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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06278-01

Fecha
24 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-06278-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-06278-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06278-01
Accionante: Rafael Antonio Cafiel Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial,
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06278-01
Accionante: Rafael Antonio Cafiel Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

Tema: tutela contra acto administrativo. Subtema 1: concurso de méritos. Subtema
2: subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de impugnación interpuesto por el señor Rafael Antonio Cafiel Rodríguez contra la
sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Rafael Antonio Cafiel Rodríguez solicitó de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al desempeño de funciones y cargos públicos, y al
principio de confianza legítima, que consideró vulnerados por el Consejo Superior de
la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, al no resolver de forma completa el recurso de reposición y reprobarlo
dentro del concurso de méritos de la Convocatoria 27.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor Rafael Antonio Cafiel Rodríguez participó en el concurso de méritos de la
Convocatoria 27, en la cual se realizó la subfase general del curso concurso de
formación judicial. En esta se publicaron los resultados de las evaluaciones aplicadas
en dicha fase a través de la Resolución núm. EJR24-298 del 21 de junio de 2024, en
la que resultó reprobado. Por ello, interpuso recurso de reposición contra dicha
decisión, que fue resuelto mediante la Resolución núm. EJR24-730 del 30 de octubre
de 2024. Aunque se repuso la decisión, no logró superar el puntaje para la siguiente
fase del proceso de selección.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06278-01
Accionante: Rafael Antonio Cafiel Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial,
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

3. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legitima, la
buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla” y, en consecuencia, ORDENAR a la accionada que en un término
improrrogable de 48 horas resuelva el recurso de reposición formulado, con
argumentos dirigidos a confirmar o derrotar lo señalado en el escrito presentado.
De forma subsidiaria se ordene a la accionada que disponga mi inclusión en la subfase
especializada del IX curso de formación judicial, protección que habrá de extenderse
hasta que un juez ordinario resuelva la demanda que presentaré contra los resultados
de la subfase general del mencionado curso de formación judicial.
Para ello, pido tener en cuenta las misma razones que expuse frente a la medida
provisional solicitada, pues lo pedido no resulta oneroso para la autoridad accionada,
dado que ya tiene contratada la subfase especializada para la totalidad de los dicentes
que iniciamos la subfase general; es decir, incluirme provisionalmente en la subfase
especializada, no implica para la accionada realizar una contratación diferente a la
existente ni un desembolso o afectación presupuestal distinto a lo ya previsto.
Además, si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso ordinario, la
autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo aquí pedido; situación que
no ocurriría si mis reclamos son aceptados — como estoy convencido que son— y para
ese momento no he realizado la subfase especializada, pues me causaría un perjuicio,
dada la posición desigual y desventajosa en la que quedaría frente a los concursantes
que inician dicha subfase el próximo 16/11/2024, dadas las consecuencia que ello trae
frente a la conformación del registro de elegibles. Téngase en cuenta que, la subfase
especializada será evaluada a más tardar el 30 de julio de 2025, término que, conforme
a las reglas de la experiencia es muy inferior al de duración razonada del proceso
ordinario que instauraría si no se accede a mi pretensión principal1.

4. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la entidad
accionada en la prueba de conocimientos solo aplicó ejercicios memorísticos o de
definición, sin tener en cuenta la apreciación subjetiva. De igual forma, vulneró sus
derechos al no utilizar la inteligencia artificial como ayuda, sino que esta fue la
herramienta que sustentó las claves de respuesta al momento de resolver las
objeciones expuestas en el recurso.

5. Citó el artículo 29 de la Constitución Política y la sentencia SU-067 de 2022, y
señaló que los concursos deben seguir siempre las normas que hayan sido dispuestas
para las convocatorias, las cuales deben tener armonía con la ley y la Constitución.

2.3. Trámite procesal

6. El conocimiento de la acción de tutela correspondió a la Sección Primera del
Consejo de Estado, que, a través del despacho ponente, profirió auto el 20 de
noviembre de 2024, en el que la admitió; vinculó a la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, a la Sociedad E-Distribution S.A.S. y a las demás personas
que se inscribieron e hicieron parte del proceso de selección dentro del concurso de
méritos adelantado en virtud de la Convocatoria núm. 27; resolvió la medida provisional
y ordenó las notificaciones de rigor.

1 Se transcribe, incluso, con errores del texto.

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Accionante: Rafael Antonio Cafiel Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial,
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

2.4. Intervenciones

7. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia pidió que se nieguen las
pretensiones de la acción de tutela por ser improcedente debido a que no cumple con
el requisito de subsidiariedad; aseguró que no se demostró un perjuicio irremediable
que habilite la intervención del juez constitucional2.

8. La Unión Temporal de Formación Judicial 2019, conformada por la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Sociedad E-Distribution S.A.S., solicitó su
desvinculación del proceso, pues carece de legitimación en la causa por pasiva, ya
que no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, en la medida que no es
la entidad competente para expedir los actos administrativos y reconocer lo pretendido
por esta. Además, afirmó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
resolver lo requerido por el señor Rafael Cafiel3.

9. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
Judicial, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que no ha
vulnerado los derechos invocados por la parte actora; asimismo, solicitó que se niegue
el amparo constitucional4.

10. El Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla,
aseguró que la acción de tutela es improcedente por falta del requisito general de
subsidiariedad. En igual sentido, comunicó que no existe vulneración a los derechos
fundamentales de la parte actora y que no usó la inteligencia artificial para el análisis
y la expedición de las resoluciones5.

2.5. Sentencia de primera instancia

11. La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia
el 12 de diciembre de 20246, en la que declaró improcedente la tutela interpuesta por
el señor Rafael Antonio Cafiel Rodríguez. Fundamentó su decisión en que no se
superó el requisito de subsidiariedad, pues las inconformidades planteadas recaen
sobre las resoluciones EJR24-298 de 21 de junio y EJR24-730 de 30 de octubre de
2024, cuya legalidad debe ser discutida a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que es el medio idóneo para controvertir la
calificación de la evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial.

2.6. Impugnación

12. El señor Rafael Antonio Cafiel Rodríguez presentó impugnación en contra de la
sentencia del 12 de diciembre de 20247; reiteró los argumentos expuestos en la acción

2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06278-00, índice 11, certificado núm. EC9D6B2952CF3441
EF50A38C4EE51DBF 27ECC6B6960725AD CD1393E218ED9349.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06278-00, índice 12, certificado núm. 460EDBD261B8BC36
007CC3CF029C58E4 0060F1CA497D6C0C C2CE7B16AB076675.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06278-00, índice 13, certificado núm. 360898B19B7D36F4
D97061B11905EF02 8B98BA32E735538F 2E3C0E7980B42047.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06278-00, índice 14, certificado núm. C197F13266D8445D
F9294B0DFBDF09B3 C48E8691DD07A67E 93873B0F57D61211.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-06278-00, índice 19, certificado núm. DB34242369C981C9
DE5E251B5E89B2AE 91A24064D10577AC 8A47D2CDB0A8ECCF.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05292-00, índice 22, certificado núm. CD466B25B32F8778
58EC614BBF3569B4 E961CA2D14C90183 BDC3A0C4939B8993.

3

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06278-01
Accionante: Rafael Antonio Cafiel Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial,
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

de tutela. Manifestó que lo que realmente pretende es que mediante la acción de tutela
se otorgue una protección subsidiaria mientras el asunto es resuelto a través de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Indicó que la medida cautelar no sería
procedente y por eso acudió a la vía constitucional.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia
del 12 de diciembre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

14. La legitimación en la causa por activa del señor Rafael Antonio Cafiel Rodríguez
se encuentra acreditada, por cuanto fue la persona que promovió la actuación
administrativa en la que se expidieron las decisiones que acusó de desconocer sus
derechos fundamentales

15. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, en la medida en que fueron las autoridades que intervinieron en
el concurso y profirieron los actos administrativos que, a juicio del tutelante, vulneraron
sus garantías constitucionales.

16. La Unión Temporal de Formación Judicial 2019 solicitó su desvinculación del
proceso al considerar que no está llamada a responder por la alegada vulneración de
los derechos fundamentales de la parte accionante.

17. En cuanto a la Unión Temporal de Formación Judicial 2019, la Sala aclara que su
vinculación al presente asunto fue en calidad de tercera con interés en aras de
garantizar sus derechos de defensa y contradicción. En ese orden, al no acudir a este
trámite constitucional como autoridad accionada, no es posible declarar su falta de
legitimación en la causa por pasiva. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Problema jurídico

18. La Sala debe decidir si confirma, revoca o modifica el fallo de primera instancia del
12 de diciembre de 2024, que declaró improcedentes las pretensiones de amparo.
Para ello, es necesario establecer, primero, si el escrito de tutela supera el requisito
de procedibilidad del mecanismo constitucional de tutela de subsidiariedad.

19. Para el efecto, se estudiarán las generalidades de la procedibilidad de la acción
de tutela, y el análisis de la Sala.

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Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

3.4. Procedencia de la acción de tutela

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez8.

21. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable9; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»10.

3.5 . Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

22. El señor Rafael Antonio Cafiel Rodríguez presentó escrito de tutela con la
pretensión de que se ordene: i) a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla que resuelva
nuevamente el recurso de reposición que interpuso contra la resolución que lo excluyó
del curso concurso de la Convocatoria 21; y ii) su inclusión en la subfase especializada
hasta que en un proceso judicial se resuelva de manera definitiva su situación.

23. Lo anterior, supone controvertir las decisiones adoptadas por el Consejo Superior
de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a través de i) la Resolución
núm. EJR24-730 del 30 de octubre de 2024, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto por el tutelante, y ii) la Resolución núm. EJR24-298 del 21 de junio de 2024,
mediante la cual se publicaron los resultados de la evaluación de la subfase general
del «IX Curso de Formación Judicial Inicial», en el que se determinó que el accionante
no aprobó dicha etapa del concurso de méritos.

24. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y del artículo 6° del Decreto 2591
de 199111 que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuenta
con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar de
forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso12.

25. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio

8 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
9 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
10 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
11 Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela

«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
12 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.

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irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables13.

26. En el caso bajo estudio, la Sala observa que el señor Rafael Antonio Cafiel
Rodríguez puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las
resoluciones núm. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y EJR24-730 del 30 de octubre
siguiente, que lo excluyeron del curso de formación judicial de la Convocatoria 27 y le
impidieron continuar en la subfase especializada de este. Decisiones que, a su juicio,
vulneraron sus garantías fundamentales.

27. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que «las acciones de tutela que se
interponen en contra de los actos administrativos que se profieren en el marco de
concursos de méritos, por regla general, son improcedentes, en tanto que existe el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo [sic] y, en el marco de esta, la posibilidad de solicitar
medidas cautelares. Esto sin perjuicio de que, atendiendo a las particularidades del
caso en concreto puesto en conocimiento, al juez constitucional evalúe si los
mecanismos ordinarios de defensa existentes en el ordenamiento jurídico son idóneos
para la protección de los derechos fundamentales»14.

28. En efecto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el
idóneo, puesto que, de acuerdo con el artículo 13815 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
el tutelante puede solicitar la nulidad de los referidos actos administrativos y, a título
de restablecimiento del derecho, su inclusión en el concurso de méritos o las medidas
pertinentes a que hubiese lugar.

29. Lo anterior, por cuanto dicho escenario judicial es el espacio adecuado para
resolver lo solicitado por el actor vía de tutela, en la medida en que lo pretendido se
dirige a cuestionar los motivos y razones de orden legal y reglamentario contenidos en
los actos administrativos que no le permitieron continuar en el curso de formación
judicial.

30. Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez de los actos
administrativos cuestionados, sino también, de ser procedente, para emitir las órdenes
necesarias con el fin de restituir el derecho vulnerado por las entidades accionadas e,
incluso, ordenar la reparación de daños.

13 Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
14 Corte Constitucional, sentencia T-456 de 2022.
15 ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.

«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que
se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también
podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el
mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se
contará a partir de la notificación de aquel».

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31. En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título V
de la Segunda Parte del CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares de
urgencia. Al respecto, el artículo 234 establece lo siguiente:

Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o
Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el
trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a
que haya lugar.

La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete16.

32. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha referido que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales, materializados
en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el decreto de medidas
cautelares de protección»17. En relación con las medidas cautelares de urgencia, la
Corte expuso lo siguiente:

El CPACA concibe las medidas cautelares de forma autónoma a la demanda
presentada, a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no le es aplicable a
ellas, aunque sea necesaria su acreditación para la admisión de la demanda. Según
se estableció en sentencia de tutela de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado: “(…) el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida
cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del
proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los
términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza
cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir
simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar”18.

33. En ese orden, la Sala encuentra que el accionante puede pedir, como medida
cautelar de urgencia, la suspensión de los efectos de las resoluciones n.° EJR24-298
del 21 de junio de 2024 y EJR24-730 del 30 de octubre de 2024, de manera que el
juez ordinario analice la posibilidad de mantener su continuidad en el curso de
formación judicial hasta que se defina su derecho.

34. Ahora, en cuanto a lo manifestado en el escrito de impugnación, la pretensión
subsidiaria del accionante, de emplear esta acción constitucional como mecanismo
transitorio hasta que finalice el proceso ordinario, respecto de sus derechos al debido
proceso y al acceso a cargos públicos, es oportuno resaltar que el tutelante no aprobó
la sub fase general del curso concurso de formación judicial, al no superar el puntaje
mínimo exigido. Esta decisión fue revisada por las accionadas y confirmada en sede
administrativa, por lo que su exclusión del concurso de méritos es la consecuencia de
los efectos propios de los actos administrativos cuestionados.

35.Ciertamente, los acuerdos núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 y
PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 establecieron en forma explícita que

16 Se transcribe incluso con errores.
17 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.
18 Ibidem.

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cada una de las subfases del curso de formación judicial tenían un carácter
eliminatorio, lo que significa que quienes no completaron el puntaje mínimo previsto
debían ser excluidos. Tal situación era conocida previamente por el actor, por lo que
no se puede catalogar como actuación arbitraria o desproporcionada.

36. Así las cosas, en el evento de acceder a la petición del actor de incluirlo en la
siguiente etapa del proceso de selección, sin cumplir con la respectiva puntuación
implicaría vulnerar el derecho a la igualdad de quienes sí aprobaron la prueba
eliminatoria, lo cual desvirtúa la finalidad del concurso y contradice las reglas que
previamente se fijaron.

37. En este orden, la Sala advierte que los argumentos planteados por el accionante
para justificar la procedencia excepcional de la tutela, ante una eventual amenaza de
sus derechos al debido proceso y al acceso a cargos públicos, con ocasión de los
actos administrativos acusados, hacen referencia a meras expectativas sobre su
continuidad en el concurso de méritos y no ofrecen certeza sobre la titularidad del
derecho subjetivo a ocupar el cargo al cual aspiraban, por lo que no se puede inferir
que las decisiones administrativas cuestionadas constituyan un perjuicio irremediable
para el actor. Es así como las circunstancias planteadas en la acción de tutela no
evidencian un riesgo de tal magnitud que amerite la intervención del juez
constitucional.

38. En este punto de la providencia, conviene destacar que el principio de
subsidiariedad de la tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados con los
derechos fundamentales deben resolverse por las vías jurisdiccionales
correspondientes, y solo ante la ausencia de dichas vías o cuando estas no sean
idóneas para evitar un perjuicio irremediable, es admisible acudir a la acción de amparo
constitucional.

39. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio es improcedente
en el entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa judicial,
no solo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos
procesales, sino también un requisito necesario para la procedencia de la acción de
tutela, que no puede ser ejercida como un mecanismo para subsanar la falta de
actividad del tutelante.

IV. CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 12 de diciembre de
2024, proferida en primera instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar el requisito de
subsidiariedad.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06278-01
Accionante: Rafael Antonio Cafiel Rodríguez
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial,
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

AC/SEJV

9

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