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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01171-00

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01171-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN formuladas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, así como la TEMERIDAD respecto al reproche relativo a que la demanda ordinaria se presentó en un correo electrónico no habilitado para ese propósito. 9 Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00 Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01171-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Acto de elección de alcalde de
Apartadó. Doble militancia en la modalidad de apoyo / DECLARA IMPROCEDENCIA
– Falta de cumplimiento de requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad y
por configurarse temeridad – Se pretende emplear la acción de tutela como una
instancia adicional al proceso ordinario, se omitió advertir la presunta indebida
notificación en la respectiva oportunidad procesal y parte actora instauró de manera
previa tutela con identidad de partes, objeto y causa

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 28 de febrero de 2025 el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, a través de
apoderado judicial, promovió acción de tutela contra la Sala Tercera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Quinta del Consejo de Estado, con
el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y
“participación política”3 y se dejen sin efectos las sentencias de 20 de mayo y 26 de
septiembre de 2024, emitidas dentro del proceso de nulidad electoral4 instaurado por
el señor Jhon Jairo Aristizábal en su contra, encaminado a obtener la anulación de
su acto de elección como alcalde de Apartadó, para el período 2024-2027, bajo el
fundamento de haber incurrido en la causal de nulidad electoral de doble militancia,
en la modalidad de apoyo.

1 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 También invocó la protección del principio de seguridad jurídica.
4 Expediente 05001-23-33-000-2024-00004-01.

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Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

2.
Mediante la providencia de 26 de septiembre de 2024, se confirmó la decisión
adoptada el 20 de mayo de ese año por el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala
Tercera de Oralidad), que accedió a las pretensiones ordinarias. Se determinó que
el señor Palacios Rodríguez pertenecía al Partido Liberal Colombiano y se inscribió
como candidato a la alcaldía de Apartadó por la coalición Unidos por la Vida, sin
embargo, apoyó a aspirantes al concejo de Apartadó del partido Independientes,
pese a que la colectividad política en la que milita contaba con listas propias para
esa corporación.

3.
La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto procedimental absoluto.
Señaló que (i) se surtió el 21 de marzo de 2024 de manera indebida su interrogatorio,
pues no se le informó su propósito, finalidad, alcance y posibles repercusiones, lo
que conllevó que aceptara, bajo coacción, hechos que le fueron desfavorables; (ii)
se omitió su notificación personal correctamente, dado que si bien recibió el
respectivo correo electrónico el 17 de enero de 2024 con ese propósito, no tuvo
acceso a los anexos de la demanda, sino únicamente al auto admisorio, lo que le
impidió ejercer su derecho de contradicción y genera que el trámite procesal esté
viciado de nulidad; y (iii) se envió el escrito de la demanda el 7 de diciembre de 2023
a un correo electrónico no habilitado para ese propósito, por lo que no debía haberse
tenido en cuenta esa fecha de presentación, sino el 11 de enero de 2024, cuando
funcionarios judiciales lo remitieron a la dirección virtual correcta, momento para el
cual el medio de control había caducado.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

4.
Mediante auto de 27 de marzo de 20255, se admitió la acción de tutela, se negó
la solicitud de medida provisional presentada por la parte accionante, se ordenó
notificar a las autoridades demandadas y se vinculó al señor Jhon Jairo Aristizábal,
al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en
calidad de terceros con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(i) Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad

5.
Informó que la parte actora ha instaurado acciones de tutela en las que ha
debatido lo referente al tema de la configuración de la caducidad en el proceso de
nulidad electoral 6 y lo relativo al trámite procesal impartido 7 , las cuales han sido
decididas de manera desfavorable.

5 Notificado el 3 de abril de 2025. Previo a la admisión se hizo un requerimiento a la parte accionante.
6 Expediente 11001-03-15-000-2025-00303-00. Mediante sentencia de 18 de febrero de 2025 se negó el amparo

reclamado.
7 Expedientes (i) 11001-03-15-000-2024-05950-00. A través de providencia de 21 de febrero de 2025 se negó la

protección constitucional pedida; y (ii) 11001-03-15-000-2024-06102-00. Con fallo de 30 de enero de 2025 se
declaró el hecho superado.
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Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

6.
Indicó que no corresponde a la realidad que al momento de notificársele el proceso
de nulidad electoral no se haya habilitado el acceso al expediente electrónico, lo cual,
en todo caso, fue abordado en el auto de 30 de agosto de 2024, a través del que se
resolvió una nulidad originada por esa presunta omisión.

7.
En cuanto a que no se le comunicó al tutelante sobre el propósito del interrogatorio
de parte, practicado en las diligencias ordinarias, se debe tener en cuenta que el
Ministerio Público al solicitar ese medio probatorio indicó los motivos de su petición,
en esa medida, se puso en su conocimiento su objeto. Además, siempre contó con
representación judicial, por lo que no puede alegarse desconocimiento, ni coacción
alguna al momento de celebrar la correspondiente audiencia, como se puede
verificar en la respectiva grabación, máxime cuando no se presentó oposición al
interrogatorio y tanto en la audiencia inicial, como en esa diligencia, estuvo
acompañado por su apoderado.

8.
Por lo anterior, se concluye que los citados aspectos fueron conocidos y decididos
en el proceso ordinario, por lo que no es viable que se pretenda reabrir su discusión,
en razón a que la tutela no puede ser empleada como una tercera instancia, por lo
tanto, deviene en improcedente.

(ii) Consejo de Estado – Sección Quinta
9.
Advirtió que no se supera el presupuesto de relevancia constitucional. Las
inconformidades tienen como fin revivir cuestiones procesales debidamente
zanjadas en el trámite judicial electoral. Mediante auto de 30 de agosto de 2024, el
Tribunal accionado analizó lo atinente a la presunta falta de competencia de esa
Corporación para continuar el proceso luego de la solicitud de retiro de la demanda
y la indebida notificación del auto admisorio. Asimismo, lo referente a la fecha de
presentación de la demanda, fue abordado en la providencia que la admitió.

10.
Además, el reproche relacionado con la configuración de la caducidad es
temerario, porque fue planteado en una tutela formulada con antelación por la parte
actora, en la que, con sentencia de 18 de febrero de 20258, se negó el amparo de
los derechos fundamentales invocados, por ende, frente a este aspecto se constituye
cosa juzgada.

11.
Frente al interrogatorio de parte practicado, se precisó que no se advirtió algún
tipo de coacción o arbitrariedad en el desarrollo de la diligencia. Además, a esta
asistió su apoderado y se le cuestionó sobre los hechos de la demanda, frente a lo
cual, de manera libre y espontánea, respondió. Se concluyó que el hecho de que las
respuestas del demandado no le resultaran favorables, no podía traducirse en el
desconocimiento de sus prerrogativas superiores.

8 Expediente 11001-03-15-000-2025-00303-00.

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Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

12.
Por lo anterior, es evidente que la parte actora insiste en sus reparos sobre la
indebida notificación del auto admisorio, la caducidad del medio de control de nulidad
electoral y la supuesta falta de garantías en la práctica del interrogatorio de parte en
el trámite de primera instancia. No obstante, estas presuntas irregularidades fueron
resueltas tanto por el Tribunal accionado (indebida notificación del auto admisorio),
como por esa Corporación (caducidad y práctica de la prueba).

(iii) Registraduría Nacional del Estado Civil

13.
Adujo que no es la responsable de proteger los derechos invocados por el
accionante, toda vez que no fungió como juez natural dentro del proceso de nulidad
electoral en el que se profirieron las providencias cuestionadas. Es decir, los hechos
que enuncia el tutelante no tienen relación con facultades y funciones que la
Constitución y la ley le asignan a esa entidad. Por tanto, carece de legitimación en la
causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación.

14.
Sin perjuicio de ello, no se demostró alguna causal específica de procedibilidad
de la tutela contra providencia judicial, por el contrario, lo pretendido es reabrir un
debate de tercera instancia, lo cual resulta inadmisible dentro del marco del debido
proceso.

(iv) Consejo Nacional Electoral

15.
Sostuvo que no se presenta vulneración constitucional alguna de su parte, pues
no tuvo participación directa ni indirecta en la configuración de los hechos materia de
la acción, es decir, no incidió en las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales. Por lo anterior, pide que se declare su falta de legitimación en la causa por
pasiva y se le desvincule de las presentes diligencias constitucionales.

16.
Por auto de 02 de mayo de 2025 se declaró fundado el impedimento presentado
por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez.

II. CONSIDERACIONES

C. Solicitudes de desvinculación

17. La Sala negará las peticiones del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría

Nacional del Estado Civil, pues sus vinculaciones no se realizaron en condición de
accionadas. Resulta claro que dichas entidades carecen de la facultad de emitir una
decisión judicial que reemplace la controvertida de segunda instancia, que es lo que
se pretende en este asunto. No obstante, al juez de tutela le asiste la obligación de
integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que las referidas entidades fueron
vinculadas al proceso electoral, en virtud del numeral 2 del artículo 277 del CPACA,
mediante auto de 15 de enero de 2024, que admitió la demanda de nulidad electoral

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Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
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formulada contra el tutelante, resultaba indispensable que fueran llamadas a estas
diligencias como terceros interesados.

D. Análisis del caso concreto

18. La tutela no satisface los presupuestos de relevancia constitucional y
subsidiariedad y, además, se configura temeridad, por ende, se declarará su
improcedencia.

19. En relación con las presuntas irregularidades acaecidas en el interrogatorio de

parte que se le practicó en el proceso de nulidad electoral, se evidencia que tal
reproche fue planteado en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, frente a lo cual la Sección Quinta del Consejo de Estado precisó que en
esa diligencia al tutelante se le puso “de presente el artículo 442 del Código de
Procedimiento Penal sobre las consecuencias por faltar a la verdad, realizó el
juramento de rigor, se le tomaron sus generales de ley, se le hizo saber que no podía
estar acompañado y que toda respuesta la debía dar de manera libre y espontánea.
De modo que, se le precisó al señor Rodríguez Palacios que no podía ser obligado
a declarar, pues su relato debía ser libre y espontáneo; lo cual se enmarca en la
garantía fundamental del artículo 33 constitucional, en el sentido que nadie podrá
ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil”. Además, durante su desarrollo no se observa que hubiere
sido coaccionado o que las preguntas fueran sugestivas y, en todo caso, estuvo
acompañado por su apoderado.

20. Con base en lo citado, concluyó que el hecho “de que las respuestas del
demandado no le resultaran favorables a su postura defensiva, de ninguna manera
se traduce en el desconocimiento de sus derechos fundamentales”. Por el contrario,
él cumplió con su deber ciudadano, “al estar bajo la gravedad de juramento y
responder con toda sinceridad, sin que se evidencie una coacción para que
declarara, pues bien pudo negarse a responder, pero no lo hizo y atendió el
cuestionario de manera libre y espontánea”.

21. En esa medida, la Sala observa que la intención del accionante es emplear la

tutela como una instancia adicional, para obtener un pronunciamiento diferente, es
decir, que le resulte favorable a sus intereses, en lo atinente a las presuntas falencias
acaecidas durante su interrogatorio de parte, sin tener en cuenta que el juez natural
examinó ese cuestionamiento y le brindó los motivos por los cuales consideró que
no le asistía razón sobre el particular, circunstancia que denota que en este aspecto
la tutela carece de relevancia constitucional, pues se limita a reiterar la
argumentación planteada en sede ordinaria sin demostrar el yerro constitucional que
alega.

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Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
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22. Frentea que no se surtió en debida forma su notificación personal, al no
concedérsele el acceso a los anexos de la demanda de nulidad electoral, se tiene
que esa inconformidad también fue planteada bajo los mismos argumentos en la
alzada contra el fallo ordinario de primera instancia, respecto de lo cual la Sección
Quinta de esta Corporación sostuvo que esta fue abordada por el Tribunal
accionado, mediante auto de 30 de agosto de 2024, en el sentido de negarla, en esa
medida, no se desconoció su derecho fundamental al debido proceso.

23. En el mencionado proveído de 30 de agosto de 2024, el Tribunal accionado

determinó que no se había originado la nulidad alegada, pues el tutelante había
actuado por intermedio de apoderado durante todo el proceso, ya que contestó la
demanda, asistió a las audiencias inicial y de pruebas celebradas el 21 de marzo y
10 de abril de 2024, respectivamente, presentó alegatos de conclusión, interpuso
recurso de apelación y solicitó aclaración de la sentencia, sin que expusiera en
momento alguno que se había configurado una indebida notificación.

24. En todo caso, indicó que, como el artículo 294 del CPACA permite que se
constituya como causal de nulidad originada en la sentencia, la indebida notificación
del auto admisorio, se pronunciaría de fondo sobre el particular. En ese sentido,
concluyó que “la notificación realizada al demandado, señor Héctor Rangel Palacios
Rodríguez se efectuó en debida forma, en donde se le puso en conocimiento, tanto
el auto admisorio como todos los documentos obrantes en el expediente
electrónico”. Documentos que reposan en la herramienta electrónica judicial Samai.
Por tanto, “se le garantizó el acceso a todos los anexos y pruebas allegadas con la
demanda, así como a todas las actuaciones surtidas durante su trámite”.

25. Por lo expuesto, se observa que el actor se limita a insistir en la presunta indebida

notificación para que se le ordene a la autoridad judicial acoger su tesis, a pesar de
que esta examinó su planteamiento y las pruebas que obraban en el expediente,
para concluir que no había acaecido la falencia alegada, pues tuvo a su disposición
la totalidad de los documentos que reposan en el plenario, lo que le permitía ejercer
su defensa, máxime cuando aquellos obran en el aplicativo Samai. Argumentación
que no denota afectación constitucional alguna, cuanto más si la parte actora no la
demostró, en razón a que se limitó a reiterar su hipótesis, como si la tutela fuera el
escenario adecuado para revivir un debate que ya fue zanjado en el proceso
ordinario.

26. Sin perjuicio de que la irregularidad referente a la indebida notificación haya sido

abordada por el Tribunal accionado a través de la aludida providencia, en razón a
que es una causal de nulidad originada en la sentencia, lo cierto es que aquella no
fue advertida por la parte afectada una vez tuvo conocimiento de la misma, y en esa
medida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207 del CPACA9, no podía ser
alegada en etapas posteriores.

9 Aplicable por remisión expresa del artículo 284 del CPACA, que regula lo relativo a las nulidades en los procesos

electorales.
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27. La anterior omisión de la parte actora implica que lo referente a la indebida
notificación, además de no superar el presupuesto de relevancia constitucional,
tampoco supera el presupuesto de subsidiariedad. La tutela solo procede en los
eventos en que el ordenamiento jurídico no disponga de otro instrumento diferente
para obtener la protección constitucional que se invoca, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable
(artículo 86 de la Constitución Política).

28. Por último, en lo relativo a cuál fecha de presentación de la demanda se debía

tener en cuenta, para efectos de determinar la configuración o no del fenómeno de
la caducidad, se advierte que, tal como lo anotaron las autoridades accionadas, ese
cuestionamiento fue formulado por la parte actora de manera previa en otra acción
de esta naturaleza.

29. En los registros de Samai, se observa que el 22 de enero de 2025 el señor Héctor

Rangel Palacios Rodríguez presentó tutela10, con fundamento, entre otros
reproches, en que se tuvo como fecha de presentación de la demanda de nulidad
electoral en su contra el 7 de diciembre de 2023, a pesar de que ese día fue dirigida
a un canal digital diferente a los autorizados con tal propósito y solo hasta el 11 de
enero de 2024 se envió al buzón electrónico correcto.

30. Dicho asunto constitucional fue decidido, en primera instancia 11, el 18 de febrero

de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, en el
sentido de negar el amparo constitucional reclamado. Se concluyó que “sin pasar
por alto los deberes y obligaciones de las partes en lo que a la radicación de
demandas y uso de medios tecnológicos se refiere (…), no se advierte razón alguna
para desconocer la garantía de acceso a la administración de justicia de la
contraparte, pues, obrar en forma contraria, conllevaría a incurrir en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, ya que (…) en el asunto bajo estudio la
demanda se radicó a través de un correo electrónico institucional que permitió ser
conocido y tramitado de manera inmediata, sin que resulte admisible desconocer su
trámite ni la fecha en que se radicó la demanda (7 de diciembre de 2023)”.

31. La mencionada decisión judicial no fue objeto de impugnación, razón por la cual

el 10 de abril de 2025 el juez constitucional envió el respectivo expediente a la Corte
Constitucional, con el fin de que se surtiera la eventual revisión de que trata el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

32. Con base en lo citado en precedencia, se evidencia que se configura una
actuación temeraria por parte del tutelante. De conformidad con el artículo 38 del
Decreto 2591 de 199112, aquella se configura cuando una misma persona o su

10 Expediente 11001-03-15-000-2025-00303-00.
11 No fue objeto de impugnación.
12 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.

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representante interpone la misma demanda de tutela ante varias autoridades
judiciales, sin que exista un motivo expresamente justificado, caso en el cual los
jueces constitucionales deberán rechazar o decidir desfavorablemente todas las
solicitudes.

33. A efectos de evaluar el ejercicio temerario en la acción de tutela, la jurisprudencia

constitucional13 ha señalado que se debe analizar la concurrencia de los siguientes
elementos: (i) que exista una triple identidad entre las acciones de tutela incoadas
de manera simultánea o sucesiva, es decir, que se trate de las mismas partes, con
fundamento en los mismos hechos y que persigan el mismo objeto y; (ii) la mala fe
en el ejercicio sucesivo de varias acciones de tutela, con la única finalidad de lograr
una decisión favorable a sus intereses sin importar el número de veces que requiera
accionar el aparato jurisdiccional.

34. En esa línea, la Corte Constitucional ha precisado que pueden existir eventos en

los que aunque se presente la triple identidad, no se configura un actuar temerario
por parte del demandante debido a que la acción de tutela interpuesta por segunda
vez se presenta de buena fe, a saber: (i) la condición de ignorancia o indefensión
del accionante, porque aquel actúa por miedo insuperable o por la necesidad
extrema de defender un derecho; (ii) el asesoramiento erróneo de un profesional del
derecho; (iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad
a la interposición de la acción de tutela o que se omitieron el trámite de la misma y;
(iv) cuando la Corte Constitucional emita una decisión de unificación, cuyos efectos
son extensivos a un grupo de sujetos que se consideran en igualdad de
condiciones14.

35. En el presente asunto se advierte el actuar temerario del actor, pues presentó con

anterioridad al asunto constitucional de la referencia, otra acción de la misma
naturaleza (11001-03-15-000-2025-00303-00), encaminada también a controvertir
las sentencias objeto de censura en este trámite, bajo el reproche, entre otros, de
que no debió haberse tenido como presentada la demanda de nulidad electoral el 7
de diciembre de 2023, pues ese día fue radicada mediante un canal digital no
habilitado para ese fin. En las mismas se verifica la triple identidad, pues coinciden
las partes que conforman tanto el extremo pasivo como el activo, se fundamentan
en los mismos supuestos fácticos y persiguen el mismo objeto, en lo relativo a la
mencionada inconformidad.

36. Lo anterior, por cuanto: (i) fueron instauradas por el señor Héctor Rangel Palacios

Rodríguez, quien en ambos asuntos actuó a través de apoderado judicial (uno
diferente en cada proceso); (ii) se dirigieron contra la Sala Tercera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Quinta del Consejo de Estado; (iii)
en ambas se solicita el amparo del derecho fundamental al debido proceso y aunque
en este asunto se haya pedido la protección de la garantía superior de “participación

13 Ver Sentencia SU-027 de 2021.
14 Ibidem.

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política” y en aquel la de “elegir y ser elegido”, lo cierto es que está última integra los
postulados que conforman el derecho fundamental a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político; (iv) la pretensión es que se dejen sin efectos
las sentencias de 20 de mayo y 26 de septiembre de 2024 emitidas en el proceso
de nulidad electoral surtido contra el tutelante; y (v) señaló, como reproche común,
la irregularidad en la presentación de la demanda ordinaria.

37. En lo que se refiere al elemento subjetivo, es claro que el accionante presentó las

dos solicitudes de amparo con total claridad y conocimiento de su actuar, pues este
trámite fue promovido el 28 de febrero de 2025, es decir, con posterioridad al fallo
emitido en el otro asunto constitucional (18 de febrero de 2025), decisión judicial que
no fue objeto de impugnación. De lo que se infiere que el tutelante, en lugar de
impugnar la decisión judicial que le negó el amparo constitucional reclamado, decidió
interponer otra tutela en la que incluyó la inconformidad frente a la presentación de
la demanda ordinaria, a pesar de que sobre el particular ya había obtenido una
decisión desfavorable, respecto de la cual, si no se encontraba conforme, pudo
impugnar, con la finalidad de que el superior funcional de la autoridad judicial que la
emitió la modificara, pero no lo hizo.

38. Además, no se advierte que el tutelante en el escrito inicial que dio origen a este

asunto haya puesto en evidencia lo anterior, con el propósito de justificar su actuar.
Por el contrario, se observa que en dicho memorial consignó expresamente en el
acápite “VII. JURAMENTO”, que “De conformidad con el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991 bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he interpuesto otra
acción de Tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra las
mismas autoridades”. Afirmación que, como se demostró en precedencia, no
corresponde a la realidad en cuanto al citado aspecto.

39.
En ese orden de ideas, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo y la temeridad respecto al tercero de los reproches.

40.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN formuladas por el
Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las
razones expuestas en la motivación de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, así como la
TEMERIDAD respecto al reproche relativo a que la demanda ordinaria se presentó
en un correo electrónico no habilitado para ese propósito.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

15 VF

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