Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05292-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05292-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05292-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
21 de noviembre de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05292 00
Accionante: Nicanor García Calderón y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 05292 00
Accionante: NICANOR GARCÍA CALDERÓN Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN.
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Nicanor García Calderón,
Deisi Moreno Galeano, Nicanor García Moreno y Andrés García Moreno,
por intermedio de apoderada, contra el Tribunal Administrativo de
Caquetá, Sala Primera de Decisión.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 13
de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá,
Sala Primera de Decisión, que revocó el fallo del 29 de septiembre de
2017, dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, y en su
lugar denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional1.
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Proceso que se identificó con el radicado 180013333001-2013-00554 00/01.
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Accionante: Nicanor García Calderón y otros
1.2. En la referida demanda de reparación directa, los señores Nicanor
García Calderón, Nicanor García Moreno, Lucila Calderón de García2,
Andrés García Moreno y Deisi Moreno Galeano reclamaron la
indemnización de los perjuicios causados por las aspersiones con glifosato
realizadas por la Policía Nacional el 13 de abril de 2011 en zona rural del
Municipio de La Montañita (Caquetá), que destruyeron sus cultivos de café
y yuca3, los cuales se encontraban en un terreno denominado El Bosque,
que les había sido adjudicado por el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria (Incora).
1.3. La demanda de reparación directa correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo de Florencia, quien profirió sentencia del 29 de septiembre
de 2017, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Las partes apelaron la anterior decisión y, a través de proveído del 13 de
marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Primera de
Decisión, la revocó, al considerar que el material probatorio aportado
resultaba insuficiente para acreditar que el daño había sido producido por
la aspersión con glifosato realizada por la Policía Nacional.
1.4. Los accionantes alegaron en la tutela que la decisión atacada incurrió
en defecto fáctico al realizar una valoración inadecuada e insuficiente
de las pruebas allegadas al proceso. En concreto, manifestaron que no se
valoraron en debida forma los testimonios de los señores Marco Moreno
Yaima y Carlos García, quienes informaron que el señor Nicanor García
tenía cultivos de yuca y café, los cuales fueron destruidos con la
fumigación realizada por la avioneta de la Policía Nacional.
Asimismo, arguyeron que la decisión judicial dejó de lado la prueba
pericial rendida por el experto Angelino Gualtero Gómez, administrador
2
Fallecida.
3
Extraído del fundamento de las pretensiones expuesto en la providencia del 13 de marzo de 2024, dictada
por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Primera de Decisión. Visible en el índice 2 del expediente digital
en el aplicativo SAMAI.
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Accionante: Nicanor García Calderón y otros
de empresas agropecuarias, especialista en sistemas sostenibles de
producción pecuaria y magíster en agroforestería; y los registros
fotográficos que evidenciaban la relación directa entre la aspersión y los
daños sufridos por los cultivos.
1.5. Además, adujeron que la decisión objeto de debate incurrió en error
inducido como consecuencia del Oficio No. 086505 SURAN ARECI-2 del
31 de octubre de 2016, presentado por la Policía Nacional, en el que
respondió el requerimiento del Juzgado Cuarto Administrativo de
Florencia, relacionado con los documentos del plan o itinerario de
operaciones de fumigación con herbicidas para el 13 de abril de 2011
sobre el predio de los demandantes, e informó que en esa fecha se
realizaron operaciones de aspersión con glifosato en el Departamento del
Caquetá, sin mencionar la vereda Rio Chiquito del Municipio de La
Montañita y sin referirse a las coordenadas del predio de los
demandantes.
A juicio de los demandantes, la anterior respuesta fue “general
precisamente para no comprometer responsabilidad induciendo en error
al operador judicial”, y fue lo que llevó a que el Tribunal Administrativo
del Caquetá expusiera como uno de los fundamentos para denegar las
pretensiones de la demanda, que no se había acreditado que las
operaciones de aspersión con glifosato del 13 de abril de 2011 se hubieran
efectuado en el Municipio de La Montañita.
1.5. Desconocimiento del precedente judicial fijado por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la providencia del 20 de
febrero de 2014, bajo la radicación 41001-23-31-000-2000-02956-01,
M.P. Ramiro Pazos Guerrero, que señaló que, en los casos en los que se
discute la responsabilidad del Estado por daños ambientales derivados de
la aspersión aérea con glifosato, estamos ante una actividad peligrosa que
debe ser analizada bajo el régimen objetivo de riesgo excepcional.
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Accionante: Nicanor García Calderón y otros
1.6. Violación directa del artículo 90 de la Constitución, que
establece la responsabilidad patrimonial del Estado, y “no excluye entre
sí la aplicación de los regímenes subjetivo y objetivo de imputación”. Tal
disposición, a su juicio, fue desatendida por el Tribunal al analizar el
asunto únicamente desde la perspectiva de la falla en el servicio,
desconociendo que en estos casos la responsabilidad se puede configurar
a título de riesgo excepcional.
1.7. Con fundamento en los anteriores argumentos, formularon las
siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de
contradicción, acceso a la administración de justicia y los demás derechos
fundamentales que se consideren vulnerados extrapetita al estudio de la
presente acción.
SEGUNDO: En consecuencia, ordenar al H. Tribunal Administrativo del Caquetá,
valorar todas y cada una de las pruebas en todo su contexto y en forma íntegra,
a efectos de establecer la responsabilidad de las demandadas, tal como se indicó
en los hechos de la tutela.
TERCERO: Se tomen las medidas y ordenes que se consideren necesarias para
que cese la vulneración de los derechos invocados.
CUARTO: Se ordene al H. Tribunal Administrativo del Caquetá sala primera de
decisión que, en un término de 48 horas, de cumplimiento al fallo de tutela”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Por auto del 7 de octubre de 20244, el despacho requirió a la apoderada
de la parte actora para que indicara en representación de quiénes actuaba
y allegara el poder conferido por la señora Lucila Calderón de García, a
quien aducía representar.
A través de correo electrónico del 15 del mismo mes y año5, la apoderada
allegó escrito en el que aclaró que la señora Lucila Calderón de García, que
fue parte en el proceso ordinario, había fallecido en el año 2014, y que
únicamente actuaba en representación de los señores Nicanor García
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Visible en índice 4 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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Visible en índice 8 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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Accionante: Nicanor García Calderón y otros
Calderón, Deisi Moreno Galeano, Nicanor García Moreno y Andrés García
Moreno.
Conforme lo anterior, por auto del 24 de octubre de 2024 el despacho
admitió la tutela y ordenó vincular al Juzgado Cuarto Administrativo de
Florencia y a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en calidad
de terceros interesados en el trámite constitucional.
2.2. La Policía Nacional, por medio del jefe del Área Jurídica manifestó
que la decisión objeto de debate realizó una adecuada valoración del caso
a partir de la sana crítica, y por ello no se puede predicar la vulneración
de los derechos fundamentales invocados en la demanda. Por lo tanto,
solicitó denegar las pretensiones elevadas por la parte actora.
2.3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia allegó copia del
expediente digital.
2.4. El Tribunal Administrativo de Caquetá, autoridad judicial
accionada, guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. Los señores Nicanor García Calderón, Lucila Calderón de García,
Andrés García Moreno, Nicanor García Moreno y Deisi Moreno Galeano
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Accionante: Nicanor García Calderón y otros
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio
de Defensa, Policía Nacional, con la finalidad de obtener la indemnización
de los perjuicios causados por las aspersiones con glifosato realizadas el
13 de abril de 2011 en zona rural del Municipio de La Montañita, que
destruyeron sus cultivos.
3.2.2. Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2017, el Juzgado
Cuarto Administrativo de Florencia accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
3.2.3. Las partes apelaron la anterior providencia y, mediante sentencia
del 13 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
Primera de Decisión, la revocó y en su lugar denegó las pretensiones de
la demanda.
3.2.4. Los señores Nicanor García Calderón, Andrés García Moreno,
Nicanor García Moreno y Deisi Moreno Galeano interpusieron acción de
tutela al estimar vulnerados sus derechos fundamentales por la anterior
providencia.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
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decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación6,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20227, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.
En este caso, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 13
de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá,
Sala Primera de Decisión, que revocó el fallo del 29 de septiembre de
2017, dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia y en su
lugar denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional8.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el
efecto.
6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
7
M. P. Natalia Ángel Cabo.
8
Ver nota al pie 1.
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3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20199, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
9
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 10.
3.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho 11:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
10
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
11
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
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en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.2. Caso concreto
En el asunto bajo examen, la Sala recuerda que las inconformidades
planteadas por la parte accionante en la tutela consisten en que, a su
juicio, la sentencia atacada incurrió en (i) defecto fáctico, al no tener en
cuenta las pruebas que demostraban que sus cultivos fueron destruidos
con la aspersión de glifosato realizada por la Policía Nacional; (ii) error
inducido por la Policía Nacional al rendir un informe que indicaba, de
manera general, dónde se realizaron aspersiones con glifosato el 13 de
abril de abril de 2011, sin especificar el lugar de los hechos; (iii)
desconocimiento del precedente fijado por Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, judicial, en una providencia del 20 de febrero de
2014, que señaló que en los casos relacionados con aspersiones con
glifosato se aplica el régimen objetivo de riesgo excepcional, y (iii)
violación directa del artículo 90 de la Constitución, al limitar el estudio del
caso al régimen subjetivo de falla en el servicio, dejando de lado el
objetivo de riesgo excepcional.
3.3.2.1. La Sala considera que los argumentos expuestos por los
demandantes constituyen simplemente la reiteración del debate que ya
se agotó en el proceso ordinario, lo que deja en claro que sólo buscan
ventilar sus inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el
juez natural sobre el caso planteado, más concretamente, frente a la
valoración que realizó de los medios de prueba y a la aplicación del
régimen de responsabilidad bajo el cual debía decidirse el asunto.
Por lo tanto, es claro que la parte actora sólo busca que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, lo que hace evidente que sólo
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quiere acceder a una instancia adicional, finalidad para la cual no es
procedente este mecanismo de protección.
3.3.2.2. En el mismo sentido, frente al desconocimiento del precedente,
se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202112,
sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial en las
que se alega el desconocimiento del precedente se exige, como carga
argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.
En el caso sub examine, el demandante se limitó a citar una sentencia del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, pero sin identificar los
problemas jurídicos que allí se resolvieron y sin efectuar una comparación
entre los hechos estudiados en esos asuntos y el sub lite, para acreditar
que las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran
aplicables a su caso particular.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la parte accionada, y
que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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Accionante: Nicanor García Calderón y otros
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
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Accionante: Nicanor García Calderón y otros
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir la valoración probatoria y el análisis de responsabilidad
efectuados por las autoridades de la jurisdicción, como si este mecanismo
pudiera emplearse como una instancia adicional.
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
3.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por los señores Nicanor García Calderón, Deisi Moreno Galeano, Nicanor
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Accionante: Nicanor García Calderón y otros
García Moreno y Andrés García Moreno contra el Tribunal Administrativo
de Caquetá, Sala Primera de Decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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