Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06160-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-06160-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-06160-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
12 de diciembre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06160-00
Demandante: Eficacia S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Sala Quinta
Especial de Decisión
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06160-00
Demandante: EFICACIA S.A.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y SALA
QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico, sustantivo o
material y orgánico. Falta de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Eficacia S.A.S. (en adelante Eficacia), actuando a través de apoderado judicial,
presentó solicitud de tutela contra la Sección Cuarta y la Sala Quinta Especial de
Decisión del Consejo de Estado, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, así como de los principios de
confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica1.
Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia de segunda instancia del 16 de junio de 2022 dictada por la Sección
Cuarta de esta corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 76001-23-33-000-2017-01255-01, y la sentencia
del 22 de mayo de 2024, proferida por la Sala Quinta Especial de Decisión,
mediante la cual, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión dentro
del proceso con radicado 11001-03-15-000-2022-06297-00.
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La acción se ejerció a través de la ventanilla virtual el 21 de noviembre de 2023.
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Demandante: Eficacia S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Sala Quinta
Especial de Decisión
1.2. Pretensiones
La sociedad accionante elevó las siguientes:
PRIMERA. – TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, derecho
de defensa, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al acceso efectivo a la
administración de justicia de los que es titular EFICACIA, vulnerados por el
CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA y SALA QUINTA ESPECIAL DE
DECISIÓN.
SEGUNDO. – DEJAR SIN VALOR NI EFECTO las decisiones adoptadas por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en la Sentencia de Segunda Instancia del
16 de junio de 2022, y en la Sentencia del 22 de mayo de 2024, notificada el 26 de
junio de 2024, en la que la Sala Quinta Especial de Decisión declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión, al relevarse de estudiar todos los cargos
relacionados con el descuento por generación de empleo, al igual que denegar
la petición subsidiaria.
TERCERO. – PROFERIR SENTENCIA confirmando la firmeza de la declaración
privada del impuesto sobre la renta del año 2012, presentada por EFICACIA en
cuanto al descuento por generación de empleo por $2.778 ́010.000 y retirando la
sanción por inexactitud liquidada sobre este descuento.
CUARTO. – EN FORMA SUBSIDIARIA, si no se reconociera el descuento por
generación de empleo otorgado por la Ley 1429 de 2010, PROFERIR SENTENCIA
reintegrando la deducción por salarios y prestaciones sociales por $2.778 ́010.000,
que los parágrafos 3 de los artículos 9 y 13 de esa Ley 1429 exigían rechazar como
requisito para acceder al descuento por generación de empleo, y reduciendo la
sanción por inexactitud en función de este costo o deducción por salarios y
prestaciones sociales.
1.3. Hechos
Los supuestos jurídicamente relevantes, extraídos de la narración realizada por
la parte actora, pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Eficacia interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la liquidación oficial de revisión nro.
052412016000012 del 28 de abril de 2016, confirmada por la Resolución 2369
de 6 de abril de 2017, expedidas por la DIAN, mediante la cual modificó la
declaración privada por el impuesto de renta del año 2012 presentada por la
sociedad, en el sentido de rechazar el descuento tributario por generación de
empleo que estableció la Ley 1429 de 2010, además de los costos de venta y
prestación de servicios y, como consecuencia, fijó un impuesto a pagar e impuso
sanción por inexactitud.
La sociedad actora sustentó la demanda en que la DIAN desconoció la naturaleza
de la empresa como verdadero patrono y le exigió unos requisitos inexistentes en
la ley, desconoció el pago de gastos probados, citó jurisprudencia constitucional
inexistente, negó la inspección a la contabilidad y la prueba solicitada con el
recurso de reconsideración e inobservó el cumplimiento de los requisitos de la
Ley 1429 de 2010.
El proceso fue asignado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad
judicial que, mediante sentencia de primera instancia de 14 de diciembre de 2020,
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Demandante: Eficacia S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Sala Quinta
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negó las pretensiones de la demanda, al considerar, que aunque Eficacia sí podía
ser beneficiaria del descuento por generación de empleo, el certificado del revisor
fiscal no era prueba suficiente y que las vinculaciones laborales brindaban apoyo
temporal a terceros con lo cual se desvirtuaba el sentido de la norma legal.
Además concluyó que, en las labores de fiscalización se demostró que unos
trabajadores laboraron para la demandante en periodos previos a la expedición
de la Ley 1429 de 2010 y que previamente habían realizado cotizaciones al
sistema de seguridad social, de modo que, los descuentos debatidos eran
improcedentes, porque la actora no contrató nuevos trabajadores; además,
señaló que, haber negado la inspección a la contabilidad no era por si sola causal
de nulidad. Por último, determinó que la sanción era procedente porque la
sociedad consignó datos inexistentes e inexactos en la declaración.
La sociedad interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, que
fundamentó en los siguientes argumentos: i) sí se probaron los supuestos para el
incentivo, con la planilla (PILA), como lo exige el parágrafo 1 del artículo 13 de la
Ley 1429 de 2010, por ser la «tarifa legal» para acreditar la calidad de nuevos
empleados; ii) se omitió valorar las pruebas que demostraban que las
contrataciones que hizo no obedecían a reemplazos; iii) «la sentencia se
confunde al tomar como aporte la sanción al sistema de salud por no reportar
oportunamente la novedad de retiro por $12’650.708 para, por regla de tres,
concluir la existencia de salarios por $101’187.370 y aportes parafiscales por
$9’107.000, lo cual es un error en que se incurre sin sustento probatorio alguno,
pues los $12’650.708 constituían el pago de una sanción por reporte tardío de la
novedad de retiro (art. 79 Decreto 806 de 1998), lo cual está demostrado
probatoriamente en la demanda»; iv) no existe prueba alguna en el proceso de la
existencia de salarios por $101’187.370 y aportes parafiscales por $9’107.000; v)
los beneficios disputados requerían únicamente el incremento del número de
empleados y del valor de la nómina sin exigir la creación de nuevos cargos como
lo consideró el tribunal; vi) no se estudió el cargo de nulidad relacionado con la
inspección contable que la DIAN negó; vii) en cualquier caso, solo debía
rechazarse el descuento en la cuantía que correspondía a los trabajadores que
había contratado con anterioridad y no la totalidad del beneficio.
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 16 de junio de
2022, revocó la decisión de primera instancia y declaró la nulidad parcial de los
actos demandados. Rechazó los salarios inexistentes por $101’187.370 y aceptó
la inexistencia de aportes parafiscales por $9’107.000. A título de restablecimiento
del derecho fijó el impuesto que debía cancelar la sociedad para el año 2012, en
la suma $3’078.369.000.
Contra la anterior decisión, la sociedad instauró recurso extraordinario de
revisión, por considerar que aquella se encontraba incursa en la causal 5ª del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, por ser una decisión incongruente, toda vez que, a su juicio, no
se pronunció sobre todos los argumentos expuestos en la demanda y vulneró sus
derechos de defensa y debido proceso.
Basó su inconformidad en las siguientes razones: i) las sentencias motivaron
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equivocadamente el rechazo del incentivo de descuento tributario por generación
de empleo en el pago extemporáneo de aportes, suponiendo unos salarios
inexistentes por $101’187.370, pues los aportes al sistema de salud realmente se
trataron de una sanción por no reportar oportunamente la novedad de retiro,
como se acreditó con certificado del revisor fiscal; ii) la sentencia de segunda
instancia fue incongruente al dejar de estudiar y resolver los cargos 1 a 7 de la
demanda, al asumir como ciertos unos salarios inexistentes por $101’187.370 y
al negar los cargos 12 y 13 de la demanda, argumentando que no se citaron la
disposiciones normativas que hacían improcedente la sanción por inexactitud; iii)
la pretensión subsidiaria debió resolverse favorablemente, dado que no era
alegable en el trámite administrativo y la DIAN podía debatirla durante el proceso
judicial; iv) Si no procedía el incentivo del descuento por generación de empleo
por $2.778’010.000, había lugar a la deducción de costos por ese mismo monto,
en la declaración de renta de EFICACIA del año 2012.
A través de sentencia del 22 de mayo de 2024, la Sala Quinta Especial de
Decisión del Consejo de Estado declaró infundado el recurso interpuesto, tras
determinar que la decisión recurrida era congruente, toda vez que tuvo en cuenta
los argumentos de la demanda, la contestación y el recurso de apelación
presentado por la sociedad Eficacia.2
1.4. Sustento de la petición
La sociedad tutelante argumentó que las decisiones proferidas por los jueces
colegiados incurren en los siguientes defectos:
1.4.1. Defecto fáctico
Frente a la sentencia de segunda instancia refirió:
Que debió reconocer valor probatorio al certificado de revisor fiscal y no adoptar
una decisión con base en los rechazos de aportes parafiscales por $9 ́107.000 y
los salarios por $101 ́187.370 (en total sumadas las dos partidas, $110 ́294.370),
partidas que, aseguró, no existen en la contabilidad, ni en la declaración del
impuesto sobre la renta de 2012.
Rechazó que se diera carácter de prueba de salarios, a la sanción prevista en el
artículo 79 del Decreto 806 de 1998 por el reporte no oportuno de la novedad del
retiro, lo que no corresponde a la realidad, pues lo que se prueba con esto es que
la sociedad pagó la sanción por no reporte oportuno de la novedad de retiro, más
no que esos pagos corresponden a salarios.
Respecto a la sentencia de revisión aseguró que incurre en defecto fáctico,
porque, señaló que «fueron analizados cada uno de los cargos propuestos por
las partes en la demanda», cuando está claro que se relevó de estudiar los cargos
1 a 7 de la demanda, al igual que la pretensión subsidiaria.
1.4.2. Decisión sin motivación
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Proceso con radicado 11001-03-15-000-2022-06297-00.
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Sostuvo que, pese a tratarse de dos rechazos independientes, con motivaciones
independientes, las dos sentencias impugnadas tomaron el rechazo de salarios
por $101.187.370, para relevarse de estudiar los Cargos 1 a 7 de la demanda
relacionados con el descuento tributario por generación de empleo por
$2.778 ́010.000.
Afirmó que, negarse a estudiar la pretensión subsidiaria por no haberse planteado
en sede administrativa, alegando que esto vulnera el derecho al debido proceso
de la DIAN, constituyó un razonamiento equivocado, ya que la DIAN como
demandada pudo controvertir esta pretensión con la contestación de la demanda,
al igual que en los alegatos de conclusión.
1.4.3. Defecto procedimental
Arguyó que, con la violación de los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
se presenta un defecto procedimental absoluto, porque no se reconoció valor
probatorio al certificado de revisor fiscal en sus numerales 3.1 y 3.2, con base en
exigencias probatorias que no están consagradas en el artículo 777 del Estatuto
Tributario.
Agregó que se incurrió en «un exceso ritual manifiesto, es decir, una
obstaculización al goce efectivo del derecho fundamental al debido proceso por
un rigor extremo en la aplicación de una norma procesal», al pedir requisitos
meramente formales y contrariar el valor de «prueba suficiente», que
expresamente le otorga el artículo 777 del Estatuto Tributario, en los siguientes
términos:
Artículo 777. La certificación de contador público y revisor fiscal es prueba
contable. Cuando se trate de presentar en las oficinas de la Administración
pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o
revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin
perjuicio de la facultad que tiene la Administración de hacer las
comprobaciones pertinentes”. (Subraya fuera del texto).
Además, sostuvo que, se incurrió en dicho error porque se aceptó como cierta la
existencia de salarios por $101 ́187.370, a pesar de la ausencia de pruebas, para,
con base en ello relevarse de estudiar los cargos 1 a 7 de la demanda
relacionados con los argumentos y pruebas para acceder al descuento tributario
por generación de empleo por la suma de $2.778 ́010.000.
Alegó que, la Sección Cuarta del Consejo de Estado o la Sala Quinta Especial de
Decisión «habrían podido ordenar pruebas para verificar la afirmación de la
Liquidación Oficial de Revisión referida a la existencia de salarios por
$101 ́187.370, que era opuesta al certificado por el revisor fiscal; sin embargo,
ninguna de las dos sentencias optó por ejercer esa facultad de ordenar pruebas».
Argumentó que se omitió decidir sobre los cargos 12 y 13 de la demanda, en
cuanto a la sanción aplicada sobre el descuento tributario por generación de
empleo, argumentando que en la demanda se habían omitido citar las
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Especial de Decisión
disposiciones normativas que harían improcedente esa sanción, cuando todas
esas disposiciones normativas se encontraban en los cargos 1 a 7 de la
demanda.
Refirió que «el daño causado a EFICACIA es descomunal, ya que con base en
un rechazo de salarios por $101 ́187.370 de los cuales NO EXISTE PRUEBA O
ARGUMENTO ALGUNO en el expediente, esa decisión condenó a EFICACIA a
reintegrar el monto del descuento tributario por $2.778 ́010.000 más intereses
moratorios sobre esa suma, además de una sanción por inexactitud por
$2.778 ́010.000, más la actualización anual aplicada a esa sanción».
1.4.4. Defecto orgánico
Manifestó que se evidencia una irregularidad en la conformación de la Sala
Especial de Decisión en tanto uno de los magistrados ya conocía del proceso en
segunda instancia. Con lo que se inobservó el artículo 107 del CPACA que
establece:
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además
de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos
sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les
encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad
por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4)
Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con
exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
Explicó que, la Sala Quinta Especial de Decisión está compuesta por los
siguientes consejeros:
Milton Chaves García (Presidente)
Gloria María Gómez Montoya
Nubia Margoth Peña Garzón
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Nicolás Yepes Corrales
Relató, que el consejero Milton Chaves García, que conforma la Sección Cuarta,
hizo parte de la sala que profirió la sentencia de segunda instancia, por lo que no
tenía competencia para conocer del recurso de revisión que cuestionaba la
sentencia en la que había participado.
1.4.5. Violación directa de la Constitución
Indicó que, las accionadas vulneraron de manera grave e injustificada los
siguientes artículos:
1. Artículo 29: debido proceso y derecho a la defensa.
2. Artículo 228: la administración de justicia es función pública y debe
prevalecer el derecho sustancial.
3. Artículo 229: acceso efectivo a la administración de justicia.
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Demandante: Eficacia S.A.S.
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1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 28 de noviembre de 2023, se admitió la demanda y se ordenó
la notificación a los magistrados que integran la Sección Cuarta y la Sala Quinta
Especial de Decisión del Consejo de Estado. Además, se dispuso comunicar el
inicio del proceso a la DIAN en calidad de tercero con interés en las resulta de
este.
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Quinta Especial de Decisión
El magistrado del despacho sustanciador de la decisión controvertida manifestó
que, la solicitud de amparo no cumple con la carga mínima argumentativa, porque
no se proponen cargos contra la sentencia del 22 de mayo de 2024, pues no
relacionó un solo argumento dirigido a señalar las razones por las que sí se
configuró la alegada causal del recurso extraordinario de revisión.
Aseguró que, cuando el actor se refiere a la sentencia que resolvió el recurso
extraordinario de revisión únicamente lo hace para insistir en el argumento, según
el cual, los cargos 1 a 7 de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
referentes al descuento tributario por generación de empleo, no fueron objeto de
pronunciamiento, situación que quedó zanjada en la providencia cuestionada y
que, en todo caso, debió ser planteada en ejercicio de la solicitud de adición de la
sentencia de que trata el artículo 287 del Código General del Proceso.
Frente a su participación como integrante de la Sala de Decisión de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que resolvió la segunda instancia del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho y, como magistrado ponente de la decisión
que desató el recurso extraordinario de revisión, manifestó que, la regla de
unificación prevista en el auto del 24 de mayo de 2023, en el expediente con
radicado 11001031500020200047100, aclaró que: «en los recursos
extraordinarios de revisión, no se configura en los magistrados la causal de
recusación prevista en el numeral 1° del artículo 141 del Código General del
Proceso, por el solo hecho de haber suscrito la sentencia objeto de revisión».
1.5.2. DIAN
Rindió informe en el cual indicó que, las autoridades judiciales en ningún momento
actuaron de manera arbitraria ni vulneraron los derechos fundamentales de la
parte accionante, ya que su decisión se fundamentó en el material probatorio
aportado durante el proceso ordinario y en la normativa aplicable al caso concreto.
Además refirió que, dentro de las circunstancias alegadas por la parte accionante
no se logra establecer algún tipo de vulneración al debido proceso u otro derecho
fundamental, puesto que, el actuar de las autoridades judiciales estuvo ajustado
a derecho y fue motivada.
1.6. Trámite en segunda instancia
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06160-00
Demandante: Eficacia S.A.S.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Sala Quinta
Especial de Decisión
Mediante auto de la fecha, se declaró fundado el impedimento manifestado por la
magistrada Gloria María Gómez Montoya, por configurarse la causal de
impedimento contemplada en el numeral 6º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde en este caso resolver los siguientes problemas jurídicos:
En primer lugar, se determinará si en este caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial -
procedencia adjetiva- establecidos por la Corte Constitucional, respecto de la
sentencia de segunda instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho elevadas por la sociedad actora y la que
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión instaurado contra dicha
decisión.
En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá si
una o ambas de las providencias cuestionadas, vulneran los derechos
fundamentales de la accionante al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, por incurrir en defecto sustantivo o material, fáctico, procedimental,
orgánico y/o decisión sin motivación.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, (iii) el fondo del asunto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
... si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
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Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
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componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.4
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.3.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
4
Ibídem.
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respecto del presupuesto de relevancia constitucional.
En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».
El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado,
por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.
A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal5 (Énfasis de la Sala).
Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:
i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no
se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
2.3.2. Presupuesto de subsidiariedad
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la tutela y determina que
«[e]sta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable».
5
Sentencia SU 573 de 2019.
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La jurisprudencia estableció que, debido al principio de subsidiariedad de la tutela,
los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos,
en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera
que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no
resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.
Entonces, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
2.4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva frente al derecho al
debido proceso presuntamente vulnerado con ocasión de los defectos de
falta de motivación, desconocimiento de la Constitución Política, sustantivo
y fáctico
En el caso objeto de estudio, la parte actora asegura que la vulneración de sus
derechos fundamentales como el debido proceso y de acceso a la administración
de justicia se desprende de la falta de motivación, defectos orgánicos, fáctico,
sustantivo y desconocimiento de la Constitución Política en los que incurren la
sentencia de segunda instancia del 16 de junio de 2022 dictada por la Sección
Cuarta de esta corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 76001-23-33-000-2017-01255-01, y la sentencia
del 22 de mayo de 2024, proferida por la Sección Quinta Especial de Decisión,
mediante la cual, declaró infundado el recurso extraordinario de revisión dentro
del proceso con radicado 11001-03-15-000-2022-06297-00.
La accionante alegó la ocurrencia de los defectos referidos, bajo argumentos que
se repiten en la sustentación de cada uno de los yerros propuestos y, por tanto,
se abordarán de manera conjunta.
Los reparos en sede constitucional, contra la sentencia que decidió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y la que declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión se formularon de manera indistinta y pueden
resumirse así: i) se dio carácter de prueba de salarios, a la sanción prevista en el
artículo 79 del Decreto 806 de 1998; ii) se tomó el rechazo de salarios por
$101.187.370, para relevarse de estudiar los cargos 1 a 7 de la demanda
relacionados con el descuento tributario por generación de empleo por
$2.778 ́010.000; iii) se negó a estudiar la pretensión subsidiaria por no haberse
planteado en sede administrativa; iv) no se reconoció valor probatorio al
certificado de revisor fiscal en sus numerales 3.1 y 3.2, con base en exigencias
probatorias que no están consagradas en el artículo 777 del Estatuto Tributario;
v) las salas de decisión «habrían podido ordenar pruebas para verificar la
afirmación de la Liquidación Oficial de Revisión referida a la existencia de salarios
por $101 ́187.370, que era opuesta al certificado por el revisor fiscal; sin embargo,
ninguna de las dos sentencias optó por ejercer esa facultad de ordenar pruebas»;
vi) se omitió decidir sobre los cargos 12 y 13 de la demanda, en cuanto a la
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sanción aplicada sobre el descuento tributario por generación de empleo.
Revisada la segunda instancia del 16 de junio de 2022 dictada por la Sección
Cuarta de esta corporación, se encuentra que, la corporación determinó que, no
se aportó la «planilla que soporta la novedad del retiro, la lista de los trabajadores
que fueron retirados y los salarios que devengaban, los soportes de su retiro (v.gr.
liquidaciones, indemnizaciones, avisos de terminación, los respectivos contratos
laborales), la relación de los pagos imputados erradamente, las planillas que dan
cuenta de dichos pagos, las EPS a las que estaban afiliados los trabajadores cuya
desvinculación no se informó a tiempo, en fin, cualquier medio que acreditara que
la demandante pagó aportes a salud por incumplir sus obligaciones de
información frente al sistema de protección social y no por haber empleado
personal».
Partiendo de ese análisis determinó que la sociedad, no logró demostrar que los
aportes a salud que efectuó se debieron a razones distintas a que hizo pagos
gravados a favor de sus empleados.
Frente al rechazo de los descuentos debatidos planteado en los actos acusados,
determinó que era procedente porque se determinó que la demandante incumplió
con el pago de los aportes parafiscales a los que estaba obligada. Con esta
conclusión relevó de estudiar los demás cargos de apelación, pues su estudio,
consideró «en nada cambia la conclusión expuesta».
Del mismo modo, despachó desfavorablemente el cargo de nulidad por no decreto
de la prueba de inspección tributaria, al señalar que la actora era quien tenía la
carga de allegar al expediente administrativo y las pruebas que se encontraran en
su poder y aquellas que fueran solicitadas por la administración.
Además, negó el estudio de la pretensión subsidiaria formulada en la demanda,
por no haberse planteado en el procedimiento administrativo enjuiciado.
La parte accionante sustentó el recurso extraordinario de revisión contra la
anterior decisión, en la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por ser una decisión
incongruente, toda vez que, a su juicio, no se pronunció «sobre todos los
argumentos expuestos en la demanda, concretamente los primeros siete cargos
propuestos, con las cuales se habría ordenado la nulidad total de la Liquidación
Oficial de Revisión respecto del impuesto de renta y complementarios del año
2012, esto es, mantener los descuentos tributarios reportados en la declaración
privada del impuesto».
Revisado el expediente origen de la presunta vulneración, se observa que el juez
del recurso extraordinario delimitó la controversia con base en las posturas
expuestas por las partes, y advirtió que:
(…) la decisión se centra en los descuentos tributarios autoliquidados por la
demandante según los artículos 9 y 13 de la Ley 1429 de 2010. La
demandante alega haber pagado todos los aportes parafiscales y haber
calculado los beneficios basándose únicamente en nuevos empleados,
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mientras que la demandada argumenta que los aportes no fueron completos
ni oportunos, y que los beneficios fueron calculados utilizando empleados
de reemplazo.
(…)
Respecto a los costos por compras a proveedores inscritos en el régimen
simplificado de IVA, indicó que su procedencia estaba supeditada a que se
encuentren soportados en facturas o documentos equivalentes. Que, si las
compras a un mismo proveedor del régimen simplificado exceden los topes
señalados en el artículo 499 del ET, ello implica que dicho proveedor deja
de cumplir con las exigencias previstas en la ley para pertenecer al régimen
en mención, de ahí que el artículo 177-2 del ET limite la procedencia de
costos y gastos.
Después de verificar la sentencia recurrida, el juez extraordinario concluyó que:
(…) los puntos objeto de apelación fueron resueltos, pues el problema se
centraba en determinar si: (i) los costos por salarios y aportes parafiscales
eran procedentes y; (ii) se acreditó en debida forma los costos por compras
a proveedores inscritos en el régimen simplificado de IVA, para con base en
ellos definir si la demandante tenía derecho a los descuentos tributarios
previstos en los artículos 9° y 13 de la Ley 1429 de 2010.
(…)
Así, la providencia cuestionada no vulneró el principio de congruencia, ni los
derechos de defensa y al debido proceso que alegó la recurrente dentro del
escrito del recurso extraordinario de revisión.
Como se observa, el juez del recurso verificó la configuración de la causal alegada
y llegó a la conclusión de que la sentencia cuestionada no desconocía el principio
de congruencia, puesto que se había pronunciado sobre los puntos centrales del
recurso de apelación.
En este punto se advierte que, la parte actora propuso argumentos relativos a los
yerros que asegura padecen, tanto la sentencia de segunda instancia como la
que negó el recurso, sin diferenciar entre ellos. No obstante, no se advierte una
suficiente carga argumentativa, que justifique la intervención del juez
constitucional, puesto que no pone de presente el alcance o interpretación de
derechos fundamentales, sino que se limita a una exposición de las
inconformidades frente al análisis que la autoridad judicial del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, hizo de los elementos de prueba y la
normativa aplicable al caso.
Es decir que, la sociedad accionante pretende que la acción de tutela se convierta
en una instancia adicional a las que ya se surtieron, en aras de decidir de manera
favorable sus pretensiones, con fundamento en presuntos nuevos elementos de
prueba, que ya fueron verificados en la forma por él propuesta, por el juez del
recurso de revisión.
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En ese orden, lo que se busca con la petición de amparo no es la interpretación
del alcance de un derecho fundamental, sino la realización de un nuevo estudio
de las pruebas allegadas al proceso, a partir del cual se favorezcan sus
pretensiones de índole económico.
Acceder al propósito de la actora llevaría al juez de tutela a inmiscuirse en el fondo
del asunto y desplazar al juez natural de la causa, quien después de una
valoración del caudal probatorio y dentro del escenario procesal pertinente dotado
de todas las garantías y herramientas procesales, adoptó la decisión que definió
el debate legal.
Conforme a lo señalado, la petición estudiada no supera el examen de
procedencia general en los términos de los lineamientos trazados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que
tiene su origen en un litigio de orden legal, tarea que ya fue abordada por los
jueces competentes durante el proceso judicial, y la instancia extraordinaria de
revisión, y no en el alcance de un derecho fundamental ni la interpretación,
aplicación o desarrollo de la Constitución Política.
Por consiguiente, el cargo por vulneración al debido proceso, por los defectos de
falta de motivación, desconocimiento de la Constitución Política, sustantivo y
fáctico, no supera el presupuesto de relevancia constitucional, lo que impide
estudiarlo de fondo.
2.5. Estudio de la vulneración del derecho al debido proceso presuntamente
vulnerado con ocasión de un defecto orgánico
La parte actora alegó que la sala de decisión de la Sección Cuarta de esta
colegiatura que profirió la sentencia de segunda instancia estuvo integrada por
uno de los magistrados que, luego, fungió como sustanciador de la sentencia que
declaró infundado el recurso de revisión instaurado en contra de aquella
providencia.
Alega, que se inobservó el artículo 107 del CPACA que establece:
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las
reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas
Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
En primer lugar, es necesario evaluar la procedencia adjetiva de la petición de
amparo en relación con el defecto alegado:
Estudio del presupuesto de subsidiariedad
La sociedad accionante sustenta el defecto invocado, en que uno de los
magistrados que profirió la sentencia que declaró infundado el recurso
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extraordinario de revisión, participó en la sala de decisión que dictó la providencia
objeto de dicho recurso.
La situación aquí planteada no fue alegada en el trámite del recurso extraordinario
de revisión. Al respecto se observa que, mediante auto del 18 de diciembre de
2022, el despacho del magistrado Milton Chaves García admitió el recurso
interpuesto y, posteriormente, dictó auto de pruebas (20 de abril de 2023). En
ninguna de estas etapas, la sociedad tutelante puso en conocimiento del
despacho, la falta de competencia que consideraba le asistía a dicho funcionario
ni formuló recusación en los términos del artículo 141 del CGP6, para que al juez
colegiado decidiera sobre su configuración.
La parte actora no activó ninguna de esas herramientas para enderezar el trámite
procesal que, a su juicio, estaba viciado por la falta de competencia del funcionario
que lo conocía, lo que impide, traer al escenario constitucional la presunta
anomalía que debió alegar ante el juez natural del proceso, con la finalidad de
que se tomara una medida para resolverla.
En otras palabras, la accionante contaba con otras herramientas procesales para
alegar la causal de procedencia de la tutela contra providencia judicial que expone
en este escenario constitucional.
En consecuencia, la petición de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad, lo que impide asumir el estudio de fondo del defecto orgánico
alegado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárese improcedente la acción de tutela instaurada por la
sociedad Eficacia S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
6
Esta corporación en el auto de unificación del 24 de mayo de 2023, en el expediente con radicado
11001031500020200047100, determinó que el conocimiento previo de la sentencia recurrida
mediante dicho mecanismo extraordinario, no configura la causal de
recusación establecida en los numerales 1 y 2 del artículo 141 del CGP; esto es, que el
magistrado tenga interés directo o indirecto para conocer del asunto o que haya conocido de este
en instancia anterior.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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