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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2012-01222-01

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2012-01222-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: REVOCAR la sentencia del 23 de octubre de 2014 , proferida por el Tribunal Administrativo del C undinamarca, Sección Segunda Subsección A, que declaró la nulidad de las decisiones disciplina rias demandadas y, en consecuencia, accedió a las pretensiones formuladas, por encontrar configurada la p rescripción de la acción discip linaria en el medio de control present ado por el señor Juan Evaristo Palacios Moreno . Segundo: En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor Juan Evaristo Palacios Moreno contra la Personería de Bogotá , por las razones señaladas en esta senten cia. Tercero: SIN CONDENA EN COSTAS de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto: RECONO CER a la abogada PAOLA ANDRE A ROJAS TORRES como apoderada de la Personería de Bogotá, de acuerdo al poder conferido y visible en SAMAI . Quinto: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente y HÁGANSE las an otaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2012-01222-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUN DA – SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D.C. , veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicación : 25000 2325 000 2012 01222 01 (5053 -2015)
Demandante : JUAN EVARISTO PALACIOS MORENO
Demandado: PERSONERÍA DE BO GOTÁ
Temas: Proceso Disciplina rio

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA/ DECRETO 01 DE 1984

I. ASUNTO

La Sala de Subsección conoce los recurso s de apelación
interpuesto por las partes contra la sentencia del 24 de julio de
2014 proferida por la Sección Segunda Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

El señor JUAN E VARISTO PALACIOS MORENO , act uando por
conducto de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, (artículo 85 CCA),
en contra de la Personería de Bogotá , con el objeto de obtener la
nulidad d e los siguientes actos administrativos:

1 Folios 42 a 63

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Radicado: 25000 2325 000 2012 01222 01
Número interno: (5053-2015)
Demandante : JUAN EVARISTO PALACIOS MORENO

Acta de fallo No 0377 del 12 de mayo de 2011 , proferida por
la Personería Dele gada para la Vigila ncia Administrativa de la
Personería de Bogotá , que lo declaró responsable
disciplina riamente y le impuso sanción de destitución e
inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el
término de 10 años.

Resolución 195 del 24 de agosto de 2011 , proferida por la
Personería para la Segunda Instancia de la Persone ría de
Bogotá, por medio de la cual se confirmó la anterior decisión .

Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó q ue (i) solo sea san cionado con destitución y no
con la inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el
término de 10 años, conforme lo prevé la Ley 200 de 1995 y no la
Ley 734 de 2002 , tal como se dispuso en el Acta de fallo No 0377
del 12 de mayo de 2011 y (ii) se cond ene a la Personería de Bogotá
a reconocer y pagar la suma de 100 SMLMV a él y a su familia , por
los perjuicios que afrontó por no poder ejerce r empleo alguno en
entidades estatales .

1. 2. Hechos

El demandante señaló como hechos relevantes, los siguientes :

(i) Se desempeñó como docente VII, en comisión , en la Secretaría
de Educación de Bogotá, durante el per íodo comprendido entre el
8 de febrero de 1993 y el 21 de enero de 2008 .

(ii) El 17 de diciembre de 2009, el señor William Ramiro Agudelo
Fuentes lo denunció por el presunto ejercicio de la abogacía
durante el tiempo en que estuvo vinculado a la Secretaría de
Educación de Bogotá , en el que aseguró que fue su apoderado en
un proceso ordinario laboral con radicado No 528 de 1999 ,
adelantado ante el Juzgado 8 laboral de Bogotá y en un ejecutivo
laboral con radicado No 061 de 2001 , que cursó ante el Juzgado 19
Laboral del Circuit o Bogotá.
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(iii) La Personería de Bogotá inició investigación en su contra, a
través de auto el cual se no tificó mediante edicto fijado el 21 y 22
de febrero de 2011, en la Secretaría de la Personería delegada para
la Vigilancia Administrativa I.

(iv) La Personería de Bogotá , mediante Acta No 0377 del 12 de
mayo de 2011, lo declaró responsable disciplinaria mente y lo
sancionó con destitución e inhabilidad general para desempeñar
cargos públicos por el término de 10 años .

(v) Contra dicha decisión interpuso recurso de apelaci ón, el cual
fue resuelto de forma adversa a sus intereses, a través de la
Resolución No 195 del 24 de agosto de 2011.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

El actor citó como normas violadas por los actos enjuiciados los
artículos 1, 2, 25, 29, 85 y 209 de la Constitución Política, y las
Leyes 200 de 1995 y 190 de 1995.

Argumentó que la sanción de inhabilidad que se le impuso se
fundamentó en las previsiones de la Ley 734 de 2002 y no en las
de la Ley 200 de 1995, como correspondía, por ser la normativa
vigente para la época en que ocurrieron los hechos . De ahí que se
le vulneró el debido proceso.

Aceptó que , en el año 1999 , actuó como apoderado judicial dentro
del proceso ordinario laboral con radicado No 528 de 1999,
adelantado ante el Juzgado 8 laboral de Bogotá y, posteriormente ,
dentro del ejecutivo laboral con radicado No 061 de 2001, que cursó
ante el Juzgado 19 laboral del Circuit o Bogotá .

Adujo que en el Acta de fallo No 0377 de 2011 se hizo alusión al
oficio No. 568 del 3 de mayo del 2010, en el que la secretaría del

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Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá informa que en dicho
despacho cursó un proceso ejecutivo de los señores Ma ría Virginia
Gutiérrez Casas, Ana Beatriz Gutiérrez García y Sonia Contreras
contra William Ramírez Agudelo Fuentes , dentro del cual se
reconoció personería al abogado Juan Evaristo Palacios Moreno ,
a través de auto de fecha 5 de febrero del 20 01, profesional que ha
venido actuando en dicho trámite .

Empero, en dicha actuación no se valoró el oficio No 1240 del 30
de abril del 2010 , emanado del Juzgado 8 Laboral del Circu ito de
Bogotá, el cual da cuenta del proceso laboral con radica do No. 0528
en 1999, fue archivado el día 19 de diciembre de 2002.

Precisó que los actos administrativos cuestionados vulneran su
derecho fundamental al trabajo , por cuanto la inhabilidad general le
fue atribuida sin fundamento legal alguno, lo cual, además de ser
arbitrario, afectó de manera considera ble sus ingresos y los de su
núcleo familiar.

2. Contestación de la demanda 2.

La Personería de Bogotá solicitó que se nieguen las pretensiones
de la demanda con base en los siguientes argumentos:

Al señor Juan Evaristo Palacios Moreno se le garantiz aron sus
derechos de defensa y debido proceso, en la medida en que se le
designó un apoderado de oficio y se le notificaron las a ctuaciones
que se surtieron .

Tal como lo estableció la Personería Delegada para la Vigilancia
Administrativa, es evidente que el señor Juan Evaris to Palacio
Morales al actuar como abogado de los demandantes dentro del
ejecutivo laboral con radicado No 061 de 2001, siendo un servidor

2 Folios 176 y s.s. cuaderno principal 3 del expediente.

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público, lesionó un bien jurídico tutelado como es la función pública ,
toda vez que estaba en la obligación de acatar el régimen de
incompatibilidades propi o de su condición .

Evidenció que, en el auto de citación a audiencia , en el
procedimiento verbal , se calificó la falta como gravísima
observando lo dispuesto en el artíc ulo 48 numeral 17 de la Ley 734
del 2002 , que señala:

A rt í cul o 48. Fal tas graví si mas . Son f alt as gr aví simas las
sigui ent es:
[ …]

17. A ct uar u omi tir, a pesar de l a exi st enci a de causal es de
i ncompat i bi l i dad , inhabi lid ad y conf l ict o de int er eses, de a cuer do
con las pr evis iones const it uciona les y lega les ( negr it a f uer a del
t ext o) .

De ahí que no puede aceptarse como argumento válid o que, ahora
en sede jurisdiccional , el demandante planteé un argumento de
defensa no discutido en el proceso disciplinario, como lo es que la
norma aplicable a la investigación que se le adelantó era la Ley 200
de 1995 y no la Ley 734 del 2002.

Argumentó que, además de no ser procedente en este momento, no
logra desvirtuar el hecho de que el señor Juan Evaristo Palacio
Morales al haber actuado como apoderado dentro de un proceso
judicial, mientras ostentaba la dignidad de servidor público, vulneró
sin justif icación alg un a sus deberes, en la medida en que le estaba
prohibido el ejercicio del derecho como litigante en asuntos ajenos
a las funciones de su cargo, incluso en las acciones públicas
constitucionales , tal como lo ha expresado la Corte Constitucional .

3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INS TANCIA

El 24 de julio de 2014 la Sección Segunda Subsección A d el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca 3 declaró la nulidad del

3 Folios 240 a 256 del expediente

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Acta del fallo No 0377 de l 12 de mayo de 2011 y la Resolución No
195 de 24 de agosto de 2011 y ordenó desanotar el registro de la
sanción impuesta en los antecedentes disciplinarios , con
fundamento en l o siguiente.

El señor Juan Evaristo Palacios Moreno justificó la solicitud de
nulidad de los actos administrativos controvertidos so bre la base
del desconocimiento del derecho al debido proceso, en la medida
en que se le impuso una sanción con fundamento en la Ley 734 de
2002 y no en la Ley 200 de 1995, como corresp ondía; sin embargo,
esta situación no configura el cargo , sino lo que se pasa a mostrar:

En efecto, si bien es cierto que los a ctos enjuiciados valoraron el
Oficio 568 de l 3 de mayo de 2010, suscrito por la Secretaría de l
Juzgado 19 laboral del Circuito , que da cuenta que el disciplinado
ejerció como abogado en un ejecutivo laboral , también lo es que no
tuvieron en cuenta el O ficio 045 el 26 de enero del 2011 , emitido
por el mismo despacho judicial, que aclara que este profesional del
derecho no había tenido actividad.

Enfatizó que como el ejecutivo laboral estuvo paralizado por un
tiempo y, en ese orden, no tuvo actividad procesal , el investigado
no debió recibir sanción alguna .

Explicó que el señ or Palacios Moreno (i) entre el 5 de julio del
2005 y el 3 de marzo del 2008 no impulsó actividad procesal
alguna dentro del ejecutivo laboral y (ii) desde 3 de marzo hasta
el 25 de abril del 2008 retom ó la gestión dentro del aludido
expediente, cuando no pesaba sobre él ninguna inhabilidad , ya que
la Secretaría de Educación de Bogotá le aceptó la renuncia al cargo
que ocupaba , mediante Resolución 131 del 21 de enero del 2008 .

Que en el asunto sub judice ocurrió el fenómeno jurídico de la
prescripción, si se tiene en cuenta que transcurrieron más de 5

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años entre el 5 de julio de 2005 , data en que el demandante dio
inicio al e jecutivo laboral y el 12 de mayo del 2011 , fecha en que
se profirió la decisión discip linaria de primera instancia , la cual
quedó ejecutoriad a el 16 de septiembre del 2011 .

En cuanto a la reparación de los perjuicios morales y materiales
reclamado s, concluyó que no hay lugar a reconocerlos, por cuanto
no fueron acreditados .

A través de providencia del 23 de julio de 2015, la Sección Segunda
Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
adicionó el numeral 5 de la sentencia del 24 de julio de 2014 , en el
sentido de «negar las demás pretensiones de la demanda 4».

5. RECURSO S DE APELACIÓN .

5.1. El señor Juan Evaristo Palacio 5 pidió que se revoque el
numeral 5º de la decisión del a quo para que, en su lugar, se
disponga el reconocimiento y pago de los perjuicios morales y
materiales causados con la sanción disciplina ria , en la medida en
que esta lesion ó sus derechos al t rabajo, al buen nombre y a
ejercer p rofesión u oficio , y ocasio nó al interio r de su familia
sufrimiento , aflicción, dolor y congoja .

5.2. La Personería de Bogotá 6 adujo que no hay lugar a acceder
a lo pretendido por el actor, por cuanto no operó la prescripción a
que alude el Tribunal.

Puntualizó que el hecho de que el ejecutivo laboral haya
permanecido inactivo por el interregno comprendido entre el 5 de
julio de 2005 y el 3 de marzo de 2008 , de ello no se sigue que el
señor Juan Evaristo Palacios Moreno dejó de ser el apoderado en

4 Folio 296 y 298
5 Folios 299 a 308 del expediente.
6 Folios 266 a 270 del expediente.

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dicho expediente y, en ese orden, de estar incurso en un
comportamiento antiético . Lo último, por cuanto existe una clara
incompatibilidad para el empleado público que ejerce la profesión
de abogado.

Que para efecto de la p rescripción de la acción disciplinaria , señaló
que el lapso de tiempo atrás referenciado debe descontarse .

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

6.1.- La parte demandante: Insist ió en los argumentos expuestos
en la demanda y en el recurso de apelación .

6.2.- La parte demandada: Reiteró los argumentos expuestos
apelación.

7. Ministerio Públ ico: Guardó silencio.

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de
conformidad con lo establecido en inciso primero del artículo 150
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo , se gún el cual el Consejo de Estado co noce en
segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. Problema s jurídicos

La Sala debe estudiar en los términos de los recursos de apelación
interpuestos por las partes si es procedente revocar la decisión de
primera instancia que declaró la nulidad de los actos

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administrativos . Así mismo, revocar parcialmente la misma al no
haberse ordenado el reconocimiento y pago de los perjuicios
morales y materiales a favor del demandante.

El anterior interrog ante plantea a su vez los siguientes problemas
jurídicos asociado s:

1. ¿Al demandante se debió aplicar la Ley 200 de 1995 y no la
Ley 734 de 2002?

2. ¿Hubo prescripción de la acción disciplinaria , teniendo en
cuenta que el proceso laboral en que actúo como apoderado
el señor Juan Evar isto Palacios, est uvo inactivo durante el
período comprendido entre el 5 de julio de 2005 y el 3 de
marzo de 2008 , y el fallo sancionatorio data del 12 de mayo
de 2011?

3. En caso afirmativo, se deberá establecer si se causaro n o no
los perjuicios recla mados por la parte demandante.

3. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá
(i) al contro l que ejerce el juez de lo contencioso administrativo
sobre los actos administrativos de carácter disciplina rio, (ii) al
proceso disciplinario adelantado al señor Juan Evaristo Palacios y
(iii) al caso concre to.

3.1. El juez y los actos administrativ os de carácter disciplinario .

Es necesario resa ltar que de conformidad con la se ntencia de
unificación de 9 de agosto de 2016 7 proferida por la Sala Plena de
esta Corporación, el control que debe ejercer el juez administrativo
sobre los actos de la administración que sean de carácter

7 Consejode Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de
agosto de 2016, radicado 1220 -2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz,
demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación.

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disciplina rio, debe ser un control int egral; en la medida en que la
actividad de este juez «supera el denominado control de legalidad,
para en su lugar hacer un ju icio sustancial sobre el acto
administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del
ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los
derechos fundamentales» 8.

Ese juicio integral supone en cuanto a las causales de nulidad, que
el juez, en virtud de la primacía del derecho sustancial, puede y
debe examinar causales conexas con derechos fundamentales a fin
de optimizar la tutela judicial efectiva.

Respecto a la valoración de las p robanzas recaudadas en el
disciplina rio, lo habilita para estudiar la legalidad, pertinencia y
conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la
sanción disciplinaria, porque solo a partir de su objetiva y razonable
ponderación , se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra
debidamente motivado.

Con relación con los principios rectores de la ley disciplinaria, lo
faculta para examinar el estricto cu mplimiento de todos y cada y
uno de ellos dentro la actuación sancionatoria 9.

8 Lo anterior supone tal como se considera en esta decisión, que «1) La competencia
del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones
adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad
del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo.
3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley,
de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la
valoración probatoria hecha en sede dis ciplinaria, es controlable judicialmente en el
marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal,
serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la
independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los
derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la
acción disciplinaria. 8) El juez de lo conten cioso administrativo es garante de la
tutela judicial efectiva».
9 Ley 734 de 2002 en los artículos 4 a 21 contempla los principios de legalidad, ilicitud

sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de
inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción
disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de
la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados
internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT
ratificados por Colombia.

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Acerca del principio de proporcionalidad, de que trata el artículo 18
de la Ley 734 de 2002, referido a que la sanción disciplinaria debe
corresponder a la gravedad de la falta cometida y la graduación
prevista en la ley, cuando el juic io de proporcionalidad de la sanción
sea parte de la decisión judicial, e l ju ez puede, según lo ordenan el
artículo 170 del CCA 10 y el inciso 3 .º del artículo 187 del CPACA 11,
estatuir disposicio nes nuevas en reemplazo de las acusadas y
modificar o reforma r estas 12.

En cuanto a la ilicitud sustancial, el juez está autorizado para
realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o
proporcionalidad respecto de la misma, al punto que si el asunto lo
exige, puede valorar los a rgumentos que sustenten la afectación
sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por el
disciplinado.

3.2. De los elementos del debido proceso en materia
disciplinaria .

De manera reiterada, ha señalado esta Corporación 13 que son

10 Artículo 170 del CCA modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989.
«Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los
hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes,
los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las
peticiones. Para restablecer el derecho particular, los Organismos de los Contencioso
Administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas,
y modificar o reformar estas».
11 A r t í c u l o 1 8 7 i n c i s o 3 d e l C P A C A . « P a r a r e s t a b l e c e r e l d e r e c h o p a r t i c u l a r , l a

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposicio nes nuevas en
reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas».
12 L a s e n t e n c i a d e u n i f i c a c i ó n a l r e s p e c t o d e t e r m i n a q u e « E l j u e z d e l o c o n t e n c i o s o

administrativo está facultado para realizar un “control positivo”, capaz de sustituir la
decisión adoptada por la administración, lo que permite hablar de “[…] un principio
de proporcionalidad sancionador, propio y autónomo de esta esfera tan relevante del
Derecho administrativo, con una jurisprudencia abundante y enjundiosa, pero de
exclusiva aplicación en dicho ámbito.[…]”, lo cual permite afirmar que “[…] el Derecho
Administrativo Sancionador ofrece en este punto mayores garantías al inculpado que
el Derecho Penal […]”». Ahora bien, cuando el particular demanda ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo lo hace en defensa de sus intereses y no de la ley.
En consecuencia, el juez debe atender la realidad detrás del juicio disciplinario
administrativo puesto que “[…] si la esfera subjetiva se torna en centro de gravedad,
el interés del particul ar adquiere un protagonismo que la ley no ha querido obviar,
elevando al grado de pretensión, junto con la anulatoria, a la solicitud de
restablecimiento de la situación jurídica individual […]”».
13 A l e f e c t o , s e r e i t e r a n y r e p r o d u c e n l a s c o n s i d e r a c i o n e s e x p u e s t a s e n l a s s e n t e n c i a s

de 23 de septiembre de 2015 de la Sección Segunda, Subsección A de esta
Corporación, radicado 11001 -03-25-000-2010-00162-00(1200-10), actor: Ángel Yesid

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elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en
materia disciplinaria, entre otros «(i) el principio de lega lidad de la
falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio de publicidad, (iii)
el derecho de defensa y especialmente el derech o de contradicción
y de controversia de la prueba, (iv) el p rincipio de la doble
instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio de
imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem , (viii) el principio
de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in pejus» 14.

3.3. De la violación del derecho fundamental al debido proceso.

Los artículos 29 de la Constitución Política y 6 de la Ley 734 de
2002, disponen que el debido proceso se aplica tanto a las
actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente, y
con observancia de las formas propias de cada juicio.

La jurisprudencia constitucional ha defin ido el derecho al debido
proceso como el « conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa,
para que durante su trámite se respeten s us derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia.

Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el d erecho a la
jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario
acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante a utoridades
de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al ju ez natural, identificado como el funcionario con

Rivera García, demandada: la Nación-Procuraduría General de la Nación y de 21 de
junio de 2018, radicado: 25000 23 42 000 2013 06306 01 (4870 -2015), accionante:
Nancy Stella Marulanda Rodríguez, demandado: Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional.
14 S e n t e n c i a T - 1 0 3 4 d e 2 0 0 6 , M P D r . H u m b e r t o A n t o n i o S i e r r a P o r t o ) . E n i g u a l s e n t i d o

se puede consultar sentencia C -310 de 1997, MP Dr. Carlos Gaviria Díaz.

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capacidad o aptitud legal para ejercer jurisd icción en determinado
proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de lo s hechos,
la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por
la Constitución y la ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como
el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído
y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el
derecho al tiempo y a los medios ade cuados para la pre paración de
la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley p rocesal, a la buena fe y a la
lealtad de to das las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un
tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se
vea sometido a dilaciones injust ificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando
los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea
de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas
atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a l a
independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme
a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni
prevenciones, presiones o influencias ilícitas » 15.

4. Análisi s del caso concreto

4.1. Hechos demostra dos :

(i) Vinculación del demandante a la Secretaría de Educación:
De acuerdo con la certificación expedida por la Alcaldí a Mayor de
Bogotá, el señor Juan Evaristo Palacios Moreno laboró con la
Secretaría de Educación desde el 8 de febrero de 1993 hasta el
21 de enero de 2008, lapso en el cual ejerció el cargo de Docente
VII en comisión 16.

15 Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González
Cuervo.
16 F o l i o 2 c u a d e r n o 1 - a n t e c e d e n t e s

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(ii) Actuaciones dentro del proceso disciplinario.

a) Auto de Apertura de indignación preliminar No 0113 : Por auto
de 4 de febrero de 2010 17 la oficina de control interno disciplinario
de la Personería de Bogotá dispuso la apertura de la investigación
disciplina ria en contra de l señor Juan Evaristo Palacio s Moreno ,
quien pese a ser servidor público a ctúo como apoderado judicial
dentro de los procesos : ordinario laboral No 528 de 1999 , que cursó
en el Juzgado 8 Laboral de Bogotá y el ejecutivo labo ral No 006 1
de 2001, que se adelantó en el Juzgado 19 Laboral del Circuito de
la misma ciudad .

b) Auto de Ci tación Audiencia Verba l No 1598 del 21 de diciembre
de 2010 18.

c) Acta de Fallo Sancionatorio p roceso Verbal No 0377 19. La
Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa I de la
Personería de Bogotá formuló como pliego de cargo al señor Juan
Evaristo Palacios Moreno, el siguiente:

Car go Único:

«El señ or Juan Ev ar ist o Palac ios M or eno ident if icado c o n la
cédula ( …) en su condic ión de ser vidor público de la Secr e t ar í a
de Educac ión ( doce nt e) t al cóm o se despr ende en la cer t if ic ación
obr ant e a f olio 1 8, pudo haber i ncur r id o en vio laci ón al r é gim en
de incom pat ib il idad es ent r e el 5 de f ebr er o del 2001 y el 21 de
ener o del 2008, t r aducido en el hecho de act uar com o apoder ado
de los señor es M aría Vir gini a G ut iér r ez Casas, Ana M ar í a Beat r iz
G ut iér r ez G ar cí a, Sonia Pr isc ila Cont r er as dent r o del proceso
ej ecut ivo de r adicad o baj o el No 0061 del 2001, adelant ado p or el
Juzgado 19 La bor a l del Cir cu it o en c ont r a del señor Wi ll iam
Ram í r ez Agudelo Fu ent es, t al com o lo conf ir m a el m ism o Juzgado
en el of icio 56 8 el 3 de m ayo del 2010 visib le a f oli o 36 a 37 del
plenar i o ».

Declaró probado el anterior c argo y sancionó al antes nombrado
con destitución del cargo de docente de la Secretaría de Educación

17 F f . 7 y s.s. Cdno. 1 del Expediente administrativo .
18 ( f o l i o s
52 Cuaderno 1 antecedentes)
19 F o l i o 1 6 6 a 1 8 3 C d n o 1 E x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o .

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de Bogotá e inhabilidad general para desempeñar cargos públicos
por el térmi no de 10 años.

La decisión tuvo como fundamento lo siguiente:

«Se le endilgó com o pr esunt a r esponsabilida d discip linar ia al señor
Juan Evar ist o Palac i os M or eno, en su condici ón de ser vidor públ ico
de la Secr et ar í a de Educaci ón ( doce nt e) el haber incur r ido en
violac ión a l r ég im en de incom pat i bi lid ades , al act uar ent r e el 5
f ebr er o del 2001 y el 21 de ener o del 2008 , com o apoder ado ( sic)
de los señor es M ARÍ A VI RG I NI A G UTI ÉRREZ CA SAS, AN A M ARÍ A
BEATRI Z G UTI ÉRR EZ G ARCÍ A, ANTO NI A PRI SCI LA CO NTRERA S
dent r o del pr oceso ej ecut ivo r adicado baj o el No 00 61 del 2001 ,
adelant ado por e l Juzgado 19 lab or al del Cir cu it o en cont r a del
señor Will iam Ram ir o Agudelo Fuent es.
( …)

Del m at er ial pr obat or io , se t iene que en el pr esent e caso est á
pr obado que el seño r Juan Evar ist o Palacios M or eno , par a la época
de los hecho s er a ser vidor público de la Secr et ar í a de Educació n
( docent e) co m o se acr edit a con la cer t if icación obr ant e a f oli o 18 y
en t al condici ón se encuent r a adem ás est ablecido qu e act ú o com o
apoder ado j udic ia l de los se ñor es M ar í a Vir gin ia G ut iér r e z , Ana
Beat r iz G ut iér r ez G ar cí a , Sonia Pr iscila Cont r er as , dent r o del
pr oceso ej ecut ivo r adicado en e l núm er o 0061 del 2 001 , adel a nt ado
por el J uzgado 19 l abor al de l Cir cu it o en cont r a del señor Will iam
Ram ir o Agudelo Fue nt e , t al com o lo conf ir m a el Juzgado en el of icio
568 el 3 de m ayo del 20 10, visible a f oli os 36- 37 del pr endar io , al
señala r lo si guient e :

“ … que en r evisad o el sist em a de g e st ión im plem ent ado por el
Consej o super ior de la Judicat ur a , s e pudo est ablecer que est e
Juzgado cur sa pr oceso ejecut ivo r adica do con el núm er o 0061 del
2001, siendo dem andant es Mar í a Vir ginia G ut iér r ez Casas, Ana
Beat r iz G u t iér r ez G ar cí a , Sonia Pr isci lla Cont r er as cont r a el señor
Will iam Ram ir o Agu delo” .

Est im a est e Despacho que se pr esent an los pr esupuest os f áct icos
par a obj et ivi zar la t ipic idad de la cond uct a , puest o que el señor
Juan Evar ist o Pala cios M or eno par a la época de los hechos ,
inf r ingi ó el ar t í culo 29 de la ley 1123 del 22 de ener o del 2007 ( …)
por lo t ant o la conduct a asum ida por el inculpad o queda in m er sa
en el ar t í culo 48 num er al 17 de la ley 734 de 2002.

Respect o a la i lic it ud s ust ancial de la conduct a del disc i plin ado
consider a e l despac ho que ev ident em en t e al señor Juan Ev ar ist o
Palac io M or eno , con su com por t am ient o af ect a sust ancialm ent e el
deber f uncional pu es al haber ej er cido la abogací a dent r o del
pr oceso ej ecut ivo labor al núm er o 0061 del 2001 vulner ó sin
j ust if icación al guna sus deber es ”
( …)
Teniend o en cuent a que el señor JU AN EVA RI STO PAL ACI O S
M O RENO no r egist r a sanciones disc i plin ar ias, est e Des pacho

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consider a pr oceden t e im poner la m í nim a sanción par a f alt as
gr aví sim as, conf or me a lo est ablec ido en ellos ar t í culos 44 y 46 del
Códig o Único Disc ipl inar io, est o es, DESTI TUCI Ó N E I NHABI LI DAD
G ENERAL PO R EL LAPSO DE 1 0 AÑO S PAR A EL EJ ERCI CI O DE
CARG O S PÚBLI C O S, com o aut or r esponsable de la f alt a
discip li nar ia gr aví si m a, cuya culpabili d ad se le im put a a tít ulo de
dolo conf or m e a lo ant er ior m ent e expr esado » ( t ext o de su origin al)

d) La apelación. E l apoderado de l disciplinad o presentó recurso
de apelación 20.

e) La decisión de segunda ins tancia 21. La Personería para la
Segunda Instancia – Personería de Bogotá , a través de Resolución
195 del 24 de agosto de 2011 resolvió el recurso de apelación, en
la cual decidió «Confirmar en su integridad el fallo 12 de mayo de
2011, proferido por la Personería Delegada Vigilancia
Administrativa I que declaró disciplinariamente responsable al
señor JUAN EVARI STO PALACIOS MORENO ».

(iii) Pruebas documentales adelantadas dentro del proceso
disciplinario.

a) La secretaría del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Bogotá certifica que revisado s los libros radiadores se encontró que
en el proceso ordinario radicado bajo el No 528 de 1999 de MARÍA
VIRGINIA GUTIÉ RREZ CASAS, contra WILLIAM RAMIRO
AGUDELO FUENTES, fue archivado el 19 de diciembre de 20 00 y
allí figura como apoderado del demandante El Dr JUAN EVARISTO
PALACIOS MORENO, lo que confirma que dicho profesional del
derecho actúo en el citado proceso. (fl 34 ).

b) La Secretaría del Juzgado 19 Laboral del Circuito indicó a través
de Oficio No 568, lo siguiente 22:

(…)
• Q ué r evisado el sist em a de gest ión im plem ent ado por el Consej o
Super ior de la Jud ic at ur a se pudo est ablecer que en est e j uzgado

20 F f . 187 y siguiente
21 F f . 768 y s.s. cuaderno 4.º expediente administrativo.
22 F o l i o s 3 6 y 3 7

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cur sa pr oceso ej ecutivo r adicado con el núm er o 061 del 2 001 siend o
dem andant e M ar í a Vir gin ia G ut iér r ez, Ana M ar í a Beat r iz G ut iér r ez
G ar cí a, Sonia Pr isc ila Cont r er as cont r a el señor Will iam Ram ir o
Agudel o.
• Q ue por aut o de f echa f ebr er o 5 del 2001 se r econoce per soner í a
al doct or Juan Evar i st o Palacio s M or eno .
• M ediant e pr oveí do de f echa 14 de f ebr er o del 2001 , s e libr ó
m andam ient o ej ecut ivo en cont r a del señor Willi am Ram ir o Agudel o
Fuent e a f avor de la señor a Vir g inia G ut i ér r ez , Ana Beat r iz G ut iér r ez
G ar cí a , Sonia Pr isci l la Cont r er as, l im it án dose la m ed ida de e m bar go
en cuant í a de $34. 930. 000.
• Es de anot ar que el doct or Juan Evar ist o Palacios ha e st ado
act uando en el t r anscur so del pr oceso .
• Q ue m ediant e aut o de f echa m ar zo 3 del 2008 , se pr of ir ió
sent encia ej ecut iva or denándose segu ir adelant e con la ej ec ución .
• Q ue m ediant e escr ito de f echa 25 de abril del 2008 el doct or Juan
Evar ist o Palac ios , solic it ó r eliqu idac ión de cr édit o y am pliac ión de
las m edidas caut ela r es.
• Q ue por aut o de f echa 3 de agost o de 2 009, se or denó la en t r ega
de los dif er ent es t í tulos j udici ales cons ignados , or den de e nt r ega
que f ue dada al doct or Juan Evar ist o Pal acios .
• Q ue por aut o de f echa 22 de e ner o de l 2010 est á pr act ican do la
liqu idac ión de l cr édi t o y la m ism a se está cor r iendo el t r asla do .

c) Memorial suscrito por el señor Juan Evaristo Palacios dirigido
al Juez 19 Laboral del circuito de Bogotá , solicitando la
reliquidación del crédito y la ampliación de la medida cautelar,
fecha 25 de abril de 2008. (fl 43).

d) Informe secretarial del 3 de agosto de 2009 , en el que el
Juzgado 19 Laboral del Circuito, ordenó entregar al señor Juan
Evaristo Palacios, varios depósitos judi ciales.

4.2. Análisis sustancial

De acuerdo con el anterior contexto normativo y probatorio se
resuelve el primer problema jurídico asociado.

➢ ¿Al demandante se le debió aplicar la Ley 200 de 1995 y no
la Ley 734 de 2002?

La Sala observa que el actor incurrió en la conducta sancionable
desde el momento en que decidió ejercer la profesión de abogado

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durante el mismo período en que ejercía como docente VII en
comisión, cuya vinculación fue desde el 8 de febrero de 1999 hasta
el 21 de enero de 2008, fecha está ultima cuando presenta renuncia
del cargo, esto conforme a la certificación expedida por la Alcaldía
Mayor de Bogotá – Secretaría de Educación 23.

En tal sentido , si bien es cierto que el Juzgado Octavo Laboral del
Circu ito de Bogotá informó que el proceso ordinario ra dicado bajo
el No 528 de 1999 de María Virginia Gutiérrez Casas contra William
Ramiro Agudel o, en el cual, actuó como apoderado el señor Juan
Evaristo Palacios, fue archivado el 19 de diciembre de 2000,
también lo es que en el proceso ejecutivo No 0061 de 2001 , el cual
cursa en el Juzgado 19 Laboral del Circuito, al antes nombrado se
le reconoció personer ía el 5 de febrero de 2001, y siguió actuando
dentro de ese expediente .

En ese contexto , el demandante incurrió en la conducta sancionable
desde el año 1999, en vigencia de la Ley 200 de 1995, hasta el
2008 fecha esta última para la cual ya se encontraba en vigencia la
Ley 734 de 2002, que entró a regir el 5 de mayo de es a anualidad.

Frente al tránsito de legislación, la cit ada Ley 734 dispuso:

A rt í cul o 223. T ransi t ori edad . Los pr ocesos discip lin ar ios que al
ent r ar en vigencia la pr esent e ley se encuent r en con auto de
car gos cont inuar án su t r ám it e hast a el f allo def in it iv o, de
conf or m idad con el pr ocedim ient o ant er ior . ( La Cor t e
Const it ucion al, por l os car gos analiz ado s en sent encia C - 32 8/ 03,
declar ó exequ i ble e l pr esent e ar t í culo) .

A rt í cul o 224. Vi genci a . La pr esent e ley r egir á t r es m eses después
de su sanció n y der oga las d ispos icion e s que le sea n cont r ar ias,
salvo las nor m as r ef er idas a los aspect o s discip linar ios pr ev ist os
en la Ley 190 de 1995 y el r ég imen especial d iscip l inar io
est ablecid o par a los m iem br os de la f uerza pública.

Comoquiera que en el presente caso el demandante comenzó a
ejecutar la conducta irregular desde el 1999, bajo la vigencia de la

23 F o l i o 2 anexo 1

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Ley 200 de 1995, pero persistió en el tiempo ha sta el año 200 8, ya
en vigencia de la Ley 734 de 2002, no queda duda de que su
situación debía regirse por esta última normativa , la cual fue clara
en señalar que los procesos iniciados antes de su vigencia, en los
cuales se hubiera proferido auto de cargo s continuarían su trámite
hasta el fallo definitivo, de conformidad con el procedimiento
anterior.

Dicha circunstancia no se presenta en este caso, toda vez que la
investigación disciplinaria se le in ició al señor Jua n Evaristo
Palacios Moreno e l 4 de febrero de 2010 , teniendo en cuenta que
la falta no fue instantánea sino de ejecución continuada; y si bien
es cierto que la conducta irregular del antes nombrado empezó en
vigencia de la Ley 200 de 1995, también lo es que se prolongó en
el tiempo y mantuvo con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 734 de 2002 –el 5 de mayo de 2002 -.

De ahí que la Sala considera que la n orma aplicable al d emandante
es la Ley 734 de 2002, pues éste incurrió en una falta continuada
que se extend ió y prolongó con posterioridad al 5 de mayo de 2002,
al punto que el auto de apertura de investigación preliminar data
del 4 de febrero de 2010.

➢ ¿Hubo prescripción de la acción di sciplinaria, teniendo en
cuenta que el proceso laboral en que actúo como
apoderado el s eñor Juan Evaristo Palacios, estuvo
inactivo durante el periodo comprendido entre el 5 de julio
de 2005 y el 3 de marzo de 2008, y el fallo sancionatorio
data del 12 de mayo de 2011?

Al respeto, es necesario poner de presente lo siguiente:

La prescripción de la acción disciplina ria se encuentra contemplada
en el artículo 29 de la Ley 734 de 2002 como una causal de

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extinción de dicha acción. Este fenómeno jurídico se configura por
el paso del tiempo sin que se haya adelantado y definido el pr oceso
disciplina rio.

La prescripción co mienza a correr una vez la falta se co nsuma; sin
embargo, ello ocurre de diferente manera según se trate de una
falta disciplinaria instantánea o de una permanente o continuada.
En las primeras, la infracción del de ber funcional se agota en un
solo momento mientras que en las segundas hay una unidad de
conducta que genera una afectación al deber que se prolonga en el
tiempo hasta que cesa la circunstancia de ilegalidad generadora de
dicha infracción 24.

La Corte Cons titu cional, en relació n con la clasifica ción de las
faltas disciplina ria s, ha señalado:

[ …] 6. 3. 1. Ret om ando la cl asif ic ación de las f alt as, se r e seña la
post ur a est ablecida por la Pr ocur adur ía G ener al de la Nación,
inst it ució n que en el ej er cicio de su control discip lin ar io pr evalent e,
ha or denado los t ipo s sancionat or ios con f or m e “ a las cir cunst ancia s
m odales y t em por ales en que se pr esent an, com o de: i) Mer a
conduct a, donde el com por t am ient o se adecua al incum pli m ient o
sim ple y llano de la nor m a; ii) De r esult ado en las que
necesar iam ent e se p r esent a un r esult ado o ef ect o nat ur alí st ico ; iii)
I nst ant áneas cuando la r ealiz ación de l com por t am ient o descr it o
com o ilí cit o se ago t a en un solo m om ent o, es decir cuan do se
ext er ior iza la acción o la om isión y, iv) Permanent e o cont i nuada,
cuando el comport ami ent o se prol onga en el t i empo, de m aner a
que la consum ación de la f alt a se pr olonga o per dur a entr e t ant o
dur e la conduct a” .

I gualm ent e, el ent e de cont r ol ha m anif est ado que “ la conduct a se
puede agot ar con una única act ivid ad qu e desplie gue el aut o r en un
solo m om ent o o por el cont r ar io, se suceda durant e un peri odo de
t i empo y sol o al cabo del mi smo puede deci rse que el hecho se
ej ecut ó [ …] 25 [ Cur siva or igina l. Negr il las f uer a de t ext o].

Es pertinente precisar que, aunque la norma indicó el momento a
partir del cual comienza a contarse el término de prescripción de la
acción, no definió el momento en que este debe tenerse por

24 S e n t e n c i aproferida el 4 de junio de 2020 por la Sección Segunda Subsección A
del Consejo de Estado, rad 2015-00449.
25 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l . S e n t e n c i a T - 2 8 2 A d e 2 0 1 2 .

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interrumpido. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación
entendió que la interrupción de la prescripción d e la acción
disciplina ria se presentaba con la imposición de la sanción. Sin
embargo, esta expresión dio lugar a tres interpretaciones con
relación al instante en que ello sucede.

Una de las tesis co nsideraba que la potestad disciplinaria se ejercía
con la expedición del acto administrativo de única o primera
instancia; otros eran del criterio de que, además, se requería la
notificación de dicha decisión; mientras que una tercera corriente
estimaba necesario que se hubiesen resuelto todos los recursos
interpuestos en contra del acto sancionatorio y que se notificaran
los respectivos act os 26.

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2009 27, esta
Corporación dispuso que, para efectos de la prescrip ción de la
acción discip linaria , la sanción debe entenderse impue sta con la
expedición y noti ficación del acto administrativo primigenio,
independientemente del momento en que se resuelvan los recursos
de la vía gubernativa cuando se haga uso de ellos. En esta
oportunidad, se sostuvo lo s iguiente:

Baj o est e hilo conduct or , y en l a necesi dad de uni f i car l as
post uras de l as Secci ones s obr e el t ema, asunt o que
preci sament e const i t uyó el mot i vo para que el present e pr oceso
f uera t raí do por i mport anci a j urí dica a l a Sal a Pl ena, a
cont inuaci ón se explicar án l as r azones esencia les por las cuale s
se consider a qu e la t esis de r ecibo y q ue debe im per ar es la qu e
pr oclam a que l a sanci ón di sci pl i nari a se impone cuando
concl uye l a act uaci ón admi ni st rat i va al expedi rse y not i f icarse
el act o admi ni st rat i vo pri nci pal , deci sión que resuel ve de f ondo
el proceso di sci plinari o. Es est e el act o que def ine la conduct a
invest igad a com o const it ut iva de f alt a discip lin ar ia. En él se
concr et a la expr esió n de la volunt ad de l a adm inist r ación.

Por su par t e, l os act os que resuel ven l os recursos i nt erpuest os
en ví a gubernat i va cont ra el act o sanci onat ori o pri ncipal no
pueden ser co nsi derados como l os que i mponen l a sanci ón

26 26 S e n t e n c i a proferida el 4 de junio de 2020 por la Sección Segunda Subsección A
del Consejo de Estado, rad 2015-00449.
27 D e c i s i ó n d e l 2 9 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 0 9 ; C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a P l e n a d e l o

Contencioso Administrativo, radicación 110010315000200300442 01.

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Número interno: (5053-2015)
Demandante : JUAN EVARISTO PALACIOS MORENO

porque correspond en a una et apa pos t eri or cuyo propósi t o no
es ya emit i r el pronunci ami ent o que és t e i ncl uye l a actuaci ón
si no permi t i r a l a admi ni st raci ón que ést e sea revi s ado a
i nst anci as del admi ni st rado. Así, la exist encia de est a segunda
et apa denom inad a " ví a guber nat iva" queda a l ar bit r i o del
adm inist r ado que es quien decid e si ej er cit a o no los r ecur so s que
lega lm ent e pr ocedan cont r a el act o.

La act uaci ón admi ni st rat i va y l a ví a gubernat i va son dos f i guras
aut ónomas y regi das por procedi mi ent os propi os. La pr im er a,
culm ina cuando la adm inist r ación, lueg o de tr am it ar la, define la
invest igac ión y expi de el act o q ue im po ne la sanc ión. La se gunda
se eri ge en un medi o de def ensa del ad mi ni st rado af ect ado con
l a deci si ón sanci onat ori a en su contra, que se conc reta en el
ej erci ci o de l os recursos propi os de l a ví a gubernat i va,
di spuest os para cont rovert i r l a deci si ón pri mi geni a, es deci r,
se t rat a de una nueva et apa respect o de una deci si ón ya
t omada.

Af ir m ar que la administ r ació n, adem ás de est ar en el deber d e
decid ir y de not if icar dent r o del t ér m ino de cinco años a par t ir del
act o const it ut ivo de la f a lt a la act uación adm i nist r at iva
sancionat or ia t am bi én est á obli gada de nt r o de ese lapso a r esolver
los r ecur sos de l a ví a guber nat iva e inc l uso a not if icar e l ac t o que
r esuelve el últ im o r e cur so, es agregarl e a l a norma que consagra
el t érmi no para ej ercer l a pot est ad sanci onat ori a di sci pli nari a
una exi genci a que no cont empl a y permi t e, f inalm ent e, dej ar en
m anos del invest ig a do, a su ar bit r io, la det er m inación de cuá ndo se
" im pone" la sanci ón, por que en m uchas ocasion es es del
adm inist r ado de qu ien depen den las i ncidenc ias de l t r ámit e de
not if icaci ón de las p r ovidenci as. [ …] [ Negr ill as f uer a de t exto] .

En ese sentido, esta última posición es la que ha imperado en la
Sección Segunda del Consejo de Estado 28, precisamente
atendiendo a una decisión de la Sala Plena que tuvo como objetivo
«la necesidad de unificar las posturas de las Secciones sobre el
tema».

28 Providencia del siete (7) de noviembre de dos mil
trece (2013) radicado 11001 -03-25-000-2012-00082-00(0358-12). Consejero ponente:
GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN. - Providencia del trece (13) de febrero
de
dos mil catorce (2014) radicado No. 25000 -23-25-000-2007-00582-02(0328-12)
Consejero
ponente: ALFONSO VARGAS R1NCON. - Providencia del doce (12) de mayo d e dos
mil
catorce (2014) radicado No. 1001 -03-25-000-2012-00265-00(0985-12), Consejero
ponente:
ALFONSO VARGAS RINCÓN. - Providencia del veintisiete (27) de abril de dos mil
quince
(2015), radicado No. 11001 -03-25-000-2012-00145-00(0612-12), Consejero ponente:
ALFONSO MARÍA VARGAS RINCÓN. - Providencia del veintisiete (27) de mayo de
dos mil
quince (2015) radicado No. 1001 -03-25-000-2010-00039-00(0325-10), Consejero
ponente:
GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN».

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En tal sentido , esta Subsección sostuvo lo siguie nte:

A pr opósit o de l t em a, se t iene que, e l p r im er r eglam ent o en el qu e
se dispuso e l f enóm eno de la pr escr i pci ón de la acc ión d isci plin ar i a
f ue la Ley 25 de 1974 29 que en su ar t í culo 12 señaló que «La acció n
discip li nar ia pr escr i be en cinco años cont ados a par t ir del últ im o
act o const it ut ivo de f alt a. »

Diez añ os después, el ar t í culo 6 de la L ey 13 de 1984 30, indic ó qu e
«La acción discip l in ar ia pr escr ibe en cinco ( 5 ) años cont ados a
par t ir del últ im o act o const it ut ivo de la f alt a, t ér m ino dent r o del cual
deber á igua lm ent e im poner se la sanción »

Luego, en el año 1995, cuando se expidió el Código D iscip li nar io
Único 31 se m ant uvo est a f igur a en los siguient es t ér m inos:

«Ar t í culo 34 Tér m in os de pr escr ipc ión d e la acc ión y de la s anción.
La acción d isc ipl ina r ia pr escr ibe en e l t ér m ino de cinco ( 5) años.
La pr escr ipción de l a acción em pezar á a cont ar se par a las f alt as
inst ant áneas desde el dí a de la consum a ción y desde la r ea li zación
del últ im o act o, en las de car áct er permanent e o cont inuado .

Par ágr af o 1. Pár r af o declar ado inexe qui ble.

Par ágr af o 2. La ej ecución de la sanc ió n disci pl inar ia pr escr ibe e n
un t érm ino de dos (2) años, cont ados a par t ir de la ej ecut or ia del
f allo. Est os t ér m inos pr escr ipt ivos se aplicar án a la acció n
discip li nar í a or igina da en conduct as r ealiza das por los m i em br os
de la f uer za pública. »

Las pr ecit adas n or m as f uer on obj et o de est udio de la Subse cción B
de est a Sección del Conse j o de Est ado, que en sent encia del 23 de
m ayo de 2002, dent r o del pr oceso de n ulid ad y r est ablecim ient o,
expedient e No. 17112, sost uvo que en t ant o el legislador no señal ó
cuál es el act o que im pone la sanc ión e int er r um pe el t ér m ino de
pr escr ipción, debí a ent ender se que la sanción se consider aba
im puest a cuando se hubier e expedido y not if icado la decisió n
discip li nar ia, no obst ant e, si contr a ést e se int er pusier on r ecur sos,
ent onces cuando se expidier a el deci sión disci pl inar ia q ue los
r esolvier a, en cualq uier a de los dos sup uest os, debí a pr of erir se la
decisi ón dent r o de l os 5 años des de la c om isión de la f a lt a o desde
la r ealiz ación de l últ im o act o de acuer do con lo pr evist o en la Ley.

Cont r a esa pr ovidencia la Pr ocur adur í a G ener al de la Nación
pr esent ó r ecur so extr aor dinar io de r evis i ón el cua l f ue conoci do por
la Sala P lena Co nt enciosa Adm in ist r at iva de est a Cor por ación,

29 P o r la cual se expiden normas sobre organización y funcionamiento del Ministerio
Público y régimen disciplinario y se dictan otras disposiciones.
30 P o r l a c u a l s e e s t a b l e c e n n o r m a s q u e r e g u l a n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l p e r s o n a l c i v i l y

demás servidores que prestan sus servicios en la Rama Ejecu tiva del Poder Público
en lo nacional y se dictan disposiciones sobre el régimen de Carrera Administrativa.
31 L e y 2 0 0 d e 1 9 9 5 .

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quien en decisión del 29 de sept iembr e de 2009 32, r evocó la
decisi ón y acogió la t esis según la cual «[ …] t r at ándose de r égim en
sancion at or io d isci plin ar io, la sanció n se im pone de m aner a
opor t una si dent r o del t ér m ino asignado par a ej er cer est a potest ad,
se expide y se not if ica el act o que concluye la act uación
adm inist r at iva sanc i onat or ia, que es e l act o pr incipa l o pr i m igenio
y no el q ue r esuelve los r ecur sos de la ví a guber nat iva. »

Concom it ant e con l o expuest o, se expid i ó la Ley 73 4 de 200 2, que
en su ar t í culo 30 d is puso la pr escr ipció n de la ac ción disc ipl i nar ia,
así :

«Tér m inos de pr esc r ipción d e la acció n disci pl inar ia. La acció n
discip li nar ia pr escr i be en cinco años, cont ados par a las f alt as
inst ant áneas desde el dí a de su consum ación y par a las de c ar áct er
per m anent e o cont inuado desde la r eal iz ación del ú lt im o act o.

En el t ér m ino de doce años, par a las f alt as señaladas en los
num er ales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del ar t í culo 48.

Cuando f uer en var ias las conduct as j uzgadas en un solo proceso,
la pr escr ipc ión de la s acciones se cum p l e indepe ndie nt em ent e par a
cada una de el las. Par ágr af o. Los t ér m inos pr escr ipt ivo s aquí
pr evist os queda n suj et os a lo est ableci do en los t r at ados
int er naciona les que Colom bi a r at if ique. »

Baj o la vigencia de dicha nor m a, hasta el m om ent o, la Sección
Segunda 33 de ést a Cor por ación ha apl icad o y r eit er ado la posició n
de la Sa la Pl ena con t enida en la se nt enc ia de unif icaci ón pr e cit ada
de acuer do con la cual dent ro del t érmino de l os 5 años a que se
ref i ere el art í culo t ranscri t o , l a aut ori dad di sci pl i nari a
compet ent e sol o debe prof eri r y noti f i car el act o pri nci pal , est o
es, la decisión de pr im er a o única inst ancia que int er r umpe el
t ér m ino de pr escr ipción. [ Negr il las or ig i nales. Subr ayado f u er a de
t ext o] .

De lo expuesto se colige que, por un lado, la prescripción
disciplina ria se interrumpe con la decisión de primera instancia y
su respectiva notificación.

32 Sentencia de 29 de septiembre de 2009, M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia.
Radicación número 11001 -03-15-000-2003-00442-01 (S). Actor: Álvaro Hernán
Velandia Hurtado.
33 A p r o p ó s i t o , v e r : C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n “ A ” . C o n s e j e r o

Ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón. Sentencia de 13 de febrero de 2014. Expediente
250002325000200700582 02. Actor: Eugenio Tercero Gil Gil; Consejo de Estado.
Sección Segunda, Subsección “B”. Consejero Ponente: Dr. Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren (E). Sentencia de 28 de julio 2014. Expediente N° 11001 -03-25-000-2011-
00365-00. Actor: Jorge Aurelio Noguera Cotes; Consejo de Estado, Secció n Segunda,
Subsección “A”, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Sentencia de 30
de junio de 2016. Radicación 11001 03 25 000 2011 00170 00 (0583 -11). Actor: Sabas
Pretelt de La Vega; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera
Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto del 15 de septiembre de 2016.
Expediente Nº 410012333000201400340 01 (0816 -2015). Actor: Cielo González Villa.

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Por el otro, que la vía administrativa, compuesta por los recursos
de reposición y apelación, según el caso, son medios de defensa
con los que cuen ta el administrado que ha sido afectado con la
decisión sancionatoria en su contra. Estos instrumentos, por
supuesto, sí tienen la idoneidad para controvertir el acto p rimigenio,
por cuanto a partir de su interposición surge una nueva etapa
respecto de una decisión ya tomada, la que puede ser confirmada
o revocada, en procura de garantizarle los d erechos al
administrad o 34.

En orden a lo expuesto, e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca
se apartó de la tesis que ha sido definida por esta corporación
relacionada con la figura de la prescripción de la acción
disciplina ria .

Lo anterior, teniendo en cuenta que en criterio del a quo la acción
disciplina ria prescribió, por cuanto el fallo de primera instancia que
declaró la responsab ilidad disciplin aria del señor Juan Evaristo
Palacios Moreno data del 12 de mayo del 2011 y éste dio inicio a
un proceso ejecutivo laboral el 5 de julio del 2005 , expediente que
se mantuvo inactivo hasta el 3 de marzo del 2008 .

Lo expuesto para la Sala no es de recibo , pues no se puede perder
de vista que la acción disciplinaria prescribe en cinco años,
contados para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación y para las de carácter permanente o continuado como
sucede en el asunto sub examine desde la realización del último
acto, el cual ocurrió el 21 de enero de 2008, fecha en que el
demandante dejó de ser docente VII.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que la conducta fue
continuada , la autoridad disciplinaria tenía como fecha límite para
expedir y notificar la decisión de primera instancia el 21 de enero
de 2013, con el fin de que la prescrip ción se interrumpiera. En tal
forma, está demostrado que el acto administrativo primigenio fue

34 34 S e n t e n c i a
proferida el 4 de junio de 2020 por la Sección Segunda Subsección A
del Consejo de Estado, rad 2015-00449.

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adoptado por la Personería de Bogotá , a través del Acta de fallo
sancionatorio proceso verbal el 12 d e mayo de 2011 , razón por la
cual en el proceso disciplinario se guido contra el señor Juan
Evaristo Palacios Moreno no se configuró la prescrip ción de la
acción disciplinaria .

Por último, resulta pertinente señalar que la Personería de Bogotá
tenía los elementos de juic io suficientes para endilgar
responsabilidad al señor Juan Evaristo Palacios Moreno , los cuales
se valoraron en el marco de las regla s de la sana crítica y llevaron
a la conclusión de que la falta disciplinaria sí se cometió y el antes
nombrado fue el responsable de ella.

Así las cosas, la Subsección considera que le asiste la razón a la
entidad demandada, por lo cual revocará la decisión impugnada.

Por las razones que a nteceden, la Subsección revocará la sentencia
apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ,
que declaró la nulidad de las decision es disciplinarias demandadas
por encontrar configurada la prescripción de la acción disciplinaria,
y negará las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho presentado por el señor Juan Evaristo Palacios Moreno .

La Sala considera que no hay lugar a la condena en costas porque
no se demostró temeridad o mala fe de l as partes, tal y como lo
regulaba el artículo 171 del CCA, vigente para este proceso, que
consagraba un crit erio subjetivo para efectos de la imposición de
costas.

5. De conformidad con el memorial allegado y registrado en SAMAI,
se observa que la Personería de Bogotá otorgó poder a la abogada
PAOLA ANDREA ROJAS TORRES para la defensa de sus intereses.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley.

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FALLA

Primero: REVOCAR la sentencia del 23 de octubre de 2014 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del C undinamarca, Sección
Segunda Subsección A, que declaró la nulidad de las decisiones
disciplina rias demandadas y, en consecuencia, accedió a las
pretensiones formuladas, por encontrar configurada la p rescripción
de la acción discip linaria en el medio de control present ado por el
señor Juan Evaristo Palacios Moreno .

Segundo: En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Juan Evaristo Palacios Moreno contra la
Personería de Bogotá , por las razones señaladas en esta senten cia.

Tercero: SIN CONDENA EN COSTAS de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto: RECONO CER a la abogada PAOLA ANDRE A ROJAS
TORRES como apoderada de la Personería de Bogotá, de acuerdo
al poder conferido y visible en SAMAI .

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente
y HÁGANSE las an otaciones pertinentes en el programa informático
«Justicia Siglo XXI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión

G A BRI EL VA LBUEN A HERNÁ NDEZ
FI RM ADO ELECTRÓ NI CAM ENTE

WI LLI AM HERNÁ NDEZ G Ó M EZ RA FA EL FRA NCI SCO SUÁ REZ VA RG A S
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE IMPEDIDO

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