Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06148-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06148-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06148-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de abril de 2025
Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06148-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06148-01
Demandante: JESÚS ANTONIO BERNAL AMOROCHO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia
por no acreditar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 31 de enero de 2025, proferida en primera instancia por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En esa providencia, se declaró la
improcedencia de solicitud de amparo por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Jesús Antonio Bernal Amorocho, actuando por medio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A. Con la solicitud de amparo requirió la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al trabajo, a la salud y a la vida digna.
2. En sentir de la parte actora, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con ocasión de la providencia de 4 de julio de
20241, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección A, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-
000-2016-02831-00/01.
1.2. Pretensiones
1 Por medio de la cual la accionada confirmó la sentencia de primera de instancia dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 15 de julio de 2021
que negó las pretensiones de reconocimiento del retroactivo pensional pretendido por el señor
Jesús Antonio Bernal Amorocho.
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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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3. La parte tutelante solicitó lo siguiente:
1. Que se tutelen los derechos fundamentales y constitucionales invocados como
vulnerados al señor JESUS ANTONIO BERNAL AMOROCHO.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia
complementaria del 4 de julio del 2024, emitida por EL CONSEJO DE
ESTADO-SECCION SEGUNDA-SUBSECCION A, Magistrado Ponente Dr.
RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS, por ser violatoria de los derechos
fundamentales de mi procurado.
3. Que se ordene a la entidad accionada emitir una nueva decisión que se ajuste
al ordenamiento jurídico.
4. Que me sea notificada la decisión que se adopte en el presente trámite
constitucional.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El 25 de febrero de 2002, la Caja Agraria en Liquidación profirió la
Resolución No. 17755, mediante la cual reconoció una mesada pensional de
jubilación al señor Jesús Antonio Bernal Amorocho.
6. El 20 de julio de 2002, el accionante se posesionó como senador de la
República, cargo que desempeñó hasta el 12 de mayo de 2010. Como
consecuencia, durante este periodo, la mesada pensional que había sido
reconocida por la Caja Agraria en Liquidación fue suspendida.
7. Una vez finalizó su labor como senador2, el señor Bernal Amorocho solicitó
al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia3, la
reactivación del pago de la mesada convencional que le fue concedida en el año
2002, así como la reliquidación de dicho emolumento, de conformidad con los
salarios percibidos como senador de la República.
8. En consecuencia, mediante la Resolución n.° 2460 se reactivó el pago de
la pensión convencional otorgada al actor, a partir del 13 de mayo de 2010, con
la correspondiente actualización del rubro.
9. El 23 de mayo del 2014, el demandante radicó una solicitud ante la Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad que asumió el pago de su
pensión convencional, con el fin de que se revocara dicha mesada, y así optar
2 El actor renunció al cargo de senador a partir del 13 de mayo del 2010.
3 Entidad que asumió la carga pensional de la Caja Agraria.
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por una eventual pensión que sería reconocida por el Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República (FONPRECON.)
10. El 9 de julio de 2014, la UGPP profirió la Resolución RDP 21152, en la que
revocó las Resoluciones 1755 del 25 de febrero de 2002, 2460 del 22 de julio y
3056 del 28 de agosto de 2013, por medio de las cuales se le reconoció una
pensión convencional al actor y se reactivó el pago de dicha prestación luego de
su retiro del servicio público ejercido como senador de la República.
11. El 1 de septiembre de 2014, FONPRECON emitió la Resolución n.° 0606
mediante la cual reconoció la pensión de jubilación a favor del accionante a partir
del 21 de noviembre del 2009.
12. El 10 de octubre de 2014, FONPRECON expidió la Resolución n.° 768, en
la que reconoció un retroactivo pensional al demandante, correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de agosto de 2014.
13. Contra dicho acto administrativo el tutelante interpuso recurso de
reposición en el que solicitó a FONPRECON el reconocimiento y pago del
retroactivo pensional correspondiente al período comprendido entre el 13 de
mayo de 2010 y el 31 de julio de 2014, debido a las diferencias entre la pensión
convencional y lo no reconocido de la pensión de jubilación legal otorgada por la
Ley 33 de 1985.
14. Mediante la Resolución n.° 1017 del 18 de diciembre de 2014, la entidad
resolvió el recurso de reposición interpuesto, por medio de la cual confirmó la
Resolución 768. FONPRECON indicó que la pensión no podía ser diferente de la
fijada inicialmente, ya que el actor había recibido la mesada pensional
convencional durante el período reclamado. En este sentido, no era posible ser
titular de dos pensiones durante el mismo período.
15. En consecuencia, el actor inició un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República,
con el fin de que se revisara la legalidad de la Resolución n.°. 1017 del 18 de
diciembre de 2014, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución n.° 0768 del 10 de octubre de 2014, la cual negó el reconocimiento
del retroactivo pensional.
16. El proceso fue asignado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que, mediante sentencia del 15 de julio de
2021, negó las pretensiones de la demanda.
17. En contra de la anterior decisión, el accionante presentó recurso de
apelación. La alzada fue resuelta por el Consejo de Estado-Sección Segunda,
Subsección A, que, mediante sentencia del 14 de septiembre de 2023, confirmó
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el fallo del tribunal4.
18. La parte demandante interpuso acción de tutela contra la decisión
mencionada. El asunto fue asignado al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. mediante fallo del 8 de abril de 2024, declaró improcedente la
solicitud de amparo. El actor, en desacuerdo con esta resolución, presentó
impugnación.
19. El 23 de mayo de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó
la decisión anterior y, en su lugar, concedió el amparo5. Por consiguiente, ordenó
al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que emitiera una
sentencia complementaria en la que se pronunciara de fondo sobre los
argumentos presentados en la apelación respecto al «retroactivo pensional»
presuntamente generado entre el 13 de mayo de 2010 y el 31 de julio de 2014.
20. En cumplimiento de esta orden, la autoridad competente emitió fallo del 4
de julio de 2024, objeto del presente trámite de tutela. En dicho fallo, se confirmó
la decisión previamente dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que negó la solicitud de reconocimiento del
retroactivo pensional solicitado por el demandante6.
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En el recurso de apelación interpuesto por el actor se plantearon dos cargos, uno de ellos
relacionado con el derecho que consideró le asistía a que FONPRECON le reconociera el
retroactivo pensional que, a su juicio, se había causado entre el 13 de mayo de 2010 y el mes de
julio de 2013. No obstante, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, resolvió
negativamente dicho cargo, al considerar que el retroactivo pensional y su relación con la
compatibilidad o incompatibilidad entre ambas pensiones constituía un análisis extra petita. Ello,
por cuanto dicho aspecto no había sido objeto de discusión ni de pronunciamiento en sede
administrativa, ni había sido incluido en las pretensiones formuladas en la demanda inicial. En
consecuencia, señaló que este asunto no guardaba congruencia ni con lo solicitado ante la
administración ni con lo planteado en el medio de control.
5 Mediante fallo de acción de tutela identificado con el radicado 11001-03-15-000-2024-00900-
01, proferido el 23 de mayo de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, se amparó el
derecho fundamental al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad
social del señor Jesús Antonio Bernal Amorocho. En dicho fallo, se ordenó a la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado que dictara una sentencia complementaria en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el radicado 25000-23-42-000-
2016-02831-01, en la que se pronunciara de fondo respecto a los argumentos planteados
por el demandante en el recurso de apelación, específicamente en lo relacionado con el
“retroactivo pensional”, de conformidad con la ley, la jurisprudencia y el material probatorio que
obra en el expediente acumulado.
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En dicha sentencia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se pronunció de
fondo frente a los argumentos planteados por el demandante en el recurso de apelación, en lo
referente al retroactivo pensional. No obstante, la autoridad judicial confirmó la sentencia de
primera instancia del 15 de julio de 2021, que negó su reconocimiento. Fundamentó su decisión
en que, durante el período solicitado, ya se encontraba vigente una pensión convencional
reconocida mediante acto administrativo válido, lo cual impedía el pago de otra mesada que
cubriera la misma contingencia con base en los mismos tiempos de servicio. Indicó que fue el
propio actor quien solicitó la reactivación de dicha pensión convencional, generando efectos
legales y económicos que no podían ser subsanados con la simple devolución de los pagos
percibidos y, precisó que FONPRECON no era la entidad competente para resolver dicha
solicitud. Finalmente, concluyó que acceder al reconocimiento del retroactivo pensional implicaría
aceptar la validez simultánea de dos pensiones legal y fácticamente incompatibles.
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1.4. Sustento de la vulneración
21. La parte accionante mencionó que la decisión tomada por la autoridad
judicial el 4 de julio de 2024 vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo, a la salud y a una
vida digna. En particular, sostuvo que dicha decisión incurrió en los defectos de
violación directa de la Constitución, fáctico y sustantivo.
22. En relación con la violación directa de la Constitución, el accionante hizo
referencia a los artículos 48, 53 y 128 de la Carta Política, señalando que,
contrario a lo resuelto por la autoridad accionada, la seguridad social es un
derecho irrenunciable. En su opinión, la pensión no puede ser reducida sin una
base legal o jurisprudencial que lo permita. Afirmó que la autoridad accionada
debió aplicar el principio de favorabilidad en materia pensional, reconociendo el
retroactivo que establece la Ley 33 de 1985, pues esta era la opción más
favorable para él.
23. En cuanto al defecto fáctico, el actor consideró que la autoridad cometió
un error al valorar el material probatorio, ya que asumió incorrectamente que él
había ofrecido devolver los dineros recibidos de la UGPP por concepto de la
pensión convencional. En realidad, lo que solicitó fue el pago de la diferencia
entre la pensión convencional y la pensión legal establecida por la Ley 33 de
1985 para el periodo comprendido entre mayo de 2010 y julio de 2014.
24. Finalmente, sobre el defecto sustantivo, indicó que la autoridad no tuvo en
cuenta los artículos 31 del Decreto 31357 de 1968 y 88 del Decreto 1848 de
19698, que permiten que un empleado opte por la pensión más favorable en caso
de concurrencia de pensiones. Argumenta que la autoridad debió permitirle elegir
la opción más beneficiosa económicamente.
1.5. Trámite de la tutela
25. Mediante auto del 21 de noviembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó
notificar como entidad accionada al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
26. Igualmente, dispuso la vinculación como terceros con interés al Fondo de
Previsión Social del Congreso de la República. Adicionalmente, en los términos
del artículo 610 del Código General del Proceso, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
7 Artículo 31. «Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí.
El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas.»
8 Artículo 88. «Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre
sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga
económicamente.»
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27. Finalmente, se solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A que remitiera copia digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-2016-
02831-00/01.
1.6. Informes
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
28. Sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales del actor y que la
tutela era improcedente.
29. Al respecto, señaló que la providencia cuestionada fue dictada conforme
a la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto. Afirmó que la
providencia cuestionada se ajustó a derecho, ya que se fundamentó en una
interpretación razonable y motivada tanto de las pruebas aportadas al proceso
como del marco legal vigente.
30. Además, indicó que la decisión se basó en la imposibilidad, conforme a lo
establecido por la ley, de que dos pensiones con la misma naturaleza puedan
coexistir durante el mismo período de tiempo.
1.6.2. Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
31. Argumentó que el actor convirtió el mecanismo constitucional en una
instancia adicional al proceso ordinario, pues aseguró que, la inconformidad
planteada en la tutela se centró únicamente en la negativa al reconocimiento de
una diferencia en el monto de la mesada pensional, reiterando los mismos
argumentos presentados en las sentencias de primera y segunda instancia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.6.3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
32. Remitió copia digital del expediente ordinario.
1.7. Sentencia de primera instancia
33. Mediante sentencia del 31 de enero de 2025, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la solicitud de amparo,
tras considerar que no superó el requisito de relevancia constitucional.
34. Para fundamentar su decisión, indicó que las inconformidades planteadas
por el actor respecto de la providencia del 4 de julio de 2024 buscaban convertir
la acción constitucional en una tercera instancia. Explicó que los cargos
presentados no eran más que una discusión de carácter legal, junto con la
reiteración de los mismos argumentos planteados en el proceso ordinario, los
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cuales ya habían sido analizados y resueltos por la autoridad accionada.
1.8. Impugnación
35. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y
puso de presente que la sentencia impugnada incurrió en defectos sustantivo,
fáctico y violación directa de la constitución al no aplicar correctamente la Ley 33
de 1985
36. Finalmente, solicitó la revocatoria de la providencia impugnada y, en su
lugar, el acogimiento de las pretensiones planteadas en la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
37. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 31 de enero de
2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
39. La Sala advierte que el señor Jesús Antonio Bernal Amorocho se
encuentra legitimado en la causa por activa para reclamar la protección de los
derechos fundamentales invocados al ser la parte demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, es el titular de los
derechos fundamentales que estima vulnerados con las decisiones del 4 de julio
de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
40. Por su parte, esta Colegiatura advierte que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la
autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.3. Problema jurídico
41. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la
decisión de primera instancia proferida por el la Subsección A de la Sección
Tercera de esta corporación, conforme a lo planteado por la parte impugnante.
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42. Para ello, se deberá analizar si concurren los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados, se procederá a
dar respuesta al siguiente interrogante:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, vulneró los
derechos fundamentales cuya protección solicita el tutelante con ocasión de la
providencia proferida el 4 de julio de 20249?
43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la
relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) estudio del
caso en concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201210. Lo anterior, porque, hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema11. En la referida sentencia, se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales12.
45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.
46. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
9 Mediante el cual la autoridad accionada, en cumplimiento a la tutela proferida por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, dictó sentencia complementaria en la que confirmó la sentencia de
primera de instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que nególas pretensiones de reconocimiento del retroactivo pensional pretendido
por el señor Jesús Antonio Bernal Amorocho dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho promovida en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 31 de julio de
2012. Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González,
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
47. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declarará improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y (ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.
48. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
49. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia
constitucional y, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la
sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
50. Al respecto, esta Sección, en sentencia del 29 de septiembre de 2022,
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional13.
51. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó
que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los
criterios establecidos por la Corte Constitucional14 en la sentencia SU-215 de
2022, los cuales fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos
presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
13 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
14 Ver Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, entre otras.
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fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de
aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que
este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga
frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate
exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la
tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
52. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
53. Asimismo, enfatizó que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
54. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
55. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6. Relevancia constitucional en el caso concreto
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Demandante: Jesús Antonio Bernal Amorocho
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06148-01
56. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte
actora cuestiona la sentencia complementaria proferida el 4 de julio de 2024 por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se
decidió confirmar la sentencia de primera de instancia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó el
reconocimiento del retroactivo pensional pretendido por el señor Jesús Antonio
Bernal Amorocho dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República.
57. En este sentido, la parte tutelante, sostuvo que las providencias
cuestionadas incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de
la Constitución por las razones que se pasan a exponer.
58. Respecto a la violación directa de la Constitución, alegó que la decisión
tomada por la autoridad accionada vulneró su derecho a la seguridad social, un
derecho irrenunciable. Aseguró que la pensión no puede ser reducida sin una
norma legal o jurisprudencial que lo justifique, y que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, debió aplicar el principio de favorabilidad en
materia pensional, reconociendo el retroactivo correspondiente a la Ley 33 de
1985.
59. En cuanto al defecto sustantivo, argumentó que en la sentencia
cuestionada no se tuvo en cuenta el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 y el
artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, que permiten que un empleado opte por la
pensión más favorable en aquellas situaciones en las cuales se presenta una
concurrencia de pensiones. Además, sostuvo que, en los casos de
incompatibilidad, debe poderse escoger la pensión más beneficiosa en términos
económicos, lo que, a su juicio, no fue aplicado en el caso concreto.
60. En relación con el defecto fáctico, consideró que existió una indebida
valoración del material probatorio, específicamente en relación con la afirmación
de que había solicitado devolver el dinero recibido por la pensión convencional.
Señaló que, con la interposición del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, no buscaba la devolución de ese dinero, por el
contrario, lo que solicitó fue el pago de la diferencia entre la pensión convencional
y la pensión de la ley 33 de 1985, para el periodo comprendido entre mayo de
2010 y julio de 2014.
61. No obstante, lo anterior, esta Sala observa que el accionante no esbozó
ningún argumento dirigido a poner de presente la configuración del algún yerro o
arbitrariedad en la que hubiera incurrido la autoridad accionada al proferir la
providencia cuestionada. El señor Bernal Amorocho, se limitó a reiterar las
razones por las cuales, según su criterio, la autoridad accionada debió reconocer
el retroactivo pensional dispuesto por la Ley 33 de 1985, con base en la renuncia
que hizo a la pensión convencional.
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62. Sin embargo, estas consideraciones no evidencian, prima facie, una
cuestión de relevancia constitucional que amerite la intervención del juez
constitucional, pues los cargos formulados por el actor ya fueron analizados y
resueltos en el proceso ordinario por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, el cual sustentó cada una de sus determinaciones.
63. En este sentido, la autoridad accionada indicó que la decisión tomada en
la providencia cuestionada se basó en las normas vigentes para el caso concreto.
Expuso que acceder al retroactivo solicitado por el actor sería contrario a
derecho, ya que, según lo expuesto en el proceso ordinario, se determinó que el
demandante ya había recibido una mesada pensional del Fondo de Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que cubría el mismo riesgo de vejez
durante el periodo comprendido entre el 13 de mayo de 2010 y el 31 de julio de
2014, y que fue reconocida retroactivamente. Asimismo, reiteró que permitir el
pago del retroactivo pretendido implicaría la coexistencia de dos pensiones que
cubren la misma contingencia, lo cual está prohibido por la ley.
64. En consecuencia, esta Sala concluye que la sentencia del 4 de julio de
2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
cuestionada en el presente mecanismo constitucional, no fue adoptada de
manera caprichosa o arbitraria, sino con fundamento en las disposiciones legales
aplicables al caso.
65. Así pues, resulta evidente que los argumentos esbozados por la parte
actora son una simple manifestación de su inconformidad con las
consideraciones y conclusiones a las cuales llegó el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en la providencia del 4 de julio 2024, mediante la cual
confirmó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
66. Lo anterior evidencia que el verdadero propósito de la parte actora al
interponer esta acción constitucional no es la protección de derechos
fundamentales, sino cuestionar los fundamentos de una decisión judicial que
resultó adversa a sus intereses. Sus cuestionamientos giran en torno aspectos
de interpretación legal, buscando obtener una decisión favorable a sus
pretensiones, sin plantear un debate con relevancia constitucional que justifique
la intervención del juez de tutela.
67. En otras palabras, la Sala encuentra que el accionante no presentó
argumento alguno que demostrara por qué este asunto debía trascender las
instancias ordinarias ya agotadas para ser revisado por el juez de tutela. No
aportó fundamentos con la suficiente entidad para permitir un estudio de fondo
desde una perspectiva constitucional.
68. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia,
proferida el 31 de enero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
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Subsección C, en la que se declaró la improcedencia de la acción constitucional,
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de enero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la que se declaró
improcedente de la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con excusa
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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