22 de julio de 2024 por el Juzgado 7° Oral Administrativo
de Sincelejo que negó las pretensiones de la demanda y el 18 de septiembre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que confirmó la anterior decisión.
Ello, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-
33-33-007-2020-00130-00/01.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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El escrito de tutela fue enviado el 9 de septiembre de 2024 a través de la ventanilla virtual del
Consejo de Estado.
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Demandante: Pedro Ignacio Domínguez Palencia
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
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1. Se tutelen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, Y EL ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
2. En consecuencia se deje sin efecto la Sentencia de fecha 22 de julio del 2024
proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, que
negó las pretensiones de la demanda y la sentencia del Tribunal Administrativo
de Sucre, de fecha 18 de septiembre de 2024, que confirmó.
3. En consecuencia, se disponga un nuevo estudio que determine la orden de
declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
▪ Decreto No. 004 del 2 de enero de 2020 por medio del cual se declaró
insubsistente el nombramiento del demandante.
▪ Oficio No AMSS-DESPACHO-2020 del 13 de enero de 2020, que decide el
recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto No 004 del 2 de enero
de 2020. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento, solicitó
que se condene a la entidad demandada a:
▪ Reintegrar al suscrito Pedro Ignacio Domínguez Palencia en provisionalidad al
cargo Jefe de División (Presupuesto), código 006, grado 0011 del Municipio de
Sucre u otro empleo similar o de superior categoría.
▪ Pagar los salarios, primas semestrales, prima de navidad, cesantías, intereses
a las cesantías, dotación de calzado y vestido de labor, desde que se produjo el
retiro hasta su reintegro.
▪ Pagar las costas del proceso bajo los parámetros del artículo 188 del CPACA y
artículo 365 del C.G.P.
▪ Dar cumplimiento al fallo en los términos del artículo 188 y 189 del C.P.A.C.A..
(Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El señor Pedro Ignacio Domínguez Palencia ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del municipio de Sucre (Sucre).
Con la demanda, el actor solicitó la anulación del Decreto 004 del 2 de enero de
2020 por medio del cual se le declaró insubsistente del cargo de jefe de Oficina
– Presupuesto, código 006 – grado 2020 y; del oficio AMSS-DESPACHO-2020-
020 del 13 de enero de 2020, que confirmó el primero. A título de restablecimiento
pidió ser reintegrado al cargo desempeñado u a otro de igual o superior jerarquía,
así como el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos
dejados de percibir, entre otros.
6. Mediante sentencia de 22 de julio de 2024, el Juzgado 7° Oral
Administrativo de Sincelejo negó las pretensiones de la demanda. Como sustento
de su decisión, adujo que el cargo ocupado por el señor Domínguez Palencia
requería de especial confianza en quien lo desempeñara, en la medida que
involucraba la administración y manejo de los bienes o valores del Estado. Luego,
al ser un cargo de libre nombramiento y remoción, el alcalde del municipio de
Sucre tenía la facultad de retirarlo, sin motivar el acto que lo declaró
insubsistente.
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7. Inconforme con la decisión, el accionante interpuso recurso de apelación.
Para el efecto, adujo que el cargo que ocupó era de carrera administrativa del
nivel profesional y, por ende, se encontraba nombrado en provisionalidad. En ese
orden, aunque podía ser desvinculado de manera discrecional, lo cierto es que
el acto debía ser debidamente motivado.
8. La alzada correspondió al Tribunal Administrativo de Sucre, quien
mediante providencia del 18 de septiembre de 2024 confirmó la decisión de
primer grado. En esencia, tildó de acertadas las consideraciones del a quo en
relación con que el cargo de jefe de la Oficina de Presupuesto era de libre
nombramiento y remoción. Por ende, consideró que sí podía ser declarado
insubsistente sin necesidad de acto que así lo dispusiera, en el entendido que se
presumía la decisión fue proferida en aras de mejorar la prestación del servicio.
1.4. Sustento de la vulneración
9. La parte actora consideró que la decisión reprochada desconoció que sus
competencias y funciones en el cargo desempeñado no eran de alto grado de
confianza, en la medida que eran operativas. Explicó que, era el encargado de
generar los CDP que previamente eran aprobados por parte del Concejo
Municipal para una vigencia anual, razón por la que no podía ser considerado
como de libre nombramiento y remoción.
10. Expuso que las autoridades que conocieron del medio de control no
aplicaron el principio de la sana crítica, de forma que incurrieron en un defecto
fáctico. Esto, pues no tuvieron en consideración que del año 2008 al 2016 ocupó
el cargo y fue desvinculado por acto administrativo sin ninguna motivación,
dejando al descubierto los compromisos clientelistas y burocráticos del nuevo
alcalde.
11. Además, indicó que incurrieron en defecto sustantivo al desconocer las
normas legales y constituciones sobre la materia. En este punto, citó lo dispuesto
por el Decreto Ley 785 de 2005 y refirió que, mientras a los funcionarios de libre
nombramiento y remoción les corresponden funciones de dirección general,
formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y
proyectos, a los de carrera les compete la ejecución y aplicación de
conocimientos propios de cualquier profesión.
12. También hizo referencia a las sentencias SU-917 de 2010, T-800 de 1998
y C-431 de 2010 proferidas por la Corte Constitucional y al Decreto 1083 de 2015,
artículo 2.2.5.3.4., referidos a la estabilidad laboral relativa de los funcionarios en
provisionalidad. A su juicio, se extrae que la terminación de tales nombramientos
procede por acto motivado y solo son admisibles argumentos puntuales para la
provisión definitiva del cargo por haberse realizado concurso de méritos o
causales legales.
13. De otro lado, adujo que las decisiones enjuiciadas desconocieron el
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artículo 125 de la Constitución Política, según el cual, el sistema de
nombramiento de funcionarios públicos está determinado en la carta o la ley y
que por regla general, son de carrera.
14. Iteró que su vinculación no fue de libre nombramiento y remoción, por
cuanto en el acto de nombramiento y en el de posesión reposa que este fue en
provisionalidad. Además, señaló que no manejó de forma directa fondos, ni tomó
decisiones sobre el pago o no de una cuenta particular, pues la decisión estaba
en cabeza exclusiva del alcalde y el tesorero.
15. De otro lado, adujo que para enero de 2020 tenía 59 años de edad, lo cual
implicaba que solo le faltaban 3 años de edad para acceder a la pensión.
Situación que, en su sentir, no fue tenido en cuenta por las instancias del caso
concreto.
1.5. Trámite de primera instancia
16. Por auto de 7 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de esta
decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en
calidad de accionados al Tribunal Administrativo de Sucre y al Juzgado 7° Oral
Administrativo de Sincelejo.
17. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés al municipio de Sucre,
a quien también se le requirió para que informara la dirección física y electrónica,
de la persona que actualmente desempeña el cargo de jefe de Oficina –
Presupuesto, Código 006, grado 04 a efectos de ser vinculada, y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta última en los términos del artículo
610 del CGP.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Sucre
18. Se opuso a las pretensiones de la tutela, con fundamento en que la
decisión del 18 de septiembre de 2024 fue soportada en las pruebas que se
allegaron al proceso oportunamente y no en un capricho de dicha colegiatura.
Por ende, solicitó que se negara la solicitud de amparo.
1.6.2. Juzgado 7° Administrativo del Circuito de Sincelejo
19. La autoridad judicial efectúo un recuento de las actuaciones procesales
adelantadas al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Acto seguido, refirió que aun cuando el accionante consideró que no se
aplicaron las disposiciones constitucionales y legales acerca de la estabilidad
laboral reforzada y no se apreciaron los medios de prueba, lo cierto es que lo que
determina la naturaleza del empleo no es su denominación sino, sus funciones.
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20. Señaló que la insubsistencia del señor Domínguez Palencia fue producto
de la discrecionalidad de su nominador, al tener el carácter de empleado de libre
nombramiento y remoción. Razón por la cual, no requería de motivación, ni se
encontraba amparado por ningún fuero especial de estabilidad.
21. En ese orden de ideas, solicitó que se desestimaran las pretensiones de
la demanda o, en su defecto, se declare la improcedencia de la tutela porque no
se acreditó el requisito de la relevancia constitucional. Esto último, ya que el señor
Domínguez Palencia busca es que en esta instancia se realice el mismo análisis
jurídico y fáctico que fue abordado en el medio de control respectivo, sin que
prima facie pueda advertirse una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad
judicial.
1.6.3. Municipio de Sucre
22. El ente territorial se limitó a informar que la señora Nohora Luz Barragán
Álvarez es la persona que actualmente desempeña el cargo de jefe de Oficina –
Presupuesto, Código 006, grado 04 y sus datos de notificación, a efectos de que
se le vinculara al presente trámite.
1.6.4. La señora Nohora Luz Barragán Álvarez y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, pese a ser debidamente notificados, guardaron
silencio3.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
23 Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Sucre y
el Juzgado 7° Oral Administrativo de Sincelejo. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
24 Como viene de verse, el señor Domínguez Palencia cuestionó las
providencias judiciales del 22 de julio de 2024 proferida por el Juzgado 7°
Administrativo Oral de Sincelejo y del 18 de septiembre de 2024 emitida por el
Tribunal Administrativo de Sucre. Ello, al interior del medio de control de nulidad
y restablecimiento 70001-33-33-007-2020-00130-00/01, en primera y segunda
instancia, respectivamente.
25 No obstante lo anterior, la Sala precisa que adelantará el análisis del
3
Véase: índices 7 y 13 Samai.
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asunto respecto de la providencia judicial proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Sucre, comoquiera que fue la que puso fin al proceso
ordinario de la referencia.
2.3. Legitimación en la causa
26. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
27. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Pedro
Ignacio Domínguez Palencia promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-007-2020-00130-00/01.
Por tanto, es el titular de los derechos fundamentales cuya protección reclama.
En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa.
28. Por otro lado, la Sala evidencia que las autoridades judiciales accionadas
se encuentran legitimadas en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser las que
dictaron las providencias objeto de reproche.
2.4. Problemas jurídicos
29. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado; los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
30. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
● ¿El Tribunal Administrativo de Sucre vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la
parte actora al proferir la sentencia de 18 de septiembre de 2024?
31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
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judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema 5. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales6.
33. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia8 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial 9.
34. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
9
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
35. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
36. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
37. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar sí en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
38. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional 10.
39. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
40. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
41. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
42. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
43. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6.1. Relevancia constitucional en el caso concreto
44. La Sala anticipa que en el presente caso no se acredita el requisito general
de relevancia constitucional, por lo que pasa a exponerse:
45. La parte actora arguyó que el Tribunal Administrativo de Sucre vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad con ocasión a la expedición de la providencia del 18 de
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septiembre de 2024 proferida en el trámite de segunda instancia del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por él en contra del
municipio de Sucre.
46. En concreto, consideró que la autoridad enjuiciada incurrió en un defecto
sustantivo al desconocer las normas legales y «jurisprudenciales» relacionadas
con la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción y los de
carrera. Así como, el principio de estabilidad laboral relativa de los funcionarios
en provisionalidad.
47. En su sentir, la corporación erró al considerar que el cargo que desempeñó
en la Alcaldía del municipio de Sucre era de confianza y; por ello, de libre
nombramiento y remoción, pues la naturaleza de la plaza que ocupaba era de
carrera y por esa razón, era un funcionario en provisionalidad al cual le asiste el
derecho a la estabilidad laboral reforzada, que implica a su vez que la
insubsistencia solo procede bajo causales específicas y con debida motivación.
48. En ese sentido, citó las sentencias las sentencias SU-917 de 2010, T-800
de 1998 y C-431 de 2010 proferidas por la Corte Constitucional y el Decreto 1083
de 2015, artículo 2.2.5.3.4., referidos a la estabilidad laboral relativa de los
funcionarios en provisionalidad.
49. De otro lado, alegó que el operador judicial incurrió en un defecto fáctico
al apartarse del principio de la sana crítica. Ello, en el entendido que no valoró el
acto de su nombramiento y posesión, de donde se podía evidenciar que era un
funcionario de provisionalidad. Igualmente, adujo que se desconoció el artículo
125 de la Carta Política, lo que a juicio de esta Sala implica que se está invocando
defecto por violación directa de la Constitución 11.
50. Con ese contexto, advierte esta Sala de Decisión que la inconformidad de
la parte actora encuentra asidero en lo decidido por el Tribunal Administrativo de
Sucre específicamente respecto de la naturaleza del cargo de jefe de Oficina –
Presupuesto, Código 006, grado 04 al interior de la Alcaldía de Sucre. En esencia,
considera que se trata de un puesto de carrera, y no de libre nombramiento y
remoción como lo afirmó tal colegiatura.
51. De una revisión a priori de los elementos de juicio que integran el proceso
de tutela de la referencia, se advierte que el problema jurídico del que se ocupó
el Tribunal Administrativo de Sucre al resolver la alzada ejercida por el accionante
contra la sentencia de primera instancia fue el siguiente:
11
«ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o
la ley, serán nombrados por concurso público […]».
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[…] corresponde a la Sala determinar; -primero- si el señor Pedro Ignacio
Domínguez Palencia se encontraba nombrado en provisionalidad en un cargo de
carrera administrativa, o si se trataba de un cargo de libre nombramiento y
remoción; y -segundo- si el acto administrativo que declaró insubsistente el
nombramiento del demandante, se encuentra viciado por desviación de poder. 12
52. Esto es, previo a determinar si el acto administrativo que declaró
insubsistente al señor Pedro Ignacio Domínguez Palencia fue expedido con
desviación de poder o con algún otro vicio, verificó la naturaleza del cargo, las
competencias y funciones desempeñadas.
53. Para dar respuesta a dicho interrogante, la autoridad judicial accionada
estudió los artículos 125 de la Carta Política, la Ley 909 de 2004, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la materia y las pruebas
aportadas al medio de control; específicamente, la Resolución 458 del 20 de
septiembre de 2019 que nombró al señor Domínguez Palencia en el cargo de jefe
de División de presupuesto y el Manual de Funciones del ente territorial.
54. Con ello, llegó a la conclusión de que la vinculación del accionante fue de
aquellas catalogadas como de libre nombramiento y remoción. Por lo tanto,
advirtió que el acto de insubsistencia obedeció a la facultad discrecional de su
empleador.
55. Ciertamente, del análisis de los motivos de inconformidad propuestos por
el actor en torno a los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución, se advierte que todo el sustento se limita a reiterar una discusión
que ya fue zanjada al interior del proceso contencioso relacionada con la
naturaleza del cargo.
56. Luego, es posible concluir que los argumentos expuestos apuntan a
convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, máxime
cuando el señor Domínguez Palencia no especificó con precisión las normas que
resultaron desconocidas y la interpretación que era aplicable, las pruebas que se
apartaron del principio de la sana crítica, y el alcance de la trasgresión del artículo
125 constitucional.
57. En esos términos, la Sala no encuentra que la decisión adoptada por el
tribunal enjuiciado se aleje de manera palmaria de la interpretación que el
ordenamiento jurídico ha dado a la naturaleza de los cargos de libre
nombramiento y remoción y que, por tanto, habiliten la procedencia excepcional
de la acción de tutela en la autonomía judicial.
58. Tampoco se infiere del escrito de tutela y de los elementos de convicción
allegados al vocativo de la referencia, la manera como, fueron transgredidos sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia e igualdad.
12
Véase: Sentencia del 18 de septiembre de 2024- índice 2 Samai.
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59. Nótese que, en materia de tutelas contra providencias judiciales, no es
suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial se
transgredieron sus garantías fundamentales. Por el contrario, es menester que
se cumpla con el deber de argumentar el concepto de la violación, de manera
que le permita al juez constitucional vislumbrar que la solución del caso permite
desarrollar la Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales invocados.
60. Por el contrario, en el caso objeto de estudio la Sala advierte que el debate
se ciñe una inconformidad por la manera que la autoridad enjuiciada interpretó la
naturaleza del cargo que desempeñó el señor Domínguez Palencia, sin que se
evidencie una palmaria afectación de derechos fundamentales.
61. Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de
la órbita de los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por
el actor dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos propuestos frente a la apreciación de las pruebas del proceso
contencioso se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas, se convertiría el mecanismo de amparo en instancia adicional.
2.6.2 Cuestión final
62. Finalmente, el señor Pedro Ignacio Domínguez Palencia adujo que el
Tribunal desconoció su condición de prepensionado, pues para enero de 2020
tenía 59 años de edad. Cargo que la Sala interpreta como otra manifestación del
defecto por violación a la Constitución, pese a que ello no fue expresamente
alegado por el accionante.
63. Al respecto, esta colegiatura encuentra que su condición de
prepensionado no fue alegada al interior del proceso ordinario, ni obra constancia
de que se hubiera puesto de presente al ente nominador al momento de la
declaratoria de insubsistencia y el trámite de los recursos correspondientes.
Tampoco se tienen elementos de convicción que permitan verificar la
transgresión de sus garantías fundamentales por desconocimiento de esta
situación.
64. Valga señalar que la protección que emana del ordenamiento jurídico a las
personas que ostentan esta condición especial debe suponer que su
desvinculación afecta su mínimo vital, derivado del hecho de la cesión de su
salario y su eventual pensión como sustento económico. Mismas
consideraciones a los que ha llegado esta corporación, al considerar lo siguiente:
[…] la mera condición de prepensionado no es suficiente para ordenar el reintegro
de un trabajador sino que es necesario evidenciar en cada caso concreto que la
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desvinculación pone en riesgo los derechos fundamentales, de la demandante,
donde la edad de aquella es un indicador de la falta de probabilidades de
integrarse al mercado laboral que debe apreciarse, junto con el hecho de que el
sueldo sea la única fuente de ingresos de esta o, en todo caso, que los ingresos
por otros conceptos sean insuficientes para garantizar una vida en condiciones
dignas ante la ausencia del primero13.
65. Por lo anterior, para la Sala prima facie, este cargo no tiene vocación de
prosperidad. Como viene de verse, no se expuso con suficiencia la manera como
el tribunal desconoció su condición de prepensionado, máxime cuando no fue
punto de discusión el proceso ordinario. Tampoco, mencionó cómo la decisión
afectó su mínimo vital y si acredita los requisitos de dicha condición.
66. Luego, al no cumplir con la carga argumentativa mínima que habilite al
juez a verificar su situación pensional concreta y, por tanto, si la sentencia de
segunda instancia aquí reprochada violó la Constitución Política. Bajo tal
consideración, la sala encuentra que este cargo tampoco supera el presupuesto
de la relevancia constitucional.
2.7. Conclusión
67. Se declarará improcedente la tutela de la referencia. Lo anterior, porque la
parte actora pretende utilizar este mecanismo judicial como una tercera instancia
en la que se otorgue una naturaleza distinta al cargo que desempeñó al interior
de la Alcaldía de Sucre. Además, porque no expuso con suficiencia las razones
por las cuales considera que el tribunal desconoció la Constitución Política, en
punto a su situación como prepensionado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por el señor Pedro
Ignacio Domínguez Palencia contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el
Juzgado 7° Administrativo Oral de Sucre, por no superar el requisito de la
relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 7 de abril de 2022. Rad. 680012333000202200126-01.
13
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Demandante: Pedro Ignacio Domínguez Palencia
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Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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