Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06193-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06193-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06193-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-06193-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: CARLOS MANUEL FREYLE SÁNCHEZ COMO AGENTE
OFICIOSO DE LA SEÑORA ISLE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN UNA MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL MÍNIMO VITAL,
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los actores
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1 y su SECRETARÍA, el DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA2 y el FONDO TERRITORIAL DE PENSIONADOS DE LA
GUAJIRA3.
1
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.
2
En adelante el DEPARTAMENTO.
3
En adelante el FONDO.
2
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I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor CARLOS MANUEL FREYLE SÁNCHEZ COMO AGENTE
OFICIOSO DE LA SEÑORA ISLE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y
al debido proceso, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN
SEGUNDA y su SECRETARÍA, el DEPARTAMENTO y el FONDO, al
existir una presunta mora judicial injustificada, por cuanto no se ha
proferido la sentencia de segunda instancia dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho 44001-23-40-000-
2022-00126-02.
I.2. Hechos
Indicó que la señora ISLE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ, presentó
demanda “ordinaria laboral” en el año 2022 ante la Jurisdicción
Ordinaria contra el FONDO y el DEPARTAMENTO, la cual fue
remitida por competencia ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, por lo que le correspondió en primera y segunda
instancia, respectivamente, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
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LA GUAJIRA y a la SECCIÓN SEGUNDA.
Afirmó que la citada demanda fue adecuada al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y le fue asignado el número
de radicado 44001-23-40-000-2022-00126-02.
Mencionó que la finalidad de las pretensiones de la demanda son que
se le reconozca y pague la pensión de sobreviviente al haber sido la
compañera permanente del señor MANUEL ANTONIO FREYLE
AMATA (Q.E.P.D), en un 50% o 100% de la mesada pensional
percibida actualmente por la señora MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ DE
ORTEGA, quien desde el año 2021 es beneficiaria de esa prestación
económica, la cual le fue reconocida a ella por medio de la Resolución
núm. 1845 de 20 de diciembre de 20114.
Señaló que las accionadas desconocieron el artículo 6° de la Ley 1204
de 4 de julio 20085 que establece que en “caso de existir controversia
entre varios beneficiarios dentro del trámite de una solicitud de
pensión de sobreviviente, los pagos deben ser suspendidos mientras
la jurisdicción correspondiente defina a quién se le debe asignar y en
qué proporción, sea cónyuge o compañero (a) permanente o ambos
si es el caso, conforme al grado de convivencia ejercido con el
4
“Por medio de la cual se reconoce una sustitución pensional dando cumplimiento a un fallo de tutela
y se ordena su pago”.
5
“Por la cual se modifican algunos artículos de la Ley 44 de 1980 y se impone una sanción por su
incumplimiento”.
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causante, según las normas legales que la regulan”.
Insistió en que debido a lo anterior se tenía que ordenar la
suspensión provisional de la Resolución núm. 1845 de 2011, así como
los pagos de la pensión de sobreviviente a la señora MARÍA DE
JESÚS MÉNDEZ DE ORTEGA, hasta que la Jurisdicción resuelva la
controversia.
Manifestó que debido a que el asunto reviste relevancia
constitucional al tratarse sobre derechos de un sujeto de especial
protección constitucional se debe tratar de manera urgente y
necesaria que se priorice y en el menor tiempo se defina la litis.
Sostuvo que existe un perjuicio irremediable toda vez que el FONDO
actualmente le está pagando la mencionada prestación económica a
una sola parte, cuando existe otra con igual o de más derechos, por
lo que la falta de pago le causa un daño significativo e irreversible a
los derechos fundamentales de la señora ISLE MARÍA SÁNCHEZ
RAMÍREZ, pues al tener 78 años no cuenta con los recursos
económicos para suplir sus necesidades básicas necesarias.
Finalmente, trajo a colación los “[…] artículos 1, 2, 11, 13, 29, 43, 46 y
48 de la Constitución Política, así como el artículo 121 del Código general
de proceso, el artículo 115 de la ley 1395 de 2010, el artículo 64 de la ley
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2080 de 2021, el artículo 115 de la ley 1395, artículo 5 de la ley 1251 de
2008, artículo 9 de la ley 1850 de 2017, artículos 17 y 31 de la ley 2055
de 2020, artículos 1 y 16 de la ley 1285 de 2009, el numeral 7 del Artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, literal j del numeral 1 del artículo 6, literal b
del artículo 11 de la ley 1251 de 2008, así como el cumplimiento de los
derechos consagrados para los adultos mayores en la Declaración de los
Derechos del Hombre y Humanos de 1948, los consagrados en la
Constitución Nacional y demás reconocidos por Colombia en Convenios o
Tratados Internacionales y las sentencias C-395 de 2021, T-301 de 2010 y
SU005 de 2018 […]”.
I.3. Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: Principalmente, amparar los derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social
de la señora Ilse María Sánchez Ramírez, […] como sujeto de especial
protección constitucional por ser de la tercera edad y evitar un
perjuicio irremediable y en atención a que cumple con todos los
requisitos legales y jurisprudenciales para percibir el 50% de la mesada
pensional que actualmente percibe la señora María de Jesús Méndez de
Ortega quien desde el año 2011 es beneficiaria de la pensión de
sobreviviente, cuya prestación económica debió ser suspendida desde
el mes de agosto del año 2020 cuando se interpuso la demanda o en
su defecto desde el mismo año se le debió pagar a ambas partes en
cumplimiento de la ley 1204 de 2008.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se le ORDENE a la
parte Accionada o Vinculada dejar en suspenso el pago de la pensión
de sobreviviente reconocida mediante la resolución 1845 de 2011 a
María de Jesús Méndez de Ortega en cumplimiento del artículo 6 de la
Ley 1204 de 2008.
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TERCERO: De forma subsidiaria, si en dado caso la decisión tomada
es que la señora María de Jesús Méndez de Ortega continúe percibiendo
la pensión, solicito se le ORDENE a la Accionada o Vinculada que en
atención al derecho a la igualdad material se le pague la pensión de
sobreviviente a la señora Ilse Marías Sánchez Ramírez en el mismo
porcentaje recibido por la señora María Méndez, en atención a su
condición de especial protección Constitucional por ser de la tercera
edad y por cumplir con los requisitos del artículo 47 versión original de
la ley 100 de 1993, el pago de la pensión será hasta que la segunda
instancia defina mediante sentencia debidamente ejecutoriada y en
firme a quién se le debe asignar y en qué proporción la prestación
económica de forma vitalicia.
CUARTO: Solicito al H. Despacho que en caso de ser procedente
aplique al presente asunto la PERSPECTIVA DE GÉNERO en el
sentido de que la Accionante es persona de protección Constitucional y
las exigencias son menos rigurosas y más flexibles para el
reconocimiento de derechos de índole económico mediante acción de
tutela. […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- La SECCIÓN SEGUNDA manifestó que si bien la parte actora
planteó una mora judicial respecto del trámite del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicado 44001-23-40-000-2022-00126-02, lo cierto es que
su finalidad es que se declaren medidas provisionales hasta que el
proceso declarativo culmine para evitar un presunto perjuicio
irremediable debido a la avanzada edad y limitaciones económicas
de la señora ISLE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
Señaló, que le ha dado trámite sin tardanza o mora alguna al citado
medio de control, el cual regresará al Despacho para proferir
sentencia se segunda instancia, de conformidad con los turnos de los
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procesos que le anteceden para tal fin, una vez se encuentre
ejecutoriada la providencia por medio de la cual se resolvió una
solicitud probatoria.
I.4.2.- La SECRETARÍA luego de hacer un recuento de sus
actuaciones dentro del medio de control nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 44001-
23-40-000-2022-00126-02, adujo que no se le vulneró ningún
derecho fundamental a la parte actora, pues le impartió el trámite
correspondiente dentro de un tiempo razonable.
I.4.3.- El DEPARTAMENTO manifestó que lo que pretende la parte
actora con la acción de tutela de la referencia es revivir términos y
etapas procesales frente a las cuales se le otorgaron todas las
garantías al debido proceso sin desconocerle derecho fundamental
alguno en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que se encuentra en curso.
Afirmó que dentro del trámite del medio de control que dio origen a
la presente acción constitucional, la parte actora solicitó la
suspensión provisional de los actos administrativos allí demandados,
la cual fue denegada por el TRIBUNAL mediante auto de 30 de
marzo de 2023, decisión que controvirtió mediante los recursos de
reposición y, en subsidio, apelación, dentro de los cuales se confirmó
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la decisión, este último a través del auto de 14 de marzo de 2024
por la SECCIÓN SEGUNDA.
Mencionó respecto de la mora judicial alegada por no haberse dictado
la sentencia de segunda instancia que la acción de tutela no es el
medio idóneo pues, a su juicio, la parte actora cuenta con
herramientas procesales y administrativas para impulsar en debida
forma el curso de proceso, las cuales no se evidenciaron en el trámite
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
I.4.4.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, indicó que la parte actora no le
endilga ninguna actuación u omisión, debido a que lo que pretende
con la acción de tutela de la referencia es que se suspenda el pago
de la pensión de sobreviviente a la señora MARÍA DE JESÚS
MÉNDEZ DE ORTEGA y, en su lugar, se le otorgue dicho pago, de
forma transitoria, mientras se resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia dentro del medio
de control radicado bajo el núm. 44001-23-40-000-2022-00126-02,
razón por la cual al ser un asunto que escapa de su competencia, dijo
que se abstendría de realizar pronunciamiento alguno sobre las
pretensiones de los accionantes.
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Por último, puso de presente las consideraciones del fallo de primera
instancia en el que declaró probada la excepción de cosa juzgada y
se abstuvo de emitir pronunciamiento de fondo sobre el asunto,
comoquiera que la parte actora realizó algunas afirmaciones frente a
la procedencia del reconocimiento pensional.
I.4.5.- La señora MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ DE ORTEGA,
vinculada en calidad de tercero con interés directo en las resultas del
proceso, manifestó que el derecho pensional alegado por la parte
actora siempre ha estado en su cabeza, el cual le fue reconocido
definitivamente a través de la Resolución núm. 1845 de 2011 y,
asimismo, que no le asiste razón a la parte actora en afirmar que de
conformidad con el artículo 6° de la Ley 1204 de 2008, se le deben
suspender los pagos de la mesada pensional, pues este solo se refiere
a los casos en los que el cónyuge como la compañera permanente
reclaman los mismos y no se ha resuelto la controversia; sin
embargo, a su juicio, esto ya sucedió con la expedición de la citada
Resolución.
Mencionó que no existe un perjuicio irremediable debido a que no se
ha dictado ninguna sentencia judicial que le haya reconocido el
derecho pensional a la señora ISLE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ
desde el momento del fallecimiento del señor MANUEL ANTONIO
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FREYLE AMATA (Q.E.P.D).
Indicó que no se le han vulnerado los derechos fundamentales a la
parte actora, toda vez que la misma ha ejercido su derecho a
presentar reclamaciones judiciales y a defender sus intereses; sin
embargo, las autoridades judiciales han denegado sus solicitudes.
Afirmó que a pesar de que se alega que la señora ISLE MARÍA
SÁNCHEZ RAMÍREZ, es un sujeto de especial protección por ser de
la tercera edad y sobre la perspectiva de género solo son utilizadas
de forma indebida para argumentos que no tienen sustento legal.
I.4.6.- El FONDO pese a ser notificado en debida forma de la
presente acción de tutela, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, la parte actora promovió acción de tutela con el
fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso,
los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA y su
SECRETARÍA, el DEPARTAMENTO y el FONDO, para lo cual solicitó,
entre otros, que se le reconozca la pensión de sobreviviente como
consecuencia del fallecimiento de su compañero permanente el señor
MANUEL ANTONIO FREYLE AMATA (Q.E.P.D), dentro del dentro
6
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 44001-23-40-000-
2022-00126-02; sin embargo, la Sala advierte que los argumentos
de la demanda van dirigidas a una presunta mora judicial
injustificada en que incurrió la SECCIÓN SEGUNDA, por cuanto no
ha dictado la sentencia de segunda instancia.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la
SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte actora, al incurrir en una presunta mora judicial
injustificada dentro del medio de control aludido.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”7 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional8 ha sostenido que el no
7
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
8
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
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cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte9 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora10. Advirtió, además, que (iv)
el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
9
Ibidem.
10
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
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plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”11.
13.5. En la providencia T-230 de 201312, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1)
se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional13.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional14, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad15; y, en otros, (iii) dispone
11
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
12
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
13
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
14
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
15
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
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un amparo transitorio16.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201617, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones
procesales desarrolladas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 44001-23-40-000-2022-00126-02, en aras de determinar
si en el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran
la mora judicial injustificada.
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«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
17
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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La Sala observa de las pruebas obrantes en el expediente y según la
información relacionada en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial, SAMAI, que:
• El proceso fue asignado por reparto el 28 de febrero de 2024 a
la SECCIÓN SEGUNDA, para resolver el recurso de apelación
contra la sentencia de 22 de febrero de 2024, proferida por el
TRIBUNAL.
• El 15 de marzo de 2024, la SECCIÓN SEGUNDA admitió el
recurso de apelación.
• Mediante auto de 22 de noviembre de 2024, dicha autoridad
judicial denegó la solicitud de pruebas en segunda instancia, de
conformidad con el artículo 212 del CPACA.
• Una vez agotado el trámite de notificación de la anterior
decisión, el expediente ingresó al Despacho para dictar sentencia
el 9 de diciembre de 2024.
En virtud de lo anterior y conforme a las circunstancias fácticas
mencionadas, la Sala observa que el proceso se halla en turno para
dictar sentencia en segunda instancia, lo que evidencia que se
encuentra en trámite y, durante el mismo, la SECCIÓN SEGUNDA
y su SECRETARÍA han procurado ser diligentes en su gestión.
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En efecto, es menester precisar que la SECCIÓN SEGUNDA
manifestó que procederá a dictar la respectiva sentencia cuando sea
su turno, esto es, teniendo en cuenta la fecha de ingresó del
expediente al Despacho para fallo.
En ese sentido, la Sala observa que pese a la carga actual de trabajo
y la congestión que enfrenta la Rama Judicial, de la cual no se escapa
la parte accionada, le ha dado trámite pertinente al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho garantizando el acceso a
la administración de justicia de las partes y el debido proceso.
Ahora, frente a las demás pretensiones relativas a que se suspenda
el pago de la mesada pensional percibida actualmente por la señora
MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ DE ORTEGA, entre otras, la Sala
advierte que no se cumple con el requisito general de la
subsidiariedad, toda vez que, precisamente, ese es el objeto de
estudio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho del cual se alega la presunta mora judicial, en el que, por
demás, puede solicitar en cualquier estado del proceso como medida
cautelar la suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo demandado, de conformidad con el artículo 233 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo18.
18
En adelante CPACA.
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Cabe resaltar que si bien mediante auto de 14 de marzo de 202419
la SECCIÓN SEGUNDA confirmó la decisión del a quo de denegar la
suspensión provisional de la Resolución núm. 1845 de 2011, ello no
es óbice para que, en virtud de lo dispuesto en el último inciso del
citado artículo 233 del CPACA, los actores puedan solicitar
nuevamente la medida cautelar si consideran que se han presentado
hechos sobrevinientes y se cumplen las condiciones requeridas para
su decreto.
Ahora, en los argumentos de la solicitud de amparo los actores
también pusieron de presente que: “[…] existe un perjuicio
irremediable toda vez que el FONDO actualmente le está pagando la
mencionada prestación económica a una sola parte, cuando existe
otra con igual o más derechos, por lo que la falta de pago le causa
un daño significativo e irreversible a los derechos fundamentales de
la señora ISLE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ, pues al tener 78 años
no cuenta con los recursos económicos para suplir sus necesidades
básicas necesarias […]”.
Al respecto, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, pues la edad de la señora ISLE MARÍA
19
Visible en el índice 14 del expediente digital obrante en SAMAI.
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SÁNCHEZ RAMÍREZ no es un hecho que por sí solo configure un
perjuicio irremediable que haga procedente el estudio del fondo del
asunto y, además, porque de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no es posible establecer las circunstancias alegadas por
aquella.
Consecuente con lo anterior, al haberse comprobado que la
SECCIÓN SEGUNDA y su SECRETARÍA no incurrieron en una mora
judicial injustificada, para la Sala se impone denegar el amparo
solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo frente a la mora judicial invocada,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud por no cumplir
el requisito general de la subsidiariedad respecto de las demás
pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de la
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presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de diciembre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
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