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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06193-01

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06193-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 12 de diciembre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 1 Corte Constitucional, SU-167 de 2024. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-06193-01 Demandante: Carlos Manuel Freyle Sánchez como agente oficioso de la señora Ilse María Sánchez Ramírez Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06193-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

13 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06193-01
Demandante: Carlos Manuel Freyle Sánchez como
agente oficioso de la señora Ilse María Sánchez Ramírez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06193-01
Demandantes: CARLOS MANUEL FREYLE SÁNCHEZ, COMO AGENTE
OFICIOSO DE LA SEÑORA ILSE MARÍA SÁNCHEZ RAMÍREZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“B” Y SECRETARÍA DE LA SECCIÓN, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA Y FONDO TERRITORIAL DE PENSIONADOS DE LA
GUAJIRA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa y judicial. Tardanza en proferir
sentencia en medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Solicitud de suspensión de acto administrativo por medio del
cual se reconoce pensión de sobrevivientes. Requisito de
subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Carlos Manuel Freyle Sánchez, quien actúa en calidad de
agente oficioso de la señora Ilse María Sánchez Ramírez, contra la sentencia de 12
de diciembre de 2024, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la
que resolvió negar el amparo relacionado con la mora judicial y declarar
improcedente las demás pretensiones de la acción de tutela, por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de noviembre de 2024, la parte actora instauró acción de tutela contra la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, Secretaría de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, departamento de la Guajira y Fondo Territorial de
Pensionados de La Guajira, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, por la falta
de suspensión de la mesada pensional reconocida por Resolución No. 1845 de
2011, en cumplimiento del fallo dictado en la acción de tutela No. 2011-00230-01,
hasta que exista sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario con
radicado No. 44001-23-40-000-2022-00126-02, en virtud de lo señalado en el
artículo 6° de la Ley 1204 de 2008.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06193-01
Demandante: Carlos Manuel Freyle Sánchez como
agente oficioso de la señora Ilse María Sánchez Ramírez

“PRIMERO: Principalmente, amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social de la señora Ilse María Sánchez
Ramírez, identificada con la cedula de ciudadanía No. (...), como sujeto de especial
protección constitucional por ser de la tercera edad y evitar un perjuicio irremediable y
en atención a que cumple con todos los requisitos legales y jurisprudenciales para
percibir el 50% de la mesada pensional que actualmente percibe la señora María de
Jesús Méndez de Ortega quien desde el año 2011 es beneficiaria de la pensión de
sobreviviente, cuya prestación económica debió ser suspendida desde el mes de agosto
del año 2020 cuando se interpuso la demanda o en su defecto desde el mismo año se le
debió pagar a ambas partes en cumplimiento de la ley 1204 de 2008.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se le ORDENE a la parte Accionada
o Vinculada dejar en suspenso el pago de la pensión de sobreviviente reconocida
mediante la resolución 1845 de 2011 a María de Jesús Méndez de Ortega en
cumplimiento del artículo 6 de la Ley 1204 de 2008.

TERCERO: De forma subsidiaria, si en dado caso la decisión tomada es que la señora
María de Jesús Méndez de Ortega continúe percibiendo la pensión, solicito se le
ORDENE a la Accionada o Vinculada que en atención al derecho a la igualdad material
se le pague la pensión de sobreviviente a la señora Ilse María Sánchez Ramírez en el
mismo porcentaje recibido por la señora María Méndez, en atención a su condición de
especial protección Constitucional por ser de la tercera edad y por cumplir con los
requisitos del artículo 47 versión original de la ley 100 de 1993, el pago de la pensión
será hasta que la segunda instancia defina mediante sentencia debidamente
ejecutoriada y en firme a quién se le debe asignar y en qué proporción la prestación
económica de forma vitalicia.

CUARTO: Solicito al H. Despacho que en caso de ser procedente aplique al presente
asunto la PERSPECTIVA DE GÉNERO en el sentido de que la Accionante es persona
de protección Constitucional y las exigencias son menos rigurosas y más flexibles para
el reconocimiento de derechos de índole económico mediante acción de tutela”.

2. Hechos

La parte accionante manifestó que instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Fondo Territorial de
Pensionados de la Gobernación de La Guajira, con el fin de que se reconociera el
50% de la pensión de sobrevivientes que le corresponde como compañera
permanente del causante Manuel Antonio Freyle Amaya.

Sostuvo que la pensión de sobrevivientes le fue reconocida a la señora María de
Jesús Méndez, por medio de la Resolución No. 1845 de 2011, en cumplimiento del
fallo dictado en la acción de tutela No. 2011-00230-01 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Riohacha - Sala de Decisión Laboral.

Mencionó que el proceso ordinario le fue asignado por reparto al Tribunal
Administrativo de La Guajira bajo el radicado No. 44001-23-40-000-2022-00126-00,
quien dictó sentencia de primera instancia el 22 de noviembre de 2023, decisión
que fue objeto de recurso de apelación que le fue repartido a la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado.

Indicó que, tanto el Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación de La
Guajira, como el Tribunal Administrativo de La Guajira y la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado desconocieron dar aplicación a lo dispuesto
en el artículo 6° de la Ley 1204 de 2008, que establece que, al existir controversia

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Demandante: Carlos Manuel Freyle Sánchez como
agente oficioso de la señora Ilse María Sánchez Ramírez

entre varios beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, los pagos deben quedar
suspendidos hasta que se defina su reconocimiento.

Consideró que las autoridades administrativa y judicial debieron suspender los
efectos de la Resolución No. 1845 de 2011, así como los pagos de la pensión de
sobrevivientes que le fue reconocida a quien alegó su causa.

Refirió que el asunto reviste relevancia constitucional por versar sobre los derechos
de un sujeto de especial protección constitucional, de manera que resulta urgente
que se priorice su situación para definir la litis en el menor tiempo posible.

Por último, agregó que se encuentra ante la configuración de un perjuicio
irremediable por cuanto recibe ingresos del grupo familiar y cada dos meses la
ayuda del Gobierno Nacional proveniente del programa “Colombia Mayor”, sin
contar con la prestación social, ya que se encuentra en cabeza de un tercero.

3. Fundamentos de la acción

Para fundamentar la vulneración alegada se refirió a los artículos 1, 2, 11, 13, 29,
43, 46 y 48 de la Constitución Política, al artículo 121 de la Ley 1564 de 2012, al
artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, al artículo 64 de la Ley 2080 de 2021, el artículo
115 de la Ley 1395, artículo 5 de la Ley 1251 de 2008, artículo 9 de la Ley 1850 de
2017, artículos 17 y 31 de la Ley 2055 de 2020, artículos 1 y 16 de la Ley 1285 de
2009, el numeral 7 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, literal j del numeral 1° del
artículo 6, literal b del artículo 11 de la Ley 1251 de 2008. De igual modo, se refirió
al cumplimiento de los derechos consagrados para los adultos mayores en la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y las sentencias C-395
de 2021, T-301 de 2010 y SU-005 de 2018 de la Corte Constitucional.

4. Trámite procesal

Por auto de 20 de noviembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la demanda y ordenó notificar a la accionante y a las autoridades
administrativas y judiciales accionadas -Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado, Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
departamento de La Guajira y Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación
de La Guajira-. Así mismo, dispuso vincular a la señora María de Jesús Méndez y
al Tribunal Administrativo de La Guajira.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Rindió informe en el que relacionó el trámite impartido al proceso ordinario. Al
respecto, señaló que el 22 de febrero de 2024 se radicó el asunto y se ingresó al
despacho el 28 del mismo mes y año. Agregó que el 15 de marzo de 2024 se admitió
el recurso de apelación contra la sentencia de 22 de noviembre de 2023, decisión
que fue notificada el 23 de abril del mismo año, por lo que el 31 de mayo de 2024
ingresó al despacho para proveer.

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Demandante: Carlos Manuel Freyle Sánchez como
agente oficioso de la señora Ilse María Sánchez Ramírez

5.2. Respuesta de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado

El magistrado titular del despacho en donde cursa actualmente el proceso ordinario
rindió informe en el que manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva
para atender lo pretendido en la demanda, como quiera que la vulneración alegada
no está relacionada con la Subsección “B”.

Mencionó que del contenido de la acción de tutela se podía evidenciar que si bien
se planteó una mora judicial, dicha referencia tenía como propósito justificar que, a
pesar de acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y que el asunto
tiene pendiente dictar sentencia de segunda instancia, la accionante, debido a su
avanzada edad y limitaciones de tipo económico, requiere de manera provisional
que se adopten las medidas solicitadas en la solicitud de amparo, hasta que el
proceso declarativo culmine a efectos de evitar un perjuicio irremediable.

Señaló que las medidas que solicita la parte demandante radican en que se ordene
la suspensión del pago de la pensión de sobrevivientes reconocida a la señora
María de Jesús Méndez en la Resolución No. 1845 de 2011, así como que se
reconozca el pago de la prestación social hasta que el proceso ordinario tenga una
decisión definitiva.

Aludió que desde que el proceso ordinario ingresó al despacho se ha tramitado sin
tardanza alguna, ya que fue asignado por reparto el 22 de febrero de 2024 y por
auto de 15 de marzo de dicho año se resolvió admitir el recurso de apelación. Indicó
que el 25 de noviembre de 2024 se negó una solicitud de pruebas quedando el
proceso pendiente por ingresar al despacho para asignación de turno para proferir
sentencia de segunda instancia.

Finalmente, solicitó que se verifique si el agente oficioso cumple con los requisitos
para actuar en tal calidad.

5.3. Respuesta del departamento de La Guajira

El jefe de la oficina asesora jurídica se pronunció sobre al asunto y solicitó que se
declare improcedente la solicitud de amparo por existir otro mecanismo de defensa,
porque en el proceso ordinario se dictó sentencia anticipada de primera instancia
en la que se declaró de oficio la excepción de cosa juzgada ya que los argumentos
fueron los mismos que se expusieron en el proceso judicial con radicado No. 44001-
23-40-000-2021-00138-00.

A su vez, relató que en el proceso ordinario la parte demandante solicitó la
suspensión de los actos administrativos demandados, la cual fue negada por auto
de 30 de marzo de 2023, confirmado por la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante auto de 14 de marzo de 2024.

5.4. El Fondo Territorial de Pensionados de la Gobernación de La Guajira
guardó silencio a pesar de haber sido notificado en debida forma del auto admisorio.

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6. Terceros con interés

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de La Guajira

La titular del despacho 01 presentó informe en el que pidió la desvinculación del
trámite constitucional. Sobre las actuaciones dictadas en el proceso ordinario indicó
que por auto de 30 de marzo de 2023 se admitió la demanda y el 22 de noviembre
de 2023, se profirió sentencia en la que se declaró de oficio la excepción de cosa
juzgada, decisión contra la que la parte accionante interpuso recurso de apelación
que fue concedido por auto de 30 de enero de 2024.

6.2. Respuesta de la señora María de Jesús Méndez

El apoderado judicial de la señora Méndez rindió informe en el que solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda de tutela, por considerar que no existen
razones suficientes para afectar el derecho fundamental a la seguridad social que
fue reconocido de manera legítima hace más de diez años. Así mismo, pidió que se
le protejan los derechos fundamentales a la igualdad, al buen nombre y a la
seguridad jurídica a su representada.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 12 de diciembre
de 2024, decidió lo siguiente:

“PRIMERO: DENEGAR el amparo frente a la mora judicial invocada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud por no cumplir el requisito
general de la subsidiariedad respecto de las demás pretensiones, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme,

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

Lo anterior, por considerar que el proceso ordinario ingresó el 9 de diciembre de
2024 al despacho para proferir sentencia de segunda instancia, por lo que la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado ha sido diligente en su
gestión y el caso está en trámite para dictar la respectiva decisión cuando sea su
turno, teniendo en cuenta la fecha de ingreso.

Agregó que, pese a la carga actual de trabajo y la congestión que enfrenta la Rama
Judicial, la parte accionada le ha dado el trámite pertinente al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho garantizando el acceso a la administración
de justicia y el debido proceso.

Respecto a la solicitud de suspensión del pago de la mesada pensional reconocida
a la señora María de Jesús Méndez señaló que carece del requisito de
subsidiariedad, ya que lo pedido es objeto de debate en el proceso ordinario, en
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donde puede solicitar la medida cautelar en cualquier estado del proceso, sin que
se advierta una situación que configure un perjuicio irremediable para la accionante
que haga procedente el estudio de fondo.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia y, en consecuencia, solicitó que se
acceda al amparo solicitado.

Manifestó que con la acción de tutela no se pretendía acusar a la autoridad judicial
de haber incurrido en una mora judicial injustificada, sino que se ampararan los
derechos fundamentales teniendo en cuenta que actualmente la señora María de
Jesús Méndez recibe el 100% de la mesada pensional, lo cual está prohibido en
virtud de lo señalado en el artículo 6° de la Ley 1204 de 2008.

Refirió que, en razón al estado de salud, económico y familiar de la accionante se
pidió la aplicación de la perspectiva de género al momento de proferirse sentencia.
Agregó que el fallo impugnado incurrió en un defecto fáctico por la indebida
valoración probatoria, ya que en la demanda se indicó que la pensión de
sobrevivientes había sido reconocida a la señora Méndez por medio de la
Resolución No. 1845 de 2011, en cumplimiento del fallo de tutela -radicado No.
2011-00230-01-, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha
• Sala de Decisión Laboral.

Sostuvo que en la acción de tutela antes referida la demandante no fue vinculada,
por lo que se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa y contradicción. Sostuvo que dada la naturaleza de la acción de tutela no
puede, en principio, dirimir controversias de carácter económico y menos sin tener
en cuenta que la señora Méndez al momento en que le fue reconocida la prestación
social, contaba con apenas 56 años, por lo que no cumplía con los requisitos para
que por medio del mecanismo constitucional se definiera la pensión de
sobrevivientes.

Arguyó que la señora Méndez manifestó bajo la gravedad de juramento que no era
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes ya que no convivía ni dependía
económicamente del señor Manuel Antonio Freyle Amaya, y precisó que se ha
acudido ante el juez ordinario para que se resuelva lo concerniente al
reconocimiento pensional, sin que la beneficiaria actual de la pensión se hubiese
pronunciado, aun cuando fue vinculada al proceso ordinario.

Expuso que la decisión judicial que reconoció la pensión de sobrevivientes no tiene
validez, ni efectos jurídicos, puesto que no vinculó a la accionante, así como
tampoco valoró que (i) convivió con el señor Freyle Amaya por más de catorce años,
(ii) dependía económicamente de él, (iii) tuvieron un hijo y (iv) dejó a un lado que la
demandante pidió ante el fondo de pensionados en 1995 el reconocimiento de la
prestación social.

Señaló que al presente caso le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ley 1204 de 2008, en el sentido de suspender los pagos de las mesadas
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pensionales o de ordenar que la pensión de sobrevivientes sea pagada en dos
partes iguales hasta que exista sentencia de segunda instancia.

Indicó que el fallo proferido en la acción de tutela identificada con radicado No. 2011-
00230-01 debe ser declarado nulo por no ordenar la vinculación de la demandante
y manifestó que en el caso se está ante la configuración de un perjuicio irremediable,
en razón a la edad, estado de salud y condición económica que presenta, para lo
que requiere urgente la protección constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

2.1. La Sala precisa que aun cuando la parte demandante solicita en el escrito de
impugnación que se declare la nulidad de la sentencia proferida en la acción de
tutela con radicado No. 2011-00230-01-, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Riohacha - Sala de Decisión Laboral, para lo cual cuestiona la falta de vinculación
a dicho trámite constitucional, la Sala se abstendrá de analizar tal aspecto, debido
a que esa pretensión no fue invocada en el escrito de tutela.

2.2. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia
de 12 de diciembre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de
estado, en la que negó la solicitud de amparo relacionada con la mora judicial y
declaró improcedente la acción de tutela frente a las demás pretensiones por
carecer del requisito de subsidiariedad.

3. Generales de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

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En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

La señora Ilse María Sánchez Ramírez, por intermedio de agente oficioso, promovió
acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección “B” y la Secretaría de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, departamento de La Guajira y Fondo
Territorial de Pensionados de la Gobernación de La Guajira, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo
vital y a la seguridad social, por la falta de suspensión de la mesada pensional
reconocida por medio de la Resolución No. 1845 de 2011, en cumplimiento del fallo
dictado en la acción de tutela No. 2011-00230-01, hasta que exista sentencia de
segunda instancia en el proceso ordinario con radicado No. 44001-23-40-000-2022-
00126-02, en virtud de lo señalado en el artículo 6° de la Ley 1204 de 2008.

La Sección Primera del Consejo de Estado por medio de sentencia del 12 de
diciembre de 2024, decidió negar la solicitud de amparo relacionada con la tardanza
en proferir sentencia de segunda instancia, al considerar que la autoridad judicial a
cargo del proceso ordinario ha sido diligente. De igual manera, resolvió declarar
improcedente las demás pretensiones de la acción de tutela, luego de exponer que
lo concerniente a la suspensión del acto administrativo cuestionado en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho debe ser analizado por el juez
natural, para lo cual la parte accionante cuenta con la medida cautelar que puede
promover en cualquier oportunidad, y por concluir que en el asunto no se demostró
la configuración de un perjuicio irremediable.

La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que insistió en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, y refirió que las autoridades
accionadas no analizaron lo señalado en el artículo 6° de la Ley 1204 de 2008, por
cuanto la Resolución No. 1845 de 2011 debe ser suspendida por presentarse
controversia entre los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes hasta que la
autoridad judicial competente resuelva la litis de manera definitiva.

De conformidad con la información suministrada en el Sistema para la Gestión
Judicial SAMAI, la Sala logra evidenciar que en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se han proferido, entre otras, las siguientes
actuaciones:

• El 28 de octubre de 2022, la accionante promovió demanda a través del
medio de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Fondo Territorial
de Pensionados de la Gobernación de La Guajira y la señora María de Jesús
Méndez, con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes actos
administrativos: Resolución No. 1845 del 20 de diciembre de 2011, oficio del
4 de mayo de 2020 y oficio del 20 de junio de 2008, por medio de los cuales
se le negó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a la actora,
como compañera permanente del causante Manuel Antonio Freyle Amaya.
Esa demanda le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de La
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agente oficioso de la señora Ilse María Sánchez Ramírez

Guajira a la que le fue asignado el radicado No. 44001-23-40-000-2022-
00126-00 y fue admitida por auto de 1° de febrero de 2023.

• Mediante auto de 2 de febrero de 2023, la autoridad judicial antes
mencionada dispuso correr traslado a la contraparte de la medida cautelar
solicitada junto con la demanda, la cual fue negada por auto de 30 de marzo
de 2023, contra el que la parte actora interpuso recurso de apelación, que se
desató por auto de 14 de marzo de 2024, en el sentido de confirmar la
decisión.

• El 22 de noviembre de 2023, se profirió sentencia anticipada de primera
instancia en la que se declaró probada de oficio la excepción de cosa
juzgada. Contra dicha decisión la parte demandante interpuso recurso de
apelación.

• El 28 de febrero de 2024, el proceso fue asignado por reparto a la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, quien admitió el recurso de
apelación por auto de 15 de marzo de 2024.

• Por autos de 22 de noviembre y 12 de diciembre de 2024, la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado decidió de manera negativa
unas solicitudes probatorias y, en consecuencia, el 28 de febrero de 2025 el
proceso ordinario ingresó al despacho para dictar sentencia de segunda
instancia.

En virtud de lo expuesto, la Sala evidencia que el proceso ordinario en el cual se
debate el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que alude la demandante
como compañera permanente del causante Manuel Antonio Freyle Amaya, se
encuentra pendiente por dictar sentencia de segunda instancia. Así mismo, se
advierte que dentro de las actuaciones surtidas en el curso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho se resolvió negar la solicitud de suspensión
provisional de los actos administrativos demandados.

En este punto, la Sala resalta que lo pretendido por la accionante con el mecanismo
constitucional es que se ordene la suspensión provisional del acto administrativo
debatido en el proceso ordinario, hasta que se dicte la sentencia de segunda
instancia, por considerar que, al existir pleito pendiente entre los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, es procedente. Sumado a que cuenta con una edad
avanzada -78 años- y carece de recursos económicos para suplir sus necesidades
básicas.

Sobre el particular, se debe destacar que la acción de tutela fue instituida como un
mecanismo de carácter residual y subsidiario que se habilita ante la inexistencia de
otro medio de defensa judicial o con el fin de evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. Así las cosas, se advierte que lo pretendido por la parte accionante
puede ser debatido en cualquier estado del proceso ordinario de conformidad con
lo establecido en los artículos 229 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021, en donde se pueden exponer los fundamentos
y razones ante el juez natural, con el fin de que el mismo valore la procedencia de

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06193-01
Demandante: Carlos Manuel Freyle Sánchez como
agente oficioso de la señora Ilse María Sánchez Ramírez

la medida cautelar y si la falta de otorgamiento puede derivar en un perjuicio
irremediable.

La Sala comparte la conclusión a la que arribó el a quo, en el sentido de que no se
configura un perjuicio irremediable en razón a la edad y la falta de un ingreso
económico que haga procedente estudiar la suspensión provisional del acto
administrativo acusado en el proceso ordinario, esto por cuando de las afirmaciones
realizadas en el escrito de tutela e impugnación no es posible evidenciar un
potencial perjuicio que pueda flexibilizar la procedencia de la acción de tutela, o
establecer que el mecanismo ordinario no es eficaz ni idóneo para dirimir lo relativo
a la suspensión provisional de los actos administrativos expedidos por el fondo de
pensiones. Máxime, cuando el agente oficioso manifestó que la demandante recibe
ingresos del grupo familiar y cada dos meses la ayuda del Gobierno Nacional
proveniente del programa “Colombia Mayor”.

Ahora bien, en relación con el alegato encaminado a establecer que la sentencia de
primera instancia no realizó la valoración del caso con enfoque de género, la Sala
destaca que la Corte Constitucional1 ha señalado que las autoridades judiciales
deben impartir justicia con perspectiva de género, para lo cual se debe valorar que
exista sospecha de alguna situación asimétrica de poder entre las partes, o de un
acto constitutivo de violencia de género. Luego, no se desconoce la especial
protección constitucional y convencional que se le ha dado al derecho a la igualdad
y a la no discriminación a la mujer. Sin embargo, en el asunto bajo estudio no se
observa que se deba acudir a la aplicación de ese criterio argumentativo en el
estudio de procedencia de la acción de tutela, en tanto el debate que debe resolver
el juez ordinario es de estricta legalidad, en donde se debe analizar si la accionante
es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, en el que no puede tener injerencia,
en principio, el juez constitucional.

Bajo ese contexto, la conclusión a la cual arribó el a quo resulta acertada en relación
con la declaratoria de improcedencia, cuya decisión fue objeto de impugnación. En
consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 12
de diciembre de 2024, por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las
razones aquí expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 12 de diciembre de 2024, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

1 Corte Constitucional, SU-167 de 2024. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: Carlos Manuel Freyle Sánchez como
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Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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