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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00276-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00276-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00276-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: ILSE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
19 de febrero de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Ilse María Sánchez Ramírez solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y dignidad humana, cuya vulneración
le atribuyó a la providencia de 29 de octubre de 2025, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 44001-23-40-000-2022-
00126-02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que sostuvo una relación de pareja con el señor Manuel Antonio Freyle
Amaya durante más de 14 años, de la cual nació su hijo Carlos Manuel Freyle
Sánchez. Indicó que tiene 79 años y que solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes ante el Fondo Territorial de Pensiones del departamento de La Guajira,
solicitud que fue resuelta de manera negativa.

2.2. Indicó que promovió demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento con número de radicación 44001-23-40-000-2022-00126-00 contra

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

el Fondo Territorial de Pensiones del departamento de La Guajira y la señora María
de Jesús Méndez Ortega con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución
1845 de 20111. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente, el retroactivo
indexado, los intereses moratorios y costas.

2.3. Agregó que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo
de La Guajira, autoridad judicial que, mediante providencia de 22 de noviembre de
2023, declaró de oficio la excepción de cosa juzgada.

2.4. Sostuvo que interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada
anteriormente y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante providencia de 29 de octubre de 2025, revocó el ordinal de la excepción y
negó las pretensiones de la demanda.

2.5. Expresó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, mínimo vital, acceso a la administración de justicia, a la seguridad
social y dignidad humana por haber incurrido, presuntamente, en los defectos fáctico
y sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial.

2.6. Adujo que el defecto fáctico se configuró por la indebida valoración del material
probatorio, en tanto se desconocieron testimonios y pruebas documentales que
acreditaban la convivencia durante los 5 años anteriores al fallecimiento, lo que
condujo a concluir que dicho requisito no se encontraba suficientemente probado para
el reconocimiento pensional.

2.7. Manifestó que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo por exceso ritual
manifiesto al omitir la excepción del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 23 de
diciembre de 19932, pese a la existencia de un hijo en común con el causante, así
como la protección reforzada derivada de su condición de adulta mayor. Además,
cuestionó la exigencia de reconstruir aspectos específicos de su vida privada
ocurridos hace más de tres décadas, al considerarla desproporcionada.

2.8. Agregó que se configuró el desconocimiento del precedente, por cuanto la
autoridad judicial inaplicó el principio de favorabilidad en materia pensional y el
mandato legal reiterado en la sentencia SU-056 de 2025 proferida por la Corte
Constitucional.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: AMPARAR Y TUTELAR los derechos fundamentales al
Debido Proceso, a la Seguridad Social, al Mínimo Vital, a la Igualdad, a la
Protección Integral de la Familia y a la Dignidad Humana de la señora ILSE

1
Por medio de la cual el Fondo Territorial de Pensiones del departamento de La Guajira reconoció únicamente a la señora
Méndez de Ortega como beneficiaria del 100% de la sustitución de la pensión de jubilación del señor Manuel Antonio Freyle
Amaya.
2
“[…] Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones […]”.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ, los cuales fueron vulnerados mediante la
providencia objeto de reproche.

SEGUNDA: DECLARAR LA NULIDAD y DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS
la sentencia proferida el 29 de octubre de 2025 (Radicado 0976-2024) por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido contra la
Gobernación de La Guajira, por haber incurrido en Violación Directa de la
Constitución, Defecto Sustantivo, Defecto Fáctico y Desconocimiento del
Precedente.

TERCERA: ORDENAR a la corporación accionada que, en un término no
mayor a quince (15) días hábiles, profiera una nueva sentencia de reemplazo
en la que se observen los siguientes parámetros de unificación de la Corte
Constitucional:

• A) Aplicación de la Perspectiva de Género: Se valore el acervo probatorio
(testimonios de Laudith Núñez y Cristóbal Cotes) bajo un estándar de
flexibilización, reconociendo las dificultades de la mujer adulta mayor para
reconstruir pruebas de hechos ocurridos hace 30 años.

• B) Eficacia de la Excepción por Procreación: Se reconozca que la
existencia del hijo común, CARLOS MANUEL FREYLE SÁNCHEZ, activa de
pleno derecho la salvedad legal del Artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (texto
original), relevando a la accionante de la exigencia de un tiempo mínimo de
convivencia.

• C) Aplicación del Principio de Favorabilidad: Se otorgue prevalencia a la
norma y la interpretación más beneficiosa para la pensionada, reconociendo
que la convivencia de 14 años y la procreación consolidaron un derecho
irrenunciable.

CUARTA: (Pretensión Subsidiaria de Restablecimiento Directo): En virtud
de la avanzada edad de la accionante (79 años) y el riesgo inminente de que el
amparo se torne inocuo, solicito que, si el Despacho lo considera procedente,
asuma el dictado de una sentencia definitiva de fondo reconociendo
directamente la Sustitución Pensional a favor de la señora ILSE MARÍA
SÁNCHEZ RAMÍREZ, ordenando a la Gobernación de La Guajira la inclusión
en nómina y el pago de retroactivos, para evitar la prolongación injustificada del
perjuicio irremediable.

QUINTA: ORDENAR a las autoridades accionadas y vinculadas el
cumplimiento inmediato del fallo de tutela, advirtiéndoles sobre las sanciones
legales por desacato.

SEXTO: ORDENAR al Consejo de Estado que profiera una nueva sentencia en
la que aplique el estándar de flexibilización probatoria definido en la
Sentencia SU-471 de 2023, valorando de forma integral las declaraciones
extraproceso y el hecho de la procreación, eliminando cualquier exigencia de
prueba 'quirúrgica' o rigorismo formalista que impida el reconocimiento del
derecho pensional de la accionante. […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 27 de enero de 2026, el Despacho de la Sección Quinta del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso al Fondo Territorial de “[…] Pensionados […]” de la

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Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

Gobernación de La Guajira, a la señora María de Jesús Méndez de Ortega y al
Tribunal Administrativo de La Guajira. En la misma providencia se negó la medida
provisional.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. El departamento de La Guajira manifestó que no tiene legitimación en la causa
por pasiva debido a que el Fondo Territorial de Pensiones del departamento de La
Guajira no está llamado a responder por las pretensiones, por lo que solicitó ser
desvinculado del proceso. Además, que no puede incluir a la accionante en la
nómina de pensionados por cuanto no acreditó los requisitos exigidos en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993.

5.2. El Tribunal Administrativo de La Guajira explicó que no es generador de la
vulneración alegada por lo que se abstuvo de pronunciarse sobre las pretensiones
de la acción de tutela.

5.3. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó se
nieguen las pretensiones con sustento en que “[…] la procreación de un hijo no fue
prevista ni por la ley ni por la jurisprudencia como una causal autónoma para adquirir
la condición de beneficiarios de la sustitución pensional, de modo que el derecho
dependía exclusivamente de que se demostrara la convivencia afectiva entre la
pareja por un periodo continuo y no inferior a 5 años previos a la fecha del deceso
del causante, circunstancia que no fue acreditada […]”. Por lo que su decisión se
ajustó al marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

5.4. Laseñora Duvis Palmezano, identificada como tercera con interés en las
resultas del proceso, adujo que no convivió con el causante por el tiempo exigido
para que se le reconozca su pensión, razón por la cual no está interesada en solicitar
beneficio alguno a título propio.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 19 de febrero de 2026, la Sección Quinta del Consejo
de Estado resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela debido a que no
se superó el requisito de relevancia constitucional.

7. Al respecto consideró que:

“[…] En consecuencia, la Sala advierte que el material de evidencia que la
actora alegó como inobservado sí fue valorado por el ad quem, pero este
concluyó que las pruebas no acreditaban los extremos temporales de la
convivencia efectiva con el causante. Sin embargo, la accionante disiente de
dicha valoración y pretende que, a través de este mecanismo, se examinen
nuevamente las pruebas obrantes en el plenario. Por tanto, es claro que
pretende usar la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario,
finalidad para la cual no está instituida esta acción.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

En cuanto al yerro por violación directa de la Constitución Política, la actora
sostuvo que, la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta su condición
de sujeto de especial protección constitucional, dado que tiene 79 años y
carece de medios de subsistencia. Asimismo, señaló que en la decisión que
puso fin al asunto no se aplicó una perspectiva de género que permitiera
flexibilizar la valoración probatoria respecto de la acreditación de su calidad
de compañera permanente.

[…]

En consecuencia, los argumentos dirigidos a demostrar la situación de
indefensión de la actora ya fueron examinados por el juez, pues precisamente
estos lo llevaron a estudiar de fondo la demanda de la señora Ilse María
Sánchez Ramírez, pese a que anteriormente había presentado la misma
reclamación y luego desistido de ella. Así, se advierte que el fallador no
desconoció su calidad de sujeto de especial protección constitucional; no
obstante, ello no era óbice para acceder a sus pretensiones.

[…]

Ahora bien, pese a que la actora hace referencia a providencias dictadas por
la Corte Constitucional, lo cierto es que, no individualizó la regla de derecho
vinculante que estimaba aplicable a su situación, ni expuso la incidencia
concreta que tales providencias tendrían en la decisión adoptada por el
fallador de segundo grado. En consecuencia, no se satisface la carga
argumentativa mínima que habilitaría a la Sala a efectuar un análisis de fondo.

[…]

Por último y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra las decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales invocados, en los
términos que indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020,
cuya carga argumentativa no se satisface de manera plena por la parte actora.
[…]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:

“[…] No se trata de una simple discrepancia probatoria. El Consejo de Estado
(Sección Segunda) ignoró la excepción legal por procreación contenida en el
artículo 47 original de la Ley 100 de 1993. Al existir un hijo común (el suscrito),
la ley releva a la compañera permanente de probar tiempos mínimos de
convivencia.

[…]

La relevancia constitucional en este caso es manifiesta y reforzada. No se
discute una simple cuantía económica, sino la efectividad del principio de
favorabilidad pensional en conexidad con la subsistencia digna.

[…]

El Consejo de Estado (Sección Segunda) ignoró que existe un hijo común.
La Sentencia SU-471 de 2023 es fundamental aquí, pues establece que en

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Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

casos de sustitución pensional, los jueces deben aplicar una perspectiva de
género y de vejez. […] La sentencia impugnada de tutela valida una decisión
judicial que aplicó una norma posterior o una interpretación restrictiva que
eliminó la salvedad del hijo, violando el Principio de Favorabilidad (Art. 53
CP).

[…]

La declaratoria de improcedencia condena a la accionante a un perjuicio
irremediable. A sus 79 años, esperar un nuevo proceso judicial o acudir a
instancias internacionales (CIDH) es, en la práctica, negarle la justicia, pues los
tiempos de esos procesos superan su expectativa de vida.

[…] incurre en un Desconocimiento del Precedente tanto de la Corte
Constitucional como del propio Consejo de Estado. […] La Corte Constitucional
en la Sentencia SU-149 de 2021 y la T-209 de 2021 ha establecido que, en
materia de sustitución pensional, la interpretación de los requisitos de
convivencia debe hacerse de cara al principio de pro homine y la protección de
la familia […]”. [Negrilla del texto].

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20248.

VIII.2. Cuestión previa

10. La Sala no analizará la solicitud de desvinculación en razón a que fue estudiada
y resuelta por el juez de primera instancia, y sobre este aspecto del litigio no se
presentaron argumentos en la impugnación. Por lo anterior, se confirmará el ordinal
primero de la sentencia impugnada.

VIII.3. Problemas jurídicos

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer:

3
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
4
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
5
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
6
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
7
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
8
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201210, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial11, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución12.

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
11
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
12
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”13 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

20. La señora Ilse María Sánchez Ramírez solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y dignidad humana, cuya vulneración
le atribuyó a la providencia de 29 de octubre de 2025, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 44001-23-40-000-2022-
00126-02.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental14 y no cuando guarda

Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
13
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
14
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones15.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales16, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces17.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación18, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202219 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

15
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
16
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
17
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
18
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla del texto y subrayado fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202320.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales21.

20
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
21
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la administración
de justicia, a la seguridad social y dignidad humana, por haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo y en desconocimiento del
precedente judicial.

29. Adujo que el defecto fáctico se configuró por la indebida valoración del material
probatorio, en tanto se desconocieron testimonios y pruebas documentales que
acreditaban la convivencia durante los 5 años anteriores al fallecimiento, lo que
condujo a concluir que dicho requisito no se encontraba suficientemente probado para
el reconocimiento pensional.

30. Manifestó que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo por exceso ritual
manifiesto al omitir la excepción del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
pese a la existencia de un hijo en común con el causante, así como la protección
reforzada derivada de su condición de adulta mayor. Además, cuestionó la exigencia
de reconstruir aspectos específicos de su vida privada ocurridos hace más de tres
décadas, al considerarla desproporcionada.

31. Agregó que se configuró el desconocimiento del precedente, por cuanto la
autoridad judicial inaplicó el principio de favorabilidad en materia pensional y el
mandato legal reiterado en la sentencia SU-056 de 2025 proferida por la Corte
Constitucional.

32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica constitucional, ii)
el caso involucra un debate jurídico eminentemente legal y iii) la parte accionante
pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con lo que busca
reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural.

33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

34. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que no está
exponiendo que la providencia cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, sino que el motivo de su inconformidad consiste en que no se reconoció
como excepción al requisito de convivencia mínima de cinco (5) años previos al
fallecimiento, la existencia de un hijo en común con el causante.

17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

35. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue analizada por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia
cuestionada así:

“[…] 50. Pues bien, una vez valorados los documentos allegados al expediente
la Sala considera que la parte demandante no logró probar la condición de
compañera permanente que alega, de modo que se negarán las pretensiones
de la demanda. La anterior posición obedece a lo siguiente:

51. En cuanto al hijo procreado por la pareja debe decirse que dicha
circunstancia no ha sido prevista por sí misma como una causal para el
reconocimiento del derecho a la sustitución pensional, pues la norma22 y la
jurisprudencia23 han dispuesto este derecho para el o la cónyuge o el
compañero o compañera permanente del causante, en atención a su propósito,
busca proteger al núcleo familiar ante la contingencia de la muerte.

52. De ese modo, la existencia de hijos puede respaldar el hecho de que existió
una relación entre la pareja, pero resulta insuficiente para demostrar su
permanencia en el tiempo y la vigencia para la fecha en que se causó el
derecho. Más aún si se toma en consideración que en este caso Carlos Manuel
Freyle Sánchez nació el 22 de diciembre de 1981 y Manuel Antonio Freyle
Amaya falleció el 17 de septiembre de 1995, por lo que la prosperidad de las
pretensiones depende necesariamente de que se demuestre la convivencia
afectiva de la pareja.

53. A pesar de lo anterior, dentro del plenario no reposan pruebas que permitan
llegar a esa conclusión, pues las fotografías suministradas carecen de
información de la que pueda establecerse las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en las que fueron tomadas. Así, a pesar de que en efecto se observa a
una pareja en ellas, no se demostró en que (sic) época fueron tomadas, por lo
que no es posible tener certeza sobre el tiempo en que se extendió la
convivencia afectiva de la pareja, que es el objeto probatorio de este asunto.

54. Ahora bien, la parte actora también suministró las declaraciones
extraprocesales de Ilse María Sánchez Ramírez, Cristóbal Cotes Alvarado y
Laudit Esther Núñez Cantillo que son idénticas y atestiguan que la demandante
y Manuel Antonio Freyle convivieron «en unión libre durante 14 años continuos
y discontinuos, y hasta el momento de su fallecimiento en las ciudades de
Riohacha y Barranquilla […] [él] falleció por muerte natural en la ciudad de
Barranquilla el 17 de septiembre de 1995 y de cuya unión procrearon un hijo de
nombre Carlos Manuel Freyle Sánchez […]».

55. Visto lo anterior, a pesar de que la demandante y los declarantes dan fe de
la convivencia de la pareja hasta el día del fallecimiento del causante, lo cierto
es que estas carecen de detalles o información que lleven a la Sala al
convencimiento de la titularidad del derecho que se discute.

56. Así, a pesar de que tales manifestaciones ante notario gozan de la
presunción de buena fe resultan insuficientes para otorgar la sustitución
pensional a Ilse María Sánchez, pues no ofrecen información sobre la
afectividad de la pareja, la vocación de permanencia de la relación, la ayuda
mutua, el apoyo y el acompañamiento.

57. En esa línea, debe decirse que la parte demandante no acudió a la
ratificación de las declaraciones y estos no fueron escuchados en audiencia de
modo que pudiera ampliarse la información suministrada relacionada con, por
22
Artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 y 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.
23
Al efecto, pueden consultarse: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de octubre de 2014, expediente
08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Corte Constitucional C-1035 de 2008 y T-564
de 2015.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

ejemplo, la dinámica familiar de la pareja u otras circunstancias de las que
pudiera establecerse fehacientemente que la unión marital se mantuvo en el
tiempo.

58. A pesar de que en el escrito inicial de la demanda se solicitó que se hiciera
comparecer a los citados declarantes, en la audiencia inicial celebrada el 29 de
septiembre de 202324 tal medio probatorio no fue decretado, decisión que quedó
en firme por no haber sido recurrida por ninguna de las partes.

59. Lo anterior es importante porque de acuerdo con el artículo 167 del CGP a
las partes les corresponde probar los supuestos de hecho de los que se deriva
el derecho que reclaman, de modo que sobre Ilse María Sánchez Ramírez
recaía la carga de demostrar que la relación con Manuel Antonio Freyle Amaya
permaneció hasta el momento del fallecimiento, circunstancia sobre la cual solo
se aportaron las afirmaciones genéricas de algunos testigos.

60. Finalmente, llama la atención de la Sala la declaración rendida por el
causante en el mes de marzo de 1987 en la que, al margen de la solicitud de
sustitución pensional en favor de solo 2 de sus hijas, dejó constancia de no estar
casado afirmación que impide entender que la relación sentimental con Ilse
María Sánchez Ramírez se mantuvo desde, por lo menos, el nacimiento de su
hijo Carlos Manuel Freyle, por lo que tampoco podría asumirse indudablemente
que se mantuvo hasta el deceso del pensionado. […]”.

36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

37. Asílas cosas, la Sala evidencia que la discusión planteada por el actor fue
resuelta por la autoridad judicial accionada, la cual fue enfática en señalar que el
nacimiento del hijo en común con el causante no se puede asumir como prueba
suficiente de su relación sentimental que diera cumplimiento al requisito de la Ley
100 de 1993. Por consiguiente, la demanda de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional.

38. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de
la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las
pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien
le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la
sana crítica.

39. De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas sólo tiene cabida cuando la decisión
contenga errores graves, que desconozcan los principios de la sana crítica. En esta
oportunidad lo perseguido por la parte accionante es controvertir el análisis
probatorio efectuado por el juez contencioso, lo que claramente constituye una
desnaturalización de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una
tercera instancia.

24
Acta en el documento 49 del expediente de la primera instancia en Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

40. En tal virtud, es pertinente precisar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”25. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte
Constitucional, que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede
ser “[…] utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial […]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes
cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el
legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o
incompatibles con sus derechos […]”26.

41. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”27.

42. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
26
Ibid.
27
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2026-00276-01
Accionante: Ilse María Sánchez Ramírez

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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