Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06250-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06250-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06250-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
13 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero de Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-06250-011
Demandante : Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo
Demandado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Vinculados : Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo de Bogotá y
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Acción : Tutela (impugnación)
Derechos : Debido proceso y trabajo
Tema : Tutela contra providencia, contrato realidad, prescripción
Decisión : Sentencia de segunda instancia – revoca improcedencia para
acceder
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
de 23 de enero de 2025, emitido por el Consejo de Estado, Sección Quinta2, que
declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo, quien actúa a través de apoderado judicial,
interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y trabajo, presuntamente vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01
Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 16 de octubre de 2024,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C3 revocó la providencia de 9 de julio de ese año, en la que
el Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones
formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) [expediente 11001-33-42-052-
2023-00139-01], para acceder parcialmente4 a ellas. En su lugar, pidió que se
ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión en la que se acoja la
totalidad de las súplicas del aludido asunto ordinario, “modificando únicamente lo
que atañe a [la] prescripción”.
Hechos5.
Relata el accionante que, “laboró para el SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA, desde el día veinticuatro (24) de junio de 2015 hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de 2019 en el cargo de ABOGADO”, en el horario
impuesto por dicha entidad y con funciones similares a las del personal de planta,
sin embargo, fue vinculado a través de contratos de prestación de servicios, razón
por la cual, el 13 de diciembre de 2022 solicitó declarar la existencia de la relación
laboral y el pago de todos los salarios y prestaciones a que hubiere lugar durante
ese lapso, lo que le fue negado con oficio 01-9-2023-001335 N.I.S. 2022-01-
430626 de 18 de enero de 2023.
Que, por lo anterior, acudió ante la jurisdicción contencioso-administrativa en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
SENA (expediente 11001-33-42-052-2023-00139-01), del que conoció el Juzgado
Cincuenta y Dos (52) Administrativo de Bogotá que, con providencia de 9 de julio
de 2024 negó las pretensiones formuladas, al considerar que, en su vínculo
contractual no concurrían los presupuestos de una relación de trabajo,
especialmente, el de la subordinación.
Aduce que, inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación,
desatado el 16 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el sentido de revocarla, para,
3
M. P. Amparo Oviedo Pinto.
4
Comoquiera que, aunque declaró la existencia de una relación laboral, también declaró la prescripción extintiva del
derecho al pago de las prestaciones sociales reclamadas.
4
Expediente 20001-23-33-000-2019-00025-01 (3550-2023), C. P. César Palomino
5
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01
Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
en su lugar, acceder parcialmente a las súplicas6, al estimar que “[s]e encuentra
demostrado que […], en el periodo comprendido entre 24 de junio de 2015 y el 31
de diciembre de 2018, ejerció funciones de carácter permanente, que son
inherentes y hacen parte del rol misional de la entidad, que sin lugar a dudas
implican subordinación”; sin embargo, determinó que “los derechos prestacionales
correspondientes al periodo de vinculación no fueron reclamados en tiempo
(dentro de los tres años siguientes) y por ende se ven afectados por el fenómeno
prescriptivo”, excepto los relacionados con los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones.
Sostiene que, la providencia censurada incurre en defecto fáctico, puesto que (i)
“omitió valorar y tener como pruebas, [entre otras], […] el certificado contractual
expedido por el SENA, donde consta que, […] laboró para esta entidad, entre el 21
de enero y el 31 de diciembre de 2019 bajo el contrato de prestación de servicios
No. CO1.PCCNTR.748337 del 21 de enero del 2019 […] [y] los certificados de
pagos efectuados […] a [su] favor […], en [ese] año”; y, (ii) “al amparo de lo
dispuesto en el numeral 5° del artículo 67 de la ley 2080 que modificó el artículo
247 de la ley 1437 y en los numerales 2° y 5° del artículo 327 del Código General
del proceso y habiéndose requerido los contratos desde el agotamiento de la vía
administrativa sin que el extremo pasivo los aportara, tenía el tribunal la potestad
de requerir[los] […] una vez más, […] sin embargo, […] no lo hizo”.
1.2 Contestaciones de la acción.
1.2.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C7 adujo que se someterá “al juicio de valoración que se estime
necesario de la sentencia proferida dentro del expediente con radicado no. 11001-
33-42-052-2023-00139-01, soportada en los medios de prueba […] y decidida en
consecuencia, para que definitivamente se clausure la etapa de control integral
[…] para garantía del sistema jurídico en su conjunto, cual es el papel de la
jurisdicción constitucional, con cuya intervención, se espera que se cierre la
discusión en el caso concreto”.
6
Cabe precisar que, el magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel salvó voto, por cuanto, en su criterio, “los fundamentos de
hecho y las pruebas que obran en el plenario no acreditan la existencia del elemento de subordinación durante la
vinculación del entonces contratista en la entidad accionada”.
7
Índice 00010 del expediente de Samai de primera instancia.
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1.2.2 El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)8 pidió declarar improcedente
la acción de tutela de la referencia, por cuanto “es un mecanismo subsidiario y
excepcional, cuyo propósito no es servir como una instancia adicional para revisar
el fondo de las decisiones judiciales ya adoptadas, ni para revalorar hechos en los
que no se ha demostrado una vulneración de los derechos fundamentales”.
1.2.3 El Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo de Bogotá9 señaló cada
una de las actuaciones desplegadas en el trámite ordinario dentro del cual se
emitió el fallo objeto de reproche y aportó el correspondiente expediente digital.
1.3 Providencia impugnada10.
Mediante sentencia de 23 de enero de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Quinta declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar
que, no cumple el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que “lo
pretendido por la parte actora es reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez
natural de la causa, tornándose la discusión, en este escenario, en un asunto
exclusivamente de índole valorativo”.
1.4 La impugnación11.
Inconforme con la anterior decisión, el tutelante la impugnó, para cuyo propósito
reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.
Agregó que, “el asunto toma relevancia constitucional al probar que, la autoridad
accionada en ejercicio de su potestad de administrar justicia decide
arbitrariamente no valorar pruebas que obran en el expediente, configurando con
esto una vía de hecho que violenta [su] debido proceso”.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
En virtud de los artículos 3212 del Decreto ley 2591 de 199113 y 2514 del Acuerdo
8
Índices 00011 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 00012 del expediente de Samai de primera instancia.
10
Índice 00016 del expediente de Samai de primera instancia.
11
Índice 00021 del expediente de Samai de primera instancia.
12
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente”.
13
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
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Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo
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80 del 12 de marzo de 201915 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de
16 de octubre de 2024, por medio del cual, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C revocó la providencia de 9 de
julio de ese año, en la que el Juzgado Cincuenta y Dos (52) Administrativo de
Bogotá negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el tutelante contra el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA) [expediente 11001-33-42-052-2023-00139-01], para
acceder parcialmente a ellas; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso y trabajo invocadas en la solicitud de
amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
14
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
15
Por medio del cual se expide “el reglamento interno del Consejo de Estado”.
5
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de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela,
con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido
de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto
orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto
procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional
de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o
amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque
se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales
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Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo
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ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que el
actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace
la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se
funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por
parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
7
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Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo
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Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales16, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201217, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos18.
2.5 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y trabajo del
tutelante; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii)
se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la
16
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta.
17
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
18
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
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providencia atacada quedó ejecutoriada el 25 de octubre de 202419 y la solicitud
de amparo se presentó el 18 de noviembre siguiente, es decir, dentro de un
término prudencial (24 días); y (v) la sentencia acusada no desató una acción de
tutela.
En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por el
accionante.
2.5.1 Defecto fáctico.
Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, “surge cuando carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”20.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para
ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude
a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos
en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente
material probatorio que lo demuestra21.
En el presente caso el demandante sostiene que, la decisión reprochada incurre
en defecto fáctico, porque (i) “omitió valorar y tener como pruebas, [entre otras],
[…] el certificado contractual expedido por el SENA, donde consta que, […] laboró
para esta entidad, entre el 21 de enero y el 31 de diciembre de 2019 bajo el
contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.748337 del 21 de enero del
2019 […] [y] los certificados de pagos efectuados […] a [su] favor […], en [ese]
año”; y, (ii) “al amparo de lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 67 de la ley
2080 que modificó el artículo 247 de la ley 1437 y en los numerales 2° y 5° del
artículo 327 del Código General del proceso y habiéndose requerido los contratos
desde el agotamiento de la vía administrativa sin que el extremo pasivo los
19
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 18 de octubre de 2024, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 22 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
20
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
21
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
aportara, tenía el tribunal la potestad de requerir[los] […] una vez más, […] sin
embargo, […] no lo hizo”.
Con el propósito de dilucidar si el referido reproche tiene o no asidero jurídico, vale
la pena recordar que, el contrato de prestación de servicios es el celebrado por los
entes estatales para desarrollar actividades relacionadas con su administración o
funcionamiento y sus condiciones están dadas, entre otras normas, por el artículo
3222, numeral 323, de la Ley 80 de 199324, es decir, por el cual, se vincula
excepcionalmente a una persona con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, teniendo en
cuenta que, debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos
del contrato y de la ley contractual.
Sin embargo, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación
laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
5325 de la Constitución Política, con el que, se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas acerca de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
22
“DE LOS CONTRATOS ESTATALES”.
23
“<Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES>Son contratos de prestación de servicios los que celebren
las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable”.
24
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
25
“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”.
10
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órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.26
Ahora bien, respecto de la prescripción del derecho, se tiene que el artículo 41 del
Decreto 3135 de 196827 prevé dicho fenómeno, en los siguientes términos:
“[…] Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto
prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho
exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente,
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción,
pero sólo por un lapso igual”.
Asimismo, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del anterior, en el artículo 102
preceptúa:
“[…] Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de
1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en
que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual”.
Si bien, en virtud del artículo 53 de la Constitución Política 28 los beneficios
laborales mínimos de los trabajadores comportan carácter irrenunciable, el
legislador ha previsto la prescripción extintiva de esos derechos,
fundamentalmente con el propósito constitucional de salvaguardar la seguridad
jurídica en relación con litigios que han de ventilarse ante los jueces frente a la
inactividad del servidor de reclamar su pago oportunamente. Por tanto, para que
opere el fenómeno prescriptivo se requiere que trascurra el plazo preestablecido
durante el cual no se haya realizado la correspondiente solicitud.
En lo atinente a la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria de
26
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero
de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10).
27
“Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.
28
“[…] El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad […]”.
11
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existencia de la relación laboral, en la sentencia de unificación de 25 de agosto de
201629, esta Sección estimó:
“[...] quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del
término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual
(…) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión,
en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los
derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad”.
(Énfasis propio).
Por su parte, en sentencia del 9 de septiembre de 202130 la Sección Segunda de
esta Corporación, sobre el término y el momento a partir del cual debe computarse
la prescripción extintiva, determinó que, la existencia de vinculaciones
contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con
el fin de comprobar si se presentó o no solución de continuidad en la relación
laboral declarada. En ese sentido, consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, constituya una
“camisa de fuerza” para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con
los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de examinar si hubo o
no la ruptura del vínculo que se reputa laboral.
De otro lado, el material probatorio traído al plenario, da cuenta de la situación
respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción de tutela. En tal
virtud, se destaca:
a) Contratos de prestación de servicios31 suscritos entre el accionante y el SENA,
así:
Contrato Duración Objeto
Del 24 de “Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo
757 junio al 31 jurídico al Grupo de Pensiones de la Secretaría General”.
1 de
diciembre
de 2015
Del 22 de “Prestar servicios profesionales como abogado(a) para realizar
294 enero al 31 trámites en materia pensional en el Grupo de Pensiones de la
2 de Secretaría General”.
diciembre
de 2016
29
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
30
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
31
Visibles en la carpeta “002DemandaAnexos.PDF”, índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
12
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Del 17 de “Prestar servicios profesionales a la Secretaría General del
155 enero al 7 SENA en la revisión jurídica de expedientes pensionales”.
3
de febrero
de 2017
Del 8 de “Prestar servicios profesionales a la Secretaría General del
711 febrero al SENA en la revisión jurídica de expedientes pensionales para
4 31 de su normalización”.
diciembre
de 2017
118 Del 17 de “Prestar servicios profesionales a la Secretaría General del
enero al 31 SENA en la revisión jurídica de expedientes pensionales para
5 de su normalización”.
diciembre
de 2018
b) Certificación de 21 de diciembre de 2022, expedida por la coordinadora del
grupo de administración de documentos del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA)32, que informa que esa entidad y el accionante suscribieron los siguientes
contratos de prestación de servicios:
Contrato Fecha inicial Fecha final Objeto
“Prestación de
servicios
profesionales para
31 de diciembre de
757 24 de junio de 2015 brindar apoyo jurídico
2015
al Grupo de
Pensiones de la
Secretaría General”.
“Prestar servicios
profesionales como
abogado (a) para
31 de diciembre de realizar trámites en
294 22 de enero de 2016
2016 materia pensiona! en
el Grupo de
Pensiones de la
Secretaría General”.
“Prestar servicios
profesionales a la
Secretaría General
155 17 de enero de 2017 7 de febrero de 2017 del SENA en la
revisión jurídica de
expedientes
pensionales”.
“Prestar servicios
profesionales a la
Secretaría General
31 de diciembre de del SENA en la
711 7 de febrero de 2017
2017 revisión jurídica de
expedientes
pensionales para su
normalización”.
“Prestar servicios
profesionales a la
31 de diciembre de
118 17 de enero de 2018 Secretaría General
2018
del SENA en la
revisión jurídica de
32
Visible en los folios 40-43 de la carpeta “002DemandaAnexos.PDF”, índice 00013 del expediente de Samai de primera
instancia.
13
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expedientes
pensiones para su
normalización”.
“Prestar servicios
profesionales a la
Secretaría General
31 de diciembre de del SENA en la
CO1.PCCNTR.748337 21 de enero de 2019
2019 revisión jurídica de
expedientes
pensiones para su
normalización”.
14
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c) Copia del inventario entregado por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
al accionante del 25 de enero de 201933.
33
Visible en los folios 65-66 de la carpeta “002DemandaAnexos.PDF”, índice 00013 del expediente de Samai de primera
instancia.
17
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d) Escrito de 13 de diciembre de 2022, por medio del cual el demandante solicitó
ante el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), declarar la existencia de la
relación laboral y el pago de los haberes salariales y sociales que, a su juicio, se
derivaron de los contratos de prestación de servicios celebrados entre el 24 de
junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, por haber concurrido los elementos
de un contrato de trabajo34.
e) La anterior solicitud fue desestimada por la secretaría general del SENA, a
través de oficio 01-9-2023-001335 NIS: 2022-01-430626 de 18 de enero de
202335, en el que, se le indicó al accionante que no se cumplen los requisitos para
declarar la existencia de una vinculación laboral con dicha entidad.
f) El 24 de abril de 2023 el actor promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) [expediente
11001-33-42-052-2023-00139-01]36, encaminada a que, se declarara la nulidad
del mencionado oficio y, en consecuencia, se le concediera lo deprecado en sede
administrativa.
g) Sentencia de 9 de julio de 2024, por medio de la cual el Juzgado Cincuenta y
Dos (52) Administrativo de Bogotá negó las pretensiones ordinarias, al estimar
que “las pruebas que obran en el expediente, tanto documentales como […]
testimoni[ales], […] no resultan suficientes a la hora de demostrar el vínculo
laboral que se alega, al no demostrarse de manera especial el elemento
SUBORDINACIÓN”.
34
Visible en los folios 27-34 de la carpeta “002DemandaAnexos.PDF”, índice 00013 del expediente de Samai de primera
instancia.
35
Visible en los folios 35-38 de la carpeta “002DemandaAnexos.PDF”, índice 00013 del expediente de Samai de primera
instancia.
36
Visible en la carpeta “003ActaReparto.PDF”, índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
18
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h) Memorial que contiene el recurso de apelación interpuesto por el tutelante37,
con fundamento en que, se demostró que “la labor ejecutada […] fue subordinada,
permanente y ligada al giro ordinario de la entidad luego entonces ha de
accederse a las pretensiones de la demanda”.
i) El 16 de octubre de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C desató la mencionada alzada, en el sentido de revocar la
decisión recurrida, para en su lugar, acceder parcialmente a las súplicas, al
considerar que (i) “se debe dar aplicación al principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, regulado en el artículo 53 de la Constitución Política,
habida cuenta que fueron acreditados los elementos que tipifican una verdadera
relación de tipo laboral, […] esto es, la prestación personal del servicio de manera
permanente, la contraprestación y la continuada subordinación y dependencia en
el desarrollo de la actividad”, pero que, (ii) “para efectos de contabilizar el término
prescriptivo, se [debía] toma[r] la fecha de finalización del contrato 118 de 2018
celebrado por el demandante, esto es el 31 de diciembre de 2018”, porque no se
allegó el contrato celebrado en el 2019 y, en ese orden de ideas, “podía presentar
[su] petición hasta el 31 de diciembre de 2021[, sin embargo, como lo hizo] el 13
de diciembre de 2022, […] los derechos prestacionales correspondientes al
periodo de vinculación […] se ven afectados por el fenómeno prescriptivo”, bajo
los siguientes argumentos:
“De la revisión integral del expediente, se observa que no obra en el plenario copia del
contrato CO1.PCCNTR.748337. Pese a que fue certificado por la coordinadora grupo
administración de documentos del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
En ese orden de ideas, no es posible considerar la vinculación del demandante para
ese período, toda vez que el contrato es la prueba idónea para demostrar la existencia
del vínculo que se dice se ha desnaturalizado en la práctica. Así lo ha la orientado la
Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado, que en sentencia proferida
el 22 de noviembre de 201838, sobre el particular, señaló:
“(…) Ahora bien, sobre la forma de demostrar los tiempos de vinculación, esta
Subsección debe advertir que los periodos objeto de reconocimiento judicial por
la configuración del contrato realidad, deben ser aquellos efectivamente
acreditados a través del medio de prueba idóneo, siendo este, por regla
general, el contrato o la orden de prestación de servicios el elemento de
convicción que permite llegar al juez al grado de certeza sobre los extremos
temporales de la vinculación con el Estado.
De acuerdo con lo anterior, en el presente asunto se advierte que la relación fue
37
Visible en la carpeta “041RecursoApelacionDemandante.pdf”, índice 00013 del expediente de Samai de primera instancia.
38
Proceso No. 08001-23-33-000-2014-01649-01(2275-16). Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez. Sentencia
del 22 de noviembre de 2018. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=123100&dt=S.
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interrumpida, toda vez que no es posible determinar la efectiva prestación del
servicio contratado en los periodos no relacionados en los diferentes contratos u
órdenes aportadas por la señora Sarmiento Sossa o con la prueba allegada por
la entidad demandada.
En ese orden de ideas, si bien la certificación obrante a folios 9 a 10 se hace
referencia a dos periodos de vinculación a través de los CPS 67-7-20411 de
2010, con una duración de 6 meses comprendidos entre el 1.º de diciembre de
2010 y el 31 de mayo de 2011 y el 67-7-20259 de 2011, por un lapso de 5
meses y 15 días, es decir, entre el 1 de septiembre de 2011 y el 28 de febrero
de 2012, la Corporación no advierte que se hubiese allegado copia de los
citados contratos, siendo este el medio de prueba idóneo para acreditar la
prestación del servicio, por lo que únicamente se evidencia que del CPS 67-7-
20259 se pasa al 67-7-20057, es decir, sin demostrar fehacientemente la
existencia de una relación de carácter contractual adicional”.
Cuando no existe contrato y se ha permitido prestar un servicio de hecho, hay otra
figura muy distinta a la simulación del contrato para disfrazar una relación similar al
personal de planta. En este proceso se alega que hubo vinculación contractual, por lo
tanto, debe probarse tal hecho.
En consecuencia, de conformidad con los medios de prueba allegados al plenario se
encuentra acreditado que el señor [É]dgar Gilberto Rodríguez Acevedo prestó sus
servicios a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en el grupo de
pensiones adscrita a la Secretaría General, en el periodo comprendido entre el 24 de
junio de 2015 al 31 de diciembre de 2018, lapso durante en el cual se presentaron
interrupciones inferiores a 30 días hábiles.
En síntesis, los dichos de los testigos no tienen la vocación de demostrar la inserción
de la demandante en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, pues
más allá del lógico acatamiento de los protocolos de las patologías en una institución
de salud que amerita el suministro de implementos por parte de la autoridad, solo
hicieron referencia a la coordinación de su actividad por parte de la jefe de
enfermeras, quien corroboraba precisamente el cumplimiento del objeto contractual,
por lo que se descarta el ejercicio de una influencia decisiva sobre la forma en que la
contratista llevó a cabo el cumplimiento de sus obligaciones durante los años 2016 al
2018.
[…]
De conformidad con los medios documentales de prueba allegados al expediente, se
verifica que el día 13 de diciembre de 2022, el demandante reclamó ante el Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, el reconocimiento y pago de las acreencias laborales
derivadas de los contratos de prestación de servicios.
Ahora bien, para efectos de contabilizar el término prescriptivo, se tomará la fecha de
finalización del contrato 118 de 2018 celebrado por el demandante, esto es el 31 de
diciembre de 2018. Para la vinculación finalizada el 31 de diciembre de 2018, el
demandante podía presentar petición hasta el 31 de diciembre de 2021 y la presentó
el 13 de diciembre de 2022. Es decir que, los derechos prestacionales
correspondientes al periodo de vinculación no fueron reclamados en tiempo (dentro
de los tres años siguientes) y por ende se ven afectados por el fenómeno prescriptivo.
La declaración de prescripción será parcial, pues no incluye los derechos relacionados
con los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, toda vez que como ya se
ha indicado en forma reiterada, respecto de dichas cotizaciones no opera el fenómeno
prescriptivo”.
De lo trascrito se colige que, la autoridad accionada determinó que, si bien es
cierto que el accionante acreditó la existencia de una relación laboral con el SENA,
también lo es que, no aportó la totalidad de los contratos por prestación de
20
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servicios a través de los cuales aduce que estuvo vinculado con esa entidad,
puesto que solo arrimó los que demuestran que trabajó (i) del 24 de junio al 31 de
diciembre de 2015; (ii) desde el 22 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016; (iii)
entre el 17 de enero al 7 de febrero de 2017; (iv) del 8 de febrero al 31 de
diciembre de ese año; y (v) desde el 17 de enero al 31 de diciembre de 2018, por
consiguiente, como no hubo interrupciones mayores a 30 días hábiles entre ellos,
el término de prescripción se debía contabilizar de manera conjunta a partir de la
finalización del último.
Con base en lo anterior, anotó que, como la fecha de finalización del último
contrato fue el 31 de diciembre de 2018, el tutelante tenía para presentar su
reclamación administrativa hasta el 31 de diciembre de 2021; no obstante, como lo
hizo el 13 de diciembre de 2022, ya había operado el fenómeno jurídico de la
prescripción respecto de todos los períodos.
Asimismo, se observa que, la autoridad demandada consideró que, a pesar que se
allegó la certificación de 21 de diciembre de 2022 del SENA, que da cuenta de
cada uno de los contratos celebrados entre el actor y esa entidad, con su vigencia,
objeto y funciones, entre los que se encuentra el CO1.PCCNTR.748337 del 21 de
enero al 31 de diciembre de 2019, no era dable admitirla como prueba,
comoquiera que, en atención a la sentencia de 22 de noviembre de 2018 de la
Subsección A de esta sección39, “los periodos objeto de reconocimiento judicial
por la configuración del contrato realidad, deben ser aquellos efectivamente
acreditados a través del medio de prueba idóneo, siendo este, por regla general, el
contrato o la orden de prestación de servicios el elemento de convicción que
permite llegar al juez al grado de certeza sobre los extremos temporales de la
vinculación con el Estado”.
Sobre el particular, se precisa que, aunque no se adosaron al expediente la
totalidad de los contratos de prestación de servicios, que por demás debió haber
allegado la entidad demandada con el expediente administrativo, en todo caso,
aquella aportó la referida certificación que respalda la existencia de cada uno de
ellos, con su vigencia y objeto, además de adjuntarse, entre otros documentos,
una copia del inventario entregado al accionante el 25 de enero de 2019, motivo
39
Proceso No. 08001-23-33-000-2014-01649-01(2275-16). Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez. Sentencia
del 22 de noviembre de 2018. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=123100&dt=S.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01
Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
por el cual, para la Sala constituyen pruebas válidas para acreditar los tiempos
laborados y, con base en ellas y los demás elementos probatorios, determinar si
hubo o no una relación laboral (en particular, durante el lapso excluido por el
tribunal), para luego establecer lo pertinente acerca de la prescripción de los
derechos prestacionales pretendidos.
Al respecto, en un asunto similar al de la referencia, en fallo de 6 de mayo de
202140, esta subsección sostuvo:
“[…] en estos casos no es dable despachar las pretensiones de la demanda por el
hecho […] que no existe dentro del proceso el específico contrato u orden de
prestación de servicios, por cuanto la valoración de las pruebas dentro de la sana
crítica permite valerse de otros medios con los que pueda llegarse a esa convicción,
como en este caso que los documentos allegados acreditan (según contratos de
prestación de servicios), el vínculo laboral […], con lo que quedaría por fuera un
amplio término que afectaría los derechos laborales del actor.
No obstante, al interior del proceso se aportó una certificación […] que da cuenta de
pagos […], con los que se evidencia que la entidad efectuó tales erogaciones (además
de gastos de viaje) durante todo el interregno reclamado (16 de junio de 2006 a 17 de
diciembre de 2009) […]; sumado a lo anterior, frente al lapso del 1º. de julio al 31 de
diciembre de 2007 se allegaron varias órdenes de prestación de prestación de
servicios1, con las que igualmente se tiene por cierta esa situación”.
Conforme a lo anterior, era dable que, la autoridad accionada a partir de los
criterios de la sana crítica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17641 del
Código General del Proceso (CGP), analizara la configuración o no de la relación
laboral durante el período excluido con base también en la certificación de 21 de
diciembre de 2022, expedida por la coordinadora del grupo de administración de
documentos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la medida en que,
se insiste, allí se relacionaron todos los contratos de prestación de servicios
suscritos, con su vigencia, objeto y funciones, con lo que, junto a los demás
elementos probatorios, se podría examinar si el actor en efecto laboró en forma
subordinada para ese ente estatal, para luego establecer si operó la prescripción,
no queriendo decir ello que, se esté desconociendo que, por regla general, el
contrato es la prueba idónea para demostrar el vínculo laboral, sino que, en este
caso, el aludido documento que, además, fue emitido por su empleadora, resulta
suficiente para demostrar que sí laboró en el interregno que se echó de menos,
aspecto sustancial que no puede desatenderse en detrimento de sus garantías
superiores.
40
Expediente 25000-23-25-000-2012-00298-01 (4249-2017), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
41
“[…] APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de
la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”.
22
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01
Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
De igual manera, cabe advertir que, el juez ordinario, en virtud del artículo 21342
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), puede emplear la facultad oficiosa de decretar pruebas, cuando estas
resulten necesarias para el esclarecimiento de la verdad o de puntos oscuros o
difusos de la contienda, como en el asunto sub examine; no obstante, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C hizo caso
omiso a dicha potestad, en detrimento de las garantías superiores del actor.
Así las cosas, se deduce que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico, al
no realizar una valoración integral de los elementos de convicción allegados al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-052-
2023-00139-01, dado que, no analizó el certificado señalado en el párrafo
precedente, con el fin de determinar si existió una relación laboral entre las partes
durante el interregno del 21 de enero al 31 de diciembre de 2019; y,
posteriormente, estudiar el fenómeno prescriptivo.
III. DECISIÓN
Por las razones mencionadas, la Sala considera que, comoquiera que en la acción
de tutela de la referencia el actor demostró que la sentencia de 16 de octubre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, incurrió en defecto fáctico, se impone revocar la decisión de
primera instancia que la declaró improcedente, para, en su lugar, acceder al
amparo deprecado.
42
“ARTÍCULO 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar
conjuntamente con las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer
que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas
deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar,
por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio.
Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete”.
23
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01
Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 23 de enero de 2025, a través de la cual el
Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia; en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso
y trabajo invocados por Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de 16 de octubre de 2024, mediante la cual, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C decidió, en segunda instancia,
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el tutelante
contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) [expediente 11001-33-42-052-
2023-00139-01], por lo expuesto.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C que, dentro del término de treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera una providencia de reemplazo en el
aludido trámite ordinario, en atención a las consideraciones planteadas en esta
decisión.
CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SEXTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Quinta de esta
Corporación y remitir copia.
SÉPTIMO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-06250-01
Demandante: Édgar Gilberto Rodríguez Acevedo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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