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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06274-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06274-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 10 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela que presentaron los actores contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06274-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406274-01
Actores: Jesús Edgar Cossio Leudo y otro1
Demandados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro2

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia,
ii) igualdad, iii) debido proceso y iv) trabajo

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores3 contra la sentencia de
tutela de 10 de diciembre de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la acción de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.

Archivo aportado en medio digital.
2 Cfr. Índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.

Archivo aportado en medio digital.
3 Jesús Edgar Cossio Leudo y Oscar Iván Arango Corrales.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202406274-01
Actores: Jesús Edgar Cossio y otro

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores, a través de apoderado, presentaron acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, porque, a su juicio: i) el
Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 9 de mayo de 2024; y ii) el Tribunal, al
proferir la sentencia de 31 de enero de 2019, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 660012333000201600066-01: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestaron que, prestaron sus servicios a la Policía Metropolitana de
Pereira, siendo asignados como patrulleros del Cuadrante núm. 30 (que
posteriormente fue remunerado como Cuadrante 26) en el mes de junio de 2012.

4. Señalaron que, durante su desempeño en la Institución Policial, fueron
reconocidos por sus calificaciones, compromiso y lealtad con el trabajo, sin haber
recibido suspensión o sanción disciplinaria.

5. Indicaron que, fueron investigados en proceso disciplinario, con fundamento
en la queja instaurada por el señor Carlos Arturo Vargas, por hechos ocurridos
desde finales del año 2012 hasta el mes de febrero o marzo de 2013, en los que
alegaba que los actores recibían sumas de dinero de su Jefe, el señor Antonio
Ricaurte Mejía Gil, administrador de un establecimiento de comercio denominado
“Billares BG”, ubicado en el Cuadrante núm. 26, con el fin de no molestarlo ni
hacerle comparendos, ya que tenía una mesa de dados ilegal. Como prueba, se
integró un escrito dirigido al Director General de la Policía Nacional, suscrito por 31
personas que se identificaron como comerciantes del mismo cuadrante, quienes

3

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Actores: Jesús Edgar Cossio y otro

manifestaron que estaban siendo extorsionados por los policías, para que no les
hicieran comparendos cuando estaban infringiendo las leyes.

6. Sostuvieron que, el 19 de enero de 2015, el teniente Alejandro Enrique
Caicedo Quiceno, Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno MEPER,
responsabilizó disciplinariamente a los actores, por incurrir en el artículo 24 de la
Ley 1015 de 7 de febrero de 20064 y como consecuencia, los sancionó
disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por 10 años.

7. Advirtieron que, contra la anterior decisión, apelaron, frente a lo cual, el
Inspector Delegado Regional núm. 3, el 25 de febrero de 2015, confirmó lo resuelto
en primera instancia. Posteriormente se expidió la Resolución núm. 01087 de 31
de marzo de 2015, que ejecutaba la sanción disciplinaria.

8. Manifestaron que, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, con el fin de declarar la nulidad de los anteriores actos
administrativos y a título de restablecimiento de derecho, ordenar a la entidad el
reintegro de los actores.

9. Señalaron que, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda, profirió sentencia, en primera instancia, el 31 de enero de 2019,
resolviendo lo siguiente:

“[…] 1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expresadas en la parte motiva de este proveído […]”.

10. Manifestaron que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 9 de mayo de 2024, confirmó la sentencia proferida
en primera instancia.

10.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Para el caso concreto, resulta de interés el defecto fáctico por desconocimiento
de las reglas de la sana crítica, el cual se ha entendido como la circunstancia en la
que el operador jurídico, “[…] en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
4 “Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”.

4

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Actores: Jesús Edgar Cossio y otro

por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido, […]; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva”. […]”

[…]

“[…] A juicio de esta Sala de subsección, de las pruebas sí es posible inferir la
existencia de la conducta reprochada a los demandantes, la cual, típicamente, se
adecuó a la falta gravísima contemplada en el numeral 4°, del artículo 34 de la Ley
1015 de 2006, esto es, solicitar o recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier
otro beneficio, para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitarse
en el ejercicio de sus funciones; la cual tiene como sanción la destitución e
inhabilidad general por un término entre diez (10) y veinte (20) años. Si bien en sede
disciplinaria, se practicaron diversas declaraciones, estas también fueron aportadas
y valoradas en el proceso judicial; además, dentro de este último se recibió el
testimonio de la señora Edelcy Sánchez Velásquez, quien manifestó no tener
conocimiento de que los demandantes exigieran dinero a los comerciantes del
sector.

Para esta Sala de subsección, el testimonio de la señora Sánchez, contrastado con
el conjunto probatorio restante, no tiene valor, peso o fuerza probatoria suficiente,
pues lo que afirmó, no modificó de manera considerable la noción de la existencia
de la conducta cometida por los demandantes, la cual se había consolidado a partir
de las pruebas que se recaudaron en forma previa a su práctica; máxime cuando los
demás testigos coinciden en la forma en que debían entregar las dádivas y las
razones por las cuales lo hacían.

Por otro lado, no le asiste razón a los apelantes cuando manifiestan que el Tribunal
no estudió la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportaron la
imposición de la sanción disciplinaria pues, el operador disciplinario no se desligó de
las pruebas allegadas o decretadas dentro del proceso, es decir, no hubo
incongruencia entre lo probado y lo resuelto y la valoración probatoria que se surtió
en el proceso disciplinario sí se ajustó a las reglas de la sana crítica, porque no se
observa que se haya apartado de los hechos debidamente probados, conclusión a
la que se llega una vez verificados los fallos disciplinarios demandados y la sentencia
apelada.

Si bien se afirmó que los declarantes del proceso disciplinario habían sido sujetos
de comparendos por parte de los agentes de Policía, en el expediente no obra
prueba respecto a este argumento; no obstante, en gracia de discusión, si esto fuera
cierto y se hubiese probado, a sentir de la Sala, ello no hace menos creíble sus
versiones.

Ahora, respecto al argumento de que los demandantes no contaron con defensa
técnica en las primeras etapas del proceso disciplinario, se considera que ello no
afectó las garantías procesales de los investigados, en la medida que se les
garantizó la doble instancia y ejercieron su derecho a la defensa. Al respecto, el
artículo 19 de la Ley 1015 de 2006 dispone así: […]”.

[…]

“[…] Por ende, se confirmará la sentencia de primera instancia, porque la falta de
defensa técnica en el proceso disciplinario, como causal de vulneración del derecho
al debido proceso, tan solo tendrá lugar en la medida en que se demuestre que la
solicitud de asignación de un defensor de oficio por parte del investigado fue
desatendida por el operador respectivo, lo que aquí no está acreditado.

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Actores: Jesús Edgar Cossio y otro

En otras palabras, si durante la etapa de instrucción y juzgamiento el investigado
decide voluntariamente no designar un abogado de confianza, ello por sí solo no
permite predicar la vulneración que se invoca en esta instancia. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

11. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: Que el H. Consejo de Estado, TUTELE a favor de mis mandantes,
los Derechos Constitucionales Fundamentales a un debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al trabajo, a la defensa, amenazados y
vulnerados por las sentencias de enero 31 de 2019 del Tribunal Administrativo de
Risaralda y de mayo 9 de 2024, proferido por Sección Segunda-Subsección A del
Consejo de Estado, los cuales negaron las pretensiones de la demanda dentro del
proceso con radicación N.º 66001233300020160006601, argumentando que los
actos administrativos se encontraban ajustados a derecho.

SEGUNDA: Que, una vez Tutelados los Derechos fundamentales de los Señores
JESÚS EDGAR COSSIO LEUDO Y OSCAR IVÁN ARANGO CORRALES,
anteriormente citados, como consecuencia, se dejen sin efectos o se revoquen las
Sentencias anteriormente mencionadas, proferidas por el Tribunal Administrativo del
Risaralda y la Sección Segunda -Subsección A del Consejo de Estado , y en su lugar
se ordene emitir una nueva sentencia en la que se reconozcan todas las pretensiones
de la demanda y con la cual se tutelen y restablezcan de manera efectiva los
derechos de los señores JESÚS EDGAR COSSIO LEUDO Y OSCAR IVÁN
ARANGO CORRALES. […]”.

11.1. Como fundamento de su solicitud consideraron que:5

“[…] Como se puede evidenciar, la Sección Segunda-Subsección A del Consejo de
Estado al emitir su sentencia confirmatoria, se comporta igual que el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mirando de soslayo los testimonios, QUE
DESPROPÓSITO, es decir, pasa por alto el análisis serio y detallado de los
testimonios que sirvieron para determinar la destitución de mis mandantes, violando
flagrantemente los derechos que invocamos en la presente acción de tutela […]”.

[…]

“[...] La incongruencia en las mentiras esgrimidas por el mentado señor Vargas
Forero y lo declarado por el señor Ricaurte Mejía, de conformidad con lo expuesto,
hacen que se compruebe claramente que lo dicho a lo largo del proceso es cierto, es
decir, que el proceso tiene como génesis un complot para retirar del servicio activo a
mis poderdantes, maquinado por el señor ANTONIO RICAURTE MEJÍA GIL,
secundado, entre otros por CARLOS ARTURO VARGAS FORERO, y como lo
veremos más adelante, por JOSÉ ALDINEVER RAVE GALVES, ALBA NIVIA
VASQUEZ GRANADA y el Subcomandante del CAI La Libertad GUSTAVO
CIFUENTES SANCHEZ […] La inconsistencia sobre las fechas es protuberante y

5 Transcripción literal del texto.

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Actores: Jesús Edgar Cossio y otro

esto no les importó en el análisis a ninguno de los jueces administrativos, hoy
accionados […]”.

[…]

“[…] La gran mayoría de los comerciantes firmantes y que hacían la anterior
afirmación de exigencia de DIEZ MIL PESOS ($10.000) diarios por parte de OSCAR
ARANGO, se prestaron para el juego sucio del señor Antonio Ricaurte Mejía Gil, ya
que como está demostrado en todo el proceso disciplinario los únicos que hicieron
tal afirmación, fueron: CARLOS ARTURO VARGAS FORERO, ANTONIO
RICAURTE MEJIA GIL, GUSTAVO CIFUENTES SANCHEZ -Subcomandante del
CAI La Libertad (Testigo de oídas, debidamente instruido por el señor Antonio
Ricaurte Mejía). Porque el señor JOLSE ALDINEVER RAVE GALVES, menciona la
entrega de dicha cantidad de dinero pero sin exigencia alguna de parte de los
patrulleros y ALBA NIVIA VASQUEZ GRANADA, esposa de Rave Galves, mismos
que en líneas más adelante desenmascarare […]”.

[…]

“[…] La Corte ha considerado que una Sentencia podrá ser atacada a través de la
acción de tutela cuando se presente un defecto fáctico, esto es, cuando resulte
evidente que el apoyo probatorio en que se basó el Juez para aplicar una
determinada norma es absolutamente inadecuado.

La Tutela entonces, es el mecanismo adecuado para enmendar el yerro del aparato
judicial, porque en el fondo lo que se ve afectado por la decisión es el Derecho
Fundamental al Debido Proceso.

Las accionadas incurrieron en el DEFECTO FÁCTICO, EXCESO DE RITUAL
MANIFIESTO y no aplicación del PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, porque las
decisiones judiciales que profirieron se dieron en desconocimiento abierto y
ostensible de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, razón por la
cual no puede ser considerada como compatible con el debido proceso y deben ser
anuladas. […]”.

Actuación

12. El Despacho de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante auto de 20 de noviembre de 2024: i) admitió la demanda; ii)
ordenó notificar a las autoridades accionadas; y iii) vinculó, como tercero con
interés legítimo a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
concediéndoles el término de dos (2) días para rendir informe sobre el particular.

Intervención de las demandadas y del tercero con interés legítimo

13. El Tribunal Administrativo de Risaralda solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, al considerar lo siguiente:

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Actores: Jesús Edgar Cossio y otro

“[…] Bajo este contexto, preliminarmente, de manera muy respetuosa con
fundamento en los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra decisiones judiciales fijados por la Honorable Corte Constitucional,
se considera que la presente acción de amparo debe declararse improcedente, por
cuanto que no se satisface el requisito general de relevancia constitucional.

El presente asunto carece de relevancia constitucional, debido a que no tiene una
relación directa con la presunta afectación de derechos fundamentales y menos en
cuanto al derecho al debido proceso invocado, toda vez que como lo ha determinado
la Corte Constitucional, “En los casos de tutela contra providencias judiciales, la
garantía del derecho al debido proceso únicamente actúa si la decisión cuestionada
(i) “riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con
la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales” y (ii) deja a la parte afectada desprotegida “frente a los
excesos del juez ordinario”, ante “desvíos absolutamente caprichosos y arbitrarios
[como la] inobservancia de precedentes o decisiones carentes de justificación o
motivación jurídica”; aspectos de contradicción abierta con la constitución,
arbitrariedad, capricho, ausencia de motivación, que no se advierten en lo más
mínimo en la sentencia proferida por este Tribunal y que además no fueron
detallados, precisados y menos acreditados, lo que indica que esta acción versa
sobre un asunto meramente legal, de connotación patrimonial y privada y busca
reabrir un debate ya concluido en la jurisdicción contenciosa, como quiera que incluso
el H. Consejo de Estado ya profirió sentencia en segunda instancia el 09 de mayo de
2024 en la que confirmó la decisión adoptada por este Tribunal y en el que se reitera
no se advierte por modo alguno una actuación arbitraria o ilegítima por parte de esta
autoridad judicial, es decir, carece de relevancia constitucional.

[…]

En este orden, considera la suscrita que lo que la parte accionante pretende es
someter el asunto ya resuelto, a una tercera instancia, lo que comporta un abuso de
este mecanismo excepcional, toda vez que las pretensiones de la acción de tutela
están encaminadas a que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre las
pretensiones invocadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho cuando, se itera, las mismas fueron definidas en primera instancia por este
Tribunal y en segunda instancia por el H. Consejo de Estado, se resalta que, esta
Magistratura adoptó la decisión con base en los medios de prueba obrantes en el
proceso disciplinario e incorporados en tanto desde la óptica del debido proceso no
se advirtió probado desconocimiento alguno, que impusiera una valoración probatoria
diferente a la que efectuó la autoridad sancionadora, con miras a salvaguardar las
garantías constitucionales de los disciplinados, por el contrario, encontró este
Tribunal evidentes garantías procesales y la protección del derecho de defensa y
contradicción de los investigados en cada una de las etapas surtidas.

Aceptar entonces lo planteado por la parte actora, esto es, propiciar y emitir un nuevo
pronunciamiento en torno a la legalidad de los fallos disciplinarios acusados en este
asunto, conllevaría una vulneración del debido proceso de la entidad demandada, a
lo cual solicito no acceder su Señoría como Juez Constitucional, por cuanto es claro
que esta acción apunta a una tercera instancia para plantear nuevamente debates
que ya fueron analizados y resueltos por los juzgadores naturales y, menos aún, para
revisar el criterio interpretativo del despacho judicial.

[…]

No obstante, de manera subsidiaria a la improcedencia planteada, me permito
solicitarle su Señoría, deniegue el amparo constitucional invocado en la acción de
tutela impetrada, comoquiera que, contrario a lo que expone la parte actora, no se

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Actores: Jesús Edgar Cossio y otro

encuentra acreditada la vulneración de los derechos fundamentales invocados como
transgredidos, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por este
Tribunal de fecha 31 de enero de 2019 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 66001233300020160006600, toda
vez que para proferir dicha decisión, el Tribunal efectuó amplios razonamientos sobre
el marco normativo y jurisprudencial, que permitieron arribar a una sentencia
denegatoria a las pretensiones de la demanda, en la forma allí determinada […]”.

14. El Grupo de Asuntos Generales de la Secretaría General de la Policía Nacional
solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Para tal efecto, manifestó lo
siguiente:

“[…] Se hace necesario dejar de presente a su honorable despacho judicial, que en
el despliegue del proceso de investigación disciplinaria la Inspección Delegada
Regional de Policía Nro. 3 de Pereira, tenía el deber de investigar y sancionar a sus
funcionarios cuando estos se encuentren inmersos en circunstancias de una eventual
conducta disciplinaria, revestidos de los principios de objetividad e imparcialidad
conforme a lo establecido en la Ley 1015 de 2006 norma la cual regía al momento
de la ocurrencia de los hechos, así: […]”.

[…]

“[…] Teniendo en cuenta las líneas precedentes es necesario, poner de presente a
este honorable despacho que al interior de la Policía Nacional de Colombia se
surtieron las actuaciones administrativas correspondientes al proceso de
investigación disciplinaria, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente, esto
con el fin de garantizar el debido proceso administrativo el cual tiene fundamento
tanto en el canon 29 del texto constitucional, como en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 3 en concordancia
con el artículo 5° de la Ley 1015 de 2006, que al tenor disponen: […]”.

[…]

“[…] Partiendo de los supuestos anteriores, su señoría es evidente que todas las
actuaciones adelantadas dentro del proceso disciplinario tanto en primera como en
segunda instancia, donde se declaró responsables disciplinariamente a los
demandantes y se les impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el
termino (sic) de 10 años; fueron ajustadas a derecho y en garantía del derecho
fundamental al debido proceso, máxime cuando los accionantes tuvieron las
oportunidades procesales para controvertir, solicitar y/o aportar material probatorio
dentro del proceso disciplinario y posteriormente en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo cual no es bien recibido por esta oficina asesora
las meras afirmaciones del accionante en cuanto a una presunta vulneración al
debido proceso y presunción de inocencia e in dubio disciplinario, como
consecuencia de una indebida valoración probatoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Secretaría considera necesario traer a colación
los argumentos expuestos por parte del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección “A”, del 09 de mayo de 2024, bajo el radicado Nro. 66001-23-33-000-
2016-00066-01, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, donde ratifica la decisión proferida por el A-quo, en la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, como se consigna a continuación: […]”.

[…]

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Actores: Jesús Edgar Cossio y otro

“[…] Conforme a lo descrito en líneas precedentes, es importante mencionar que
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no existe
prueba alguna que permitiera establecer una indebida valoración probatoria o una
vulneración al debido proceso administrativo por parte de la autoridad disciplinaria de
la institución policial en el trascurso (sic) de la investigación disciplinaria adelantada
a los señores patrulleros (R) Jesús Edgar Cossio Leudo y Óscar Iván Arango
Corrales, por lo cual no es bien recibido por parte de esta Oficina Asesora las meras
afirmaciones del accionante en cuanto la sentencia de segunda instancia del 09 de
mayo de 2024 proferida por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda - Subsección “A”, se encuentra inmersa en un
defecto fáctico, por el contrario se puede evidenciar que el Ad-quem realizó un
completo y armónico análisis de los hechos y pruebas allegadas al medio de control
lo cual permitió determinar que el acto administrativo recurrido por la parte actora
gozaba del principio de legalidad.

[…]

En este orden de ideas resulta necesario aclarar que la presente acción de tutela es
plenamente improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio
irremediable ocasionado al señor JESÚS EDGAR COSSIO LEUDO Y OTRO,
derivado de la determinación adoptada por el Consejo de Estado – Sección Segunda
– Subsección “A” y que no están en la obligación jurídica de soportar […]”.

15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó
silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

16. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 10 de diciembre de 2024:

“[…] PRIMERO. NEGAR la acción de tutela interpuesta por Jesús Edgar Cossio
Leudo y Óscar Iván Arango Corrales, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia. […]”.

16.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 3.7 Solución al caso concreto. Analizados los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se
observa que (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae
sobre la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, acceso a
la administración de justicia e igualdad de los tutelantes; (ii) contra la decisión objeto
de censura no procede recurso alguno, dado que fue emitida en sentencia de
segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito
de inmediatez se satisface, toda vez que la providencia atacada fue proferida el 9 de
mayo del 202411 y la solicitud de amparo se presentó el 18 de noviembre del 2024,
es decir, dentro de un término prudencial (5 meses y 28 días desde la ejecutoria); y
(v) el fallo acusado no se profirió dentro de una acción de tutela.

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El actor alegó la configuración de los defectos fáctico y procedimental, por no haber
aplicado el principio de Iura Novit Curia; sin embargo, lo argumentado va encaminado
a demostrar únicamente el defecto fáctico, en concreto por la valoración de los
testimonios practicados en el curso del proceso, por lo que la Sala sólo abordará este
aspecto.

[…]

Lo primero a indicar, es que las alegaciones vertidas en la acción de tutela
corresponden a las mismas presentadas en el recurso de apelación elevado ante el
Consejo de Estado, así como las alegaciones finales rendidas ante el Consejo de
Estado en segunda instancia, por lo que inicialmente esta Sala deberá identificar si
tales argumentos fueron analizados en la providencia cuestionada.

En efecto, de acuerdo con el análisis hecho en la sentencia de segunda instancia,
frente a los argumentos desarrollados en la apelación se tiene que estaban
encaminados a atacar los mismos puntos que en esta acción de tutela: […]”.

[…]

“[…] Ahora, el fallo de primera instancia fue confirmado por la Subsección “A” de la
Sección Segunda de esta Corporación, que en la providencia atacada fue insistente
en punto a la inconducencia de los testimonios indicados para demostrar lo que los
actores afirmaron frente a la duda razonable: […]”.

[…]

“[…] Una vez revisada la providencia de segunda instancia, se observa, que el juez
natural valoró de manera integral los testimonios rendidos en el curso del proceso,
pues como se pudo evidenciar en el apartado citado, se extrajo de cada uno las
apreciaciones más relevantes, argumentos que no fueron desconocidos por los
actores en su apelación; así mismo, se expuso, que los testimonios de Marco Fidel
Ríos Giraldo, Julieth Cuellar Osorio, Nelson de Jesús Agudelo, Rubiela Marín Alzáte
y Germán Alberto Calle Granada carecían de la fuerza suficiente como para generar
una duda razonable en favor de los actores.

Ello es así, porque según se desprende de los testimonios rendidos, aquellos
refirieron que no conocieron de los hechos, o que no creían que los investigados
fuesen capaces de realizar las acciones endilgadas, pero ello solo constituyó un juicio
de valor respecto de las condiciones éticas de los actores, no una prueba que con
certeza llevara a los operadores judiciales a desestimar los testimonios que
afirmaban tener conocimiento directo de las acciones desplegadas por los señores
Jesús Edgar Cossio Leudo y Óscar Iván Arango Corrales.

Con todo lo anterior, no se observa un yerro o arbitrariedad en la valoración de este
elemento, adicionalmente, frente al argumento reiterado de la duda que debe recaer
en quienes rindieron los testimonios, porque fueron multados en distintas ocasiones
por los sancionados, se indicó en los fallos atacados que no existe prueba de la
imposición de las sanciones, de modo que no existe prueba que minara la credibilidad
de los testimonios rendidos.

No existe mérito, según lo expuesto, que habilite la intervención del juez
constitucional como lo solicita la parte activa de este proceso, pues no se evidencia
con certeza la vulneración a los derechos fundamentales alegados, dado que, la
queja traída a esta acción fue resuelta de manera adecuada por los jueces de
instancia, así que no habría lugar para que esta Sala intervenga por vía de este medio
de control constitucionalmente fundamentado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406274-01
Actores: Jesús Edgar Cossio y otro

Por lo demás, lo único que se evidencia es que los actores acudieron a esta acción
de tutela como una quinta instancia en su proceso disciplinario, pues es evidente que
los reparos presentados no se circunscriben a una discusión netamente
constitucional sino a la inconformidad con los fallos de primera y segunda instancia.
[…]”.

La impugnación

17. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresaron lo
siguiente6:

“[…] La coherencia del relato, La contextualización del relato, Las corroboraciones
periféricas y La existencia de detalles oportunistas a favor del declarante

Debemos partir del hecho, como está demostrado en todo el proceso, que los
testimonios de los señores Carlos Arturo Vargas, Antonio Ricaurte Mejía Gil, José
Aldinever Rave Gálvez, Alba Nidia Vásquez Granada (comerciantes) y Gustavo
Cifuentes Sánchez (Intendente de la Policía)Y EL Mayor Olaya, forman parte de un
complot entre unos pocos comerciantes y algunos miembros de la Policía del
municipio de Pereira, que se pusieron de acuerdo para enlodar el buen nombre de
mis mandantes y dar al traste con su carrera policial; además téngase en cuenta en
la confrontación de los análisis, las pruebas documentales, especialmente, las
relacionadas con la queja de los 31 comerciantes del sector del cuadrante N.º 26
(Parque de la Libertad de Pereira) y las pruebas, también documentales, certificados
de Cámara de Comercio de Pereira en los que se demuestra que la gran mayoría de
firmantes no eran comerciantes del sector, ni coincidían sus números de cedula o
firmas y otros con establecimientos de comercio de lugares diferentes a Pereira, y lo
más importante, el testimonio de la señora EDELCY SÁNCHEZ VELASQUEZ,
testimonio éste que no le mereció importancia al A quo constitucional, puesto que si
se hace el análisis de dicho testimonio, el Consejo de Estado tendrá que darnos la
razón, pues se trata del ESLABON PERDIDO, ya que juega un papel preponderante
en la resolución del caso, dado que era ella la que administraba el Bar El Contento y
estuvo presente en el sitio durante los días y horas en que falsamente se atestiguó
que mis mandantes recibían o exigían dádivas no solo a los administradores del Bar
donde laboraba, sino en los demás establecimientos del sector. Es por ello que, la
testigo Edelcy Sánchez se encarga de desenmascarar y mostrar la verdad real de la
situación, demostrando efectivamente que existió el complot tantas veces
mencionado a lo largo del proceso, para retirar a mis mandantes del servicio policial.

También debe dársele la suficiente relevancia e importancia a los testimonios de
Marco Fidel Ríos Giraldo, Julieth Cuellar Osorio, Nelson de Jesús Agudelo, Rubiela
Marín Álzate y Germán Alberto Calle Granada, los cuales, según el A quo
constitucional, “carecían de la fuerza suficiente como para generar una duda
razonable en favor de los actores. Ello es así, porque según se desprende de los
testimonios rendidos, aquellos refirieron que no conocieron de los hechos, o que no
creían que los investigados fuesen capaces de realizar las acciones endilgadas, pero
ello solo constituyó un juicio de valor respecto de las condiciones éticas de los
actores, no una prueba que con certeza llevara a los operadores judiciales a
desestimar los testimonios que afirmaban tener conocimiento directo de las acciones
desplegadas por los señores Jesús Edgar Cossio Leudo y Óscar Iván Arango
6 Transcripción literal del texto.

12

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Corrales.” Cuando estas personas eran comerciantes del sector y obviamente, no
podían decir cosa diferente pues se trataba de la verdad y no se encontraban
contaminados con los decires de los ya mencionados testigos que orquestaron el
complot, es por ello que no es necesario volver a transcribir cada uno de los
testimonios antes citados de los famosos comerciantes que denunciaron dadivas a
mis mandantes porque en el cuerpo de la acción de tutela se encuentran
debidamente detallados y demostradas sus intenciones maldadosas y mangualas.

Dice el tratadista Davis Echandía “p. 224: «[…] si el testimonio de un declarante tiene
esas características, lo que abonaría su completa coherencia, tiene muchas
posibilidades de ser falso, porque lo más probable es que haya preparado su
declaración para exponerla en el momento del juicio. Para entendernos, su
declaración es demasiado perfecta desde el punto de vista formal como para ser
auténtica y, sobre todo, espontánea”.

Solo pedimos a la segunda instancia constitucional que se tome el trabajo de estudiar
cada uno de los relatos sin apasionamiento, comparando lo tomado por los
operadores judiciales y lo expuesto por nosotros, en donde destacamos los aspectos
que efectivamente nos dan la razón.

Por último, quiero traer a colación la siguiente sentencia proferida por el Consejo de
Estado, en ponencia del consejero CÉSAR PALOMINO CORTÉS, del día 11 de julio
de 2019, en el proceso con Radicación: 11001-03-25-000- 2011-00353-00 Número
interno: 1325-2011, Demandante: Andrés Felipe Melo Cataño y otro-. Demandado:
NACIÓ-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL, de lka cual
destaco los siguientes apartes: […]”

[…]

“[…] Como corolario de todo lo expresado, Honorables Consejeros, lo explicado a lo
largo de esta impugnación nos demuestra que en nuestro caso no estamos
pretendiendo una tercera o quinta instancia como lo dijo el A quo constitucional,
pedimos imparcialidad y con la acción de tutela que se haga JUSTICIA para que los
proyectos de vida de mis mandantes no se trunquen, recuerden que ellos son
servidores públicos de carrera y no se justifica que por una indebida valoración
probatoria de la acción disciplinaria y contenciosa administrativa sean condenados
de por vida, es por lo anterior que solicito respetuosamente, se acojan los argumentos
planteados y se conceda el amparo solicitado, para evitar que se continúen
transgrediendo los derechos fundamentales a UN DEBIDO PROCESO y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de mis mandantes. […]”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

13

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6 de abril de 20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20199, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

20. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo,
procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo
del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena10, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

23. Esta Sección adoptó11 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200512, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio
de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
12 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

15

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providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

29. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201415, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

13 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
15 Ut supra página 6.

16

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La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [16]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [17].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [18].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [19].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente

[16] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[17] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[19] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

17

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relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [20]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [21].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [22]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

30. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró23:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”24

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la

[20] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[21] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[22] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
23 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

18

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improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”25

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

31. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

32. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202226 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

25 Ibidem.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se

20

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presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

27 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

35. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional28 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

37. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

28 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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38. Atendiendo a que la Corte Constitucional29 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo

39. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

40. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente30:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.

29 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

30 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Actores: Jesús Edgar Cossio y otro

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Análisis del caso concreto

41. Los actores, a través de apoderado, presentaron acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, porque, a su juicio: i) el
Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 9 de mayo de 2024; y ii) el Tribunal, al
proferir la sentencia de 31 de enero de 2019, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 660012333000201600066-01: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.

42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

43. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

44.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único

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de radicación 660012333000201600066-01.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

45. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional.

46. Como fundamento de su solicitud, los actores en su escrito de tutela señalaron
que31:

“[…] Como se puede evidenciar, la Sección Segunda-Subsección A del Consejo de
Estado al emitir su sentencia confirmatoria, se comporta igual que el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mirando de soslayo los testimonios, QUE
DESPROPÓSITO, es decir, pasa por alto el análisis serio y detallado de los
testimonios que sirvieron para determinar la destitución de mis mandantes, violando
flagrantemente los derechos que invocamos en la presente acción de tutela […]”.

[…]

“[...] La incongruencia en las mentiras esgrimidas por el mentado señor Vargas
Forero y lo declarado por el señor Ricaurte Mejía, de conformidad con lo expuesto,
hacen que se compruebe claramente que lo dicho a lo largo del proceso es cierto, es
decir, que el proceso tiene como génesis un complot para retirar del servicio activo a
mis poderdantes, maquinado por el señor ANTONIO RICAURTE MEJÍA GIL,
secundado, entre otros por CARLOS ARTURO VARGAS FORERO, y como lo
veremos más adelante, por JOSÉ ALDINEVER RAVE GALVES, ALBA NIVIA
VASQUEZ GRANADA y el Subcomandante del CAI La Libertad GUSTAVO
CIFUENTES SANCHEZ […] La inconsistencia sobre las fechas es protuberante y
esto no les importó en el análisis a ninguno de los jueces administrativos, hoy
accionados […]”.

[…]

“[…] La gran mayoría de los comerciantes firmantes y que hacían la anterior
afirmación de exigencia de DIEZ MIL PESOS ($10.000) diarios por parte de OSCAR
ARANGO, se prestaron para el juego sucio del señor Antonio Ricaurte Mejía Gil, ya
que como está demostrado en todo el proceso disciplinario los únicos que hicieron
tal afirmación, fueron: CARLOS ARTURO VARGAS FORERO, ANTONIO
RICAURTE MEJIA GIL, GUSTAVO CIFUENTES SANCHEZ -Subcomandante del
CAI La Libertad (Testigo de oídas, debidamente instruido por el señor Antonio
Ricaurte Mejía). Porque el señor JOLSE ALDINEVER RAVE GALVES, menciona la
entrega de dicha cantidad de dinero pero sin exigencia alguna de parte de los

31 Transcripción literal del texto.

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patrulleros y ALBA NIVIA VASQUEZ GRANADA, esposa de Rave Galves, mismos
que en líneas más adelante desenmascarare […]”.

[…]

“[…] La Corte ha considerado que una Sentencia podrá ser atacada a través de la
acción de tutela cuando se presente un defecto fáctico, esto es, cuando resulte
evidente que el apoyo probatorio en que se basó el Juez para aplicar una
determinada norma es absolutamente inadecuado.

La Tutela entonces, es el mecanismo adecuado para enmendar el yerro del aparato
judicial, porque en el fondo lo que se ve afectado por la decisión es el Derecho
Fundamental al Debido Proceso.

Las accionadas incurrieron en el DEFECTO FÁCTICO, EXCESO DE RITUAL
MANIFIESTO y no aplicación del PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, porque las
decisiones judiciales que profirieron se dieron en desconocimiento abierto y
ostensible de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, razón por la
cual no puede ser considerada como compatible con el debido proceso y deben ser
anuladas. […]”.

47. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por los actores ya
fue objeto de estudio por las autoridades judiciales accionadas, y la acción de tutela
contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir
el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las
entidades accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.

48. Además de lo anterior, para la Sala, los actores plantearon una afectación de
sus derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso del
medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho y fue decidido por el
juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer
un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio
de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

49. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente32:

32 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”33, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”34. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.

50. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

51. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por los actores
no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a
lo que se agrega que los actores no justificaron el motivo por el cual dicha decisión
constituye una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

52. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien los actores aducen que
fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo, lo cierto es que no existe

33 Sentencia SU-050 de 2018.
34 Sentencia SU-354 de 2017.

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una mayor explicación acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma
desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos fundamentales de los
actores con ocasión de la sentencia de 9 de mayo de 2024 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la sentencia de 31
de enero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

53. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales y probatorios cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

54. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad
de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la
tesis jurídica de los actores presentada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una
clara trascendencia o relevancia constitucional.

55. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien los
actores enuncian la trasgresión de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

56. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia de 10 de diciembre de
2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
por medio de la cual negó la acción de tutela y, en su lugar, declarará la
improcedencia de la solicitud de tutela.

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Actores: Jesús Edgar Cossio y otro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 10 de diciembre de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela que presentaron los actores
contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuesta en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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