Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06800-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06800-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-06800-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de abril de 2025
Demandante: María Cened Giraldo Arias
Demandado: Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06800-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06800-01
Demandante: MARÍA CENED GIRALDO ARIAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra tutela. Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia proferida en primer grado por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, el 20 de febrero de 2025. En ese fallo se
declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora María Cened Giraldo Arias, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado1. Con la solicitud de amparo pretende la protección de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso administrativo, al mínimo
vital, a la igualdad, a la reparación administrativa y «los derechos que tienen los
desplazados como sujetos de protección especial».
2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas con
ocasión de la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024, por la autoridad
judicial accionada, dentro del proceso de tutela identificado con el radicado
11001-03-15-000-2024-04174-01. En tal decisión se confirmó la providencia
proferida el 3 de septiembre de 2024 por la Sección Segunda, Subsección B de
esta colegiatura, que declaró la improcedencia de la acción.
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La acción de tutela se radicó el 10 de diciembre de 2024 a través de correo electrónico dirigido
a la Secretaría General del Consejo de Estado.
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Demandante: María Cened Giraldo Arias
Demandado: Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06800-01
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Espero señores magistrados del CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A que,
amparen mis derechos constitucionales y fundamentales, considerando que, la
UARIV los ha conculcado y ahora tiene el privilegio del amparo constitucional del
CONSEJO DE ESTADO que, le motivará a seguir desatando las ordenes
judiciales, como ha sucedido en mí caso que, no se ha tenido en cuenta ni siquiera
una orden judicial dada a mí favor.
SEGUNDO: Honorables magistrados del CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A que,
se revoque el fallo de tutela con radicado N°11001-03-15-000-2024-04174-01 de
la fecha 07 de noviembre de 2024, porque considero que, no se están teniendo en
cuenta los derechos míos como víctima del conflicto armado que soy, sujeta de
especial protección por el Estado que, no he obtenido una respuesta ni aun
teniendo una orden judicial a mi favor.
TERCERO: Consecuencialmente le solicito señores magistrados que, se amparen
todas las garantías constitucionales y se revoque la decisión tomada en el fallo de
tutela calendado el 07 de noviembre de 2024, porque a través de este y el anterior;
solamente se han tenido en cuenta los derechos de la UARIV, dejando de lado los
que tenemos las víctimas del conflicto armado.
Yo esperaría como víctima del conflicto armado que soy que, el CONSEJO DE
ESTADO no se preste para dar licencia ha la UARIV para que, desacate todos los
fallos de tutela dados a favor de las víctimas del conflicto armado, en este caso yo.
[Sic a toda la cita].
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
• Expediente 05001-33-33-025-2023-00046-00
5. La accionante informó que instauró acción de tutela en contra de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) por la vulneración
de su derecho fundamental de petición. Esto, en atención a que la accionada no
atendió la solicitud radicada el 6 de diciembre de 2021 relacionada con la
asignación de fecha cierta para el pago de la indemnización administrativa a la
que tenía derecho como víctima del conflicto armado.
6. El asunto correspondió al Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín. Tal autoridad judicial mediante sentencia del 13 de febrero de 2023
declaró la improcedencia de la tutela en virtud de que existía un
«pronunciamiento judicial previo por los mismos hechos y pretensiones».
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7. La señora Giraldo Arias impugnó la anterior decisión, y el 17 de marzo de
2023, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
revocó la sentencia de primer grado. En su lugar, concedió el amparo deprecado
y le ordenó a la accionada dar respuesta de fondo dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de dicha providencia.
8. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2023 el Juzgado 25 Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín sancionó en desacato a las señoras Sandra
Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí, en calidad de directora de reparación
y directora general de la UARIV, respectivamente, con multa de 1 SMLMV. Esta
decisión fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta por la autoridad de
segunda instancia el 9 de noviembre de 2023.
9. En providencia del 24 de enero de 2024, el Juzgado de primera instancia
sancionó por desacato a las directoras señaladas previamente con 2 días de
arresto y multa de 2 SMLMV. Y, el Tribunal de segundo grado, en auto del 1 de
febrero del mismo año, modificó la sanción a multa de 1 SMLMV.
10. Finalmente, el 28 de febrero de 2024, el a quo sancionó en desacato a las
responsables del cumplimiento del fallo de tutela con 2 días de arresto y multa
de 2 SMLMV. Decisión que nuevamente fue modificada a 1 SMLMV por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante providencia del 5 de marzo de
2024.
• Expediente 11001-03-15-000-2024-02302-00
11. En atención a tales hechos, las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y
Patricia Tobón Yagarí promovieron acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín. Solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y al buen nombre, los cuales
consideraron transgredidos con las sanciones que les fueron impuestas en los
autos previamente referidos.
12. El conocimiento del asunto correspondió a la Sección Cuarta de la
corporación, quien mediante sentencia del 20 de junio de 2024 amparó el derecho
fundamental al debido proceso de las tutelantes. En consecuencia, dejó sin
efectos el auto del 5 de marzo de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, al ser la última providencia, y le ordenó a la autoridad judicial que
resolviera la solicitud de modulación de la orden impartida en la sentencia de
tutela del 17 de marzo de 2023 y dispusiera si, con fundamento en ello, era
procedente la inaplicación de las sanciones impuestas.
13. Esta decisión no fue impugnada por alguna de las partes.
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• Expediente 11001-03-15-000-2024-04174-00
14. La señora Giraldo Arias promovió acción de tutela en contra de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, con el fin de que se le protegieran sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, mínimo vital, igualdad,
reparación integral y los que le asisten y «a los desplazados sujetos de protección
especial». Consideró que tales garantías constitucionales fueron vulneradas con
ocasión a la expedición sentencia del 20 de junio de 2024, dado que no se hizo
un análisis de la responsabilidad subjetiva en incidentes de desacato.
15. El conocimiento del asunto correspondió a la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado. Dicha autoridad judicial en providencia del
3 de septiembre de 2024 declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, tras
considerar que no se satisfizo el requisito de la subsidiariedad, dado de que la
actora contó con la posibilidad de impugnar la providencia cuestionada y no lo
hizo.
16. La accionante impugnó la decisión y en sentencia del 7 de noviembre de
2024, la Sección Tercera, Subsección A de la colegiatura confirmó la decisión de
improcedencia de la tutela. Para el efecto, expuso que no se acreditó el requisito
de la subsidiaridad por la razón expuesta por el a quo, al tiempo que tampoco se
desplegó ningún ejercicio argumentativo tendiente a demostrar que la sentencia
de tutela se originó por una situación fraudulenta. Además, indicó que, como la
Corte Constitucional no seleccionó el asunto para revisión, la providencia hizo
tránsito a cosa juzgada.
1.4. Sustento de la vulneración
17. La parte accionante hizo un extenso recuento de las actuaciones
procesales que la condujeron a la interposición de esta solicitud de amparo. En
seguida, expuso que no impugnó la sentencia del 20 de junio de 2024, pues
«nunca se imaginó que una acción de tutela interpuesta por unas funcionarias de
la UARIV que, habían desacatado un fallo de tutela en [su] favor; obtendrían el
amparo […]».
18. También invocó su condición de sujeto de especial protección
constitucional por ser víctima del conflicto armado, campesina y no tener
capacidad económica.
1.5. Trámite de primera instancia
19. Por auto del 13 de diciembre de 2024, el despacho ponente de la primera
instancia admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, notificó como
autoridad judicial accionada a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado y como terceros con interés a las secciones Cuarta y Segunda,
Subsección B de la corporación, así como al Tribunal Administrativo de Antioquia
y al Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.
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20. En providencia del 27 de enero de 2025, el a quo dispuso la vinculación
de la UARIV y de las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí.
21. Posteriormente, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez2 se declaró
impedido para conocer de la tutela de la referencia, con fundamento en la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal3, pues
alegó que sostiene amistad íntima con la magistrada María Adriana Marín, quien
suscribió la providencia reprochada en esta oportunidad.
22. En auto del 20 de febrero de 2025, la Sección Segunda, Subsección A de
la Corporación declaró infundada la manifestación de impedimento dado que no
se daban los elementos de configuración de la causal.
1.6. Informes
1.6.1. Sección Cuarta del Consejo de Estado
23. La magistrada ponente de la sentencia del 20 de junio de 2024 proferida
en el expediente 11001-03-15-000-2024-02302-00 manifestó que la solicitud de
amparo se dirigió contra la providencia dictada por la Sección Tercera,
Subsección A de la corporación el 7 de noviembre de 2024.
24. En seguida, refirió que la accionante ha acudido varias veces a la tutela
por encontrarse inconforme con lo decidido respecto a la reconsideración de las
sanciones impuestas a las señoras Alfaro Yara y Tobón Yagarí en el curso de
varios incidentes de desacato. Por ende, estimó que se está haciendo uso de
este mecanismo judicial para insistir en debates que ya fueron resueltos
previamente por las autoridades judiciales.
25. En ese orden, solicitó que no concediera el amparo deprecado, dado que
no se elaboró al menos un cargo sucinto en el que se hubieran explicado las
razones por las cuales la autoridad judicial incurrió en algún defecto. Por lo tanto,
estimó que no se cumplió con el requisito de la relevancia constitucional, ni los
presupuestos definidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de
2015 acerca de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
decisiones de la misma naturaleza.
1.6.2. Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
26. El magistrado ponente de la sentencia del 3 de septiembre de 2024
proferida en el marco de la tutela identificada con el radicado 1001-03-15-000-
2024-04174-00, hizo un recuento de los supuestos fácticos debatidos en aquella
2
Como integrante de la Sala de Decisión de primera instancia.
3
«Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima
o perjudicado y el funcionario judicial»
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instancia. Luego, solicitó la declaratoria de improcedencia de la solicitud de
amparo, tras advertir que se dirige contra una decisión de la misma naturaleza
sin que se den los supuestos para su procedencia.
1.6.3. Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
27. El magistrado ponente de la decisión cuestionada en esta oportunidad
alegó que los argumentos con los que se pretende censurar tal decisión redundan
sobre el asunto abordado en aquella acción, sin que se argumente ninguna
causal específica de procedibilidad.
28. Indicó que la presente tutela se suma a una cadena de tutelas, que pone
en evidencia el uso inadecuado de este valioso mecanismo de protección
constitucional.
29. Finalmente, refirió que los fundamentos jurídicos que soportan la
providencia censurada podían ser consultados en la misma.
1.6.4. UARIV
30. La autoridad solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela pues lo
pretendido es que se modifique vía acción de tutela la orden de otras acciones
de tutela que están terminadas. Aunado a ello, solicitó su desvinculación del
trámite de la referencia.
1.6.5. Los demás terceros con interés, pese a ser debidamente notificados,
guardaron silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
31. En providencia del 20 de febrero de 2025, la Sección Segunda,
Subsección A de esta colegiatura declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo constitucional. Como sustento de su decisión, consideró que la
accionante no aportó argumentos encaminados a demostrar la configuración de
la situación de fraude o cosa juzgada fraudulenta como presupuesto de
procedencia de la tutela contra decisión de la misma naturaleza.
1.8. Impugnación
32. La parte demandante se opuso a la decisión de primera instancia, por lo
tanto, solicitó que se revocara y, en su lugar, se accediera a sus pretensiones.
Como sustento de la alzada, indicó que se desconoció su condición de víctima
del conflicto armado, que a la fecha no ha recibido una respuesta de fondo pese
a tener una decisión de tutela a su favor.
33. En esencia, la señora Giraldo Arias alegó lo siguiente:
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Yo como víctima de conflicto armado no estoy de acuerdo con la decisión tomada
a través del fallo de tutela con radicado N°11001-03-15-000-2024-06800-00 de la
fecha 20 de febrero de 2025 (Magistrado ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves),
porque no se debe declarar improcedente una reclamación de una víctima del
conflicto armado, que tiene a su favor una orden judicial de segunda instancia
emanado del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA SEGUNDA
DE ORALIDAD con radicado N° 05-001-33-33-026-2023-00046-01 de segunda
instancia de la fecha 17 de marzo de 2023, pero que a la fecha de hoy, no ha
sido acatada por la UARIV […]
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
34. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 20 de febrero
de 2025 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019.
2.2. Cuestión previa
35. La UARIV solicitó su desvinculación del presente trámite. Dado que no
hubo un pronunciamiento del a quo frente a esta petición, la Sala advierte que la
misma será despachada en sentido desfavorable, comoquiera que su notificación
fue realizada en calidad de tercero con interés por la naturaleza de la controversia
y por tener incidencia en la génesis de la misma, mas no en calidad de accionado.
2.3. Legitimación en la causa
36. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
37. La Sala advierte que la accionante tiene legitimación en la causa por
activa para reclamar la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al mínimo vital y al debido proceso al interior del trámite. Lo anterior, por
haber conformado el extremo activo del proceso de tutela que dio lugar a la
expedición de la providencia cuestionada.
38. Por otro lado, se evidencia que el Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por haber
dictado la sentencia del 7 de noviembre de 2024, reprochada mediante la
presente acción de tutela.
2.4. Problema jurídico
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39. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección A de
esta Corporación el 20 de febrero de 2025.
40. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de
procedibilidad y en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, con la expedición de la
providencia del 7 de noviembre de 2024?
41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) requisitos de procedencia de cara a la sentencia debatida, y de
superarse dicho análisis, (iii) el caso concreto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales6.
43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia8 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
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44. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
45. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
46. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
47. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5.1. Que no se trate de una acción de tutela contra una decisión de la
misma naturaleza
48. La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, precisó la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones proferidas en
el marco de otro mecanismo similar, por cuanto «la resolución del conflicto se
prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del
goce efectivo de los derechos fundamentales».
49. Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una
nueva solicitud de amparo, se instituiría un recurso adicional para la insistencia
en la revisión de un asunto ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a
las normas que reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite
procesal correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
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50. Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional determinó
que, excepcionalmente la acción de tutela procede contra providencias proferidas
en ejercicio de una acción de la misma naturaleza, bajo los siguientes
parámetros:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea
por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el
incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir
con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz
para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto
para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata
de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia,
la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de
un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente
de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional. (…)9 [Negrillas fuera de texto].
51. Como se advierte el máximo órgano constitucional ha aceptado de manera
excepcional la procedencia de este mecanismo de amparo contra una
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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providencia de tutela, siempre que se compruebe de manera clara y suficiente
que la sentencia acusada fue producto de un fraude.
52. Así, además de cumplirse con los demás requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario, para que proceda
contra un fallo de la misma naturaleza, que el accionante demuestre la
configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio ordinario o
extraordinario para resolver esa situación.
53. Así las cosas, la Sala encuentra que no se cumple con el requisito objeto
de estudio, como se explicará a continuación:
54. Sobre este punto, debe recordarse que la acción de tutela no es
procedente para controvertir decisiones adoptadas por un juez de tutela, «por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas»10.
55. En este orden de ideas, recuerda la Sala que es inaceptable que las
decisiones del juez de tutela puedan discutirse a través de otra acción de la
misma naturaleza, pues con ello se afectarían los principios de seguridad y
coherencia del ordenamiento jurídico.
56. En el sub examine, la señora María Cened Giraldo Arias busca que a
través de la presente acción constitucional se examine el contenido del fallo
proferido por la Sección Tercera, Subsección A de esta corporación el 7 de
noviembre de 2024. La mentada providencia fue proferida en el marco de una
tutela promovida contra la Sección Cuarta de la corporación.
57. En el referido pronunciamiento, la autoridad judicial accionada concluyó
que la tutela era improcedente dado que la señora Giraldo Arias no ejerció la
totalidad de los recursos judiciales dispuestos por el ordenamiento, previo al
ejercicio de la acción. Aunado a ello, le puso de presente a la actora que la
solicitud de amparo estaba dirigida contra una sentencia proferida por la Sección
Cuarta de la colegiatura en el marco de una acción de tutela, sin que se hubieran
expuesto argumentos tendientes a demostrar los requisitos para su
excepcionalísima procedencia. Y que, en todo caso, aquella decisión ya había
hecho tránsito a cosa juzgada, dado que el alto tribunal constitucional no lo
seleccionó para revisión.
58. Inconforme con las anteriores determinaciones, la actora presenta una
nueva solicitud de amparo. Como sustento de su solicitud hizo referencia a que
en el año 2021 presentó una petición ante la UARIV para que le indicaran el día
10
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
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en que le sería desembolsada la indemnización administrativa a la que tiene lugar
por ostentar la calidad de víctima del conflicto armado. También soportó la
petición de amparo en los distintos procesos de tutela e incidentes de desacato
que han acompañado el trámite.
59. Salta a la vista que de la solicitud de amparo no es posible extraer algún
defecto adjudicado en contra de la sentencia proferida por la Sección Tercera,
Subsección A de la corporación, ni tampoco ninguna referencia a la posible
configuración de la cosa juzgada fraudulenta.
60. Incluso, lo que más llama la atención de la Sala es que la parte actora ha
venido presentando distintas acciones de tutela en contra de sentencias de la
misma naturaleza.
61. Como fue expuesto en los antecedentes, la controversia encuentra su
génesis en el marco de la solicitud de amparo identificada con el radicado 2024-
02302-00, decidida por la Sección Cuarta de la corporación, en primera y única
instancia. Inconforme con esta decisión, la señora Giraldo Arias ejerció la acción
que se identificó con el radicado 2024-04174-00 y, en desacuerdo con lo decidido
en esta última, ejerció la demanda que analiza la Sala en esta oportunidad.
62. Lo anterior permite advertir que lo pretendido por la señora Giraldo Arias,
en realidad, es enervar los efectos la sentencia de tutela proferida el 20 de junio
de 2024 al interior del expediente 2024-02302-00, a través del ejercicio de
distintas solicitudes de amparo, sin que en ninguna se eleven elementos fácticos
y jurídicos de los cuales pueda advertir la configuración de la cosa juzgada
fraudulenta.
63. Valga señalar que, aunque la señora Giraldo Arias invocó la calidad de
sujeto de especial protección constitucional por ser víctima del conflicto armado,
lo cierto es que ello no la releva del deber que tiene como ciudadana de presentar
argumentos razonados que permitan advertir que la decisión adoptada en la
sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude como elemento para
la procedencia de la acción de amparo, ni los demás elementos definidos por la
jurisprudencia constitucional para que proceda la tutela contra providencia
judicial. Tampoco la exceptúa del deber que tiene hacer un uso razonado de las
herramientas jurídicas dispuestas por el ordenamiento jurídico para ventilar las
controversias.
64. Así las cosas, dado que la accionante no demostró que la decisión del juez
del amparo haya surgido de un actuar descaradamente contrario al ordenamiento
jurídico que pueda ser calificado como una acción fraudulenta, en los términos
de la sentencia SU-627 de 2015, de la Corte Constitucional, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia proferida el 20 de febrero de 2025 por la Sección
Segunda, Subsección A de la corporación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06800-01
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la UARIV.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de febrero de 2025 proferida por
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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