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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06800-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06800-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora María Cened Giraldo Arias, por los motivos expuestos en el presente proveído. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06800-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06800-00
Accionante: María Cened Giraldo Arias
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otro

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se declara la improcedencia de la acción de tutela al no cumplir
con los requisitos de procedibilidad contra providencia de
idéntica naturaleza.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por la señora María Cened Giraldo Arias, quien actúa en
nombre propio en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A
y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, la
igualdad y la dignidad, ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia
del 7 de noviembre de 2024, dentro del trámite de acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2024-04174-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

La señora María Cened Giraldo Arias presentó tutela en contra de la Unidad para
la Atención y Reparación Integral de las Victimas por la presunta vulneración de
su derecho fundamental de petición.

Proceso que correspondió por reparto al Juzgado Veinticinco Administrativo del
Circuito de Medellín bajo radicado No. 05001333302520230004600, quien,
mediante sentencia del 13 de febrero de 2023, declaró la improcedencia de la
acción de tutela.

Inconforme con esa decisión la accionante presentó recurso de impugnación, que
fue conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de
Oralidad, quien, mediante fallo del 17 de marzo de 2023, revocó la decisión de
primer grado y en su lugar concedió la acción de tutela.

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06800-00
Accionante: María Cened Giraldo Arias

Se conoce en el plenario que, en tres oportunidades la señora María Cened
Giraldo Arias presentó incidente de desacato, por considerar que la UARIV no
acató la orden de tutela contenida en la sentencia del 17 de marzo de 2023.

El 2 de noviembre de 2023, el Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín
sancionó por desacato a las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón
Yagarí, en calidad de directora de reparación de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral de Victimas y directora general de la UARIV,
respectivamente, con multa de un (1) SMLMV, decisión que fue confirmada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de oralidad el 9 de
noviembre de 2023.

Luego, a través del auto del 24 de enero de 2024, el Juzgado Veinticinco
Administrativo de Medellín sancionó por desacato a la directora de reparación de
la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y a la directora
general de la UARIV, con dos días de arresto y multa de dos (2) SMLMV, decisión
que fue modificada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de
que la sanción consistiría en multa de un (1) SMLMV.

El 28 de febrero de 2024 el Juzgado de conocimiento sancionó por desacato a la
directora de reparación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de
Víctimas y la directora general de la UARIV, con dos días de arresto y multa de
dos (2) SMLMV, decisión que fue modificada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de manera que la multa se redujo a un (1) SMLMV.

En consecuencia, el 8 de mayo de 2024, las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara
y Patricia Tobón Yagarí, promovieron acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín.

La acción de tutela fue conocida por la Sección Cuarta de esta Corporación bajo
el radicado No. 11001031500020240230200, quien, mediante fallo del 20 de
junio de 2024, amparó los derechos fundamentales de las accionantes, esta
decisión no fue objeto de recursos.

El 9 de agosto de 2024, la señora María Cened Giraldo Arias, promovió acción
de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la dignidad humada, el debido
proceso, el mínimo vital, la igualdad y la reparación administrativa, y se dejara sin
efectos la sentencia del 20 de junio de 2024.

La mencionada acción de tutela fue conocida en primera instancia por la
Subsección B se la Sección Segunda de esta corporación bajo el radicado No.
11001031500020240417400 y mediante sentencia del 3 de septiembre de 2024,
declaró improcedente el amparo invocado, en atención a que no superó el
requisito de procedencia general de subsidiariedad, toda vez que la accionante
contó con la posibilidad de impugnar la sentencia proferida el 20 de junio de 2024
y no lo hizo.

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06800-00
Accionante: María Cened Giraldo Arias

Inconforme con esta decisión, la señora María Cened Giraldo Arias, presentó
escrito de impugnación que fue conocido en segunda instancia por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Sin embargo, por medio de la
sentencia del 7 de noviembre de 2024, confirmó la decisión judicial anterior.

2.2. Fundamento jurídico

Es imperativo señalar que la parte accionante no señaló defecto alguno frente a
la providencia que cuestiona. Sin embargo, sostuvo que «El CONSEJO DE
ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN A, confirmó el fallo de tutela dado a favor de las
funcionarias de la UARIV que, no cumplieron con la orden judicial dada a mi favor.
Por estos motivos, no se puede asegurar que, se respetó el debido proceso
administrativo; conllevando a la vulneración de la tutela efectiva al dejar de lado
una orden judicial que no fue acatada por la entidad accionada UARIV».

2.3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
PRIMERO: Espero señores magistrados del CONSEJO DE ESTADO-
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN
TERCERA-SUBSECCIÓN A que, amparen mis derechos
constitucionales y fundamentales, considerando que, la UARIV los ha
conculcado y ahora tiene el privilegio del amparo constitucional del
CONSEJO DE ESTADO que, le motivará a seguir desatando las
órdenes judiciales, como ha sucedido en mí caso que, no se ha tenido
en cuenta ni siquiera una orden judicial dada a mí favor.

SEGUNDO: Honorables magistrados del CONSEJO DE ESTADO-
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN
TERCERA-SUBSECCIÓN A que, se revoque el fallo de tutela con
radicado N°11001-03-15-000-2024-04174- 01 de la fecha 07 de
noviembre de 2024, porque considero que, no se están teniendo en
cuenta los derechos míos como víctima del conflicto armado que soy,
sujeta de especial protección por el Estado que, no he obtenido una
respuesta ni aun teniendo una orden judicial a mi favor.

TERCERO: Consecuencialmente le solicito señores magistrados que,
se amparen todas las garantías constitucionales y se revoque la
decisión tomada en el fallo de tutela calendado el 07 de noviembre
de 2024, porque a través de este y el anterior; solamente se han tenido
en cuenta los derechos de la UARIV, dejando de lado los que tenemos
las víctimas del conflicto armado.

Yo esperaría como víctima del conflicto armado que soy que, el
CONSEJO DE ESTADO no se preste para dar licencia a la UARIV
para que, desacate todos los fallos de tutela dados a favor de las
víctimas del conflicto armado, en este caso yo».

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 13 de diciembre de 2024, a
través del cual se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera,

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Acción De Tutela
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Accionante: María Cened Giraldo Arias

Subsección A como accionado, al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, al Consejo de Estado, Sección Cuarta, el Tribunal Administrativo
de Antioquia y el Juzgado Veinticinco Administrativo de Medellín como terceros
interesados en el resultado del proceso.

Asimismo, mediante auto del 27 de enero de 2025, se ordenó vincular al trámite
de tutela a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y a
las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí.

2.4.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A adujo que la
accionante no acreditó que la presentación de la acción de tutela se deriva de
una actuación fraudulenta. Además, afirmó que los argumentos expuestos en el
escrito, redundan sobre el asunto abordado. Tampoco encontró mención de
causales de procedibilidad que ameriten su estudio. Por el contrario, lo que
observa es un uso inadecuado del mecanismo constitucional. De manera que,
solicitó se declaré la improcedencia de la acción de referencia.

2.4.2. El Consejo de Estado, Sección Cuarta sostuvo que la acción de
referencia deviene improcedente, toda vez que la accionante no cumple la carga
de argumentación necesaria para cuestionar providencias dictadas en trámites
de tutela.

2.4.3. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y
que se desvincule de la misma a las señoras María Patricia Tobón Yagarí y
Sandra Viviana Alfaro Yara, teniendo en cuenta que ya no hacen parte de la
entidad.

2.4.3. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si el escrito presentado por la señora María Cened Girado Arias
cumple con los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia de tutela. En el evento en que la repuesta anterior
sea afirmativa, se deberá determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital y la igualdad con ocasión de la expedición de la

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Acción De Tutela
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Accionante: María Cened Giraldo Arias

providencia del 7 de noviembre de 2024 dentro del trámite de tutela con radicado
11001-03-15-000-2024-04174-01.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los

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Acción De Tutela
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derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.4. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela

Con estos argumentos, mejora el análisis del caso concreto: En cuanto a la
improcedencia de la tutela contra decisiones de la misma índole, la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-1219 de 2001, señaló que la competencia
para revisar los fallos proferidos por los jueces constitucionales en el ámbito de
las acciones de amparo previstas en el artículo 86 de la Carta Política es
exclusiva y excluyente de dicha Corte, mediante la revisión eventual.

Expuso que la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones de amparo,
además de fundarse en el propio texto constitucional, se encamina a i) hacer
efectiva la protección de los derechos fundamentales confiada por la Carta
Política a todos los jueces y ii) garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez,
que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las órdenes de tutela se dilaten
de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama la protección
constitucional, que el asunto bajo análisis sea resuelto con eficacia y prontitud.

Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional señala, que en ocasiones
anteriores se ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra
actuaciones judiciales arbitrarias, incluso de jueces de tutela, pero no respecto
de sentencias, sino en relación con las actuaciones que se surten en el trámite o
procedimiento del recurso de amparo, y que puedan dar lugar a la vulneración
del derecho fundamental al debido proceso.

De igual forma, ha señalado la misma Corte que es procedente, de manera
excepcional, la tutela contra sentencias de tutela, cuando:

«(…) (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación»1.

3.4.1. Análisis del caso concreto

La señora María Cened Giraldo Arias manifiesta que la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, la igualdad, el mínimo vital y la dignidad al proferir la decisión
judicial del 7 de noviembre de 2024, mediante la cual, confirmó la providencia
que declaró la improcedencia del escrito de tutela al no cumplir el requisito de

1
Corte Constitucional, sentencia T-286-18.

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subsidiariedad, toda vez que en el trámite de una acción de idéntica naturaleza,
no interpuso el respectivo recurso de impugnación.

Ahora bien, se observa que la acción de referencia nuevamente cuestiona una
decisión judicial que se profirió dentro de un trámite de tutela, circunstancia que,
en principio, ocasiona la improcedencia de la misma, en razón de la naturaleza
idéntica de los procesos.

Sin embargo, para determinar la procedencia de la presente acción contra una
providencia de tutela, la jurisprudencia constitucional ha determinado que se
deben acreditar unos requisitos excepcionales, a saber:

a) Que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con
la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se esté en presencia
del fenómeno de cosa juzgada.

b) Debe probarse de manera clara y suficiente dentro del proceso, que la
decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una
situación de fraude o una que atente contra el ideal de justicia presente en
el derecho (Fraus omnia corrumpit).

c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que
tenga un carácter residual.

Efectuado el análisis del escrito de tutela de conformidad con los requisitos
precitados, se observa que el único argumento que esboza la parte accionante,
se deriva de su inconformidad con la decisión judicial proferida, toda vez que la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no accedió a sus
pretensiones. Sin embargo, la señora María Cened Giraldo Arias no expuso
situaciones de fraude o cosa juzgada fraudulenta que avizoren la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.

Así las cosas, se tiene que dicho fenómeno de improcedencia de la acción
deviene del criterio jurisprudencial que ha reiterado la imposibilidad de atacar,
mediante la acción constitucional, una sentencia proferida dentro de una acción
de tutela anterior; pues de aceptarse una situación contraria, implicaría que la
resolución del conflicto se prolongue indefinidamente en desmedro tanto de la
seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales,
principios que radican en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y
oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o
amenazados.

En ese orden de ideas, al no encontrarse acreditado el cumplimiento de los
requisitos relacionados previamente, esta Sala de Subsección declarará la
improcedencia de la acción de tutela, por las consideraciones expuestas.

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Acción De Tutela
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Accionante: María Cened Giraldo Arias

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
María Cened Giraldo Arias, por los motivos expuestos en el presente proveído.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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