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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00066-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00066-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 66001-23-33-000-2016-00066-01 (2677-2019)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2016-00066-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00066-01 (2677-2019)
Demandante: Jesús Edgar Cossio Leudo y Óscar Iván Arango Corrales
Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Sanción disciplinaria. Vulneración al debido proceso. Valoración
del material probatorio allegado al proceso disciplinario.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

Los señores Jesús Edgar Cossio Leudo y Óscar Iván Arango Corrales instauraron
demanda contra La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la decisión disciplinaria del 19 de enero de 2015 proferida
por la Inspección Delegada Regional de Policía No. 3 de Pereira, mediante el cual se
declaró responsables disciplinariamente a los demandantes y se les impuso sanción
de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años; la nulidad de la decisión
disciplinaria del 25 de febrero de 2015, proferida por el inspector delegado regional
No. 3, que confirmó la decisión de primera instancia; y la nulidad de la Resolución No.
01087 del 31 de marzo de 2015, proferida por el director general de la Policía Nacional,
por la cual se retiró del servicio a los demandantes.

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A título de restablecimiento del derecho, solicitaron que se ordene su reintegro con
retroactividad al 13 y 16 de abril de 2015 con llamado al curso de ascenso; el
reconocimiento y pago de todos los sueldos, prestaciones sociales y demás
emolumentos, incluidos los aportes a la seguridad social dejados de percibir desde el
13 y 16 de abril de 2015 y hasta cuando sean reintegrados al cargo de patrulleros, con
su respectiva indexación.

HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que los demandantes prestaban su servicio como patrulleros de la Policía Nacional
en el cuadrante 26, en Pereira. Que fueron investigados disciplinariamente con
fundamento en la queja que presentó el señor Carlos Arturo Vargas Forero, por
hechos que supuestamente ocurrieron desde finales del 2012 hasta febrero o marzo
de 2013.

Que los actores, supuestamente, le exigían sumas de dinero al señor Antonio Ricaurte
Mejía Gil, administrador del establecimiento de comercio Billares BG, con el fin de no
molestarlo o hacerle comparendos ya que el establecimiento de comercio tenía una
mesa de dados ilegal.

Que a la queja que presentó el señor Vargas Forero se sumó un escrito dirigido al
director de la Policía Nacional por cerca de 31 comerciantes del área donde
patrullaban los demandantes, informando que estaban siendo extorsionados por los
agentes con el fin de que no les hicieran comparendos cuando infringieran la ley.

Que la investigación disciplinaria culminó con la sanción que hoy se demanda, al
comprobarse la comisión de la falta disciplinaria consagrada en el numeral 4°, del
artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, esto es, solicitar o recibir directa o indirectamente
dádivas o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar,
omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, a título de dolo.

NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículos 13, 29, 48, 53 y 209.

Ley 734 de 2002: artículos 6°, 8°, 9°, 15, 17 y 20.

Ley 1015 de 2006: artículos 5°, 6°, 7°, 18 y 19.

Que los actos administrativos demandados fueron expedidos con falsa motivación y
desviación de poder, porque el proceso disciplinario estuvo colmado de
irregularidades, parcialidades y violación de derechos fundamentales como el debido
proceso, principio de presunción de inocencia e in dubio pro disciplinado.

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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue presentada, inicialmente, ante los juzgados administrativos de
Pereira. El 25 de enero de 2016, el Juzgado Sexto Administrativo declaró la falta de
competencia para conocer la demanda y la remitió al Tribunal Administrativo de
Risaralda1.

El Tribunal, por auto del 12 de agosto de 2016, admitió la demanda2. Se notificó a la
entidad demandada, quien se opuso a las pretensiones, al argumentar que los actos
administrativos demandados gozan de plena legalidad y que la sanción impuesta a
los demandantes se encuentra sustentada en el material probatorio que fue recaudado
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 3.

El 3 de abril de 2017, los actores reformaron la demanda en el sentido de adicionar el
acápite de pruebas, al solicitar el decreto y práctica de unos testimonios 4. La reforma
fue admitida por auto del 7 de diciembre de 2017 5.

Se celebró audiencia inicial el 31 de mayo de 2018, en la que se fijó el litigio y, tras
agotar el período probatorio y dar traslado a las partes para que alegaran de
conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por los
demandantes.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del treinta y uno (31) de
enero de dos mil diecinueve (2019), negó las pretensiones tras estimar que las
pruebas testimoniales que se practicaron en el proceso disciplinario no generan duda
en relación con la solicitud y recibo de dádivas, de manera directa, por parte de los
demandantes.

Que, aunque algunos de los declarantes afirmaron que no vivieron tal situación con
los uniformados, que no se enteraron o que no les consta que los policías hubieran
incurrido en las conductas materia de queja, ello no significa que exista duda sobre la
ocurrencia de la falta y que la misma debiera dirimirse en favor de los actores.

Que la actuación administrativa enjuiciada sí observó el debido proceso en cuanto al
derecho a la prueba y la contradicción, en la medida que la recolección, decreto,
práctica y valoración del material probatorio fue debidamente sustentado en
elementos que se allegaron válidamente a la actuación.

Que la entidad demandada impuso la sanción con fundamento en un material

1
Véanse los folios 184-185.
2
Véanse los folios 200-202.
3
Véanse los folios 210-222.
4
Véase el folio 232.
5
Véanse los folios 235-236.

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probatorio que otorgaba certeza de la ocurrencia de los hechos y que no se evidenció
que la prueba valorada generara duda.

Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación indicando que el Tribunal no
aplicó el ejercicio del juicio integral del proceso disciplinario, lo cual lo debió llevar a
estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportaron la
imposición de la sanción disciplinaria.

Que la entidad demandada no valoró las pruebas allegadas al proceso de forma
razonada, conjunta y conforme con las reglas de la sana crítica, en la medida que las
pruebas decretadas y practicadas dejaron ver que se gestó un montaje o complot
orquestado por los señores José Aldinever Rave Gálvez, Carlos Arturo Vargas Forero
y Antonio Ricaurte Mejía Gil, en asocio con los altos mandos de la Policía, para
sancionar a los demandantes.

Que de las pruebas no es posible deducir que los demandantes hubiesen recibido
dádivas para sí, con el fin de eludir el ejercicio de sus funciones. Que las pruebas que
se allegaron al proceso disciplinario no fueron legalmente controvertidas porque, por
carencia de recursos económicos, los demandantes tan solo contaron con defensa
técnica para la etapa de alegatos de conclusión.

Que a pesar de que en la queja suscrita por 31 comerciantes se dijo que los
demandantes los extorsionaban, en el proceso disciplinario quedó en evidencia que
ello no era cierto; lo cual muestra que el operador disciplinario quería sentenciar a
como diera lugar a los actores, porque pese a que quedó probado que los
comerciantes faltaron a la verdad, la entidad demandada concluyó que ello no era
obstáculo para dar credibilidad a las personas que se confabularon para que los
policías fueran retirados.

Que de los 31 comerciantes que suscribieron la queja, tan solo 6 fueron llamados a
declarar en el proceso disciplinario, representando el 19.35% de los acusadores;
porcentaje que para el fallador resultó suficiente, lo cual no consulta el espíritu de las
garantías constitucionales y no refleja la aplicación de la sana crítica.
Que, coincidentemente, los 6 comerciantes que declararon en el proceso disciplinario
habían sido amonestados con comparendos por parte de los demandantes, lo cual
explica que el proceso disciplinario estuvo parcializado.

Que el Tribunal no tuvo en cuenta la declaración que hizo en sede judicial la señora
Edelcy Sánchez Velásquez, trabajadora del señor José Aldinever Rave Gálvez, quien
manifestó que le escuchó decir a su jefe que hizo echar a los actores.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

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Mediante auto del 18 de julio de 2019 se admitió el recurso de apelación y por auto
del 24 de octubre de 2019 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Púbico para
alegar de conclusión.

La parte demandante alegó de conclusión reiterando los argumentos que expuso en
el acápite de concepto de violación de la demanda, así como los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

La parte demandada se ratifica en lo expuesto en la contestación de la demanda y
en los argumentos expresados en las diferentes actuaciones procesales que se
surtieron.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Deberá la Sala determinar si los actos administrativos demandados incurrieron en
infracción al debido proceso por indebida valoración probatoria.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad administrativa disciplinaria se caracteriza porque comprende una función
especializada, la cual contiene un componente preventivo y correctivo que busca
garantizar, por un lado, la efectividad de los principios de moralidad, eficacia,
economía y celeridad; y, por otro, el buen desempeño y gestión transparente de la
función pública.

De ahí que la actuación administrativa disciplinaria esté regida por normas y
procedimientos propios, en la que los principios que informan el derecho al debido
proceso y a la defensa cobran significativa importancia.

No ha sido pacífica la posición de la jurisprudencia respecto del alcance del control
jurisdiccional de esta clase de actos, tal como pasa a exponerse.

Una primera posición jurisprudencial se inclinó por sostener que el control del juez de
lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el
demandante, lo que se denominó como “intangibilidad relativa” de los actos
sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque se
consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria tenían
cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas disciplinarias 6.

6
CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego
Younes Moreno.

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Luego, la jurisprudencia adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la
demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto
de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de aplicación
inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que se denominó
como “intangibilidad relativa explícita y deferencia especial” 7.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó
jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares
de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del “c ontrol
judicial integral” por cuanto “[…] la actividad del juez de lo contencioso administrativo
supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial
sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento
constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales” 8, y se
indicó además que:

i) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria.

ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo.

iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por
la ley, de ningún modo restringe el control judicial.

iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede
disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la
Constitución y la ley.

v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo
contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e
imparcialidad que lo caracteriza.
vi) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad,
sino también garante de los derechos.

vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción
disciplinaria.

viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial
efectiva.

7
Véanse: CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de
2011. Exp. 2060-2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y CONSEJO DE ESTADO. Sección
Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 2038-09. C.P. Bertha Lucia Ramírez
de Páez.
8
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de
2016. Exp. 1210-11. C.P. William Hernández Gómez.

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Entonces, teniendo en cuenta que el examen de legalidad de la actividad
administrativa disciplinaria no es un juicio de corrección sino de validez, el estudio
integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta controversia se hará dentro
del marco planteado en la sentencia previamente comentada.

Resolución al caso concreto

Del cargo de nulidad por violación al debido proceso

Este cargo se sustenta en que los demandantes indicaron que se presentó una
indebida valoración probatoria, toda vez que quedó en evidencia que, según afirma,
en el proceso disciplinario se presentaron una serie de inconsistencias que pusieron
de manifiesto que se gestó un montaje o complot para sancionar a los mismos.

Al respecto, se pone de presente que el artículo 29 de la Constitución Política dispone
que el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de
carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente y con
observancia de las formas propias de cada juicio.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez determinó que, tanto de las providencias judiciales, como de los actos
administrativos, puede predicarse la vulneración sustancial del derecho al debido
proceso, la cual se materializa en los distintos defectos identificados por la
jurisprudencia constitucional, interesándonos, particularmente, la posible
materialización del defecto fáctico.

Por defecto fáctico se ha entendido aquel que se estructura “[…] siempre que existan
fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del
proceso” 9, las cuales pueden generarse como consecuencia:

i) De una omisión, que ocurre cuando se niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa o puede ser por la falta de práctica y
decreto de pruebas conducentes al caso debatido, presentándose una
insuficiencia probatoria.

ii) De una acción positiva, que se presenta cuando se aprecian pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que
no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas y al hacerlo se desconoce la Constitución, o por la valoración
de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son totalmente
inconducentes al caso concreto.

9
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-419 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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iii) Del desconocimiento de las reglas de la sana crítica 10.

Para el caso concreto, resulta de interés el defecto fáctico por desconocimiento de las
reglas de la sana crítica, el cual se ha entendido como la circunstancia en la que el
operador jurídico, “[…] en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por
completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido, […]; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva” 11.

De la queja presentada por el señor Carlos Arturo Vargas Forero se tiene que los
patrulleros del sector de la Carrera 9ª con Calle 12 le pidieron al señor Antonio Ricaurte
la suma de doscientos mil pesos ($200.000) para “no molestar en el billar que ambos
administraban”.

Bajo la misma orientación, obra prueba del 2 de mayo de 2014, en la que la señora
Alba Nidia Vásquez y el señor Víctor Alfonso Molina Vásquez allegaron queja en
contra de los demandantes, manifestando que estos les estaban solicitando la suma
de diez mil pesos ($10.000) diarios para poder laborar por fuera del horario permitido,
la cual también fue suscrita por otras 29 personas, quienes se identificaron como
comerciantes del sector Parque La Libertad de Pereira.

Igualmente, el 29 de mayo de 2014, el señor Carlos Arturo Vargas Forero rindió
diligencia de ratificación y ampliación de queja en la que manifestó que se encontraba
trabajando en el establecimiento de comercio Billares BG un domingo, cuando
llegaron los demandantes y le manifestaron que iban a realizar un comparendo porque
estaba vendiendo licor. Que llamó a su jefe, el señor Antonio Ricaurte, quien le indicó
que les dijera a los policías que él ya les había dado doscientos mil pesos ($200.000)
para que lo dejaran trabajar. También indicó que él fue testigo de que su jefe les daba
diez mil pesos ($10.000) a los patrulleros y que a él también le tocó hacerlo, pasando
el dinero enrollado cuando les daba la mano a los policías.

El señor Antonio Ricaurte Mejía Gil también rindió diligencia de declaración en la que
indicó que desde hace más de un año venía presentando problemas con el agente de
apellido Cossio y su compañero Oscar. Que en el establecimiento de comercio de su
propiedad había una mesa de dado que era ilegal y que los agentes le comentaron
que, si no les daba dinero, le cerrarían el negocio. Que cada ocho días los sábados,
los policías pasaban a cobrarle la suma de diez mil pesos ($10.000) para que pudiera
trabajar, lo cual comenzó desde finales del 2012.

Que luego de legalizar ante la Cámara de Comercio la mesa de dados, les informó a
los policías que no les volvería a dar dinero y que estos lo amenazaron con imponerle
un comparendo, a menos que les diera la suma de doscientos mil pesos ($200.000).
Que él les dio el dinero a los policías con la condición de que no lo volvieran a molestar,

10
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
11
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-458 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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pero que pasó aproximadamente un año desde eso, cuando los agentes le dijeron al
señor Carlos Vargas que iban a imponerle un comparendo porque estaba vendiendo
licor.

Que en una reunión que hubo en la casa cural con el mayor de la Policía, en la que
se encontraban otros comerciantes del sector, él manifestó lo sucedido con los
agentes, frente a lo cual estos lo denunciaron por calumnia. Que, en esa reunión, los
demás comerciantes manifestaron que tenían problemas similares con los mismos
agentes.

De igual forma, el señor José Aldinever Rave Gálvez rindió diligencia de declaración
en la que indicó que cada ocho días los sábados, les daba Diez Mil Pesos ($10.000)
a cualquiera de los dos agentes cuando les daba la mano, al momento de saludarlos.
Que hubo una reunión con el mayor Olaya en la que participaron varios comerciantes
del sector. Que el mayor manifestó tener conocimiento sobre el proceder de los
demandantes.

También obra diligencia de declaración del intendente Gustavo Cifuentes Sánchez en
la que manifestó que, como líder del cuadrante 26 al que pertenecían los
demandantes, tuvo conocimiento por parte del señor Antonio Ricaurte que les estaba
dando diez mil pesos ($10.000) semanales a los patrulleros y que, posteriormente, lo
habían extorsionado con doscientos mil pesos ($200.000). Que apenas tuvo
conocimiento de dicha información por parte del señor Antonio Ricaurte, le manifestó
la novedad al coronel Lutty Morales. Que también tuvo conocimiento de que los
actores tenían problemas con el señor Humberto Candamil, quien le había
manifestado sentirse perseguido por estos.

En esa misma línea, la señora Alba Nidia Vásquez Granada rindió diligencia de
declaración en la que manifestó ser la esposa del señor José Aldinever Rave Gálvez
y, por ende, que tenía conocimiento de que este último y su hijo les habían dado dinero
a los demandantes. Y el señor Benhur García Tabares, propietario del establecimiento
de comercio Billares BG, rindió diligencia de declaración en la que indicó que los
señores Carlos Arturo Vargas Forero y Antonio Ricaurte le habían informado que los
actores les exigían dinero para no molestarlos.

A juicio de esta Sala de subsección, de las pruebas sí es posible inferir la existencia
de la conducta reprochada a los demandantes, la cual, típicamente, se adecuó a la
falta gravísima contemplada en el numeral 4°, del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006,
esto es, solicitar o recibir directa o indirectamente dádivas o cualquier otro beneficio,
para sí o para un tercero, con el fin de ejecutar, omitir o extralimitarse en el ejercicio
de sus funciones; la cual tiene como sanción la destitución e inhabilidad general por
un término entre diez (10) y veinte (20) años.

Si bien en sede disciplinaria, se practicaron diversas declaraciones, estas también
fueron aportadas y valoradas en el proceso judicial; además, dentro de este último se
recibió el testimonio de la señora Edelcy Sánchez Velásquez, quien manifestó no tener

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conocimiento de que los demandantes exigieran dinero a los comerciantes del sector.

Para esta Sala de subsección, el testimonio de la señora Sánchez, contrastado con el
conjunto probatorio restante, no tiene valor, peso o fuerza probatoria suficiente, pues
lo que afirmó, no modificó de manera considerable la noción de la existencia de la
conducta cometida por los demandantes, la cual se había consolidado a partir de las
pruebas que se recaudaron en forma previa a su práctica; máxime cuando los demás
testigos coinciden en la forma en que debían entregar las dádivas y las razones por
las cuales lo hacían.

Por otro lado, no le asiste razón a los apelantes cuando manifiestan que el Tribunal
no estudió la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportaron la
imposición de la sanción disciplinaria pues, el operador disciplinario no se desligó de
las pruebas allegadas o decretadas dentro del proceso, es decir, no hubo
incongruencia entre lo probado y lo resuelto y la valoración probatoria que se surtió
en el proceso disciplinario sí se ajustó a las reglas de la sana crítica, porque no se
observa que se haya apartado de los hechos debidamente probados , conclusión a la
que se llega una vez verificados los fallos disciplinarios demandados y la sentencia
apelada.

Si bien se afirmó que los declarantes del proceso disciplinario habían sido sujetos de
comparendos por parte de los agentes de Policía, en el expediente no obra prueba
respecto a este argumento; no obstante, en gracia de discusión, si esto fuera cierto y
se hubiese probado, a sentir de la Sala, ello no hace menos creíble sus versiones.

Ahora, respecto al argumento de que los demandantes no contaron con defensa
técnica en las primeras etapas del proceso disciplinario, se considera que ello no
afectó las garantías procesales de los investigados, en la medida que se les garantizó
la doble instancia y ejercieron su derecho a la defensa. Al respecto, el artículo 19 de
la Ley 1015 de 2006 dispone así:

“ARTÍCULO 19. DERECHO A LA DEFENSA. <Ley derogada a partir del 29 de
marzo de 2022 por el artículo 85 de la Ley 2196 de 2022> Durante la actuación
disciplinaria, el investigado tendrá derecho a la defensa material y a la
designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un
defensor así deberá procederse. Cuando se declare persona ausente, deberá
estar representado a través de defensor de oficio, quien podrá ser un estudiante
de consultorio jurídico”.

Por ende, se confirmará la sentencia de primera instancia, porque la falta de defensa
técnica en el proceso disciplinario, como causal de vulneración del derecho al debido
proceso, tan solo tendrá lugar en la medida en que se demuestre que la solicitud de
asignación de un defensor de oficio por parte del investigado fue desatendida por el
operador respectivo, lo que aquí no está acreditado.

En otras palabras, si durante la etapa de instrucción y juzgamiento el investigado
decide voluntariamente no designar un abogado de confianza, ello por sí solo no

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permite predicar la vulneración que se invoca en esta instancia.

De la condena en costas en esta instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, o si se encuentra
comprobadas o causadas; no obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en
costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada por
las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación
jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de la
normativa vigente, así:

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa que los fundamentos
expuestos por la parte vencida no revisten una carencia de fundamentación legal que
dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida, en sus escritos,
indicó razones en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón al no encontrarse
acreditado tal presupuesto normativo no se condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta y uno (31) de enero de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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