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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06230-00

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-06230-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por SI99 SA contra la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06230-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

12 de diciembre de 2024

Demandante: Sistema Integrado de Transporte SA-SI99 SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06230-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06230-00
Demandante: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SA – SI99 SA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por
falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve el instrumento constitucional de la referencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La sociedad Sistema Integrado de Transporte SA (en adelante SI99 SA),
actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la
Sección Tercera del Consejo de Estado2. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas con
ocasión de la sentencia proferida el 14 de marzo de 2024, por la autoridad judicial
accionada, dentro del proceso extraordinario de anulación de laudo arbitral de
radicado 11001-03-26-000-2022-00173-00. En dicha decisión se declaró
parcialmente fundado el mencionado recurso.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 El 15 de noviembre de 2024.

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Demandante: Sistema Integrado de Transporte SA-SI99 SA
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06230-00

AMPARAR los derechos fundamentales de SI 99 y, en consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia de anulación proferida del 14 de marzo de 2024 por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado (la Sentencia Objeto de
Tutela), 74 mediante la cual se declaró parcialmente fundado el recurso de
anulación interpuesto por Transmilenio S.A., en contra del laudo arbitral del 11 de
julio de 2022 en el proceso rad. 11001-03-26-000-2022-00173-00 (68.994).

ORDÉNESE a la Sección Tercera del Consejo de Estado o a otra autoridad judicial,
si la Sección Tercera se mostrara renuente a acatar la orden de tutela, que, para
RESTABLECER los derechos fundamentales violados, DICTE una nueva
sentencia en el proceso rad. 11001-03-26-000-2022-00173-00 (68.994), sentencia
en la que, para resolver los reparos del recurrente por la causal de “falta de
competencia” del Tribunal Arbitral, se esté al artículo 116 de la Constitución Política
y al artículo 1 de la Ley 1563 de 2012, respecto de la competencia de los árbitros
para conocer controversias derivadas de las consecuencias económicas
suscitadas por la ejecución de actos administrativos contractuales proferidos en
ejercicio de las potestades excepcionales.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. Se celebró el contrato de concesión 001 entre SI99 SA y la Empresa de
Transporte del Tercer Milenio SA (en adelante Transmilenio), que otorgó a la
primera la explotación del servicio público de transporte en Bogotá. El 17 de
octubre de 2017, Transmilenio le anunció a SI99 SA que el contrato terminaría el
12 de diciembre de ese año, pero propuso mesas de trabajo para estudiar la
extensión del referido acuerdo de voluntades.

6. Dado que no se concertó una fórmula de arreglo por ambas partes,
mediante la Resolución 589 de 2017, Transmilenio modificó unilateralmente el
contrato. Dentro de las modificaciones realizadas, estuvieron, entre otras: i. la
alteración de la fórmula para calcular el plazo de la etapa operativa del contrato
que ya no sería medida por kilómetros, sino por 18 meses, ii. la inclusión de un
nuevo indicador para medir el desempeño de la flota de la concesionaria, y iii. el
cambio unilateral de la tarifa de la relación contractual.

7. Posteriormente, SI99 SA presentó recurso de reposición contra la
mencionada resolución, pero fue decidido de forma desfavorable.

8. Tras considerar que con la modificación unilateral efectuada por
Transmilenio se alteró el equilibrio económico del contrato, SI99 SA presentó
demanda arbitral en la que pidió a título de pretensiones que: i. se declarara que
hubo una modificación unilateral del contrato, ii. se declarará que la contratante
alteró el equilibrio económico del contrato 001 de 2020, iii. se declarará la
indebida aplicación de la fórmula de remuneración para determinar el descuento
tarifario, iv. se condenará a Transmilenio a pagarle $23.277.235, con el fin de

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restablecer el equilibrio económico del contrato.

9. En audiencia del 11 de julio de 2022, el Tribunal de Arbitramento profirió
el laudo arbitral en el que:

• Desestimó las excepciones formuladas por Transmilenio3.
• Declaró la modificación unilateral del contrato.
• Declaró que se alteró el equilibrio económico del contrato 001 de 2020 con
ocasión de la Resolución 589 2017 y la que la confirmó.
• Condenó a Transmilenio a pagar a SI99 SA la suma de $12.870.612 con
el fin de restablecer el equilibrio económico del contrato.

10. Transmilenio presentó el recurso extraordinario de anulación de laudo
arbitral. Aludió que se configuraron como causales las dispuestas en los
numerales 2 y 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, relativas a que hubo
caducidad de la acción, falta de jurisdicción o competencia del tribunal y haberse
dictado fallo en conciencia o equidad, dado que debió hacerse en derecho.

11. Mediante sentencia del 14 de marzo de 2024, la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró parcialmente fundado el recurso
extraordinario de anulación. En ese sentido, anuló parcialmente el numeral 1 de
la parte resolutiva del laudo, pues se configuró la falta de jurisdicción, anuló
integralmente el numeral 4 que declaró la alteración del equilibrio económico del
contrato, e igualmente el numeral 10 de la mencionada providencia que condenó
a Transmilenio al pago de $12.870.612.

12. Adicionalmente, decidió unificar su jurisprudencia en torno a la facultad
conferida por el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012 a los tribunales de arbitramento,
en el sentido que se expone a continuación, y dispuso la remisión del expediente
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se adelantara el trámite
judicial correspondiente:

Las medidas de reconocimiento y pago de las compensaciones e indemnizaciones
y la aplicación de mecanismos de ajuste de las condiciones y términos
contractuales, con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial, son
inescindibles al ejercicio de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80
de 1993. Los litigios que versen sobre tales medidas y mecanismos comprometen
un juicio de validez y legalidad sobre el ejercicio de la función administrativa y no
solamente sobre sus efectos económicos; por tanto, los árbitros carecen de
jurisdicción para pronunciarse sobre esas disposiciones, y cualquier controversia
en torno a ellas deberá surtirse a través de la correspondiente impugnación judicial
ante esta jurisdicción especializada.

13. Las consideraciones en las que se basó la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado para adoptar la decisión controvertida fueron,
entre otras, las que se exponen a continuación:

3 Entre las que estuvo la contenida en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

3
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• El tribunal desconoció sus facultades, pues bajo la excusa de restablecer
el equilibrio económico del contrato reprochó la estructura de la fórmula de
participación, lo cual es inescindible al acto de modificación unilateral.
• El tribunal alteró diferentes variables de la fórmula, entre los que está el
descuento. «Esta mutación del porcentaje de descuento -con fundamento
en el cambio de otros componentes, como el EBITDA- constituyó,
realmente, una censura del acto administrativo, ya que lo resuelto en el
laudo ponía en evidencia un defecto del mismo».
• Cuando el tribunal modificó el porcentaje del descuento se pronunció
sobre la legalidad de las resoluciones y el cálculo del monto indemnizatorio
se fundó en la nulidad de la Resolución 589 de 2017.
• Los análisis del tribunal no se limitaron a valorar la modificación unilateral
de la concesión, pues las determinaciones del laudo tienen como génesis
la transformación de la fórmula, de tal forma que tocan la validez del acto.
• Al declarar el desequilibrio económico del contrato hubo un juicio de
legalidad sobre las fórmulas adoptadas por Transmilenio. Ello, implicó que
el tribunal actuara sin jurisdicción, pues con la decisión se ratificó un
cambio en un factor estático de la fórmula de revisión.

14. Mediante auto del 23 de mayo de 20244 se negó una solicitud de
aclaración promovida por Transmilenio contra la sentencia del 14 de marzo
anterior, con el fin de esclarecer los alcances de la anulación parcial del laudo
arbitral.

1.4. Sustento de la vulneración

15. La parte actora precisó que la decisión censurada aplicó indebidamente la
sentencia C-1436 de 2000 de la Corte Constitucional, pues analizó la
constitucionalidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993. No obstante,
dichas normas se encuentran actualmente derogadas, en virtud de lo que
expresamente definió el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012.

16. Consideró que se configuró un desconocimiento del precedente, pues
la sentencia aplicable a este caso, y que fue desconocida, es la SU-174 de 2007
de la Corte Constitucional, en la que se estableció que los árbitros pueden
pronunciarse sobre los efectos económicos de los actos de modificación
unilateral de los contratos. Adicionó que debieron tenerse en cuenta la
providencia del 10 de junio de 2009 de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
respecto de la cual no indicó el número de expediente o radicación, y la del 8 de
noviembre de 2012 -exp 36709- del mismo cuerpo colegiado, la cual refuerza el
carácter jurisdiccional de la función de los árbitros.

17. Agregó que se concretó un defecto sustantivo, pues se desatendió la
habilitación dada a los árbitros en el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012, lo cual

4 Esta decisión se notificó el 21 de junio de 2024.

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vulneró su derecho fundamental al debido proceso. Además, con relación a la
remisión del expediente a la jurisdicción contenciosa para que se surtiera «el
trámite respectivo», refirió que, en ese caso, al ser procedente el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho ello conllevaría a que se declare la
caducidad, pues ya fenecieron los cuatro meses posteriores a la ejecutoria del
acto de modificación unilateral del contrato.

18. Aseveró que, dada la naturaleza de justicia rogada del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, que limita a los jueces ordinarios a analizar
únicamente los cargos formulados en la demanda inicial, se restringen las
oportunidades de defensa de las partes.

19. Indicó que se configuró una violación directa de la constitución respecto
del artículo 116 de la carta política, pues de conformidad con esta norma y el
artículo 1 de la Ley 1563 de 2012, los árbitros tienen competencia para
pronunciarse sobre las consecuencias económicas de los actos administrativos.
Discutió que, al establecerse inescindibles o inseparables los asuntos
económicos de la legalidad de los actos administrativos, la sentencia reprochada
«terminó de unir lo que la propia ley expresamente escindió en atención al
desarrollo de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado».

20. Sostuvo que, contrario a pretender utilizar este asunto como una instancia
adicional, su fin es rescatar las potestades constitucionales otorgadas a los
árbitros.

21. Indicó que se incurrió un defecto procedimental absoluto, dado que se
infringió el principio dispositivo, pues dentro de la demanda arbitral se propuso
por parte de Transmilenio la excepción de falta de competencia, a lo que se debió
ceñir el análisis del Consejo de Estado. Sin embargo, al haberse declarado la
falta de jurisdicción, se apartó de lo alegado por la recurrente.

22. Por último, discutió que se hubiese cambiado el precedente establecido
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-174 de 2007 y se hubiese aplicado
la postura anterior, dispuesta en la C-1436 de 2000, sin explicar o fundamentar
la modificación de postura.

1.5. Trámite de primera instancia

23. Por auto del 19 de noviembre de 2024, el despacho ponente admitió la
solicitud de amparo. En consecuencia, notificó como autoridad judicial accionada
a la Sección Tercera del Consejo de Estado y como terceros como interés al
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio, al Tribunal Arbitral
del SI99 SA, a Transmilenio SA y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B5. Finalmente, dispuso notificar a la Agencia

5 Autoridad judicial a la que se le remitió el expediente para que le diera el trámite de demanda

ordinaria.

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Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.

1.6. Informes

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera

24. Refirió que la decisión objeto de reproche es de unificación y fue adoptada
por el órgano de cierre en materia de contratación estatal, en el sentido de
establecer un criterio uniforme en relación con la facultad de los árbitros para
pronunciarse frente a los actos administrativos contractuales en los que se
ejercen poderes excepcionales. Por lo anterior, estimó que cualquier control que
se hiciera en sede de tutela debía ser muy riguroso, teniendo en cuenta que el
mecanismo constitucional no fue diseñado para reabrir debates concluidos.

25. Exaltó que, si bien citó la sentencia C-1436 de 2000, ello no implica la
vulneración de derechos fundamentales. Aclaró que el inciso final del artículo 1
de la Ley 1563 de 2012 no ha sido objeto de control de constitucionalidad, ni ha
sufrido cambios o alteraciones. Por ende, los razonamientos contenidos en la
sentencia referida continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

26. Consideró que, el haber concluido que los árbitros no pueden conocer de
la legalidad de los actos administrativos no desconoce la Ley 1563 de 2012, pues
ningún artículo de ese cuerpo normativo dispuso que la justicia arbitral tuviese la
potestad de pronunciarse frente a la validez o legalidad de los actos
administrativos. Recordó que toda facultad dada a los árbitros debe ser expresa.

27. La anterior postura fue reforzada por las sentencias C-457 de 2015 y C-
045 de 2017 de la Corte Constitucional. No obstante, en el caso bajo estudio, al
tratarse de un acto de modificación unilateral, además de haberse alterado la
cláusula contractual, se determinaron compensaciones económicas.

28. Explicó que, en ningún momento refirió que los árbitros no pudiesen
pronunciarse sobre los efectos económicos de los actos administrativos. Sin
embargo, tal estudio no puede trastocar la legalidad. Así, en el laudo que se
estudió, al haberse reprochado la estructura de la fórmula de participación, lo cual
era inescindible al acto modificatorio del contrato, fue un aspecto que tocó la
legalidad.

29. Aludió que el motivo para anular el laudo arbitral no fue la incapacidad de
los árbitros para conocer de los efectos económicos de las resoluciones
estudiadas, sino que al restablecer el supuesto equilibrio económico se variaron
los elementos establecidos para calcular la nueva remuneración del
concesionario, y ello trastoca la estructura del acto.

30. Frente al cargo de desconocimiento del principio dispositivo, explicó que,
al haberse alegado una causal de anulación, era su deber estudiarla

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integralmente. Lo contrario hubiese implicado un exceso ritual manifiesto, pues
se hubiese dividido la causal. Así, si bien Transmilenio alegó la falta de
competencia del tribunal, fundó la excepción en el numeral 2 del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012, que contempla la falta de jurisdicción y competencia, lo que
se traduce en que no se violó el principio de tipicidad objetiva.

31. Finalmente, sostuvo que la parte tutelante no definió de qué forma se
vulneró su derecho de acceder a la administración de justicia o se le causó un
perjuicio irremediable con la sentencia objeto de reproche.

1.6.2. Transmilenio SA

32. Puso de presente que la acción de tutela no fue diseñada para proteger
intereses económicos. En esa línea argumentativa, estimó que el asunto bajo
estudio no es relevante desde el punto de vista constitucional y que no existió
defecto procedimental alguno, dado que el proceso se adelantó de conformidad
con las normas de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA).

33. Dispuso que no se configuró el defecto sustantivo, pues el que se
encamine la demanda a la justicia ordinaria está acompasado con el artículo 43
de la Ley 1563 de 2012, y que la misma suerte corren los cargos por
desconocimiento del precedente y el yerro de violación directa de la constitución.

1.6.3. David Yaya Narváez y Andrés Martínez Vallejo6

34. Señalaron que era urgente la intervención del juez de tutela en el presente
asunto, compartieron los argumentos relatados por la parte actora en el escrito
de la solicitud de amparo y explicaron de qué forma se cumplen los criterios
generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

1.6.4. Ana María Ruan Perdomo, Felipe Navia Arroyo y José Armando
Bonivento Jiménez7

35. Aludieron que sus argumentos de defensa, en particular aquellos
relacionados con la competencia del tribunal, se consignaron en las providencias
dictadas al interior del proceso del laudo arbitral.

1.6.5. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B

36. Precisó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la tutelante y
que su actuar se ha ceñido a impartir el trámite ordenado por el Consejo de
Estado en la sentencia del 14 de marzo de 2024.

6 Integrantes del Tribunal Arbitral del SI99 SA.
7 Integrantes del Tribunal Arbitral del SI99 SA.

7
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1.6.6. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fueron debidamente
notificadas del auto admisorio, pero guardaron silencio.

1.7. La doctora Gloria María Gómez Montoya manifestó impedimento para
tramitar y decidir el asunto de la referencia. Sin embargo, por auto de la misma
fecha de la sentencia se declaró infundado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

37. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto
333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

39. La Sala advierte que la sociedad accionante tiene legitimación en la causa
por activa para reclamar la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, por haber
conformado la parte convocada del recurso extraordinario de anulación de laudo
arbitral que dio lugar a la providencia del 14 de marzo de 2024.

40. Por otro lado, se evidencia que la Sección Tercera del Consejo de Estado
se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por haber dictado la sentencia
reprochada mediante la presente acción de tutela.

2.3. Problema jurídico

41. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado; los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?

42. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente, solo respecto del fallador de segundo grado, dado que la providencia

8
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de dicha instancia fue la que puso fin a la controversia en cuestión:

● ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera vulneró los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de
SI99 SA con ocasión de la sentencia del 14 de marzo de 2024 por incurrir en los
defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento
e indebida aplicación del precedente y violación directa de la constitución?

43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.4. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

44. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional8.

45. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

46. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.

47. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

48. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

49. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.

2.4.1. Relevancia constitucional en el caso concreto

50. La parte actora cuestiona a través del presente mecanismo constitucional
la sentencia de unificación del 14 de marzo de 2024, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Los cargos que le adjudicó a la mencionada
decisión, como sustento de vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, son los siguientes:

• Indebida aplicación del precedente contenido en la sentencia C-1436 de
2000, en tanto evaluó la constitucionalidad de los artículos 70 y 71 de la
Ley 80 de 1993, los cuales se encuentran actualmente derogados.
• Desconocimiento del precedente zanjado en la sentencia SU-174 de 2007,
que estableció que los árbitros tenían competencia para pronunciarse
sobre los efectos económicos que dispusieran modificaciones unilaterales
de contratos y de dos sentencias de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
• Defecto sustantivo, por desconocer la competencia fijada respecto de los
árbitros en el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012.
• Violación directa de la Constitución por desconocer las facultades

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jurisdiccionales de los árbitros, de conformidad con el artículo 116
constitucional.
• Defecto procedimental absoluto, por haberse infringido al estudiar la falta
de jurisdicción, cuando la convocante alegó la causal de falta de
competencia.

51. Resulta importante destacar que, como se expuso, la decisión que se
reprocha fue proferida con carácter de unificación por el órgano de cierre en la
materia. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias de esta
naturaleza, el alto tribunal constitucional ha indicado que:

(…) la procedencia resulta más restrictiva cuando la tutela se dirige contra
decisiones proferidas por altas cortes, debido a que: (i) estas corporaciones son
los órganos de cierre de sus jurisdicciones y, en consecuencia, tienen la misión de
establecer la interpretación jurisprudencial autorizada en esos temas; (ii) ese rol en
el ordenamiento jurídico les confiere a las decisiones de las altas cortes una mayor
estabilidad; (iii) restringir la procedencia de la tutela contra las providencias de altas
cortes contribuye a la seguridad jurídica, y protege su independencia y autonomía;
(iv) los principios de seguridad jurídica e igualdad en el caso de tutela contra
providencias de altas cortes tienen una estrecha relación con la necesidad de
garantizar el respeto al debido proceso.

52. De la revisión de la providencia reprochada, se evidenció en primer lugar
que, la Sección Tercera del Consejo de Estado al adoptar la regla de unificación
se refirió a la facultad que tienen los árbitros de pronunciarse sobre los efectos
económicos de los actos administrativos siempre que no se toque su legalidad y
validez, de acuerdo con los artículos 1 de la Ley 1563 de 2012 y el 116 de la
Constitución, en el siguiente sentido:

La sentencia C-1436 de 2000 de la Corte Constitucional, que se cita en las
consideraciones como sustento de la regla anterior, se refiere a los artículos 70 y
71 de la Ley 80 de 1993 que fueron derogados expresamente por la Ley 1563 de
2021. Esa sentencia de constitucionalidad fue interpretada en la sentencia SU-174
de 2007, en la cual, luego de advertir que las entidades contratantes no pueden
quedar habilitadas para derogar unilateralmente un pacto arbitral expidiendo un
acto administrativo en ejercicio de facultades excepcionales, la Corte reiteró que
los árbitros sí pueden pronunciarse sobre los efectos económicos de dichos actos.

53. En vista de lo esbozado, lo que plantea la tutelante es una inconformidad
con la decisión cuestionada, en relación con la interpretación que se dio por parte
del órgano de cierre respecto de las facultades jurisdiccionales de los árbitros. Lo
anterior se evidencia de la lectura de la providencia, en la que, en efecto, se tuvo
en cuenta el precedente invocado como desconocido y las normas en las que
funda los defectos sustantivo y de violación directa de la Constitución.

54. En otras palabras, pretende utilizar este mecanismo como una instancia
adicional en la que se analicen los artículos 116 de la Constitución y 1 de la Ley
1563 de 2012, de tal forma que se establezca que, en su caso, el tribunal de

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arbitramento tenía competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la
Resolución 589 de 2017 y la que la confirmó, en relación con el presunto
desequilibrio económico que generó dicha decisión.

55. Ahora bien, respecto del yerro de defecto procedimental absoluto por
omisión del principio dispositivo, se tiene que, el recurso de anulación fue
formulado por la convocante de la siguiente forma:

La sociedad convocada, TRANSMILENIO S.A., interpuso el recurso extraordinario
de anulación en contra del mencionado laudo, con apoyo en las causales
contempladas en los numerales 2 -caducidad de la acción, falta de jurisdicción o
de competencia- y 7 -haberse fallado en conciencia o equidad debiendo ser en
derecho- del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. La impugnación se sustentó en
los argumentos que la Sala expondrá en la parte considerativa de esta sentencia.

56. De la anterior transcripción se extrae que el cargo del recurso
extraordinario de anulación de laudo arbitral se sustentó en la causal del numeral
2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, que dispone «la caducidad de la acción,
la falta de jurisdicción o de competencia». Así las cosas, este cargo también
recae en una mera inconformidad con la forma en la que se abordó el sustento
de la causal del recurso extraordinario.

57. Por ende, del estudio del requisito en cuestión la Sala concluye que en el
asunto bajo estudio no se supera el criterio de la relevancia constitucional, y que
corresponde declarar improcedente el mecanismo constitucional de la referencia.
Se itera que los cargos propuestos por la parte actora tenían la necesidad de ser
un poco más rigurosos, teniendo en cuenta que se pretendía cuestionar una
sentencia unificadora del órgano de cierre, de tal forma que los yerros debían
construirse en el marco de la vulneración de los derechos fundamentales
supuestamente conculcados.

58. Sin embargo, de la lectura del escrito tutelar se advierte que los reproches
de la tutelante se circunscriben a conjeturas respecto de la forma en la que se
abordó el asunto, dado que fue desfavorable a SI99 SA. En ese sentido, lo que
persigue con la promoción de este mecanismo constitucional es reabrir el
proceso extraordinario, de tal forma que se determine que el laudo arbitral
proferido el 11 de julio de 2022 debe quedar en firme.

59. Así las cosas, contrario a la proposición de cargos constitucionales contra
las providencias objeto de reproche, se evidencia que la parte actora no está
conforme con el fallo objetado, sin que sus reproches expliquen por qué se
vulneraron sus derechos fundamentales. En vista de lo esbozado, corresponde
declarar que el mecanismo es improcedente por no superar el requisito de la
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República

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y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por SI99 SA
contra la Sección Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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