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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2022-00126-02

Fecha
29 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2022-00126-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia apelada del 22 de noviembre de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo de La guajira que declaró de oficio la excepción de cosa juzgada. En consecuencia: Segundo. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Ilse María Sánchez Ramírez en contra del Caja de Previsión Social del departamento de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 46En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 25 Radicado: 44001-23-40-000-2022-00126-02 (0976-2024) Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC 26

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2022-00126-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

29 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2022-00126-02 (0976-2024)
Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez
Demandado: Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación de La
Guajira
Vinculada: María de Jesús Méndez de Ortega

Temas: Sustitución pensional. Efectos del desistimiento de las
pretensiones de la demanda

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
La Guajira mediante la cual se declaró de oficio la excepción de cosa juzgada.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Ilse María Sánchez Ramírez presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad «o se modificara» la Resolución 1845 de 2011 por medio de

1 La demanda fue presentada el 28 de octubre de 2022. Folio 829 del cuaderno 1 del expediente

escaneado en el índice 2 de Samai.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 44001-23-40-000-2022-00126-02 (0976-2024)
Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

la cual el Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación de La Guajira, en
cumplimiento de un fallo de tutela, reconoció únicamente a María de Jesús Méndez
de Ortega como beneficiaria del 100% de la sustitución de la pensión de jubilación
que en vida devengó Manuel Antonio Freyle Amaya.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento del derecho a la sustitución de la pensión de jubilación
en comento en cuantía del 100% o del 50% en calidad de compañera permanente;
ii) el retroactivo pensional debidamente indexado; iii) los intereses moratorios
causados de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; iv) la condena extra
y ultra petita que corresponda; y v) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Manuel Antonio Freyle Amaya conformó una unión marital de hecho con Ilse
María Sánchez Ramírez desde el año 1979 de la cual se procreó a Carlos Manuel
Freyle Sánchez que nació el 22 de diciembre de 1982. Le fue reconocida una
pensión de jubilación por medio de la Resolución 17 del 21 de abril de 1982 con
ocasión del tiempo de servicio prestado en la Gobernación del departamento de La
Guajira. El pensionado falleció el 17 de septiembre de 1995.

3.2. El 21 de septiembre de 1995 Ilse María Sánchez Ramírez solicitó la sustitución
de la pensión en calidad de compañera permanente y de representante legal del
hijo de la pareja. La mesada solo fue sustituida en favor de los hijos menores de
edad del causante, entre ellos Carlos Manuel Freyle Sánchez, y de María de Jesús
Méndez de Ortega a través de la Resolución 17 del 12 de marzo de 1996.

3.3. Mediante Resolución 1546 del 20 de octubre de 2008 se suspendió el pago de
la pensión de sobreviviente a Carlos Manuel Freyle Sánchez por lo que Ilse María
Sánchez Ramírez interpuso recurso de reposición contra esa decisión en atención
a que su hijo aún cursaba estudios superiores. El recurso fue resuelto
negativamente según Resolución 1790 de 2008.

3.4. En fallo de tutela del 2 de diciembre de 2011 se ordenó el reconocimiento de la
sustitución pensional en favor únicamente de María de Jesús Méndez de Ortega.
Durante los años 2017, 2019 y 2020 reiteró las solicitudes de reconocimiento de la
sustitución pensional, pero no obtuvo respuesta.

3 Folios 1 al 4 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.

2

Radicado: 44001-23-40-000-2022-00126-02 (0976-2024)
Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 13, 29, 47, 48 y 53 de la Constitución
Política; 1, 2, 25 y 70 al 100 del Código Procesal del Trabajo; 47 de la Ley 100 de
1993; y la Ley 712 de 2001.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:

5.1. Laentidad demandada desconoció el ordenamiento jurídico y procedió de
manera desleal al indicar verbalmente en el año 1995, cuando se solicitó por primera
vez la sustitución pensional, que el derecho reclamado no podía ser reconocido
simultáneamente a dos personas de un mismo núcleo familiar razón por la que,
supuestamente, solo había lugar a concederlo al entonces menor Carlos Manuel
Freyle Sánchez.

5.2. Una vez suspendido el pago de la sustitución pensional por el cumplimiento de
los 25 años de edad de Carlos Manuel Freyle solicitó el reconocimiento de la
sustitución de la pensión de jubilación en calidad de compañera permanente, pero
nunca recibió respuesta y solo hasta el año 2011 se le concedió ese derecho a
María de Jesús Méndez de Ortega.

5.3. No existe prueba siquiera sumaria de la que pueda concluirse que María de
Jesús Méndez hizo vida marital con el causante, pues no demostró en sede
administrativa ser su beneficiaria en el sistema de salud, no aportó testimonios y por
el contrario procreó dos hijas con otra persona, lo que permite demostrar que no
existió una verdadera relación de pareja entre ambos.

5.4. De acuerdo con los principios de igualdad, equidad, razonabilidad, confianza
legítima y seguridad jurídica, la demandada debió reconocer la sustitución pensional
discutida a las dos compañeras permanentes del causante y no a una sola. Aunque
el citado reconocimiento obedeció a una orden de tutela, en dicho proceso el Fondo
Territorial de Pensionados de la Gobernación de La Guajira no recurrió esa decisión.

1.2. Contestación de la demanda

6. María de Jesús Méndez de Ortega no contestó la demanda a pesar de haber sido
vinculada al proceso por medio de auto del 1 de febrero de 20235.

4 Folios 12 al 20 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.
5 Folios 831 al 835 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.

3

Radicado: 44001-23-40-000-2022-00126-02 (0976-2024)
Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

7. Por su parte, el departamento de La Guajira se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda de acuerdo con los siguientes argumentos6:

7.1. Ilse María Sánchez Ramírez no acreditó su calidad de compañera permanente
de Manuel Antonio Freyle Amaya, circunstancia que debe estar debidamente
acreditada para reconocer la sustitución pensional en los términos del artículo 47 de
la Ley 100 de 1993 y de acuerdo con las consideraciones de la Corte Constitucional
en sentencia C-1035 de 2008.

7.2. No está probada la dependencia económica de la demandante, menos aún si se
toma en consideración que el fallecimiento del causante ocurrió en el año 1995 y
solo hasta el año 2021 acudió a la administración de justicia. Ilse María Sánchez
acudió a la administración departamental en el año 1995 para solicitar el
reconocimiento de la sustitución pensional, pero en favor de su hijo menor y no en
nombre propio como compañera permanente del causante, derecho que fue
debidamente concedido a Carlos Manuel Freyle hasta el cumplimiento de los 25
años de edad.

7.3. La parte demandante promovió otro proceso judicial de las mismas
características identificado con el radicado «2021-00138-00» en el que desistió de las
pretensiones, solicitud que fue aceptada por el Tribunal Administrativo de La Guajira
en auto del 25 de mayo de 2022.

7.4. Sonprocedentes las excepciones de no haberse presentado prueba de la
calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes,
administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el
demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar, caducidad de la
acción y cumplimiento del deber constitucional y legal.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de La Guajira en sentencia proferida el 22 de noviembre
de 20237 declaró de oficio la excepción de cosa juzgada y dio por terminado el
proceso. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. La Gobernación de La Guajira aportó copia del auto del 25 de mayo de 2022

6 Folios 855 al 861 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.
7 Folios 253 al 271 del cuaderno 2 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.

4

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

proferido dentro del proceso con radicado «2021-00138-00»8 en el que se aceptó el
desistimiento de las pretensiones de la demanda iniciada por Ilse María Sánchez
Ramírez en contra del Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación de La
Guajira, con la que también buscaba el reconocimiento de la sustitución de la
pensión de jubilación como compañera permanente de Manuel Antonio Freyle
Amaya.

8.2. El mencionado proceso fue allegado a este asunto razón por la que se pudo
corroborar que ese litigio guardaba identidad con el presente, pues en ambos fungió
como demandante Ilse María Sánchez Ramírez y como demandado el Fondo
Territorial de Pensionados de la Gobernación de La Guajira. Del mismo modo
guardan identidad de objeto y causa, pues se persigue la declaratoria de nulidad de
los actos por medio de los cuales se negó el reconocimiento de la sustitución de la
pensión que en vida devengó Manuel Antonio Freyle Amaya y que la reconocieron
en favor de María de Jesús Méndez de Ortega.

8.3. Las pretensiones en ambos asuntos se sustentan en los mismos hechos y
preceptos normativos, es decir, el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 por parte de la demandante. Lo anterior implica
que ambos asuntos son idénticos y que se promovieron de forma casi simultánea.

8.4. A pesar de lo anterior, Ilse María Sánchez desistió de las pretensiones del
proceso identificado con el radicado 2021-00138-00. De acuerdo con el Consejo de
Estado9 uno de los efectos del desistimiento es que «extingue el derecho,
independientemente de que exista o no» y «el auto que lo admite tiene los mismos efectos
que hubiera generado una sentencia absolutoria» lo que quiere decir que las
pretensiones desistidas hicieron tránsito a cosa juzgada y ante la identidad de
ambos procesos debe decretarse que ha operado el citado fenómeno en el caso
concreto, lo que impide realizar un estudio sobre el fondo del asunto.

1.4. El recurso de apelación

9. Ilse María Sánchez Ramírez presentó recurso de apelación con base en los
siguientes argumentos10:

9.1. El Tribunal Administrativo de La Guajira no valoró las pruebas aportadas al
proceso con las que se pretendía probar que Ilse María Sánchez Ramírez sí tiene

8 Se refiere al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 44001-23-40-000-2021-00138-00.

Departamento de La Guajira.
9 Auto del 17 de enero de 2023, radicado 11001-03-24-000-2021-00204-00.
10 Folios 280 al 332 del cuaderno 2 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

derecho a percibir la sustitución de la pensión de jubilación por haber tenido la
condición de compañera permanente de Manuel Antonio Freyle Amaya, derecho
que no le asiste a María de Jesús Méndez de Ortega a quien se le concedió en
virtud de una orden de tutela que no tiene la vocación de reconocer prestaciones de
índole económica de manera permanente.

9.2. La demanda identificada con el radicado 44001-23-40-000-2021-00138-00 fue
admitida con posterioridad a la presentación del memorial de desistimiento, lo que
quiere decir que para el momento de su radicación no se había notificado a las
partes.

9.3. No puede predicarse la existencia de cosa juzgada dentro del presente asunto
porque no hay identidad de partes en tanto en aquel proceso se ordenó la
vinculación de Duvis Palmezano, actuación que no se surtió en esta oportunidad.
Lo indicado permite concluir que las partes intervinientes en ambos asuntos no son
idénticas.

9.4. Tampoco es correcto afirmar que existió identidad de objeto y causa, en atención
a que en el primer proceso se propusieron un total de 19 hechos mientras que en el
asunto de la referencia se narraron un total de 29. Del mismo modo, en aquella
demanda se expusieron un total de 10 pretensiones, al paso que este asunto consta
de un total de 19 solicitudes declarativas y de restablecimiento del derecho, lo cual
desvirtúa la supuesta identidad de ambos procesos.

9.5. Ilse María Sánchez Ramírez es sujeto de especial protección constitucional
porque es una persona de la tercera edad, tiene una serie de afecciones de salud
que le impiden garantizar su subsistencia económica, lo que le impone vivir de la
caridad de sus allegados, y amerita que su situación sea definida de fondo y con el
enfoque de género desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-471
de 2023.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPCA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. El Ministerio Público

11 Índice 23 del portal Samai.

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad12.

2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia13, se circunscribe a establecer
¿si puede entenderse que el «desistimiento de las pretensiones» del proceso 44001-
23-40-000-2021-00138-00 obedeció en realidad a un retiro de la demanda? En caso
afirmativo, se definirá ¿si Ilse María Sánchez Ramírez tiene derecho a ser
beneficiaria total o parcialmente de la sustitución de la pensión que le fue reconocida
a Manuel Antonio Freyle Amaya?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la cosa juzgada

13. La cosa juzgada es una institución jurídica «mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y
alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias
importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento
constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre
determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un
valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es
decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad,
volver a entablar el mismo litigio14.»

12 Índice 16 de Samai.
13 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
14 Sentencia C-774 de 2001.

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

14. En el ordenamiento jurídico colombiano actual, esta figura jurídica se encuentra
prevista en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el cual «[l]a
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.»

15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se
configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de 3 elementos, estos
son: i) identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica de partes.
Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en los
siguientes términos15:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos
elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos
elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el
juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa
juzgada.»

16. Asimismo, es pertinente resaltar que el referido artículo 303, de manera expresa,
establece como excepción a la cosa juzgada únicamente el recurso extraordinario
de revisión. En ese sentido señala que « [l]a cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión».

17. Ahora bien, el artículo 182A del CPACA, le impone al juez contencioso el deber
de dictar sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso cuando encuentre
probada la cosa juzgada.

18. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la
cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir
pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una
decisión judicial de fondo.

15 Sentencia C-774 de 2001.

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

2.2.2. De la sustitución pensional

19. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas
de vida de aquellos16.

20. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de
un pensionado cuando ocurre su deceso; mientras que la pensión de sobreviviente
es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para ello, pero fallece; o del afiliado no pensionado
que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la prestación 17.

21. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes, los miembros del grupo familiar del
beneficiario de la prestación que fallezca, en el siguiente orden:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de

octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
17 Sentencia T-564 de 2015.

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Radicado: 44001-23-40-000-2022-00126-02 (0976-2024)
Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo18. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y
absoluta de este;

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.

Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo
o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil».

18 Aparte declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia

C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:

«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión
de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de la Ley 797 de
2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que además de la esposa
o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión
se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido» [se resalta]
En esa oportunidad, la Corporación consideró que no existe razón alguna para privilegiar, en casos
de convivencia simultánea, la pareja conformada por medio de un vínculo matrimonial, sobre aquella
que se formó con base en un vínculo natural.

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Radicado: 44001-23-40-000-2022-00126-02 (0976-2024)
Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

22. A su vez, de la norma en cita se advierte que existen tres grupos de beneficiarios
excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: i) cónyuge
o compañera permanente, hijos con derecho y/o inválidos; ii) padres con derecho; y
iii) hermanos con derecho.

23. Frente al primer grupo, específicamente, cónyuge o compañera permanente fue
regulado en los literales a) y b) que prevé los siguientes eventos19:

Modalidad de
Beneficiario Causante Condiciones
la pensión
Edad cumplida al momento del
Cónyuge o Compañero
Afiliado o fallecimiento y demuestre vida marital y
permanente mayor de Vitalicia
pensionado convivencia durante los 5 años
30 años de edad.
anteriores a la muerte.
Cónyuge o Compañero
Afiliado o Temporal-20 No haber procreado hijos con el
permanente menor de
pensionado años- causante.
30 años de edad.
Cónyuge o Compañero Haber procreado hijos con el causante
Afiliado o
permanente menor de Vitalicia y demuestre vida marital durante los 5
pensionado
30 años de edad. años anteriores a la muerte.
Compañero
Pensionado Cuota parte Sociedad anterior conyugal no disuelta
permanente
Cónyuge y Compañero Afiliado o Convivencia simultánea durante los 5
Partes iguales
permanente20 pensionado años anteriores a la muerte.
Cónyuge con unión Inexistencia de convivencia simultánea,
conyugal vigente, pero acreditación por parte del cónyuge de
Afiliado o
con separación de Cuota parte la separación de hecho; compañero
pensionado
hecho y compañero permanente con convivencia durante
permanente los 5 años anteriores a la muerte

19 Sobre el particular ver las sentencias de la Corte Constitucional C-336 del 2014 y del Consejo de

Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 27 de septiembre del 2018, radicado 25000-23-42-000-
2013-00618-01(3232-17), C.P. William Hernández Gómez
20 Es pertinente tener en cuenta que si bien en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley

100 señala que en caso de convivencia simultánea los últimos 5 años, será beneficiario de la pensión
de sobrevivientes el esposo o la esposa, ese aparte fue declarado condicionalmente exequible por
la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:

«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En
caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido […]» (Subraya la Sala).

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

24. Respecto de la exigencia de los 5 años de convivencia, la Corte Constitucional
en sentencia C- 1094 del 19 de noviembre de 200321 precisó:

«La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos
por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia
como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían
económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación
de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían
del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. Para esa
Corporación, ‹no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la
institución de la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien
haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a
su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas,
tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición›

[…]

En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma
persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar,
el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y,
como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las
convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión
de sobrevivientes

Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la
pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes
beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de
exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito
de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social».

25. De los anteriores escenarios y, en atención a los fundamentos fácticos del
presente asunto, se tiene que la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad
de la expresión «[l]a otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
sociedad conyugal vigente» del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797
de 2003 contenida en esta norma y encontró justificada la diferencia establecida en
el requisito de la convivencia que se exige para el cónyuge supérstite separado de

21 Corte Constitucional, sentencia del 19 de noviembre de 2003, expediente D-4659, C.P. Jaime

Córdoba Triviño.

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

hecho con sociedad conyugal vigente y la compañera permanente, quien sí debe
convivir con el causante los últimos 5 años de su vida.

26. En aquella oportunidad la Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la
unión marital de hecho y concluyó que son figuras normativas disímiles que se
diferencian también en sus efectos patrimoniales, por lo que no pueden equipararse.
En ese sentido, manifestó que no existe un trato discriminatorio, pues la cónyuge
tiene una sociedad conyugal vigente en virtud de la ley y sus efectos impiden que
se cree la sociedad de hecho con la compañera permanente. Al respecto precisó lo
siguiente22:

«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la cual,
no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en principio un
trato diferente frente a iguales.

4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen con
el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada
institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que
la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el
causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus conviviera
por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de
hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio. Es así, como
en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado por
el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le otorgó el
beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una sociedad
conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el último
compañero permanente y el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se
disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es constitucional
y será declarada exequible» (sic)

27. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019, al estudiar otra
demanda de inconstitucionalidad del citado inciso, específicamente, de la expresión
«con la cual existe la sociedad conyugal vigente» por la presunta vulneración del
derecho a la igualdad, en tanto, los demandantes consideraron que no existían
razones suficientes para que se reconociera el derecho a la pensión de
sobrevivientes a los cónyuges separados de hecho con sociedad conyugal vigente,

22 sentencia C-336 de 2014

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pero se excluyera de sus efectos a los que, estando en igual circunstancia,
disolvieron de manera voluntaria dicho vínculo patrimonial, expresó que dichos
grupos se encontraban en situaciones de hecho y de derecho diferentes debido a la
inexistencia de vínculos afectivos o económicos entre cónyuges separados de
hecho y con sociedad conyugal disuelta. Por lo que, encontró que no se superaba
el criterio de comparación del juicio de igualdad, para llegar a tal conclusión señaló
las siguientes razones:

«En primer lugar, señala la Corte que estos dos grupos de sujetos están en un diferente
plano jurídico y fáctico. Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial. Si bien existe
una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido
por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su
sociedad conyugal, al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de
este se derivan. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad
conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos
patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no
existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de
beneficiario.

73. En segundo lugar, los grupos cuya comparación se propone no pueden ser
considerados equiparables en el supuesto previsto en la disposición acusada –
convivencia no simultánea-, en razón a que el requisito de la vigencia de la sociedad
conyugal tiene la finalidad de concretar el objeto de la pensión de sobrevivientes, esto
es, proteger el núcleo familiar del causante que resulta afectado por su deceso (ver
supra, numerales 54 y 55). La configuración normativa de esta prestación económica
tiene como base el requisito de convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, en
los supuestos de convivencia no simultánea entre el cónyuge y la compañera o
compañero permanente, la ausencia de una convivencia efectiva dentro de los 5 años
anteriores a la muerte del causante, justifica que el legislador, en ejercicio del amplio
margen de configuración en materia pensional (ver supra, numerales 56 y 57),
establezca la vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para
reconocer este derecho pensional al cónyuge supérstite, que separado de hecho,
mantuvo el vínculo patrimonial con el causante, guiada por los principios que definen la
pensión de sobrevivientes. Por lo anterior, es dado concluir que le asisten razones al
legislador para distinguir en situaciones donde no es posible que el cónyuge acredite la
convivencia hasta la muerte del causante –convivencia no simultánea-, que el cónyuge
supérstite acredite la vigencia del vínculo patrimonial –sociedad conyugal-, que de
manera voluntaria decidieron mantener con el causante, pese a la separación de hecho.

74. En tercer lugar, la condición acusada de inconstitucional contenida en la norma bajo
estudio es determinante para verificar la calidad de beneficiario respecto del causante,
no solo desde la perspectiva del régimen pensional sino también en consideración a los
efectos que produce la disolución de la sociedad conyugal. En este punto, el artículo

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1781 del Código Civil establece que mientras que la comunidad de bienes subsista, y a
falta de capitulaciones, el haber social se entiende conformado por los bienes
establecidos en el mencionado artículo. La sociedad conyugal se integra por dos tipos
de haberes: el haber absoluto y el haber relatico. Los bienes del haber absoluto incluyen
las “pensiones” (numeral 2° del artículo 1781), así como todos los salarios, honorarios,
prestaciones sociales, utilidades, remuneraciones, indemnizaciones y, en general, todos
aquellos otros dineros derivados del trabajo o de las actividades productivas (numeral 1°
del mencionado artículo). Luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes
del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, razón por la que
se extingue el derecho para sustituir al causante respecto de su pensión o cesa la
expectativa de recibir una eventual prestación pensional, según corresponda. Por ello,
no es posible que, en materia de acceso a la pensión de sobrevivientes, el cónyuge
separado de hecho con sociedad conyugal disuelta esté en el mismo plano jurídico y
fáctico que el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente.» (sic)

28. Lo anterior concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según
la cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben
probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado
para adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla
en este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para reclamar
el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación de hecho
o la interrupción temporal de la cohabitación, no son causales legales de
terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto, no extingue
el derecho a la sustitución pensional.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

29. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

29.1. Ilse María Sánchez Ramírez procreó un hijo con Manuel Antonio Freyle Amaya
llamado Carlos Manuel Freyle Sánchez que nació el 22 de diciembre de 198123.

29.2. Por medio de Resolución 17 del 1 de abril de 1983 la entonces Caja de Previsión
Social del departamento de La Guajira le reconoció a Manuel Antonio Freyle Amaya
una pensión de jubilación con ocasión del servicio público prestado a la gobernación
del departamento en donde ejerció como chofer de la unidad móvil médica de salud
pública, director intendencial de salud pública, director de tránsito y transporte y

23 Folio 887 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

diputado de la asamblea departamental24.

29.3. El 30 de marzo de 1987, Manuel Antonio Freile Amaya suscribió el documento
visible en el folio 884 del expediente en el que solicitó que a partir de su fallecimiento
su pensión de jubilación fuera sustituida en favor de sus hijas menores Marilex y
Diana Freyle. Además dejó constancia de no estar casado.

29.4. Manuel Antonio Freyle Amaya falleció el 17 de septiembre de 199525.

29.5. A través de la Resolución 17 de 199626 se sustituyó la pensión de jubilación que
devengaba el causante en favor 4 hijos menores de edad: Marilex, Diana, Carlos
Manuel y Maryhorys Freyle, entre quienes se dividió el 50% de la mesada. El otro
50% le fue reconocido a María de Jesús Méndez de Ortega en calidad de
compañera permanente27.

29.6. Por medio de Resolución 18 del 29 de agosto de 1997 se modificó la Resolución
17 de 1996, en el sentido de indicar que María de Jesús Méndez de Ortega
[compañera permanente] y Marilex Freyle [hija] ya no les asistía el derecho a percibir
la sustitución pensional porque «ambas [hacían] vida marital con terceros», hecho que
fue «aceptado» por las beneficiarias quienes «renunciaron» al derecho. Por lo anterior
la mesada fue redistribuida entre los demás beneficiarios28.

29.7. El pago de la sustitución pensional fue « suspendido» de manera definitiva en
atención a que los hijos beneficiarios del causante superaron los 25 años de edad29.

29.8. Por medio de sentencia de tutela del 2 de diciembre de 2011 30, el Tribunal
Superior de Riohacha, Sala de Decisión Laboral, ordenó al Fondo Territorial de
Pensiones de La Guajira «restablecer el derecho a la pensión de sobreviviente de [María
de Jesús Méndez de Ortega] a partir del 10 de agosto de 2011, fecha en que extinguió el
derecho de la última beneficiaria, y pagarle las mesadas pensionales en el 100%», al
considerar que hacer vida marital con otra persona luego del fallecimiento del
causante no es causal de pérdida del derecho31. El citado fallo fue cumplido por
medio de la Resolución 1845 del 20 de diciembre de 201132.

24 Folios 877 al 880 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.
25 Folio 888 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.
26 El día y mes resulta ilegible.
27 Folios 898 al 900 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.
28 Folios 905 al 906 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.
29 Folios 961 al 962 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.
30 Radicado 2011-00230-01. En la copia del fallo no está consignado el radicado completo.
31 Folios 964 al 974 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.
32 Folios 986 al 988 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

29.9. A través de fallo de tutela del 27 de septiembre de 2017, el Juzgado Segundo
Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha amparó el derecho fundamental de
petición de Ilse María Sánchez Ramírez y ordenó al Fondo Territorial de Pensiones
de La Guajira dar respuesta de fondo a la solicitud de reconocimiento de la
sustitución pensional elevada por la accionante en calidad de compañera
permanente de Manuel Antonio Freyle Amaya el 22 de febrero de 200833.

29.10. Una vez revisado el expediente administrativo no se encontró copia del oficio
de cumplimiento del citado fallo. Sin embargo, en los folios 1027 al 1029 34 reposa
el Oficio del radicado 20200850 del 4 de mayo de 2020, en donde se resuelve
negativamente una petición interpuesta por Ilse María Sánchez Ramírez sobre el
reconocimiento de la sustitución pensional. La razón de la anterior decisión es que
no se encontraba acreditada su calidad de compañera permanente.

29.11. El 1 de octubre de 202135 Ilse María Sánchez Ramírez promovió una demanda
anterior de nulidad y restablecimiento del derecho que fue conocida por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Riohacha e identificada inicialmente con el
radicado 44001-33-004-2021-00091-00. Ese proceso fue remitido en razón de la
cuantía36 al Tribunal Administrativo de La Guajira y se le asignó un nuevo radicado
del siguiente consecutivo: 44001-23-40-000-2021-00138-0037.

29.12. En la citada demanda pretendía la declaratoria de nulidad de las resoluciones
17 de 1996 y 1845 del 20 de diciembre de 2011 y que, como consecuencia de ello
se le reconociera como beneficiaria sustituta, en calidad de compañera permanente,
de la pensión de jubilación que en vida devengó Manuel Antonio Freyle Amaya. Sin
embargo, el 2 de diciembre de 2021 la demandante desistió de las pretensiones y
afirmó que habían transcurrido muchos días sin que siquiera se hubiera admitido la
demanda o decidido sobre las medidas cautelares y el amparo de pobreza38.

29.13. Por medio de auto del 25 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de La
Guajira admitió el «desistimiento de las pretensiones» del proceso 44001-23-40-000-
2021-00138-0039.

33 Folios 1008 al 1018 del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.
34 Del cuaderno 1 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai
35 Según se observa en el acta de reparto en el folio 486 del documento «000-2021-00138-00.pdf»

del expediente digital en Samai.
36 Por medio de auto del 22 de octubre de 2021. Folios 551 al 559 del documento «000-2021-00138-

00.pdf» del expediente digital en Samai.
37 Folio 925 del cuaderno 2 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai o folio 562 del

documento «000-2021-00138-00.pdf» del expediente digital en Samai.
38 Folios 333 y 332 del cuaderno 2 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.
39 Folios 925 al 931 del cuaderno 2 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai.

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

29.14. La
parte demandante allegó copias de los registros civiles y cédulas de
ciudadanía de Patricia Josefina Cabezas Sánchez, Abimael Enrique Sánchez
Ramírez, Leda Esther Ferrer Ramírez y Nuris Cecilia Ferrer Ramírez, hija y
hermanos de la demandante. Sin embargo, no se indicó el propósito probatorio de
dichos documentos40.

2.4. Análisis sustancial

2.4.1. Sobre la configuración del fenómeno de la cosa juzgada en el caso
concreto

30. A efectos de abordar el problema jurídico planteado se advierte que el Tribunal
Administrativo de La Guajira declaró de oficio la excepción de cosa juzgada, en
atención al «desistimiento de las pretensiones» presentado en el proceso 44001-23-
40-000-2021-00138-00 que, a su juicio, guardaba identidad de partes, objeto y
causa con el asunto de la referencia.

31. Para arribar a la anterior conclusión el juez de primera instancia consideró que
en la primera demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
identificada con el radicado 44001-23-40-000-2021-00138-00 fungían como parte
demandante Ilse María Sánchez Ramírez y como demandada el Fondo Territorial
de Pensiones de la Gobernación del departamento de La Guajira, por lo que existía
identidad de partes.

32. Del mismo modo, estimó que en ambos asuntos se solicitó la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la administración le
reconoció la sustitución pensional a María de Jesús Méndez de Ortega y negó tal
derecho a la demandante. Finalmente, en ambos procesos se pidió el
reconocimiento, total o parcial, del mencionado derecho a favor de Ilse María
Sánchez Ramírez lo que configuraba, según el a quo, la identidad de causa y objeto.

33. De acuerdo con el anterior análisis, el tribunal concluyó que de acuerdo con el
artículo 314 del CGP el desistimiento de las pretensiones de la primera demanda
tiene los efectos de una sentencia absolutoria o contraria a las pretensiones que
hace tránsito a cosa juzgada, razón por la que no habría lugar a promover otro medio
de control con propósitos idénticos, argumento desarrollado en el auto de la Sección
Primera del Consejo de Estado del 17 de enero de 202341 citado en el fallo

40 Documento 21 del expediente de la primera instancia en Samai.
41 Dictado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-03-24-

000-2021-00204-00.

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cuestionado.

34. La parte demandante apeló la anterior decisión en atención a que consideró que
los mencionados procesos no son idénticos, que no se configuró la cosa juzgada
por no haberse decidido de fondo el asunto ni en aquella oportunidad ni en esta y
que el presente caso debe resolverse con un enfoque especial en atención a las
particulares condiciones de salud, edad y género de Ilse María Sánchez Ramírez.

35. Pues bien, de acuerdo con las razones por las cuales se declaró la cosa juzgada
en la sentencia de primera instancia, la Sala estima primordial recordar que la figura
del desistimiento de las pretensiones se encuentra establecida en los artículos 314
a 317 del CGP que prevén que la parte demandante puede renunciar al litigio
propuesto siempre y cuando no se haya proferido sentencia dentro del asunto, pero
también puede aplicarse dicha figura sobre el recurso de apelación propuesto contra
la decisión de primera instancia.

36. Sobre los efectos del desistimiento, la norma citada señala que implica la
renuncia a las pretensiones, circunstancia asimilable a una sentencia absolutoria
sobre la cual se producen los efectos de la cosa juzgada, tal como lo señaló el a
quo. Sin embargo, esta Subsección considera que dicha postura contraviene lo
intereses superiores de la demandante quien es sujeto de especial protección
constitucional en atención a su edad y que acudió a la administración de justicia en
aras de que se definiera de fondo su situación pensional.

37. Así, al revisar las circunstancias en las que fue aceptado el «desistimiento de las
pretensiones» en el proceso 44001-23-40-000-2021-00138-00, se observa que ese
asunto fue radicado inicialmente el 1 de octubre de 2021 y repartido al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Riohacha y remitido por competencia por el
factor cuantía al Tribunal Administrativo de La Guajira el 25 de octubre de ese año,
tal como consta en el acta de reparto visible en el folio 590 del documento «000-
2021-00138-00» del expediente citado y visible en el portal Samai.

38. El memorial de «desistimiento» fue presentado el 2 de diciembre de 2021, es decir
antes de la notificación del auto admisorio de la demanda que, aunque tiene fecha
de expedición del 1 de diciembre de ese año fue comunicado a las partes el día 2
de diciembre a las 8:47 p.m., es decir por fuera del horario judicial razón por la que
la comunicación se entiende enviada al día siguiente, esto es el 3 de diciembre de
2021, lo que implica que la notificación se surtió el día 7 de ese mes y año, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 109 del CGP y 8 del Decreto 806 de 2020.

39. En virtud de lo anterior, el citado memorial de « desistimiento» se presentó antes

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de la notificación del auto admisorio lo que quiere decir que, al margen de lo
manifestado por la parte actora, para la Sala su solicitud se encuadra en la figura
descrita en el artículo 92 del CGP, que dispone que «[el] demandante podrá retirar la
demanda mientras no se haya notificado a ninguno de los demandados». [Se resalta].

40. Así, teniendo en cuenta que la demandante deseaba continuar con uno solo de
los procesos promovidos, para esta Subsección el supuesto memorial de
«desistimiento de las pretensiones» debió ser adecuado al trámite del retiro de la
demanda, figura procesal que no genera las consecuencias radicales y adversas
del desistimiento. Lo anterior obedece no solo a la aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre las formas, sino también a la ejemplificación de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa técnica.

41. En tal sentido, aun cuando de acudir al trámite del desistimiento de las
pretensiones cuando se encuentra otro proceso judicial en curso de similares
condiciones fácticas y jurídicas generaría la aplicación plena de las consecuencias
descritas en el artículo 314 del CGP, tal y como lo consideró el tribunal en la
sentencia de primera instancia objeto de cuestionamiento, en aras de acudir al
trámite procesal adecuado y, de contera, garantizar el acceso a la administración
de justicia de Ilse María Sánchez Ramírez se considera necesario entender que el
memorial de «desistimiento de las pretensiones» del 2 de diciembre de 2021
presentado dentro del proceso 44001-23-40-000-2021-00138-00 obedece en
realidad a un retiro de esa demanda, de modo que no había lugar a acudir a los
efectos de la cosa juzgada previstos en el artículo 314 del CGP y que, por el
contrario, debe emitirse una decisión de fondo que resuelva de manera definitiva la
solicitud pensional de la demandante, en atención al carácter irrenunciable del
derecho pensional que reclama.

42. Sobre la irrenunciabilidad en materia pensional, la Corte Constitucional se ha
pronunciado en los siguientes términos42:

«De acuerdo con lo anterior, el Sistema de Seguridad Social se rige por los principios de
universalidad e irrenunciabilidad, además, es definido como servicio público. También
debe garantizar la accesibilidad de todas las personas, especialmente de aquellas en
condiciones de vulnerabilidad. Estos mandatos constitucionales son de especial
relevancia en el presente caso, porque se encuentran dirigidos a que la cobertura del
derecho fundamental a la seguridad social sea permanente y obligatoria de tal manera
que comprendan a todas las personas, en especial a aquellos sectores desaventajados,
como el señor Escudero que tiene setenta y cinco (75) años, y aún continúa trabajando»
[sic].

42 Sentencia T-069 de 2014.

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Radicado: 44001-23-40-000-2022-00126-02 (0976-2024)
Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

43. La anterior determinación obedece a que Ilse María Sánchez Ramírez
actualmente cuenta con 79 años de edad; según afirmó, no cuenta con medios
económicos propios de subsistencia y considera razonablemente tener derecho a
percibir la sustitución de la pensión de jubilación que en vida devengó quien, según
sostuvo, fue su compañero permanente hasta el momento del fallecimiento, hechos
que pretende acreditar con una serie de pruebas aportadas al proceso.

44. La demandante también expone las razones por las cuales no acudió a la
administración de justicia con anterioridad y afirmó cumplir con los requisitos
dispuestos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. También debe tomarse en
consideración que en el proceso adelantado bajo el radicado 44001-23-40-000-
2021-00138-00 no se adoptó una decisión de fondo sobre este asunto, y ni siquiera
se conocieron los argumentos de defensa de la entidad o los terceros interesados,
lo cual podría conllevar a una negación de justicia en detrimento de los intereses de
la demandante.

45. De acuerdo con lo explicado, la situación fáctica de Ilse María Sánchez Ramírez
no ha sido estudiada, los medios probatorios no fueron objeto de análisis por parte
del juez de instancia y no se llegó a una conclusión probatoria que permitiera definir
si le asistía o no el derecho que reclamó, de modo que pueda otorgársele una
solución definitiva a sus pretensiones.

46. En tal sentido, a pesar de los efectos puntuales de la figura del desistimiento de
las pretensiones señalados en el artículo 314 del CGP y aplicados por el a quo, la
Sala considera que la voluntad de la demandante no era en realidad desistir de las
pretensiones propuestas en el proceso 44001-23-40-000-2021-00138-00 que
resultan ser similares a las de este asunto, sino que su propósito era retirar aquella
demanda y continuar únicamente con esta.

47. Por tal motivo, en virtud de los derechos de acceso a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva y seguridad social y de los principios de primacía de la realidad
sobre las formas, irrenunciabilidad en materia laboral y defensa técnica, se
entenderá que el aludido «desistimiento de las pretensiones» obedeció en realidad a
un retiro de la demanda, de modo que en esta oportunidad pueda definirse la
situación pensional de la demandante y que sus derechos sustanciales prevalezcan
sobre asuntos de índole procesal.

48. De acuerdo con las anteriores consideraciones se revocará la sentencia de
primera instancia que declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada. En
consecuencia, se analizará el fondo del asunto del siguiente modo:

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Radicado: 44001-23-40-000-2022-00126-02 (0976-2024)
Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

2.4.2. Análisis en torno al derecho en litigio

49. Ilse María Sánchez Ramírez consideró tener derecho a la sustitución total o
parcial de la pensión de jubilación que le fue reconocida a Manuel Antonio Freyle
Amaya, por su calidad de compañera permanente. Para probar lo anterior suministró
una serie de pruebas documentales como el registro civil de nacimiento del hijo de
ambos, una serie de fotografías en donde se observa a la pareja, y declaraciones
extraprocesales que pretenden dar fe de la convivencia al momento del
fallecimiento.

50. Pues bien, una vez valorados los documentos allegados al expediente la Sala
considera que la parte demandante no logró probar la condición de compañera
permanente que alega, de modo que se negarán las pretensiones de la demanda.
La anterior posición obedece a lo siguiente:

51. En cuanto al hijo procreado por la pareja debe decirse que dicha circunstancia
no ha sido prevista por sí misma como una causal para el reconocimiento del
derecho a la sustitución pensional, pues la norma43 y la jurisprudencia44 han
dispuesto este derecho para el o la cónyuge o el compañero o compañera
permanente del causante, en atención a su propósito, busca proteger al núcleo
familiar ante la contingencia de la muerte.

52. De ese modo, la existencia de hijos puede respaldar el hecho de que existió una
relación entre la pareja, pero resulta insuficiente para demostrar su permanencia en
el tiempo y la vigencia para la fecha en que se causó el derecho. Más aún si se toma
en consideración que en este caso Carlos Manuel Freyle Sánchez nació el 22 de
diciembre de 1981 y Manuel Antonio Freyle Amaya falleció el 17 de septiembre de
1995, por lo que la prosperidad de las pretensiones depende necesariamente de
que se demuestre la convivencia afectiva de la pareja.

53. A pesar de lo anterior, dentro del plenario no reposan pruebas que permitan llegar
a esa conclusión, pues las fotografías suministradas carecen de información de la
que pueda establecerse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que
fueron tomadas. Así, a pesar de que en efecto se observa a una pareja en ellas, no
se demostró en que época fueron tomadas, por lo que no es posible tener certeza
sobre el tiempo en que se extendió la convivencia afectiva de la pareja, que es el
objeto probatorio de este asunto.

43 Artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 y 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.
44 Al efecto, pueden consultarse: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de octubre

de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve y
Corte Constitucional C-1035 de 2008 y T-564 de 2015.

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Radicado: 44001-23-40-000-2022-00126-02 (0976-2024)
Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

54. Ahora bien, la parte actora también suministró las declaraciones extraprocesales
de Ilse María Sánchez Ramírez, Cristóbal Cotes Alvarado y Laudit Esther Nuñez
Cantillo que son idénticas y atestiguan que la demandante y Manuel Antonio Freyle
convivieron «en unión libre durante 14 años continuos y discontinuos, y hasta el momento
de su fallecimiento en las ciudades de Riohacha y Barranquilla […] [él] falleció por muerte
natural en la ciudad de Barranquilla el 17 de septiembre de 1995 y de cuya unión procrearon
un hijo de nombre Carlos Manuel Freyle Sánchez […]».

55. Visto lo anterior, a pesar de que la demandante y los declarantes dan fe de la
convivencia de la pareja hasta el día del fallecimiento del causante, lo cierto es que
estas carecen de detalles o información que lleven a la Sala al convencimiento de
la titularidad del derecho que se discute.

56. Así, a pesar de que tales manifestaciones ante notario gozan de la presunción
de buena fe resultan insuficientes para otorgar la sustitución pensional a Ilse María
Sánchez, pues no ofrecen información sobre la afectividad de la pareja, la vocación
de permanencia de la relación, la ayuda mutua, el apoyo y el acompañamiento.

57. En esa línea, debe decirse que la parte demandante no acudió a la ratificación
de las declaraciones y estos no fueron escuchados en audiencia de modo que
pudiera ampliarse la información suministrada relacionada con, por ejemplo, la
dinámica familiar de la pareja u otras circunstancias de las que pudiera establecerse
fehacientemente que la unión marital se mantuvo en el tiempo.

58. A pesar de que en el escrito inicial de la demanda se solicitó que se hiciera
comparecer a los citados declarantes, en la audiencia inicial celebrada el 29 de
septiembre de 202345 tal medio probatorio no fue decretado, decisión que quedó en
firme por no haber sido recurrida por ninguna de las partes.

59. Lo anterior es importante porque de acuerdo con el artículo 167 del CGP a las
partes les corresponde probar los supuestos de hecho de los que se deriva el
derecho que reclaman, de modo que sobre Ilse María Sánchez Ramírez recaía la
carga de demostrar que la relación con Manuel Antonio Freyle Amaya permaneció
hasta el momento del fallecimiento, circunstancia sobre la cual solo se aportaron las
afirmaciones genéricas de algunos testigos.

60. Finalmente, llama la atención de la Sala la declaración rendida por el causante
en el mes de marzo de 1987 en la que, al margen de la solicitud de sustitución

45 Acta en el documento 49 del expediente de la primera instancia en Samai.

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

pensional en favor de solo 2 de sus hijas, dejó constancia de no estar casado
afirmación que impide entender que la relación sentimental con Ilse María Sánchez
Ramírez se mantuvo desde, por lo menos, el nacimiento de su hijo Carlos Manuel
Freyle, por lo que tampoco podría asumirse indudablemente que se mantuvo hasta
el deceso del pensionado.

61. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala no está probada la calidad de
compañera permanente de la demandante para el momento del fallecimiento de
Manuel Antonio Freyle, hecho que le correspondía probar en aras se que se le
adjudicara el derecho pensional que pretende. Así, a pesar de las circunstancias
especiales que argumentó tales como el género, la edad avanzada, su estado de
salud o la vulnerabilidad económica, debe decirse que dichas circunstancias pueden
permitirle al juez flexibilizar el análisis o la carga probatoria, pero no permiten
desconocerla por completo.

62. En otras palabras, la especial situación que alega la demandante no puede obviar
el cumplimiento de la carga probatoria ni suplirla toda vez que ello desconocería los
derechos procesales de la contra parte. Por tales razones se negarán las
pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

63. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

64. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

65. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.46

66. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

67. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

68. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que el «desistimiento de las
pretensiones» presentado en el proceso 44001-23-40-000-2021-00138-00 obedeció
en realidad a un retiro de la demanda, figura procesal que no conlleva a las
consecuencias descritas en el artículo 314 del CGP y que no impide el conocimiento
de fondo del presente asunto por lo que se revocará la sentencia de primera
instancia. Sin embargo, se negarán las pretensiones de la demanda por no estar
probada la calidad de compañera permanente de la demandante para el momento
del fallecimiento de Manuel Antonio Freyle Amaya.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia apelada del 22 de noviembre de 2023 dictada por
el Tribunal Administrativo de La guajira que declaró de oficio la excepción de cosa
juzgada. En consecuencia:

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por Ilse María Sánchez Ramírez en contra del Caja de Previsión
Social del departamento de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta decisión.

46En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Ilse María Sánchez Ramírez

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

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