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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06102-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06102-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: Primero.- DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO en la acción de tutela promovida por el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, por las razones aquí expuestas. Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 3 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos. 4 Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada. 5 Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2024-06102-00 Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06102-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de enero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06102-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06102-00
Demandante: HÉCTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
electoral en el que se había dictado auto de obedézcase y cúmplase.
Defecto procedimental. Carencia de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, quien actúa en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante afirmó que, en el marco del medio de control de nulidad electoral
radicada con el Nº 2024-0004-01, adelantada contra el acto de su elección como
alcalde del municipio de Apartadó, Antioquia, por la causal de doble militancia
política en la modalidad de apoyo, la Sección Quinta del Consejo de Estado por
auto del 1 de noviembre de 2024, profirió constancia de ejecutoria de la sentencia
de segunda instancia de 26 de septiembre de 2024, que confirmó el fallo de
primera instancia en el que se declaró nula la elección.

Sostuvo que el 5 de noviembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
anuló la referida constancia de ejecutoria, y “reactivó el proceso para conocer y
resolver la solicitud de adición que había quedado inconclusa”.

Por último, indicó que, no obstante lo anterior, el Tribunal Administrativo de
Antioquia profirió auto de cúmplase el 7 de noviembre de 2024, esto es, sin que
existiera constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia,
“manifestando que el 5 de noviembre recibió el expediente del Consejo de Estado”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por el auto del 7 de noviembre de 2024, mediante el cual la autoridad
judicial accionada ordenó cumplir lo ordenado por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en el marco de la demanda de nulidad electoral que se adelantó contra
el acto de su elección como alcalde del municipio de Apartadó.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06102-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez

Luego de hacer referencia al cumplimiento de los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, adujo que, en su criterio, el auto
objetado incurre en defecto procedimental, en tanto, sostuvo, “no le era dable al
Tribunal Administrativo de Antioquia proferir auto que ordenara cumplir lo
dispuesto en una sentencia que no se encontraba ejecutoriada, como quiera que
se encontraba un aspecto pendiente por resolver (solicitud de adición), razón por
la cual, una vez más insisto ante esta honorable corporación que DEBE
SUSPENDERSE LOS EFECTOS DEL AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. 544 DEL
7 DE NOVIEMBRE DE 2024 hasta tanto no se expida constancia de ejecutoria por
parte de la Sección Quinta, pues contrario sensu, dicha omisión contendría un
efecto decisivo y determinante que afecta mis derechos fundamentales, debiendo
ser resarcido por el Juez Constitucional por vía de acción de amparo”.

De igual manera, solicitó como medida provisional para evitar un perjuicio
irremediable, que se suspendieran los efectos del auto objetado, “como quiera que
con dicha ejecutoria deviene la cancelación de su credencial como alcalde del
municipio de Apartadó, ocasionando con ello un perjuicio irremediable”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: Se declare que el Tribunal Administrativo De Antioquia Sala Tercera De
Oralidad, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción,
defensa y acceso a la administración de justicia, a mí, HECTOR RANGEL PALACIOS
RODRÍGUEZ, al proferir el Auto de sustanciación Nº 544 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE
2024 sin que existiera constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

SEGUNDA: Que se ORDENE al Tribunal Administrativo De Antioquia Sala Tercera De
Oralidad dejar sin efectos el Auto de sustanciación No. 544 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE
2024, dentro del medio de control de nulidad electoral con radicado número
05001233300020240000400, por ser vulneradora de los derechos fundamentales que
le asistente al señor HECTOR RANGEL PALACIOS RODRÍGUEZ.

TERCERO: Se ORDENE al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia
DEVOLVER el expediente con radicado número 05001233300020240000401 a la
Sección Quinta del Consejo de Estado”.

4. Trámite procesal

Por auto del 15 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial
accionada. Igualmente, al Consejo de Estado, Sección Quinta y al señor John
Jairo Aristizábal, como terceros interesados en el resultado del proceso1.

Así mismo, se negó la solicitud de medida provisional elevada por el actor, al no
advertir la necesidad imperiosa e inminente para que el juez constitucional
intervenga en el sentido de acceder a la misma.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Quinta

El titular del despacho que conoció en segunda instancia del proceso que originó la
controversia, rindió informe en el que solicitó que se denegaran las pretensiones de
la acción, por cuanto, sostuvo, el sustento de la solicitud es un yerro secretarial que

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Índice 8, Samai.
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Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez

fue rápidamente subsanado, sin que se sacrificaran los derechos fundamentales de
la parte actora.

Indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de
septiembre de 2024, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
que declaró la nulidad de la elección del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez
como alcalde de Apartadó, decisión contra la que el demandado formuló una
solicitud de aclaración vía correo electrónico del 1º de octubre de 2024, la cual fue
resuelta mediante auto del 24 de octubre del mismo año.

Afirmó que, no obstante, el 23 de octubre de 2024, el apoderado del señor Héctor
Rangel Palacios Rodríguez, por fuera del término legal previsto, presentó una
solicitud de adición del fallo, la cual por un error involuntario la Secretaría de la
Sección Quinta del Consejo de Estado pasó por alto, por lo que, en lugar de ingresar
el expediente al despacho para proveer sobre aquella, se expidió constancia de
ejecutoria de la decisión del 26 de septiembre de 2024, y se procedió con la
devolución del proceso al tribunal de origen el 1° de noviembre de 2024.

Sostuvo que el despacho advirtió que aún se encontraba pendiente el
pronunciamiento sobre esa solicitud formulada extemporáneamente y, por tal motivo,
alertó a la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual procedió a
dejar sin efecto la actuación mediante la cual devolvió el expediente al tribunal y dejó
las constancias del caso en el aplicativo SAMAI. Indicó que, acto seguido, el 8 de
noviembre de 2024 el expediente ingresó al despacho para proveer sobre la adición
elevada por el demandado, mediante proveído de esa misma fecha, en el que el
despacho rechazó por extemporánea la solicitud de adición.

Refirió que, en ese sentido, aun cuando hubo un error secretarial en el que no se
advirtió la solicitud de adición formulada, lo cierto es que aquella resultaba
abiertamente extemporánea, de manera que dicho memorial en nada afectaba la
ejecutoria de la sentencia del 26 de septiembre de 2024, por lo que, pese a que el
Tribunal Administrativo de Antioquia profirió el auto de “obedézcase y cúmplase” el 7
de noviembre de 2024 y el 8 de noviembre siguiente el despacho de segunda
instancia profirió el proveído mediante el cual se rechazó la solicitud de adición por
extemporánea, ello no configura un defecto procedimental, ni afecta los derechos
fundamentales invocados.

Agregó que, en todo caso, la Secretaría de la Sección Quinta de esta corporación
procedió a dejar sin efecto la constancia de ejecutoria del 1° de noviembre de 2024,
tal y como consta en el Sistema para la Gestión Judicial Samai, e igualmente el
Tribunal Administrativo de Antioquia mediante auto del 13 de noviembre de 2024,
dejó sin efectos la providencia mediante la cual dispuso obedecer y cumplir lo
resuelto por el superior, según se advierte en el índice 129 del expediente digital de
primera instancia que reposa en la misma plataforma.

Adujo que el apoderado del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez presentó una
solicitud de nulidad, sin indicar la causal, con fundamento en argumentos similares a
los de la presente acción de tutela, la cual fue rechazada mediante auto del 18 de
noviembre de 2024, por cuanto no se invocó ninguna de las causales previstas
taxativamente en el estatuto procesal.

Finalmente, aseveró que el actor, además de la acción de tutela bajo estudio, insiste
en llevar a cabo actuaciones dilatorias con el ánimo de impedir el efectivo
cumplimiento del fallo del 26 de septiembre de 2024, mediante el cual se confirmó la
sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de su elección como alcalde
del municipio de Apartadó, Antioquia.
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Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez

5.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia

El titular del despacho accionado rindió informe en el que solicitó que se denegaran
las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto, adujo, no se avizora vulneración
alguna de los derechos fundamentales del accionante por parte de esa corporación,
pues al momento de expedirse el auto del 7 de noviembre de 2024 de obedézcase y
cúmplase lo dispuesto por el superior, no tenía conocimiento de que se hubiera
dejado sin efecto la devolución del expediente al tribunal, sino que únicamente se
evidenció cuando el 8 de noviembre de 2024, el apoderado del demandante informó
tal situación y solicitó dejar sin efecto ese proveído, a lo cual se accedió.

Luego de hacer un recuento de lo ocurrido en el proceso de nulidad electoral que
originó la controversia, sostuvo que al haberse anulado por parte de la Secretaría de
la Sección Quinta del Consejo de Estado la devolución del proceso al Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante auto del 13 de noviembre de 2024 se dejó sin
efecto el auto proferido el 7 de noviembre de 2024 de obedézcase y cúmplase, y se
dispuso la devolución del proceso al Consejo de Estado, decisión que quedó
ejecutoriada el 19 de noviembre de 2024, por lo que el 20 de noviembre de 2024 se
remitió el expediente al Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el presente
asunto.

2. Planteamiento del problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si el auto del 7 de noviembre de 2024, mediante
el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia dispuso cumplir lo ordenado por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, quien confirmó la decisión de declarar la
nulidad del acto de elección del accionante como alcalde del municipio de
Apartadó (rad. 05001233300020240000401), incurre en defecto procedimental,
en tanto “ordenó cumplir lo dispuesto en una sentencia que no se encontraba
ejecutoriada”, lo que vulneraría los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.

La Sala anticipa que declarará la carencia de objeto de la acción, en tanto las
actuaciones judiciales de las que el accionante desprende la vulneración de sus
derechos fundamentales se dejaron sin efectos en el curso de este trámite
constitucional.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06102-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, con el auto del 7 de noviembre de 2024, mediante
el cual ordenó cumplir lo ordenado por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en segunda instancia del proceso de nulidad electoral 2024-0004-01, quien
confirmó la decisión de declarar la nulidad del acto de elección del accionante
como alcalde del municipio de Apartadó, incurre en defecto procedimental, en
tanto “ordenó cumplir lo dispuesto en una sentencia que no se encontraba
ejecutoriada”, lo que vulneraría los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.

En el escrito de contestación de la solicitud constitucional, el Tribunal
Administrativo de Antioquia sostuvo que en el caso no existe vulneración alguna a
los derechos fundamentales del actor, en tanto, indicó, luego de que la Sección
Quinta del Consejo de Estado anulara la constancia de ejecutoria de la sentencia del
1º de noviembre de 2024, ese tribunal mediante auto del 13 de noviembre de 2024,
dejó sin efecto el auto proferido el 7 de noviembre de 2024, y dispuso la devolución
del proceso al Consejo de Estado para lo de su cargo, decisión que quedó
ejecutoriada el 19 de noviembre de 2024, por lo que el 20 de noviembre de 2024 se
remitió el expediente al Consejo de Estado.

4.2. De las actuaciones del proceso de nulidad electoral en el que se suscitó la
controversia, visibles en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI se observa
que, en efecto, luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara la
devolución del expediente del 1º de noviembre de 2024, con ocasión de la
solicitud de adición de la sentencia no resuelta, solicitada por el apoderado judicial
del demandado, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 13 de
noviembre de 2024, dejó sin efecto el auto proferido el 7 de noviembre de 2024, y
ordenó la remisión del proceso al Consejo de Estado. En la mencionada
providencia, aportada por la autoridad judicial accionada, se indicó lo siguiente:

“El 7 de noviembre de 2024 se profirió Auto de Cúmplase lo del Consejo de
Estado.

Mediante memorial del 8 de noviembre de 2024 el apoderado de la parte
demandada HECTOR RANGEL PALACIOS RODRIGUEZ, solicitó ...“dejar sin
efecto el Auto de cúmplase fechado del 7 de noviembre de 2024, toda vez que
el día 5 de noviembre de 2024, como apoderado radicó Acción de Tutela en
contra de Consejo de Estado Sección Quinta, teniendo como fundamente la
vulneración de los derecho fundamentales de su cliente por parte de dicho
órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el entendido
que no le era posible emitir constancia de ejecutoria y el posterior envió del
expediente al despacho de origen esto es el Tribunal Contencioso
Administrativo, como quiera que se encontraba pendiente por resolver una
solicitud de adición presentada en contra de la sentencia de segunda
instancia”.

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Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez

Al verificar en el aplicativo SAMAI se evidencia que en la actuación 047 se
indicó que debido a la solicitud de adición de la sentencia presentada por el
apoderado de Héctor Rangel Palacios Rodríguez (índice 41 de Samai) se
anulan las actuaciones de los índices 47 y 48 y se ingresa al despacho para
resolver esta solicitud.
Por lo anterior de deja sin efecto el auto obedézcase y cúmplase de fecha 7
noviembre de 2024 y se ordena devolver expediente al consejo de estado.

Por lo anterior, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
UNITARIA DE ORALIDAD

RESUELVE:

PRIMERO: Dejar sin efecto el auto obedézcase y cúmplase de fecha 7
noviembre de 2024 de conformidad con lo indicado en la parte motiva.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriado el presente auto envíese, por conducto de la
Secretaria de esta Corporación al Consejo de Estado para lo de su
competencia.

Tercero: Comuníquese este auto por correo electrónico a las partes”.

En ese sentido, la Sala encuentra que en el caso se configura el fenómeno de la
carencia actual de objeto, ya que la situación de hecho que originó la supuesta
vulneración o amenaza a los derechos del accionante desapareció, de manera tal
que la pretensión relativa a que se protejan sus derechos fundamentales y se deje
sin efectos el auto de 7 de noviembre de 2024 resulta inane, por lo que, para este
caso, cualquier análisis adicional caería en el vacío.

En otros términos, la providencia respecto de la cual se predicaba la supuesta
vulneración iusfundamental fue retirada del ordenamiento jurídico, cuya ejecutoria
tuvo lugar el 19 de noviembre de 2024, es decir, con posterioridad a la
presentación de la acción de tutela, lo cual ocurrió el 12 del mismo mes y año. Así
las cosas, desapareció la providencia judicial sobre la cual se debería,
eventualmente, realizar el juicio de contraste para determinar si la autoridad
judicial accionada había enervado la garantía de los derechos fundamentales
invocados.

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20192, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al
desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud,
cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el
objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido

2
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez

solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”3.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto” 4.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”5.

Por lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto, teniendo en cuenta
que la situación de hecho que originó la supuesta vulneración de los derechos del
accionante desapareció antes de emitirse la decisión de primera instancia, por lo
que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no
surtiría ningún efecto.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero.- DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO en la acción de
tutela promovida por el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, por las razones
aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

3
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
4
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
5
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06102-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

8

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