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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06128-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06128-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Confirmar la sentencia del 4 de diciembre de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B que declaró la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor José Augusto Martín Echeverri por las razones indicadas en esta decisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 11001 03 15 000 2024 06128 01 Demandantes: José Augusto Marín Echeverri Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06128-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de febrero de 2025

1

Radicado: 11001 03 15 000 2024 06128 01
Demandantes: José Augusto Marín Echeverri

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06128 01
Demandantes: José augusto Marín Echeverri
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Defectos: sustantivo, fáctico y falta de motivación. Falta
de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Decide la Sala la impugnación presentada por el accionante contra la
sentencia del 4 de diciembre de 2024, proferida por la Sección Tercera, Subsección B,
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia, al no satisfacer el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

2. El señor José Augusto Marín Echeverri, en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, los cuales considera conculcados por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, con la expedición de la sentencia del 13 de junio
de 2024, dentro del expediente 05001 33 33 029 2019 00525 02.

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Demandantes: José Augusto Marín Echeverri

1.2. Los hechos

3. Desde el 30 de abril de 1993 hasta el 15 de agosto de 2019, el señor José
Augusto Marín Echeverri prestó sus servicios para la Gobernación de Antioquia como
auxiliar administrativo, código 407, grado 05, en provisionalidad.

4. El 18 de junio de 2019, la Comisión Nacional del Servicio Civil emitió la
Resolución CNSC- 20192110075705, a través de la cual conformó la lista de elegibles
para proveer una vacante del «empleo de carrera denominado Auxiliar Administrativo,
código 407, Grado 5, de la Gobernación de Antioquia, ofertado a través de la
Convocatoria No. 429 de 2016 -Antioquia, bajo el código OPEC 35252», conformada
por dos personas.

5. El 22 de julio de 2019, el departamento de Antioquia expidió el Decreto
2019070004021, mediante el cual nombró en período de prueba a la persona que
ocupó el primer lugar en la referida lista de elegibles y, como consecuencia de ello, dio
por terminado el nombramiento en provisionalidad del actor, a partir del día anterior a
aquel en que se produjera la posesión de la nombrada.

6. El 15 de agosto de 2019, se posesionó la persona que superó el concurso, de
modo que el demandante quedó desvinculado a partir del 14 de agosto de la misma
anualidad.

7. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento,
el hoy accionante interpuso demanda con el fin de que se anulara el citado Decreto
2019070004021 de 2019, por considerar que fue expedido en detrimento del derecho
que como prepensionado le asistía. De igual modo, el 25 de noviembre de 2021,
solicitó la suspensión provisional del acto acusado, la cual fue concedida mediante
providencia del 20 de enero de 2022, en la que se ordenó a la entidad demandada que
lo reintegrara a un cargo vacante con funciones similares o equivalentes a las que
desarrollaba antes de la fecha en la que fue desvinculado.

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Demandantes: José Augusto Marín Echeverri

8. El 7 de febrero de 2022, el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda, y dispuso el reintegro
del señor Marín Echeverri a un cargo vacante con funciones similares o equivalentes,
dada su condición de prepensionado. Así mismo, ordenó pagar el equivalente a los
salarios y prestaciones dejados de percibir desde que se produjo su desvinculación y
hasta su efectiva reincorporación.
9. El 17 de marzo de 2022, la parte demandada interpuso recurso de apelación
en contra de la sentencia de primera instancia, en el cual argumentó que el actor
gozaba de una estabilidad relativa que debía ceder frente al mejor derecho que quien
ganó el concurso.
10. El 13 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la
sentencia de primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones con fundamento en
que no se reunieron los presupuestos legales y jurisprudenciales necesarios para
deprecar la especial protección en cabeza del demandante en su condición de
prepensionado, por cuanto se trataba de una sola vacante y la entidad estaba
imposibilitada para aplicar la orden de provisión del empleo que le permitiera posponer
la desvinculación del actor, y adicionalmente, no se acreditó que la entidad contara
con vacantes similares en las que hubiese podido reubicarlo.
11. De igual modo, el ad quem precisó que el mínimo vital del accionante no se
vería afectado porque su certificado de bienes y rentas reportaba que contaba con
ingresos que le permitían satisfacer sus necesidades básicas.
1.3. Argumentos de la acción de tutela

12. El actor sostuvo que la sentencia del 13 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente. Sobre el particular, indicó lo siguiente:

-. Fundarse la decisión en norma inaplicable, por ser inconstitucional. Sentencia
T-292 de 2006.

-. Defecto sustantivo por insuficiente sustentación o justificación de la actuación
que afecte derechos fundamentales. Sentencia T- 1285 de 2005.

-. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial sin
ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiere permitido una
decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia. Es el caso que nos

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 06128 01
Demandantes: José Augusto Marín Echeverri

ocupa, pues si bien esta facultado para interpretar la demanda, no estaba a la
esfera del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA PRIMERA DE
DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE: JORGE LEÓN ARANGO FRANCO,
máxime que:

• • Solemnizó una de las pruebas aportadas.

• • Creo criterios adicionales a la calidad de pre pensionado pero no los determinó
en la sentencia de segunda instancia.

Ahora bien, y con relación al desconocimiento del precedente, el actor trajo a
colación argumentos que explican de qué manera se materializa dicho defecto;
empero, no indicó sobre cuáles providencias se había dado tal circunstancia.

1.4. Actuación procesal

13. La presente acción de tutela fue admitida mediante auto del 15 de noviembre
de 2024, en el que se ordenó la notificación, como demandados, a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo de Antioquia y, como terceros con interés, al
Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín y al gobernador de
Antioquia.

1.5. Contestación de la demanda

14. La Gobernación de Antioquia, por conducto de apoderado, pidió declarar
la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de relevancia
constitucional, debido a que se utilizó para reabrir un debate judicial que ya fue
decidido en instancias.

15. El Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintinueve
Administrativo de Medellín guardaron silencio.

1.6. Sentencia impugnada

16. La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado profirió sentencia
el 4 de diciembre de 2024, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia, al no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, puesto que
los fundamentos que sustentan el mecanismo de amparo son una clara reproducción

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Demandantes: José Augusto Marín Echeverri

de los argumentos que fueron ventilados en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que dio lugar al fallo cuestionado y en el que se analizó la legalidad del
acto censurado y determinó que no estaba viciado de nulidad porque la entidad no
tenía margen de maniobra ante la inexistencia de cargos iguales o similares para
reubicar al actor.

1.7. Impugnación

El actor solicitó revocar la sentencia de primer grado, argumentando que el caso de la
referencia no versa sobre un asunto meramente legal, puesto que se le vulneraron los
derechos fundamentales dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho al haberle desconocido su calidad de prepensionado al momento de que se
proveyeron los cargos de carrera administrativa.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2,
artículo 25 del Acuerdo n.º 080 de 20191, esta Sala es competente para conocer de la
presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección
Tercera de esta Colegiatura.

2.2. Problema jurídico

18. Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 13 de junio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En caso afirmativo, se analizará,
en segundo lugar, si con la adopción de la referida decisión se le vulneraron o no los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
del señor Marín Echeverri.

1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Demandantes: José Augusto Marín Echeverri

2.3. La acción de tutela contra providencias judiciales

19. La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración
de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

20. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

21. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de
procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca,
las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico,

2 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento
del precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié
en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada
al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Solución del Caso concreto

22. En el asunto de la referencia, el señor José Augusto Marín Echeverri solicita
revocar la sentencia de primer grado del 4 de diciembre de 2024, emitida por la Sección
Tercera, Subsección B, de esta colegiatura, bajo el argumento de que la acción de
tutela de la referencia sí tiene relevancia constitucional, puesto que no versa sobre un
asunto meramente legal, en la medida en que el Tribunal Administrativo de Antioquia
no tuvo en cuenta su condición de prepensionado para decidir su caso particular.

23. Pues bien, para la Subsección, no existe mérito suficiente para revocar la
decisión de primer grado, ya que ni la demanda de tutela ni el escrito de impugnación
presentan argumentos claros que evidencien la materialización de los defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente, tal como se pasa a explicar:

24. En cuanto al defecto sustantivo, la parte actora explicó que la decisión
cuestionada incurrió en dicho yerro, ya que i) se basó en una norma inaplicable por
ser inconstitucional; ii) esta contiene una insuficiente sustentación o justificación de la
actuación «que afecte derechos fundamentales», y iii) si bien el Tribunal estaba
facultado para interpretar la demanda, «solemnizó una de las pruebas aportadas» y
«cre[ó] criterios adicionales a la calidad de pre pensionado pero no los determinó en
la sentencia de segunda instancia».

25. A pesar de ello, el señor Marín Echeverri, tal como se adujo en el numeral
1.3 (ut supra), no indicó cual fue la norma inconstitucional que se aplicó a su caso
concreto ni en qué consistió la insuficiente sustentación para resolverse su caso

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particular. Tampoco expuso a qué se refiere que el tribunal haya «solemnizado» una
de las pruebas aportadas.

26. Por otro lado, en cuanto al defecto por desconocimiento del precedente, en
la demanda no se indicaron cuál o cuáles fueron las providencias ignoradas por el ad
quem. Por el contrario, solo expuso argumentos genéricos sobre la configuración de
tal yerro, sin que de ellos se pueda extraer qué decisiones obvió el juez natural de
segundo grado.
27. Por consiguiente, para esta Subsección es claro indicar que no es posible
resolver de fondo el caso sub examine, toda vez que el escrito de tutela presentado
por el señor José Augusto Marín Echeverri no permite determinar cómo el Tribunal
Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia.
28. Con los anteriores argumentos, la Sala confirmará la sentencia del 4 de
diciembre de 2024, pero en el sentido de declarar la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia debido a que la demanda no contiene argumentos claros que
permitan resolver los defectos invocados.
29. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

Primero. Confirmar la sentencia del 4 de diciembre de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B que declaró la improcedencia de la acción
de tutela incoada por el señor José Augusto Martín Echeverri por las razones indicadas
en esta decisión.

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Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

DLAR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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