Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00337-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00337-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00337-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00337-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial.
Decisión: Niega el amparo solicitado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Eudes Gómez Salazar, en contra de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de los derechos al
debido proceso, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político y al principio de presunción de inocencia, con ocasión de la expedición
de la sentencia del 14 de noviembre de 2024, dentro del medio de control de
nulidad electoral con radicado 52001-23-33-000-2024-00003-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
El 2 de noviembre de 2023, la comisión escrutadora del municipio de El Rosario
Nariño, declaró al señor Eudes Gómez Salazar elegido como alcalde del ente
territorial para el periodo constitucional 2024-2027.
En diciembre de 2023, el señor José Isaías Rodríguez Túquerres, quien aspiró al
cargo de alcalde para las aludidas elecciones y ocupó la segunda posición,
impetró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, en la que
alegó la configuración de doble militancia del señor Eudes Gómez Salazar, ya
que habría apoyado «públicamente en el año 2023 a Isabel Rodríguez Guevara,
candidata por el partido ADA, siendo él inscrito por el Movimiento Autoridades
Indígenas de Colombia (AICO)».
El proceso de nulidad electoral se tramitó bajo el radicado
52001233300020240000300 y recayó en primera instancia en el Tribunal
Administrativo de Nariño, autoridad judicial que en sentencia del 25 de julio de
2024 negó las pretensiones de la demanda.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
Estudiado el asunto en segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en sentencia del 14 de noviembre de 2024, revocó la decisión tomada
por el Tribunal Administrativo de Nariño, al concluir que el accionante incurrió en
la prohibición de doble militancia, lo que conllevó a que se declarara la nulidad
de su elección como alcalde del municipio de el Rosario, Nariño, para el período
2024-2027.
2.2. Fundamentos jurídicos
El accionante invocó como fundamentos de la acción de tutela los artículos «1,
13, 15, 29, 40, 83, 86, 93 y 94 de la Constitución Política y en los Decretos 2591
de 1991, 306 del 1992 y 333 de 2021». Por otra parte señaló que se configuraron
las siguientes causales específicas de procedencia de tutela contra providencia
judicial:
a. Defecto fáctico: Adujo que existió una valoración arbitraria de la prueba
pericial, testimonial, así como de los documentos arribados al proceso.
b. Defecto sustantivo: Señaló que en la providencia objeto de tutela se
interpretó caprichosamente el artículo 107 de la Constitución Política y el artículo
2 de la Ley estatutaria 1475 de 2011.
c. Violación directa de la Constitución: Argumentó que, a partir de la
providencia reprochada, se desconocen los derechos fundamentales del
accionante al debido proceso (artículo 29) al incurrirse en los defectos fáctico y
sustantivo. A elegir y ser elegido (artículo 40), dado la «interpretación contra
legem, irrazonable y desproporcionada de la prohibición de doble militancia
prevista en la Constitución y la ley» y en contravía del principio pro homine
2.3. Pretensiones
El accionante solicitó:
«1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la presunción de inocencia, a los derechos políticos a ser elegido y a la
eficacia del voto del señor EUDES GÓMEZ SALAZAR (sic) y de sus
electores.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicito dejar sin efectos la sentencia
del 14 de noviembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, dentro del proceso radicado 52001233300020240000301, mediante
la cual se anuló la elección del accionante como alcalde del municipio de El
Rosario, Nariño.
3. Disponer y ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado que, en el
término que estime conveniente, dicte una nueva providencia que se ajuste
a los parámetros constitucionales, en particular al respeto por el debido
proceso, la valoración correcta de las pruebas aportadas, y la protección de
los derechos políticos del accionante y de la ciudadanía que lo eligió».
2
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida mediante auto del 27 de enero de 2025, a través
del cual se ordenó notificar a la Sección Quinta del Consejo de Estado en calidad
de accionado, y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría
Regional de Nariño, el Consejo Nacional Electoral, el Municipio de el Rosario –
Nariño, la Asamblea Departamental de Nariño, el Movimiento Autoridades
Indígenas de Colombia, el Movimiento Alianza Democrática Amplia, el Tribunal
Administrativo de Nariño y a los señores José Isaías Rodríguez Túquerres e
Isabel Rodríguez Guevara como terceros interesados en el resultado del proceso.
2.4.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado rindió informe en el que afirmó
que la acción de tutela es improcedente, en la medida que no satisfizo los
presupuestos generales de relevancia constitucional y de agotamiento de los
medios de defensa. Subsidiariamente, solicitó que fueran negadas las
pretensiones.
En lo que atañe a los argumentos esbozados en para la configuración del defecto
fáctico, adujo que el accionante se «limitó a cuestionar la valoración y el análisis
jurídico efectuado por la Sala (…) para argumentar la decisión cuestionada con
base en apreciaciones subjetivas y reiterando argumentos zanjados en el
proceso electoral».
Por otro lado, en cuanto al defecto sustantivo, expuso que no se precisaron las
razones puntuales por las que consideró que la Sala incurrió en el aludido defecto
al aplicar la figura de la doble militancia.
Por último, en torno a la violación directa de la Constitución, acotó que,
aunque el actor argumentó que se le fueron vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y a elegir y a ser elegido al no aplicarse el
principio pro homine, lo cierto era que con las pruebas aportadas al proceso se
extraía que existieron los elementos suficientes para colegir la configuración de
la doble militancia en modalidad de apoyo.
En suma, consideró que la sentencia objeto de la acción de tutela fue proferida
con base en la legislación vigente, las garantías procesales y la jurisprudencia
aplicable al caso concreto.
2.4.2. La Procuraduría General de la Republica solicitó que se desvinculara la
entidad del trámite, ya que no vulneró derechos del accionante.
2.4.3. El Consejo Nacional Electoral pidió ser desvinculado del presente
proceso por falta de legitimación en la causa por activa.
2.4.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó ser desvinculada del
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.4.5. No se rindieron más informes.
3
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 14 de
noviembre de 2024 incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa
a la Constitución.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
4
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde que se profirió la providencia del 14 de noviembre de 2024.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración ius fundamental
como consecuencia de los defectos fáctico, sustancial y violación directa a la
Constitución.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional1 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
1 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-
456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
a. Una dimensión negativa2, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva3, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios»4. Resaltado de la Sala.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.4.1 Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el caso
concreto
La parte accionante sostuvo que la decisión objeto de cuestionamiento adolece
de un defecto fáctico por varios motivos:
i) No se tuvo en cuenta en el dictamen pericial presentado por el accionante -en
calidad de demandado-, del cual, en su sentir, se extrae que, ninguna de las
pruebas presentadas por el demandante cumplió con la exigencia de autenticidad
que trae consigo el artículo 244 del CGP.
ii) Se valoró en la sentencia el testimonio rendido por Fredy Montaña Muñoz,
pese a que no se acreditaron los requisitos establecidos en el artículo 211 del
CGP, aunado al hecho que el testigo no «pudo estar físicamente hablando al
momento de la recolección de los documentos aportados (fotografías y
grabaciones)».
2 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
3 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
4Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle
Correa.
6
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
iii) No valoró de manera correcta las fotografías y publicaciones en redes sociales
presentadas por la parte demandante, en el entendido que estas no cumplieron
los criterios de autenticidad que establece el artículo 244 del CGP.
iv) Las grabaciones de audio aportadas con la demanda no fueron sometidas a
un cotejo de voces ni a un peritaje que garantizara su autenticidad. Adicionado al
hecho que existen softwares maliciosos que simulan la voz de una persona y que
no se puede colegir que, de las pruebas aportadas, los hechos ocurrieron el día
que se asumió como tal, pues ello solo se corrobora con una prueba técnica.
Al respecto, se pone de presente que la Sección Quinta de esta Corporación, en
sentencia del 14 de noviembre de 2024, adoptó la decisión de revocar la
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño
y, en su lugar, declarar la nulidad del acto de elección del accionante, Eudes
Gómez Salazar, como alcalde del municipio de El Rosario – Nariño, a partir de la
siguiente argumentación:
«…Se cuestiona el rechazo de plano del relato del testigo Jhon Fredy
Montoya Muñoz, y con ello la declaración extraprocesal que rindió bajo
juramento ante notario y la grabación de audio que captó de la reunión de 2
de octubre de 2023 en la vereda La Tigrera, so pretexto de la tacha que
formuló el demandado, sin respaldo probatorio. También cuestiona la forma
como el a quo analizó las imágenes de las redes sociales y la video
grabación aportada.
Respecto de la prueba testimonial, se tiene que la tacha del testigo tuvo
lugar en la audiencia de pruebas del 30 de abril de 2024, sustentada en que,
según información de la Rama Judicial, tenía boleta de encarcelación del 23
de agosto de 2023, y el 2 de abril del 2024 se dictó auto de libertad por pena
cumplida, por lo que el testimonio no es «idóneo».
El tribunal, al pronunciarse sobre este reparo en la sentencia, sostuvo que a
partir de la revisión del asunto en la página de la Rama Judicial, encontró
acreditado que al testigo se le impuso medida de aseguramiento privativa
de la libertad desde el 23 de agosto de 2023, hasta el 2 de abril de 2024,
cuando se le concedió la libertad por pena cumplida, por lo que no era
posible que participara en la reunión política de 2 de octubre de 2023, o que
realizara una declaración extra juicio ante notario el 16 de enero de 2024,
menos aún que este haya grabado aquella reunión.
Sobre el particular, es necesario tener en cuenta que de acuerdo con el
artículo 211 del Código General del Proceso, son sospechosas para declarar
las personas que en concepto del juez se encuentren en circunstancias que
afecten su credibilidad o imparcialidad, por razón del parentesco,
dependencias, antecedentes personales, sentimientos o interés con las
partes o sus apoderados, entre otras causas.
No obstante, esta Corporación se ha pronunciado en el sentido de sostener
que la tacha «no deja sin efecto las manifestaciones de los declarantes y
tampoco invalida la prueba, lo que exige es una valoración rigurosa de las
declaraciones, con la cual se admitirá o negará la credibilidad de los dichos
de los testigos». De ahí que la tacha no suponga descartar la valoración de
7
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
la prueba testimonial, aunque sí deberá someterse a un estudio más estricto
que el que recae sobre las declaraciones que no padecen de sospecha.
La Sala considera que la parte actora acierta en el cuestionamiento
planteado, puesto que el tribunal se abstuvo de valorar el contenido y
alcance de la declaración del testigo, y con ello su declaración extrajudicial,
so pretexto de un antecedente personal relacionado con la presunta
privación de su libertad entre el 23 de agosto de 2023 y el 2 de abril de 2024,
lo cual acreditó con la consulta de la página de la Rama Judicial y la captura
de esta pesquisa. Sin embargo, al proceso no se aportó medio de convicción
emanado de autoridad competente que diera cuenta de que la medida
privativa de la libertad se hizo efectiva y el lapso en la que transcurrió.
Incluso, en el proceso obra una prueba documental que conduce a colegir
que, para antes del 2 de abril de 2024, el señor Montoya Muñoz no estuviera
recluido en establecimiento carcelario, según la constancia de autenticación
biométrica de la declaración extraprocesal que rindió el 16 de enero de 2024
ante la Notaría Única del Círculo de Taminango (Nariño). Sobre esta base,
se tiene que la consulta de la actuación judicial no demuestra, per se, que el
señor Montoya Muñoz estuviera privado de su libertad, máxime cuando en
el proceso se acreditó que, antes de que cumpliera la pena, acudió ante
notario para rendir una declaración extra juicio.
En ese orden, el contenido y alcance de la declaración debió ser valorado
por el a quo, y ante la prosperidad de este reparo de la apelación, la Sala
procederá a lo propio al momento de definir el sentido de esta causa judicial.
Sobre la video grabación, que en criterio de la parte actora fue publicada el
30 de octubre de 2023 en las redes sociales de Isabel Rodríguez Guevara,
se tiene que esta documental se aportó al proceso en un archivo Mp4 y
mediante enlace Drive, respecto del cual el tribunal adujo que no abrió.
No obstante, el tribunal destacó la conclusión de la pericia sobre esta prueba
según la cual «en relación al video aportado, no se conoce la información de
metadatos; si bien es una grabación de la proyección de la pantalla de un
celular a otro celular, no se conoce la procedencia original del video».
La Sala advierte que, en efecto, el tribunal no realizó una valoración
adecuada de este documento, toda vez que le bastó con sostener que el
enlace mediante el cual se aportó no abrió, pese a que también se allegó en
formato Mp4, y además se soportó en las conclusiones del perito, que limitó
su informe a la inexistencia de meta datos, para descartar su atributo de
convicción.
Con todo, al revisar este archivo, se puede constatar que se trata de un video
de 57 segundos de duración que se captó desde la proyección de otro
celular, y contiene el logo de la campaña de Isabel Rodríguez. Frente a este
documento, basta con indicar que la persona que allí aparece no es el
demandado, de manera que el discurso de agradecimiento, si bien lo
menciona, no compromete su responsabilidad. No se trata de una
manifestación expresa del acusado electo, por lo que este registro de video
no contribuye endilgarle un acto positivo de respaldo.
Acerca del estudio que realizó el a quo sobre los vínculos que conducen a
las publicaciones de la red social Facebook, es necesario tener en cuenta
8
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
que el historial de cambios no permite corroborar que las imágenes de las
capturas de tales divulgaciones, aportadas con el libelo, correspondan con
las que otrora hicieron parte del contenido multimedia de la publicación
original.
(…)
El siguiente paralelo entre la captura de pantalla de la publicación de 16 de
agosto de 2023 en el perfil de la red social Facebook denominado «Sigamos
Construyendo», aportado con la demanda, y la publicación de la misma
fecha a la que conduce el enlace aportado, permite corroborar que no
contiene las imágenes destacadas en el libelo, y que de la revisión del
historial de cambios se puede advertir que, en efecto, el 19 de enero se
eliminaron unos archivos multimedia
(…)
Circunstancia idéntica se verificó al comparar la captura de pantalla de la
publicación del 15 de octubre de 2023 del perfil denominado «Eudes Gómez
– Alcalde», y el enlace aportado con la demanda.
Como se observa, aunque es posible verificar cambios de las publicaciones,
el historial no permite comprobar el contenido multimedia de la difusión
primigenia.
De ahí que no sea posible tener certeza sobre la coincidencia de las
imágenes contenidas en las capturas de pantalla aportadas con la demanda
y la publicación vigente. Por ende, aún bajo la circunstancia de que no se
verificó el historial de cambios de las publicaciones, la Sala no encuentra
reparo alguno en las conclusiones del tribunal, toda vez que no hay forma
de corroborar que las imágenes de las capturas de la demanda
corresponden con las divulgaciones a las que conducen los vínculos
aportados.
No obstante, la circunstancia anterior no impide que la Sala pueda valorar el
contenido del mensaje de datos y los registros fotográficos aportados
mediante captura de pantalla.
De este modo, el enlace allegado con la demanda conduce a una
publicación de 16 de agosto de 2023 en el perfil de la red social Facebook
denominado «Sigamos Construyendo», con el siguiente texto: «Con el
apoyo de ustedes esta iniciativa política sigue avanzando hacia la búsqueda
de un Departamento que cuente con representantes que conoce de primera
mano las problemáticas... #asambleadepartamental #sigamos Sigamos
Construyendo #isabelrodriguezguevara Sigamos Construyendo Asamblea
Departamental De Nariño».
Como se observa, no se trata de una publicación proveniente de una red
social del demandado, por lo que tampoco es el autor del texto que en ella
aparece, luego no es posible derivar un acto positivo y concreto de apoyo a
partir del contenido de esta divulgación.
Acerca de las imágenes de las capturas de pantalla, se tiene que con la
demanda se aportaron tres fotografías que, según el demandante, hicieron
parte de la publicación bajo análisis.
9
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
La pericia se pronunció sobre estas pruebas señalando que, por el hecho de
no haber podido acceder a sus metadatos, no podía certificar su
autenticidad, «lo que se puede llegar a concluir que estas pudieron ser o no
alteradas; ya que no se cumple con el principio de mismidad de la
evidencia». Dado que el dictamen no logró establecer si estas documentales
se alteraron o no, y en consecuencia no se desvirtuó su presunción de
autenticidad, es procedente valorarlos bajo las reglas de la sana crítica.
(…)
En estos registros, la parte actora identifica a quien porta camisa a cuadros
como el demandado, pero solo en la fotografía del centro aparece de frente
y se puede apreciar a una persona cuyo rostro tiene características similares
al que aparece en el formulario E-6 AL que se aportó al plenario.
Con todo, de estos registros no es posible evidenciar un acto positivo y
concreto de apoyo, y aun cuando aparecen los logos que identifican la
campaña de Isabel Rodríguez, ello no es suficiente para colegir el respaldo
indebido, pues no está probado que el demandado haya divulgado estas
imágenes o autorizado su exteriorización ante el electorado. A lo sumo,
podría concluirse que corresponden a unas actividades desarrolladas en
época de campaña, pero no permiten establecer el contexto de las
situaciones que representan esos registros. En consecuencia, estas
pruebas no tienen la vocación de acreditar la conducta endilgada.
Indebida valoración de la grabación de audio
Se cuestiona que el fallador de primera instancia apreció, de manera
descuidada, el registro de audio que realizó el señor Jhon Fredy Montoya,
con su celular, de la reunión de 2 de octubre de 2023 en la vereda La Tigrera,
aportada como prueba documental, puesto que, sin argumento, concluyó
que no cumple los requerimientos del Código General del Proceso
relacionados con la autenticidad.
Por ende, consideró que la prueba debió ser estudiada, comoquiera que se
presume auténtica al tenor de lo previsto en el artículo 244 del Código
General del Proceso, salvo que se haya formulado tacha en los términos del
precepto del artículo 269 ibidem, lo cual no aconteció en este caso, y que de
acuerdo con la declaración del testigo Jhon Fredy Montoya Muñoz, se
demostró su autoría, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que la
voz que se escucha pertenece al demandado.
Para resolver este reparo, la Sala debe partir por aclarar que la omisión de
la expresión «tacha» para cuestionar el contenido de la prueba documental,
no obsta para que la autoridad judicial asuma que la parte interesada
controvierte autenticidad del documento a través de este mecanismo
procesal, siempre que, claro está, exponga las razones de la falsedad y
solicite o aporte las pruebas para el efecto.
El inciso segundo del artículo 244 del Código General del Proceso dispone
que «[l]os documentos públicos y los privados emanados de las partes o
de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y
los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o
10
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
desconocidos, según el caso» (Negrillas fuera de texto). De ahí que la figura
de la tacha se haya previsto en la ley como la excepción a la presunción de
autenticidad de las pruebas documentales.
Al tenor del artículo 270 del Código General del Proceso, se tiene que
«Quien tache el documento deberá expresar en qué consiste la falsedad y
pedir las pruebas para su demostración. No se tramitará la tacha que no
reúna estos requisitos». La norma bajo cita establece dos exigencias para
que sea procedente el trámite de la tacha, a saber, i) el sustento de las
razones por las que el documento adolece de falsedad, y ii) la prueba de su
demostración, sin los cuales no procederá el trámite procedente.
En este asunto, se tiene que el demandado, al pronunciarse sobre los cargos
del libelo, cuestionó la autenticidad de las imágenes que, en criterio del
actor, se publicaron los días 16 de agosto y 15 de octubre de 2023 en las
redes sociales de Isabel Rodríguez Guevara y Eudes Gómez Salazar,
respectivamente.
En cuanto a la grabación de audio, la defensa del demandado no cuestionó
su autenticidad, pues sus reparos sobre esta evidencia se enfocaron en que
su recaudo desconoció el debido proceso y el derecho a la intimidad, al ser
captado de manera ilícita por no contar con autorización de los involucrados,
por lo que solicitó su exclusión del caudal probatorio.
En el acápite de pruebas de la contestación de la demanda, la defensa
aportó un dictamen cuyo objeto, de manera general, lo hizo consistir en
«[d]emostrar de manera técnica la autenticidad y mismidad de los
documentos puestos de presente en la demanda».
En ese orden, la Sala advierte que el demandado planteó la tacha sobre las
imágenes de las capturas de pantalla de las publicaciones de redes sociales,
pero no respecto de la grabación de audio, pues el cuestionamiento sobre
esta prueba se enfocó en la ilegalidad de su recaudo.
Ahora bien, partiendo de que la autenticidad de la grabación no estuvo en
tela de juicio, la Sala considera que el tribunal debió descender a la
valoración de esta prueba documental, toda vez que el artículo 244 del
Código General del Proceso prevé que un documento es auténtico «cuando
exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento», y
presume dicha autenticidad «mientras no hayan sido tachados de falso o
desconocidos, según el caso».
Al decir del demandante, en el hecho 3.11 del libelo, el respaldo proscrito
tuvo lugar en una reunión realizada el 2 de octubre de 2023 en la vereda La
Tigrera del municipio de El Rosario, donde el demandado expresamente
invitó a los asistentes a votar por Isabel Rodríguez Guevara, y en el hecho
3.12 expresó que en esa sesión estuvo presente el señor Jhon Fredy
Montoya Muñoz, quien grabó a través de su dispositivo celular el discurso
público proselitista bajo censura.
La defensa del demandado, al pronunciarse sobre tales premisas fácticas,
contestó que no le constan y que deberán probarse en el proceso. Bajo tales
circunstancias, si bien el acusado se opuso a la incorporación del documento
que contiene la reproducción de una voz, dada su ilicitud, lo cierto es que
tampoco negó su presencia en la reunión de 2 de octubre de 2023, y que
11
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
pronunció el discurso que se escucha en el audio con el que se le atribuye
la doble militancia.
(…)
Valoración de la prueba testimonial y la evidencia de audio
Ahora bien, como se indicó en párrafos anteriores, la prueba testimonial
debió valorarse por la primera instancia, por cuanto la tacha que recayó
sobre su dicho no da lugar a desechar la prueba.
Sobre el testigo Jhon Fredy Montoya Muñoz pesan dos señalamientos de
tacha, la primera formulada en la contestación de la demanda por su interés
en relación con la parte demandada, comoquiera que en la declaración
extrajudicial sostuvo que «como soy del grupo contrario saqué el celular, lo
puse a grabar y me lo eché en el bolsillo a ver que decía». La segunda, por
el antecedente personal relacionado con la privación de su libertad.
Acerca de los criterios para valorar el testimonio, la Sección Segunda,
Subsección A, de esta Corporación ha establecido unos parámetros
relacionados con la coherencia del relato, su contextualización, las
corroboraciones periféricas y la existencia de detalles oportunistas a favor
del declarante.
La coherencia del relato exige «una persistencia en la incriminación, esto es,
que la declaración no se contradiga», aunque «si bien la coherencia de un
testimonio no es un dato a tener en cuenta, por sí solo, a la hora de valorar
su credibilidad, ello no quiere decir que sea inútil, porque puede servirle al
juez si lo analiza conjuntamente con los otros parámetros probatorios
que tiene a su disposición» (Negrillas fuera de texto).
La contextualización del relato, «consiste en que el testigo describa datos
del entorno espacial o temporal en el que tuvieron lugar los hechos acerca
de los cuales declara. Así, si lo que manifiesta se inserta fácilmente en ese
ambiente, ello puede configurarse en un indicio de su verosimilitud». Las
corroboraciones periféricas se refieren «a que el relato de un testigo se
vea corroborado por otros datos aportados al proceso que,
indirectamente, acrediten la veracidad de la declaración» (Negrillas fuera de
texto).
Finalmente, la pauta relacionada con la existencia de detalles oportunistas
«consiste en que el testigo haga referencia a datos innecesarios que
busquen favorecer a una de las opciones que se debaten en el proceso»
En los anteriores términos, el análisis de la prueba testimonial exige tener
en cuenta, entre otros criterios, la coherencia y corroboración, estos últimos
ligados a la valoración conjunta con otras pruebas. En esa medida, el
testimonio por sí solo no conduce a tener por demostrado un hecho, toda
vez que es necesario que el contenido de la narración pueda corroborarse
con los demás medios de convicción aportados al proceso, y así establecer
la coherencia del relato.
La noción expuesta guarda consonancia con el texto del artículo 176 del
Código General del Proceso, en tanto exige que «[l]as pruebas deberán ser
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin
12
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos».
En el caso particular, se tiene que el testigo, en su narración en la audiencia
de pruebas, refirió que estuvo presente en la reunión del 2 de octubre de
2023. Expuso que, en esa fecha, estaba reunida la comunidad de la vereda
La Tigrera, entre 20 y 30 personas, que el lugar es un punto de reunión tipo
gallera, que es un sitio público, que el entonces candidato se presentó en
ese lugar cuando las personas presentes terminaban una jornada de trabajo,
que el presidente de la junta de la vereda lo llamó aprovechando que la
comunidad estaba reunida, y que hizo campaña a la candidata Isabel
Rodríguez. Esta versión coincide con declaración extraprocesal que rindió
ante la Notaría Única del Círculo de Taminango (Nariño), del 16 de enero de
2024.
En atención a la sospecha que pesa sobre este ciudadano respecto de su
imparcialidad y credibilidad, la Sala debe valorar con mayor detenimiento su
versión de los hechos, por lo que es necesario confrontar la coherencia de
su relato con los demás medios suasorios que obran en el plenario. Para el
efecto, se cuenta con la grabación de audio aportada con la demanda, con
la cual es posible corroborar la veracidad de su narración.
Antes de descender al análisis de esta prueba, la Sala debe aclarar que en
el proceso no se demostró que dicho registro de audio corresponde con el
que realizó el testigo Jhon Fredy Montoya Muñoz.
Para la parte actora, a partir de la declaración de este testigo, se tiene
certeza sobre el autor de la grabación, de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, y que la persona que emite el discurso es el demandado.
La Sala debe aclarar que al tenor del artículo 244 del Código General del
Proceso, la autoría de un documento se predica de la persona a quien se
atribuye. De ahí que, tratándose de la reproducción de la voz, dicha autoría
corresponde a quien se escucha en el registro de audio, por lo que, para
efectos del análisis del medio de convicción, es irrelevante establecer quien
es la persona que captó la grabación.
De otro lado, la defensa del demandado cuestionó esta evidencia por su
ilicitud, por cuanto se obtuvo con violación del debido proceso, sin
autorización de los involucrados en la conversación, transgrediendo el
derecho a la intimidad previsto en el artículo 15 superior, por lo que debe ser
excluida.
Para el efecto, trajo a colación la sentencia SU-371/21 de la Corte
Constitucional, en la que indicó que las grabaciones de la imagen y la voz
realizadas en el ámbito privado de la persona constituyen violación del
derecho a la intimidad si no se autorizaron por el titular del derecho5.
5 La referida corporación reiteró el pronunciamiento vertido en la Sentencia T-233/07, donde
sostuvo que «las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona,
con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad
personal, si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además,
en caso extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial
competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del
titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración
del derecho a la intimidad del sujeto.”»
13
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
Sin embargo, el demandado pierde de vista que el pronunciamiento de la
Corte Constitucional censura las grabaciones de la voz o la imagen captadas
en ámbitos privados.
Frente al punto, el tribunal constitucional definió los espacios privados como
«el lugar donde la persona desarrolla libremente su intimidad y su
personalidad en un “ámbito reservado e inalienable”», y reiteró que estos
escenarios comprenden «además de los lugares de habitación, trabajo,
estudio, todos aquellos espacios o recintos aislados en los que la
persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia vida
privada, separada de los terceros y sin su presencia”»6(Negrillas fuera
de texto).
Para el alto tribunal, «La garantía del respeto a esta esfera individual y
privada se sustenta en el principio de dignidad humana y autodeterminación,
y es absoluta cuando las acciones que en ella realizan los ciudadanos
no tienen repercusiones sociales y solo interesan al titular del derecho,
mientras que se atenúa cuando se trata de espacios cerrados menos
íntimos en los que se desarrollan actividades con mayores efectos
sociales»7 (Negrillas fuera de texto).
A partir de lo anterior, la privacidad de un espacio estará determinada por la
intención del titular del derecho de desarrollar sus actividades sin la
intervención o presencia de terceros, y que no conlleve implicaciones o
repercusiones sociales.
A su turno, en el pronunciamiento bajo cita, la corte definió el espacio público
como «un lugar de uso común en el que los ciudadanos ejercen
numerosos derechos y libertades. La más evidente es sin duda la libertad
de movimiento, pero en los espacios públicos, las personas también pueden
ejercer otros derechos como el de expresión, el derecho al trabajo, el
derecho de reunirse y manifestarse públicamente» (Negrillas fuera de
texto).
La providencia que se estudia trajo consigo definiciones de espacios
intermedios, como los semi privados y semi públicos, los primeros
constituidos por «espacios cerrados en los que un conjunto de personas
comparten (sic) una actividad y en los que el acceso al público es
restringido, son espacios semi-privados y, por ende, las injerencias a la
intimidad y demás libertades que se ejercen en tales contextos, son
limitados. Sin embargo, no son espacios privados, porque las acciones
de cada uno de los individuos en una oficina, o en un establecimiento
educativo, tiene repercusiones sociales: no se trata del individuo en su
propio ámbito de acción, sino del individuo en una comunidad»
(Negrillas fuera de texto)
Por su parte, el espacio semi público es aquel «de acceso relativamente
abierto en los que diferentes personas se encuentran en determinado
momento para realizar cierta actividad puntual dentro de un espacio
compartido».
6 Sentencia T-407/12.
7 Ibidem.
14
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
Todo lo anterior permite a la Sala concluir, válidamente, que el registro de
audio aportado al proceso no debe ser excluido como prueba, comoquiera
que no resulta lesivo del derecho a la intimidad de quien pronuncia el
discurso.
Si bien la grabación no permite identificar con precisión el espacio donde se
desarrolló la reunión, lo cierto es que en manera alguna puede considerarse
como un recinto privado, pues el discurso se dirige una pluralidad de
personas que estaban reunidas en un contexto de actividad comunitaria, con
las consecuentes repercusiones sociales. El contexto descrito se extrae del
siguiente apartado de la grabación:
(…) ustedes no vinieron de pronto a esta reunión a escucharme, ustedes
venían a hacer un trabajo comunitario y a reunirse, a conversar con la
comunidad y organizar su comunidad, por eso quiero pedirles disculpas por
interrumpirlos, y pido solo diez minuticos para expresarles qué es lo que
quiero hacer (…) también igual si al tomar unas fotografías estas no se van
a publicar, porque en cada reunión que hago se publican, tengo una página
donde se publican, pero estas no porque esta es una reunión comunitaria,
esta no es una reunión política, me dieron un espaciecito que es muy
diferente, o si no quedaría mal, que en una reunión comunitaria yo caigo ahí
a tomarme una foto con ustedes, no, así no es (…)
Se observa, de este modo, que el interlocutor se dirige a varias personas
presentes en un espacio comunitario y, como se observará en líneas
posteriores, tuvo el propósito de presentarse ante los asistentes para
exponer los lineamientos de su aspiración política, por lo que es notable la
repercusión social de esta intervención. En consecuencia, la grabación no
implica una invasión indebida de la esfera de la intimidad.
Esta colegiatura no pierde de vista que el interlocutor se identifica como
Eudes. Aunque no hace mención de sus apellidos, lo cierto es que a partir
de las consignas del Formulario E-26 ALC, es posible establecer que, de los
dos candidatos en contienda por la Alcaldía de El Rosario, era el único con
ese nombre.
También se puede determinar que se trata de un candidato a una alcaldía y
que para ese momento estaba en curso su campaña:
han dicho que es posible que yo pueda representar a las comunidades
siendo un candidato a la alcaldía, ahí si ya toca trabajar por todo el municipio,
no me puedo quedar en una veredita, entonces decirles que así es la cosa,
nació del campesinado, nació de las juntas de acción comunal, de la gente
más humilde, que pudiera yo llegar a este escenario de campaña.
Así mismo, es posible colegir que el contexto del discurso tuvo lugar en el
marco de la campaña para las elecciones del 29 de octubre de 2023, en
tanto se le escucha decir que «las elecciones, la democracia es un solo día,
un ejercicio se llama eso, de democracia, que es votar, elegir y ser elegido,
eso es el 29 la democracia (…)»
Como se verá más adelante, el señor «Eudes» refirió que pertenece al
Movimiento AICO, colectividad que lo postuló como candidato a la Alcaldía
de El Rosario para las elecciones de 29 de octubre de 2023.
15
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
En lo que toca con el momento en que se pronunció el discurso proscrito, se
tiene que este tuvo lugar entre el 28 de julio de 2023, momento para el cual
había inscrito su candidatura, y el día del certamen electoral:
me inscribí con un programa de gobierno, eso es lo que quiero que escuchen
más, me inscribí con un programa de gobierno recogido entre las
comunidades, entre juntas de acción comunal, líderes, me dijeron vea estas
son las necesidades más sentidas de todo el territorio, y ahí me inscribí en
la registraduría y ese programa de gobierno es general, ahí se anotan cosas
importantes, (…).
Finalmente, del discurso bajo análisis, se desprende que el orador solicitó
apoyo para la candidata a la asamblea por el Movimiento ADA, «Isabel»:
para ello, estamos haciéndole la campañita y espero pues nadie vayamos a
grabarnos (inaudible) estamos en otro partido diferente y hacemos doble
militancia, (inaudible) hacerle campaña a ella de frente y si alguien me graba
pues me denuncian por doble militancia, y si me eligen y al otro día me
destituyen del cargo porque ella lleva el movimiento ADA y yo llevo el
movimiento AICO, entonces no se puede hacer campaña a uno de otro
movimiento, pero aquí me arriesgo porque sé que ustedes son gente buena,
afuera allá en el Rosario no me atrevo a hacer esto (…) entonces decirles
que esta muchacha es de San Pedro Cumbitara, se llama Isabel, es una
líder campesina así como yo, y ella (…) hemos tomado la decisión de
respaldarla, de apoyarla, para que llegue a la asamblea y sea una diputada,
y ella pueda abrirnos la puertica en la gobernación, allá en el departamento,
para poder nosotros obtener algunos proyectos, algunas cosas importantes
para la comunidad, entonces ella es Isabel y a ella le voy a apoyar (…) los
invito a que la apoyemos todos los que podamos.
A partir de los extractos anteriores, y en concordancia con el alcance de la
prueba testimonial practicada en el proceso, es posible concluir que quien
pronuncia el discurso que se escucha en la grabación es el señor Eudes
Gómez Salazar, otrora candidato a la Alcaldía de El Rosario por el
Movimiento AICO para los comicios que tuvieron lugar el 29 de octubre de
2023, que el 2 de octubre de 2023 se presentó en la vereda La Tigrera y
promovió la candidatura de Isabel Rodríguez Guevara, quien en su momento
aspiró a la Asamblea Departamental de Nariño por el Movimiento ADA, en
el mismo certamen electoral, y que ese respaldo tuvo lugar durante el
periodo de campaña, entre el 28 de julio y el 29 de octubre de 2023.
De ahí que haya lugar a concluir que el demandado incurrió en la prohibición
de doble militancia, por haber promovido la aspiración de Isabel Rodríguez
Guevara a la Asamblea de Nariño, pese a que su partido presentó lista de
candidatos para disputar las curules de esa duma departamental.
Sobre la base de las anteriores consideraciones se revocará la sentencia
objeto de alzada, y de declarará la nulidad del acto de elección cuestionado
en este asunto (…)». Negrillas propias del texto.
A partir de lo anterior, se considera que la Sección Quinta de esta Corporación
no incurrió en un defecto fáctico, en la medida que las pruebas allegadas al
proceso de nulidad electoral fueron valoradas de manera razonable.
16
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
En lo que tiene que ver con la valoración del testimonio rendido por Fredy
Montaña Muñoz, del cual afirmó el actor que no cumplió con los requisitos
mínimos establecidos en el artículo 211 del CGP, al ser un público contradictor
político suyo y por encontrarse físicamente imposibilitado de estar en el lugar que
afirmó que ocurrieron los hechos en su relato, es preciso indicar que la autoridad
accionada coincidió con el accionante y puso de presente que sobre el testigo
pesaban dos solicitudes de tacha, una de ellas fundamentada en que, según
información de la Rama Judicial, tenía boleta de encarcelamiento del 23 de
agosto de 2023 y tan solo hasta el 2 de abril de 2024 se dictó auto de libertad por
pena cumplida. Por tanto, en principio era imposible que hubiera participado en
una reunión política el 2 de octubre de 2023 en la vereda La Tigrera o realizara
una declaración extra juicio ante notario el 16 de enero de 2024.
No obstante, precisó que, de acuerdo con el artículo 211 del CGP y según la
interpretación sobre la solicitud de tacha del testigo, construida por el Consejo de
Estado, esta no deja sin efecto la manifestación del declarante, o invalida la
prueba, sino que exige una valoración más rigurosa por parte de la autoridad
judicial.
De manera que, contrario a lo considerado en la sentencia de primera instancia,
en la que no se tuvo en cuenta el testimonio, señaló que sí era necesario valorar
este al igual que su declaración extrajudicial, pues no se podía descartar su
análisis solo teniendo en cuenta el antecedente personal del declarante sobre la
privación de su libertad entre el 23 de agosto de 2023 y 2 de abril de 2024,
acreditado con la consulta de la página de la Rama Judicial, comoquiera que
dentro del proceso no se «aportó medio de convicción emanado de autoridad
competente que diera cuenta de que la medida privativa de la libertad se hizo
efectiva y el lapso en la que transcurrió».
En ese sentido, la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que, contrario
a lo alegado por el accionante, dentro del proceso yacía una prueba que llevaba
a concluir que antes del 2 de abril de 2024 el testigo Fredy Montaña Muñoz no
se encontraba detenido en un establecimiento carcelario, pues según constancia
de autenticación biométrica, rindió declaración extraprocesal el 16 de enero de
2024 ante la Notaría Única del Círculo de Taminango – Nariño. Situación que, en
suma, permitía colegir que dentro del proceso no se probó que el declarante
estuviera privado de su libertad y, por ende, ello permitía apreciar la prueba en
conjunto con los demás elementos probatorios allegados al proceso.
En lo atinente al argumento según el cual dentro de la sentencia impugnada no
se tuvo en cuenta el dictamen pericial por él presentado en la contestación de la
demanda y que, de haberse incluido, se hubiera demostrado que ninguna de las
pruebas presentadas por el demandante probaban la existencia de la conducta
que se le fue endilgada de doble militancia; advierte la Sala que, de los
argumentos desarrollados en la providencia reprochada, se observa que el
dictamen pericial sí fue objeto de valoración, y que de su análisis no se extrajeron
17
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
las conclusiones que pretende hacer valer en sede de tutela el accionante.
En efecto, luego de referenciar las pruebas allegadas, propiamente las capturas
de pantalla, de audio y video, la autoridad judicial indicó que el dictamen pericial
presentado por el demandado no pudo certificar la autenticidad del material
probatorio, en la medida que únicamente indicó sobre aquellas lo siguiente: «lo
que se puede llegar a concluir que estas pudieron ser o no alteradas; ya que no
se cumple con el principio de mismidad de la evidencia». Por ello, para la
autoridad judicial era procedente valorar los diferentes documentos con el fin de
tomar la decisión sobre el caso.
Lo anterior, además, fue desarrollado cuando se valoró en concreto la
procedencia probatoria de la grabación de audio allegada al expediente. Al
respecto, en la sentencia se indicó que «el demandante no cuestionó su
autenticidad, pues sus reparos sobre esta evidencia se enfocaron en que su
recaudo desconoció el debido proceso y el derecho a la intimidad, al ser captado
de manera ilícita por no contar con autorización de los involucrados, por lo que
solicitó su exclusión del caudal probatorio».
Y en lo que respecta al disentimiento del accionante que, de haberse considerado
el dictamen pericial, se hubiera concluido que las pruebas recaudadas eran
ilícitas y, por lo tanto, inadmisibles, se evidencia que en la providencia reprochada
también se realizó un análisis partiendo de la presunción de autenticidad de la
grabación, en el entendido que sobre ella no se interpuso solicitud de tacha en
los términos del artículo 244 del CGP.
Luego, se precisó que, si bien se fundamentó la solicitud de ilicitud bajo el criterio
de que con ella se transgredió el derecho a la intimidad contenido en el artículo
15 de la Constitución, lo cierto era que la violación de tal derecho, según
pronunciamientos de la Corte Constitucional, solo procede en ámbitos privados,
lo cual no se puede argüir de la grabación de audio objeto de estudio, en la
medida que en ella se pronuncia un discurso dirigido a una pluralidad de
personas, puntualmente en una actividad comunitaria, lo que descarta su
naturaleza privada e íntima.
Además, en cuanto a la censura planteada en la demanda tutela, concerniente a
que dentro del proceso ordinario las grabaciones de audio no fueron sometidas
a un cotejo de voces que garantizara su autenticidad, es menester mencionar
que la Sección Quinta advirtió que al contestar la demanda el accionante
presentó únicamente como prueba el ya mencionado dictamen pericial que tuvo
como objeto, en su criterio, «Demostrar de manera técnica la autenticidad y
mismidad de los documentos puesto de presente en la demanda»8. Es decir que
no solicitó o presentó prueba adicional con la que pretendiera probar la validez
de las grabaciones allegadas al proceso por el demandante.
Así las cosas, consideró que no es de recibo argumentar que dentro del proceso
8 Visible en la contestación de la demanda del proceso ordinario, pág. 15.
18
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
los elementos probatorios no fueron sometidos a las verificaciones del caso para
constatar su autenticidad, en tanto que el cotejo de voces no fue solicitado por el
accionante en la debida oportunidad procesal. De manera que, en atención al
principio de la carga probatoria consagrado legalmente en el artículo 167 del
CGP, no era posible trasladarle esa carga al momento de proferir su decisión,
máxime teniendo en cuenta que la aludida prueba no fue solicitada, decretada y
practicada en la oportunidad que indica la ley.
En cuanto al argumento según el cual se valoraron indebidamente las fotografías
y publicaciones de redes sociales presentadas por el demandante, vale decir que,
a efectos de tomar la decisión final, cuyo fundamento es la razón principal que
sustenta la tutela, la autoridad judicial no se basó en estas pruebas.
En efecto, sobre las publicaciones en redes sociales y las capturas fotográficas
se predicó en la sentencia que de las mismas no era posible «evidenciar un acto
positivo y concreto» para configurar la conducta de doble militancia que, a la
postre, se determinó del análisis realizado de la prueba testimonial y la grabación
en audio.
De modo que, no es recibo el reproche efectuado por el accionante según el cual
la interpretación de tales fotografías y publicaciones no cumplió con los criterios
de autenticidad que establece el artículo 244 del CGP, en tanto que su valoración
no fue tenida en cuenta a efectos de probar la tesis que fundamentó la decisión
final.
Así las cosas, se reitera que la Sección Quinta de esta Corporación realizó un
análisis íntegro del material probatorio aportado al proceso a la luz de las reglas
de la sana crítica, con fundamento en la normativa procesal y el precedente
jurisprudencial aplicable al asunto.
De ahí que, no se pueda calificar la decisión judicial reprochada como violatoria
de los derechos fundamentales, pues fue sustentada en respeto de los principios
de autonomía e independencia judicial, y del mismo modo no se advierte que el
estudio realizado por la autoridad judicial sea contraevidente o arbitrario.
En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente en
los eventos en que se presente una valoración de la prueba caprichosa, y en el
caso concreto la argumentación de la providencia es razonable, en la medida que
la apreciación de cada una de las pruebas fue antecedida por el respetivo estudio
de procedencia, validez y legitimación de las mismas.
Por tal razón, no es posible considerar que se presentó un defecto fáctico, sino
que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para
la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.
En este contexto, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación de
un mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un defecto
fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para que ello
19
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por completo
de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este asunto.
En suma, lo que se advierte es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.
3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»9.
En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
9Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:
Eduardo Montealegre Lynett.
20
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»10.
Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el
caso concreto
El accionante alegó en sede de tutela una indebida interpretación del artículo 107
de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley estatutaria 1475 de 2011, que
regulan lo concerniente a la prohibición de la doble militancia, concretamente en
lo relativo al apoyo de candidatos de un partido o movimiento político distinto, tal
y como ocurre con el accionante, quien aspiró y posteriormente fue elegido como
alcalde del municipio de El Rosario – Nariño, y cuya elección fue declarada nula
en la sentencia reprochada, por el apoyo a una candidata de un movimiento
político distinto.
Pues bien, a partir de las transcripciones relacionadas en acápite anterior,
correspondiente al análisis del defecto fáctico, la Sala considera que las
conclusiones a las que llegó la Sección Quinta del Consejo de Estado para
estimar que se configuró la causal de nulidad electoral por doble militancia
consignada en el artículo 107 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley
estatutaria 1475 de 2011, no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se
fundamentaron en su simple voluntad. Por el contrario, correspondió a un estudio
10 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
21
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
lógico y plausible de la normativa precitada.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la autoridad judicial encontró del material
probatorio recaudado, los elementos suficientes para colegir que el accionante,
en su calidad de candidato a la alcaldía del municipio de El Rosario – Nariño con
aval del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), apoyó la
candidatura de la señora Isabel Rodríguez Guevara, postulada por el Movimiento
Alianza Democrática Amplia (ADA) para la asamblea departamental de Nariño,
lo que configuró la conducta prohibida por la Constitución y la ley de doble
militancia política.
Así las cosas, resalta la Sala que el accionante para sustentar el defecto en
cuestión, se limitó a desarrollar argumentos por los cuales, en su sentir, este se
configura. No obstante, dichos argumentos solo reiteran puntos de debate
relacionados a la valoración de las pruebas allegadas al proceso, en el entendido
que de ellas «se desprende con facilidad que mi representado ni militó en otro
partido, ni mucho menos prestó apoyo a otro candidato y colectividad diferente a
la que pertenece», pero concretamente no argumentó la indebida valoración
normativa aplicable al caso o el desconocimiento que de ellas pudo incurrir la
autoridad judicial.
En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que se llegó en la sentencia, que no conlleva la transgresión
de las disposiciones jurídicas que se citan vulneradas.
3.6. Violación directa de la Constitución
La Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada que este defecto que
se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4 de la Carta Política según
el cual «la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales.»11
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que este defecto se
configura cuando se omite la aplicación de un precepto ius fundamental
necesario para la decisión, lo que puede ocurrir cuando: «(a) en la solución del
caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución12»13.
Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que esta causal específica de
procedencia de la acción de tutela se concreta cuando el juez da aplicación a una
11 SU-336 de 2017, Corte Constitucional
12 Al respecto, ver entre otras, las Sentencia T-199 de 2005, T-590 de 2009 y SU-198 de 2013 y
T-809 de 2010.
13 Sentencia T-369 de 2015.
22
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
disposición de rango legal contraria a la Carta Política y no utiliza la figura de la
excepción de inconstitucionalidad14.
3.6.1. Análisis de la presunta violación a la Constitución Política
La parte accionante alegó la violación directa de la Constitución Política,
concretamente del artículo 29, comoquiera que la Sección Quinta del Consejo de
Estado violó el debido proceso al incurrir con su decisión en los defectos fácticos
y sustantivo. A su vez, indicó la vulneración de la autoridad judicial del artículo 40
de la Carta, por realizar una interpretación desproporcionada de las preceptivas
que regulan la doble militancia y en contravía del principio pro homine.
Al respecto, considera la Sala que, por un lado, para sustentar el defecto en
cuestión, en lo atinente a la violación del artículo 29 de la Constitución, el
accionante remite su acreditación a la existencia de los dos defectos que en
primer lugar fueron estudiados, es decir, sustenta que se configura la violación
directa a la Constitución por configurarse los defectos fáctico y sustantivo. Sin
embargo, como se dejó planteado en precedencia, en el presente asunto no se
encontró probado los defectos fácticos y sustantivos, en consecuencia, no se
acreditó la violación directa a la Constitución en su artículo 29, de acuerdo con
los planteamientos de la demanda de tutela.
Por otra parte, y en línea con lo anterior, tampoco se probó la existencia de una
interpretación desproporcionada de las normas que regulan la figura prohibitiva
de la doble militancia, y mucho menos su interpretación es contraría al principio
pro hominem que conlleve a declarar la vulneración del artículo 40 de la Carta
Política.
Ello, en tanto que a partir del análisis normativo de la figura y de las pruebas
allegadas al caso, en la sentencia reprochada se advirtió la materialización de la
conducta de la doble militancia en su elemento objetivo, valga decir, en el apoyo
político del accionante como candidato en favor de una candidata de otro
movimiento político distinto al que le dio el aval, lo que en modo alguno es
violatorio de derechos fundamentales y más bien, da cuenta de una decisión
sustentada de manera suficiente en la posición jurisprudencial vigente aplicado
al caso concreto, que debe ser respetada en virtud de los principios de autonomía
e independencia judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
14 Sentencia SU-198 de 2013.
23
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00337-00
Accionante: Eudes Gómez Salazar
FALLA
Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela que interpuso el señor
Eudes Gómez Salazar, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte
motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
24
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.