Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06151-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06151-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06151-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-06151-011
Demandante : Andrea Marleny Flórez Vélez
Demandado : Tribunal Administrativo del Tolima
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso e igualdad
Tema : Tutela contra providencia judicial.
Decisión : Confirma sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia, en la acción de tutela incoada
por Andrea Marleny Flórez Vélez, quien actúa mediante de apoderado judicial en contra
del Tribunal Administrativo del Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la tutelante
frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
La accionante interpone esta acción de tutela, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales a la Igualdad y al debido proceso, presuntamente vulnerados
por el Tribunal Administrativo del Tolima.
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06151-01
Demandante: Andrea Marleny Flórez Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Por consiguiente, Solicitó:
«[…] ordenar que se profiera una nueva sentencia donde no se tenga en cuenta el literal C
del artículo 41 de la ley 909 de 2004, en el entendido que la causa de mejoramiento del
servicio no se puede invocar como una causal de retiro, ni mucho menos, para que de forma
abstracta se tenga por motivados los actos administrativos que declararon la insubsistencia y
en su defecto se tenga en cuenta el precedente judicial de la Corte Constitucional y el Consejo
Estado, frente al requisito de rigurosidad en la motivación de estos actos, dada la estabilidad
laboral relativa que ostentan los funcionarios que ocupan cargos de carrera administrativa en
provisionalidad; y así se ordene declarar la nulidad de los actos administrativos acusados y
se acceda a las pretensiones del restablecimiento del derecho invocadas en la demanda.»
1.3 Hechos2.
La accionante relató que, fue vinculada en provisionalidad en el Municipio de Honda -
Tolima, en el cargo de inspectora de policía, mediante el Decreto de posesión N° 097 del
8 de noviembre de 2010, a pesar de ser este un empleo de carrera administrativa. Que,
desde su posesión hasta la fecha de su desvinculación, no se le impuso ninguna sanción
disciplinaria relacionada con el cargo.
Que posteriormente, la alcaldía del municipio de Honda, mediante Decreto N°066 de
2018, declaró la insubsistencia del nombramiento como inspectora de policía de la señora
Flórez Vélez, motivada en el mejoramiento del servicio consagrado en el artículo 41 de
la Ley 909 de 2004. Que, contra dicho acto, interpuso recurso de reposición, indicando
que, la causal invocada no se contemplaba en la normatividad vigente. Sin embargo, éste
fue denegado mediante el Decreto 119 del 21 de septiembre de 2018, reiterando los
argumentos del primer acto administrativo e indicándole que el fundamento normativo era
el literal C del artículo 41 de la Ley 909 del 2004.
La accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitando la nulidad de los Decretos Ns° 066 del 18 de
junio de 2018 y 119 del 21 de septiembre de 2018. El estudio del proceso judicial le
correspondió al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, allí se le asignó el radicado
73001-33-33-009-2019-00171-00 y mediante sentencia del 3 de agosto del 2023, declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó el reintegro de la accionante
al cargo, fundamentado en que el artículo 41, literal C de la Ley 909 de 2004 desapareció
del ordenamiento jurídico.
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Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06151-01
Demandante: Andrea Marleny Flórez Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
La Alcaldía de Honda, interpuso un recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, el cual, fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima que, mediante
sentencia del 9 de mayo del 2024, revocó la decisión de primera instancia; para justificar,
sostuvo la tesis de la entidad territorial sobre el mejoramiento en el servicio e indicó que,
si bien, el acto que resolvió el recurso de reposición se fundamentó en el literal c del
artículo 41 de la Ley 909 del 2004, lo cierto era que, se podía interpretar que, en realidad
acudió al literal j de la misma norma.
1.4 Argumentos de la tutela.
La parte actora manifestó que, su inconformidad radica en que, la decisión del Tribunal
Administrativo del Tolima incurrió en un defecto fáctico y otro sustantivo por no haber
interpretado adecuadamente los Decretos N° 066 del 18 de junio de 2018 y N° 119 del
21 de septiembre de 2018 y por permitir que se aplique el literal c del artículo 41 de la
Ley 909, a pesar de haber sido declarado inexequible desde el 2005. Para ello indicó
que:
«El acto administrativo que declaró la insubsistencia de la señora ANDREA MARLENY
FLOREZ VELEZ no cumplió con el primer requisito, pues la causal invocada por mejoramiento
del servicio contemplada en el literal C del articulo 41 de la ley 909 de 2004, desapareció del
ordenamiento jurídico desde 2005, y la motivación no se configuró, pues una cosa es la causal
de retiro y la finalidad del acto y otra la motivación, en el presente caso los actos
administrativos quedaron falsamente motivados, pues si se estudia con detenimiento los
elementos de validez de los actos, estos no cumplen las exigencias del contenido material de
motivación, pues no quedaron sustentados sobre circunstancias particulares y concretas, no
hubo una motivación fáctica adecuada, pues solo se limitaron a motivar los decretos sobre
una causal de retiro mal planteada y sobre una razón indefinida y abstracta (mejoramiento del
servicio por un mejor perfil profesional), pues el nominador no fijó ningún fundamento concreto
que lleve a concluir que el servidor durante el ejercicio del cargo no cumplía con sus funciones
en debida forma o que estaba incurso en alguna presunta irregularidad, ni siquiera se
evidencia algún análisis objetivo en cuanto a su desempeño. Por otro lado, se puede
establecer que para el momento del nombramiento la accionante cumplía con los requisitos
para ocupar el cargo, así como también para la fecha de desvinculación, la experiencia como
inspectora de policía era de más de siete años y no había sido sancionada disciplinariamente.
[…]
Los magistrados del Tribunal Administrativo de Tolima […], aceptaron como normatividad
vigente la causal contemplada en el literal C del artículo 41 de la ley 909 de 2004, que señala
las causales de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa “c) INEXEQUIBLE. Por razones de buen
servicio, para los empleados de carrera administrativa, mediante resolución motivada;
Sentencia C-501 de 2005…..” De lo anterior, podemos manifestar que la causal invocada por
el representante legal del municipio de Honda en los actos administrativos que expidió para
desvincular a la señora ANDREA MARLENY FLOREZ VELEZ, y avalada por los Magistrados,
consistente en la mejora del buen servicio, LITERAL C DEL ARTIUCLO 41 DE LA LEY 909
DE 2004, fue declarada inexequible por la corte Constitucional, por consiguiente no podía ser
utilizada por los nominadores para desvincular a funcionarios».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06151-01
Demandante: Andrea Marleny Flórez Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, Sección Cuarta a través de
auto del 19 de noviembre del 20243, admitió la presente acción de tutela. En dicha
decisión, se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima como accionado y se
vinculó al Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué y al Municipio de Honda – Tolima,
como terceros interesados.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué4 se limitó a compartir el enlace del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-33-009-2019-
00171-00/01, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la tutela.
2.1.2 El Tribunal Administrativo del Tolima5 realizó un resumen de las decisiones de
primera y segunda instancia realizadas en el proceso con radicado 73001-33-33-009-
2019-00171-00/01, pero de cara a su providencia manifestó lo siguiente:
«Se indicó que conforme Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborarles del
Municipio de Honda y las disposiciones normativas que regulan la materia, para ostentar el
cargo de Inspector de Policía Nivel Técnico Código 303 categoría 3 a 6, se requería como
requisitos de estudios la terminación y aprobación de estudios de derecho, y de experiencia,
un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo.
Se expuso que la demandante había cumplido con el requisito de formación académica,
empero, no había acreditado la experiencia laboral exigida en el Manual de Funciones y
Competencias Laborales del municipio de Honda, habida cuenta que para el cargo en
cuestión se exigía un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo, y de
acuerdo al formato de hoja de vida allegado por la demandante, esta relacionó un (1) año y
dos (2) meses de experiencia como independiente, sin que obrara certificación alguna de
dicha experiencia como profesional del derecho; además se indicó, que conforme al
interrogatorio de parte rendido por esta se evidencia que la misma no acreditaba el requisito
de un año de servicios de experiencia relacionada, pues en el interrogatorio de parte que se
surtió en el curso de la audiencia de pruebas indicó “¿Dentro de la experiencia profesional, al
momento usted de posesionarse, poseía alguna de las alternativas que daba el Decreto 800
de 1.991; es decir, pues tenemos que usted ya era bachiller y estaba en decimo semestre,
pero usted había cumplido alguna función judicial, de policía administrativa. RESPONDE: No,
al momento no.”;
De acuerdo a lo anterior, se manifestó que la señora Andrea Marleny Flórez Vélez, no reunía
los requisitos para desempeñar el cargo de Inspectora de Policía Código 303 Grado 03, ya
que, no acreditó el tiempo de experiencia exigido en el Manual de Funciones y Competencias
Laborales del ente territorial accionado, tal como se expuso en el acto enjuiciado, en donde
se indicó que “solo había demostrado un año y dos meses de experiencia como
independiente».
3
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 5.
4
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 9.
5
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 11.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06151-01
Demandante: Andrea Marleny Flórez Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Finalmente solicitó que, las pretensiones sean negadas, al considerar que en la
providencia cuestionada no se incurrió en los defectos alegados.
2.1.2 La Alcaldía Municipal de Honda6 solicitó que, se declare la improcedencia de la
acción, al no cumplir con el requisito de inmediatez y al no haberse vulnerados los
derechos de la parte demandante.
Sostuvo que, la acción de tutela no puede utilizarse para reabrir debates jurídicos ya
resueltos en el proceso ordinario, debido a que, esto atentaría contra el principio de cosa
juzgada y la seguridad jurídica.
2.2 Sentencia de primera instancia.7
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante
sentencia del 12 de diciembre del 2024, negó las pretensiones de la acción de tutela al
considerar que no se configuró el defecto fáctico, sustantivo o desconocimiento del
precedente alegados; al respecto, indicó que:
«[Frente al defecto fáctico] A partir de lo anterior, la Sala advierte que el análisis de la
autoridad judicial demandada no se enmarca en una indebida valoración probatoria, por
cuanto no se separó de los hechos debidamente probados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ni se trata de una decisión que vaya en contravía de la evidencia
probatoria.
La autoridad judicial demandada tuvo en cuenta que la demandante no cumplía con los
requisitos para ocupar el cargo de inspectora de policía, código 303, grado 03, del municipio
de Honda, porque no acreditó por lo menos un año de experiencia relacionada, y que, por el
contrario, la persona que la reemplazaba acreditó que lo sobrepasaba. La Sala no desconoce
que el tribunal demandado consideró que esas razones se ajustaban a la causal de retiro por
mejoramiento del servicio, sin embargo, lo cierto es que esos fundamentos están relacionados
con la causal contenida en el literal j del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 , que permite la
revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del cargo,
razón principal por la que la autoridad judicial demandada decidió denegar las pretensiones
de la demanda.
Que contra la señora Andrea Marleny Flórez Vélez se había interpuesto, por parte de los
habitantes del municipio de honda, un sin número de quejas disciplinarias, relacionadas, entre
otras, por irregularidades en el cumplimiento de sus funciones y trato descortés con la
comunidad a la que debía servir. Que, este no había sido un fundamento de las resoluciones
demandadas, pero que debía tenerse en cuenta porque evidenciaban la calidad del servicio
que prestaba
[…]
sobre el defecto sustantivo relacionado con la sentencia C-501 de 2005 dictada por la Corte
Constitucional, la Sala no desconoce que en esa providencia se declaró inexequible el literal
c y el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, porque contenía connotaciones
6
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 12.
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Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 16.
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disciplinarias, debido a que esa causal de retiro del servicio configuraba una sanción y no de
una medida administrativa, sin embargo, lo cierto es que, como se vio, la aplicación de esa
causal no fue la razón principal para declarar la legalidad de los decretos demandados, puesto
que, se itera, obedeció al incumplimiento por parte de la señora Flórez Vélez de los requisitos
necesarios para ocupar el cargo de inspectora de policía y los argumentos sobre la deficiencia
en la prestación del servicio, que se evidenció con las quejas disciplinarias aportadas, solo se
tuvieron en cuenta como argumento de refuerzo en la sentencia.
sobre el desconocimiento del precedente previsto en las sentencias T-063 de 2022 y SU-054
de 2015, dictada por la Corte Constitucional y la sentencia del 2 de marzo de 2023, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso con radicado
47001-23-33-000-2014-00034-01, la Sala debe señalar que no resultan aplicables al caso
concreto porque se trata de supuestos facticos distintos a los estudiados en esta acción de
tutela».
2.3 Impugnación.
La accionante inconforme con la anterior decisión, recurrió la sentencia de primera
instancia, para ello, insistió en los argumentos expuestos en su acción de tutela, en los
que, alegó que en la providencia cuestionada se habían configurados los defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, por haber sido desvinculada del
cargo de inspectora de policía del municipio de Honda, sin que, existieran razones
objetivas para ello.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo 80 de 12
de marzo del 201911 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsección
es competente para conocer de la presente impugnación.
3.2 Problema jurídico.
Le corresponde a esta Subsección determinar, si la acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad; de ser así, se deberá establecer si a la accionante se le
están vulnerando sus derechos fundamentales la igualdad y al debido proceso, al no
valorarse adecuadamente en la providencia cuestionada, el contenido de los actos
demandados, al permitir la aplicación de una norma declara inexequible y, por
desconocer el precedente alegado, configurándose así, los defectos fáctico, sustantivo y
8
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
10
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
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“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
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desconocimiento del precedente respectivamente.
3.3 La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho12.
3.5 La acción de tutela contra providencia judiciale.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
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decisiones judiciales, teniendo en cuenta que, el reconocimiento al principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando
de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional;(ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
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irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible;(vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
providencia judicial y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual,
solamente si tiene indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo
de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente
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para controvertir decisiones judiciales13, rectificó su posición mediante sentencia de 31
de julio de 201214, en el sentido de disponer que, la acción constitucional es procedente
contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que, en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al
fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos15.
3.5 El debido proceso.
El artículo 29 de la norma Superior, establece que, este derecho se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. La garantía en comento implica que tanto las
autoridades administrativas como los jueces, se encuentran compelidos a ceñirse a las
normas constitucionales y legales, con lo cual, se garantizan a su turno, la protección y
realización de los derechos de las personas.
Conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional, el debido proceso comprende
plurales órbitas de incidencia:
a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o
actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley.
13
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
14
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
15
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
10
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c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la
lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a
dilaciones injustificadas o inexplicables.
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo
reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la
Constitución la tarea de administrar justicia ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones,
presiones o influencias ilícitas.16
Este derecho es una garantía de sujeción, que permite que se desarrollen otros derechos
como el de la igualdad ante la Ley o la dignidad humana, mientras que desarrolla una
serie de principios relacionados con la celeridad, la previsibilidad de las actuaciones
judiciales y el acceso a la administración de justicia, por lo que, su quebrantamiento afecta
uno de los núcleos esenciales que caracteriza al Estado de Derecho y en consecuencia
tiene la capacidad de justificar la intervención del juez de tutela.
3.6 Solución al caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, porque recae sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad de la tutelante; (ii) contra la decisión objeto
16
Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
11
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de censura no procede recurso alguno, dado que, fue emitida en sentencia de segunda
instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez
se satisface, teniendo en cuenta que, la providencia atacada adquirió ejecutoría el 21 de
mayo del 202417, y la solicitud de amparo se presentó el 13 de noviembre del 2024; y (v)
el fallo acusado no se profirió dentro de una acción de tutela.
Sea lo primero indicar, que la accionante alegó la configuración de tres defectos en la
providencia cuestionada, los cuales son:
(i) Defecto Sustantivo: porque el Tribunal Administrativo del Tolima no declaró la
nulidad de los actos acusados a pesar de estar fundamentados expresamente
en el literal c del artículo 41 de la ley 909 de 2004, norma excluida del
ordenamiento jurídico.
(ii) Defecto fáctico: por indebida valoración probatoria de las quejas presentadas en
su contra, la declaración de parte que rindió en el proceso ordinario y los medios
de convicción que daban cuenta que sí cumplía con la experiencia para ocupar
el cargo de inspectora de policía.
(iii) Desconocimiento del precedente: este cargo no fue debidamente desarrollado,
no se evidencia dentro del texto tutelar las razones indicadas frente al precedente
desconocido, por lo que, al no cumplir con la carga argumentativa mínima para
la procedencia del estudio de este tipo de acciones, no se analizará el cargo
propuesto.
Por ello, los defectos alegados se analizarán en ese estricto orden.
3.6.1 Violación al debido proceso por defecto sustantivo.
Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los jueces
se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades
judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan la
materia, como expresión del principio de legalidad.
17
Notificada el 14 de mayo según se evidencia en el expediente digital del proceso 73001-33-33-009-2019-00171-01, visible en el
siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=730013333009201900171017300123
12
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La jurisprudencia constitucional18 ha estimado que, la providencia judicial proferida con
desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:
«Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro
en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos constitucionales.»19
En el asunto sub examine, fue alegado que, la providencia cuestionada incurre en un
defecto sustantivo, por validar la desvinculación de la actora con la justificación de la
mejora en el servicio, cimentada en el literal c del artículo 41 de la Ley 909 del 2004,
norma declarada inexequible mediante la sentencia C 501 del 2005:
«[…] la vulneración de los derechos fundamentales de mi patrocinada consistió por parte de
los Magistrados de la Sala Oral del Tribunal Administrativo del Tolima, Doctores JOSE ALETH
RUIZ CASTRO, ANGEL IGNACIO ALVAREZ SILVA y BELISARIO BELTRAN BASTIDAS, al
darle una aplicación y/o interpretación al literal tercero del artículo 41 de la ley 909 de 2004 y
establecer validez a los actos administrativos que declararon insubsistente el nombramiento
de la señora MARLENY ANDREA FLOREZ VELEZ , considerando de manera errónea que
los decretos demandados quedaron debidamente motivados bajo la causal de orden legal del
mejoramiento del servicio»20.
Las formas de vincularse con el Estado, están previstas en el artículo 125 superior21, allí
se indicó que, por regla general los empleos en el Estado colombiano son en carrera,
excepcionalmente serán de libre nombramiento y remoción, elección popular o
trabajadores oficiales, pero, deja abierta la posibilidad de crear más denominaciones de
acuerdo con lo que llegue a determinar la Ley. En ese sentido, la Ley 909 del 2004 se
encargó de establecer tres modalidades de acceso al empleo público; inicialmente en el
18
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
19
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
20
La cita se reprodujo con todos los errores de ortografía y de sintaxis del texto original.
21
“ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de
libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso
público.
[…]”.
13
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artículo 2322 prevé el ingreso por carrera y por libre nombramiento y remoción como
desarrollo del artículo 125 superior.
Por su parte, el artículo 25 de la ley incluye el nombramiento en provisionalidad como
aquella modalidad en que un cargo que debe ser provisto en carrera, pero no pueda ser
provisto en dicha forma, es ocupado por una persona hasta tanto se adelante el concurso
respectivo:
«ARTÍCULO 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera
cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación
temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren
aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con servidores
públicos de carrera».
Dicho concepto fue ampliado por el Decreto 1083 del 2015, que en su artículo 2.2.5.3.3
abordó la posibilidad de nombrar en provisionalidad las vacantes temporales en los
empleos de carrera, así:
«ARTÍCULO 2.2.5.3.3 Provisión de las vacancias temporales. Las vacantes temporales en
empleos de libre nombramiento y remoción podrán ser provistas mediante la figura del
encargo, el cual deberá recaer en empleados de libre nombramiento y remoción o de carrera
administrativa, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.
Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con
empleados de carrera.
Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejerza un empleo de libre
nombramiento y remoción que en virtud de la ley se convierta en cargo de carrera. El carácter
se adquiere a partir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual deberá
ser provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente título,
mediante acto administrativo expedido por el nominador».
En esencia, cualquiera sea la modalidad de vinculación con el Estado, existen las mismas
obligaciones frente al empleo y el desempeño; así como, el derecho a percibir la
remuneración; sin embargo, esas modalidades se diferencian por el nivel de protección
que existe ante la desvinculación laboral. Dado que, los servidores de libre nombramiento
y remoción no requieren de actos motivados en dicha circunstancia, se puede afirmar
que, es el tipo de vinculación con la protección más incipiente, debido a que, así lo ha
determinado la jurisprudencia del Consejo de Estado de forma pacífica:
22
“ARTÍCULO 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio
de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales.
Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos
exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento establecido en esta ley.
Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido
seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el Título V de esta ley”.
14
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« Valga precisar que a partir de la sentencia SU-250 de 1998, la Corte Constitucional ha
sostenido que «pese al carácter eminentemente transitorio de este tipo de nombramientos,
las personas que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad gozan de cierta estabilidad
laboral, pues su desvinculación no puede hacerse de manera discrecional como está
permitido para los cargos de libre nombramiento y remoción».
Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la sentencia SU-917 de 2010, en la que se
indicó que es deber de la administración motivar los actos administrativos por los cuales se
declara la insubsistencia de los nombramientos de empleados en provisionalidad en cargos
de carrera administrativa. Sobre el particular, señaló «que respecto del acto de retiro de un
servidor público que ejerce un cargo en provisionalidad no puede predicarse estabilidad
laboral propia de los derechos de carrera, pero en todo caso el nominador continúa con la
obligación de motivarlo, al tiempo que el administrado conserva incólume el derecho a saber
de manera puntual cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión».
De igual manera, en sentencia SU-556 de 2014 dispuso que cuando se produce la
desvinculación de un servidor público nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera,
sin que el acto sea motivado, se desconocen los derechos fundamentales a la igualdad, al
mérito, de acceso a los cargos públicos, al debido proceso y a la estabilidad laboral relativa.
Este criterio fue asumido en sentencia SU-053 de 2015, en la que se reiteró que los actos de
retiro de los servidores que ejercen un cargo de carrera en provisionalidad deben ser
motivados, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa.
En igual sentido, sobre la declaración de insubsistencia del nombramiento de los empleados
que ostentan cargos en provisionalidad en la rama judicial, el Consejo de Estado, en
providencia del 26 de noviembre de 201844 reiteró lo expuesto en la decisión del 23 de
septiembre de 2010 [expuesta en líneas anteriores] según la cual, con la entrada en vigor de
la Ley 909 de 2004, los actos administrativos de insubsistencia de nombramientos de
empleados provisionales del sistema general de carrera deben contener una motivación
expresa, debido al mandato consignado en el parágrafo 2 del artículo 41 de la aludida norma,
según el cual la competencia para el retiro de los empleos de carrera, es reglada, de
conformidad con las causales establecidas en la Constitución Política y la ley y deberá
efectuarse mediante acto motivado, norma que resulta aplicable al régimen de la Rama
Judicial; todo, en vigencia de los derechos fundamentales a la igualdad, de defensa y al
debido proceso, así como el de estabilidad»23.
De otra parte, los empleados en carrera gozan de una mayor protección, porque las
causales para su desvinculación se encuentran contempladas en el literal 4 del artículo
125 de la Constitución Política24. Esto permite garantizar mayor estabilidad laboral al
empleado que accedió a un cargo a través del concurso de méritos.
Ahora, los empleados en provisionalidad tienen una estabilidad laboral relativa, podría
decirse que es un punto medio entre la discrecionalidad absoluta y la imposición de
requisitos estrictos para proceder con su desvinculación, al respecto esta Corporación,
ha indicado:
«- El retiro del servicio de empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, de
acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, es reglado, es decir que su
desvinculación es procedente solo y de conformidad con las causales previstas en la
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 24 de mayo de 2024,
radicación: 13001-23-33-000-2018-00636-01 (1440-2022).
24
“[…] El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las
demás causales previstas en la Constitución o la ley.[…]”.
15
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Constitución Política y la ley, y el acto administrativo que así lo disponga deberá ser motivado,
cuestión que no se verificó en este caso particular. Así las cosas, en atención a lo previsto en
los artículos 13, 123 y 125 de la Constitución Política, 3 y 41 de la Ley 909 de 2004 y 10 del
Decreto 1227 de 2005, es posible determinar que la falta de motivación de la declaratoria de
insubsistencia del nombramiento de quien ejerce un cargo en provisionalidad conduce
inexorablemente a la nulidad del acto por violación de normas superiores.
• La motivación de la decisión en virtud de la cual se declara la insubsistencia del
nombramiento debe estar contenida en el acto, y por la comunicación o manifestación
posterior a su expedición no se sustituye este requisito»25.
En el fallo cuestionado, el Tribunal Administrativo del Tolima analizó la norma y la
jurisprudencia respecto a las formas de vinculación laboral con el Estado, destacando
pronunciamientos de la Sección Segunda de esta Corporación sobre la motivación de los
actos administrativos cuando se da por terminado un nombramiento efectuado en
provisionalidad, y respecto a la no acreditación de los requisitos para ostentar un cargo,
para concluir que, éstos deben estar debidamente motivados y obedecer a razones de
interés general, atinentes al servicio prestado.
Seguidamente y después de valorar los actos administrativos acusados con las pruebas
aportadas y practicadas en el curso del proceso (manual de funciones, copia de la hoja
de vida de la demandante, de Christian David Rocha, las quejas disciplinarias
presentadas contra la Inspectora de Policía del municipio de Honda, el interrogatorio de
parte practicado a la señora Andrea Marleny Flórez), concluyó que:
«Conforme al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborarles del Municipio de
Honda y las disposiciones normativas señaladas en precedencia, se tiene que para ostentar
el cargo de Inspector de Policía Nivel Técnico Código 303 categoría 3 a 6, se requiere como
requisitos de estudios la terminación y aprobación de estudios de derecho, y de experiencia,
un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo.
Ahora bien, de acuerdo con las probanzas allegadas al proceso, la aquí demandante satisfizo
la formación académica exigida, sin embargo, no demostró empero la experiencia laboral
exigida en el Manual de Funciones y Competencias Laborales del municipio de Honda, habida
cuenta que para el cargo en cuestión se exige un (1) año de experiencia relacionada con las
funciones del cargo, y de acuerdo al formato de hoja de vida allegado por la demandante,
esta relacionó un (1) año y dos (2) meses de experiencia como independiente, sin que obre
certificación alguna de dicha experiencia como profesional del derecho; además conforme al
interrogatorio de parte rendido por esta se evidencia que la misma no acreditaba el requisito
de un año de servicios de experiencia relacionada, pues en el interrogatorio de parte que se
surtió en el curso de la audiencia de pruebas indicó “¿Dentro de la experiencia profesional, al
momento usted de posesionarse, poseía alguna de las alternativas que daba el Decreto 800
de 1.991; es decir, pues tenemos que usted ya era bachiller y estaba en decimo semestre,
pero usted había cumplido alguna función judicial, de policía administrativa. RESPONDE: No,
al momento no.”;
Queda claro entonces para la Sala, que la señora Andrea Marleny Flórez Vélez, no reunía los
requisitos para desempeñar el cargo de Inspectora de Policía Código 303 Grado 03, ya que,
se repite, no acreditó el tiempo de experiencia exigido en el Manual de Funciones y
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar. Sentencia del 24 de mayo de 2024.
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00636-01 (1440-2022)
16
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Competencias Laborales del ente territorial accionado, tal como se expuso en el acto
enjuiciado, en donde se indicó que “solo había demostrado un año y dos meses de
experiencia como independiente”.
Por su parte, el H. Consejo de Estado, ha señalado que la no acreditación de requisitos para
ostentar un cargo permite inferir indiscutiblemente una desmejora en el servicio, y por el
contrario, el cumplimiento de estos constituye una garantía de una eficiente prestación del
servicio público […]
Ahora bien, tal como se observa, la persona que remplazó en el cargo a la demandante, el
señor Cristian David Rocha Pérez, para la época de su nombramiento ya era abogado
especialista en derecho administrativo y tenía la siguientes experiencia por un periodo de 7
años: Sustanciador en la Inspección de Policía de Mariquita Tolima; Abogado de las oficinas
de tránsito de los Municipios de Mosquera y Cajicá; Asesor de recuperación de bienes fiscales
de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Honda; e Inspector de Policía en encargo del
Municipio de Honda.
De acuerdo a lo anterior, resulta claro, que quien fue designado en remplazo de la señora
Flórez Vélez, reunía no sólo los requisitos exigidos para el cargo sino excelentes condiciones
profesionales, así como su amplia experiencia profesional, acreditando suficiente idoneidad
en actividades relacionadas con el cargo a desempeñar.
Aunado a lo anterior, y como quedó demostrado en el acervo aprobatorio, fueron radicadas
ante el Ministerio Publico, múltiples quejas disciplinarias contra la aquí demandante por parte
de ciudadanos del Municipio de Honda y durante diferentes periodos (2016 al 2018),
relacionado con irregularidades en el ejercicio de sus funciones, por dilaciones injustificadas,
no resolución de trámites y recursos y trato descortés e indebido a los usuarios, este último
ratificado por la misma en el interrogatorio de parte, así .Por favor infórmele al Despacho por
qué o cuales eras las causas que dieron origen a estas quejas? RESPONDE: De pronto por
inconformidades de usuarios que asistían a la inspección. PREGUNTADO: ¿Inconformidades
como cuáles? RESPONDE: Que no estaban de acuerdo con, de pronto un trato que les daba
yo; circunstancias todas estas, que permiten concluir que tales irregularidades evidentemente
atentaban contra la prestación del buen servicio y contra el cumplimiento de los deberes
propios de dicho cargo, y si bien estas no fueron plasmadas en el acto de insubsistencia, las
mismas no pueden pasar por alto, máxime cuanto lo pretendido entre otras es el reintegro al
puesto de una funcionaria que como quedó expuesto, no cumplía a cabalidad con las
funciones propias de su cargo.
Conforme a lo anterior, encuentra esta Corporación que, tanto de los actos administrativos
enjuiciados, como de las probanzas allegadas al expediente, se advierte que los fundamentos
o las razones que motivaron la desvinculación de la demandante en el cargo que ostentaba,
obedecieron a razones del mejoramiento del servicio. […]».
Como se observa, en la providencia atacada se consignaron las razones legales y
jurisprudenciales que justificaron la decisión tomada, las cuales, consistieron en que, la
accionante no reunía los requisitos para desempeñar el cargo de Inspectora de Policía
Código 303, grado 03, y que, la persona que la remplazó, y por la cual, fue desvinculada,
no solo los cumplía, sino que también, tenía excelentes condiciones profesionales y
amplía experiencia, acreditando suficiente idoneidad en las actividades relacionadas con
el cargo a desempeñar.
Se expuso además que, se demostró que, contra la demandante fueron radicadas
múltiples quejas disciplinarias por parte de ciudadanos del municipio de Honda, durante
los períodos 2016 al 2018, relacionadas con irregularidades en el ejercicio de sus
17
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funciones, por dilaciones injustificadas, no resolución de trámites y recursos, y trato
descortés e indebido a los usuarios.
Siendo así, considera la Sala que, la providencia cuestionada no incurrió en un defecto
sustantivo como alega la accionante, pues en ella concluyó que, los actos administrativos
cuestionados no incurrieron en falsa motivación, que hubo un claro mejoramiento del
servicio, y que las razones expuestas por la administración accionada resultaron
ajustadas a la realidad fáctica, demostrables al momento de la expedición del acto
acusado.
Finalmente, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que efectúa el
juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos constitucionales fundamentales que haga necesaria su
intervención.
3.6.2 Defecto fáctico.
Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión»26.
La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra27.
Como ya se indicó, en el caso a estudio la accionante aduce que la providencia
cuestionada incurre en defecto fáctico, porque a su juicio al momento de realizar el control
de legalidad sobre los Decretos Nos. 066 del 18 de junio de 2018 y 119 del 21 de
26
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
27
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
18
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septiembre de 2018, tuvo en cuenta pruebas que no debieron ser consideradas para tal
fin, como, las quejas disciplinarias en su contra y el testimonio que ella rindiera.
De esas pruebas se concluyó, primero que, la señora Andrea Marleny Flórez no contaba
con la terminación y aprobación de estudios de derecho ni con el año de experiencia
relacionada con las funciones del cargo, que se requería conforme al manual específico
de funciones y competencias laborales del municipio de Honda para el ejercicio del cargo
de Inspector de Policía Nivel Técnico Código 303 categoría 3 a 6; y lo segundo que, no
ejercía sus actividades profesionales en debida forma.
Al proceso se aportaron las siguientes pruebas:
• Decreto 097 del 8 de noviembre del 201028, mediante el cual, el Alcalde Municipal
de Honda – Tolima, nombró en provisionalidad a la señora Andrea Marleny Flórez
Vélez en el cargo de Inspectora de Policía.
• Decreto 066 del 18 de junio del 201829, que declaró insubsistente el nombramiento
de la accionante en el cargo de Inspectora de Policía. Dicho acto se fundamentó
de la siguiente manera:
«Que la Sra. Flórez Vélez, ha cursado diez (10) semestres de la Carrera de Derecho sin
haber obtenido aún el título de Abogada que la acredite como profesional en su campo.
Que dentro de las funciones que desarrolla el Inspector de Policía del Municipio de Honda
se encuentra prestar los servicios relacionados con la atención y solución de las
contravenciones y querellas que la población denuncie ante la Inspección de Policía y
demás infracciones a la ley que sea de su competencia y las que no remitirlas a la
autoridad competente. Deberá contar además, con conocimientos en Derecho Policivo,
Código Nacional de Policía, Contravenciones y Conciliación.
Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica en establecer que el acto
administrativo por medio del cual se retira a un funcionario que ocupa un cargo en
provisionalidad deberá estar motivado. Al respecto, en sentencia SU 917 de 2010 el alto
tribunal manifestó: La Corte concluye que respecto del acto de retiro de un servidor público
que ejerce un cargo en provisionalidad no puede predicarse estabilidad laboral propia de
los derechos de carrera, pero en todo caso el nominador continúa con la obligación de
motivarlo, al tiempo que el administrado conserva incólume el derecho a saber de manera
puntual cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión. Asi mismo ha expresado la
Corte, que la motivación del acto de retiro de los empleados provisionales debe estar
motivada de forma clara y expresa, haciendo precisión de cuál es el argumento por el cual
se ejerce la facultad discrecional de la administración, sin que lo anterior implique que el
empleado en provisionalidad goce de estabilidad laboral en las mismas condiciones que
la tiene un empleado nombrado en propiedad. Al respecto, la jurisprudencia constitucional
se ha decantado por señalar que la estabilidad que tienen los empleados provisionales es
precaria, por lo que en ejercicio de la facultad discrecional, el Estado puede retirar del
28
Visible en el expediente judicial en SAMAI, índice 9, Archivo ZIP, carpeta “01PrimeraInstancia - 01CuadernoPrincipal”, PDF 01, folio
17.
29
Ibidem, folio 19.
19
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servicio a dichos funcionarios con la debida motivación del acto.
Que dentro de las razones válidas para retirar del servicio a un empleado público que
ocupe un cargo en provisionalidad se encuentra el mejoramiento del servicio conforme a
lo expresado en el artículo 41 de la ley 909 de 2004.
Respecto al mejoramiento del servicio, el Consejo de Estado ha expresado que "Para
gozar de los privilegios o prerrogativas propias e inherentes de la carrera, el servidor
público debe acceder al empleo mediante un concurso o proceso de selección y obtener
los resuliados minimos exigidos para tal efecto en las normas legales, en caso contrario,
la autoridad nominadora, respecto a nombramientos provisionales, puede ejercer la
facultad discrecional en aras de mejorar el servicio".
Del mejoramiento del servicio se destaca que es una condición objetiva, es decir, no debe
el nominador realizar una comprobación subjetiva de que quien entra al cargo vaya a
cumplir de mejor manera la función encomendada, sino que basta con que sus estudios y
experiencia acreditada a través de los correspondientes soportes muestren que en efecto
se va a mejorar el servicio.
En ese sentido, se encuentra que actualmente la funcionaria que ocupa el cargo de
Inspectora de Policía del Municipio de Honda, adjuntó una hoja de vida donde muestra
que cursó diez semestres de la carrera de derecho sin adquirir nunca el correspondiente
título de abogada. De igual manera, solo había demostrado un año y dos meses de
experiencia como independiente».
• Decreto 119 del 21 de septiembre del 201830, por medio del cual, se resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra el Decreto 066 del 18 de junio de ese año,
en el sentido de confirmar el acto acusado, al considerar que, la razón suficiente
para justificar el retiro de la accionante era la contenida en el literal C del artículo 41
de la Ley 909 del 2004, esto es «Por razones de buen servicio, para los empleados
de carrera administrativa, mediante resolución motivada».
Se indicó además que, los actos administrativos por medio de los cuales se
desvincula a una persona que desempeña un cargo en provisionalidad, deben ser
motivados, al respecto se consignó:
«[…] no existe ninguna ley o norma con fuerza material de ley que exonere a los
nominadores del deber de señalar las razones para el retiro de servidores públicos
nombrados en provisionalidad, por lo que debe apelarse a la regla general antes
mencionada sobre la motivación de los actos administrativos
[…] el artículo 125 de la Constitución señala que las causales de retiro de los servidores
públicos son las contempladas en la propia Carta Política o en la ley, de manera que el
administrado debe tener la posibilidad de conocer cuáles son las razones que se invocan
para su retiro cuando ejerce un cargo en provisionalidad».
• Formato único de hoja de vida, presentado por la señora Andrea Marleny Flórez
Vélez el 8 de noviembre del 201031, con el objeto de posesionarse en el cargo de
30
Ibidem, folio 22.
31
Ibidem, folio 98.
20
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Demandante: Andrea Marleny Flórez Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Inspectora de Policía en el Municipio de Honda, en la cual consta que, para el
momento de la posesión era bachiller, no había culminado sus estudios de
derecho y la misma contaba con 1 año y 2 meses de experiencia relacionada32.
• Certificación expedida por Luis Hernando Velásquez Bravo, el 25 de enero del
201033, donde consta que, la señora Andrea Marleny Flórez Vélez laboró para él
entre el 1 de julio del 2008 y el 16 de diciembre del 2008, cumpliendo funciones
de apoyo jurídico.
• Certificación expedida por la Universidad Católica de Colombia, el 7 de octubre
del 200934, mediante la cual se dejó constancia de las prácticas profesionales que
realizó la actora en medio de los consultorios jurídicos del programa de derecho
que se encontraba cursando.
• Manual específico de funciones para el cargo de Inspector de Policía del Municipio
de Honda - Tolima35, allí se indica que los requisitos de estudio mínimos son los
siguientes: «Terminación y aprobación de cuarto (4) años de educación básicas
secundaría y curso especifico, mínimo de sesenta (60) horas relacionadas con las
con funciones del cargo», mientras que, el requisito de experiencia exigido era de
1 año y relacionada con el cargo.
• Oficio 033 del 28 de marzo del 202236, en el cual, se encuentran copias de 5 quejas
disciplinarias del 2018, 4 del 2017, 3 del 2016, 1 del 2015, todas dirigidas contra
la señora Andrea Marleny Flórez Vélez en su calidad de Inspectora de Policía del
Municipio de Honda – Tolima.
• Constancia expedida por el Personero Municipal de Honda – Tolima, del 8 de
noviembre del 201837, en la que, se certificó que, para esa fecha, la actora no
contaba con sanciones disciplinarias en su contra.
• Interrogatorio de parte, rendido por la señora Andrea Marleny Flórez Vélez dentro
32
De conformidad con el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 del 2015, la experiencia adquirida previo a obtener el grado de profesional,
se tiene como experiencia relacionada.
33
Ibidem, folio 160.
34
Ibidem, folio 161.
35
Ibidem, PDF 02, folio 78.
36
Ibidem, carpeta “02PruebaParteDemandada”, PDF “002RtaSecGralGobiernoMunHonda”, folio 2.
37
Ibidem, folio 38.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
de la audiencia de práctica de pruebas del 9 de junio del 2022 38, en las que, se
destacan las siguientes afirmaciones vertidas:
«PREGUNTADO: ¿… por favor si le manifiesta al Despacho, si es cierto o no, que entre
el año 2010, en el cual usted se posesiono, a la fecha de producirse su retiro de la
administración, a usted le fueron notificadas algunas quejas que interpusieron usuarios de
la inspección de policía? RESPONDE: Quejas, sí. PREGUNTADO: ¿Por favor infórmele
al Despacho por qué o cuales eras las causas que dieron origen a estas quejas?
RESPONDE: De pronto por inconformidades de usuarios que asistían a la inspección.
PREGUNTADO: ¿Inconformidades como cuáles? RESPONDE: Que no estaban de
acuerdo con, de pronto un trato que les daba yo, o una respuesta a la queja que me daban,
no estaban conformes como yo fallaba. […] PREGUNTADO: ¿Por favor, señora Andrea
manifiéstele al Despacho si es cierto o no que al momento de la posesión, ¿cuál era su
nivel de estudios? RESPONDE: Yo había acabado materias de la facultad de derecho,
estaba presentado los preparatorios. PREGUNTADO: ¿Por favor manifiéstele al Despacho
si dentro del periodo en que usted como inspectora en el año 2010 al 2018, usted procedió
a informar a la entidad municipal la actualización de algún currículo académico suyo?
RESPONDE: Claro, siempre que pedía permiso para presentar los preparatorios me
tocaba pedirlo por escrito y “hice” sino estoy mal, hice un, espérate me acuerdo como se
dice, hice un como un seminario de conciliación. PREGUNTADO: Okey ¿Doctora, pero
usted le informo al despacho digamos, eh, el titulo obtenido o algo así, a eso me refiero
(…) usted le informo a la entidad que usted ya tenía el título profesional? RESPONDE: No
señora, no señora, pero el curso de conciliación, claro que sí. PREGUNTADO: ¿Aparece
entonces dentro de su hoja de vida, introducido por usted a la hoja de vida? RESPONDE:
Si, si porque yo pedía permiso para eso. PREGUNTADO: ¿Dentro de la experiencia
profesional, al momento usted de posesionarse, poseía alguna de las alternativas que
daba el decreto 800 de 1.991; es decir, pues tenemos que usted ya era bachiller y estaba
en decimo semestre, pero usted había cumplido alguna función judicial, de policía
administrativa. RESPONDE: No, al momento no».
En efecto, el Tribunal Administrativo del Tolima en la providencia cuestionada hizo una
valoración probatoria adecuada y acorde respecto a las pruebas aportadas, indicando
que:
«De acuerdo con las pruebas allegadas al encuadernamiento, procederá este Colectivo a
dilucidar el problema jurídico planteado y así determinar si los actos objeto de reproche judicial
están viciados de nulidad, tal como lo sentenció el operador jurídico primario, o si, por el
contrario, se encuentran ajustados a derecho tal como lo considera la entidad recurrente.
Para el efecto, deberá verificar esta Sala, si en los actos administrativos demandados, la
entidad territorial tuvo en cuenta criterios objetivos a efectos de declarar insubsistente el
nombramiento de la señora Andrea Marleny Flórez Vélez en el cargo de Inspectora de Policía
del municipio de Honda.
En tal sentido, y de acuerdo con las probanzas allegadas al proceso, se advierte que la señora
Andrea Marleny Flórez Vélez, mediante Decreto No 097 de 08 de noviembre de 2010, fue
vinculada en provisionalidad a partir de la misma fecha, en el cargo de Inspector de Policía
Código 303, Grado 03. Así mismo se encuentra acreditado en el plenario, que el alcalde del
municipio de Honda, mediante Decreto No 066 de 18 de junio de 2018, declaró insubsistente
el nombramiento de la señora Andrea Marleny Flórez Vélez, en el cargo de Inspector de
Policía Código 303, Grado 03
[…]
Igualmente, obra dentro del expediente el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales del Municipio de Honda, donde se advierte que para el cargo de Inspector de Policía
Nivel Técnico Código 303 Grado 03 se deben cumplir las funciones y requisitos que a
continuación se relacionan:
38
Ibidem, 01PrimeraInstancia - 01CuadernoPrincipal”, PDF 26, folio 1.
22
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06151-01
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[…]
Conforme al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborarles del Municipio de
Honda y las disposiciones normativas señaladas en precedencia, se tiene que para ostentar
el cargo de Inspector de Policía Nivel Técnico Código 303 categoría 3 a 6, se requiere como
requisitos de estudios la terminación y aprobación de estudios de derecho, y de experiencia,
un año de experiencia relacionada con las funciones del cargo. Ahora bien, de acuerdo con
las probanzas allegadas al proceso, la aquí demandante satisfizo la formación académica
exigida, sin embargo, no demostró empero la experiencia laboral exigida en el Manual de
Funciones y Competencias Laborales del municipio de Honda, habida cuenta que para el
cargo en cuestión se exige un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo,
y de acuerdo al formato de hoja de vida allegado por la demandante, esta relacionó un (1)
año y dos (2) meses de experiencia como independiente, sin que obre certificación alguna de
dicha experiencia como profesional del derecho; además conforme al interrogatorio de parte
rendido por esta se evidencia que la misma no acreditaba el requisito de un año de servicios
de experiencia relacionada, pues en el interrogatorio de parte que se surtió en el curso de la
audiencia de pruebas indicó “¿Dentro de la experiencia profesional, al momento usted de
posesionarse, poseía alguna de las alternativas que daba el Decreto 800 de 1.991; es decir,
pues tenemos que usted ya era bachiller y estaba en decimo semestre, pero usted había
cumplido alguna función judicial, de policía administrativa. RESPONDE: No, al momento no.”;
Queda claro entonces para la Sala, que la señora Andrea Marleny Flórez Vélez, no reunía los
requisitos para desempeñar el cargo de Inspectora de Policía Código 303 Grado 03, ya que,
se repite, no acreditó el tiempo de experiencia exigido en el Manual de Funciones y
Competencias Laborales del ente territorial accionado, tal como se expuso en el acto
enjuiciado, en donde se indicó que “solo había demostrado un año y dos meses de
experiencia como independiente”.
De la providencia atacada, se tiene que, el fallador de segunda instancia valoró las
pruebas aportadas y practicadas en el curso del proceso, a las que le otorgó el alcance
que estaba previsto en las mismas, de conformidad con el conflicto planteado en la
demanda y en la fijación del litigio, sobre todo en torno a dos circunstancias particulares,
la primera el cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo por cuenta de la
accionante y lo segundo, su desempeño en el mismo.
De cara al primer punto de análisis, el Tribunal resaltó que, durante el interrogatorio de
parte rendido por la señora Marleny Flórez la misma indicó que, para el momento de su
posesión solo cumplía con un año y dos meses de experiencia, lo que, a su juicio, no era
suficiente para que la actora se desempeñara en el cargo.
Por lo anterior, es evidente que la valoración probatoria fue acertada, lo que, no permite
configurar el defecto fáctico alegado; adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha
sido clara frente al deber de motivación de los actos administrativos de desvinculación
del personal nombrado en provisionalidad en cargos de carrera administrativa, al indicar
que las razones para desligar al funcionario deben ser claras y expresas, de modo que
ello permite mantener el respeto por el deber de publicidad:
«Por otra parte, los funcionarios que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, gozan
23
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de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica que el acto administrativo por
medio del cual se efectúe su desvinculación debe establecer únicamente las razones de la
decisión, lo cual para este Tribunal Constitucional constituye una garantía mínima derivada
del derecho fundamental al debido proceso y al principio de publicidad»39.
Ahora, sobre la segunda valoración que realizó el Ad Quem ordinario, se tiene que, le dio
valor probatorio a las quejas disciplinarias que demostraban una prestación del servicio
público deficiente. En punto a esta valoración, el Tribunal concluyó que, las
inconformidades expuestas por los usuarios del servicio, demostraban un deficiente
desempeño por parte de la ex inspectora de policía, debido a que las mismas eran
indicios de ese hecho. Vale recordar que por expresa disposición de los artículos 21140 y
30641 del CPACA, nos permite acudir al CGP en materia probatoria. En dicho compendio
legal, se regula en los artículos 240 y 242 lo referente a la existencia de indicios y su
apreciación de la siguiente forma:
«Artículo 240. Requisitos de los indicios. Para que un hecho pueda considerarse como indicio
deberá estar debidamente probado en el proceso.
[…]
Artículo 242. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo
en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás
pruebas que obren en el proceso»42.
En ese mismo sentido, esta Corporación ha referido que, la prueba indiciaria en los
procesos que se surten ante la jurisdicción contencioso-administrativa se ciñen por ese
marco normativo:
«Al respecto, el artículo 240 CGP determina que para que un hecho pueda considerarse como
indicio deberá estar debidamente probado en el proceso. Solo en ese caso, el juez debe
apreciarlos en conjunto y en consideración de su gravedad, concordancia y convergencia, y
su relación con las demás pruebas que obren en el proceso —artículo 242»43.
Por su parte, la Corte Constitucional ha determinado que de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado44, la prueba indiciaria debe apreciarse en conjunto,
39
Corte Constitucional, sentencia T 464 de 2019.
40
“ARTÍCULO 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento
Civil”.
41
“ARTÍCULO 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”.
42
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. C.P.: William Barrera Muñoz. Sentencia del 3 de febrero de 2025, radicación:
68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321).
43
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: William Barrera Muñoz. Sentencia del 3 de febrero de
2025, radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321).
44
Consejo de Estado, sección Tercera, sentencias de 3 de octubre de 2007, Exp. 19286; 23 de mayo de 2008, Exp. 15237; 10 de
marzo de 2011, Exp. 18722; 22 de junio de 2011, Exp. 18592; 22 de noviembre de 2012, Exp. 26657; 6 de diciembre de 2013, Exp.
30814; 10 de septiembre de 2014; Exp. 29186; 5 de marzo de 2015, Exp. 32955; 2 de mayo de 2016, Exp. 37755; 29 de agosto de
2016, Exp. 37185
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como si se tratara de un camino lógico que se debe seguir para la valoración de este
elemento, porque en su concepto deben atravesarse tres puntos concretos:
«(i) Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que
se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el
cual debe estar debidamente probado en el proceso,
(ii) una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para
la elaboración del razonamiento,
(iii) una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que
hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido
que se pretende probar,
(iv) el hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental»45.
En efecto, dentro del proceso judicial se demostró la existencia de esas quejas
interpuestas ante distintos órganos de vigilancia46, por lo que los hechos indicadores
están, las reglas de la experiencia indican que la existencia de estas, no siempre obedece
a conductas efectivamente sancionables, pero si son evidencia de la inconformidad
palpable de quienes acudían al servicio que la accionante prestaba.
Se concluye que, el Tribunal accionado realizó una valoración probatoria de manera
integral, acorde a los elementos allegados al expediente, lo que se evidencia en realidad,
es una inconformidad de parte de la accionante respecto al resultado del proceso, al ser
contrario a sus intereses, por lo que, no se configura el defecto fáctico alegado.
Finalmente, ha de recordarse que, las autoridades judiciales cuentan con independencia
judicial y el juez de tutela debe ser respetuoso de la misma47, por ello es necesario
respetar la interpretación y la valoración hecha por el juez ordinario, que en últimas es
quien conoció el proceso y tuvo contacto directo con la práctica probatoria, solo en el
caso de un actuar evidentemente injusto debe intervenir el juez de tutela.
IV. DECISIÓN
Una vez estudiado el fondo del asunto, la Sala confirmará la sentencia del 12 de
diciembre del 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que negó la
acción de tutela.
45
Corte Constitucional. Sentencia SU-060 de 2021
46
En particular la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Honda.
47
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 2021.
25
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06151-01
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre del 2024, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
26
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