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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2018-00917-01

Fecha
3 de febrero de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2018-00917-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme este fallo DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-33-000-2018-00917-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

3 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto: Reparación directa

APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación art. 187 CPACA. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS-
Régimen jurídico aplicable. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS-Presupuestos para la configuración
de la responsabilidad del Estado. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS-Prueba indirecta mediante
indicios. TESTIMONIO-Crítica testimonial. TESTIGO DE OÍDAS-Valoración probatoria. INDICIOS-Apreciación
de prueba indiciaria. NEXO CON EL SERVICIO-Debe acreditarse que el daño se produjo en circunstancias que
constituyen expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público. RIESGO DEL SERVICIO-Los
militares y policías profesionales asumen el riesgo de sufrir daños en cumplimiento de su deber cuando asumen
el cargo.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 30 de enero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Evelia Calderón Castro, Raúl Fernando, Enver Eduardo, Carlos Alberto y Adriana
García Gaviria acudieron a la jurisdicción para que se declare la responsabilidad
patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por la presunta
desaparición forzada de Luis Fernando Aranzales Caldas.

ANTECEDENTES

La demanda

El 8 de noviembre de 2018 1, Evelia Calderón Castro, Raúl Fernando, Enver
Eduardo, Carlos Alberto y Adriana García Gaviria, a través de apoderado judicial,

1 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo
0006ActaReparto

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

presentaron demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional, para que se hicieran las siguientes declaraciones (se transcribe
de forma literal, con posibles errores):

DECLARACIONES

Declarar que la Nación – Ministerio De Defensa - Ejército Nacional es administrativa
y patrimonialmente responsable por los daños y perjuicios materiales e inmateriales
ocasionados a los demandantes con la desaparición del señor LUIS FERNANDO
ARANZALES CALDAS (u ORLANDO SARCÍA GONZÁLEZ), en hechos ocurridos el
18 de junio de 1986 en la ciudad de San Gil.

CONDENAS

Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO
NACIONAL a reconocer y pagar a los demandantes indemnización por los
PERJUICIOS MORALES a ellos ocasionados con la desaparición del señor LUIS
FERNANDO ARANZALES CALDAS (u ORLANDO GARCÍA GONZÁLEZ), en los
siguientes montos, expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes:

DEMANDANTE CALIDAD MONTO
EVELIA CALDERÓN CASTRO (ó DEYANIRA GAVIRIA ó
Esposa 300 smlmv
DEYANIRA GAVIRIA DE GARCIA)
RAÚL FERNANDO GARCÍA GAVIRIA Hijo 300 smlmv
ENVER EDUARDO GARCÍA GAVIRIA Hijo 300 smlmv
CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVTRIA Hijo 300 smlmv
ADRIANA GARCÍA GAVIRIA Hijo 300 smlmv

Condenar a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL a
reconocer y pagar a los demandantes indemnización por los PERJUICIOS
MATERIALES ellos ocasionados con la muerte de LUIS FERNANDO ARANZALES
CALDAS (u ORLANDO GARCÍA GONZÁLEZ) en los montos que resulten de
aplicar las fórmulas acogidas por el Consejo de Estado, señaladas en
capítulo aparte, expresados en pesos colombianos, a partir de la siguiente
base de liquidación, que deberá actualizarse al momento de la liquidación de la
condena:

INGRESO BASE
DEMANDANTE CALIDAD PARA HACER LA
LIQUIDACIÓN
EVELIA CALDERÓN CASTRO (ó DEYANIRA
Esposa $1.992.395
GAVIRIA ó DEYANIRA GAVIRIA DE GARCIA)
RAÚL FERNANDO GARCÍA GAVIRIA Hijo $498.098,87
ENVER EDUARDO GARCÍA GAVIRIA Hijo $498.098,87
CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVTRIA Hijo $498.098,87
ADRIANA GARCÍA GAVIRIA Hijo $498.098,87

El monto que corresponda a la señora EVELIA CALDERÓN CASTRO (ó
DEYANIRA GAVIRIA ó DEYANIRA GAVIRIA DE GARCÍA), esposa del
desaparecido, deberá acrecerse con lo correspondiente a los hijos a medida que
éstos cumplen 25 años, así:

FECHA EN
% PARA LA VALOR BASE
QUE
ESPOSA DEL LIQUIDACIÓN
NOMBRE FECHA DE CUMPLIÓ 25
DESAPARECIDO ESPOSA
HIJO NACIMIENTO AÑOS Y SU
DESDE ESA DESDE ESTA
% PASA A
FECHA FECHA
ACRECER

2

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

EL % DE SU
MAMÁ
RAÚL
FERNANDO
SARCIA 11 mayo
11 mayo 1975 12.57% adicional $498.098,87
SAVIRIA (o 2000
ARANZALES
CALDERÓN)
EMBER
EDUARDO
SARCIA 14 febrero
4 febrero 1978 12.57% adicional $498.098,87
SAVIRIA (o 2003
ARANZALES
CALDERÓN)
CARLOS
ALBERTO
SARCÍA
9 marzo 1980 9 marzo 2005 12,57% adicional $498.098,87
SAVIRIA (o
ARANZALES
CALDERÓN)
ADRIANA
SARCIA
14 noviembre 14 noviembre
SAVIRIA (o 12,57% adicional $498.098,87
2010 2010
ARANZALES
CALDERÓN)

Condenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL a
reconocer y pagar a los siguientes demandantes indemnización por ALTERACIÓN
A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA (o como se denomine por la ley o la
jurisprudencia al momento de la sentencia) a ellos ocasionados con la desaparición
del señor LUIS FERNANDO ARANZALES CALDAS (u ORLANDO SARCIA
GONZÁLEZ, en los siguientes montos, expresados en salarios mínimos legales
mensuales vigentes:

DEMANDANTE CALIDAD MONTO
EVELIA CALDERÓN CASTRO (ó DEYANIRA GAVIRIA ó
Esposa 200 smlmv
DEYANIRA GAVIRIA DE GARCIA)
RAÚL FERNANDO GARCÍA GAVIRIA Hijo 200 smlmv
ENVER EDUARDO GARCÍA GAVIRIA Hijo 200 smlmv
CARLOS ALBERTO GARCÍA GAVTRIA Hijo 200 smlmv
ADRIANA GARCÍA GAVIRIA Hijo 200 smlmv

ORDENAR que las sumas que integran la condena se paguen conforme a la
indexación acogida por el Consejo de Estado.

ORDENAR que las cantidades reconocidas a título de condena a cargo de la
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, devenguen
intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la ejecutoria de la sentencia y se
paguen en los términos y plazos previstos en los artículos 192 y 195 del CPACA y
normas concordantes.

Como fundamento de las anteriores pretensiones, la parte actora expuso como
hechos de la demanda que Luis Fernando Aranzales Caldas trabajó para el
Ejército Nacional desde el 16 de marzo de 1979, como informante. Desde el 16 de
mayo de 1983 fue nombrado en el cargo de Agente de Inteligencia y tomó posesión
desde el 15 de junio siguiente. Para el desarrollo de sus labores, se le cambió la
identidad y la de sus familiares. A la víctima se le asignó el nombre de Orlando

3

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

García González, a su esposa Deyanira Gaviria de García y a sus hijos Raúl
Fernando, Enver Eduardo, Carlos Alberto y Adriana García Gaviria. Luis Fernando
Aranzales Caldas proveía económicamente por su esposa e hijos. Las labores de
inteligencia que desempeñaba la víctima consistieron en infiltrarse en la cúpula de
la Regional de Oriente del grupo subversivo Movimiento 19 de abril – M19, y dar
información de sus cabecillas y recuperar el armamento.

Los demandantes afirmaron que, desde el 18 de junio de 1986, en el desarrollo de
una misión en el municipio de San Gil, desapareció Luis Fernando Aranzales
Caldas. Citaron unos informes rendidos por miembros del Ejército Nacional en el
que se informó de la desaparición del agente de inteligencia y que, a pesar de hacer
indagaciones e investigaciones para dar con su paradero, no se obtuvieron
resultados positivos e, inclusive, se detectó que otros cabecillas de la organización
guerrillera también desaparecieron. Dichos informes, además, endilgaron la
responsabilidad del desaparecimiento «por acción directa del enemigo».

A pesar de lo anterior, los demandantes relataron que la esposa del desaparecido
acudió en varias oportunidades a la Quinta Brigada del Ejército Nacional para
solicitar información sobre el paradero de su esposo y, en algunas oportunidades,
los mandos militares le advirtieron que «dejara de preguntar porque podía correr la
misma suerte». Además, señalaron que recibió varias llamadas con tono de
amenaza o desinformando sobre el paradero de su esposo. Según la parte actora,
de esas intimidaciones, se concluyó que los causantes de la desaparición de Luis
Fernando Aranzales Caldas fue el Ejército Nacional.

Como consecuencia de lo anterior, indicaron los demandantes que se acudió ante
la Procuraduría Delegada Regional de Santander, la Justicia Penal Militar, la
Fiscalía General de la Nación, la Consejería para la Defensa, protección y
Promoción de los Derechos Humanos y ONGs como la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos-ASFADDES y Amnesty International de Mothey en Suiza,
para obtener ayuda en obtener información sobre el paradero de Luis Fernando
Aranzales Caldas. Según las investigaciones adelantadas por ASFADDES, citadas
en el cuerpo de la demanda, el desaparecimiento de la víctima fue posterior a haber
sido detenido con un cabecilla del M-19 por miembros de la Quinta Brigada del
Ejército Nacional, en ropa de civil, y conducidos al municipio de Socorro. En ese
informe se indicó que el Ejército Nacional reconoció haber adelantado un operativo
que dio con la captura de dos personas, pero negó que fueran Luis Fernando

4

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

Aranzales Caldas y el cabecilla del M-19, sino Camilo Perdomo y Antonio Silva
Uribe, quienes fueron dejados en libertad el día siguiente por falta de pruebas en su
contra.

Según los demandantes, incluso si Luis Fernando Aranzales Caldas fue
desaparecido por el grupo guerrillero del M-19, es responsabilidad atribuible al
Ejército Nacional por materializarse los supuestos del riesgo excepcional y la falla
del servicio. Argumentaron que las misiones eran impuestas por los superiores de
la víctima, sin darle un respaldo de seguridad o de reacción inmediata ante cualquier
riesgo del agente y no se realizaron actividades de búsqueda eficientes,
permanentes y eficaces para dar con el paradero del agente.

El 30 de noviembre de 2018 2, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la
demanda y ordenó su notificación.

Contestación de la demanda 3

La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de
la demanda. Propuso como excepción la caducidad de la acción, pues no se trata
de un acto de lesa humanidad, en los términos del Estatuto de Roma, que exige que
los actos sean generalizados o sistemáticos contra una población civil. Manifestó
que, «Luis Fernando Aranzales Caldas fue declarado muerto por desaparecimiento
provisionalmente y liquidados sus servicios ante el Ejército Nacional, situación que
era de pleno conocimiento de la hoy actora Elvia Calderón».

También se opuso a las pretensiones con base en la inimputabilidad por riesgo
propio del servicio. Según ese argumento, Luis Fernando Aranzales Caldas se
vinculó de forma voluntaria a la institución militar como agente de inteligencia
infiltrado, lo que implica que era consciente de la labor y riesgos asociados. En ese
sentido, manifestó la demandada que, aunque se probó el daño con la desaparición
del agente, no se incurrió en ninguna falta que implicara un aumento de los riesgos
que debía soportar como agente de inteligencia, ni se faltó en las labores propias
de la institución previas y posteriores al desaparecimiento. Al respecto, cuestionó
que en la demanda se presentan varios hechos como causantes del daño, cuando

2 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo
0007AutoAdmiteDemanda.
3 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0013ContestacionDemanda.

5

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

en realidad es que el desaparecimiento se dio después de que el agente salió de su
casa a trabajar en la mañana del 18 de junio de 1986. Denunció que, pretender
asociar la desaparición con las labores realizadas en la tarde de ese día por
miembros del Ejército es una forma de buscar provecho económico, endilgando el
daño a la Nación.

Adicionalmente, la parte demandada propuso la inimputabilidad del daño sufrido por
los demandantes frente al Ejército Nacional. Sostuvo que, del mismo escrito de la
demanda, se presentaron dos versiones de la desaparición de Luis Fernando
Aranzales Caldas y aun así manifiestan que, en ambos casos, la responsabilidad es
de la Nación sin prueba alguna que así lo avale. Concluyó la parte que «no tuvo
injerencia alguna ni por acción u omisión en su desaparecimiento».

Sentencia de primera instancia 4

En sentencia del 30 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander negó
las pretensiones de la demanda. Consideró que se debía estudiar de fondo el
asunto, pues no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, por tratarse de una
desaparición forzada y no haber aparecido la víctima ni existir sentencia judicial que
declare su muerte presunta, en los términos del artículo 164.2 del CPACA. El
Tribunal concluyó que no había discusión sobre la existencia del daño —la
desaparición de la víctima desde el 18 de junio de 1986—; sin embargo, afirmó que
no existen pruebas que demuestren o acrediten la participación por acción u omisión
de los miembros del Ejército Nacional, que le atribuyan la responsabilidad.

Lo anterior lo sustentó en que no se demostró la veracidad de las amenazas o
informes de otras autoridades que sustentaran que la esposa de la víctima fue
intimidada por miembros de la parte demandada, ni se presentaron denuncias por
esos hechos. Tampoco existe prueba que acredite una acción u omisión del Ejército
como causante de la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas, como lo
sería una orden irregular impartida por algún superior que lo expusiera a un riesgo
mayor o distinto al que ya tenía como agente infiltrado e infórmate del grupo
subversivo o una actuación concreta que lo hubiera puesto en esa situación.

4 SAMAI, índice 112 de primera instancia.

6

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

Recurso de apelación 5

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Solicitó revocar la decisión y declarar la responsabilidad de la entidad
demandada por el desplazamiento de Luis Fernando Aranzales Caldas.

Argumentó que sí se demostró «documental y testimonialmente» que la
desaparición fue posterior a una misión desarrollada por el Ejército Nacional en el
municipio de San Gil, que resultó con la captura del agente y un cabecilla del M-19,
quienes fueron trasladados al municipio de Socorro y que eso fue lo último que se
supo del paradero de la víctima. Reiteró que, después de ese suceso, el Ejército
Nacional asumió un comportamiento indolente y de persecución hacia los
demandantes. A pesar de ello, reconoció que en esa clase de eventos se está ante
una dificultad probatoria de las víctimas y no se puede exigir un rigor probatorio tan
estricto, por lo cual se debe acudir a la prueba indiciaria. También solicitó la
aplicación del concepto de garante para imputarle responsabilidad a la Nación.

Afirmó que no se tiene pleno conocimiento de las circunstancias que rodearon la
desaparición de la víctima, pues no existen testigos presenciales que corroboren
que fue ingresado al Batallón militar en el municipio de Socorro. No obstante,
aseguró que sí hay certeza de que la última vez que fue visto con vida estuvo
acompañado por miembros del Ejército Nacional, que lo habían retenido.

Trámite de segunda instancia

El 18 de marzo de 2024 6, el Tribunal concedió el recurso de apelación y el 19 de
junio de 2024 7, el Despacho ponente admitió el recurso y ordenó ingresar el
expediente para fallo, a menos que alguna de las partes solicitara pruebas durante
la ejecutoria de esa providencia, de conformidad con el artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Como eso no ocurrió, el
expediente ingresó para fallo el 8 de mayo de 2024 8.

A pesar de lo anterior y que con las modificaciones introducidas al artículo 247.5 del
CPACA por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, se prescindió de la etapa de

5 Cfr. SAMAI, índice 115 de primera instancia.
6 SAMAI, índice 117 de primera instancia.
7 SAMAI, índice 3.
8 SAMAI, índice 10.

7

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

alegatos de conclusión en segunda instancia, la parte demandada presentó
pronunciamiento con respecto al recurso de apelación 9. Por tanto, no se tendrá en
cuenta.

El Ministerio Público guardó silencio, a pesar de haber sido notificado en debida
forma del auto que admitió el recurso de apelación 10.

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 8 de noviembre de 2018 11, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP),
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso-administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda
instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA,
según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión
material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA,
esto es, $390.621.000 12.

9 SAMAI, índice 9.
10 SAMAI, índices 7 y 8.
11 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo
0006ActaReparto
12 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2018 ($781.242) por 500. La pretensión mayor

(artículo 157 CPACA) fue estimada en la suma de $498.098,87.

8

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

Medio de control procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato o un acto administrativo 13. En este caso, el daño que se reclama
proviene de hechos imputables a la fuerza pública.

Legitimación en la causa

4. Evelia Calderón Castro, Raúl Fernando, Enver Eduardo, Carlos Alberto y Adriana
García Gaviria están legitimados en la causa por activa, pues son la esposa e hijos
de la víctima de desaparición forzada, respectivamente 14.

La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional está legitimada en la causa por
pasiva, pues es la entidad a la que se le atribuye la desaparición de Luis Fernando
Aranzales Caldas.

Demanda en tiempo

5. En los eventos de desaparición forzada el término para formular pretensiones, en
procesos de reparación directa, según el segundo inciso del literal i del artículo
164.2 del CPACA es de dos años, que se cuentan a partir de la fecha en que
aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado
en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda
intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la
desaparición. La demanda se interpuso en tiempo —8 de noviembre de 2018 15—
porque la víctima del delito no ha aparecido y tampoco se ha proferido fallo definitivo
en las investigaciones penales correspondientes 16.

13 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303
[fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].
14 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, páginas 9-18.
15 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0006ActaReparto
16
SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo
0061AnexosRespuestaOficio548Reparto.

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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

Problema jurídico

6. Corresponde a la Sala determinar si la desaparición forzada de Luis Fernando
Aranzales Caldas es imputable a la entidad demandada.

Análisis de la Sala

7. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el
asunto de conformidad con el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del
artículo 306 del CPACA, es decir, únicamente respecto a las razones de
inconformidad con la sentencia de primera instancia.

El daño, presupuesto de la responsabilidad patrimonial del Estado

8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por
la acción o la omisión de las autoridades. En desarrollo de este postulado
constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado,
corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando debidamente
demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos de imponer la
eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En ese orden y para
satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial del Estado, el primer
elemento que debe analizarse es la configuración de un daño sin cuya existencia
resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás requisitos estructurales
de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio de imputación que
incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces del artículo 90
constitucional.

De esta manera, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un
interés legítimo 17 y lícito 18 es el primer elemento que debe quedar certera y

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente 61.340
18 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los intereses lícitos de

una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos,
que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la
posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil
–imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de
la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral,
universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el
artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas
las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia,

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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya existencia
y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la doctrina
nacional expone:

[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de
que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de
ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y
juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar,
hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la
calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil 19.

El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto 20, es decir, que su existencia
sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 21. Y también debe
ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.

Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del CGP, prescribe: «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los
hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba».
De ahí que no es suficiente que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la
existencia del daño, porque el demandante no puede limitarse, si quiere sacar
avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio 22.

Responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de personas

9. El artículo 12 de la Constitución Nacional prevé que nadie será sometido a

n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual del Estado”. XVI jornadas
internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
19 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan

Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No. 13.186 «…el

perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio
indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el
perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas
producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública».
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000, Expediente
No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad del
daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral reclamado porque no
se probó su existencia.”
21 Henao Pérez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio 1998, P. 88 y

104
22 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802 [fundamento

jurídico 4.3].

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Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

desaparición forzada. Dicha prohibición también está prevista en el derecho
internacional. Al respecto, la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, adoptada el 9 de junio de 1994 e incorporada por la Ley 707
de 2001, obliga a los Estados parte a no practicar, permitir o tolerar la desaparición
forzada de personas, incluso en los estados de excepción. Además, establece el
deber de sancionar a los responsables y cómplices y de cooperar para prevenir y
erradicar ese ilícito. Según la convención, los Estados parte tienen que tomar
medidas legislativas, administrativas y judiciales para cumplir con esos
compromisos (artículo 1). Dicha convención tiene antecedentes en la Resolución n°.
666 de 1983 de la Organización de los Estados Americanos-OEA y en la Resolución
n°. 47/133 de 1992 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas-ONU.

En línea con lo anterior, se expidió la Ley 589 de 2000. El artículo 1 incluyó en el
Código Penal el delito de desaparición forzada, que se reiteró en el artículo 165 de
la Ley 599 de 2000. Asimismo, el artículo 7 modificó el entonces vigente artículo
136.8 CCA, cuya misma previsión quedó en el literal i del artículo 164.2 CPACA, al
establecer unas reglas especiales respecto del conteo del término de caducidad
para formular una demanda de reparación directa, cuando se persiga la
indemnización de perjuicios por ese ilícito.

La desaparición forzada tiene el carácter de delito de lesa humanidad 23 e implica la
violación simultánea de varios derechos, que afecta a la víctima, a sus familiares y
a la sociedad. Esta práctica, cruel, inhumana y que tiene por propósito sustraer a la
persona afectada de la protección de la ley, se configura por los siguientes
presupuestos (artículo 2 de la Ley 707 de 2001): (i) el arresto, detención, traslado o
privación de la libertad de una persona, contra su voluntad; (ii) se lleva a cabo por
agentes estatales, grupos organizados o por particulares que actúan en su nombre,
o con su apoyo, autorización o asentimiento; (iii) después de la desaparición, los
autores se niegan a revelar el paradero de la persona desaparecida o a reconocer
su privación de la libertad, de allí que la persona queda desprotegida del imperio de
la ley 24.

23 Cfr. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incorporado al orden interno mediante la Ley 742 de

2002 (artículo 7, literal i).
24 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 20096 [fundamento

jurídico 1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B,
Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 415-417, disponible en https://bit.ly/3gjjduK. También, Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia del 21 de agosto de 1981, Rad. 2750 [fundamento jurídico 10] en Graves Violaciones
a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario Jurisprudencia Básica del
Consejo de Estado, Bogotá, Imprenta Nacional, 2016, p. 102, disponible en https://bit.ly/3sDMdlB .

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Asunto Reparación directa

Aunque el delito hubiera ocurrido antes de la implementación de las normas
referidas, dado que la desaparición forzada implica la violación de los derechos de
la víctima a la libertad, debido proceso, integridad física y vida, entre otros, es
necesario analizar si se configura responsabilidad civil extracontractual del Estado
por falla del servicio, siempre que el hecho sea atribuible a un agente estatal. En
efecto, si una autoridad detiene a una persona, debe ponerla a disposición del
funcionario competente para que defina su situación, siempre que la retención se
haya originado en una de las causales legales que permiten la privación de la
libertad. De lo contrario, si no se cumplen las condiciones legales para la privación
de la libertad, la persona debe ser reintegrada inmediatamente a la sociedad en las
mismas condiciones que tenía antes de la detención 25.

El artículo 2 CN prevé que las autoridades están instituidas para la guarda de la
integridad de las personas. A su vez, el 12 CN prohíbe la desaparición forzada y el
artículo 90 CN prevé la responsabilidad civil extracontractual del Estado. No
obstante, el cumplimiento de deberes derivados de los compromisos del Estado
contra la desaparición forzada no implica que este sea un «asegurador general»26
contra los daños derivados de esa práctica. Esos deberes tampoco conllevan una
responsabilidad automática originada exclusivamente en la desaparición de una
persona, pues la protección que brinda el Estado está limitada por los recursos
materiales y humanos de que disponen las autoridades para disuadir y garantizar la
seguridad e integridad 27.

La desaparición forzada implica que la víctima es retirada de la protección legal,
pues el delito consiste precisamente en separarla de la sociedad y la protección
estatal. Esto hace que sea prácticamente imposible de recaudar las pruebas
directas para identificar a los responsables y las circunstancias de tiempo, modo y
lugar, pues el hecho se comete en condiciones ocultas y por fuera de cualquier
marco legal. Como consecuencia, en los casos en los que resulte procedente, el
estudio de la responsabilidad estatal por la participación de sus agentes en la

25 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de noviembre de 2002, Rad. 12812 [fundamento

jurídico II], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B,
Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 413-414, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
26 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de julio de 1969, Rad. 541, [fundamento jurídico

62], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B,
Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 60, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
27 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de octubre de 1998, Rad. 10.747, [fundamento

jurídico b], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B,
Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 88, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.

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desaparición forzada implicaría acudir a pruebas indiciarias 28.

Al respecto, el artículo 240 CGP determina que para que un hecho pueda
considerarse como indicio deberá estar debidamente probado en el proceso. Solo
en ese caso, el juez debe apreciarlos en conjunto y en consideración de su
gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que
obren en el proceso —artículo 242.

Responsabilidad del Estado por daños a sus agentes

10. Los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía deben soportar el riesgo de
padecer eventuales daños en el ejercicio de sus funciones de protección, defensa y
seguridad, pues se producen con ocasión de la relación laboral que los vincula con
el Estado 29. El Estado solo responderá por los daños que hayan sufrido cuando se
pruebe una falla del servicio o se acredite que fueron sometidos a un riesgo mayor
al que debían afrontar sus demás compañeros 30.

La atribución de responsabilidad supone que el daño tenga relación o se produzca
con ocasión del ejercicio de las funciones que cumplen los miembros de las Fuerzas
Militares y de Policía. Si el hecho que causa el daño es ajeno o no se produce en
conexidad con esas funciones no será imputable al Estado. Por ello, cuando
integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía sufren daños en cumplimiento de
su deber, solo tendrán derecho a las indemnizaciones o reconocimientos
patrimoniales previamente establecidos en la ley, como son las prestaciones
sociales y el seguro de vida 31.

Caso concreto

11. Según la demanda, el 18 de junio de 1986, Luis Fernando Aranzales Caldas
salió de su casa para trabajar y nunca regresó. Se afirma que en la tarde de ese día

28 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 20096 [fundamento

jurídico 1], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B,
Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, pp. 415-417, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
29 Cfr. Consejo de Estado, sentencia de 17 de junio de 2004, Rad 15.385 [fundamento jurídico II C], en Antología

Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta
Nacional, 2018, p. 462, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
30 Cfr. Consejo de Estado, sentencia de 26 de mayo de 2010, Rad 19.158 [fundamento jurídico 3.2], en Antología

Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta
Nacional, 2018, p. 465, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.
31 Cfr. Consejo de Estado, sentencia de 30 de marzo de 2006, Rad 15.441 [fundamento jurídico 8], en Antología

Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta
Nacional, 2018, p. 463, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.

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fue detenido por miembros del Ejército Nacional en un operativo desarrollado en el
municipio de San Gil, de donde supuestamente fue trasladado hasta el Batallón del
municipio de Socorro. Desde ese momento, sus familiares desconocen su paradero,
a pesar de las búsquedas y del reporte a varias autoridades. Según la parte
demandante, las indagaciones hechas sobre la forma de desaparición y el paradero
de la víctima implicaron amenazas hacia sus familiares. Alegan que hubo una
desaparición forzada atribuible al Ejército Nacional.

El daño está demostrado porque desde el 18 de junio de 1986 no se volvió a tener
noticia de Luis Fernando Aranzales Caldas y así fue reportado por sus familiares32
y por el informe del Ejército Nacional33, entidad a la que estaba adscrito como
agente de inteligencia infiltrado en la guerrilla M-19 34. A raíz de eso, el Ejército
Nacional ordenó iniciar una investigación para indagar sobre la ubicación de la
víctima o las circunstancias de su desaparición. Para eso, se tomaron testimonios
de miembros de la Institución y los familiares del desaparecido 35. Como
consecuencia de lo anterior, se ordenó el pago de las prestaciones sociales y seguro
de vida de la víctima, a favor de sus familiares 36. Sin embargo, no hay prueba de
que por ese hecho se hubiera iniciado proceso judicial de declaración de muerte
presuntiva por desaparecimiento de Luis Fernando Aranzales Caldas 37.

12. A pesar de lo anterior, la Sala resalta que dentro el expedienta no hay prueba
directa ni existe uniformidad sobre hechos indicadores que revelen la forma en que
Luis Fernando Aranzales Caldas desapareció, ni de los responsables de esos actos.

Según la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos-Colombia 38, las
circunstancias del desaparecimiento de Luis Fernando Aranzales Caldas están
estrechamente relacionadas con una operación que realizó el Ejército Nacional en
la tarde del 18 de junio de 1986 en el municipio de San Gil. El informe de esa
organización, aportado por la parte demandante, afirma que «numerosos testigos

32 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo
0005AnexosDemanda, pg. 61-65.
33 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 66-68, 105, 188, 196-198.
34 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 40-44, 162; carpeta 0026InformacionCD, archivo 7, pg.7.
35 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 199-251; carpeta 0026InformacionCD, archivo 7, pg.14-171.
36 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 266-292.
37 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0062ConstanciaMemorial e índice 39.
38 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 49-53.

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vieron como Orlando [Luis Fernando Aranzales Caldas] y William fueron capturados
por varios hombres de civil fuertemente armados, a cuya cabeza iba el capitán del
Ejército Gómez Vergara».

A pesar de eso, el informe de la Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos-Colombia registra que el Ejército Nacional reconoció haber
desarrollado una operación ese día y en ese municipio, pero desmintió que los
detenidos fueran los desaparecidos, sino que se trató de Camilo Perdomo Perdomo
y Antonio María Silva Uribe, con sustento en las afirmaciones de los integrantes del
grupo militar que participaron en esa operación y el registro de los libros del Batallón
correspondiente.

Se indicó que los testimonios referidos en el informe de la Asociación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos-Colombia «fueron grabados y el casete entregado a
la Procuraduría» y quienes recibieron las versiones de testigos presenciales fueron
la esposa de Luis Fernando Aranzales Caldas, «la hermana de William» y «la
abogada visitadora de la Procuraduría Regional». En todo caso, con el informe
referido no se aportaron pruebas o anexos de lo que allí se narra, ni se identificó los
testigos citados o la abogada visitadora referida, que tampoco fueron solicitadas sus
declaraciones en este proceso para ratificar sus afirmaciones o versiones de lo
acontecido. Tampoco se incluyó como prueba la declaración de parte de la
demandante, esposa de la víctima, para dar su versión de los hechos y de lo que
conoció por testigos, según lo afirmó la Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos-Colombia.

Por su parte, el expediente investigativo del Ejército Nacional, también aportado por
la parte demandante y por la demandada con la contestación de la demanda,
concluyó que la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas «ocurrió dentro
del servicio, por acción directa del enemigo y en cumplimiento de misiones de orden
público» 39. Ese concepto fue notificado personalmente a la esposa de la víctima el
8 de julio de 1986 40. De allí se pasó el informe para segundo concepto del
Comandante del Ejército Nacional, quien decidió tener como provisionalmente
desaparecido a Luis Fernando Aranzales Caldas y manifestó que el
desaparecimiento «ocurrió en el servicio por acción directa del enemigo en tareas

39 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo
0005AnexosDemanda, pg. 49-53 y archivo 0015AnexosContestaciónDemanda, pg. 34-36.
40 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 241.

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de mantenimiento del orden público, sin que se evidenciara hechos que se pudieran
considerar delitos o faltas disciplinarias para efectos prestacionales» 41.

La Investigación del Ejército Nacional llegó a esas conclusiones con base en el
Informe desaparición de Empleado Civil redactado por el Capitán Gilberto
Castellanos Buitrago, en su calidad de Comandante Destacamento 2, en el que
informó:

el 17 de junio entrevisté al empleado a las 18:00 horas y posteriormente lo llevé
hasta la casa en el vehículo del Destacamento; el 18 de junio lo llamé por teléfono
a las 11:00 de la mañana y me contestaron que no estaba en la casa; el jueves 19
de junio en la tarde me llamó la esposa del empleado para manifestarme que éste
no había llegado a la casa, le contesté que la organización posiblemente lo tenía
realizando un trabajo y que cuando éste llegara me llamara; posteriormente el 21 de
junio a la una de la mañana nuevamente me llamó la señora del empleado y me
informó que tenía malas noticias, que el esposo estaba desparecido (…) en igual
forma llamé al señor Teniente Coronel IVAN RAMIREZ QUINTERO, Comandante
del “COICI”; él me ordenó que agotara todos los recursos para dar con el paradero
del empleado y que rindiera un informe al respecto 42.

Como consecuencia, el 25 de junio de 1986 43, se nombró al Capitán gustavo Castro
Peña como funcionario de Instrucción para adelantar la investigación de esos
hechos y al Sargento Primero Orlando Loaiza Tabares como Secretario del
proceso 44.

En ese mismo expediente investigativo, el 27 de junio de 1986, se practicó el
testimonio del Capitán Gilberto Castellanos Buitrago, quien afirmó «como
comandante, una vez tuve conocimiento de la desaparición del señor Aranzales, por
intermedio de la señora de él, me puse en contacto con el señor Coronel Urbina
Sánchez, jefe del B-2 de la Quinta Brigada y le solicité la colaboración para que me
ayudara a localizarlo. Fui a la Policía, a las inspecciones, al DAS, al F-2 y a los
centros asistenciales a verificar si estaba en esos sitios y hasta la fecha los
resultados han sido negativos» 45.

A su vez, en esa misma fecha, la demandante, Evelia Calderón Castro rindió su

41 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 243-247.
42 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 197-198.
43 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 199.
44 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 201.
45 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 207.

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testimonio en el proceso investigativo del Ejército Nacional. Afirmó que:

[el día del desaparecimiento de su esposo] como a las cuatro y media o cinco de la
tarde él me llamó a la casa, contestó mi cuñada, según lo que dice mi cuñada él
llamó y no parecía normal, estaba como preocupado y le dijo a mi cuñada que
llegaba nochecita, María estaba hablando con él cuando sintió que el teléfono de
donde estaba llamando se lo habían colgado y eso fue todo (…) lo que se me hace
raro es que no haya llamado a ninguna parte, porque cuando él estaba en alguna
situación acostumbraba llamar al jefe o a la casa 46.

Versión de los hechos que coincidió con lo que relató la hermana de la víctima,
Maria Eugenia Aranzales Caldas, quien ratificó haber hablado con su hermano por
teléfono a la hora indicada y que la comunicación se cortó 47. Ninguna de las dos
endilgó responsabilidad alguna al Ejército Nacional, ni dejó constancia sobre
sospechas de los victimarios. En cambio, reconocieron haber acudido a la
Institución para solicitar ayuda con localizar al desaparecido.

El Ejército Nacional también registró el testimonio del Teniente Coronel Luis
Eduardo Urbina Sánchez del 27 de junio de 1986, quien manifestó:

[Luis Fernando Aranzales] había salido el 18 como a las siete de la mañana de su
casa al centro a encontrarse con un señor Gerardo, pero me mostraron un recorte
de prensa donde figuraba el señor William Camacho diciéndome que esa foto
correspondía a quien ellas conocían por Gerardo (…), quien era cabecilla de la
Regional de Oriente del M-19 (…) sabiendo que estaba infiltrado en el M-19 y que
estaba permanentemente en contacto con el cabecilla del grupo, hablé con las
diferentes entidades de seguridad en procura de saber si alguien lo había capturado
o si conocían de su paradero con resultados negativos.

También señaló que:

se han hecho las diligencias con el fin de tratar de localizar los desaparecidos y se
recomendó a los familiares colocar las denuncias correspondientes con el fin de ver
la posibilidad de su aparición (…) como la desaparición figura aquí en Bucaramanga,
con el grupo CIAES y con el personal de las Secciones de Inteligencia del Batallón
Ricaurte y Caldas, se ha tratado de localizar y se han empleado para esto como
referente las fotografías y las versiones tanto de la familia García como de Camacho
que se han hecho presentes en la Brigada en solicitud inicialmente de que se les
informara si nosotros los teníamos capturados y ante la negativa pidieron la
colaboración para que se trataran de localizar con el personal de la Brigada y de la
Policía, esfuerzos que han sido infructuosos 48.

46 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 209.
47 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 215.
48 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 211-213.

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Las notas de prensa aportadas por la parte demandante 49 hacen entender que el
desaparecimiento de la víctima y otras personas en el departamento de Santander
fue por actos de grupos paramilitares, al indicar que «[c]oincidieron los denunciantes
en señalar en que pondrán la queja ante la Procuraduría porque tienen sospechas
de que fueron grupos paramilitares los que efectuaron los secuestros» 50 y que «[l]a
orden de desaparecer los cuerpos de las víctimas de los paramilitares (…)» 51

Adicionalmente, en el escrito de la demanda, la parte actora afirmó que la
Procuraduría Regional había adelantado una investigación de campo en el
municipio de San Gil con relación a la queja presentada por la desaparición de Luis
Fernando Aranzales Caldas. Sobre el particular, con las pruebas aportadas por la
parte, según anexo a la demanda, se reconoció que en efecto existió esa queja y
se adelantó un procedimiento investigativo 52, pero no se aportó ninguna pieza o
anexo de este, que pudiera sustentar lo afirmado por los demandantes. Inclusive,
en respuesta al requerimiento hecho por el Tribunal Administrativo de Santander a
la entidad para que aportara ese expediente, esta señaló que «constatados los
archivos históricos, así como los que en la actualidad lleva la Procuraduría General
de la Nación, Regional de Instrucción Santander, no se encontró proceso
disciplinario adelantado por los citados hechos» 53.

La Sala no desconoce que la demandante, Evelia Calderón Castro, esposa de Luis
Fernando Aranzales Caldas, fue incluida en el Registro Único de Víctimas por el
hecho victimizante de amenaza y desaparición forzada 54. No obstante, por sí
mismo, la inclusión en el registro no es prueba de que haya sido víctima de actos
perpetrados por el Ejército Nacional y la información suministrada en el Formato
Único de Declaración no es suficiente para reconocer un actuar ilegal o victimizante
atribuible a persona alguna.

Ahora bien, tampoco resultan suficientes los testimonios solicitados por la parte
actora y practicados en el proceso de referencia por el Tribunal Administrativo de

49 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo
0005AnexosDemanda, pg. 57-59 y archivo 0015AnexosContestaciónDemanda, pg. 34-36.
50 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 57
51 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 58
52 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 46-48.
53 SAMAI, índices 68 y 71 de primera instancia.
54 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 307.

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Santander para aducir o suponer una versión de los hechos que permita al juez
acudir a las pruebas indiciarias. Lo anterior, porque al momento de ser interrogados
los testigos sobre las razones por las cuales afirman que la víctima fue desaparecida
por el Ejército Nacional, no lograron sustentar las razones por las cuales asumían
ese dicho.

La testigo Guillermina Valencia explicó que deducía que la Brigada fue la
responsable del desaparecimiento de Luis Fernando Aranzales Caldas, así:

porque en algunos testimonios con personas muy allegadas de la región donde fue
desaparecido, esa fue la versión que todas nos dieron. Además de eso, porque es
que él estaba haciendo una labor de la Brigada, o sea, a él lo había mandado la
Brigada en sus investigaciones porque él era de un ente investigativo… esto... él
estaba haciendo era esa labor, entonces en medio de esa labor, las versiones que
hay de quién se lo llevó, sabemos que fue la Brigada, miembros de la misma
organización a la que le trabajaba. Y por las mismas amenazas, porque es que si
yo, o sea, si la Brigada no hubiera sido la que hizo esa desaparición, miembros de
la misma Brigada con las que él trabajaba no hubieran amenazado y no le hubieran
dicho a Deyanira que se tenía que quedar callada para que no le pasara lo mismo,
entonces eso es una versión muy clara de que ellos son los culpables.

Sin embargo, no recordaba el nombre de las personas que le dieron esa versión.
Manifestó que fue la hermana de William la que averiguó esos datos y que ella no
escuchó las versiones directamente, sino de los familiares del desaparecido. Dijo
que era muy complicado dar nombres de las personas que le dijeron esa versión de
los hechos, a saber:

se está manejando incluso últimamente dentro de la Asociación de Desaparecidos
que la ha dado una doctora, bueno, no sé si es doctora, el nombre no más sé que
se llama Adriana, pero no le sé decir el apellido. Hace poco que estuve en Bogotá,
la directiva nacional de ASFADDES me dijo que lo de Orlando estaba muy
complicado, puesto que estaban saliendo unas versiones más claras de que
realmente pues sí había sido el Ejército y que ya posiblemente se sabía dónde lo
habían tirado, pero entonces esa versión es muy difícil porque esa persona no sé si
en que en ese entonces también trabajaba en la Brigada o qué fue lo que pasó
porque ahora último está dando esa versión pero sin embargo no lo dice ante un
ente como el de ustedes, que necesitamos que se aclaren las cosas 55.

Además, reconoció que no presentaron denuncias por las amenazas recibidas ni se
solicitó algún tipo de protección, a pesar de que, según indica, se tenía plenamente
identificado a un Coronel de la Brigada Veinte como el amenazante, a pesar de que

55 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, subcarpeta

AudienciaPruebas, archivo
68001233300020180091700_L680012333007CSJVirtual_01_20231101_090000_V, minutos 34:30-40:40.

20

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

la víctima trabajaba para la Quinta Brigada, que era la ubicada en Bucaramanga 56.

Por su parte, la testigo Rosalba Castro, hermana de la demandante Evelia Calderón
Castro, señaló que «estaba segura» que la desaparición de Luis Fernando
Aranzales Caldas se dio por miembros del Ejército Nacional, porque «yo escuchaba
que él le trabajaba era a ellos. Por eso estoy segura que eran ellos» 57. En contraste
con el anterior testimonio, esta testigo manifestó que sí se pusieron denuncias o
demandas por las amenazas recibidas58. Sin embargo, no obra prueba alguna que
soporte esa afirmación.

Por último, la testigo Soraya Peñaloza, esposa del demandante Raúl Fernando
García Gaviria aseguró: «lo que sé, lo sé por mi esposo, por lo que él me ha
comentado, lo que él me ha dicho que su papá trabajaba para el Ejército, que lo
desapareció» 59.

No sobra destacar que las pruebas aportadas por las partes son las únicas que dan
cuenta de estos hechos, porque en respuesta a los requerimientos que hizo el
Tribunal por solicitud de los demandantes, las distintas autoridades manifestaron no
contar con archivos de la época o información sobre el asunto 60.

13. Así las cosas, como quedó expuesto, los hechos relatados por los demandantes
fueron controvertidos por la parte demandada y las pruebas practicadas son
contradictorias, no hay uniformidad sobre la versión de los hechos sobre la forma
en que desapareció Luis Fernando Aranzales Caldas y mucho menos que se pueda
atribuir la responsabilidad al Ejército Nacional. Por lo tanto, no resulta procedente ni
es posible siquiera acudir a pruebas indiciarias en este caso.

Lo anterior, además, tiene fundamento en que contrario a lo manifestado por la parte
demandante en el recurso de apelación, no se logró demostrar que la desaparición

56 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, subcarpeta

AudienciaPruebas, archivo
68001233300020180091700_L680012333007CSJVirtual_01_20231101_090000_V, minutos 48:34-52:25.
57 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, subcarpeta

AudienciaPruebas, archivo
68001233300020180091700_L680012333007CSJVirtual_02_20231101_090000_V, minutos 17:30-19:30.
58 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, subcarpeta

AudienciaPruebas, archivo
68001233300020180091700_L680012333007CSJVirtual_02_20231101_090000_V, minutos 25:41-26:10.
59 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, subcarpeta

AudienciaPruebas, archivo
68001233300020180091700_L680012333007CSJVirtual_02_20231101_090000_V, minutos 32:05-32:46.
60 SAMAI, índices 68-71 de primera instancia.

21

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

de Luis Fernando Aranzales Caldas fuera posterior a una misión desarrollada por el
Ejército Nacional en el municipio de San Gil, que fue trasladado al municipio de
Socorro y que hay certeza de que la última vez que fue visto con vida estuvo
acompañado por miembros del Ejército Nacional. La única prueba que da cuenta de
ello es el documento aportado con la demanda de autoría de la Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos-Colombia, que no cuenta con sustento
probatorio alguno, ni individualización de los supuestos testigos. Además, como ya
se indicó, en el mismo documento se dejó constancia de la versión del Ejército
Nacional de haber capturado a personas distintas al desaparecido. Tampoco se
aportaron al proceso las versiones de los testigos directos o de oídas a los que se
hace referencia en ese informe, ni hubo solicitud de rendir sus testimonios o
declaraciones, por lo que resulta imposible corroborarla. Además, las notas de
prensa aportadas por la misma parte actora hacen entender que fueron grupos
paramilitares los responsables de ejecutar la desaparición de Luis Fernando
Aranzales Caldas.

Conjuntamente, el testimonio de Guillermina Valencia 61 en vez de ratificar lo
indicado en el documento de la Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos-Colombia, lo que evidencia es la incertidumbre respecto a los
hechos que rodearon la desaparición de Luis Fernando Aranzales Caldas y sus
responsables: hizo mención a testigos, pero no tiene certeza de sus nombres;
manifestó que hay una versión que «se viene manejando últimamente dentro de la
Asociación», lo que sugiere que han habido varias versiones sobre los hechos y;
asumió que por trabajar con el Ejército Nacional, fue la Institución quien desapareció
a la víctima. En esto último concordaron las otras dos testigos, que asociaron que
como Luis Fernando Aranzales Caldas trabajó para el Ejército Nacional, únicamente
esa era la razón por la cual tenía que ser la Institución quien lo desapareció.

14. En el recurso de apelación, la parte apelante acusó al Ejército Nacional por
asumir un comportamiento «indolente» y «de persecución» hacia los demandantes.
Sin embargo, hay uniformidad probatoria en que la Institución Militar reiteradamente
manifestó que no retuvo a Luis Fernando Aranzales Caldas y adelantó
investigaciones internas y externas para dar con su ubicación o conocer las
circunstancias de su desaparición. Tanto así, que en el expediente interno se contó

61
SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, subcarpeta
AudienciaPruebas, archivo
68001233300020180091700_L680012333007CSJVirtual_01_20231101_090000_V, minutos 20:45-58:05.

22

Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

con los testimonios de la esposa e hija de la víctima. También se le hicieron las
liquidaciones prestacionales y desembolsos correspondientes y del seguro de vida
del agente desaparecido a sus familiares.

15. Por último, los demandantes solicitaron la aplicación del concepto de garante
para imputarle responsabilidad a la Nación por el desaparecimiento de Luis
Fernando Aranzales Caldas. Al respecto, como se ha indicado a lo largo de esta
decisión, en el proceso no existe prueba que demuestre que la desaparición del
señor Aranzales tuvo como origen el cumplimiento de las funciones propias de su
cargo, ni que el Ejército Nacional hubiera sido omisivo en la observancia de
obligaciones de protección y cuidado respecto de su agente. Adicionalmente,
resulta trascendental tener de presente que desde el 16 de mayo de 1983 fue
nombrado en el cargo de Agente de Inteligencia y tomó posesión desde el 15 de
junio siguiente. Al momento de asumir ese cargo, lo hizo de forma voluntaria y, por
tanto, con pleno conocimiento de los riesgos a los que se exponía. Tanto así, que
el Ejército Nacional, para el desarrollo de sus labores y como garantía de seguridad,
le cambió la identidad al agente y a sus familiares.

El Informe que hizo Luis Fernando Aranzales Caldas y que fue aportado como
anexo de la demanda demuestra que era consciente del peligro que corría como
agente infiltrado en la guerrilla del M-19, cuando manifestó que para el 8 de abril de
1986 tenía «experiencia de más de 9 años de trabajo de este tipo» y que a pesar
de que exponía la vida y había circunstancias que complicaban el desarrollo de sus
funciones «ese es el trabajo» 62.

En dicho informe ni en ninguna prueba del plenario se demostró que la víctima
hubiera informado de estar en peligro, solicitar el retiro del campo, de las misiones
o su traslado. Ni siquiera por parte de sus familiares se señaló eso, ni en los
testimonios se mencionó algo así. Además, hay constancia de que Luis Fernando
Aranzales Caldas y su esposa tenían constante comunicación con su jefe, el capitán
Gilberto Castellanos Buitrago, quien fue el primero en escalar entre rangos del
Ejército la desaparición del agente e iniciar todo el proceso investigativo
correspondiente. Esto se sustenta en el informe escrito correspondiente y las
declaraciones hechas en esa investigación por las familiares de la víctima y del
Teniente Coronel Luis Eduardo Urbina Sánchez. Por lo tanto, no se pudo comprobar

62 SAMAI, índice 36 de primera instancia, carpeta 01PrimeraInstancia, subcarpeta C01Principal, archivo

0005AnexosDemanda, pg. 43-44.

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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

que Luis Fernando Aranzales Caldas hubiera enfrentado un riesgo mayor al
inherente a sus funciones.

En consecuencia, no resulta posible imputar la desaparición del señor Aranzales a
las demandadas, por lo que se confirmará la sentencia apelada.

Costas

16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por el Código General del Proceso.

El artículo 365 CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida
en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El artículo 361
establece que las costas «están integradas por la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho». Estas
últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto,
establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El artículo 365.8 CGP dispone que «solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». En
relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, el numeral
3 del mismo artículo establece que «en la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas
de la segunda». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si
las hubiere.

En el presente asunto se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander; sin embargo, no se comprobó la causación de expensas ni de agencias,
pues las partes no actuaron en esta instancia 63. Por lo tanto, la Sala se abstendrá
de condenar en costas.

63 A pesar de que la parte demandada presentó pronunciamiento sobre el recurso de apelación, este es

improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

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Radicación: 68001-23-33-000-2018-00917-01 (71.321)
Actor: Evelia Calderón Castro y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Asunto Reparación directa

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme este fallo DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

25

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