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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00303-00

Fecha
18 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00303-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Héctor Rangel Palacios Rodríguez, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00303-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00303-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral contra acto
de elección del alcalde de Apartadó por incurrir en doble
militancia en la modalidad de apoyo / Defectos sustantivo y
procedimental
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Héctor Rangel Palacios Rodríguez, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Héctor Rangel Palacios Rodríguez promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser
elegido, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 26
de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el medio de
control de nulidad electoral identificado con el radicado 05001-23-33-000-2024-
00004-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) El 29 de octubre de 2023 resultó electo como alcalde de Apartadó, Antioquia,
«avalado por el partido LIBERAL COLOMBIANO, y co-avalado por los partidos políticos:
PARTIDO DE LA UNION POR LA GENTE, PARTIDO DE LA U, MOVIMIENTO
ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS, PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE,
ALIANZA VERDE Y ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTES ASI, mediante acuerdo de

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_001_TUTELA_DOC202501(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00303-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
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coalición UNIDOS POR LA VIDA» (sic), previa ratificación de su candidatura por parte
del Consejo Nacional Electoral, al decidir desfavorablemente solicitudes de
revocatoria de su inscripción por estar supuestamente incurso en doble militancia.

ii) Jhon Jairo Aristizábal, el 7 de diciembre de 2023, radicó demanda de nulidad
electoral en contra de su acto de elección, por incurrir en doble militancia, a
través del correo recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual no
corresponde al canal digital oficial «dispuesto ni autorizado por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Antioquia para la radicación de demandas» (sic) .

iii) El Tribunal Administrativo de Antioquia con auto del 15 de enero de 2024
admitió la demanda, bajo la aclaración de «que para todos los efectos se entiende
radicada la demanda el día 7 de diciembre de 2023, omitiendo las reglas del uso de
las tecnologías en cuanto a los canales digitales se trata para la radicación de
demandas» (sic); es decir, con desconocimiento de que aquella no fue radicada
en debida forma.

iv) Con sentencia del 20 de mayo de 2024 se declaró la nulidad del acto de su
elección como alcalde de Apartadó, Antioquia, para el periodo 2024 -2027, al
considerarlo incurso en la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo 2,
con total desconocimiento de «los numerales 3 y 4 del Decreto 2241 de 1986, en
cuanto a la eficacia del voto se refiere, en el sentido de que el operador judicial debe
preferir aquella interpretación que “dé validez al voto y otorgarle prevalencia a la
protección supralegal de los sufragantes en el marco del medio de control de nulidad
electoral el cual cuenta con norma especial » (sic). Decisión contra la cual como
demandado interpuso recurso de apelación en el que, refirió, entre otros, el
trámite otorgado a una «demanda que JAMAS fue radicada formalmente ante los
canales digitales, dispuesto para ello » (sic).

v) El Consejo de Estado, Sección Quinta con sentencia del 26 de septiembre de
2024 confirmó la decisión del a quo, en la que, frente al puntual cargo de la indebida
radicación de la demanda, señaló:

«[…] si bien el accionante no remitió la demanda al correo institucional dispuesto por el
tribunal para tal fin, lo cierto es que, en la providencia en que se admitió este medio de
control la referida judicatura advirtió esa situación, pero consideró que la fecha de
presentación sí obedecía al 7 de diciembre de 2023, puesto que ese fue el día en que
efectivamente se remitió el escrito por la parte actora. Dado que el Tribunal
Administrativo de Antioquia recibió la demanda y dispuso darle trámite al remitirla al
correo correspondiente, no encuentra la Sala justificación para considerar que la fecha
que debe tenerse en cuenta es el 11 de enero de 2024, cuando efectivamente se hizo el
reparto del medio de control en el buzón electrónico respectivo. Si bien las partes están
en la obligación de acudir a las direcciones electrónicas que dispone cada despacho
judicial para la recepción de memoriales, demandas y demás actuaciones procesales,
en este preciso caso es posible evidenciar que el tribunal recibió el escrito de demanda
y decidió darle el trámite […]». (sic)

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Numeral 8 del artículo 275 del CPACA.
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Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
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vi) Sus derechos fundamentales fueron vulnerados por las autoridades judiciales
demandadas al incurrir en defectos sustantivo y procedimental, por desconocer las
disposiciones de los artículos 103, 164 y 276 de la Ley 1437 de 2011, y 2 y 6 de la
Ley 2213 de 2022, en lo que a la «RADICACION DE LA DEMANDA FUERA DE LOS
CANALES DIGITALES AUTORIZADOS» se refiere, toda vez que, «la demanda fue
radicada por parte del abogado demandante en un canal digital no dispuesto para ello el
dia 7 de diciembre de 2023 a las 17.45 pm y solo hasta el día 11 de enero de 2024, más de
un mes después el Tribunal Administrativo de Antioquia procede, ACEPTANDO que la
radicación fue efectuada el día 7 de diciembre de 2023, omitiendo que a la fecha de
radicación no se le podía otorgar esta fecha, en el entendido que el abogado demandante
no la radicó en legal forma para que la secretaria del Tribunal Administrativo de Antioquia
pudiera darle el trámite dispuesto […]»(sic).

También se incurrió en violación a principios convencionales, pues, la «decisión
judicial adoptada por el Honorable Consejo de Estado en ningún momento realiza un
estudio de la responsabilidad subjetiva atribuible al señor Héctor Rangel Palacios
Rodríguez. En efecto, no se determina si actuó de forma dolosa o culposa, ni se indica con
base en qué pruebas se concluyó que dicho elemento estaba demostrado, lo que constituye
un claro ejemplo de responsabilidad objetiva, siendo esta proscrita en caso de sanciones
graves como la que estamos estudiando» (sic).

1.1.1. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERA: Se tutele el derecho fundamental al debido proceso y particularmente
al derecho de Elegir y ser Elegido de HECTOR RANGEL PALACIOS RODRIGUEZ y el
de sus ELECTORES.

SEGUNDA: Se declare que el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA y la SECCIÓN QUINTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO (EN ADELANTE “SECCIÓN
QUINTA”), vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a garantías judiciales,
derechos políticos y protección judicial, del señor HECTOR RANGEL PALACIOS
RODRÍGUEZ, al proferir sentencia de primera y segunda instancia en su contra dentro
del medio de control de nulidad electoral con radicado número
05001233300020240000401, la cual trae de contera la cancelación de su credencial
como ALCALDE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA.

TERCERA: Que se ORDENE al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA y la SECCIÓN QUINTA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO dejar sin efectos las sentencias de
primera y segunda instancia proferida respectivamente, dentro del medio de control de
nulidad electoral con radicado número 05001233300020240000401, por ser vulneradora
de los derechos fundamentales que le asisten al señor HECTOR RANGEL PALACIOS
RODRÍGUEZ. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta3 solicitó declarar la improcedencia
de la tutela por carecer de relevancia constitucional, en razón a que se busca

3 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «22_CONTESTACION TUTELA(.pdf) NroActua 12»

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Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
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convertirla en una instancia adicional al medio de control electoral, o negar la
pretensión de amparo ante la no vulneración de los derechos fundamentales cuya
protección se invoca, por las siguientes razones:

El demandante cuestionó principalmente el trámite otorgado a la radicación de la
demanda, al considerar que se hizo a través de un canal digital diferente al
establecido para ello, punto respecto del cual se observa que:

«[…] Dado que el Tribunal Administrativo de Antioquia recibió la demanda y dispuso
darle trámite al remitirla para lo pertinente, no encontró la Sala justificación para
considerar que la fecha que debía tenerse en cuenta es el 11 de enero de 2024, cuando
efectivamente se hizo el reparto del medio de control en el buzón electrónico respectivo.

Si bien las partes están en la obligación de acudir a las direcciones electrónicas que
dispone cada despacho judicial para la recepción de memoriales, demandas y demás
actuaciones procesales, en este preciso caso es posible evidenciar que el tribunal recibió
el escrito de demanda y decidió darle el trámite. Ahora, la conclusión sería diferente si
dicha actuación se hubiera remitido a un correo en el cual la corporación en comento no
tuviera forma de percatarse y no hubiera podido darle el curso respectivo, pues en ese
evento, la incuria de la parte accionante tendría como consecuencia la no presentación
del escrito5.

[…]

Se insiste, la demanda fue recibida y tramitada por los funcionarios del tribunal desde la
fecha en que fue remitida y no vieron inconveniente en ello. La demora en el traslado del
escrito al buzón que correspondía para su efectivo reparto no puede constituirse como
una circunstancia denegatoria del acceso a la administración de justicia, sobre todo
cuando, se reitera, desde su recepción el a quo decidió darle el curso respectivo sin
advertir o señalar que su radicación no se hizo en el canal correspondiente.

Así las cosas, comoquiera que la demanda fue radicada el 7 de diciembre de 2023 y del
Formulario E-26 ALC se pudo concluir que la elección del demandado fue declarada el
4 de noviembre de 2023, el escrito fue presentado dentro del término legal.

Concluir lo contrario sí podría comportar la configuración de un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto pues, se itera, el tribunal de primera instancia le dio el trámite
correspondiente desde la fecha en que fue radicada. Diferente sería el caso en el cual,
se remite a un canal digital en el que solo se ha dispuesto para remitir notificaciones y
difícilmente la autoridad judicial puede percatarse de su radicación. Con todo, en este
asunto la judicatura de primera instancia no tuvo inconveniente en darle el trámite y
remitirlo para su reparto. […]». (sic)

Por otra parte, respecto a un supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del
elemento subjetivo de culpabilidad al analizar la causal de doble militancia en la
modalidad de apoyo, debe tenerse en cuenta que el medio de control de nulidad
electoral no tiene carácter de sancionatorio, diferente al de la pérdida de investidura,
por lo que su análisis se «limita a la comprobación meramente objetiva de la causal
invocada y, por lo tanto, el juez no debe advertir la comprobación de elementos adicionales
como la culpabilidad o el dolo en la comisión de la conducta reprochada»; posición
reiterada por la Sección Quinta de la corporación4.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 16 de

mayo de 2019. Rad: 11001-03-28-000-2018-00084-00. Demandante: Procuraduría General de la
Nación. Demandada: Aida Merlano Rebolledo. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
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Actualmente cursa una solicitud de tutela «de la cual conoce el despacho del magistrado
Alberto Montaña Plata; con todo, en ese mecanismo constitucional se debaten otras
cuestiones procesales que tuvieron lugar después de proferido el fallo de segunda
instancia, de modo que corresponde a una situación fáctica distinta» (sic).

1.2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 se opuso a las pretensiones de
amparo en razón a que lo pertinente al canal digital utilizado para la radicación de
la demanda impetrada por John Jairo Aristizábal el 7 de diciembre de 2023, fue
analizado al momento de admitirse la demanda, respecto de lo cual no se advirtió
irregularidad alguna, así como en segunda instancia por el Consejo de Estado; sin
que la tutela pueda convertirse en una instancia adicional o en un medio para dilatar
el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Circunstancia respecto de la cual, se concluyó que «si bien la demanda se radicó en
un canal digital diferente al autorizado por esta Corporación, lo cierto es que se advirtió el
error, por lo que se procedió a reenviar el correo al canal oficial para la realización del
reparto, en correspondiéndole a este Despacho su conocimiento, quien advirtió la situación,
como se dejó plasmado en el auto admisorio4 y con el fin de garantizar el derecho al acceso
a la administración de justicia, se procedió con el trámite del mismo» (sic).

1.2.4. El Consejo Nacional Electoral6 y la Registraduría Nacional del Estado7
Civil alegaron la falta de legitimación en la causa por pasiva, ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales del demandante de su parte, y porque
carecen de participación directa o indirecta en los hechos que motivaron la solicitud
de amparo.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de
la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 7 del artículo 1 del

5 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado
«24RECIBEPRUEBAS_11001031500020250030(.pdf) NroActua 13»
6 Ver índice 14 de Samai. Archivo denominado «26_MemorialWeb_Respuesta-2025303(.pdf)

NroActua 15»
7 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado «28_MemorialWeb_Respuesta-21RESPUESTA(.pdf)

NroActua 16»
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Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
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Decreto 333 del 6 de abril de 20218, esta Sala es competente para conocer de la
solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Cuestión previa – De la legitimación en la causa por pasiva

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la protección
de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela,
la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente9:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental10. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”11, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”12 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado.[…]»

Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil solicitaron que se les declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que, no vulneraron derecho fundamental alguno del demandante y
tampoco hay una relación directa entre lo pretendido y las acciones que esas
entidades puedan desplegar para su cumplimiento.

8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
9 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
10 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
12 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Respecto de lo anterior, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue
como terceros con interés, en razón a su calidad de demandadas en el proceso
contencioso-administrativo cuestionado, y en aras de garantizarles su derecho de
defensa y contradicción, por lo que se negará tal solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema14. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo15 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00303-00
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relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos17, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales18.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Consejo de Estado, Sección Quinta vulneró los
derechos fundamentales de Héctor Rangel Palacios Rodríguez con ocasión de la
sentencia del 26 de septiembre de 2024 a través de la cual confirmó la decisión de
declarar la nulidad de su acto de elección como alcalde de Apartadó, Antioquia, al
encontrarlo incurso en la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo, sin
un análisis subjetivo, y pese a que la demanda fue radicada en indebida forma, con
la que incurrió, al parecer, en defectos sustantivo y procedimental?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.5.2. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que

17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
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este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el
orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.

2.5.3. Defecto procedimental

Este defecto fue referido por la Corte Constitucional desde la sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el Juez Ordinario
adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una
etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.

A partir de la sentencia T-1306 de 200119, empero, la Corte Constitucional consideró
que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un exceso ritual
manifiesto20, producto de una indebida preferencia por las formas procesales en
perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones judiciales, en
la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos fundamentales21.

19 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las Sentencias T-974 de 2003, T-

973 de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
20 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto
para la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
21 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya

una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material
[…]”.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00303-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
.

La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya alegado
el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad de
hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y, que
lesione bienes ius fundamentales22.

2.5.4. Sobre el caso concreto

Héctor Rangel Palacios Rodríguez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta mediante la cual confirmó la decisión de declarar la nulidad de su
acto de elección como alcalde de Apartadó, Antioquia, al encontrarlo incurso en la
causal de doble militancia en la modalidad apoyo.

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defectos
sustantivo y procedimental, pues, se originó en una demanda de nulidad electoral
indebidamente presentada el 7 de noviembre de 2023, a través del canal digital
recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co; el cual no es el «dispuesto ni
autorizado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia para la radicación de
demandas», por lo que se desconocieron las disposiciones de los artículos 103, 164
y 276 de la Ley 1437 de 2011, y 2 y 6 de la Ley 2213 de 2022, en lo que a la
«RADICACION DE LA DEMANDA FUERA DE LOS CANALES DIGITALES
AUTORIZADOS».

Además, en desconocimiento de principios convencionales, toda vez que se omitió
realizar un análisis subjetivo de la causal endilgada, que permita entender cuál fue
la conducta «dolosa o culposa, ni se indica con base en qué pruebas se concluyó que
dicho elemento estaba demostrado, lo que constituye un claro ejemplo de responsabilidad
objetiva, siendo esta proscrita en caso de sanciones graves como la que estamos
estudiando» (sic).

De acuerdo con los puntuales cargos alegados, para la Sala es relevante recordar
las particularidades en que se dio la radicación de la demanda de nulidad electoral
que dio origen a la sentencia hoy cuestionada, así:

• El 7 de diciembre de 2023, Jhon Jairo Aristizábal radicó medio de control de nulidad
electoral en contra del acto de elección de Héctor Rangel palacios Rodríguez como
alcalde de Apartadó, Antioquia, periodo constitucional 2024-2027, a través del
correo institucional recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co, la cual solo
fue sometida a reparto en el Tribunal Administrativo de Antioquia el 11 de enero de
2024:

22 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial

consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00303-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
.

• Con auto del 15 de enero de 202423, se admitió el conocimiento del asunto, y en
cuanto a la fecha de radicación de la demanda se expresó:

«[…] Previo a realizar el estudio de admisibilidad de la presente demanda, es válido
aclarar, que la presente demanda fue enviada al correo de recepción de memoriales para
procesos especiales del Tribunal Administrativo de Antioquía
(recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co) el día 7 de diciembre de 2023 a las
17:19hs. El día 11 de diciembre de 2023 desde la dirección de correo electrónico antes
citada se remitió la presente demanda al correo de reparto de tutelas
(repartofjudtsmed@cendoj.ramajudicial.gov.co); ese mismo día, y através del último
correo mencionado, se devolvió la demanda al correo
recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co con la aclaración de que no se
acusaba recibido y que se devolvía la demanda “Toda vez que este correo es para
reparto de tutelas en primera instancia del Tribunal Administrativo y no de demandas”1.
El 11 de enero de 2024 mediante el correo
recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co se remitió la demanda al correo
destinado para reparto de demandas del Tribunal Administrativo de Antioquia
(demandastaant@cendoj.ramajudicial.gov.co), ese mismo día se realizó el reparto de la
presente acción, correspondiéndole a este Despacho el conocimiento de la misma.

Lo anteriormente descrito se puede encontrar en el archivo “001ConstanciaRecibido
TAAA” del expediente electrónico.

[…]

CADUCIDAD:

El literal a) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “cuando
se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de treinta (30)
días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del día
siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramiento se cuenta a partir
del día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1 del
artículo 65 de este código”.
Considerando lo anterior, el Acta del escrutinio municipal – alcalde electo del municipio
de Apartadó E-26 ALC, proferido el 29 de octubre de 2023 por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, en el cual declara como alcalde electo al señor HECTOR RANGEL

23 Ver índice 4 de Samai en el expediente contencioso 05 001 23 33 000 2024 00004. Archivo

denominado «1_AUTOADMISORIODELADEMANDA(.pdf) NroActua 4»
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00303-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
.

PALACIOS RODRIGUEZ, y como quiera que la demanda se presentó el 7 de diciembre
de 2023, se colige que fue presentada oportunamente. […]». (sic)

• Decisión debidamente notificada y contra la que no se interpuso ningún recurso,
ni fue objetada en la audiencia inicial celebrada el 21 de marzo de 202424.

• El Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 20 de mayo de 2024 25
declaró «LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez,
como Alcalde Municipal de Apartadó para el periodo 2024-2027, por encontrarse inmerso
en la causal de nulidad consagrada en el numeral 8° del artículo 275 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo» (sic).

• Decisión contra la cual el demandado interpuso recurso de apelación, entre otros
argumentos, alegó la indebida radicación de la demanda.

. El Consejo de Estado, Sección Quinta con sentencia del 26 de septiembre de 2024
confirmó la decisión del a quo, en la que, frente al puntual cargo referido, consideró:

«[…] Al respecto, la Sala considera que, si bien el accionante no remitió la demanda al
correo institucional dispuesto por el tribunal para tal fin, lo cierto es que, en la providencia
en que se admitió este medio de control la referida judicatura advirtió esa situación, pero
consideró que la fecha de presentación sí obedecía al 7 de diciembre de 2023, puesto
que ese fue el día en que efectivamente se remitió el escrito por la parte actora.

Dado que el Tribunal Administrativo de Antioquia recibió la demanda y dispuso darle
trámite al remitirla al correo correspondiente, no encuentra la Sala justificación para
considerar que la fecha que debe tenerse en cuenta es el 11 de enero de 2024, cuando
efectivamente se hizo el reparto del medio de control en el buzón electrónico respectivo.

Si bien las partes están en la obligación de acudir a las direcciones electrónicas que
dispone cada despacho judicial para la recepción de memoriales, demandas y demás
actuaciones procesales, en este preciso caso es posible evidenciar que el tribunal recibió
el escrito de demanda y decidió darle el trámite. Ahora, la conclusión sería diferente si
dicha actuación se hubiera remitido a un correo en el cual la corporación en comento no
tuviera forma de percatarse y no hubiera podido darle el curso respectivo, pues en ese
evento, la incuria de la parte accionante tendría como consecuencia la no presentación
del escrito5.

No obstante, se itera, la demanda fue recibida y tramitada por los funcionarios del tribunal
desde la fecha en que fue remitida y no vieron inconveniente en ello. La demora en el
traslado del escrito al buzón que correspondía para su efectivo reparto no puede
constituirse como una circunstancia denegatoria del acceso a la administración de
justicia, sobre todo cuando, se insiste, desde su recepción el a quo decidió darle el curso
respectivo sin advertir o señalar que su radicación no se hizo en debida forma. Así las
cosas, comoquiera que la demanda fue radicada el 7 de diciembre de 2023 y del
Formulario E-26 ALC se advierte que la elección del demandado fue declarada el 4 de
noviembre de 2023, puede colegirse que fue presentada dentro del término legal. […]».
(sic)

24 Ver índice 42 de Samai en el expediente contencioso 05 001 23 33 000 2024 00004. Archivo

denominado «0044AUDIENCIACELEB_202400004ACTADEAUDIE(.pdf) NroActua 42»
25Ver índice 62 de Samai en el expediente contencioso 05 001 23 33 000 2024 00004. Archivo

denominado «66Sentencia_202400004SENTENCIApd(.pdf) NroActua 62»
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00303-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
.

En este punto, la Sala comparte el argumento esbozado por la autoridad judicial
demandada, pues, sin pasar por alto los deberes y obligaciones de las partes en lo
que a la radicación de demandas y uso de medios tecnológicos se refiere26, no se
advierte razón alguna para desconocer la garantía de acceso a la administración de
justicia de la contraparte, pues, obrar en forma contraria, conllevaría a incurrir en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, ya que, como bien se explicó en
la decisión acusada, a diferencia de otros casos aparentemente similares, en el
asunto bajo estudio la demanda se radicó a través de un correo electrónico
institucional que permitió ser conocido y tramitado de manera inmediata, sin que
resulte admisible desconocer su trámite ni la fecha en que se radicó la demanda (7
de diciembre de 2023).

Además, llama la atención el hecho que dicha situación fue evidenciada por Héctor
Rangel Palacios Rodríguez desde el auto admisorio del 15 de enero de 2024, y solo
resolvió incluirlo en su defensa, a través del recurso de apelación impetrado contra
la sentencia de primera instancia.

Ahora, en cuanto al argumento relacionado con que la decisión omitió un estudio
subjetivo, encuentra la Sala que en efecto, este no se realizó, pues, contario a dicha
tesis, la jurisprudencia en materia electoral de la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo ha sido pacífica en señalar que el medio de control de nulidad
electoral no tiene carácter sancionatorio, lo cual difiere al de la pérdida de
investidura, por lo que su análisis se dirige a la comprobación objetiva de la causal
que se invoque, sin que se deban verificar elementos adicionales como la
culpabilidad o el dolo en la comisión de la conducta cuestionada.

En tal sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Quinta27 en sentencia
del 16 de mayo de 2019:

«[…] 7. De la diferencia entre el proceso electoral, la pérdida de investidura y el
proceso penal.

El medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo está diseñado para
estudiar la legalidad de los actos de elección, nombramiento o llamamiento.

A través de la nulidad electoral se busca mantener y preservar el ordenamiento jurídico
bajo la óptica democrática, es decir, con prevalencia de la voluntad del electorado.

Se trata entonces de un juicio de legalidad objetivo en el que se contrasta el acto
demandado con las normas invocadas como fundamento de la demanda, con base en
los argumentos esgrimidos con el concepto de violación y teniendo en cuenta las
pruebas obrantes en el expediente, por lo que no hay lugar a estudiar aspectos subjetivos
de la conducta de los demandados tales como la culpabilidad, toda vez que para declarar
la nulidad del acto electoral basta con que se encuentren acreditados los elementos de
la causal endilgada independientemente de que ésta se haya cometido a título de dolo
o culpa, por ejemplo.

26 Normas alegadas por el demandante como desconocidas.
27 CP Carlos Enrique Moreno Rubio, Demandante: Procuraduría General de la Nación. Demandado:

Aida Merlano Rebolledo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00303-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
.

Con base en lo anterior, las consecuencias de la decisión de la nulidad electoral se
limitan a la expulsión del acto electoral del ordenamiento jurídico, sin que ello conlleve
una inhabilidad para que el afectado pueda volver a participar en otra contienda electoral
para el mismo cargo.

El juicio de pérdida de investidura, por su parte, comporta un juicio ético subjetivo de la
conducta recta y transparente que se espera de un miembro de una Corporación Pública
que representa la voluntad popular, de manera que el proceso que se adelanta en virtud
de ésta, es de carácter sancionatorio, pues busca condenar situaciones que
constitucionalmente se encuentran proscritas.

De encontrarse probada cualquiera de las causales que la ley y la Constitución prevén,
hay lugar a decretar la pérdida de la investidura de quien se reprocha la conducta.

Al tratarse de un juicio sancionatorio de carácter subjetivo resulta imperioso que en estos
casos, a diferencia de lo que ocurre en la nulidad electoral se analice la conducta como
tal del demandado, desde el punto de vista de la culpabilidad. […]». (sic)

A juicio de esta Sala, la autoridad judicial demandada realizó una valoración
probatoria acorde a la normatividad y jurisprudencia aplicable, y expuso suficientes
argumentos jurídicos que le permitieron concluir que el trámite del medio de control
de nulidad electoral objeto de estudio se adelantó bajo las ritualidades procesales
existentes, y que, de acuerdo con un análisis objetivo, se encontró acreditado que
Héctor Rangel Palacios Rodríguez incurrió en la causal de doble militancia en la
modalidad de apoyo.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

3. Conclusión

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales de Héctor Rangel Palacios Rodríguez, en la solicitud
de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00303-00
Demandante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
.

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Héctor Rangel
Palacios Rodríguez, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de
Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

15

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