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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06129-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06129-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de marzo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 22 Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01 Accionante: Luis Alejandro Santander García Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06129-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: LUIS ALEJANDRO SANTANDER GARCÍA
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se
confirma el fallo impugnado que declaró improcedente el mecanismo de
amparo.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
20 de marzo de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Luis Alejandro Santander García solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó al Presidente de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Barranquilla, al Juzgado Quince Laboral del Circuito
de Barranquilla, al Tribunal Administrativo del Atlántico, al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, a las sociedades Gases del Caribe S.A. E.S.P. y
Triple A S.A. E.S.P., por la suspensión y el incremento del precio de los servicios
públicos de gas natural y acueducto y alcantarillado.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que desde octubre de 2023 se han presentados incrementos “[…]
desmesurados de los registros de consumo (DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA), sobre
los cuales, el referido operador, se sustrajo de iniciar las acciones que de forma

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

imperativa y perentoria, le señalan el Inciso ARTICULO 149 DE LA LEY 142 DE
1994 […]”. (Negrilla y subrayado original del texto).

2.2. Señaló que la sociedad Gases del Caribe S.A. E.S.P. “[…] VIOLENTÓ LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES, AL DEBIDO PROCESO, CONEXOS AL IMPERIO
DE LA LEY Y LA SEGURIDAD JURÍDICA, cuando: OMITIÓ CUMPLIR los
presupuestos imperativos, dispuestos en el Artículo 149 de la Ley 142 de 1994 y las
ORDENES, impartidas por el mismo CONSEJO DE ESTADO, a través del auto
adiado 5 de Abril de 2021 (Expediente: 11001032400020200005800), al
presentarse un DESCOMUNAL INCREMENTO de los registros de consumo, sobre la
cual: 1. NO EXPIDIERON la factura sobre el promedio; 2. NO INVESTIGARON la
causa y el lugar de las incidencias (fugas) y 3. NO ACLARARON la causa de la misma;
[…]”.

2.3. Indicó que el 14 de noviembre presentó una reclamación ante Gases del Caribe
S.A. E.S.P. y la entidad no respondió su solicitud, sino que le informó que en virtud del
parágrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 se ampliaría el término
para dar respuesta a la petición.

2.4. Adujo que el 26 de diciembre de 2023 dio respuesta a su petición y “[…] en lugar
de resolver de fondo el reclamo sobre LAS DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS, […] lo
que hicieron fue “explayarse” en “desvirtuar” la solicitud de reconocimiento de los
efectos favorables del Silencio Administrativo Positivo (SAP), afirmando
FALSAMENTE, que “TODOS los comunicados que ellos expidan, pueden ser
notificados cinco (5) días después de expedidos […]”.

2.5. Expresó que “[…] cuando Gases del Caribe […] AL NO SER REQUERIDO, DESDE
HACE MAS DE UN AÑO, POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS, NO PERMITE EL PAGO DE LAS SUMAS NO RECLAMADAS, NI EL
PAGO DE LOS MESES QUE NO HAN SIDO OBJETO DE RECLAMO […] EXIGEN
EL PAGO DE LA TOTALIDAD DEL PAGO DE LAS SUMAS AFECTADAS POR LAS
FUGAS IMPERCEPTIBLES, SUMAS QUE POR MINISTERIO DE LA LEY, NO
TIENEN DERECHO A RECIBIR […]”.

2.6. Manifestóque “[…] al presentarse un DESCOMUNAL INCREMENTO de los
registros de consumo, sobre la cual: 1. NO EXPIDIERON la factura sobre el promedio;
2. NO INVESTIGARON la causa y el lugar de las incidencias (fugas) y 3. NO
ACLARARON la causa de la misma […]”.

2.7. Señaló que interpuso demanda dentro del medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de Ley núm. 08-001-33-33-009-2024-00038-00 contra
Gases del Caribe S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos, por el
incumplimiento de las disposiciones contendidas en la “[…] Ley 142 de 1994,
artículos 9º, 146, 149, 155,158 y Ley 1437 de 2011, artículos 14, 68, 72; al no
reconocer a su favor los efectos del silencio administrativo positivo, respecto de la
petición presentada el día 14 de noviembre de 2023 […]”.

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Accionante: Luis Alejandro Santander García

2.8. Adujo que el conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Barranquilla, autoridad judicial que,
mediante sentencia de 3 abril de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

2.9. Comentó que la decisión de primera instancia fue apelada y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 17 de abril de 2024, la revocó y,
en su lugar, declaró improcedente la acción de cumplimiento.

2.10. Afirmó que presentó la acción de tutela núm. 08001-31-05-015-2024-00209-
00/01 contra la empresa Triple A S.A. E.S.P y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios por vulnerar sus derechos fundamentales a la vida, a la salud,
en conexidad con la salubridad, la dignidad, a la alimentación, al debido proceso, a
la seguridad jurídica, económico y moral.

2.11. Señaló que el conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al
Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla que, mediante sentencia de 13
agosto de 2024, declaró improcedente la acción de amparo.

2.12. Refirió que impugnó la decisión de primera instancia y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, mediante sentencia de 5 de septiembre de 2024, la
confirmó.

2.13. Añadió que “[…] Gases del Caribe S.A. E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P. violaron la
ley, abusaron de su posición dominante y lo “extorsionaron”. Agregó respecto del
primero de estos que tal operador no dio respuesta oportuna a su petición de 14 de
noviembre y que en vez de esto amplió los términos de respuesta para subsanar su
incuria y negligencia […]”.

III. PRETENSIONES

3. El accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] •Al Director Nacional de la Superintendencia de Servicios Públicos Dr.
YANOD MÁRQUEZ ALDANA, que ORDENE a las Superintendencias
Delegadas de Energía y Gas Combustible y de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo, que en el término de la distancia, inicien y notifiquen a las partes, de la
apertura de Pliego de Cargos para la imposición, en su máximo rigor, de las
sanciones previstas en el Artículo 81 de la Ley 142 de 1994, por violación de la
Ley, abuso de la posición dominante y negativa del reconocimiento de los
efectos favorables del Silencio Administrativo Positivo, contra los operadores
accionados.’

Que ORDENE la apertura de investigación disciplinaria y la compulsa de que
tratan los Artículos 67 de la Ley 906 de 2004 y 38.25 de la Ley 1952 de 2019,
contra los funcionarios de ese “organismo de control, inspección y vigilancia”,
que por acción, omisión y posible dolo, no dieron tramite, ni resolución eficaz y
expedita a las comunicaciones que el suscrito remitía a ese supuesto
“organismo de control, inspección y vigilancia”, para que ejercieran las
obligaciones y facultades, QUE EN NOMBRE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA, señalan los Artículos 370 Superior y 79 de la Ley 142 de 1994.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

•Al operador de servicios públicos Gases del Caribe que, sin perjuicio de las
acciones administrativas y penales, que cursan por su conducta omisiva y
prevaricadora, se abstenga de disponer la suspensión del servicio, sobre las
sumas afectadas por la presencia ACREDITADA de fugas imperceptibles e
impedir de cualquier forma o tiempo, que el Suscrito pueda pagar las sumas de
dinero que en ejercicio del derecho y potestad que señala el Artículo 155 de la
Ley 142 de 1994 y la Sentencia C-558 de 2001, señale como no reclamadas.

Que sin más dilaciones, remitan al Suscrito EN FORMATO PDF, COPIAS
INTEGRAS, LEGIBLES Y AUTENTICADAS DE TODAS LAS FOLIATURAS Y
DEMAS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE RELACIONADO
CON EL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 18 N° 39 – 40, DEL BARRIO
SAN JOSÉ Y QUE SE IDENTIFICA CON EL CONTRATO 1073323, el cual, EN
ORDEN CRONOLÓGICO, deberá incluir las reclamaciones presentadas por el
suscrito, las respuestas dadas por ese operador y junto a ellas los
correspondientes comprobantes de radicación, consignación a correo, entrega
y notificación.

•Al operador Triple A, que, sin perjuicio de las acciones administrativas y
penales, que cursan por su conducta omisiva y prevaricadora, se abstenga de
disponer la suspensión del servicio, por el supuesto “no pago” de las sumas que
por Ministerio de la Ley, no tienen derecho a recibir y hasta que la
Superintendencia de Servicios Públicos, determine la comisión de las conductas
de violación de la Ley y de abuso de la posición dominante y proceda a disponer
la revocatoria o el pago de las sumas reclamadas e impedir de cualquier forma
o tiempo, que el Suscrito pueda pagar las sumas de dinero que en ejercicio del
derecho y potestad que señala el Artículo 155 de la Ley 142 de 1994 y la
Sentencia C-558 de 2001, señale como no reclamadas.

Que, sin más dilaciones, remitan al Suscrito EN FORMATO PDF, COPIAS
INTEGRAS, LEGIBLES Y AUTENTICADAS DE TODO EL EXPEDIENTE
RELACIONADO CON EL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 18 N° 39 –
40, DEL BARRIO SAN JOSÉ Y QUE SE IDENTIFICA CON LA PÓLIZA N°
888890, el cual, EN ORDEN CRONOLÓGICO, deberá incluir las reclamaciones
presentadas por el suscrito, las respuestas dadas por ese operador y junto a
ellas los correspondientes comprobantes de radicación, consignación a correo,
entrega y notificación.

Disponer la compulsa de copias al organismo de control disciplinario de la Rama
Judicial, para que inicien las investigaciones, sobre el accionar omisivo,
prevaricador y discriminador de los despachos judiciales demandados; así
como las que deben remitirse a la Fiscalía y la Procuraduría, para que se
determine el proceder de los funcionarios de la Superintendencia de Servicios
Públicos, conforme las obligaciones que señalan los Artículos 67 de la Ley 906
de 2004 y 38.25 de la Ley 1952 de 2019. […]”. [Mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 13 de enero de 2025, el magistrado sustanciador de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, vinculó, en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso a los intervinientes del
proceso de acción de cumplimiento núm. 08001-33-33-009-2024-00038-00/01 y a
los intervinientes del proceso de tutela núm. Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-
00/01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

5. El Consejero de Estado sustanciador en segunda instancia manifestó
impedimento en el proceso de la referencia y mediante auto de 10 de julio de 2025,
la Sección Primera lo declaró infundado.

V. INTERVENCIONES

6. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

7. El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla solicitó declarar
improcedente la acción de tutela. Al respecto señaló:

“[…] al entrar analizarse las pretensiones de forma detallada expuestas en su
escrito tutelar, frente a la solicitud de compulsa de copias ante la Fiscalía
General de la Nación contra Triple A S.A. ESP y la Superintendencia de
Sociedades, se concluyó que la acción de tutela, como mecanismo excepcional
y transitorio, no es procedente para perseguir sanciones ni imponer órdenes a
entidades en tal sentido […]

Asimismo, respecto a la solicitud de informe de gestiones y respuestas
relacionadas con actos administrativos de Triple A S.A., se verificó que no
existía prueba en el expediente de un derecho de petición radicado ante la
Superintendencia de Sociedades para obtener dicha información.
Adicionalmente, el informe rendido por la entidad señaló la inexistencia de
recursos interpuestos por el accionante frente a los actos administrativos
cuestionados, lo que llevó a la conclusión de que la acción de tutela no era el
medio adecuado para resolver esta pretensión. Sobre la alegada falsificación
de la firma del accionante en los certificados de notificación de actos
administrativos, se consideró que esta situación debía ser denunciada por el
afectado ante las autoridades competentes, adicional a que no se acreditó en
el expediente que se hubiera presentado tal denuncia, aclarando al accionante
que el derecho de petición no es el mecanismo para formalizar quejas de esa
naturaleza.

Finalmente, en cuanto a la pretensión basada en el artículo 38.25 de la Ley
1951 de 2019, se indicó que esta norma fue derogada por la Ley 2162 de 2021,
y que, además, la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad mediante
sentencia C-047 de 2021.

Por lo tanto, no era posible realizar un análisis con fundamento en dicha
disposición. En conclusión, la decisión se adoptó considerando la falta de
legitimación en la causa de una de las partes, la improcedencia de la acción de
tutela para las pretensiones planteadas y la inexistencia de pruebas que
respaldaran las solicitudes del accionante, lo que reafirmó que el mecanismo de
tutela no era el camino adecuado para resolver las controversias planteadas
[…]”.

8. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó declarar
improcedente la acción de tutela “[…] Respecto a lo solicitado por el actor frente a
las inconformidades con los prestadores de servicios públicos, manifestó que «Es a
todas luces improcedente que la superintendencia se pronuncie por copias de
reclamaciones presentadas en primera instancia ante la empresa, porque el
momento procesal para emitir decisión por la superintendencia es al recibir de la
empresa prestadora el expediente contentivo del recurso de apelación subsidiario
del de reposición». Por lo tanto, manifestó que es improcedente pronunciarse sobre

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

una petición, queja o reclamo que no haya agotado la primera instancia ante la
empresa prestadora del servicio público […]”.

9. La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla – Triple A
S.A. E.S.P. solicitó declarar improcedente la acción constitucional porque “[…] en
su escrito menciona hechos del año 2023, pero solo hasta finales del año 2024,
procede a instaurar acción de tutela, desconociendo el principio de inmediatez que
es un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal suerte que la acción debe ser
interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno […] no es claro respecto a que
peticiones hacen parte de su inconformidad, no obstante, se observa que ha
recibido cada una de las respuestas, pues estas son aportadas dentro de los anexos
de su petición […] el accionante desconoce el principio de subsidiariedad de la
acción, teniendo en cuenta que es la SSPD la entidad competente para
pronunciarse respecto procedimiento para la atención de las peticiones, quejas y
recursos por parte de la entidad prestadora […]”.

10. La empresa Gases del Caribe S.A. solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, por lo siguiente:

“[…] reiteramos que GASCARIBE S.A. E.S.P, por medio de la comunicación No.
24-240-149870 del 4 de octubre de 2024, dio respuesta de fondo a los derechos
de petición presentado por usted el día 16 de septiembre de 2024. Ahora bien,
es claro que si existió respuesta de fondo; no obstante, ésta fue negativa a la
solicitud presentada, lo cual no significa, que con ello haya vulnerado su
derecho fundamental de petición.

Ahora bien, respecto a las visitas efectuadas en el inmueble con ocasión a la
fuga perceptible presentada y las respectivas reparaciones, le informamos que
el derecho de petición presentado el 28 de diciembre de 2023 versa sobre los
mismos hechos. Este fue resuelto por medio de la Comunicación No. 24-240-
102083 del 17 de enero de 2024, en la cual, se le confirmaron los cobros
realizados por concepto de consumo del mes de noviembre de 2023 y las visitas
efectuadas en el predio en comento y se le indicaron los recursos que procedían
contra dicho acto; sin que se presentara escrito en tal sentido, dentro del término
legalmente previsto para su interposición, por lo que se encuentra en firme de
acuerdo con lo previsto en el artículo 87 del mencionado Código.

En cuanto al consumo por desviación significativa que manifiesta en su escrito,
le indicamos que fue objeto de análisis mediante la Comunicación No. 24-240-
139929 del 9 de agosto de 2024, en la cual, se le confirmaron los cobros
realizados por concepto de consumo de los meses de febrero a junio de 2024 y
se le indicaron los recursos que procedían contra dicho acto; sin que se
presentara escrito en tal sentido, dentro del término legalmente previsto para su
interposición, por lo que se encuentra en firme de acuerdo con lo previsto en el
artículo 87 del mencionado Código.

En lo referente a la solicitud del 25 de octubre de 2024 consistente en la
aplicación al silencio administrativo positivo relativa a la solicitud presentada por
el señor LUIS ALEJANDRO SANTANDER GARCIA el día 14 de noviembre de
2023, fue resuelto través de la comunicación No. 23-240-162578 del 20 de
diciembre de 2023, que se encuentra en firme de acuerdo con lo previsto en el
artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el cual da respuesta al derecho de petición presentado el 11 de
diciembre de 2023, que versa sobre los mismos hechos del presentado el 25 de
octubre de 2024 […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

[…]

“[…] le indicamos que el derecho de petición presentado el día 25 de octubre
de 2024, relativo a Solicitud de Silencio Administrativo Positivo, fue resuelto a
través de la comunicación 24-240-105532 del 6 de febrero de 2024, que se
encuentra en firme […]”.

[…]

“[…] En cuanto a su petición de suministrarle el paz y salvo del mencionado
servicio, le informamos que no es factible toda vez que a la fecha, presenta un
saldo corriente por valor de $1,352,962.oo, así mismo, registra un saldo
pendiente por facturar por valor de $185,969.oo. […] le indicamos que contra la
presente comunicación NO PROCEDEN los recursos de Ley, debido a que mi
representada no está tomando decisión alguna, solo emitiendo una
comunicación de carácter informativa […]”.

[…]

“[…] Con respecto a la orden de suspensión del servicio de gas natural del
inmueble que nos ocupa, le informamos que esta se generó de conformidad con
la normatividad vigente, tal como se demostrará a continuación:

El día 8 DE ENERO DE 2025, fue generada la orden de suspensión del servicio
de gas natural del inmueble en mención, toda vez que, se encontraba incurso
en una causal de suspensión, por mora en el pago de la factura de los meses
de septiembre 2023 hasta noviembre 2024, por valor de $1.445.119, para un
total de quince (15) facturas impagas.[…]”.

[…]

“[…] Así las cosas, la Empresa suspendió el servicio en mención en
cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Condiciones Uniformes para la
Prestación de Servicio Público de Gas Combustible, que rige la relación entre
GASES DEL CARIBE S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS y los
usuarios. En consonancia con lo anterior, para que la Empresa restablezca el
servicio que ha sido suspendido, la usuario debe eliminar las causas que dieron
origen a tal suspensión y pagar los gastos en que incurra la empresa prestadora
con ocasión a la reinstalación o reconexión del servicio.[…]”.

[…]

“[…] En conclusión, GASCARIBE S.A. E.S.P. obró diligentemente dentro de las
distintas actuaciones administrativas adelantadas por el accionante, dando
respuesta pertinente y en tiempo a cada solicitud presentada. Como se
demostró también, todas las decisiones dentro la actuación administrativa
fueron notificadas en debida forma al lugar donde se presta el servicio de gas
respectivo, y así mismo, por correo electrónico certificado […]”.

11. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla
solicitó que las pretensiones fueran desestimadas, comoquiera que la acción de
cumplimiento se adelantó en los términos que indica la Constitución y la ley.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

VI. EL FALLO IMPUGNADO

12. Mediante sentencia de tutela de 20 de marzo de 2025, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado resolvió:

“[…] 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis
Alejandro Santander García, en lo que respecta a (i) las pretensiones sobre el
inicio de trámites disciplinarios contra Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios por considerar que existe cosa juzgada con
la acción de tutela Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01; y (ii) las
pretensiones relacionadas con el llamado de atención por parte de la
Presidencia de la República a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, el inicio trámites de vigilancia y control por parte de esta última
sobre Gases del Caribe S.A. E.S.P., la remisión del expediente administrativo
contentivo de las reclamaciones presentadas ante Triple A S.A. E.S.P. y el inicio
de investigaciones disciplinarias contra las autoridades judiciales que
resolvieron la acción de tutela Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01 y la
acción de cumplimiento 08001-33-33-009-2024-00038-00/01.

2. Declarar la carencia actual de objeto respecto a la pretensión relativa al envío
de la totalidad del expediente administrativo por parte de Gases del Caribe S.A.
E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Negar las pretensiones consistentes en que Gases del Caribe S.A. E.S.P. y
Triple A S.A. E.S.P. se abstengan de suspender los servicios de acueducto y
gas natural, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia. […]”.

13. Al respecto consideró:

“[…] Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala
establecer si en el caso se configura el fenómeno de cosa juzgada con la acción
de tutela Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01.

Asimismo, se establecerá si en el caso hay lugar a ordenarle a Gases del Caribe
S.A. E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P. abstenerse de suspender los servicios
públicos de acueducto y gas natural, pese a la mora en el pago de tales
servicios.

Finalmente, aunque en el curso de la tutela el actor manifestó algunas
inconformidades frente a las autoridades judiciales que resolvieron la acción de
cumplimiento Nro. 08001-33-33-009-2024-00038-00/01 y la acción de tutela
Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01, se resalta que las pretensiones
frente a dichas autoridades no buscan dejar sin efectos ninguna providencia
judicial. Lo solicitado frente a estas, es que se inicien investigaciones
disciplinarias en su contra. Por lo tanto, el caso no se abordará bajo la
metodología de la tutela contra providencia judicial. [...]”

[...]

“[...] Se acreditó que en el año 2024 el accionante presentó acción de tutela en
contra de Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la cual se tramitó bajo radicado Nro. 08001-31-05-015-2024-
00209-00/01, resuelta en primera instancia por el Juzgado Quince Laboral del
Circuito de Barranquilla en sentencia de 13 de agosto de 2024 [...] En tal
oportunidad el actor manifestó sus inconformidades respecto a los cobros en la
facturación por el servicio de acueducto que calificó como una “extorsión”, las
presuntas irregularidades en la notificación de las decisiones de Triple A S.A.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

E.S.P., la configuración del silencio administrativo positivo, la falsificación de su
firma en las constancias de notificación y las omisiones por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el ejercicio de sus
funciones de vigilancia y control. [...]”.

[...]

“[...] De lo expuesto previamente, la Sala encuentra que la acción de radicado
Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01 y la tutela objeto de esta providencia
comparten la triple identidad de partes, de objeto y de causa petendi, en lo que
respecta a las inconformidades frente a Triple A S.A. E.S.P. y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Ambas fueron interpuestas por el señor Luis Alejandro Santander García contra
Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
por considerar que tales autoridades incurrieron en innumerables errores en el
proceso de facturación, notificación de las decisiones, trámite de recursos y
omisiones de vigilancia. A su vez, se encuentra que en la tutela anterior también
se solicitó que la Superintendencia formule «Pliego de Cargos, con fines
sancionatorios y de compulsa a la Fiscalía General de la Nación, contra el
Operador de Servicios Públicos Triple A» y que se inicie investigación
disciplinaria contra la Superintendencia.

Ahora bien, existen ciertas diferencias entre las dos acciones. Una de estas
radica en que la tutela objeto de esta sentencia además de interponerse contra
Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
también se dirigió contra la Presidencia de la República, el Juzgado Noveno
Administrativo de Barranquilla, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de
Barranquilla, el Tribunal Administrativo del Atlántico, el Tribunal Superior de
Barranquilla y Gases del Caribe S.A. E.S.P. De manera que en esta oportunidad
se formularon pretensiones relacionadas con esas otras autoridades. Sin
embargo, estas circunstancias no desdibujan la triple identidad de partes, de
objeto y de causa petendi, en tanto que no se trata de aspectos que alteren
materialmente el debate propuesto, al menos en lo que se refiere a las
inconformidades sobre Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y a las pretensiones tendientes a que estas sean
sancionadas.

De manera que, aunque las pretensiones entre las acciones de tutela no son
idénticas y pese a que se han modificado los sujetos procesales accionados, lo
cierto es que ambas acciones mencionadas buscan el inicio de trámites
disciplinarios contra Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. Por consiguiente, la Sala considera que las diferencias
existentes no desdibujan la existencia de la triple identidad mencionada.

Por otra parte, se precisa que en el trámite de la tutela el actor informó que
presentó la acción de tutela Nro. 08001-31-05-015-2024-00209-00/01. Por lo
tanto, no se advierte un propósito desleal o de mala fe de en cabeza de la parte
actora, en tanto que puso en conocimiento del juez de tutela la existencia de la
otra acción de tutela interpuesta en el año 2024. Por lo expuesto, la Sala
concluye que en el asunto se presenta el fenómeno de cosa juzgada, mas no el
de actuación temeraria, ante la falta de un propósito desleal o de engaño al juez
de tutela.

Con fundamento en lo expuesto, no hay lugar a pronunciarse de fondo sobre
las pretensiones referentes al inicio de trámites disciplinarios contra Triple A
S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por existir
cosa juzgada al respecto. [...]”.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

[...]

“[...] Pretensiones no expuestas en la acción de tutela Nro. 2024-00209-
00/01 y su análisis en el caso concreto

Con relación a los demás aspectos solicitados en la acción de tutela objeto de
estudio, la Sala considera que la acción es improcedente. Antes de presentarse
al juez de tutela, el accionante debe acudir a los cauces institucionales, a fin de
tramitar a través de esos canales sus solicitudes.

En el expediente no se acreditó que el actor le haya solicitado (i) a la Presidencia
de la República que «haga los llamados de atención a que haya lugar, al
Director Nacional de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
sobre el cumplimiento de las facultades y obligaciones», (ii) a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios iniciar trámite de vigilancia
frente a Gases del Caribe S.A. E.S.P.; (iii) a Triple A S.A. E.S.P. y Gases del
Caribe S.A. E.S.P. expedir copia de todo el expediente administrativo respecto
de la facturación correspondiente a los servicios de acueducto y gas natural; (iv)
«al organismo de control disciplinario de la Rama Judicial, para que inicien las
investigaciones, sobre el accionar omisivo, prevaricador y discriminador de los
despachos judiciales demandados».

Por lo tanto, se considera que la tutela es improcedente frente a dichas
pretensiones, en tanto que el accionante no ha acudido en primer lugar a las
autoridades mencionadas a fin de solicitar lo deseado. Por consiguiente, no hay
lugar a efectuar un estudio de fondo sobre tales aspectos, cuando el accionante
ni siquiera acreditó haber realizado gestiones ante dichas entidades para lograr
lo pretendido. Recuérdese que la acción de tutela es un mecanismo para la
protección de derechos fundamentales de naturaleza subsidiaria.

Adicionalmente, respecto a la pretensión relacionada con que Gases del Caribe
S.A. E.S.P. remita copia de todo el expediente administrativo se configura la
carencia de objeto, pues en el curso de la acción el propio tutelante aseguró
que tal prestador de servicio le remitió copia del expediente administrativo.

Se precisa, sin embargo, que frente a esa pretensión el actor tampoco acreditó
haberle solicitado a Gases del Caribe S.A. E.S.P., previo a la interposición de
la acción de tutela, la remisión del expediente administrativo. Así lo puntualizó
tal sociedad en su informe, quien optó por el envío de este atendiendo a que
esta era una de las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, mas no por
tratarse de una respuesta a una solicitud del actor, pues este no elevó petición
en tal sentido.

Por otra parte, en lo que respecta a las pretensiones relacionadas con que no
se suspendan los servicios públicos de acueducto y gas natural, la Sala advierte
que la Corte Constitucional ha reconocido que «la suspensión de servicio
público por falta de pago es, en las condiciones previstas por la Ley,
constitucionalmente aceptable»

Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que en el caso no se configura
ninguna de las dos hipótesis planteadas por la Corte Constitucional. Por una
parte, el actor no acreditó la vulneración al debido proceso. Si bien manifestó
su inconformidad con un sinnúmero de circunstancias alrededor del cobro de
las facturas de acueducto y gas natural, lo cierto es que en el curso de la acción
de tutela aquel no logró acreditar que efectivamente tales situaciones impliquen
el desconocimiento a sus garantías del debido proceso.

Por la otra, tampoco se acreditó que la suspensión implique la transgresión de
derechos a sujetos de especial protección constitucional, que impida la

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

operación de hospitales o establecimientos protegidos, o que se afecte a toda
una comunidad.

Al margen de que en los memoriales en los que adicionó información haya
hecho una breve mención a que su madre es un adulto mayor, el actor no
acreditó tal circunstancia, no ahondó sobre tal aspecto, ni demostró encontrarse
en un estado de extrema vulnerabilidad que le impida el pago de las facturas o
siquiera de un acuerdo de pago.

Por lo tanto, se considera que el caso no se enmarca en los supuestos
establecidos por la Corte Constitucional, en los que las empresas prestadoras
de servicios públicos tienen vedada la suspensión de los servicios públicos.
Motivo por el cual se negarán las pretensiones consistentes en abstenerse de
suspender los servicios públicos domiciliarios por parte de Gases del Caribe
S.A. E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P.

Con fundamento en lo expuesto la Sala concluye que se configuró la institución
de la cosa juzgada en lo que respecta a las pretensiones sobre el inicio de
trámites disciplinarios contra Triple A S.A. E.S.P. y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. Por lo tanto, se declarará la improcedencia de
la acción frente a este aspecto.

La tutela también es improcedente frente a las demás pretensiones, con
excepción a las relacionadas con la no suspensión de los servicios públicos. La
razón de la improcedencia radica en que el actor no acreditó haber solicitado a
las autoridades competentes las gestiones solicitadas por medio de la acción
de tutela, como lo es que la Presidencia de la República llame la atención a la
Superintendencia, que está última inicie trámites de vigilancia y control frente a
Gases del Caribe S.A. E.S.P., la expedición del expediente administrativo sobre
las reclamaciones hechas por los cobros en los servicios de acueducto y gas
natural y el inicio de investigaciones disciplinarias contra las autoridades
judiciales que resolvieron la acción de tutela Nro. 2024-00209-00/01 y la acción
de cumplimiento Nro. 2024- 00038-00/01.

A su vez, se declarará la carencia de objeto frente a la pretensión relativa a que
Gases del Caribe S.A. E.S.P. le remita la totalidad del expediente administrativo,
pues en el curso de la acción tal sociedad le envió dicha documentación, pese
a que el actor no elevó derecho de petición en ese sentido.

Finalmente, se negarán las pretensiones consistentes en que no se suspendan
los servicios de acueducto y gas natural, debido a que no se encontró la
configuración de las excepciones dispuestas jurisprudencialmente por la Corte
Constitucional sobre la materia. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

14. El accionante impugnó el fallo de primera instancia. Al respecto señaló:

“[…] En el caso que nos ocupa además del debido proceso se están violentando
otros derechos fundamentales, como el mínimo vital, la vida digna y los derechos de
los niños, pues están de por medio los derechos de dos hijos menores de edad y de
un adulto mayor, que se verán afectados de forma directa.

Y es que lo que se discute no es el valor de las facturas que generó la empresa de
servicios públicos sino el procedimiento arbitrario, omisivo y prevaricador de los
operadores y el que, para decidir mi caso la superintendencia, se ha venido y
pretende seguirse sustrayendo de estudiar las denuncias y pruebas y dilatando las
decisiones que por mandato constitucional y legal debe imponer, porque conducen

12

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

a una violación de la Ley, de abuso de la posición dominante y que además coligen
la comisión de CONDUCTAS PUNIBLES, que conforme al DEBER, señalado en el
Artículo 67 de la Ley 906 de 2004, DEBEN SER COMPULSADAS, a la autoridad
competente y así se mencionó en la acción de tutela.

Mi caso no se originó por una simple discusión de las facturas, sino a la conducta
omisiva y prevaricadora del operador, quien a sabiendas, de que hubo
comportamientos anómalos de los promedios del consumo y después verificar que
había fugas imperceptibles y/o que tenía el contador dañado, sigue exigiendo los
peculios que, por Ministerio de la Ley no tiene derecho a cobrar, al afirmar
FALSAMENTE, en las instancias administrativas y constitucionales, que las fugas
eran perceptibles o que ellos pueden facturar ESTIMADOS, cuando les da la gana
y por más de un (1) periodo de facturación, como si lo señalado en los artículos 144
y 146 de la Ley de Servicios Públicos, no tuvieran relevancia alguna; ellos al igual
que EL APÓCRIFO ORGANISMO DE “CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA”
OMITIERON Y SIGUEN OMITIENDO, la obligación de solucionar el inconveniente,
a pesar de mis múltiples quejas, ya que DE MALA FE (Artículo 83 Superior) vienen
imponiendo una carga altísima que no puedo soportar situación que no fue
estudiada por los jueces tutelados conforme las pruebas aportadas, sino que
incurrieron en una lapidaria y criminal vía de hecho, mascullando el torticero
argumento de “los otros mecanismos”, a sabiendas de que el suscrito ya los había
agotado y pretenden que el suscrito, se doblegue ante esta orgia de incuria y
negligencia y por no contar con recursos, para contratar un abogado y esperar años
a una decisión judicial […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VIII.2. Problemas jurídicos

16. De acuerdo con la situación fáctica plantada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

b) Determinar si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante debido al incremento del costo de los servicios
de gas natural y acueducto y la suspensión de dicho servicio.

VIII.3. El caso concreto

17. El señor Luis Alejandro Santander García solicitó la protección de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a la Presidencia de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Barranquilla, al Juzgado Quince Laboral del Circuito
de Barranquilla, al Tribunal Administrativo del Atlántico, al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, a las sociedades Gases del Caribe S.A. E.S.P. y
Triple A S.A. E.S.P., por la suspensión y el incremento del precio de los servicios
públicos de gas natural y acueducto y alcantarillado.

18. El juez de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela en lo que
respecta a:

“[…] (i) las pretensiones sobre el inicio de trámites disciplinarios contra Triple A
S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por
considerar que existe cosa juzgada con la acción de tutela Nro. 08001-31-05-
015-2024-00209-00/01; y (ii) las pretensiones relacionadas con el llamado de
atención por parte de la Presidencia de la República a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, el inicio trámites de vigilancia y control por
parte de esta última sobre Gases del Caribe S.A. E.S.P., la remisión del
expediente administrativo contentivo de las reclamaciones presentadas ante
Triple A S.A. E.S.P. y el inicio de investigaciones disciplinarias contra las
autoridades judiciales que resolvieron la acción de tutela Nro. 08001-31-05-015-
2024-00209-00/01 y la acción de cumplimiento 08001-33-33-009-2024-00038-
00/01 […]”.

19. De igual manera, declaró la carencia actual de objeto respecto a la pretensión
relativa al envío del expediente administrativo por parte de Gases del Caribe S.A.
E.S.P.

20. Finalmente, negó las pretensiones consistentes en que Gases del Caribe S.A.
E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P. se abstengan de suspender los servicios de acueducto
y gas natural.

21. Teniendo en cuenta los argumentos contenidos en el escrito de impugnación, la
Sala se abstendrá de analizar la declaratoria de hecho superado porque no fue
objeto de controversia en esta instancia.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

VIII.4. Análisis del caso concreto

VIII.4.1. De la cosa juzgada constitucional en el caso sub examine respecto de
la sentencia dictada en el marco del proceso de tutela con radicado núm.
08001-31-05-015-2024-00209-00/01

22. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que la institución procesal de la cosa
juzgada constitucional ha sido ampliamente estudiada por la Corte Constitucional6
en el sentido de señalar que el objetivo de dicha figura consiste en dotar de la
calidad de inmutables, vinculantes y definitivas a las decisiones proferidas por las
autoridades judiciales con ocasión de los procesos de tutela, con lo cual se garantiza
la finalización de las controversias, así como la seguridad jurídica.

23. De manera que, a través de la cosa juzgada constitucional, se previene,
fundamentalmente, la existencia de decisiones judiciales contradictorias. En tal
sentido, la Corte Constitucional ha visto en esta figura un límite legítimo al ejercicio
de la acción de amparo, en la medida en que ningún ciudadano se encuentra
facultado para promover dos o más veces una solicitud de tutela fundamentada
sobre los mismos hechos.

24. En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que en materia de
acciones de tutela: «[…] una providencia pasa a ser cosa juzgada constitucional
frente a otra cuando existe identidad de objeto,7 de causa petendi8 y de partes.9
Específicamente, las decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo
constituyen cosa juzgada cuando la Corte Constitucional adquiere conocimiento de
los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de
revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria […]»10.

25. En caso de comprobarse su configuración deberá optarse, por regla general, por
la declaratoria de improcedencia de la acción con ocasión de la consolidación de
cosa juzgada en el respectivo asunto11.

26. Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado que no se configura cosa
juzgada entre dos acciones de tutela, “[…] si la nueva solicitud de amparo se
fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido analizados previamente por el

6
Al respecto ver las sentencias SU – 055 de 2018,
7
“es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada.
Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o
sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que
no fueron declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
8
“es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis
de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder
a fallar sobre la nueva causa.” Sentencia C-774 de 2001.
9
“es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión
que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad
física sino la identidad jurídica.” Sentencia C-774 de 2001.
10
Sentencia T- 649 de 2011, T- 280 de 2017.
11
Sentencia T- 019 de 2016.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

juez, o cuando al interponer la primera acción el peticionario no conocía- y no podía
conocer- nuevos elementos fácticos o jurídicos para sustentarla […]”12.

27. En resumen, para la configuración de la cosa juzgada en acciones de tutela es
indispensable que se encuentre acreditado una identidad de partes, de hechos y de
causa petendi.

28. Al respecto, la Sala observa lo siguiente:

Proceso de tutela núm. 11001-03-15- Proceso No. 08001-31-05-015-
000-2024-06129-01 (de la referencia) 2024-00209-00/01
Accionante: Luis Alejandro Santander Accionante: Luis Alejandro
García. Santander García

Partes Accionados: a la Presidencia de la Accionados: Superintendencia
República, la Superintendencia de de Servicios Públicos y Empresa
Servicios Públicos, el Juzgado Noveno Triple A S.A. E.S.P.
Administrativo de Barranquilla, el Juzgado
Quince Laboral del Circuito de
Barranquilla, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, el Tribunal Superior de
Barranquilla, Gases del Caribe S.A.
E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P

“[…] Al Director Nacional de la “[…] solicita el accionante que se
Superintendencia de Servicios Públicos tutelen sus derechos
Dr. YANOD MÁRQUEZ ALDANA, que fundamentales al debido proceso,
Pretensiones ORDENE a las Superintendencias la seguridad jurídica, económica y
Delegadas de Energía y Gas Combustible moral. En consecuencia, solicita
y de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que la accionada cese la
que en el término de la distancia, inicien y conducta, que considera, omisiva
notifiquen a las partes, de la apertura de y prevaricadora y se eleve pliego
Pliego de Cargos para la imposición, en de cargos contra el operador de
su máximo rigor, de las sanciones servicios públicos Triple A,
previstas en el Artículo 81 de la Ley 142 remitiendo el caso a la Fiscalía
de 1994, por violación de la Ley, abuso de General de la Nación.
la posición dominante y negativa del
reconocimiento de los efectos favorables Así mismo, pretende que se
del Silencio Administrativo Positivo, requiera a la accionada para que
contra los operadores accionados.’ proporcione un informe detallado y
actualizado sobre las gestiones,
Que ORDENE la apertura de respuestas y decisiones
investigación disciplinaria y la compulsa relacionadas al caso que se llevó
de que tratan los Artículos 67 de la Ley en la entidad. Y que se exija al
906 de 2004 y 38.25 de la Ley 1952 de operador de servicios públicos que
2019, contra los funcionarios de ese respete el Artículo 146 de la Ley
“organismo de control, inspección y 142 de 1994, que establece la
vigilancia”, que por acción, omisión y pérdida del derecho a cobrar por
posible dolo, no dieron tramite, ni consumos estimados.
resolución eficaz y expedita a las
comunicaciones que el suscrito remitía a Solicita que el expediente sea
ese supuesto “organismo de control, enviado al Organismo de Control

12
Sentencia T-185 de 2013. En esta oportunidad la Sala Novena de Revisión resolvió el caso de una persona a la que la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas le negó la entrega de la ayuda
humanitaria de emergencia debido a que se encontraba afiliada en calidad de cotizante al sistema de salud en el régimen
contributivo. Sin embargo, se constató que dicha controversia ya había sido resuelta mediante fallo emitido por otra autoridad
judicial, por lo que se configuró la cosa juzgada constitucional. Al respecto se indicó: “la Sala considera que la nueva solicitud
de amparo promovida por la demandante no se fundamentó en hechos nuevos. Es más todos supuestos fácticos afirmados
por la señora Guerra David fueron tenidos en cuenta con anterioridad por el juez. Incluso, no alegó nuevos elementos fácticos
o jurídicos que funden la solicitud actual”. Pese a ello se descartó la temeridad de la acción al considerarse que la actora se
encontraba en un alto grado de indefensión como quiera que hacía parte de un grupo poblacional que es sujeto de especial
protección constitucional y lo que pretendía era la entrega de ayuda humanitaria para satisfacer su mínimo vital, por lo que se
descartó un actuar doloso de parte de la accionante.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

inspección y vigilancia”, para que Penal para que, en el plazo
ejercieran las obligaciones y facultades, correspondiente, realice los
QUE EN NOMBRE DEL SEÑOR requerimientos necesarios al
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, gerente o representante legal de
señalan los Artículos 370 Superior y 79 de Triple A y a la Superintendencia de
la Ley 142 de 1994. Servicios Públicos Domiciliarios
por la posible comisión de los
•Al operador de servicios públicos Gases delitos de falsedad ideológica en
del Caribe que, sin perjuicio de las documento público, extorsión,
acciones administrativas y penales, que enriquecimiento ilícito,
cursan por su conducta omisiva y perturbación de la posesión en
prevaricadora, se abstenga de disponer la documento público, hurto, daño en
suspensión del servicio, sobre las sumas bien ajeno, abuso de autoridad por
afectadas por la presencia ACREDITADA acto arbitrario e injusto.
de fugas imperceptibles e impedir de
cualquier forma o tiempo, que el Suscrito Demanda que se tome acción
pueda pagar las sumas de dinero que en contra la Superintendencia de
ejercicio del derecho y potestad que Servicios Públicos y su Dirección
señala el Artículo 155 de la Ley 142 de Territorial Noroccidente por su
1994 y la Sentencia C-558 de 2001, conducta omisiva y prevaricadora,
señale como no reclamadas. frente a su obligación de hacer
cumplir la ley y sancionar
Que sin más dilaciones, remitan al violaciones.
Suscrito EN FORMATO PDF, COPIAS
INTEGRAS, LEGIBLES Y Requiere que el Organismo de
AUTENTICADAS DE TODAS LAS Control Disciplinario, conforme al
FOLIATURAS Y DEMAS ELEMENTOS Artículo 38.25 de la Ley 1952 de
QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE 2019, asuma las competencias
RELACIONADO CON EL INMUEBLE necesarias para abordar la
UBICADO EN LA CARRERA 18 N° 39 – conducta omisiva y prevaricadora
40, DEL BARRIO SAN JOSÉ Y QUE SE del supuesto organismo de control
IDENTIFICA CON EL CONTRATO […]”.
1073323, el cual, EN ORDEN
CRONOLÓGICO, deberá incluir las
reclamaciones presentadas por el
suscrito, las respuestas dadas por ese
operador y junto a ellas los
correspondientes comprobantes de
radicación, consignación a correo,
entrega y notificación.

•Al operador Triple A, que, sin perjuicio de
las acciones administrativas y penales,
que cursan por su conducta omisiva y
prevaricadora, se abstenga de disponer la
suspensión del servicio, por el supuesto
“no pago” de las sumas que por Ministerio
de la Ley, no tienen derecho a recibir y
hasta que la Superintendencia de
Servicios Públicos, determine la comisión
de las conductas de violación de la Ley y
de abuso de la posición dominante y
proceda a disponer la revocatoria o el
pago de las sumas reclamadas e impedir
de cualquier forma o tiempo, que el
Suscrito pueda pagar las sumas de dinero
que en ejercicio del derecho y potestad
que señala el Artículo 155 de la Ley 142
de 1994 y la Sentencia C-558 de 2001,
señale como no reclamadas.

Que, sin más dilaciones, remitan al
Suscrito EN FORMATO PDF, COPIAS
INTEGRAS, LEGIBLES Y
AUTENTICADAS DE TODO EL

17

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

EXPEDIENTE RELACIONADO CON EL
INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA
18 N° 39 – 40, DEL BARRIO SAN JOSÉ
Y QUE SE IDENTIFICA CON LA PÓLIZA
N° 888890, el cual, EN ORDEN
CRONOLÓGICO, deberá incluir las
reclamaciones presentadas por el
suscrito, las respuestas dadas por ese
operador y junto a ellas los
correspondientes comprobantes de
radicación, consignación a correo,
entrega y notificación.

Disponer la compulsa de copias al
organismo de control disciplinario de la
Rama Judicial, para que inicien las
investigaciones, sobre el accionar
omisivo, prevaricador y discriminador de
los despachos judiciales demandados; así
como las que deben remitirse a la Fiscalía
y la Procuraduría, para que se determine
el proceder de los funcionarios de la
Superintendencia de Servicios Públicos,
conforme las obligaciones que señalan
los Artículos 67 de la Ley 906 de 2004 y
38.25 de la Ley 1952 de 2019 […]”.

En el caso que nos ocupa, los argumentos En este caso, y tal como lo
por los cuales se promovió la acción de sintetizó el a quo que conoció de
tutela fueron: este proceso, los argumentos en
esa oportunidad fueron los
“[…] cuando Gases del Caribe, frente al siguientes:
Reclamo incoado a fecha 14 de
Noviembre de 2023, DE FORMA “[…] En el presente caso, se
EXTEMPORÁNEA, pues de acuerdo al puede concluir que el demandante
Parágrafo del Artículo 14 del CPACA, el no ha agotado las vías ordinarias
termino procesal PARA INFORMAR o administrativas disponibles para
sobre una supuesta “ampliación de resolver su controversia, tales
términos”, PRESCRIBÍA EL DÍA 5 DE como recursos administrativos o
DICIEMBRE y los accionados “la acciones legales específicas ante
informaron” el día 7 de ese mismo mes y las autoridades competentes. La
anualidad […]”. falta de agotamiento de estos
mecanismos previos impide la
2.2. Indicó que, “[…] los mal llamados procedencia de la acción de tutela,
“profesionales jurídicos” de Gases del ya que esta debe ser subsidiaria y
Hechos Caribe, pretendieron seguir actuando a no puede sustituir los procesos
espaldas de dicho mandato jurídico y en correspondientes.
lugar de resolver de fondo el reclamo
sobre LAS DESVIACIONES A través de este medio de control
SIGNIFICATIVAS, a fecha 26 de se pueden controvertir los actos
Diciembre de 2023, lo que hicieron fue administrativos, cuando estos
“explayarse” en “desvirtuar” la solicitud de hayan sido expedidos con
reconocimiento de los efectos favorables infracción de las normas en que
del Silencio Administrativo Positivo […]”. deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular,
2.3. Expresó que, “[…] cuando Gases del o con desconocimiento del
Caribe […] AL NO SER REQUERIDO, derecho de audiencia y defensa, o
DESDE HACE MAS DE UN AÑO, POR mediante falsa motivación, o con
LA SUPERINTENDENCIA DE desviación de las atribuciones
SERVICIOS PÚBLICOS, NO PERMITE propias de quien los profirió́ , lo
EL PAGO DE LAS SUMAS NO cual el accionante no ha realizado.
RECLAMADAS, NI EL PAGO DE LOS El demandante no ha acreditado el
MESES QUE NO HAN SIDO OBJETO DE perjuicio irremediable que no
RECLAMO […] EXIGEN EL PAGO DE LA pueda ser subsanado mediante
TOTALIDAD DEL PAGO DE LAS SUMAS otros medios judiciales. La tutela

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Accionante: Luis Alejandro Santander García

AFECTADAS POR LAS FUGAS está destinada a proteger
IMPERCEPTIBLES, SUMAS QUE POR derechos fundamentales de
MINISTERIO DE LA LEY, NO TIENEN manera inmediata en situaciones
DERECHO A RECIBIR […]”. donde no se pueden obtener
reparaciones adecuadas por otras
2.4. Manifestó que “[…] al presentarse un vías. En este caso, no se ha
DESCOMUNAL INCREMENTO de los demostrado que la falta de acción
registros de consumo, sobre la cual: 1. del organismo de control y las
NO EXPIDIERON la factura sobre el presuntas irregularidades en el
promedio; 2. NO INVESTIGARON la proceso no puedan ser abordadas
causa y el lugar de las incidencias (fugas) por otras acciones legales o
y 3. NO ACLARARON la causa de la administrativas de manera eficaz.
misma […]”.
Más bien, de las pruebas
allegadas se puede establecer
que las diferentes solicitudes
realizadas por el accionante han
sido resueltas por la accionada
Triple A. Cabe mencionar que la
acción de tutela requiere que se
presente sin dilaciones indebidas,
lo cual no se ha cumplido
plenamente en este caso, por lo
cual no se cumple con los
presupuestos requeridos para la
procedencia de la presente
acción, lo que conlleva a que se
declare su improcedencia.

En relación con los delitos
denunciados por el accionante y
su solicitud de remitir el caso a la
Fiscalía General de la Nación, es
importante aclarar que dichas
denuncias pueden ser
interpuestas directamente ante
esa entidad. Ante tal solicitud el
despacho considera que al
accionante nada le impide que
pueda ejercer directamente las
acciones legales que considere
pertinente y presentar las
respectivas denuncias.

Colofón de todas las
consideraciones arriba anotadas,
se declarará improcedente la
presente acción de tutela como
quiera que esta no cumple con los
requisitos de procedibilidad de la
misma [...]”.

29. Conforme al cuadro comparativo anterior, la Sala advierte que existen aspectos
comunes entre el proceso de tutela de la referencia y la acción de tutela número
08001-31-05-015-2024-00209-00/01. Frente a dichos aspectos habría una triple
identidad, esto es, de partes, de objeto y de causa petendi.

30. En el caso sub examine, los elementos comunes son los siguientes:

31. La presunta vulneración de los derechos fundamentales por la sociedad Triple A
S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con la

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Accionante: Luis Alejandro Santander García

incorrecta ejecución de los procesos de facturación, la debida notificación de las
resoluciones adoptadas, la tramitación de los recursos interpuestos y la omisión en
el ejercicio de la vigilancia y control.

32. También se advierte dicha identidad en la petición relacionada con formular “[…]
Pliego de Cargos, con fines sancionatorios y de compulsa a la Fiscalía General de la
Nación, contra el Operador de Servicios Públicos Triple A […]” y que se inicie
investigación disciplinaria contra la Superintendencia con fundamento en la Ley 1952
de 2019.

33. Al respecto, tal como lo consideró el juez de primera instancia debe declararse
improcedente la tutela por cosa juzgada constitucional parcial.

34. En este mismo contexto, la Sala advierte que, pese a que las dos acciones de tutela
comparten identidad de partes, de objeto y de causa petendi, no resulta dable concluir
que el actor haya actuado de mala fe.

35. Al respecto, debe resaltar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos:
i) identidad de partes, ii) identidad de hechos; iii) identidad de pretensiones, y iv) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un
actuar doloso y de mala fe por parte del accionante, último presupuesto que en el sub
examine no se cumple.

36. En lo atinente a estos puntos de la controversia, se confirmará el fallo de primera
instancia.

4.2. Sobre la apertura de investigación disciplinaria contra Gases del Caribe S.A.
E.S.P.

37. En el caso bajo estudio, el accionante solicitó iniciar investigaciones contra Gases
del Caribe S.A. E.S.P.

38. Sin embargo, como concluyó el juez de primera instancia, el accionante no acreditó
haber interpuesto las denuncias y quejas contra dicha entidad, a efectos de que las
entidades competentes investigaran las posibles faltas cometidas.

39. Por consiguiente, se considera que la acción de tutela es improcedente, como
quiera que el accionante no acudió a las autoridades competentes para solicitar las
investigaciones disciplinarias a que haya lugar.

4.3. Sobre la suspensión de los servicios públicos de acueducto y gas natural
por parte de Gases del Caribe S.A. E.S.P. y Triple A S.A. E.S.P.

40. La Sección pone de presente que la suspensión de energía eléctrica por falta de
pago a sujetos de especial protección es legítima y en principio no desconoce los
derechos fundamentales del accionante.

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Accionante: Luis Alejandro Santander García

41. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado sobre la suspensión de los
servicios públicos por falta de pago lo siguiente:

“[…] En efecto, el legislador facultó a las empresas de servicios públicos para
cobrar un precio a la parte suscriptora o al usuario, como contraprestación por
el servicio que le presta. Asimismo, les confirió la potestad (poder-obligación)
de suspender el servicio público “[s]i el usuario o suscriptor incumple su
obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término
previsto en el contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de
facturación” (parágrafo del art. 130, Ley 142 de 1994, modificado por art. 18,
Ley 689 de 2001). Esta potestad de suspender los servicios por mora, cumple
funciones constitucionales. Por una parte, al conducir al usuario a que cancele
puntual y completamente las facturas generadas, la suspensión contribuye a
garantizar la prestación del servicio público a los demás usuarios y sirve para
concretar el deber de solidaridad, que es un principio fundamental del Estado.13
Por otra parte, la suspensión de los servicios presta una contribución positiva
para evitar que los propietarios no usuarios de los bienes, sean afectados en su
buena fe por arrendatarios o tenedores incumplidos en sus obligaciones
contractuales. […]”14.

42. En la sentencia C-060 de 2005, la Corte Constitucional indicó:

“[…] En consecuencia, en el evento en el cual el usuario no este de acuerdo
con las obligaciones o consumo establecido en la factura, cuenta con
mecanismos idóneos de defensa que le permitiría revertir la situación que él
considere irregular. Estas posibilidades pueden ser realizadas ante la misma
empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios (peticiones, quejas,
recursos), a través de la vía gubernativa; o por intermedio de la jurisdicción
contenciosa administrativa.

En conclusión, los usuarios quienes son beneficiarios de los servicios públicos
domiciliarios cuentan con las herramientas jurídicas necesarias para oponerse
a las facturas emitidas por las empresas prestadoras, en el evento en el cual no
compartan las obligaciones que estas establecen […]”15.

43. En el caso objeto de estudio se encuentra acreditado el no pago por parte del
accionante.

13
Sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett). En esa ocasión, la Corte evaluaba la constitucionalidad de la
suspensión del servicio público de energía eléctrica en un establecimiento carcelario y penitenciario, por incumplimiento en
el pago de las facturas de consumo del servicio público. La Corte, pese a que tuteló los derechos de los reclusos, puso de
presente la importancia que tiene el pago de las obligaciones contractuales de servicios públicos, y manifestó que eran mucho
más que obligaciones contractuales, pues de su cumplimiento dependía la prestación eficiente de los servicios públicos a los
demás usuarios. Dijo, al respecto: “[…] 32. La modificación del modelo de Estado operada por la Constitución de 1991,
impone una dinámica diferente en términos de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. A la concesión de un
catálogo ampliamente generoso de derechos le corresponde una serie no menos importante de deberes de rango
constitucional. || […] 33. Esta dinámica derechos-deberes se realiza de manera especial en el ámbito de la prestación de los
servicios públicos cuyo funcionamiento se encuentra constitucionalmente informado por el principio de solidaridad. Es así
como en el caso del servicio público de seguridad social o en el caso de los servicios públicos domiciliarios esenciales, la
posibilidad de su prestación efectiva, depende en buena medida del cabal funcionamiento de los mecanismos de solidaridad.
En consecuencia, el deber de cumplir con las obligaciones contractuales surgidas en virtud de contratos de condiciones
uniformes o de contratos de prestación de servicios públicos, o el deber de cumplir con la obligación de realizar legalmente
el pago de los aportes al régimen integral de seguridad social, por la importancia del servicio y la condición sistémica que
impone la lógica de la solidaridad, abandona su carácter de deber o de obligación puramente contractual, para elevarse a
una obligación de rango constitucional, en virtud del principio de solidaridad. En este orden de ideas al verse comprometida
la prestación del servicio público en condiciones de regularidad, calidad y universalidad, la situación patrimonial de las
empresas de servicios públicos, de la que depende la operatividad del sistema y la prestación del servicio, pasa de ser un
asunto exclusivamente patrimonial y privado a un asunto de extrema importancia pública y social”.
14 Sentencia T 793 de 2021, M.P. María Victoria Calle Correa.
15 Sentencia C- 060 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06129-01
Accionante: Luis Alejandro Santander García

44. Al respecto pone de presente la Sala que las obligaciones establecidas en las
facturas de servicios públicos domiciliarios deben ser cumplidas por los usuarios.
No obstante, ante el evento en el cual el usuario encuentre inconsistencias en dicho
cobro, cuenta este con los medios constitucionales adecuados para hacer valer sus
derechos.

45. En concordancia con lo anterior, cabe manifestar que cualquier inconformidad
proveniente de las obligaciones establecidas en una factura de servicios públicos
domiciliarios, los usuarios tiene a su disposición la opción de acudir ante la
administración ya sea por “[…] (vía gubernativa, por intermedio de quejas, reclamos,
peticiones o recursos) o ante la jurisdicción contenciosa, (a través de las acciones
contenciosas) […]”, para oponerse a las facturas emitidas por las empresas
prestadoras, en el evento en el cual no compartan las obligaciones que estas
establecen.

46. En ese orden de ideas, se evidencia que la suspensión de los servicios públicos
domiciliarios como consecuencia del incumplimiento en el pago de más de diez
facturas se encuentra justificada en el caso sub examine.

47. La Sala pone de presente que el hecho de que el accionante no haya estado de
acuerdo con las obligaciones o consumo establecido en la factura, no daba lugar al
no pago del servicio prestado, en la medida que contaba con las herramientas
jurídicas necesarias para oponerse a las facturas emitidas por las empresas
prestadoras, por lo que no se evidencia una trasgresión de sus derechos
fundamentales.

48. En ese orden de ideas, la Sala negará las pretensiones de esta acción de tutela,
en lo referente en abstenerse de suspender los servicios públicos domiciliarios por
parte de Gases del Caribe S.A. E.S.P y Triple A S.A E.S.P.

49. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de marzo de 2025, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Accionante: Luis Alejandro Santander García

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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