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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05982-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05982-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: MODIFICAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual quedará así: «Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción respecto al defecto sustantivo alegado y NEGAR EL AMPARO solicitado en lo demás, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia». Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05982-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05982-01
Accionante: Carlos Davis Miranda Ramos
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Tema: Acción de tutela contra autos, en los que se rechazó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho por caducidad. MODIFICA DECISIÓN DE
PRIMERA INSTANCIA

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

El actor narró que el 15 de febrero de 2023 instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que solicitó la nulidad de las resoluciones

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202150155863 del 3 de septiembre de 2021, mediante la cual se le declaró
contravencionalmente responsable, se le impuso multa pecuniaria, se le suspendió
la licencia de conducción y se le ordenó realizar acciones comunitarias para la
prevención de la conducción bajo el influjo de alcohol o sustancias psicoactivas; y
202250096798 del 5 de septiembre de 2022, a través de la que se confirmó esa
decisión.

Que el 15 de marzo de 2023 el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de
Medellín inadmitió la demanda porque no aportó copia de la constancia de
notificación electrónica de la Resolución 202250096798 del 5 de septiembre de
2022.

Que subsanó la demanda y el 10 de mayo de 2023 la autoridad judicial rechazó la
demanda por caducidad porque estimó que el término para instaurarla inició el 8 de
septiembre de 2022 y, como el 4 de enero de 2023 se presentó la solicitud de
conciliación prejudicial, este se interrumpió hasta la fecha de entrega de la
constancia de conciliación, lo cual ocurrió el 7 de febrero de 2023, por lo cual finalizó
el 13 de febrero de 2023, pero el medio de control se promovió el 15 de ese mes y
año.

Que interpuso recurso de apelación en contra del anterior proveído y el 2 de agosto
de 2024 el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, confirmó
la decisión recurrida, pues determinó que la contabilización realizada por el a quo
fue acorde con el ordenamiento jurídico y no eran de recibo los argumentos que
expuso en la alzada.

Considera que las autoridades judiciales mencionadas incurrieron en defecto
sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, debido a que aplicaron
indebidamente el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 10
de la Ley 2080 de 2021, y se alejaron de las normas constitucionales y los principios
que rigen la administración de justicia, para aplicar reglas procedimentales.

Que aquellas afirmaron que debía tenerse por notificado el acto administrativo una
vez el administrado accediera a la notificación electrónica, esto es, el 7 de
septiembre de 2022, sin tener en cuenta que esta debió ser certificada por la

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administración, según se prevé en la norma previamente señalada, lo cual no
ocurrió.

Que la carga de esa certificación no podía ser asumida por los jueces, quienes
asumieron que la lectura del acto administrativo fue realizada el mismo día en que
lo remitió la entidad.

Agregó que la administración envío el correo electrónico de notificación de la
Resolución 202250096798 por fuera del horario previsto para ese efecto, es decir,
a las 5:12 p. m., por lo cual debe entenderse que aquella se efectuó al día siguiente
(8 de septiembre de 2022).

Que, además, la notificación fue «escueta y […] no cuenta con un criterio de una
notificación de un acto administrativo», pues no era posible identificar si era o no
una notificación oficial y no fue remitida a su correo electrónico, sino al de su
abogado, por lo que no tiene certeza si aquel lo leyó en la fecha en que
aparentemente fue enviado.

Que las autoridades judiciales tomaron como prueba el pantallazo enviado por su
abogado para utilizarlo en su contra, pese a que debieron corroborarlo directamente
con la entidad accionada.

PRETENSIONES

El accionante solicitó revisar los autos del 10 de mayo de 2023 y del 2 de agosto de
2024 proferidos por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Medellín
y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión,
respectivamente; declarar que con esos proveídos se vulneraron sus derechos
fundamentales; y ordenar a las autoridades judiciales accionadas que amparen sus
derechos en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-33-33-031-2023-00046-01.

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ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 7 de noviembre de 2024 el magistrado sustanciador admitió la acción de tutela
de la referencia, mediante auto, en el que ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Antioquia y al Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Medellín, como
accionados.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Medellín, por
intermedio de su titular, manifestó que para subsanar la demanda el apoderado del
accionante anexó copia de la notificación electrónica de la Resolución
202250096798 del 5 de septiembre de 2022 y afirmó que esta fue realizada el 7 de
septiembre de 2022, con base en lo cual el despacho constató dicha fecha como la
de notificación, por lo cual no es cierto que se haya interpretado en contra del
demandante la prueba que aportó, sino que aplicó el artículo 193 del Código
General del Proceso.

Aseveró que ni en la demanda del proceso ordinario ni en el memorial de corrección
de esta se planteó la discusión sobre la irregularidad de la notificación, como ahora
se expone en esta acción.

Expresó que en el auto se cumplió con la carga argumentativa y de razonabilidad y
la decisión se ajustó a lo previsto en los artículos 138 y 164 de la Ley 1437 de 2011
y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que no se vulneraron los
derechos fundamentales reclamados por el accionante.

Sostuvo que no se reunieron los requisitos generales de procedencia ni se configuró
alguno de los defectos invocados en el escrito de tutela, por lo cual solicitó declarar
improcedente la acción o, en su defecto, negar el amparo.

El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio.

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SENTENCIA IMPUGNADA

El 12 de diciembre de 2024 la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción, considerando que carecía de relevancia constitucional, en
la medida que los argumentos esgrimidos por el actor en la tutela fueron los mismos
en los que sustentó el recurso de apelación interpuesto en contra del auto del 10 de
mayo de 2023 proferido por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Medellín,
los cuales fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Concluyó, entonces, que el debate planteado fue superado en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, puntualmente en lo atinente a la notificación del acto
administrativo y la forma en que debió realizarse el conteo del término de caducidad,
por lo que solucionar los cuestionamientos del actor implicaría dar continuidad a la
misma discusión, con lo cual se convertiría la acción en una tercera instancia,
generando su desnaturalización.

IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia, para lo cual manifestó que su pretensión no es que
se adelante una tercera instancia, sino lograr una protección constitucional y, si bien
utilizó varios de los argumentos que expuso en el recurso de alzada, lo cierto es que
no son los mismos y que con la declaratoria de improcedencia se está
transgrediendo su derecho de defensa, como en su momento lo hizo la Secretaría
de Tránsito de Medellín y luego las autoridades judiciales aquí accionadas.

Agregó que el debate suscitado está relacionado con el término de caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el sustento legal que
se utilizó para rechazar la demanda, lo que amerita ahondar en su estudio.

Coligió que resulta claro que existe una vulneración de sus derechos
fundamentales, especialmente el debido proceso, el cual tiene un alcance
constitucional, por lo cual solicitó revocar la sentencia recurrida y acceder a las
pretensiones.

Se decidirá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) cuestión previa, II) procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales y III) caso concreto.

Cuestión previa

El magistrado ponente precisa que, si bien en oportunidades anteriores, en las que
la providencia discutida fue suscrita por algún funcionario judicial al que lo unen
lazos de amistad, manifestó su impedimento para conocer del asunto, como
ocurriría en este caso con el magistrado Jorge León Arango Franco; en esta ocasión
no hace dicha manifestación teniendo en cuenta que en el auto del 13 de febrero
del año en curso (expediente 11001-03-15-000-2025-00337-00) y autos de fecha 20
de febrero (expedientes 11001 03 15 000 2024 06128 01, 11001-03-15-000-2025-
00369-00, 11001-03-15-000-2024-06800-00, entre otros) la Sala dual declaró
infundados los impedimentos manifestados porque consideró:

«que el análisis de la presente controversia no recae sobre la conducta
individual de los magistrados que conformaron la Sala de decisión, sino
sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales ocasionada con
la mencionada sentencia que fue proferida, en su condición de autoridad
judicial, por la Sección Quinta del Consejo de Estado. La Sala considera
entonces, que la imparcialidad del Magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez
no se ve comprometida, pues no está demostrado que su relación de
amistad afecte su independencia o capacidad de decisión objetiva en este
caso».

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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estas se enlistaron así:

«(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios,
imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la
cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos
derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial,
tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a
menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio
irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar
que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término
razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración
alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin
de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las
autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye
la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la
irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la
protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre
la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba
ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos
generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere
alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la
sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin
de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la
protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están
sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna
definitivas las providencias excluidas de revisión.»

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

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“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.»

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

Caso concreto

El recurrente impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual explicó por
qué, a su juicio, el asunto sí cumple con el requisito de relevancia constitucional y
debe accederse al amparo de sus derechos fundamentales.

Para soportar la vulneración alegada, el actor afirmó que las autoridades judiciales
incurrieron en i) defecto sustantivo porque aplicaron indebidamente al artículo 56 de
la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, en tanto
desconocieron que la entidad demandada debió certificar cuándo su abogado
accedió al correo electrónico de notificación de la Resolución 202250096798, y ii)
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, ya que no tuvieron en cuenta

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que la notificación a) se efectuó por fuera del horario previsto para la notificación de
«actuaciones administrativas», por lo cual debía entenderse que aquella se efectuó
al día siguiente (8 de septiembre de 2022) y b) fue «escueta, pues no era posible
identificar si era o no una notificación oficial.

A esta Sala corresponde, entonces, en primer lugar, verificar el cumplimiento del
requisito general mencionado, el cual no se encontró cumplido en primera instancia,
pues solo de hallarse satisfecho, junto con las demás exigencias generales de
procedencia, sería procedente el estudio de los reparos expuestos.

Se advierte, entonces, que el asunto a resolver, contrario a lo definido en la
sentencia recurrida, sí es de marcada importancia constitucional, en la medida en
que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida en esta sede, se
vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección, por la presunta
incursión en los defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto,
con base en los argumentos expuestos.

También se encuentran superados los siguientes requisitos generales: i) la acción
se presentó con inmediatez; ii) se identificaron claramente los hechos generadores
de la vulneración y los derechos transgredidos; iii) no se trata de una sentencia de
tutela y iv) la irregularidad procesal, de encontrarse configurada, podría tener un
efecto decisivo en la providencia discutida.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el requisito de subsidiariedad respecto al
defecto sustantivo alegado por el accionante, debido a que en el recurso de
apelación que interpuso en contra del auto del 10 de mayo de 2023, mediante el
cual se rechazó la demanda por caducidad, no expuso el desacuerdo consistente
en que la entidad demandada debió certificar la fecha en que accedió al correo de
notificación, con fundamento en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, con lo cual
dejó vencer la oportunidad con la que contaba para exponer su reparo ante el juez
natural y así el Tribunal Administrativo de Antioquia decidiera sobre el particular.

Se resalta que la tutela tiene una naturaleza subsidiaria, la cual exige que quien
pretende la protección de algún derecho fundamental haga uso de los mecanismos
judiciales previstos en el ordenamiento jurídico antes de acudir a esta acción

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constitucional; sin embargo, como se mencionó, ello no se cumplió en el asunto, lo
que conlleva la imposibilidad de emitir un pronunciamiento sobre ese reparo en esta
sede, máxime cuando no se advierte alguna situación que haya impedido al actor
esgrimir su disenso en la oportunidad procesal para ello ni se está ante la probable
configuración de un perjuicio irremediable.

En cuanto al defecto procedimental sí se encuentra superada esa exigencia, por lo
cual se procederá a su estudio, no sin antes precisar que los desacuerdos
mencionados encajan es en el defecto fáctico, por lo que el análisis, se hará a la luz
de este. Además, se aclara que este recaerá en el auto proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por ser el que puso fin al litigio.

Revisado el proveído del 2 de agosto de 2024, esta Subsección denota que la
autoridad judicial hoy accionada analizó el razonamiento del accionante de que la
notificación debía entenderse realizada el 8 de septiembre de 2022, pero consideró
que, conforme al inciso final del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, la notificación
se surtía a partir de la fecha y hora en que el administrado accediera a ella.

Bajo ese análisis, definió que la notificación del acto demandado aconteció el 7 de
septiembre de 2022, por lo que el término de caducidad inició el 8 de ese mes y año
y finalizó el 13 de febrero de 2023, teniendo en cuenta la conciliación prejudicial,
como se concluyó en primera instancia.

En ese entendido, aunque el actor insiste en que se tenga en cuenta la hora en que
se envió el correo electrónico de notificación, la cual, a su juicio, permitía tener como
día de notificación el 8 de septiembre de 2022, al haberse enviado el día anterior a
las 5:12 p. m., lo cierto es que el Tribunal Administrativo de Antioquia analizó ese
argumento de acuerdo con la normativa vigente y precisó que la notificación se
efectuó cuando el administrado accedió a ella, por lo que no se evidencia el yerro
alegado, con mayor razón cuando el actor no justificó jurídicamente su dicho.

En cuanto al reparo de aquel consistente en que la notificación fue «escueta», pues
no era posible identificar si era o no oficial, se observa que se trata de una
consideración subjetiva del actor que no soportó en debida forma, máxime cuando
fue su propio apoderado judicial el que aludió a dicha notificación para efectos de

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subsanar la demanda, en los términos señalados en el auto del 15 de marzo de
2023, en el que el juez lo requirió para que aportara la copia de la notificación
electrónica del acto administrativo atacado.

En consecuencia, no se encuentra configurado un defecto que haga procedente el
amparo solicitado, por lo cual se modificará la sentencia del 12 de diciembre de
2024, en el sentido de confirmar la declaratoria de improcedencia respecto al
defecto sustantivo invocado y negar en lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: MODIFICAR la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual quedará así:

«Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción respecto al defecto
sustantivo alegado y NEGAR EL AMPARO solicitado en lo demás, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia».

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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