Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06297-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06297-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-06297-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
22 de mayo de 2024
Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: Eficacia S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: EFICACIA S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5ª del artículo 250
del CPACA
Recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderado
judicial por la sociedad Eficacia S.A. contra la sentencia del 16 de junio de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que revocó el fallo del 14 de
diciembre de 2020, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes administrativos y demanda
El 23 de noviembre de 2015, la sociedad Eficacia S.A. presentó la declaración del
impuesto de renta y complementarios correspondiente al año gravable 2012, en la
que liquidó un saldo a favor de $17.903.638.000. En la referida declaración, solicitó
un descuento tributario por generación de empleo por $2.778.010.000
correspondientes a: (i) la vinculación de 5.923 nuevos trabajadores menores de 28
años, con fundamento en el artículo 9 de la Ley 1429 de 2010; y, (ii) la vinculación de
1.006 nuevos trabajadores que devengaban menos de 1.5 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, con fundamento en el artículo 13 de la misma Ley 1429
de 2010.
Mediante liquidación oficial de revisión nro. 052412016000012 del 28 de abril de
2016, la DIAN modificó la declaración privada, en el sentido de rechazar el descuento
tributario por generación de empleo que estableció la Ley 1429 de 2010 y los costos
de venta. En consecuencia, estableció un impuesto a pagar e impuso sanción por
inexactitud.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: Eficacia S.A.
La sociedad Eficacia S.A. interpuso recurso de reconsideración contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto de forma negativa por la Resolución nro. 002369 del 6
de abril de 2017.
La sociedad Eficacia S.A. promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de los anteriores
actos administrativos y, en consecuencia dispusiera: (i) la firmeza de la liquidación
privada del impuesto de renta y complementarios del año 2012, presentada el 23 de
noviembre de 2015; (ii) que no hay lugar a la determinación de un mayor impuesto
sobre la renta, ni a la imposición de la sanción por inexactitud; y, (iii) dejar en firme la
devolución del saldo a favor efectuada.
Los argumentos de la demanda se centraron en que, los actos demandados se
encontraban falsamente motivados, al equiparar a la demandante con una
cooperativa de trabajo asociado; además, refirió que la DIAN hizo una interpretación
errónea de los artículos 4, 9 y 13 de la Ley 1429 de 2010 y los artículos 6, 11, 12, 13
y 14 del Decreto 4910 de 2011, con base en los cuales se justificaron los descuentos
tributarios por vinculación de nuevos trabajadores; y, que además estaban
debidamente probados los costos por compras a proveedores inscritos en el régimen
simplificado del IVA, reportados en la declaración de renta del año 2012.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 14 de
diciembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda al considerar que los
costos por salario y aportes parafiscales debían desconocerse, porque la
demandante solo efectuó aportes a salud. Que era procedente el rechazo de costos
por compras a tres proveedores inscritos en el régimen simplificado de IVA porque
superaron los topes fijados en el artículo 499 del ET.
Además, indicó que la sociedad Eficacia S.A. no tiene la calidad de cooperativa de
trabajo asociado, ni de empresa temporal de empleo, pues prestaba servicios de
«tercerización de procesos de negocio»; que las disposiciones que regulaban los
descuentos en cuestión no establecieron un término de duración de las
vinculaciones, por lo que no había lugar a rechazarlos por motivos relacionados con
la estabilidad de los empleos; que la demandante había incrementado el IBC; que los
trabajadores contratados eran menores de 28 años; y que los empleados aparecía
por primera vez en la PILA. Sin embargo, advirtió que la autoridad fiscal conservaba
sus facultades de fiscalización pese a la existencia de la «tarifa legal» y que por
medio de su investigación había constatado que unos trabajadores laboraron para la
demandante en periodos anteriores a la expedición de la Ley 1429 de 2010 y que
previamente habían realizado cotizaciones al sistema de seguridad social, de modo
que los descuentos debatidos eran improcedentes, porque la actora no contrató
nuevos trabajadores. En línea con lo expuesto, avaló la multa impuesta dado que el
sujeto pasivo declaró datos inexactos e incompletos.
La sociedad Eficacia S.A. interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
argumentando que: (i) no existían aportes parafiscales ni salarios asociados a los
aportes de salud que realizó, porque se originaron en el reporte tardío del retiro de
algunos trabajadores y porque efectuó pagos a la EPS incorrecta; (ii) se deben
reconocer los costos por compras a proveedores inscritos en el régimen simplificado
del IVA, porque para soportarlos bastaba un documento equivalente; y, (iii) que
existió una indebida valoración probatoria en la decisión de primera instancia, por lo
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: Eficacia S.A.
que la sanción por inexactitud no era procedente, pues actuó bajo el derecho
aplicable
2. Sentencia recurrida en revisión
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 16 de junio de 2022, decidió
revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, dispuso:
«Primero: Declarar la nulidad parcial de los actos demandados, de conformidad con lo
considerado en la sentencia de segunda instancia.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, fijar el impuesto sobre la renta de la
actora por el año gravable 2012 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
sentencia de segunda instancia y la sanción de inexactitud en $3.078.369.000.»
Lo anterior al considerar que, los costos rechazados provienen del servicio de
transporte urbano prestado en 667 ocasiones por tres proveedores inscritos en el
régimen simplificado del IVA, con valores que superaron los límites establecidos por
la ley para pertenecer dicho régimen1. Por lo tanto, los pagos efectuados después de
que el valor acumulado de los contratos superara el umbral no son reconocidos
fiscalmente. En consecuencia, se consideran válidos los costos objetados hasta
alcanzar 3.300 UVT por proveedor, lo que resulta en un rechazo de costos por
$703.359.922.
Afirmó que de acuerdo con el parágrafo 4 de los artículos 9 y 13 de la Ley 1429 de
2010, los aportes parafiscales deben ser pagados oportunamente por el empleador
para que los descuentos procedan. Así mismo, que según el artículo 13 del Decreto
4910 de 2011, para acceder a los descuentos tributarios, el interesado debe haber
cumplido con todas las obligaciones relacionadas con el sistema general de
seguridad social respecto a todos los trabajadores de la empresa.
Sostuvo que la Dian rechazó los descuentos autoliquidados por la demandante
debido al pago tardío de aportes y al incumplimiento de otras obligaciones laborales.
Que con ello evidenció que Eficacia S.A. no cumplió con el requisito establecido en el
artículo 13 del Decreto 4910 de 2011.
Precisó que, si bien la sociedad demandante afirmó haber realizado aportes a salud
sin pagar las demás contribuciones correspondientes debido al reporte tardío del
retiro de un grupo de trabajadores, también lo es que no acreditó tal afirmación. Que,
por el contrario, se demostró que la demandante omitió pagar los aportes
parafiscales asociados a estas contribuciones al subsistema de salud. Por lo tanto, la
demandante no cumplió con todas las exigencias para acceder a los beneficios
discutidos según lo establecido en el parágrafo 4 de los artículos 9 y 13 de la Ley
1429 de 2010.
1
El artículo 499 del ET establece que, para pertenecer al régimen simplificado del IVA, los ingresos brutos totales
deben ser inferiores a 4.000 UVT ($104,196,000) en el año anterior y no haber realizado ventas superiores a
3.300 UVT ($85,961,700) en el año en curso o el anterior.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: Eficacia S.A.
Frente a la sanción por inexactitud señaló que era procedente, toda vez que el
contribuyente incluyó en la autoliquidación del impuesto costos y descuentos
desacreditados por la administración. Sin embargo, procedió a adecuar la cuantía de
la multa a las glosas no desvirtuadas por la demandante, fijándola en un total de
$3.078.369.000.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Escrito del recurso extraordinario de revisión
La sociedad Eficacia S.A., el 25 de noviembre de 2022, interpuso recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, porque consideró que se encuentra incursa en
la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, esto es, “existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Aseguró que la providencia cuestionada vulneró el principio de congruencia interno y
externo, por lo siguiente:
(i) Señaló que la consideración 6 de la sentencia violó la congruencia externa, al
cambiar la motivación de los actos demandados, sin tener competencia para ello,
vulnerando los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de Eficacia S.A.
Lo anterior teniendo en cuenta que, el rechazo del costo por aportes parafiscales por
$9.107.000, es diferente al rechazo del descuento tributario por $2.778.010.000. Que
en la Liquidación Oficial del Revisión los rechazos formulados por la DIAN se
presentaron en dos conceptos diferentes, uno sobre el renglón 71 que contenía el
descuento tributario por generación de empleo y otro sobre el renglón 49 de total de
costos.
Que, la motivación de los actos administrativos respecto de cada uno de los costos
fue de forma independiente, pero en la sentencia se tomó como un solo cargo, por lo
que se creó una nueva motivación respecto de la cual la sociedad Eficacia S.A. no
pudo pronunciarse.
Aseguró que, de haberse hecho el análisis individual de los cargos, la autoridad
judicial no habría podido relevarse de estudiar los primeros siete cargos de la
demanda.
(ii) La consideración 5.3 de la providencia recurrida transgredió la congruencia
externa de la sentencia, al indicar que se demostró la omisión de aportes
parafiscales por $9.107.000, cuando en el expediente no aparece prueba alguna que
acredite tal afirmación. Razón por la que se vulneró los derechos al debido proceso,
contradicción y defensa de Eficacia S.A.
Señaló que en la consideración 6 la autoridad judicial se relevó de estudiar todas las
pruebas relativas al descuento tributario contenidas en los cargos primero a séptimo
y le dio total credibilidad a la liquidación oficial de revisión, sin una justificación y un
fundamento suficiente para hacerlo.
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Demandante: Eficacia S.A.
(iii) La consideración 10 de la sentencia violó la congruencia interna al cuestionar la
ausencia de disposiciones normativas y pruebas, siendo que estas se encuentran
referidas en los cargos primero a séptimo de la demanda, los cuales no fueron objeto
de estudio por la decisión expuesta en la consideración 6 de la providencia recurrida.
(iv) La consideración 8 transgredió el principio de congruencia interna que debía
existir entre las consideraciones 6 y 8, pues si en la consideración 6 negó a Eficacia
S.A. el beneficio previsto en la Ley 1429 de 2010, al negar el derecho al descuento
tributario, en la consideración 8 se contradice, pues se negó a corregir el rechazo de
la deducción que se había originado en el cumplimiento de los parágrafos 3 de los
artículos 9 y 13 de la misma norma.
Que, además, se violó la congruencia externa al negar el estudio de la pretensión
subsidiaria y, en consecuencia, desconoció los derechos fundamentales de
contradicción, defensa y acceso a la administración de justicia de la sociedad
Eficacia S.A.
Finalmente, señaló que, con base en los principios de justicia y equidad del sistema
tributario, al dar cumplimiento a los parágrafos 3 de los artículos 9 y 13 de la Ley
1429 de 2010, para acceder al descuento tributario por generación de empleo la ley
le exigió a Eficacia S.A. rechazar la suma de $2.778.010.000 como deducción,
entonces si en la sentencia acusada se decidió rechazar esa suma como descuento
tributario, debió reconocerlos como una deducción en la nueva liquidación.
2. Trámite procesal
En auto del 19 de diciembre de 2022, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la sociedad Eficacia S.A., se ordenaron las notificaciones de rigor2 y,
por Secretaría, se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que
remitiera en calidad de préstamo, el expediente dentro del cual se tramitó el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado: 760012333000201701255
01.
Mediante auto del 20 de abril de 2023, se tuvieron como pruebas los documentos
aportados con la demanda.
3. Contestación al recurso
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN solicitó que se
declarara infundado el recurso extraordinario de revisión, porque las pretensiones de
la parte recurrente están encaminadas a configurar una tercera instancia del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Aseguró que, los argumentos expuestos por la recurrente no corresponden a vicios
que se configuren en la causal de nulidad prevista en el numeral 5º del artículo 250
del CPACA, porque no corresponden al momento procesal en que se profirió la
sentencia que se cuestiona.
2
Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Demandante: Eficacia S.A.
Aseveró que, no existe falta de congruencia interna y externa en las consideraciones
del fallo o violación a los derechos al debido proceso, contradicción y de defensa y
de acceso a la administración de justicia alegados, pues lo que se observa es una
inconformidad de la actora al indicar que tanto el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca como el Consejo de Estado se relevaron del estudio de los cargos primero a
séptimo de la demanda.
Que, el juez de segunda instancia se concretó al debate marcado por el recurso de
apelación interpuesto por la actora sin que el fallo vulnere el principio de congruencia
de las sentencias.
Indicó que, el argumento de la falta de la valoración probatoria no puede ventilarse
bajo la causal 5º invocada por la recurrente. Lo que se observa es que busca que se
emita un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto y el recurso extraordinario
de revisión no puede convertirse en una “tercera instancia”.
Que los cargos que expuso la recurrente se referían a la interpretación de los
artículos 9 y 13 de la ley 1429 de 2010 y tales disposiciones fueron analizadas por el
Consejo de Estado para definir si la sociedad tenía derecho a los descuentos
tributarios y para ello debía comprobar si se pagó o no de forma oportuna y
completamente los aportes parafiscales a los que estaba obligada, y si calculó el
monto de los beneficios con base en nuevos empleados o en reemplazos, pues esas
normas disponen tal requisito.
Refirió que fue la sociedad Eficacia S.A. la que interpuso el recurso de apelación
contra la sentencia de Valle del Cauca, por lo que, en virtud del principio de
congruencia, como garantía del derecho fundamental al debido proceso en el
proceso judicial, al juez de la causa solo le resultaba permitido emitir
pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del
mismo.
4. Concepto del Ministerio Público
El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que
indicó que el recurso extraordinario de revisión debe declararse infundado, porque la
causal de nulidad originada en la sentencia no se configuró.
Lo anterior teniendo en cuenta que, la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado no vulneró el principio de congruencia externa, pues se garantizaron los
derechos de defensa y de acceso a la administración de justicia, no se cambió la
motivación del acto administrativo, materia de inconformidad, como se sostiene en el
recurso.
En cuanto al alegato de la recurrente referente a que no se analizó la pretensión
subsidiaria, precisó que, «… la decisión plasmada en la sentencia debe mostrar
conformidad entre hechos y pretensiones aducidos en la demanda, pero de igual
forma atendiendo a aquello debió ser objeto de discusión en el acto que está siendo
analizado, pues no es posible que el Tribunal se pronuncie respecto de actos y
decisiones que no son objeto de este proceso, o que no se discutieron en sede
administrativa, pues dicho proceder repercutiría de manera adversa en el principio de
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Demandante: Eficacia S.A.
congruencia de la sentencia, así, el pronunciamiento de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado no podía ir más allá de aquello, pues incurriría en un fallo
incongruente al pronunciarse sobre actos que no fueron objeto de esta demanda».
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en el inciso 1° del artículo 249 del CPACA, de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.
El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.
De acuerdo con lo anterior, a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado le corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la sociedad Eficacia S.A., contra la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta.
2. Oportunidad del recurso
El recurso extraordinario de revisión se presentó el 25 de noviembre de 2022, es
decir, en vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de
interposición, conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el
recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia3.
Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 11 de julio de
20224 y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 25 de noviembre de 2022,
es claro que la demanda se presentó dentro del término.
3
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
4
Teniendo en cuenta que la sentencia se notificó por correo electrónico el 1° de julio de 2022. (índice 23 de
SAMAI del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho).
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: Eficacia S.A.
3. Legitimación en la causa
Respecto de la sociedad Eficacia S.A. recae el interés jurídico que se debate en el
sub examine, en tanto que, fue la parte demandante vencida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche.
Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, está
legitimada, pues fue parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el cual se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.
La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de la
acción extraordinaria de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 5ª del
artículo 250 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión
En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
artículo 250 del CPACA5.
Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional lo ubica como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin
de restablecer la justicia material6, en el mismo sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial
Número Tres7, explicó que, en general, es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.
5
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
6
Sentencia C-418 de 1994.
7
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800.
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: Eficacia S.A.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.
Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o
la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley8.
5. Del alcance y requisitos de la causal quinta: -“5. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que la
providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin
al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación y, (iii)
que la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la sentencia y
no antes9.
Pues bien, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son
aquellos eventos descritos en el artículo 133 del Código General del Proceso10 –
8
Ibídem.
9
Recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás
irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente por los mecanismos que establece el código se
tendrán por subsanadas.
10
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad
tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o
pretermita íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si,
en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: Eficacia S.A.
antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil – y por violación del artículo
29 de la Constitución Política11, ocurre lo propio en las distintas jurisdicciones12.
Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en
la precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la
sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión13, pues recuérdese, que
de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las
demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente se tendrán
por subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será
rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en hechos que se
propongan después de que la misma haya sido saneada, sin perjuicio de las
nulidades insaneables que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de
2011, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00,
identificó algunos eventos es los que se predica la existencia de la nulidad originada
en la sentencia, en los siguientes términos:
“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no
ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada
con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso
14
al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación[ ]”.
Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada
en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:
11
la Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la
nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes
Código de Procedimiento Civil-, que, adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido
en el artículo 29 de la Constitución Política.
12
La jurisdicción civil [Artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.], la jurisdicción penal
[Artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral
[Artículo 62 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral] y la jurisdicción de lo contencioso administrativo
[artículo 250 y siguientes del Código de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo].
13
Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo
ser advertida por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se
convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y
aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer dentro del término oportuno. Al respecto, ver
sentencias del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2018-01235-00 y del
3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.
14
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre
de 2009, dentro del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión.
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“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación
del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
15
puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)”
Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo alcance a la referida
causal, en lo que concierte al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación
del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el
expediente con radicado número: 11001-03-15-000-1998-00153-0116, se refirió
ampliamente al derecho a la tutela judicial efectiva o recurso judicial efectivo y
consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud,
constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos
fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es
un instrumento o medio de control que el legislador diseñó para la protección de esos
derechos fundamentales, que buscan la satisfacción plena del derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva, pero conservando la excepcionalidad que lo caracteriza17.
Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal
razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento
de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en
detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una
real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las
controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de
tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso.
Por tal razón, la Sala concluyó, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad
judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, por
considerarla una clara denegación de justicia.
Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos».
En ese sentido, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, estableció como subregla
jurisprudencial: es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así
se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo
inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-
00440-00.
16
En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se
presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el
fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, [actualmente artículo 133 del Código General del
Proceso] y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta
Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la
Sentencia C-739 de 2001 y entró a determinar si un fallo inhibitorio no justificado, es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva.
17
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 19 de septiembre de
2023, exp. nro. 11001-03-15-000-2020-03585-00, C.P. Dr. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandante: Eficacia S.A.
Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en
que, a juicio de la recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada18. En los términos de la sentencia
del 11 de octubre de 200519, “no se trata de controvertir la corrección o incorrección del
juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que
a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el
recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya
dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la
sentencia, que vician su validez”.
6. Planteamiento del problema jurídico
En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia
proferida el 16 de junio de 2022, por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con número
760012333000201701255 01, está incursa en la causal de revisión prevista en el
numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar la causal invocada.
7. De la solución al problema jurídico planteado
La sociedad Eficacia S.A. pidió que se dejara sin efecto la sentencia del 16 de junio
de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que revocó el fallo del
14 de diciembre de 2020, del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su
lugar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el sentido de «(…) fijar el impuesto sobre la renta de
la actora por el año gravable 2012 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la sentencia de segunda instancia y la sanción de inexactitud en $3.078.369.000».
La petición de la sociedad recurrente se funda en que, la sentencia cuestionada se
encuentra incursa en la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por ser una decisión incongruente,
toda vez que, a su juicio, no se pronunció sobre todos los argumentos expuestos en
la demanda, concretamente los primeros siete cargos propuestos, con las cuales se
habría ordenado la nulidad total de la Liquidación Oficial de Revisión respecto del
impuesto de renta y complementarios del año 2012, esto es, mantener los
descuentos tributarios reportados en la declaración privada del impuesto.
En cuanto al desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, se
advierte que en primera y en segunda instancia del proceso de nulidad y
18
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01
[47300], Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de
Estado, que reitera la sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
19
Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.
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restablecimiento del derecho, el debate se circunscribió en torno a establecer, si la
sociedad recurrente había cumplido los requisitos previstos en los artículos 9 y 13 de
la ley 1429 de 2010 y el Decreto reglamentario 4910 de 2011, para acceder al
descuento tributario en la determinación del impuesto sobre la renta y
complementarios para el año gravable 2012 por la generación de nuevos empleos y
el rechazo de los costos de ventas. Puntos frente a los cuales hubo un
pronunciamiento en la sentencia que es objeto de recurso extraordinario de revisión,
así:
“[…] en virtud de los artículos 108 y 664 del ET, es procedente el desconocimiento de los
costos por salarios en cuantía de $101.187.370, pues la actora no demostró haber
pagado todos los aportes al sistema de protección social en relación con la totalidad de
su planta de personal. En cambio, el expediente enseña que la actora no pagó ni
contabilizó aportes parafiscales respecto de los salarios objeto de rechazo, por lo que no
hay lugar a desconocer el costo por aportes parafiscales de $9.107.000. Prospera
parcialmente el cargo de apelación de la demandante.
[…] 5.2- En el sub examine, la demandada rechazó los descuentos autoliquidados por la
actora, entre otras razones, porque evidenció «el pago extemporáneo de aportes a
pensión y salud posterior a la presentación de la declaración y el incumplimiento del pago
de aportes parafiscales, al SENA, I.C.B.F, y Cajas de Compensación Familiar, tratándose
de obligaciones laborales del año 2012. Con lo anterior se evidencia que el contribuyente,
incumplió el requisito establecido en el artículo 13 del Decreto 4910 del 26 de diciembre
de 2011, reglamentario de la Ley 1429 de 2010» (índice 2).
5.3- Pues bien, como quedó expuesto en los fundamentos jurídicos nros. 3 a 3.3 de esta
sentencia, aunque la demandante manifestó que realizó aportes a salud sin pagar las
demás contribuciones correspondientes (i.e. pensión, riesgos laborales, SENA, ICBF y
cajas de compensación familiar) debido a que reportó de forma tardía el retiro de un
grupo de sus trabajadores, tal circunstancia no quedó acreditada en el plenario. Por el
contrario, el expediente muestra que la actora omitió pagar los aportes parafiscales
asociados a dichas contribuciones al subsistema de salud. Por tanto, la demandante no
acreditó haber saldado efectiva y oportunamente sus obligaciones por concepto de
aportes parafiscales, como lo ordenan el parágrafo 4.° de los artículos 9.° y 13 de la Ley
1429 de 2010 y, por ende, no demostró haber cumplido todas las exigencias de cara a
acceder a los beneficios debatidos. No prospera el cargo de apelación.
[…]”
En esas condiciones, es claro para la Sala que en la sentencia objeto de revisión, no
se vulneró el principio de congruencia externa, porque fueron analizados cada uno
de los cargos propuestos por las partes en la demanda y en la contestación,
respectivamente, referente a la procedencia del descuento tributario y del rechazo de
costos efectuado por la DIAN en los actos demandados. De manera que, no se
vulneró el derecho de defensa y contradicción, ni tampoco el derecho al acceso a la
administración de justicia. Caso distinto es que el recurrente no esté conforme con la
decisión que no le fue favorable a la totalidad de sus pretensiones, circunstancia que
no es suficiente ni cumple con los requisitos para que proceda el recurso
extraordinario de revisión.
Ahora bien, la Sala advierte que los demás argumentos expuestos por el recurrente
no cumplen con el presupuesto de procedibilidad de la causal invocada, toda vez que
la pretensión de la parte recurrente es reabrir el debate que ya se dio ante el juez
natural de la causa, como si el recurso extraordinario de revisión constituyera una
tercera instancia, por lo siguiente:
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Los extensos argumentos de la recurrente se centran en que, en la sentencia
cuestionada no se resolvieron los cargos primero a séptimo de la demanda, en los
cuales se indicaba:
«En desarrollo de los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, las causales de nulidad
de los actos administrativos aquí demandados se presentan por falta de aplicación del
artículo 588 ET y por interpretación errónea y aplicación indebida del artículo 670 ET, con
base en el concepto de violación contenidos en los siguientes cargos:
1. Primer Cargo: Nulidad por falsa motivación: en los actos demandados se afirma, sin
aportar pruebas, que EFICACIA es una empresa de servicios temporales o un
intermediario laboral, hecho que NO corresponde a la verdad, toda vez que el objeto
social de mi apoderada, contratista independiente, consiste en la prestación de servicios
de EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS.
2. Segundo Cargo: Nulidad por interpretación errónea del parágrafo 5 de los artículos 9
y 13 de la Ley 1429 de 2010 y el inciso segundo del artículo 12 y el numeral 3 del artículo
13 del Decreto 4910 de 2011, ya que sólo están excluidas del descuento tributario las
cooperativas de trabajo asociado y los terceros que contraten “a través” de
empresas de servicios temporales.
3. Tercer Cargo: Interpretación errónea del artículo 9 de la Ley 1429 de 2010, ya que
EFICACIA cumple con los requisitos para acceder al descuento tributario por 5.923
nuevos trabajadores menores de 28 años a la fecha de su contratación, cuyos aportes
se encuentran incluidos dentro del total del descuento tributario solicitado por
$2.778.010.180.
4. Cuarto Cargo: Interpretación errónea del artículo 13 de la Ley 1429 de 2010, ya que
EFICACIA cumple con los requisitos para acceder al descuento tributario por 1.006
nuevos trabajadores que devengan menos de 1.5 SMMLV y que aparecen por primera
vez en la base de datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), cuyos
aportes se encuentran incluidos dentro del total del descuento tributario solicitado por
$2.778.010.180.
5. Quinto Cargo: Violación del debido proceso y del principio de confianza legítima,
consagrados en los artículo 29 y 83 de la Constitución Política, por desconocer la tarifa
legal probatoria establecida en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1429 de 2010 y en
el literal g) del artículo 11 y el inciso tercero, octavo, décimo y décimo primero del artículo
14 del Decreto 4910 de 2011, normas que señalan que se entienden como nuevos
empleados aquellas personas que aparezcan por primera vez en la base de datos de la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes - PILA.
6. Sexto Cargo: Indebida aplicación del inciso segundo del parágrafo 2 del artículo 4 de
la Ley 1429 de 2010 y del artículo 6 del Decreto 4910 de 2011, ya que EFICACIA no
debía solicitar autorización, ni efectuar algún registro para acceder al descuento tributario
por generación de empleo, pues el requisito exigido por la DIAN sólo era exigible para la
progresividad del pago del impuesto sobre la renta, NO para el incentivo para la
generación de empleo.
7. Séptimo Cargo: Interpretación errónea de los artículos 9 y 13 de la Ley 1429 de 2010
y los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 4910 de 2011 cuando la DIAN asigna a estas
normas un alcance que no les corresponde, ya que ninguna de ellas establece como
requisito para el descuento tributario por generación de empleo un tiempo mínimo de
permanencia. Estas normas sólo establecieron un término máximo de dos (2) años. (…)»
(Negrillas y subrayas originales del texto)
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De lo anterior, se evidencia que los cargos a los que hace referencia la parte
recurrente se concretan en la presunta falsa motivación de los actos demandados y
vulneración del debido proceso y el principio de confianza legítima por interpretación
errónea de los artículos 4, 9 y 13 de la Ley 1429 de 2010 y los artículos 6, 11, 12, 13
y 14 del Decreto 4910 de 2011, con base en los cuales se justificaron los descuentos
tributarios reportados en la declaración de renta del año 2012 presentada por la
sociedad Eficacia S.A.
Al respecto, se advierte que, en la providencia acusada la Sección Cuarta del
Consejo de Estado precisó el problema jurídico en los siguientes términos:
«1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de
apelación formulados por la actora en calidad de apelante única, contra la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al
extremo activo. Así, corresponde determinar si los costos por salarios y aportes
parafiscales son procedentes; y si la actora acreditó debidamente los costos por compras
a proveedores inscritos en el régimen simplificado del IVA. Definida esa cuestión se
estudiará si la demandante tenía derecho a los descuentos tributarios previstos en los
artículos 9° y 13 de la Ley 1429 de 2010, para lo cual se deberá definir si la actora pagó
oportunamente los aportes parafiscales a los que estaba obligada, y si calculó el monto
de los beneficios con base en nuevos empleados o en reemplazos. Finalmente se
decidirá sobre la sanción por inexactitud impuesta y la condena en costas en primera
instancia. Con todo, no se tendrán en cuenta las pruebas solicitadas por la demandante
en el recurso de apelación, pues esa petición fue negada mediante auto del 29 de
octubre de 2021 (índice 5), providencia que quedó ejecutoriada.»
Se advierte que, la decisión se centra en los descuentos tributarios autoliquidados
por la demandante según los artículos 9 y 13 de la Ley 1429 de 2010. La
demandante alega haber pagado todos los aportes parafiscales y haber calculado los
beneficios basándose únicamente en nuevos empleados, mientras que la
demandada argumenta que los aportes no fueron completos ni oportunos, y que los
beneficios fueron calculados utilizando empleados de reemplazo.
Al respecto, en la sentencia acusada se relataron los hechos que dieron origen a la
expedición de los actos administrativos acusados y se concluyó que:
«3- Del anterior recuento fáctico, se extrae que las partes coinciden en que la
demandante realizó aportes a salud en cuantía de $12.650.708, sin pagar las demás
contribuciones al sistema de protección social (i.e. pensión, riesgos laborales, SENA,
ICBF y cajas de compensación familiar). Ahora, la actora sostiene que hizo esos aportes
porque reportó tardíamente el retiro de un grupo de sus empleados y porque efectuó
pagos a la EPS incorrecta. De modo que los aportes en cita no estaban asociados a
salarios de sus empleados ni tampoco estaba obligada a pagar los demás aportes al
sistema de protección social echados de menos por la demandada. Por su parte, la
autoridad rechazó costos por salarios y aportes parafiscales en cuantías de $101.187.370
y $9.107.000, respectivamente, con fundamento en que la contribuyente pagó de forma
extemporánea e incompleta los aportes al sistema de protección social a su cargo, en la
medida en que las contribuciones a salud las pagó después de haber presentado su
declaración de renta; al paso que omitió pagar los aportes restantes.
3.1- A efectos de demostrar sus afirmaciones, la actora allegó al plenario dos evidencias:
un correo electrónico y un certificado de su revisora fiscal. El correo fue enviado por la
«coordinadora nacional de seguridad social y parafiscales» de la actora y se limita a
exponer las situaciones en las cuales debe realizarse el aporte a salud mediante la
«planilla M», sin mencionar que efectivamente se había reportado intempestivamente la
novedad del retiro de un grupo de empleados o que se realizaron pagos a una EPS
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incorrecta; de modo que no acredita los motivos por los cuales la contribuyente llevó a
cabo los aportes a salud en cuestión. Por su parte, el certificado de revisor fiscal que
allegó a fin de demostrar sus afirmaciones expresa que no registró contable ni
fiscalmente salarios ni aportes parafiscales asociados con las contribuciones a salud
referidas, pero guarda silencio en cuanto a las desvinculaciones que supuestamente
dieron lugar a dichas contribuciones, los pagos a la EPS incorrecta y su cuantía, no
relaciona las fechas en que se hizo el alegado reporte extemporáneo, ni menciona las
EPS beneficiarias del pago indebido, ni los trabajadores que se vieron afectados por el
error. Igualmente, pese a que señala que el aporte obedeció a las causas aludidas por la
actora «de acuerdo con los soportes internos», no adjuntó comprobantes que sustentaran
su afirmación, comoquiera que únicamente relacionó como anexos la copia de la tarjeta
profesional y el certificado de antecedentes profesionales de la revisora fiscal. Además, el
certificado invoca el artículo 5.° del Decreto 4023 de 2011 como fundamento de los
aportes, pero esa norma nada tiene que ver con las obligaciones de los aportantes frente
al sistema general de protección social. Cabe destacar que los certificados de revisores
fiscales y contadores están sujetos a valoración de acuerdo con las reglas de la sana
crítica y deben llevar al convencimiento del hecho objeto prueba. En ese sentido, las
certificaciones deben informar si las operaciones están respaldadas por comprobantes
internos y externos y contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o
asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse. De manera que
estos medios probatorios no pueden versar sobre simples afirmaciones o enunciados sin
respaldo documental o contable alguno . Por las razones expuestas, la certificación de
revisor fiscal obrante en el expediente no brinda certeza sobre los hechos que busca
demostrar.
3.2- Para acreditar que efectivamente los aportes a salud realizados por la actora no
estaban asociados a salarios, sino que se debieron al reporte tardío del retiro de un grupo
de empleados, la Sala echa de menos pruebas como la planilla que soporta la novedad
del retiro, la lista de los trabajadores que fueron retirados y los salarios que devengaban,
los soportes de su retiro (v.gr. liquidaciones, indemnizaciones, avisos de terminación, los
respectivos contratos laborales), la relación de los pagos imputados erradamente, las
planillas que dan cuenta de dichos pagos, las EPS a las que estaban afiliados los
trabajadores cuya desvinculación no se informó a tiempo, en fin, cualquier medio que
acreditara que la demandante pagó aportes a salud por incumplir sus obligaciones de
información frente al sistema de protección social y no por haber empleado personal. Por
tanto, concluye la Sala que la demandante no acreditó que reportó tardíamente el retiro
de sus empleados, ni su efectiva desvinculación. Además, no probó que imputó pagos a
una EPS a la que no se encontraban afiliados sus trabajadores. Por ello, no logró
demostrar que los aportes a salud que efectuó se debieron a razones distintas a que hizo
pagos gravados a favor de sus empleados.
3.3- En consecuencia, en virtud de los artículos 108 y 664 del ET, es procedente el
desconocimiento de los costos por salarios en cuantía de $101.187.370, pues la actora
no demostró haber pagado todos los aportes al sistema de protección social en relación
con la totalidad de su planta de personal. En cambio, el expediente enseña que la actora
no pagó ni contabilizó aportes parafiscales respecto de los salarios objeto de rechazo, por
lo que no hay lugar a desconocer el costo por aportes parafiscales de $9.107.000.
Prospera parcialmente el cargo de apelación de la demandante.»
Respecto a los costos por compras a proveedores inscritos en el régimen
simplificado de IVA, indicó que su procedencia estaba supeditada a que se
encuentren soportados en facturas o documentos equivalentes. Que, si las compras
a un mismo proveedor del régimen simplificado exceden los topes señalados en el
artículo 499 del ET, ello implica que dicho proveedor deja de cumplir con las
exigencias previstas en la ley para pertenecer al régimen en mención, de ahí que el
artículo 177-2 del ET limite la procedencia de costos y gastos. Finalmente, frente al
caso concreto señaló que:
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: Eficacia S.A.
«4.3- En el caso enjuiciado está demostrado y las partes no discuten que los costos
rechazados por la demandada se derivan de la prestación del servicio de «transporte
urbano» en 667 ocasiones por parte de tres proveedores inscritos en el régimen
simplificado del IVA (índice 2). El primero prestó a la actora sus servicios en 288
oportunidades por valor total de $423.713.220; el segundo lo hizo 343 veces en cuantía
de $418.317.800. El tercero fue contratado por la contribuyente en 36 ocasiones por valor
total de $119.204.500 (índice 2). En consecuencia, está probado que la demandante
contrató en diferentes oportunidades los servicios de tres proveedores no inscritos en el
régimen común y el valor acumulado de los contratos celebrados con cada uno de los
proveedores superó 3.300 UVT ($85.961.700), de manera que no tienen reconocimiento
fiscal los pagos efectuados por la contribuyente con posterioridad a que los contratos con
cada uno de los proveedores superara el umbral descrito, por mandato de la letra b) del
artículo 177-2 del ET. Entonces, son procedentes los costos objetados hasta llegar a
3.300 UVT ($85.961.700) por proveedor, de modo que hay lugar a desconocer costos por
$703.359.922. Por tanto, se avalará el rechazo, pero en la cuantía indicada. Prospera
parcialmente el cargo de apelación de la demandante.»
De acuerdo con lo expuesto en la demanda, en la sentencia de primera instancia, en
la apelación y en el fallo de segunda instancia, se observa que no le asiste razón a
los argumentos expuestos por la sociedad Eficacia S.A., debido a que se le dio
respuesta a la pregunta que desde un principio la demandante formuló, referente a la
procedencia de los costos por salario y aportes parafiscales y de costos por compras
a proveedores inscritos en el régimen simplificado de IVA.
En este orden de ideas, no se evidencia violación al debido proceso en relación con
la congruencia de la sentencia de segunda instancia, debido a que se da respuesta
al problema jurídico propuesto por la demandante.
Adicionalmente, no se evidencia falta de motivación de la sentencia, ya que se
justificó su respuesta por medio de la postura de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado reiterada en varios fallos. Además, desde un principio se advirtió la forma de
interpretar la norma, que es el tema propuesto por la demandante.
Por otra parte, la recurrente adujo que en la sentencia acusada se omitió
pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria, en la cual solicitó:
«PETICIÓN SUBSIDIARIA: En forma subsidiaria y solo en caso que parcialmente algún
monto del descuento tributario llegue a ser desconocido, solicito respetuosamente que el
Tribunal Administrativo del, Valle del Cauca y/o el Consejo de Estado practique una
nueva liquidación del impuesto sobre la renta a cargo de EFICACIA, por el año 2012, en
la cual el monto respectivo sea incluido como deducción en la determinación del impuesto
sobre la renta a su cargo por ese año gravable, pues se encuentra probado en el
expediente la realidad de la citada deducción, la cual se rechazó dando cumplimiento a lo
previsto en los parágrafos 3 de los artículos 9 y 13 de la Ley 1429 de 2010, en
cumplimiento de uno de los requisitos para acceder al descuento tributario por generación
de empleo.»
Frente a ello, la Sala evidencia que la providencia cuestionada en el numeral 8 de las
consideraciones dispuso que:
«8- Destaca la Sala que tampoco es procedente la pretensión subsidiaria formulada en la
demanda, dado que la actora no la planteó en el procedimiento administrativo enjuiciado,
de manera que la demandada no tuvo la oportunidad de estudiarla, por lo cual analizarla
en sede judicial vulneraría el derecho al debido proceso de la demandada.»
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: Eficacia S.A.
Posteriormente, la Sala concluyó que, «… avala el rechazo de costos laborales por
cuantía de $101.187.370 y acepta la procedibilidad de costo por concepto de aportes
parafiscales en cuantía de $9.107.000; respecto a los costos por compras a
proveedores inscritos en el régimen simplificado del IVA, acepta costos por la suma
de $257.885.100 y desestima la procedencia de la suma correspondiente a
$703.350.420; por último confirma el rechazo de los descuentos tributarios en
debate». Con base en lo anterior, procedió a reliquidar el impuesto de renta del año
2012 y de la sanción por inexactitud, a cargo de la sociedad Eficacia S.A.
Para la Sala, la decisión es congruente, toda vez que se tuvieron en cuenta los
argumentos de la demanda, la contestación y el recurso de apelación presentado por
la sociedad Eficacia S.A.
Recuérdese que el recurso extraordinario de revisión no está dado para insistir en
argumentos que fueron analizados y despachados desfavorablemente por los jueces
de instancia.
Tal y como se indicó en párrafos anteriores el recurso de revisión es de naturaleza
extraordinaria, por lo tanto, no es el mecanismo idóneo para solicitar que se
pronuncien sobre argumentos expuestos en el recurso de apelación, pues para ello
está prevista la solicitud de aclaración y/o adición de una providencia.
En todo caso, la Sala Especial advierte que los puntos objeto de apelación fueron
resueltos, pues el problema se centraba en determinar si: (i) los costos por salarios y
aportes parafiscales eran procedentes y; (ii) se acreditó en debida forma los costos
por compras a proveedores inscritos en el régimen simplificado de IVA, para con
base en ellos definir si la demandante tenía derecho a los descuentos tributarios
previstos en los artículos 9° y 13 de la Ley 1429 de 2010.
Luego, de ninguna manera las afirmaciones en que la recurrente basó el recurso
extraordinario de revisión pueden ser entendidas como verdaderos argumentos que
se enmarquen dentro de los requisitos de la causal invocada, pues, como se vio, no
cumple con alguno de los presupuestos fácticos que la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado para la procedencia del mismo.
Así, la providencia cuestionada no vulneró el principio de congruencia, ni los
derechos de defensa y al debido proceso que alegó la recurrente dentro del escrito
del recurso extraordinario de revisión.
Conviene señalar es que, tal y como lo ha indicado esta Corporación en anteriores
oportunidades, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación
excepcional de las sentencias, cuyo objeto es el rompimiento de la cosa juzgada,
según la cual, una vez en firme la sentencia no es procedente una nueva discusión
sobre el asunto ya resuelto. Por lo tanto, para que el recurso sea procedente, debe
comprobarse la existencia de un motivo o causal de revisión, que de manera
inequívoca demuestre la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión.
En suma, los cargos no prosperan y, en consecuencia, se impone declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la sociedad Eficacia S.A., contra
la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: Eficacia S.A.
8. Condena en costas
El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080
de 2021, prevé que “Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”. Dicha norma es aplicable en el presente caso, teniendo en
cuenta que, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en su vigencia – 24 de
octubre de 2022-.
Acorde con el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo
habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral 8.º ibidem
“cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.
En el caso concreto, se dan los presupuestos requeridos, lo que impone que se fijen
de acuerdo con la naturaleza, calidad y duración de la gestión útil.
Como está probada la intervención de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN, con el escrito de oposición del recurso, en cumplimiento del
numeral 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, se condenará en costas
por concepto de agencias en derecho, en suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, atendiendo
los criterios y tarifas establecidos por el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo número
PSSAA16-10554 de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura 20. Lo
anterior, teniendo en cuenta, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
desplegada por el apoderado de la demandada en el trámite del recurso de revisión,
la cual se evidencia en el plenario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
sociedad Eficacia S.A., contra la sentencia del 16 de junio de 2022,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro.
760012333000201701255 01., por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: Condenar en costas a la parte recurrente y a favor de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, las cuales se liquidarán por
Secretaría.
Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia,
la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la recurrente.
20
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06297 00
Demandante: Eficacia S.A.
Cuarto: En firme la providencia, archívense la actuación.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente de la Sala
Con salvamento parcialmente de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
(Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES
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