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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04020-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04020-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 31 de julio de 2025, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04020-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04020-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Denis Isabel Aroca Peinado
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04020-01
Asunto: Acción de tutela. Se confirma el fallo impugnado. Configuración
de la carencia actual de objeto por hecho superado. Inexistencia de la
vulneración por la suspensión del servicio de energía. Improcedencia del
mecanismo de amparo para controvertir actos administrativos

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra el fallo de 31
de julio de 2025, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El 11 de marzo de 2022, la señora Aroca Peinado presentó solicitud de
rompimiento de solidaridad ante la empresa Caribe Mar de la Costa
SAS ESP, la cual fue negada mediante Resolución 202270079485 de
14 de marzo de 2022.

1.2. El 18 de marzo de 2022, la señora Aroca Peinado interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación contra la decisión de 14 de marzo de
2022.

1.3. El 28 de marzo de 2022, la empresa Caribe Mar de la Costa SAS ESP
resolvió no reponer la decisión anterior, al considerar que la
arrendadora al no hacer efectivo las obligaciones del contrato de

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arrendamiento consintió la deuda del inquilino.

1.4. Mediante Resolución SSPD 20228601058655 del 7 de noviembre de
2022, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –
Territorial Nororiente confirmó las decisiones de la empresa Caribe Mar
de la Costa SAS ESP, con fundamento en que la usuaria no cumplió
con la carga de la prueba exigida para reclamar el rompimiento de
solidaridad de las obligaciones causadas y no pagadas.

1.5. El 18 de noviembre de 2024, la señora Aroca Peinado presentó solicitud
de revocatoria directa de la Resolución 20228601058655 del 7 de
noviembre de 2022.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante manifestó que las accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales, por las siguientes razones:

Adujo que, en su criterio, está obligada a pagar un mes del total de la deuda
generada por el arrendatario, de conformidad con la sentencia C-508 de 2001,
con lo previsto en los artículos 18 y 19 de la Ley 689 del 2001 y 1404 y 1415
de la Ley 142 de 1994.

Precisó que los conceptos SSPD-OJU-2010-14 y el SSPD-0JU2010-13 tienen
como propósito señalar el criterio jurídico unificado de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, en lo concerniente a las garantías en los
contratos de arrendamiento de vivienda urbana de que tratan la Ley 820 de
2003 y el Decreto Reglamentario 3130 de 2003.

Manifestó que la Corte Constitucional en sentencia T-1432 de 2000, declaró
que constituye una vía de hecho el cobro solidario de facturas por fuera del
término previsto para la suspensión del servicio, de acuerdo con el artículo 140
de la Ley 142 de 1994.

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Advirtió que al cumplir con los requisitos de propiedad/poseedor del inmueble,
conforme a lo estipulado en el artículo 140 de la Ley 142 de 1994 es
procedente la revocatoria.

Indicó que, para la fecha de presentación de esta acción de tutela, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se ha pronunciado
frente a la petición de revocatoria directa radicada el 18 de noviembre de 2024,
lo que, a su juicio, ha generado un silencio administrativo a su favor.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: solicito al señor Juez, el amparo de nuestros derechos
fundamentales como son debido proceso, igualdad de trato ante la ley,
derecho del mínimo vital de energía eléctrica, dignidad humana, principio
pro homine, buena fe, confianza legítima y acto propio, y demás derechos
vulnerados por las entidades accionadas. Las garantías judiciales,
consagradas en los arts. 8 y 25 de la CONVENCION AMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSE, COSTA RICA).

SEGUNDO: se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS, que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela, proceda resolver la SOLICITUD DE
REVOCATORIA DIRECTA presentada de forma virtual en la fecha 03 de
abril de 2025, donde presenté una petición de REVOCATORIA DIRECTA
ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICLIARIOS, bajo el RADICADO N° 20245295089802 […]

TERCERO: que se ordene a la empresa CARIBE MAR DE LA COSTA
SAS ESP (AFINIA) – GRUPO EPM, que en el término de 24 horas
siguientes al fallo de tutela, si aún no la ha hecho, reinstale el servicio de
energía eléctrica que ha suspendido sobre nuestra vivienda ubicada en
la CRA 30 A BIS N° 18 BIS -14 del Barrio Manantial del Valledupar,
NIC: 5345543, por afectación del mínimo vital de energía establecido por
la CORTE CONSTITUCIONAL en 173 kilovatios […]

CUARTO: se ordene a CARIBE MAR DE LA COSTA SAS ESP (AFINIA)
– GRUPO EPM, se abstenga en lo seguido de seguir suspendiendo el
servicio de energía eléctrica en nuestra vivienda, y si lo hace, debe
notificar la decisión administrativa debidamente con los motivos de la
suspensión, no obstante, se debe garantizar en nuestro hogar, el mínimo
vital de energía establecido por la CORTE CONSTITUCIONAL en 173
kilovatios.

QUINTO: que se ordene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS, que en el término de 48 horas seguidas a

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la notificación del fallo de tutela, y que en aplicación de sus facultades
constitucionales y legales, le inicie un proceso administrativo a la
empresa CARIBE MAR DE LA COSTA SAS ESP (AFINIA) – GRUPO
EPM, a través del cual imponga las sanciones legales por la
suspensión ilegal del servicio de energía eléctrica, por el
procedimiento ilegal adelantado en contra de esta usuaria, al no
conceder los recursos en la reclamación presentada, en nuestra
vivienda ubicada en la CRA 30 A BIS N° 18 BIS -14 del Barrio Manantial
del Valledupar, NIC: 5345543, suspensión del servicio realizada con
violación de las garantías mínimas fundamentales, sin emitir y/o notificar
decisión motivada de suspensión del servicio, y sin garantizar el mínimo
vital de energía establecido por la CORTE CONSTITUCIONAL en 173
kilovatios. Además, por vulnerar nuestros derechos como personas de
la tercera edad, por ser el predio de estrato 2 donde hay un subsidio del
gobierno, violando así los preceptos de la sentencia T – 159 de 2023
emitido por la Honorable CORTE CONSTITUCIONAL. De igual manera,
tome la SUPERSERVICIOS todas las medidas tendientes a evitar que no
se siga presentando suspensiones ilegales en la ciudad de Valledupar.

SEXTO: Se compulse copia ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION, al SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS, en aplicación del inciso 4 del artículo 86 de la Ley 1437
de 2011: “La no resolución oportuna de los recursos constituye falta
disciplinaria gravísima…”. […]”. [Sic en toda la cita]

II. INTERVENCIONES

1. La Procuraduría General de la Nación manifestó que carece de legitimación
en la causa por pasiva para atender las pretensiones de amparo, por lo que
solicitó su desvinculación.

2. Empresas Públicas de Medellín ESP - EPM rindió informe en el que explicó
que no es la empresa que presta de manera directa el servicio de energía a la
tutelante, razón por la que no está llamada a responder las peticiones de la
actora, en consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

Al respecto, precisó que la empresa Afinia (Caribe Mar de la Costa SAS ESP)
hace parte del Grupo Empresarial EPM, sin embargo, son entidades
diferentes, cada una de ellas con su propia personería jurídica.

Indicó que la accionante cuenta con mecanismos judiciales para la defensa de
sus derechos fundamentales como es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

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3. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios afirmó que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante, toda vez que las
órdenes de corte, reconexión y vinculación de un reclamo a la facturación son
actuaciones de exclusiva competencia de la empresa Caribe Mar de la Costa
SAS ESP (Afinia), por lo que no es posible vincular a este organismo a los
efectos del fallo de tutela.

De otra parte, sostuvo que, mediante Resolución SSPD - 20258600321475 del
7 de julio de 2025 resolvió la solicitud de revocatoria directa presentada por la
accionante, razón por lo que han desaparecido los hechos sobre los cuales se
solicitó el amparo constitucional.

4. La Presidencia de la República expuso que la accionante a la fecha no ha
radicado petición ante esa entidad. Igualmente, manifestó que la acción de
tutela debe ser declarada improcedente, toda vez que no tiene competencia
funcional para atender las pretensiones de la accionante, por lo cual existe una
falta de legitimación por pasiva en el presente caso.

III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 31 de julio
de 2025, denegó las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros, la Presidencia de la
República, la Procuraduría General de la Nación y Empresas Públicas de
Medellín (EPM). En cuanto a las pretensiones de amparo, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
POR HECHO SUPERADO con relación a la pretensión de resolver la
solicitud de revocatoria directa de la Resolución 20228601058655 del 7
de noviembre de 2022.

SEGUNDO NEGAR la pretensión de reconexión del servicio de energía,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
promovida por la señora Denis Isabel Aroca Peinado por no superarse el
requisito de subsidiariedad, en cuanto a la pretensión de iniciar
procedimientos sancionatorios en contra de las Empresas Caribe Mar de
la Costa SAS ESP (Afinia) – Grupo EPM y las decisiones a las solicitudes

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de ruptura de solidaridad. […]”.

Como sustento de la declaratoria de la carencia actual de objeto por hecho
superado, el a quo consideró que, al haberse expedido y notificado
debidamente a la accionante la Resolución SSPD – 20258600321475 del 7 de
julio de 2025, la petición planteada en el escrito de tutela relacionada con que
se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolver
la solicitud de revocatoria directa fue superada.

Respecto de la pretensión de reconexión de energía, en el fallo de primera
instancia se consideró que la actora no acreditó un perjuicio irremediable.

En cuanto a la pretensión de amparo relacionada con que se inicie un proceso
sancionatorio, el fallador de primera instancia consideró que dicha solicitud
demuestra la inconformidad de la tutelante con las decisiones adoptadas por
la empresa Caribe Mar de la Costa SAS ESP (Afinia) y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, actos administrativos que pudieron ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Debido a ello,
concluyó que no se cumplió con el requisito de la subsidiariedad.

IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó el fallo de primera instancia, al reiterar en líneas generales
los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela e insistir en cada una
de las pretensiones formuladas.

Adicionalmente, manifestó que “[…] está demostrado en el plenario de que si
hay una vulneración a nuestros derechos fundamentales, y ello se evidencia
en la contestación de esta tutela por parte de la apoderada judicial de CARIBE
MAR DE LA COSTA SAS ESP, donde manifiesta de que si hay suspensión del
servicio […]”.

Aclaró que, para la suspensión del servicio de energía la empresa AFINIA debe

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proferir un acto administrativo, el cual omitió expedir para materializar la
suspensión del servicio en su propiedad, por lo que, a su juicio, se generó “[…]
la vulneración al debido proceso, derecho de la dignidad humana, buena fe,
confianza legítima y acto propio […]”.

Adujo que, en el fallo impugnado, no se hizo un análisis de la vulneración al
derecho “[…] del mínimo vital de energía, acceso a la energía eléctrica […]”,
en los términos de la sentencia T-180 de 2021.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:

A) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedibilidad. Si ello es así, se deberá determinar:

B) Si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados
por la actora, con ocasión de los múltiples actos administrativos que
negaron la solicitud de ruptura de solidaridad; de la reconexión y

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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suspensión del servicio de energía; y de la falta de respuesta a la
petición de revocatoria directa.

3. Caso concreto

En el caso objeto de estudio, la parte impugnante solicitó revocar el fallo
impugnado y, en consecuencia, ordenar a las accionadas a responder la
petición de revocatoria directa, a reconectar el servicio de energía y
abstenerse de suspenderlo a futuro, y a iniciar los procesos sancionatorios por
el actuar ilegal dentro de la actuación administrativa.

La Sala estima necesario, por metodología, analizar por ejes temáticos las
pretensiones y argumentos formuladas por la parte actora.

i) Pretensión relacionada con la solicitud de revocatoria directa

En este caso, se tiene probado que, en el trámite de la presente acción de
tutela la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la
Resolución No. SSPD - 20258600321475 del 7 de julio de 2025, resolvió
declarar improcedente, por extemporánea, la solicitud de revocatoria directa
presentada por la señora Denis Isabel Aroca Peinado. Acto administrativo que
fue notificado al correo electrónico de la aquí accionante.

En razón a lo anterior, tal como se consideró en primera instancia, en el
presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado3
por este aspecto, motivo por el cual se confirmará el numeral primero de la
parte resolutiva del fallo impugnado.

3
La carencia actual de objeto por hecho superado es “[…] el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que
se interpone la demanda de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se
eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor […]”. Sentencia T-342 de 19 de julio de 2017.

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ii) Pretensión relacionada con la reconexión y suspensión del
servicio de energía

La Corte Constitucional ha considerado sobre la suspensión de los servicios
públicos por falta de pago lo siguiente:

“[…] En efecto, el legislador facultó a las empresas de servicios públicos
para cobrar un precio a la parte suscriptora o al usuario, como
contraprestación por el servicio que le presta. Asimismo, les confirió la
potestad (poder-obligación) de suspender el servicio público “[s]i el
usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los
servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no
excederá dos períodos consecutivos de facturación” (parágrafo del art.
130, Ley 142 de 1994, modificado por art. 18, Ley 689 de 2001). Esta
potestad de suspender los servicios por mora, cumple funciones
constitucionales. Por una parte, al conducir al usuario a que cancele
puntual y completamente las facturas generadas, la suspensión
contribuye a garantizar la prestación del servicio público a los demás
usuarios y sirve para concretar el deber de solidaridad, que es un
principio fundamental del Estado.4 Por otra parte, la suspensión de los
servicios presta una contribución positiva para evitar que los
propietarios no usuarios de los bienes, sean afectados en su buena
fe por arrendatarios o tenedores incumplidos en sus obligaciones
contractuales […]”5. [Se destaca]

A partir de lo anterior, esta Sección ha considerado “[…] que la suspensión de
energía eléctrica por falta de pago a sujetos de especial protección es legítima
y en principio no desconoce los derechos fundamentales del accionante”6,
habida cuenta que la suspensión del servicio público como consecuencia del

4
Sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett). En esa ocasión, la Corte evaluaba la constitucionalidad
de la suspensión del servicio público de energía eléctrica en un establecimiento carcelario y penitenciario, por
incumplimiento en el pago de las facturas de consumo del servicio público. La Corte, pese a que tuteló los derechos
de los reclusos, puso de presente la importancia que tiene el pago de las obligaciones contractuales de servicios
públicos, y manifestó que eran mucho más que obligaciones contractuales, pues de su cumplimiento dependía la
prestación eficiente de los servicios públicos a los demás usuarios. Dijo, al respecto: “[…] 32. La modificación del
modelo de Estado operada por la Constitución de 1991, impone una dinámica diferente en términos de los derechos
y las obligaciones de los ciudadanos. A la concesión de un catálogo ampliamente generoso de derechos le
corresponde una serie no menos importante de deberes de rango constitucional. || […] 33. Esta dinámica derechos-
deberes se realiza de manera especial en el ámbito de la prestación de los servicios públicos cuyo funcionamiento
se encuentra constitucionalmente informado por el principio de solidaridad. Es así como en el caso del servicio público
de seguridad social o en el caso de los servicios públicos domiciliarios esenciales, la posibilidad de su prestación
efectiva, depende en buena medida del cabal funcionamiento de los mecanismos de solidaridad. En consecuencia,
el deber de cumplir con las obligaciones contractuales surgidas en virtud de contratos de condiciones uniformes o de
contratos de prestación de servicios públicos, o el deber de cumplir con la obligación de realizar legalmente el pago
de los aportes al régimen integral de seguridad social, por la importancia del servicio y la condición sistémica que
impone la lógica de la solidaridad, abandona su carácter de deber o de obligación puramente contractual, para
elevarse a una obligación de rango constitucional, en virtud del principio de solidaridad. En este orden de ideas al
verse comprometida la prestación del servicio público en condiciones de regularidad, calidad y universalidad, la
situación patrimonial de las empresas de servicios públicos, de la que depende la operatividad del sistema y la
prestación del servicio, pasa de ser un asunto exclusivamente patrimonial y privado a un asunto de extrema
importancia pública y social”.
5
Sentencia T 793 de 2021, M.P. María Victoria Calle Correa.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, fallo de tutela del 8 de agosto de 2025,
exp. 11001-03-15-000-2024-06129-01.

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incumplimiento en el pago de facturas se encuentra legalmente justificada.

Con fundamento en la anterior premisa, en el presente caso, la Sala considera
que la suspensión del servicio de energía no vulnera los derechos
fundamentales de la accionante, máxime cuando, de los hechos narrados en
el escrito de tutela se infiere que ella no habita en la vivienda en la que se
generó la suspensión del servicio. Adicionalmente, la actora tampoco acreditó
una circunstancia especial inminente que requiriera de la adopción de medidas
de protección transitorias e impostergables por parte del juez constitucional.

En atención a lo anterior, se confirmará el numeral segundo de la parte
resolutiva que negó la pretensión de la actora relacionada con la reconexión
del servicio de energía.

iii) Pretensión relacionada con los procesos sancionatorios

La actora solicitó iniciar procesos sancionatorios en contra de la empresa
Caribe Mar de la Costa SAS ESP; “[…] por la suspensión ilegal del servicio de
energía eléctrica [y] por el procedimiento ilegal adelantado en contra de esta
usuaria”.

Sin embargo, como concluyó el juez de primera instancia, la accionante no
acreditó haber interpuesto las denuncias y quejas contra dicha entidad, a efectos
de que las entidades competentes investigaran las posibles faltas cometidas.

Por consiguiente, se considera que la acción de tutela es improcedente, como
quiera que la accionante no acudió a las autoridades competentes para solicitar
las investigaciones disciplinarias a que haya lugar.

Sumado a lo anterior, cabe mencionar, tal como lo sostuvo el a quo, que los
argumentos expuestos sobre esta pretensión también están orientados a
demostrar la inconformidad de la tutelante con las decisiones adoptadas por
la empresa Caribe Mar de la Costa SAS ESP (Afinia) y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, mediante las cuales negaron la solicitud de

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ruptura de solidaridad, motivo por el cual resulta dable concluir que la señora
Aroca Peinado contó con la posibilidad de interponer demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de
cuestionar la legalidad de tales actos administrativos.

Sin embargo, la accionante en vez de acudir a la jurisdicción contenciosa
administrativa, acudió a la acción de tutela, desconociendo su carácter
subsidiario, previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política y
en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

En razón a lo anterior, la Sala concuerda con el juez de primera instancia al
considerar que la presente acción de tutela no cumple con el requisito general
de procedencia de subsidiariedad, por haberse contado con otro mecanismo
judicial para controvertir las decisiones administrativas y no encontrase
probado un perjuicio irremediable. Por tanto, se confirmará el numeral tercero
de la parte resolutiva del fallo impugnado.

Bajo los anteriores razonamientos, la Sala confirmará integralmente el fallo
impugnado proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 31 de julio de 2025, proferido por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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