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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05292-01

Fecha
11 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05292-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 21 de noviembre de 2024 que profirió la Sección Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así: PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por los señores Nicanor García Calderón, Deisi Moreno Galeano, Nicanor García Moreno y Andrés García Moreno en contra del Tribunal Administrativo de Caquetá, por las razones consignadas en esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05292-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

11 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05292-01
Accionante: Nicanor García Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá,
Sala Primera de Decisión

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., once (11) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05292-01
Accionantes: Nicanor García Calderón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Primera de Decisión

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: pago de perjuicios materiales e inmateriales por aspersión aérea
con glifosato. Subtema 3: defectos por error inducido, fáctico, sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de impugnación interpuesto por los señores Nicanor García Calderón, Deisi
Moreno Galeano, Nicanor García Moreno y Andrés García Moreno contra la sentencia
del 21 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Nicanor García Calderón y otros interpusieron una solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
a la igualdad, los cuales consideraron vulnerados por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caquetá, con ocasión de la providencia que esta autoridad
profirió el 13 de marzo de 2024, dentro del expediente identificado con el radicado
núm. 18001-33-33-001-2013-00554-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor Nicanor García Calderón y otros presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa para lograr la indemnización de los perjuicios
causados por las aspersiones de glifosato realizadas por la Policía Nacional, el 13 de
abril de 2011, que destruyeron sus cultivos de yuca y café.

3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, mediante sentencia del 29 de
septiembre de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda; declaró responsable
a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional de los perjuicios
causados a los demandantes, y ordenó su correspondiente pago.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá,
Sala Primera de Decisión

4. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá, a través de
providencia del 13 de marzo de 2024, revocó el fallo de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

5. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de
contradicción, acceso a la administración de justicia y los demás derechos
fundamentales que se consideren vulnerados extrapetita al estudio de la presente
acción.
SEGUNDO: En consecuencia, ordenar al H. Tribunal Administrativo del Caquetá, valorar
todas y cada una de las pruebas en todo su contexto y en forma íntegra, a efectos de
establecer la responsabilidad de las demandadas, tal como se indicó en los hechos de
la tutela.
TERCERO: Se tomen las medidas y ordenes que se consideren necesarias para que
cese la vulneración de los derechos invocados.
CUARTO: Se ordene al H. Tribunal Administrativo del Caquetá sala primera de decisión
que, en un término de 48 horas, de cumplimiento al fallo de tutela1.

6. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que el Tribunal
Administrativo de Caquetá incurrió en los defectos por error inducido, fáctico,
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y de violación directa de
la Constitución, porque no valoró correctamente las pruebas aportadas al proceso
con las cuáles demostró la responsabilidad del Estado.

7. Además, arguyó que se aplicó en indebida forma el precedente judicial atinente a
la valoración probatoria y a la responsabilidad ambiental del Estado con las
aspersiones de glifosato, y que se vulneró el artículo 90 de la Constitución Política al
no tenerse en cuenta que el Estado debe asumir patrimonialmente los perjuicios
causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

2.3. Trámite procesal

8. La tutela correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, profirió auto el 24 de octubre de 2024 en el que la admitió,
vinculó al Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia y a la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, y ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

9. El Ministerio de Defensa Nacional2 solicitó que se niegue el amparo
constitucional por ser improcedente, ya que los actores no demostraron la existencia
de un perjuicio irremediable que evidenciara la necesidad de la tutela como mecanismo
de protección inmediata de los derechos fundamentales, más aún cuando lo
pretendido por los accionantes ya fue debatido en otras vías jurisdiccionales.

1 Se transcribe incluso con errores del texto.
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05292-00, índice 15, certificado 6FAF93816CE94319 6497C634493A6639

3CBD9B8ADE76125D C51BBE332B5C94E9.

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2.5. Sentencia de primera instancia

10. La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia
el 7 de noviembre de 20243, en la que negó por improcedente la pretensión de amparo
interpuesta por el señor Nicanor García Moreno y otros. Fundamentó su decisión en
que la tutela no superó el requisito de relevancia constitucional, pues lo que realmente
pretenden los accionantes es manifestar su inconformidad con la decisión que adoptó
el Tribunal Administrativo de Caquetá y que el juez constitucional realice un nuevo
estudio frente al debate ya agotado en el proceso de reparación directa.

2.6. Impugnación

11. El señor Nicanor García Moreno y otros presentaron impugnación en contra de la
sentencia del 21 de noviembre de 20244; y reiteraron los argumentos expuestos en la
acción de tutela. En igual sentido, insistieron en que existe relevancia constitucional
para su caso en concreto, pues afirmaron que la decisión atacada vulneró sus
derechos fundamentales al incurrir en los defectos fáctico, error judicial, de
desconocimiento del precedente judicial y de violación directa de la Constitución.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia
del 21 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

13. La legitimación en la causa por activa de los señores Nicanor García Calderón,
Deisi Moreno Galeano, Nicanor García Moreno y Andrés García Moreno se encuentra
acreditada, por cuanto fueron la parte demandante en el proceso de reparación directa
en el que fue expedida la sentencia que, consideraron, desconoció sus derechos
fundamentales.

14.También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá, porque fue la autoridad judicial
que expidió la providencia dentro del proceso ordinario de reparación directa que se
cuestiona en esta acción constitucional.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

15. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado5 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera

3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05292-00, índice 18, certificado 95540A03202D8AD2 4E1683A42052D5C6

49B452216551C39A 0875572049CDF414.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05292-00, índice 22, certificado CD466B25B32F8778 58EC614BBF3569B4

E961CA2D14C90183 BDC3A0C4939B8993.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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excepcional, bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional6.

16.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
(ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
(iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
(iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
(v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
(vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

17. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales7 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

18. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial, se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución8.

3.4 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

19. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional9 ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra
a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia10.

6 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
8 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022:

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia

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20. En primera instancia, el juez constitucional consideró que el escrito de tutela que
presentaron el señor Nicanor García Calderón y otros no superó el requisito de
relevancia constitucional, pues lo que realmente pretenden es manifestar su
inconformidad con la decisión que adoptó la parte accionada y buscan que el juez
constitucional realice un nuevo estudio frente al debate ya agotado en el proceso de
reparación directa.

21. Pues bien, esta Sala no comparte el anterior criterio, en la medida en que la
discusión acerca de la valoración de pruebas, la aplicación de precedentes
jurisprudenciales y la inaplicación de normas constitucionales está íntimamente
relacionada con el derecho al acceso a la administración de justicia y, por ende, negar
las pretensiones en el caso concreto, con la posible configuración de alguno de los
defectos que la Corte Constitucional ha definido como causales de procedencia,
comprometería y afectaría los derechos fundamentales de Nicanor García Calderón y
otros.

22. Por los motivos expuestos, esta Subsección tendrá por superado el requisito de
relevancia constitucional y continuará con el estudio de los demás presupuestos de
procedibilidad y, si a ello hay lugar, emitirá una decisión de fondo.

23. Respecto de los cargos de la tutela, los accionantes no tienen otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para proteger sus derechos fundamentales, pues
agotaron las instancias respectivas dentro del proceso de reparación directa en el que
se profirió la decisión objeto de tutela.

24. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la providencia
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá es
del 13 de marzo de 2024, fue notificada el 3 de abril de 2024 y la demanda de tutela
se presentó el 1 de octubre de ese mismo año11, esto es, dentro del plazo de seis (6)
meses establecido por la jurisprudencia constitucional12 y el Consejo de Estado13 como
razonable.

25. La parte actora, en el escrito de tutela, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y estos no exponen una irregularidad procedimental. Finalmente, la
providencia reprochada no se emitió dentro de un trámite de tutela.

26. Según lo expuesto, esta Sala constitucional encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en
los términos que planteó la parte actora.

para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-05058-00, índice 03, certificado 89435584DFB41BDB 0F3AA4103866BF99

0156BB443A050F77 C988B8F018CFB74F.
12 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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3.5. Problema jurídico

27. La Sala debe decidir si revoca o modifica el fallo de primera instancia del 21 de
noviembre de 2024, que declaró improcedentes la solicitud de amparo. Para ello,
deberá establecer si la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Caquetá incurrió en los defectos por error inducido, fáctico, sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y de violación directa de la Constitución en la
sentencia del 13 de marzo de 2024, la cual revocó la decisión proferida el 29 de
septiembre de 2017 y negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.

28. Para el efecto, se estudiarán las generalidades de los defectos por error inducido,
fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución, y el caso concreto.

3.5.1. Generalidades del defecto de error inducido

29. La Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha definido que el defecto en cita se
configura cuando «el juez o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros,
y ese engaño lo conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos
fundamentales»14, por lo que la providencia judicial se soporta en un manejo irregular
de personas que tienen el deber de colaboración con la justicia y de esta manera hacen
incurrir en error al funcionario judicial. Dicho «error inducido se presenta cuando la
autoridad judicial es víctima de factores externos al proceso que lo determinan o
influencian a tomar determinada decisión que resulta contraria a derecho o a la realidad
fáctica del caso»15.

30. Posición que ha sido reiterada en pronunciamientos recientes por el máximo
órgano constitucional, el cual lo ha definido así:

Error inducido: se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos
fundamentales del afectado producto de un error al que fue inducido por factores
externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una decisión
contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso16.

31. Conforme a lo anterior, este defecto se configura cuando las partes procesales que
tienen la obligación de colaborar con los requerimientos judiciales presentan sus
pruebas e informes con irregularidades, lo que, a su vez, induce en error al operador
judicial.

3.5.2 Generalidades del defecto fáctico

32. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»17. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa

14 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2012.
15 Corte Constitucional, sentencia T-145 de 2014.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-329 de 2024.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.

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en la decisión»18 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

33. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»19. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»20.

34. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria,
decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido.
(ii) Cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y
con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.
(iii) En la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es,
cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y
sin un apoyo fáctico claro.
(iv) Cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un
proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas
de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no
guardaban relación con el asunto debatido en el proceso.
(v) Cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan
con soporte probatorio dentro del proceso21.

35. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el análisis
del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia
judicial22, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, por qué el juez
ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»23.

36. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –

18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
21 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
22 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera
integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en
relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]24.

3.5.3. Defecto sustantivo

37. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una
norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque
su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible,
fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado.

38. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos para escoger entre
diversas interpretaciones de una disposición legal la que consideren más acorde con
el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución
Política.

39. La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006, se pronunció sobre la
limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las
normas, en los siguientes términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia
judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos
previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y
para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor
no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que
son de forzosa aplicación […].

40. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de
las normas que aplica a un caso concreto encuentra límite en el carácter normativo de
la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos (artículo
5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 de la CP) y en la garantía al acceso a la administración de
justicia (artículo 228 superior).

24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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3.5.4 El desconocimiento del precedente judicial

41. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas.

42. Al respecto, la Corte Constitucional25 ha considerado que el precedente se define
como «la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por
su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».

43. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases, a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia
a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por
el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia»26.

44. Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o
colegiado no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias, por lo
que su carácter vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria
que ha establecido previamente en sus providencias, en atención a los principios de
buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima e igualdad27, lo cual no impide que
los jueces, según el asunto sometido a su conocimiento, puedan exponer de forma
clara, suficiente y razonable los argumentos que justifican separarse del sentido de
sus decisiones previamente proferidas.

45. Por su parte, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de
unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía
judicial del juez, comoquiera que debe respetar la postura del superior, ya sea de las
altas cortes o de los tribunales.

46. En este orden, toda decisión adoptada por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que se dirija a resolver un problema jurídico originado con similares
circunstancias fácticas y jurídicas al asunto sometido a consideración del juez debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad,
especialmente el contenido de la ratio decidendi, «ya que además de ser el
fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica
determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una
norma»28, salvo si existan razones jurídicas particulares que impongan modificarlo.
47. Conforme lo expuesto, la jurisprudencia constitucional29 ha precisado que el
desconocimiento del precedente consiste en aquella circunstancia por la cual una
autoridad judicial modifica su posición frente a determinado asunto, o se separa del
criterio establecido por su superior jerárquico, sin cumplir con la carga argumentativa

25 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
27 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-113 de 2018.

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que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder se desconocen
principios de relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica, la
confianza legítima, entre otros, que están directamente relacionados con el respeto del
precedente.

48. Por ello, la Corte Constitucional30 permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso
de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación
a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

3.5.5 Violación directa de la Constitución

49. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene fundamento
en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual la Carta Política
es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y, ante cualquier
«incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de procedencia ocurre
cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un alcance insuficiente a
las reglas, principios y valores consagrados en el texto superior»31.

50. En un principio, el defecto de violación directa de la constitución fue concebido
como un defecto sustantivo; sin embargo, en la sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200532. Ahora bien,
el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura en los siguientes
eventos:

i) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional;
ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata;
iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución; y
iv) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales33.

51. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución supone
el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el artículo 4
superior que antepone, de manera preferente, la aplicación de los postulados de la
Constitución Política, sus reglas, principios y valores.

30 Corte Constitucional, sentencia de 11 de julio de 2013.
31 Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.

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3.5.6. Caso concreto

52. El señor Nicanor García Calderón y otros presentaron un escrito en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, con la pretensión de que se le declarara responsable por los perjuicios
ocasionados al predio «El Bosque» como consecuencia de la aspersión con glifosato.
En primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia accedió a las
pretensiones de la demanda en fallo del 29 de septiembre de 2017.

53. Apelada la anterior decisión, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caquetá emitió sentencia el 13 de marzo de 2024, en la que revocó
la decisión proferida por el a quo y negó las pretensiones de la demanda.

54. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá incurrió en la
sentencia del 13 de marzo de 2024 en el defecto de error inducido. Frente a las
pruebas aportadas al proceso, estimó lo siguiente:

Se menciona precisamente que se presentó error inducido ya que la policía Nacional -
área de erradicación de cultivos ilícitos en respuesta de la prueba de oficio solicitada por
el extremo procesal demandante y requerida por el despacho, en respuesta suscribe el
Oficio No. 086505 SURAN ARECI-2 del 31 de octubre de 2016 (visto expediente digital
005contrato digitalización pdf. pág. 8 y siguientes Samai-segunda instancia) indicando
al despacho que efectivamente para el día 13 de abril de 2011 se realizaron operaciones
de aspersión con glifosato en el departamento del Caquetá, sin señalar o sin mencionar
el municipio de la Montañita, la vereda Rio chiquito y sin hacer referencia a las
coordenadas del predio relacionadas no solo en el requerimiento realizado por el
despacho dando tramite a la prueba de oficio, sino que también estas coordenadas del
predio fueron relacionadas en el peritaje aportado en el proceso de la familia Calderón
García.
[…]
Nótese que para el caso que nos ocupa la respuesta brindada por parte de la policía
Nacional fue general, precisamente para no comprometer responsabilidad induciendo en
error al operador judicial, que aunque se les dio la ubicación del predio (Nombre de la
vereda, municipio y departamento junto con sus coordenadas) guardaron silencio, y se
establece que se indujo en error al operador ya que uno de los fundamentos otorgados
por el Tribunal Administrativo del Caquetá en sentencia del día 13 de marzo de 2024,
negando las pretensiones fue precisamente que No se acreditó que las operaciones con
glifosato del 13 de abril de 2011 se efectuaron en el municipio de la Montañita Caquetá,
sin embargo para este extremo procesal se encontró acreditado con los testimonios
practicados34.

55. Además, los accionantes manifestaron que la providencia atacada incurrió en
defecto fáctico al no valorar de forma correcta el dictamen pericial aportado y los
testimonios rendidos. Frente a este reproche, afirmaron lo siguiente:

Del conjunto probatorio que se acaba de relacionar que no fue valorado en su integridad,
contrario a lo que expone el H. Tribunal Administrativo del Caquetá se responde a la
existencia de un daño antijurídico, pues se tiene certeza que al señor Nicanor García y
a su familia se le causó un daño que se concretó en la pérdida total de los cultivos que
tenía sembrados en la finca la “El Bosque” que tenía para la venta y el consumo actividad

34 Se transcribe incluso con errores de texto.

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económica de la cual dependían en su hogar, con las fumigaciones aéreas que la
Dirección de Antinarcóticos efectuó en el sector en el año 2011.

A manera de conclusión puede afirmar que el demandante no tenía la obligación jurídica
de soportar el daño antijurídico causado por la entidad demandada por lo que a ésta le
asiste el deber de repararlo integralmente. Quien crea un riesgo con la ejecución de una
actividad lícita, debe reparar los daños antijurídicos que cause sin que sea necesario
acreditar que incumplió con los deberes de cuidado que le eran exigibles35.

56. Sumado a lo anterior, la parte actora adujo que se incurrió en defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, concretamente, de la sentencia proferida
en el expediente identificado con el radicado núm. 41001-23-31-000-2000-02956-01.
Sobre a este reparo, expuso lo que sigue:

Así las cosas, la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá inobservó
jurisprudencia del Consejo de Estado en la que el hecho causante del daño, lo
constituyen en el sub judice, la actividad riesgosa de fumigación con glifosato a cultivos
ilícitos, que además terminaron por afectar cultivos lícitos del demandante, porque está
acreditada la aspersión aérea en el Departamento del Caquetá el día 13 de abril de 201,
así como también la afectación a los cultivos de café y yuca conforme lo manifestaron
los testigos en audiencia de pruebas realizada por el despacho y constatada mediante
dictamen pericial presentado36.

57. Por último, el señor Nicanor García Calderón y otros aseguraron que el Tribunal
atacado incurrió en violación directa de la Constitución, al no aplicar el artículo 90
superior ni el principio de progresividad en la reparación directa, lo cual justificaron de
la siguiente forma:

La sentencia del 13 de marzo de 2024, vulnera de manera directa la Constitución Política,
en la medida que quebranta el artículo 90 de la Constitución Nacional, ya que, conforme
a dicha preceptiva normativa, la responsabilidad administrativa del Estado no excluye
entre sí la aplicación de los regímenes subjetivo y objetivo de imputación, circunstancia
que fue desatendida en la sentencia objeto de reproche mediante esta vía Constitucional,
pues en ella se realizó un análisis limitado y exclusivo de la falla del servicio,
desconociendo el alcance de la mencionada norma.
[…]
A juicio del Tribunal Administrativo del Caquetá, se negaron las pretensiones de la parte
actora, para este no se probó el DAÑO ANTIJURÍDICO aducido por la parte
demandante.
Dicho requisito resulta contrario al mandato superior de progresividad en materia de
reparación directa por los daños causados con ocasión a la aspersión de glifosato por
agentes del Estado como lo explicó El Consejo de Estado en sentencia con radicado No:
23001-23-31-000-2008-00107-01(41467), del 02 de noviembre de 2016, razón por la
cual, la demandada incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución en su
decisión37.

58. De lo expuesto, la Sala observa que la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caquetá no incurrió en error inducido, pues sobre lo probado en el
proceso con respecto a la localización del lugar donde se llevó a cabo la aspersión con
glifosato, se pronunció así:

35 Se transcribe incluso con errores del texto.
36 Se transcribe incluso con errores del texto.
37 Se transcribe incluso con errores del texto.

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El 13 de abril de 2011 la Dirección Nacional de Estupefacientes realizó operaciones de
aspersión con glifosato en el Departamento del Caquetá, sin que se acreditara que fuese
en el municipio de La Montañita, o más exactamente en el lugar en donde queda ubicada
la finca El Bosque de propiedad de los demandantes.
Lo anterior obedeció a que no se entregaron las coordenadas del predio en referencial,
lo cual impidió la verificación correcta de la base de datos estadísticos, lo que impidió
que se aportara los soportes documentales (actas y polígamas) con los que cuenta la
entidad, así como también se allegara las ordenes de servicio. Recordemos que la
Policía, mediante oficio N° S-2015- 069014 del 23 de septiembre de 2015, informó: “…de
acuerdo a lo planteado en la Resolución 0013 de 2003 del Consejo Nacional de
Estupefacientes, la erradicación forzosa dentro del Programa de Erradicación de Cultivos
Ilícitos (PECIG), no hace de manera indiscriminada individualizando las veredas o
predios y como quiera que no se describe en la solicitud de información
necesaria para dar una localización exacta del predio (coordenadas geográficas); no es
posible entrar a determinar por parte de esta Área si las operaciones de aspersión recaen
sobre el predio presuntamente afectado”38.

59. En este punto, esta corporación encuentra que, si bien en primera instancia se
requirió a la parte accionada para que aportara las coordenadas exactas del lugar
donde afirmó que ocurrieron los hechos, tal como se ilustra39:

60. Lo cierto es que no existe prueba de la respuesta a ese oficio en el expediente,
así como tampoco un pronunciamiento por la parte demandante en el proceso
ordinario sobre la falta de esta prueba, siendo el periodo probatorio, que se abre en
audiencia inicial y cierra con los alegatos de conclusión, la oportunidad procesal
pertinente para haber manifestado dicha inconformidad y no en la presente acción de
tutela, la cual no da apertura a etapas procesales que ya precluyeron.

61. Seguidamente, con el escrito de tutela se aportó una respuesta a un oficio de un
proceso diferente al que hoy se estudia, en el que se indicó la ubicación precisa de la
aspersión de glifosato. Pese a ello, no existe prueba de que dicha comunicación haya
sido allegada al expediente identificado con radicado núm. 18001-3333-001-2013-
00554-00/01 ni que se haya solicitado como prueba trasladada.

62. Por ende, una vez más, la parte accionante pretende debatir pruebas nuevas,
desconociendo que el trámite de tutela no es el medio idóneo para hacerlo, más aún
cuando no se conocen las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se hizo dicho
requerimiento probatorio.
63. Ahora, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá, frente
a las pruebas que se aportaron en el proceso, argumentó lo siguiente:

38 Se transcribe incluso con errores de texto.
39 Samai, exp. 18001-33-33-001-2013-00554-01, índice 19.

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Punto sobre el cual, advierte la Sala, que la única prueba con la que pretenden acreditar
el daño es con unos testimonios que no ofrecen credibilidad sobre el objeto que se
pretende probar, en tanto que no brindan información concreta sobre la afectación de los
cultivos de propiedad de los actores, sus declaraciones resultan ser muy generales frente
a los hechos, de manera que no permiten identificar y verificar la existencia y
características concretas del presunto daño cierto y personal alegado en la demanda.
En este sentido, las referencias genéricas respecto a la realización de las aspersiones,
junto con la también abstracta afirmación de unas pérdidas, no dan claridad ni certeza
de que efectivamente -y cómo- los cultivos del demandante resultaron afectados, véase
que cuando se les preguntó sobre presuntos daños, afirmaron categóricamente que
habían sido 2 hectáreas, en donde 1 había sido de café y la otra de yuca, sin embargo,
no se logró establecer cómo se pudo llegar a tal conclusión, así como tampoco
manifestaron de manera posterior el deterioramiento de los cultivos.
[…]
Esta posición del perito es clara en afirmar que encontró afectaciones a los cultivos de
yuca y café, como lo fue el cambio en sus coberturas, y que había un suelo degradado,
que pudo ser producto de un químico esparcido por fumigación aérea, sin descontar el
hecho de que pudo ser por otro tipo de fumigación.
Es decir, en el anterior documento no consta ninguna información sobre la razón del
conocimiento directo que tendría el Administrador de Empresas Agropecuarias –
Especialista en Sistemas de Sostenibilidad de Producción Pecuaria – Magister en
Agroforestería de la presunta afectación a los predios con ocasión de las fumigaciones;
de manera que este escrito carece de sustento que demuestre que se corroboró la
información o contaba con alguna fuente directa de donde habría40.

64. Para esta sala constitucional, contrario a lo que afirmó la parte tutelante, la
autoridad judicial accionada valoró en conjunto el material probatorio existente en el
proceso y de dicha valoración no pudo inferir que el daño alegado como sustento de
la pretensión de reparación fuera antijurídico y tampoco que pudiera ser imputable al
Estado.

65. En relación con el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, el ad
quem utilizó la jurisprudencia aplicable para determinar la imputabilidad del daño
antijurídico a las autoridades y citó lo siguiente:

En efecto, se ha señalado que “es indispensable, en primer término determinar la
existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su
naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un
juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y,
por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la
responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los
distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”
[…]
El segundo elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado es la
imputabilidad del daño antijurídico a las autoridades. Sobre este elemento, la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia proferida el 18 de mayo de
2017 en el expediente 37497 y ponencia del consejero Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, explicó que la imputación exige analizar dos esferas i) el ámbito fáctico y ii) la
imputación jurídica, la cual se determina conforme al deber jurídico.41

40 Se transcribe incluso con errores de texto.
41 Se transcribe incluso con errores del texto.

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66. La Sala encuentra que, en la providencia del 13 de marzo de 2024, la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá no incurrió en el defecto de
desconocimiento del precedente, porque utilizó la jurisprudencia vigente y aplicable
frente al nexo causal entre el daño y la conducta del Estado.

67. Esto no se opone a la jurisprudencia que afirmó la parte actora se desconoció, que
aunque alude a los efectos del glifosato en el medio ambiente, también hace referencia
a los daños individuales que son la consecuencia o el reflejo de una lesión ambiental
conocida como daño impuro. Para ello es obligatorio demostrar lo siguiente:

6.10. Con observancia de estas reglas que rigen el patrimonio de la prueba, se debe
precisar que para que opere el sistema de responsabilidad objetivo por riesgo
excepcional, es imperativo probar el nexo causal entre el daño y la conducta del Estado.
La actividad de la administración de erradicación de cultivos de uso ilícito supuso la
creación de un riesgo que se concretó en un daño, y es relevante establecer qué y quién
desencadenó el curso causal, todo esto teniendo en cuenta que se trata de un régimen
de responsabilidad objetivo en el que, a pesar de que es superfluo el dolo o la culpa, se
debe establecer quien adelantó la actividad que implicó la utilización de una sustancia
considerada de riesgo o peligrosa que produjo un daño antijurídico42.

68. En ese sentido, la jurisprudencia citada por los actores no es contraria a lo
dispuesto en la providencia del 13 de marzo de 2024, ya que reconoce los efectos del
glifosato, pero para que pueda imputársele responsabilidad al Estado, debe
demostrarse un daño antijurídico, lo cual no aconteció en el proceso en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

69. Por otra parte, en lo que refiere al defecto por violación directa de la Constitución,
no es cierto que el Tribunal accionado no aplicara lo dispuesto en el artículo 90 de la
Constitución Política; por el contrario, lo citó como jurisprudencia aplicable al caso, tal
como se muestra:

La responsabilidad patrimonial de la administración a partir de la Carta Política de 1991
se fundamenta en el artículo 90, el cual estableció dos elementos de la responsabilidad,
los cuales son: i) el daño antijurídico y, ii) la imputación de este a una autoridad en
sentido lato o genérico.

70. En consecuencia, la Sala encuentra que las razones de la providencia atacada son
congruentes y razonadas, y no se advierte arbitrariedad en la decisión, pues además
estuvo soportada en la línea jurisprudencial existente sobre el punto.

71. En los anteriores términos, el Tribunal Administrativo de Caquetá no incurrió en los
defectos por error inducido, fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial y de violación directa de la Constitución alegados en el escrito de tutela.

IV. CONCLUSIÓN

72. Por las razones expuestas, esta Sala modificará la sentencia del 21 de noviembre
de 2024, proferida en primera instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 20 de febrero de 2014, expediente

núm. 1001-23-31-000-2000-02956-01(29028).

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que declaró improcedentes las pretensiones de amparo, para, en su lugar, negar la
solicitud de tutela, por los motivos contenidos en esta providencia.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del 21 de noviembre de
2024 que profirió la Sección Primera del Consejo de Estado, por los motivos contenidos
en esta providencia. En su lugar, quedará así:

PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por los señores Nicanor García
Calderón, Deisi Moreno Galeano, Nicanor García Moreno y Andrés García
Moreno en contra del Tribunal Administrativo de Caquetá, por las razones
consignadas en esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

AC/SEJV

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