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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06242-00

Fecha
16 de enero de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06242-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Conceder el amparo invocado por el señor Hernando Zabaleta Echeverry al derecho al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Segundo. Ordenar al señor Rafael Emilio Noya García que se abstenga de seguir presentando memoriales y ejerciendo actuaciones procesales en nombre propio, tendientes a impedir que el expediente sea remitido al Consejo de Estado. Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena, por conducto del magistrado Adonay Ferrari Padilla, que, de manera inmediata, remita el expediente 47001 23 33 000 2024 00001 00 a la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 22 de mayo de 2024. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 11001 03 15 000 2024 06242 00 Demandante: Hernando Zabaleta Echeverry Cuarto. En caso de no impugnarse esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06242-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

16 de enero de 2025

1

Radicado: 11001 03 15 000 2024 06242 00
Demandante: Hernando Zabaleta Echeverry

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 06242 00
Demandante: Hernando Zabaleta Echeverry
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro

Temas: Acción de tutela. Acceso efectivo a la administración de justicia y
debido proceso. Abuso del derecho por actuaciones dilatorias
injustificadas de una de las partes procesales

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
señor Hernando Zabaleta Echeverry, quien actúa en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y a la segunda instancia, los cuales considera conculcados
por el Tribunal Administrativo del Magdalena y el señor Rafael Emilio Noya García, por
las actuaciones dilatorias incurridas en el expediente 47001 23 33 000 2024 00001 00,
al no remitirse el proceso a la Sección Quinta del Consejo de Estado para desatar el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó lo siguiente:

1. Que se ordene al Diputado Rafael Emilio Noya García, abstenerse de seguir
presentando recusaciones y recursos temerarios en contra de los Magistrados del
Tribunal Administrativo del Magdalena.

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Demandante: Hernando Zabaleta Echeverry

2. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena, abstenerse de seguir
tramitando los recursos que presente el Diputado Rafael Emilio Noya García, en
consideración a que los mismos están orientados única y exclusivamente a
impedir que el proceso surta su segunda instancia ante el Consejo de Estado.

3. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena, remitir el proceso 47-
001-2333-000-2024-00001-00, al Consejo de Estado, para que finalmente ésta
(sic) corporación, decida lo que en derecho corresponda frente a la apelación
presentada en contra de la sentencia del 22 de mayo de 2024.

1.1.2. Los hechos

El señor Hernando Zabaleta Echeverry señaló los siguientes supuestos fácticos:

i) El 11 de enero de 2024, el hoy accionante presentó demanda de nulidad
electoral en contra del diputado de la Asamblea del Magdalena, Rafael Emilio Noya
García, por haber incurrido en doble militancia.

ii) El 22 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió fallo
de primera instancia en el que accedió a las pretensiones referidas en el numeral
anterior.

iii) El 31 de mayo de 2024, el señor Noya García interpuso recurso de apelación
contra la decisión de primer grado.

iv) El 6 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena concedió la
mencionada impugnación ante la Sección Quinta del Consejo de Estado.

v) El 1.º de octubre de 2024, justo antes de que el Tribunal Administrativo del
Magdalena enviara el proceso al Consejo de Estado para que decidiera la apelación
en segunda instancia, el diputado Rafael Emilio Noya García presentó recusación
contra el magistrado Adonay Ferrari Padilla, bajo la causal descrita en el numeral 1.º
del artículo 141 del Código General del Proceso, acusándolo «sin ninguna prueba, de
perseguirlo a él y a Fuerza Ciudadana, con el único propósito de dilatar el proceso».

vi) El 4 de octubre de 2024, el aludido magistrado rechazó la recusación
presentada y envió el proceso a la togada que le seguía en turno, para que decidiera
finalmente si la aceptaba o no.

vii) El 22 de octubre de 2024, la magistrada Maribel Mendoza declaró infundada la
recusación y ordenó devolver el proceso al despacho del doctor Adonay Ferrari, para
que este lo enviara al Consejo de Estado.

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Demandante: Hernando Zabaleta Echeverry

viii) El 24 de octubre de 2024, a sabiendas de que contra el auto que declara
infundada la recusación no proceden recursos, el diputado Rafael Emilio Noya García
formuló reposición, insistiendo en que existía una persecución contra él y su
movimiento, «pero sin presentar ninguna prueba».

ix) El 7 de noviembre de 2024, la magistrada Maribel Mendoza declaró
improcedente el recurso de reposición que presentó el allí accionado y ordenó enviar
el proceso al despacho del magistrado Adonay Ferrari Padilla para que lo enviara al
Consejo de Estado, con el fin de que avoque y resuelva el recurso de apelación
presentado contra la sentencia del 22 de mayo de 2024.

x) El 13 de noviembre de 2024, nuevamente el diputado Rafael Emilio Noya García
presentó otra recusación en contra del magistrado Adonay Ferrari.

xi) El 14 de noviembre de 2024, el pluricitado togado rechazó la recusación,
compulsó copias con destino a la Procuraduría General de la Nación para que
investigue las actuaciones desplegadas por el diputado Rafael Emilio Noya García y
envío nuevamente el proceso al despacho de la magistrada Maribel Mendoza.
xii) El 2 de diciembre de 2024, de nuevo, el señor Rafael Emilio Noya García
formuló escrito de recusación, pero ahora contra las magistradas Maribel Mendoza
Jiménez y Elsa Mireya Reyes Castellano, con fundamento en la causal 2.ª del artículo
141 del Código General del Proceso, toda vez que ya habían conocido en instancia
anterior de una recusación incoada contra el magistrado Ferrari Padilla.

xiii) El 6 de diciembre de 2024, las mencionadas magistradas no aceptaron la
recusación descrita en el numeral anterior.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

El señor Hernando Zabaleta Echeverry expuso que con las diversas actuaciones
dilatorias realizadas en nombre propio por el diputado Rafael Emilio Noya García, así
como con la negativa del Tribunal Administrativo del Magdalena de remitir el
expediente al Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 22 de mayo de 2024, se le están conculcando sus derechos
fundamentales a la doble instancia y al acceso a la administración de justicia, toda vez
que tales maniobras desplegadas por el allí demandado están claramente orientadas
a que el proceso nunca llegue al máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.

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1.3. Actuación procesal

El 20 de noviembre de 2024, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó
notificar como demandados al Tribunal Administrativo del Magdalena y al diputado de
la Asamblea del Magdalena, Rafael Emilio Noya García.

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena, por intermedio del magistrado Adonay
Ferrari Padilla, solicitó denegar las pretensiones incoadas por el accionante, toda vez
que las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad electoral 47001 23 33 000 2024
00001 00 se han adelantado por parte de dicha corporación en virtud de la ley. Así
mismo, que las dilaciones no han obedecido a la acción u omisión del tribunal, sino a
múltiples peticiones que han debido desatarse previo a la remisión del expediente al
Consejo de Estado para surtir la segunda instancia.

De igual modo, informó que, en virtud de tales memoriales reiterativos, el referido
togado compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para investigar el
actuar del señor Rafael Emilio Noya García, quien funge como demandado.

1.4.2. El señor Rafael Emilio Noya García, en nombre propio, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela de la referencia, pues no cumple con los requisitos
generales para su procedencia. De igual forma, adujo que no puede usarse la acción
de tutela como un mecanismo para coartar su derecho a ejercer su defensa y
contradicción en el proceso judicial de nulidad electoral que se adelanta en su contra.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as
acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25 del
Acuerdo 080 de 2019, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y

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serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto», es dable concluir que esta Sala es competente para
conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si el Tribunal Administrativo del Magdalena y el señor Rafael
Emilio Noya García vulneraron o no los derechos fundamentales a la doble instancia y
al acceso a la administración de justicia del señor Hernando Zabaleta Echeverry, por
un lado, debido a que la corporación judicial no ha remitido al Consejo de Estado el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 22 de mayo de 2024, proferida
dentro del medio de control de nulidad electoral 47001 25 02 000 2024 00466 00; y,
por otro lado, en razón a las múltiples recusaciones y memoriales incoados por el allí
demandado para impedir el trámite normal del proceso.

2.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este
mecanismo de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones
ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se
pueden pasar por alto.

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1.º, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

1 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.4. Análisis de la Sala sobre el caso concreto

Sea lo primero indicar que la presente acción de tutela cumple con todos los requisitos
legales para su trámite y decisión, ya que al señor Hernando Zabaleta Echeverry le
asiste legitimación en la causa por activa y no se avizora un mecanismo judicial
eficiente para proteger sus derechos fundamentales ante una mora que considera
injustificada.

Además, tanto el Tribunal Administrativo del Magdalena como el señor Rafael Emilio
Noya García les asiste legitimación por pasiva, ya que son sus omisiones y acciones
las que se aducen como violatorias de las prerrogativas constitucionales.

Establecido lo anterior, tal y como se relató en el acápite de antecedentes, el señor
Zabaleta Echeverry solicita el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y a la doble instancia, en su calidad de demandante en el
proceso de nulidad electoral adelantado ante el Tribunal Administrativo del Magdalena
bajo el radicado 47001 23 33 000 2024 00001 00, los cuales considera conculcados
por la autoridad judicial y el diputado de la Asamblea del Magdalena Rafael Noya
García, debido a la demora, por parte de la corporación judicial, en remitir el expediente
al Consejo de Estado para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 22 de mayo de 2024, y por el mencionado funcionario de elección popular
por las múltiples recusaciones y recursos de reposición que han obligado al tribunal a
resolverlos antes de la remisión del asunto al superior.

Pues bien, el derecho de acceso a la administración de justicia está consagrado en el
artículo 229 de la Constitución Política, según el cual toda persona tiene la aptitud para
acceder a los órganos judiciales para la salvaguarda de sus demás prerrogativas, ya
sea en nombre propio o a través de apoderado judicial. Al respecto, la Corte

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Demandante: Hernando Zabaleta Echeverry

Constitucional ha sido reiterativa sobre la finalidad de este privilegio, en los siguientes
términos:2

[…]
Siguiendo esta línea argumentativa la sentencia T-268 de 1996 indicó que el
derecho a la administración de justicia: “no solamente es poner en movimiento el
aparato jurisdiccional, a través de los actos de postulación requeridos por la ley
procesal, sino en que se surtan los trámites propios del respectivo proceso, se
dicte sentencia estimatoria o desestimatoria de las pretensiones de la demanda y
que ésta sea efectivamente cumplida”.

Como se puede observar el derecho en mención tiene un contenido múltiple,
del cual se pueden identificar tres categorías (i) aquéllas que tienen que ver con
el acceso efectivo de la persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas
para el desarrollo del proceso; y (iii) finalmente las que se vinculan con la
decisión que se adoptó dentro del proceso en cuestión o la ejecución material del
fallo.

La primera comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar con procedimientos
idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones3; y (iii)
a que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional 4.
La segunda incluye el derecho a (iv) que las controversias planteadas sean
resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas5; (v)
que éstas sean decididas por un tribunal independiente e imparcial; (vi) a
tener todas las posibilidades de preparar una defensa en igualdad de
condiciones; (vii) que las decisiones sean adoptadas con el pleno respeto
del debido proceso6; (viii) que exista un conjunto amplio y suficiente de
mecanismos para el arreglo de controversias7; (ix) que se prevean
herramientas necesarias para facilitar el acceso a la justicia por parte de las
personas de escasos recursos8. La última de éstas abarca (x) la posibilidad
efectiva de obtener respuesta acorde a derecho, motivada y ejecutable; y que (xi)
se cumpla lo previsto en esta.

Del contenido del derecho de acceso a la administración de justicia se hace
evidente una estrecha relación con el debido proceso, ya que, solo con la efectiva
oportunidad y capacidad de impulsar pretensiones jurisdiccionales, será posible
garantizar un proceso justo, recto y garantista, que decida sobre los derechos en

2 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión. Sentencia T-799 del 21 de octubre de 2011,con
ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
3 Corte Constitucional, Sentencias T-597de 1992; SU-067de 1993; T-451/93; T-268/96, entre otras.
4 Cita dentro de la transcripción: «Ver por ejemplo la sentencia C-157/98 , en la cual la Corte encontró

que no se vulneraba el derecho a acceder a la justicia al exigir que la interposición de la acción de
cumplimiento se hiciera ante los Tribunales Administrativos, pues la ley establecía un mecanismo para
facilitar el acceso en aquellos sitios donde no hubiera Tribunales. Dijo entonces la Corte: “No se vulnera
el derecho de acceso a la justicia con la asignación de la competencia en los Tribunales Contencioso
Administrativos, porque aquél se garantiza en la medida en que las personas no tienen que acudir
directa y personalmente ante los respectivos tribunales a ejercer su derecho a incoar la acción de
cumplimiento, porque pueden remitir, previa autenticación ante juez o notario del lugar de su residencia,
la respectiva demanda, según las reglas previstas para la presentación de la demanda en el Código
Contencioso Administrativo, cuando el demandante no resida en la sede del Tribunal.”».
5 Cita dentro de la transcripción: «Corte Constitucional, Sentencias T-399 de 1993; C-544 de 1993; T-

416 de 1994; T-502 de 1997, entre otras».
6 Cita dentro de la transcripción: «Corte Constitucional, Sentencias T-046 de 1993; C-093 de 1993; C-

301 de 1993; C-544 de 1933; T-268 de 1996; C-742 de 1999, entre otras.»
7 Cita dentro de la transcripción: «Corte Constitucional, Sentencias SU-067 de 1993; T-275 de 1994; T-

416 de 1994; T-502 de 1997; C-652 de 1997; C-742 de 1999, entre otras.»
8 Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 1994; C-037 de 1996; y C-071 de 1999, entre otras.»

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controversia. Lo anterior ha llevado a la Corte a sostener que el “acceso a la
justicia se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de
que su garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en cuenta
que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las
formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice
adecuadamente dicho acceso”.9

[…] (Negritas fuera del texto original)

De acuerdo con lo anterior, uno de los elementos propios del derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia lo constituye el hecho de que las controversias
puestas a consideración de los organismos jurisdiccionales se resuelvan dentro de un
plazo razonable y, en especial, sin dilaciones injustificadas, las cuales pueden ocurrir
por causa de los mismo jueces o por el abuso del derecho de alguna de las partes
dentro del proceso, lo cual también vulnera y desconoce prerrogativas constitucionales
como el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Al respecto, la Corte, en reciente decisión,10 reiteró su posición sobre el abuso del
derecho de defensa y la lealtad procesal, en los siguientes términos:

1. La Constitución y la ley consagran la lealtad procesal como principio
transversal de los procesos judiciales y la administración de justicia. El artículo 95
de la Constitución Política dispone que es deber de las partes vinculadas a un
proceso judicial “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios” y
“colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia”.
Asimismo, el artículo 78 del CGP dispone que son deberes de las partes en los
procesos judiciales, entre otros, “[p]roceder con lealtad y buena fe en todos sus
actos” y “[o]brar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de
sus derechos procesales”. La Corte Constitucional ha señalado que el principio de
lealtad procesal “es una manifestación de la buena fe en el proceso [judicial]”, que
impone a las partes el deber de “guardar una conducta decorosa en el desarrollo
de las actuaciones procesales”11 y abstenerse de incurrir en las “trampas
judiciales, (…) recursos torcidos, prueba deformada y las inmoralidades de todo
orden”12.

2. El abuso del derecho de defensa o abuso por “exceso de litigio” 13 es el
“uso desmedido, fraudulento o abusivo de los medios de defensa judicial”14. La
Corte Constitucional ha reiterado y enfatizado que el ejercicio abusivo del
derecho de defensa contraría el principio de lealtad procesal, “repercute
negativamente sobre los principios de eficacia y eficiencia de la administración de

9 Cita dentro de la transcripción: «Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996.»
10 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-183 de 2024, con ponencia de la
magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.
11 Cita dentro de la transcripción: «Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2016.»
12 Cita dentro de la transcripción: «Corte Constitucional, auto 206 de 2003. Ver también, sentencia T-

204 de 2018».
13 Corte Constitucional, sentencia T-452 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia T-1014 de 1999. Ver también, sentencia T-1011 de 2000: “El abuso

por exceso de litigio es el uso anormal, malintencionado, imprudente, inconducente o excesivo en
relación con la finalidad que legítimamente ofrecen las leyes [procesales] para el reconocimiento y la
efectividad o la defensa de los derechos".
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justicia” y afecta “el derecho de otros ciudadanos a una tutela judicial
efectiva”15. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, constituyen abuso
del derecho de defensa, entre otras, (i) la presentación de recursos procesales por
fuera del término preclusivo dispuesto en la ley, (ii) las actuaciones que
producen dilaciones injustificadas en los procesos judiciales, (iii) las
“afirmaciones tendientes a presentar la situación fáctica de forma contraria
a la verdad”; y (iv) la presentación de demandas temerarias16. En tales términos,
la Corte Constitucional ha sostenido que el sujeto procesal que “a ultranza
promueve y privilegia su posición de parte, sin importarle los medios que tengan
que ser empleados para ello, es decir sin que considere si son o no admitidos por
el ordenamiento jurídico”17, incurre en abuso en el derecho de defensa y vulnera
el principio de lealtad procesal.

3. La legislación procesal ordena a los jueces adoptar medidas correctivas
para impedir la paralización del proceso, garantizar la celeridad y sancionar las
actuaciones de las partes que obstaculicen el normal desarrollo del procedimiento.
Así, el artículo 42 del CGP dispone que es deber del juez “[d]irigir el proceso, velar
por su rápida solución, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes
para impedir la paralización y dilación del proceso y procurar la mayor economía
procesal”. En el mismo sentido, el artículo 49 del Código Procesal del Trabajo
precisa que “las partes deberán comportarse con lealtad y probidad durante el
proceso y el juez hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto
que implique una dilación manifiesta o ineficaz del litigio, o cuando se convenza
de que cualquiera de las partes o ambas se sirven del proceso para realizar un
acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley”. La omisión en la
adopción de medidas correctiva ante la existencia de maniobras dilatorias
injustificadas, no sólo constituye un incumplimiento de los deberes del juez, sino
que además vulnera el debido proceso.
[…] (Se resalta)

Con base en los anteriores derroteros jurisprudenciales, en el caso sub judice se
observa lo siguiente:

En primer lugar, una vez consultada la información del proceso de nulidad electoral
47001 23 33 000 2024 00001 00, en el aplicativo Samai del Tribunal Administrativo del
Magdalena, esta Subsección tiene por probado los siguientes hechos:

i) El 22 de mayo de 2024, se profirió sentencia de primera instancia, a través
de la cual se declaró la nulidad del acto administrativo E26 ASA del 26 de
noviembre de 2023, declaratorio de la elección del señor Rafael Emilio Noya
García como diputado electo de la Asamblea Departamental del Magdalena para
el período constitucional 2024-2027.18

15 Corte Constitucional, sentencias 383 de 1997 y C-086 de 2016. Ver también, sentencia T-1014 de

1999.
16 Corte Constitucional, sentencia T-204 de 2018.
17 Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2016.
18 Índice 101 de la información del proceso 47001 23 33 000 2024 00001 00, que reposa en el aplicativo

Samai del Tribunal Administrativo del Magdalena.
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ii) El 31 de mayo de 2024, el apoderado judicial del señor Noya García
interpuso recurso de apelación contra la referida providencia.19

iii) El 6 de junio de 2024, el magistrado ponente concedió la alzada incoada
por el demandado y ordenó remitir el expediente ante la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

iv) Frente a la anterior decisión el movimiento político Fuerza Ciudadana
interpuso recurso de reposición y en subsidio de queja el 12 de junio de 202420.

v) El expediente fue remitido al Consejo de Estado y radicado el 14 de junio
de 202421.

vi) A través del auto del 17 de julio de 2024 se negó la reposición y se concedió
el recurso de queja para que fuera tramitada por el Consejo de Estado22.

vii) El Consejo de Estado, a través del auto del 20 de junio de 2024, ordenó
remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena para que resolviera
la reposición y queja presentados por el movimiento Fuerza Ciudadana el 12 de
junio de 202423.

viii) A través del escrito presentado el 23 de julio de 2024, el mencionado
movimiento solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio del
11 de enero de 202424.

ix) El 24 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo del Magdalena negó la
solicitud de nulidad propuesta por el movimiento Fuerza Ciudadana25.

x) El 12 de agosto de 2024 el Consejo de Estado declaró bien rechazado el
recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia del 6 de junio de
202426.

xi) El expediente ingresó nuevamente al despacho el 20 de agosto de 202427.

19 Índice 104, ibidem.
20 Índice 126 aplicativo SAMAI proceso 47001233300020240000100.
21 Índice 1 del aplicativo SAMAI, expediente 47001233300020240000101.
22 Índice 126 aplicativo SAMAI proceso 47001233300020240000100.
23 Índice 5 del aplicativo SAMAI, expediente 47001233300020240000101.
24 Índice 134 aplicativo SAMAI proceso 47001233300020240000100.
25 Íbidem.
26
Índice 142 aplicativo SAMAI proceso 47001233300020240000100.
27
Índice 136 aplicativo SAMAI proceso 47001233300020240000100.
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xii) El 1 de octubre el Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó la nulidad
propuesta por el movimiento Fuerza Ciudadana.

xiii) El 1.º de octubre de 2024, el señor Rafael Emilio Noya García, en nombre
propio, presentó escrito de recusación en contra del magistrado Adonay Ferrari
Padilla, bajo la causal 9.ª del artículo 141 del Código General del Proceso, por
existir enemistad grave y «animadversión» en contra del Movimiento Fuerza
Ciudadana, así como con cada uno de sus líderes, entre ellos, él.28

xiv) El 4 de octubre de 2024, el magistrado Adonay Ferrari no aceptó la
recusación propuesta y ordenó remitir el expediente a la togada que le sigue en
turno para su decisión de fondo.29

xv) El 22 de octubre de 2024, la Sala conformada por las magistradas Maribel
Mendoza Jiménez y Elsa Mireya Reyes Castellanos declaró infundada la
recusación propuesta.30

xvi) El 24 de octubre de 2024,31 el señor Noya García interpuso recurso de
reposición contra la decisión aludida en el numeral que antecede, el cual fue
rechazado por improcedente mediante auto del 7 de noviembre de 2024.32

xvii) El 13 de noviembre de 2024, nuevamente el señor Rafael Emilio, en nombre
propio, formuló recusación contra el magistrado Ferrari Padilla, pero esta vez por
la causal 7.ª, bajo el entendido de que el 20 de septiembre de 2024 interpuso
queja disciplinaria en su contra ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.33

xviii) El 13 de noviembre de 2024, el pluricitado magistrado no aceptó la segunda
recusación interpuesta en su contra, y ordenó la remisión del expediente a la
magistrada que le sigue en turno para su decisión de fondo.34

xix) El 2 de diciembre de 2024, el señor Rafael Emilio formuló otra recusación,
pero ahora contra las magistradas Maribel Mendoza Jiménez y Elsa Mireya
Reyes Castellanos, bajo la causal contemplada en el numeral 2.º del artículo 141

28 Índice 146, ibidem.
29 Índice 148, ibidem.
30 Índice 161, ibidem.
31 Índice 166, ibidem.
32 Índice 170, ibidem.
33 Índice 174, ibidem.
34 Índice 177, ibidem.

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Demandante: Hernando Zabaleta Echeverry

del CGP, por haber actuado en una «instancia anterior», esto es, haber decidido
la primera recusación contra el magistrado Adonay Ferrari Padilla. 35

xx) El 6 de diciembre de 2024, las aludidas togadas no aceptaron la recusación
propuesta y ordenaron la remisión del expediente al magistrado que les sigue en
turno para su decisión de fondo.36

De acuerdo con el recuento procesal anterior, se advierte que en el proceso de nulidad
electoral que se sigue bajo el radicado 2024-00001 (00/01) se han presentado una
multiplicidad de memoriales con diversas solicitudes, entre recursos de reposición,
queja, nulidades y recusaciones que han entorpecido el trámite adecuado del proceso,
tanto por parte del movimiento Fuerza Ciudadana como por parte del señor Rafael
Emilio Noya García, frente a lo cual, la Corporación debió abstenerse de darle trámite
a las que son manifiestamente improcedentes y remitir a la mayor brevedad el
expediente al Consejo de Estado para que surta el trámite que le corresponde.

A pesar de ello, se evidencia que los magistrados de instancia no advirtieron tal
circunstancia, máxime en el curso de un proceso de nulidad electoral, el cual está
concebido como un procedimiento que debe adelantarse en el menor tiempo posible
por su naturaleza especialísima de salvaguardar los intereses electorales del país.

Para finalizar, y con relación a los argumentos expuestos por el señor Rafael Emilio
Noya García, en el sentido de que no debe usarse la acción de tutela como un
mecanismo para impedir que él ejerza su derecho de defensa, es prudente indicar que
si bien es cierto que las partes pueden desplegar la contradicción a través de los
mecanismos judiciales establecidos en la ley, también lo es que, tal y como ocurre en
el asunto bajo examen, no se puede ejercer tal prerrogativa con abuso y deslealtad
procesal, pues, como se expuso en precedencia, con base en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, no se pueden usar las herramientas legales con el único fin de
dilatar injustificadamente el trámite normal de los procesos judiciales.

Por consiguiente, es dable concluir que, por un lado, las actuaciones temerarias
adelantadas por el señor Rafael Emilio Noya García y, por el otro, la no remisión del
expediente al superior por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena, han
conculcado no solo el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,

35 Índice 183, ibidem.
36 Índice 184, ibidem.

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sino el debido proceso del señor Hernando Zabaleta Echeverry, quien funge como
demandante dentro del expediente de nulidad electoral.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos, la Sala concederá el amparo deprecado por el señor
Hernando Zabaleta Echeverry. Para tal efecto, se dispondrá, de una parte, ordenar al
señor Rafael Emilio Noya García que se abstenga de seguir presentando memoriales
y ejerciendo actuaciones procesales en nombre propio, tendientes a impedir que el
expediente sea remitido al Consejo de Estado.

Por otra parte, se le ordenará al Tribunal Administrativo del Magdalena, por conducto
del magistrado Adonay Ferrari Padilla, que, de manera inmediata, remita el expediente
47001 23 33 000 2024 00001 00 a la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el
fin de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 22
de mayo de 2024.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Conceder el amparo invocado por el señor Hernando Zabaleta Echeverry al
derecho al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, de acuerdo con
lo expuesto en este proveído.

Segundo. Ordenar al señor Rafael Emilio Noya García que se abstenga de seguir
presentando memoriales y ejerciendo actuaciones procesales en nombre propio,
tendientes a impedir que el expediente sea remitido al Consejo de Estado.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena, por conducto del
magistrado Adonay Ferrari Padilla, que, de manera inmediata, remita el expediente
47001 23 33 000 2024 00001 00 a la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el
fin de que se resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 22
de mayo de 2024.

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Cuarto. En caso de no impugnarse esta providencia, remitir el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
DLAR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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