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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02430-00

Fecha
25 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02430-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE Declarar probada la prescripción de la acción disciplinaria. En consecuencia, dejar sin efecto la sanción impuesta al señor Nilton Córdoba Manyoma, dentro del expediente IUS E-2017-879741/IUC D-2017-1041294, por las razones expuestas en esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02430-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

25 de septiembre de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02430-00
Recurrente: Nilton Córdoba Manyoma

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02430-00
Recurrente: Nilton Córdoba Manyoma
Decisión: Fallo del 13 de enero de 2025, mediante el cual la procuradora general
de la Nación confirmó el del 9 de noviembre de 2023

Temas: Recurso extraordinario de revisión contra decisión disciplinaria.
Sanciones de destitución e inhabilidad de servidor público de elección
popular. Control integral.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado procede a la revisión integral
de la actuación disciplinaria que culminó con la decisión del 13 de enero de 2025,
proferida por la procuradora general de la Nación1.

RESUMEN

El señor Nilton Córdoba Manyoma, exrepresentante a la Cámara de Representantes por
el departamento del Chocó para el período 2014 a 2018, fue sancionado por la
Procuraduría General de la Nación (en adelante PGN) con destitución e inhabilidad
general de 15 años, por incurrir en una falta gravísima cometida a título de dolo, al dar
dinero para evitar su detención en varios procesos penales que la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia adelantaba en su contra, relacionados con lavado de
activos e irregularidades en un convenio interadministrativo. La Sala encontró que la
autoridad disciplinaria de segunda instancia no declaró la prescripción de la acción
disciplinaria, pese a que aconteció en virtud del artículo 33 de la Ley 1952 de 2019,
modificado por la Ley 2094 de 2021, norma que le resultaba aplicable en atención al
principio de favorabilidad.

ANTECEDENTES

1. La instrucción disciplinaria

1.1. El 10 y 11 de noviembre de 2017, Noticias Caracol, El Espectador y la Revista
Semana publicaron que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera declaró
ante autoridades de los Estados Unidos de América que integró, junto con los
exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia José Leónidas Bustos Martínez y
Francisco Javier Ricaurte Gómez, una organización criminal —conocida como «el cartel
de la toga»—, con el propósito de obtener beneficios judiciales ilegales para congresistas
procesados en esa Corporación a cambio de dinero. Entre estos se mencionó al entonces
congresista Nilton Córdoba Manyoma, quien habría entregado $ 200.000.000 para evitar
su captura.

1 Expediente disciplinario IUS E-2017-879741 / IUC-D-2017-1041294.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02430-00
Recurrente: Nilton Córdoba Manyoma

1.2. El 27 de noviembre de 2017, el procurador general de la Nación abrió indagación
preliminar contra Nilton Córdoba Manyoma (radicación IUS E-2017-879741/IUC D-2017-
1041294), con fundamento en dichas noticias. En esa decisión ordenó, entre otras cosas,
requerir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que informara
el estado de los procesos que allí se adelantaban contra el disciplinado y practicar una
visita especial para verificarlos. El auto se notificó personalmente al congresista el 1 º de
diciembre de 2017.2

1.3. En respuesta, la Secretaría de la Sala de Casación Penal de esa Corporación
informó, con oficio del 19 de enero de 2018, que contra Nilton Córdoba Manyoma se
adelantaban los procesos penales 44.570 y 44.465.3 Con ocasión de la visita especial
realizada el 14 y 15 de marzo de 2018,4 se constató que dos de esos procesos estaban
asignados al despacho del entonces magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández: uno
por presuntas irregularidades en la ejecución del convenio interadministrativo 89 de 2009
—suscrito por el disciplinado cuando fue alcalde de Medio Baudó (Chocó) para construir
el palacio municipal, que no se ejecutó pese a que la Alcaldía recibió $ 228.000.000—, y
otro por el delito de lavado de activos —al haberse reportado recursos provenientes de
explotación minera inexistente en ese municipio—5.

1.4. El 12 de febrero y el 24 de abril de 2018, el procurador general de la Nación decretó
como pruebas de oficio los testimonios rendidos por Luis Gustavo Moreno Rivera, Camilo
Andrés Ruiz y Leonardo Luis Pinilla Gómez, en los procesos penales seguidos contra el
excongresista Musa Abraham Besaile Fayad y contra el exmagistrado Malo Fernández.6

1.4.1. En sus declaraciones, Luis Gustavo Moreno Rivera sostuvo que Francisco Javier
Ricaurte Gómez lo contactó con congresistas procesados por la Corte Suprema de
Justicia (entre ellos Nilton Córdoba Manyoma), para actuar como su defensor y adelantar
maniobras dilatorias a cambio de dinero.7 Afirmó que a Córdoba Manyoma se le exigieron
$ 800.000.000 para evitar su aprehensión y que, como parte de la estrategia de dilación,
entregó $ 200.000.000 al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, adscrito al despacho
de Malo Fernández, lo que evitó que se librara orden de captura y el aplazamiento de
varias diligencias. Que la entrega del dinero se dio en 2 momentos, una parte antes de la
versión libre y otra en «abril o mayo de este año» (2017).

1.4.2. Por su parte, Camilo Andrés Ruiz reconoció haber sustanciado los procesos
seguidos contra Nilton Córdoba Manyoma por el convenio interadministrativo y por lavado
de activos, aunque negó haber pactado beneficios; y Leonardo Luis Pinilla Gómez ratificó
la cercanía de Moreno Rivera con los exmagistrados Bustos Martínez y Ricaurte Gómez
y con el magistrado auxiliar Ruiz.

1.5. Mediante auto del 13 de agosto de 2020, el procurador general de la Nación abrió
investigación disciplinaria contra Nilton Córdoba Manyoma, decretó como pruebas
trasladadas los procesos adelantados por los mismos hechos contra otros congresistas y
lo indagó sobre su deseo de rendir versión libre8. La decisión se notificó el 11 de
septiembre de 2020 al correo electrónico institucional del disciplinado.

2 Expediente disciplinario «CP 1 F 1 a 215.pdf», fls 14 a 19.
3 Expediente disciplinario «CP 1 F 1 a 215.pdf», fl. 20.
4 Expediente disciplinario «CP 1 F 1 a 215.pdf», fl. 34.
5 Expediente disciplinario «CP 1 F 1 a 215.pdf», fl. 29.
6 Expediente disciplinario «CP 1 F 1 a 215.pdf», fl. 57.
7 Declaraciones que reposan en la carpeta «CDS», archivo «CD CP 1 Folio 49» del expediente disciplinario IUS E-

2017-879741/IUC-D-2017-1041294.
8 No determina la fecha.

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1.6. En cumplimiento de ese auto se trasladaron, entre otras pruebas, las nuevas
declaraciones de Camilo Andrés Ruiz —rendidas en 2022 en el marco del principio de
oportunidad suscrito con la Fiscalía, en el proceso contra la excongresista Argenis
Velásquez Ramírez—,9 en las que admitió haber recibido dinero de Moreno Rivera a
cambio de información y de dilatar los procesos de Córdoba Manyoma. Así mismo, señaló
que «para mediados de septiembre u octubre» de 2016 se encontró en el Centro
Internacional de Bogotá con Luis Gustavo Moreno Rivera, quien le entregó $ 20.000.000
y le informó sobre solicitudes de aplazamiento que se iban a presentar en los expedientes
seguidos contra Córdoba Manyoma. Adicionalmente, expuso que un día después de su
salida de la Corte Suprema de Justicia («eso pudo ser entre el 7 y el 8 de mayo de 2017»),
se reunió con Moreno Rivera en un bar de Chapinero y allí este le entregó $ 50.000.000
como contraprestación por los autos que dilataron el trámite de los procesos adelantados
contra Nilton Córdoba Manyoma.

También se allegó el proceso penal 51699 seguido contra el disciplinado, en el que la
Corte Suprema de Justicia, con fundamento en las declaraciones de Moreno Rivera, abrió
investigación previa y escuchó en versión libre a Córdoba Manyoma, quien admitió haber
pactado $ 800.000.000 con aquel como honorarios y haberle pagado $ 400.000.00010. El
26 de septiembre de 2019, la Sala de Instrucción Especial de esa Corporación lo acusó
por el delito de cohecho por dar u ofrecer, al estimar acreditado que entregó dinero para
obtener beneficios ilegales en los procesos penales adelantados en su contra.

1.7. Con la expedición de la Ley 2094 de 202111, que separó las etapas de instrucción y
juzgamiento, el expediente se remitió a la Sala Disciplinaria de Instrucción de la
Procuraduría General de la Nación12. El 6 de mayo de 202213 la Sala prorrogó la
investigación y con auto del 6 de octubre de 2022, corrió traslado para alegar14.

1.8. El 28 de febrero de 2023, la Sala Disciplinaria de Instrucción formuló pliego de cargos
contra Nilton Córdoba Manyoma por la presunta falta gravísima del numeral 1 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002, al considerar acreditado que pagó $ 200.000.000 al magistrado
auxiliar Camilo Andrés Ruiz para evitar su aprehensión y entorpecer los procesos
penales, conducta enmarcable en el delito de cohecho por dar u ofrecer.15 El pliego se
notificó al disciplinado el 1 º de marzo de 2023.

1.9. El 23 de marzo de 2023, la Sala de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular de la Procuraduría General de la Nación asumió el conocimiento del proceso,
por haberse formulado el pliego de cargos en vigencia del Código General Disciplinario
(CGD)16. El 21 de abril de 2023, Nilton Córdoba Manyoma rindió descargos y solicitó la
nulidad de lo actuado, al alegar la indebida notificación del auto que abrió la investigación
y la falta de competencia de la Procuraduría para sancionar a servidores de elección
popular17.

9 Expediente disciplinario «CP 1 F 1 a 215.pdf», fls. 89 a 92.
10 Declaraciones que reposan en la carpeta «CDS», archivo «CD 3 CP 3 Folio 348» del expediente disciplinario IUS E-

2017-879741/IUC-D-2017-1041294, desde el minuto 1:45:00.
11 Mediante Resolución 216 del 14 de julio de 2021, la procuradora general de la Nación interrumpió los términos en

todos los procesos que surtía la Procuraduría General de la Nación entre el 16 y el 23 de julio de 2021, en aras de
implementar la Ley 2094 de 2021, que dispuso la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento en los
expedientes disciplinarios.
12 Expediente disciplinario «CP 1 F 1 a 215.pdf», fls. 349 y 350.
13 Expediente disciplinario «CP 1 F 1 a 215.pdf», fl. 353.
14 Expediente disciplinario «CP 2 F 216 a 376.pdf», fl. 25.
15 Expediente disciplinario «CP 2 F 216 a 376.pdf», fl. 62.
16 Expediente disciplinario «CP 1 F 1 a 215.pdf», fls. 101 y 102.
17 Expediente disciplinario «CP 2 F 216 a 376.pdf», fl. 115.

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1.10. Con auto del 1 º de junio de 2023, la Sala desestimó la nulidad —al constatar que
el auto de indagación preliminar se notificó personalmente y que el disciplinado autorizó
las notificaciones al correo institucional—, difirió el pronunciamiento sobre los descargos
para el fallo y decretó pruebas.18 Tras correr traslado para alegar de conclusión, el
disciplinado recusó a los integrantes de la Sala, lo que la procuradora general de la
Nación no aceptó el 19 de septiembre de 2023.19

1.11. Finalmente, el 18 de octubre de 2023, Nilton Córdoba Manyoma formuló una nueva
solicitud de nulidad, con el argumento de que el pliego de cargos no cumplía las
exigencias del artículo 223 del CGD.20

2. El juzgamiento disciplinario

2.1. Fallo disciplinario de primera instancia21

Mediante fallo del 9 de noviembre de 2023, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación declaró
disciplinariamente responsable a Nilton Córdoba Manyoma por la falta gravísima
endilgada y le impuso las sanciones de destitución e inhabilidad general por 15 años.

Sostuvo que, conforme a la sentencia C-030 de 2023, la Procuraduría General de la
Nación estaba facultada para sancionar a servidores públicos de elección popular,
aunque sus decisiones sancionatorias quedaban suspendidas hasta el control judicial de
legalidad. Por otro lado, negó la nulidad formulada, al constatar que el auto de indagación
preliminar se notificó personalmente y que las decisiones posteriores se comunicaron a
los correos que el propio disciplinado suministró, por lo que no hubo indebida notificación.

Con base en los testimonios de Luis Gustavo Moreno Rivera y las demás pruebas, tuvo
por acreditado que contra el disciplinado se adelantaban varios procesos penales en la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (dos de ellos en el despacho de
Gustavo Enrique Malo Fernández, por lavado de activos y por irregularidades en un
convenio interadministrativo) y que pactó el pago de $ 800.000.000 para evitar su
detención, de los cuales el magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz recibió $ 200.000.000.

Concluyó que con esa conducta el disciplinado contrarió el deber de respetar el
ordenamiento jurídico y los principios de la función pública y afectó la moralidad
administrativa, lo que colmó la ilicitud sustancial, y que actuó a título de dolo, pues buscó
favorecimientos en los procesos penales a cambio de dinero. Estimó adecuada la
inhabilidad de 15 años por la gravedad de la falta y el grave daño social, con el atenuante
de no registrar sanciones disciplinarias previas.

El 15 de noviembre de 2023, la autoridad disciplinaria remitió el fallo de primera instancia
a los correos electrónicos suministrados por la apoderada del disciplinado22.

2.2. Recurso de apelación

El 29 de noviembre de 2023 el disciplinado interpuso recurso de apelación 23 contra el
fallo de primera instancia e indicó que se vulneró su derecho al debido proceso al
comunicarle electrónicamente las decisiones emitidas en el proceso disciplinario, pues ni
18 Expediente disciplinario «CP 2 F 216 a 376.pdf», fls. 122 a 146.
19 Expediente disciplinario «CP 3 F 377 a 633.pdf», fls. 72 a 78.
20 Expediente disciplinario «CP 3 F 377 a 633.pdf», fls. 100 y 101.
21 Expediente disciplinario «CP 3 F 377 a 633.pdf», fls. 144 a 183.
22 Expediente disciplinario «CP 3 F 377 a 633.pdf», fl. 188.
23 Expediente disciplinario «CP 3 F 377 a 633.pdf», fls. 208 a 264.

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él ni su apoderada las autorizaron.

Que los artículos 10 y 11 del Decreto 1851 de 2021 estipulaban que la Sala Disciplinaria
de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación debía estar conformada por 3
integrantes, de manera que los autos de prórroga de la investigación y de decreto de
pruebas no podían ser emitidos solo por un servidor, como sucedió.

Que no pudo controvertir las pruebas trasladadas al proceso disciplinario surtido en su
contra, como las declaraciones de Luis Gustavo Moreno Rivera y Camilo Andrés Ruiz,
en razón a que la autoridad disciplinaria no le corrió traslado de ellas y solo se enteró de
su existencia el 30 de marzo de 2023, cuando pidió copia del expediente. Que esas
irregularidades afectaban la garantía superior de defensa y desconocían las reglas sobre
las pruebas trasladadas establecidas en el artículo 154 del CGD.

Que el numeral 3 del artículo 223 del CGD estipulaba que el pliego de cargos debía
contener la descripción de la conducta que se consideraba falta disciplinaria y la
determinación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que aconteció,
exigencias que no cumplió el pliego del 28 de febrero de 2023.

2.3. Fallo disciplinario de segunda instancia

Con fallo del 13 de enero de 202524, la procuradora general de la Nación resolvió la
apelación y confirmó la decisión de primera instancia.

Consideró que la notificación electrónica del auto de apertura de la investigación era
válida sin autorización del disciplinado, conforme a los artículos 3 º y 4 º del Decreto 491
de 2020 y la Resolución 216 de 2020. Que el auto de prórroga podía ser firmado por un
solo integrante, por tratarse de una decisión de sustanciación; y que la notificación por
aviso del auto que negó la nulidad se ajustó al numeral 3 º del artículo 123 del CGD.

De igual manera, explicó que el pliego de cargos sí determinó las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que aconteció la falta disciplinaria y acreditó que el disciplinado
pagó al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, a través de Moreno Rivera, para obtener
beneficios en los procesos penales seguidos en su contra en el despacho del
exmagistrado Malo Fernández, todo lo cual configuraba la conducta señalada para el
delito de cohecho por dar u ofrecer, a título de dolo.25

Que el término de inhabilidad de 15 años era adecuado debido a la gravedad de la falta,
la cual provocó un grave daño social; sin embargo, el disciplinado era destinatario de un
atenuante por no registrar sanciones disciplinarias previas.

El fallo de segunda instancia le fue notificado a Nilton Córdoba Manyoma de manera
personal el 22 de enero de 2025, y se le entregó copia de la decisión 26.

El 23 de enero de 2025, el disciplinado formuló solicitud de «aclaración, corrección y/o
adición» del fallo del 13 de enero de 2025, al considerar que debía disponerse: (i) la
remisión del proceso disciplinario al Consejo de Estado para que tramitara el recurso
extraordinario de revisión en cumplimiento del auto de unificación del 3 de diciembre de
2024 de esa Corporación, y (ii) la suspensión de la sanción hasta tanto se surtiera ese
trámite.

24 Expediente disciplinario «CP 3 F 377 a 633.pdf», fls. 278 a 309.
25 Expediente disciplinario «CP 3 F 377 a 633.pdf», fl. 318.
26 Expediente disciplinario «CP 3 F 377 a 633.pdf», fl. 318.

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El 26 de febrero de 2025, la procuradora general de la Nación adicionó el fallo
disciplinario, para indicar que contra esa decisión procedía el recurso extraordinario de
revisión previsto en el artículo 238A del CGD, por lo que ordenó correr traslado por 30
días «a los sujetos procesales».

El 9 de abril de 2025, el señor Nilton Córdoba Manyoma sustentó el recurso extraordinario
de revisión27; y el 23 de abril de 202528, la autoridad disciplinaria remitió el expediente a
esta Corporación.

3. La sustentación del recurso extraordinario de revisión

El señor Nilton Córdoba Manyoma alegó que la Procuraduría General de la Nación
carecía de competencia para restringir los derechos políticos de servidores públicos de
elección popular, pues se trataba de una autoridad administrativa y esa potestad era
exclusiva de los jueces penales, conforme al artículo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Añadió que, si bien la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional
reconoció esa competencia, contó con salvamentos de voto y que sus decisiones debían
someterse a control jurisdiccional.

Sostuvo que se vulneró su derecho al debido proceso porque no se le notificaron las
decisiones que ordenaron trasladar pruebas recaudadas en otras diligencias
relacionadas con «el cartel de la toga», lo que le impidió controvertirlas. Agregó que en
uno de los procesos penales aún no se había librado orden de captura en su contra y que
en otro se archivaron las diligencias, lo que a su juicio desvirtuaba el delito atribuido.

Adujo que la falta endilgada no se relacionó con sus funciones como congresista, de
modo que quedaba por fuera de la órbita del derecho disciplinario, según la sentencia C-
712 de 2001 de la Corte Constitucional. Afirmó, además, que la acción disciplinaria
caducó, pues el auto de apertura de la investigación no se profirió dentro de los cinco
años siguientes a la comisión de la falta, que ubicó el «8 de noviembre de 2016». Por
último, cuestionó que el pliego de cargos no describió las circunstancias de tiempo, modo
y lugar de la conducta, en desatención del numeral 3 del artículo 223 del CGD.

4. Oposición al recurso extraordinario de revisión

El 11 de agosto de 2025,29 la Procuraduría General de la Nación se opuso al recurso.
Adujo que el mecanismo previsto en el artículo 238A del CGD no constituía una instancia
adicional del proceso disciplinario, por lo que no era dable un pronunciamiento de fondo,
más aún cuando los argumentos del recurrente no encuadraban en las causales del
artículo 238C ibidem.

Señaló que el procurador general de la Nación era competente para sancionar a
servidores públicos de elección popular, conforme al numeral 6 del artículo 277 de la
Constitución Política y a la sentencia C-030 de 2023, que señaló que esa potestad no
vulneraba el bloque de constitucionalidad ni la jurisprudencia interamericana.

Agregó que no operó la caducidad ni la prescripción de la acción disciplinaria, debido a
la suspensión de términos por 70 días dispuesta en las Resoluciones 128, 136, 148, 173,
184 y 204 de 2020, y que las pruebas acreditaban la falta, además de que la dosificación
de la sanción se ajustó a derecho.

27 Samai, expediente 11001-03-15-000-2025-02430-00, índice 1.
28 Expediente disciplinario «CP 3 F 377 a 633.pdf», fls. 366 y 367.
29 Samai, expediente 11001-03-15-000-2025-02430-00, índice 4.

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Recurrente: Nilton Córdoba Manyoma

5. Trámite del recurso extraordinario de revisión en el Consejo de Estado

El 28 de abril de 2025, el recurso extraordinario de revisión de la referencia fue asignado
por reparto al consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez, quien el 10 de junio de 2025
manifestó impedimento para conocerlo por estar incurso en las causales previstas en los
numerales 3 y 4 del artículo 130 del CPACA.30

A través de auto del 1º de julio de 202531, la Sala 12 Especial de Decisión del Consejo
de Estado aceptó el impedimento manifestado por el magistrado Ibarra Martínez.

Mediante proveído del 29 de julio de 2025, el ponente de la presente providencia avocó
conocimiento del recurso extraordinario de revisión y ordenó notificar al disciplinado y a
la PGN.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 238B de la Ley 1952 de 201932, adicionado por el artículo
55 de la Ley 2094 de 2021, en concordancia con el artículo 125.2 33 de la Ley 1437 de
2011, el Acuerdo 080 de 2019 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado, y el auto
de unificación del 3 de diciembre de 2024 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación34, la Sala Doce Especial de Decisión es competente
para resolver el recurso extraordinario de revisión.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala realizar el control integral de la actuación disciplinaria adelantada
por la Procuraduría General de la Nación, que culminó con la decisión del 13 de enero de
2025, con la cual se sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años al señor
Nilton Córdoba Manyoma, en su calidad de congresista, a efectos de determinar si se
ajustó al ordenamiento jurídico.

Para ello, la Sala (i) examinará los aspectos generales del recurso extraordinario de
revisión y (ii) realizará un control integral de la actuación disciplinaria.

3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

En cumplimiento de la sentencia dictada en el caso Petro Urrego vs. Colombia 35, el
Congreso de la República expidió la Ley 2094 de 202136, que en su artículo 54 creó el
recurso extraordinario de revisión «contra las decisiones sancionatorias ejecutoriadas
dictadas por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de la potestad disciplinaria
jurisdiccional».

30 Samai, expediente 11001-03-15-000-2025-02430-00, índice 4.
31 Samai, expediente 11001-03-15-000-2025-02430-00, índice 9.
32 «Artículo 238B. Competencia. Las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado conocerán de los recursos

extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad dictadas por el
Procurador General de la Nación, las Salas de Juzgamiento y los Procuradores Delegados. Igualmente, contra las
decisiones producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación».
33 «ARTÍCULO 125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las

siguientes reglas: (…) 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias (…)».
34 Exp. 11001-03-15-000-2023-00871-00 (SU), CP. Luis Alberto Álvarez Parra.
35 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 8 de julio de 2020. Consultada el 4 de febrero de 2024

en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_406_esp.pdf
36 Modificó la Ley 1952 de 2019.

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Posteriormente, en la sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional estudió la
constitucionalidad de varios artículos de la Ley 2094 de 2021 y señaló que la imposición
definitiva de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos
de elección popular corresponde al juez de lo contencioso administrativo, de modo que
«la activación del recurso automático de revisión exige que el sancionado esté en
ejercicio del mandato popular, pues, de no ser así, deberá acudir a los medios de control
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo».

Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
profirió auto de unificación el 3 de diciembre de 202437, en el cual fijó siete reglas
temporales relacionadas con la procedencia y trámite del recurso extraordinario referido,
las cuales rigen hasta que el legislador supla el vacío regulatorio. Dentro de estas se
destaca la primera regla, que señala que ese recurso también procede «respecto de las
faltas cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con
posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o ejercer
funciones públicas».

Respecto de la tercera regla de unificación, se sostuvo que «el Consejo de Estado podrá
fundar su decisión en los argumentos expuestos por el sancionado, como por cualquier
causal genérica de nulidad prevista en el inciso segundo del artículo 137 del CPACA».

Ahora, en cuanto a la séptima regla de unificación, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo adujo que el examen integral implica cotejar la actuación disciplinaria con
todo el ordenamiento jurídico superior y concluyó que:

[…] impone un análisis más amplio que incluye i) el análisis de la actuación administrativa
sancionatoria bajo los principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, legalidad de la falta
y de las sanciones, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad
humana, presunción de inocencia, culpabilidad, favorabilidad, congruencia, igualdad,
derecho a la defensa, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, motivación,
interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de los principios e integración normativa con
los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales
ratificados por Colombia y ii) la posibilidad de variar la calificación de la falta y la imposición
de la sanción, sin afectar el principio de la no reformatio in pejus, entre otros aspectos.

En suma, con independencia de si se presenta o no recurso extraordinario de revisión, el
juez de lo contencioso-administrativo está en la obligación de estudiar las causales de
nulidad contempladas en el artículo 137 del CPACA y además realizar un control integral
de la actuación y las decisiones disciplinarias, que incluye las causales de revisión
consagradas en el artículo 56 de la Ley 2094 de 2021.

Así las cosas, para realizar el control integral, esta Sala Especial de Decisión elaborará
una integración normativa y jurisprudencial de los criterios señalados previamente,
partiendo de las causales de revisión contempladas en el artículo 56 de la Ley 2094 de
2021, de las causales de nulidad del artículo 137 del CPACA y de cada una de las
actuaciones del proceso disciplinario.

En consecuencia, para dar solución al caso concreto, el control integral consistirá en
determinar si en la actuación disciplinaria se incurrió en alguna de las siguientes
circunstancias:

37 Exp. 11001-03-15-000-2023-00871-00 (SU), CP. Luis Alberto Álvarez Parra.

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i. Violación directa de la ley sustancial, en la cual se analizará el régimen disciplinario,
la prescripción y caducidad de la acción, el procedimiento, la competencia, y los
sujetos disciplinables.

ii. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho o derecho en la
apreciación de la prueba.

iii. Incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo.

iv. Nulidad originada en el curso del proceso disciplinario.

v. Error en la dosificación de la sanción disciplinaria por violación de los principios de
proporcionalidad, razonabilidad, o indebida apreciación probatoria.

vi. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la decisión documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de tercero.

vii. Haberse dictado la decisión con fundamento en documentos falsos.

viii. Cuando se demuestre, mediante decisión en firme, que la decisión fue determinada
por un delito del funcionario que profirió la decisión o de un tercero.

ix. Cuando por precedente de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado se
modifique favorablemente el criterio en el que se fundamentó la decisión recurrida.

x. Cuando los actos administrativos hayan sido expedidos: (i) con infracción de las
normas en que deberían fundarse; (ii) sin competencia; (iii) de forma irregular; (iv)
con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; (v) mediante falsa
motivación o (vi) con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

4. Control integral en el caso concreto

En los términos expuestos, la Sala verificará si en el caso concreto se cumplen las
circunstancias previamente planteadas.

4.1 Violación directa de la ley sustancial

Lo primero que debe determinar la Sala en el control integral que adelanta sobre las
actuaciones disciplinarias surtidas contra Nilton Córdoba Manyoma en el proceso IUS E-
2017-879741/IUC D-2017-1041294, es si incurren en violación directa de la ley
sustancial.

Para tal propósito es necesario establecer, en primera medida, cuál era el régimen
normativo aplicable en el proceso disciplinario. Una vez dilucidado ello, debe analizarse
si se configuraron la caducidad o la prescripción de la acción disciplinaria. Si no
acontecen esas figuras procesales, lo procedente es determinar si (i) las diligencias
disciplinarias se adelantaron conforme al procedimiento previsto en el sistema normativo,
(ii) la autoridad disciplinaria tenía competencia para sancionar a Nilton Córdoba
Manyoma38; (iii) este tenía la condición de sujeto disciplinable y (iv) tienen vocación de
prosperidad los cargos formulados por el disciplinado en el recurso extraordinario de
38Aspecto que se abordó en el auto con el que esta Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado avocó
conocimiento del recurso extraordinario de revisión de la referencia.
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revisión que formuló, esto es, si hubo alguna irregularidad en la valoración de las pruebas
trasladadas de la Corte Suprema de Justicia y si las actuaciones investigadas impedían
sancionarlo por no tener relación con sus funciones de congresista.

4.1.1 Régimen disciplinario aplicable

La Ley 734 de 2002, o Código Disciplinario Único, rige los hechos ocurridos durante su
vigencia, esto es, a partir del 5 de mayo de 2002. Esa norma fue derogada por la Ley
1952 de 201939 o Código General Disciplinario, cuyo artículo 263 transitorio, en su
redacción original, dispuso que los procesos con auto de apertura de investigación o
citación a audiencia al entrar a regir la nueva ley continuarían tramitándose conforme al
procedimiento anterior.

La entrada en vigor del CGD fue diferida, inicialmente prevista para el 28 de julio de 2020,
se amplió hasta el 1 º de julio de 2021 por la Ley 1955 de 201940 y, finalmente, hasta el
29 de marzo de 2022 por la Ley 2094 de 2021. Además, el artículo 71 de esta última
modificó el artículo 263 del CGD para señalar que, a su entrada en vigencia, los procesos
en los que se hubiere notificado el pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso
verbal continuarían hasta finalizar bajo la Ley 734 de 2002, y que en los demás eventos
se aplicaría el procedimiento del nuevo código.

En consecuencia, quedan sujetos al CGD los procesos en los que el pliego de cargos se
notificó después del 29 de marzo de 2022, y a la Ley 734 de 2002 aquellos en los que se
comunicó antes de esa fecha.

En el sub lite, el pliego de cargos contra Nilton Córdoba Manyoma se notificó el 1 º de
marzo de 2023, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor del CGD, de modo que
el proceso disciplinario IUS E-2017-879741/IUC D-2017-1041294 se rige por la Ley 1952
de 2019.41

4.1.2 La caducidad y la prescripción de la acción disciplinaria

Determinado el régimen aplicable, corresponde establecer si en el proceso disciplinario
operó la caducidad o la prescripción de la acción, para lo cual conviene revisar la
evolución de esas figuras desde la Ley 734 de 2002.

La prescripción es la figura procesal por la cual el Estado pierde la potestad punitiva al
no ejercerla dentro del término que le otorga el ordenamiento jurídico;42 por ello el artículo
29 de la Ley 734 de 2002 la consagró como causal de extinción de la acción disciplinaria.
El artículo 30 de esa Ley fijó el término en cinco años, contados, para las faltas
instantáneas, desde el día de su consumación y, para las permanentes o continuadas,
desde la realización del último acto. La falta es instantánea cuando el comportamiento
ilícito se agota en un solo momento, y continuada cuando se prolonga en el tiempo.43

39 «Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario».
40 «Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad».
41 Si bien la Ley 2094 mantuvo el término de 5 años para notificar el fallo de primera instancia y de 2 años para notificar

el de segunda instancia, so pena de que operara la prescripción de la acción disciplinaria, se modificó la forma de
computar dicho plazo, pues con la modificación de la Ley 2094 se cuenta “desde la notificación del fallo de primera
instancia” y con la Ley 1952 original “a partir del siguiente día del vencimiento para impugnar la decisión”.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2026, M. P. Jorge Iván Duque

Gutiérrez, expediente 85001-23-33-000-2017-00014-01.
43 Corte Constitucional, sentencia T-282A de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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En sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado44 precisó que la sanción debe
imponerse dentro de los cinco años siguientes al último acto constitutivo de la falta,
conforme al artículo 30 de la Ley 734 de 2002 45, plazo dentro del cual la autoridad debe
expedir y notificar el acto principal que pone fin a la actuación —esto es, el fallo de primera
instancia y no el que resuelve los recursos—, postura que ha sido reiterada por la
Corporación.46

Posteriormente, el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 modificó el artículo 30 citado y
separó las dos figuras: la acción caduca si, transcurridos cinco años desde la ocurrencia
de la falta, no se ha proferido el auto de apertura de la investigación, y prescribe si el fallo
de primera instancia se notifica cinco años después de dictado ese auto.

A su turno, la Ley 1952 de 2019 eliminó la caducidad y modificó el cómputo de la
prescripción en su artículo 33, según el cual la acción prescribe en cinco años contados,
para las faltas de ejecución instantánea, desde el día de su consumación y, para las de
ejecución permanente o continuada, desde la realización del último acto, término que se
interrumpe con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia. La
vigencia de esa norma fue diferida hasta el 29 de diciembre de 2023 por el artículo 7º de
la Ley 2094 de 202147, de manera que las diligencias surtidas antes de esa fecha
quedaron sujetas al término de prescripción del artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

Ahora bien, para el cómputo de estos términos debe considerarse la suspensión
decretada con ocasión de la pandemia del Covid-19. El artículo 6º del Decreto Legislativo
491 del 28 de marzo de 202048 autorizó a los órganos de control para suspender los
términos de las actuaciones administrativas y dispuso que, mientras durara la
suspensión, no correrían los términos de caducidad, prescripción o firmeza. En ejercicio
de esa facultad, la Procuraduría General de la Nación, mediante las Resoluciones 12849,
136, 148, 173, 184 y 204 de 2020, suspendió los términos de los procesos disciplinarios
en curso del 17 de marzo al 25 de mayo de 2020, esto es, por 70 días.

En este punto, cabe advertir que en cumplimiento del artículo 6º del Decreto 491 de 2020,
la Procuraduría General de la Nación dispuso la suspensión de términos «en todas las

44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2009, CP.

Susana Buitrago Valencia, Rad. 11001-03-15-000-2003-00442-01.
45 Conforme al artículo 30 de la Ley 734 de 2002, que preveía: «La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco

(5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término
empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o
continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas […]».
46 Sentencias de (i) 9 de abril de 2026, Subsección A de la Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2019-

00804-01, M. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; (ii) 5 de diciembre de 2025, Sala Primera Especial de Decisión, expediente
11001-03-15-000-2024-06216-00, M. P. Wilson Ramos Girón; (iii) 24 de marzo de 2022, Subsección B de la Sección
Segunda, expediente 63001-23-33-000-2018-00082-01, M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y (iv) 24 de febrero de 2022,
Subsección A de la Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-01222-01, M. P. Juan Evaristo Palacios
Moreno.
47 «Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones».
48 En la sentencia C-242 de 2020, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad del Decreto 491 de 2020, y

respecto al artículo 6, consideró que con la suspensión de términos allí dispuesta se preservaba el debido proceso de
los ciudadanos por cuanto la continuidad de la prestación del servicio en circunstancias de pandemia podría impedir
ejercer en debida forma su prerrogativa de defensa. Además, dijo el alto tribunal que en esa situación no era posible
exigirles a los servidores públicos que continuaran con el ejercicio de sus funciones con normalidad, pues hay
cuestiones que la impiden, como las restricciones a la presencialidad.
49 Este acto administrativo fue emitido el 16 de marzo de 2020 y suspendió los términos en razón a «la pandemia del

COVID-19, se ha decretado en Colombia la emergencia sanitaria; siendo el aislamiento social la principal y efectiva
herramienta para evitar su propagación». Cabe advertir que en ese momento aún no se había emitido el Decreto 491
de 2020; sin embargo, los demás actos administrativos que prorrogaron la suspensión sí tuvieron como fundamento la
declaratoria del estado de excepción a causa de la pandemia.
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actuaciones disciplinarias», a través de las citadas Resoluciones (salvo la Resolución 128
de 2020). En estas no se indicó que esa medida no operara para efectos de prescripción
de la acción disciplinaria.

En ese orden de ideas, en virtud del principio según el cual donde la norma no distingue
no es dable hacerlo al intérprete «ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus»,
no es posible asumir que en procesos disciplinarios no operaba la suspensión de términos
para efectos de prescripción de la acción disciplinaria, pues esas normas no indicaron
ello.

Asimismo, aunque en la sentencia C-213 de 2020 la Corte Constitucional indicó que no
era factible suspender los términos de prescripción en materia penal durante la pandemia
del COVID-19, esa consideración tuvo como finalidad preservar la garantía a la libertad
de quienes estaban aprehendidos, precepto superior que no está en entredicho en los
procesos disciplinarios.

En virtud de lo anterior, también operaba la suspensión de términos por la implementación
del CGD que dispuso la Procuraduría General de la Nación en la Resolución 216 del 14
de julio de 2021, máxime cuando este acto administrativo goza de la presunción de
legalidad y, por ende, es de obligatoria observancia.

En atención a lo expuesto, también opera la suspensión de términos con ocasión de las
recusaciones al interior del proceso disciplinario, ya que así lo dispuso el artículo 107 del
CGD. Es de anotar que esa suspensión evita que el disciplinado plantee recusaciones en
aras de dilatar las diligencias disciplinarias y así obtener la prescripción de la acción
disciplinaria.

De otra parte, como el análisis del recurso extraordinario de revisión comprende un
estudio de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad, corresponde a la Sala
verificar si la autoridad disciplinaria aplicó, ante el cambio normativo, la disposición más
beneficiosa al disciplinado, en atención al principio de favorabilidad. Es de anotar que la
obligación de aplicar la norma más favorable al disciplinado también comprende la
segunda instancia dentro del proceso disciplinario. Es decir, si acontece un cambio
normativo que beneficia al disciplinado durante el trámite de la segunda instancia del
proceso disciplinario, debe aplicarse así el trámite haya sido decidido en primera instancia
conforme a la norma vigente para ese momento50.

Ahora bien, el artículo 29 de la Constitución51 integra al debido proceso los principios de
legalidad y favorabilidad, este último entendido como la aplicación de la norma más
favorable al procesado aun cuando sea posterior.

La Corte Constitucional ha señalado que ese principio rige en toda manifestación del ius
puniendi del Estado, incluido el derecho disciplinario52, de modo que la ley posterior más
favorable se aplica retroactivamente y la anterior más benéfica, ultraactivamente. Los

50 Consejo de Estado, Sala Primera Especial de Decisión, fallo del 5 de diciembre de 2025, expediente 11001-03-15-

000-2024-06242-00, MP Wilson Ramos Girón.
51 «El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente
y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable […]».
52 Corte Constitucional, sentencia C-044 de 2023, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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artículos 14 de la Ley 734 de 200253 y 8º del CGD54 recogen esa garantía, y este último
precisa que la ley más favorable puede ser sustancial o procesal de efectos sustanciales.

La prescripción de la acción disciplinaria es uno de los aspectos en los que resulta
aplicable el principio de favorabilidad, como lo señaló la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial en sentencia del 31 de enero de 202455, al precisar que la aplicación del artículo
33 de la Ley 1952 de 2019 a procesos gobernados por la Ley 734 de 2002 «no puede
darse de manera parcializada»; la autoridad debe verificar si, al margen del auto de
apertura de la investigación, transcurrieron cinco años entre la comisión de la falta y la
notificación del fallo de primera instancia, caso en el cual el principio de favorabilidad
obliga a decretar de oficio la prescripción.

En el sub examine, el fallo de primera instancia del 9 de noviembre de 2023 se notificó el
15 de noviembre siguiente, antes de la entrada en vigor del artículo 33 de la Ley 1952 de
2019, por lo que, en principio, resultaba aplicable el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.
Bajo esa norma no habría operado la prescripción, pues entre el auto de apertura de la
investigación (13 de agosto de 2020) y la notificación del fallo de primera instancia (15 de
noviembre de 2023) no transcurrieron más de cinco años. No obstante, en virtud del
cambio normativo, la Sala debe determinar si el artículo 33 citado resulta más favorable
al disciplinado y, por tanto, aplicable al caso concreto.

4.1.3 Inicio del término de prescripción y aplicación del principio de favorabilidad
al caso concreto

Para aplicar el principio de favorabilidad es necesario determinar la fecha en que se
consumó la falta, pues desde allí se cuenta el término del artículo 33 de la Ley 1952 de
2019. Ello, además, en cumplimiento de la séptima regla del auto de unificación del 3 de
diciembre de 2024 del Consejo de Estado,56 según la cual el control de legalidad es
integral y comprende el estudio de las cuestiones necesarias para dilucidar la
prescripción, máxime cuando la actuación disciplinaria no identificó el momento en que
Nilton Córdoba Manyoma pagó para afectar los procesos que se surtían en su contra.

La falta endilgada corresponde a la realización objetiva de una conducta descrita como
delito sancionable a título de dolo (artículo 48-1 de la Ley 734 de 2002): el cohecho por
dar u ofrecer del artículo 407 del Código Penal se configura cuando se da u ofrece dinero
u otra utilidad a un servidor público para que retarde, omita o ejecute un acto propio de
sus funciones. La Corte Suprema de Justicia57 ha sostenido que ese delito es de
consumación instantánea, pues se perfecciona con la sola realización de la conducta,
con independencia del resultado. En consecuencia, la falta disciplinaria derivada de ese
delito es instantánea y su término de prescripción se cuenta desde que el disciplinado dio
u ofreció la utilidad.

En el caso concreto, las declaraciones de Luis Gustavo Moreno Rivera y de Camilo
Andrés Ruiz coinciden en que fue en mayo de 2017 cuando este último recibió dinero
para afectar el normal desarrollo de los procesos penales seguidos contra Nilton Córdoba

53 «En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la

restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la
Carta Política».
54 «En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, sustancial o procesal de efectos sustanciales, aun cuando sea

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté
cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Constitución Política».
55 Expediente 50001-11-02-000-2018-00341-01, M.P. Carlos Arturo Ramírez Vásquez.
56 Según la cual el «juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre la constitucionalidad,

convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa de la procuraduría y de sus decisiones sancionatorias de
destitución, suspensión e inhabilidad de servidores públicos de elección popular».
57 Sala de Casación Penal, providencia del 14 de mayo de 2014, radicación 40392, M. P. Eugenio Fernández Carlier.

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Manyoma. En particular, Ruiz (magistrado auxiliar) precisó que el pago ocurrió el día
siguiente a su retiro de la Corte Suprema de Justicia, «entre el 7 y el 8 de mayo de 2017».
Su renuncia fue aceptada a partir del 8 de mayo de 2017, según se constató en la visita
especial a esa Corporación58 y puede corroborarse en su página electrónica59.

El cohecho por dar u ofrecer supone que el dinero se dé u ofrezca a un servidor público,
no obstante, en el presente caso no es posible determinar el día exacto en que el
disciplinado dio el dinero a Luis Gustavo Moreno Rivera para hacerlo llegar a Camilo
Andrés Ruiz, la Sala tiene certeza que la falta se consumó, a más tardar, el 8 de mayo
de 2017, último día en que Camilo Andrés Ruiz tuvo la condición de servidor público.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 resulta
más favorable al disciplinado que el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, pues, si bien
ambos prevén un término de cinco años para emitir y notificar el fallo de primera instancia,
en la Ley 1952 de 2019 ese término se cuenta desde la ocurrencia de la falta y no desde
el auto de apertura de la investigación.

En ese orden de ideas, como la falta se consumó el 8 de mayo de 2017, el término de
cinco años del artículo 33 vencía el 8 de mayo de 2022 y, sumadas las suspensiones de
términos —por la emergencia del Covid-19, por la implementación del Código General
Disciplinario y por el trámite de la recusación promovida por el disciplinado—,60 se
extendió hasta el 9 de agosto de 2022. Sin embargo, el fallo de primera instancia se
notificó el 15 de noviembre de 2023, esto es, más de seis años después de la comisión
de la falta, lapso que supera los cinco años previstos en la norma más favorable.

Es de anotar que el 8 de mayo de 2017 es la fecha más tardía posible para calcular el
momento en que se configuró la falta, de modo que, si el término de prescripción se
encuentra vencido al computarlo desde ella, con mayor razón lo estará desde cualquier
fecha anterior.

En ese orden de ideas, la Sala constata que prescribió la acción disciplinaria adelantada
contra Nilton Córdoba Manyoma en el expediente IUS E-2017-879741/IUC D-2017-
1041294, por superarse el término del artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, aplicable en
virtud del principio de favorabilidad. En consecuencia, se impone dejar sin efectos la
sanción impuesta, como lo ha hecho esta Corporación en casos similares,61 y la Sala se
releva de analizar las demás circunstancias que componen el estudio integral.

5. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de
Estado concluye que la Procuraduría General de la Nación no atendió la obligación de
aplicar el principio de favorabilidad respecto a la prescripción de la acción disciplinaria,
porque para el momento en que se profirió la decisión de segunda instancia ya se
encontraba vigente el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de
2021, esto es, una norma posterior que resultaba más beneficiosa al disciplinado.

58 Expediente disciplinario «CP 1 F 1 a 215.pdf», fl. 57.
59 cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/secgen/5.%20Empleados%20CSJ%20-%20Mayo%202017.pdf
60 Lapso al que se le descontaron los 90 días de suspensión de términos.
61 Sentencias de (i) 10 de marzo de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-00839-00, MP Omar Joaquín Barreto

Suárez; (ii) 5 de agosto de 2025, expediente 11001-03-15-000-2024-06984-00, MP Wilson Ramos Girón; (iii) 5 de
diciembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2024-06216-00, MP Wilson Ramos Girón; (iv) 3 de julio de 2026,
expediente 63001-23-33-000-2025-00064-01, MP Jorge Portocarrero Banguera; y (v) 2 de septiembre de 2026,
expediente 11001-03-15-000-2025-02469-00, MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02430-00
Recurrente: Nilton Córdoba Manyoma

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sala Doce Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Declarar probada la prescripción de la acción disciplinaria. En consecuencia, dejar sin
efecto la sanción impuesta al señor Nilton Córdoba Manyoma, dentro del expediente IUS
E-2017-879741/IUC D-2017-1041294, por las razones expuestas en esta providencia.

Notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente Aclaro voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Aclaro voto

La validez e integridad de este documento puede comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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