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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06283-00

Fecha
2 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-06283-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Jhonny Alberto de la Cruz Padilla, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. 13 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-06283-00 Accionante: Jhonny Alberto de la Cruz Padilla Segundo: Negar las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con las razones anteriormente expuestas. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada la decisión, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-06283-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

2 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. dos (2) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06283-00
Accionante: Jhonny Alberto de la Cruz Padilla
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Tema: Tutela contra providencia judicial.

Decisión: Negar el amparo de tutela porque no se configuró el defecto
alegado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por el señor Jhonny Alberto de la Cruz Padilla, actuando por
conducto de apoderado, en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y a los
principios de legalidad, libertad probatoria, confianza legítima, seguridad jurídica
y buena fe, ocurrida con ocasión de la providencia expedida el 7 de noviembre
de 2024 dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 47001-23-33-000-
2023-00293-00 [03].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos
Karen Judith Gutiérrez Garizabalo presentó una demanda de nulidad electoral
contra la elección de Alfredo Navarro Manga como alcalde de Sitionuevo,
Magdalena, alegando que incurrió en doble militancia al apoyar públicamente a
Harold Gutiérrez Parejo, candidato al concejo por el partido Centro Democrático,
mientras estaba avalado por el partido Demócrata Colombiano.
El Tribunal Administrativo del Magdalena, en primera instancia, en sentencia
proferida el 10 de julio de 2024, negó las pretensiones de la demanda, pues
concluyó que los videos aportados no cumplían con los requisitos de autenticidad
e integridad establecidos en la Ley 527 de 1999 debido a la vulneración de su
cadena de custodia.
Una vez apelada1 la decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado en
providencia del 07 de noviembre de 2024, concluyó en su providencia que el
señor Navarro Manga realizó expresiones claras de apoyo hacia Harold Gutiérrez

1 Por parte de la señora Karen Judith Gutiérrez Garizabalo y el Ministerio Público.

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Accionante: Jhonny Alberto de la Cruz Padilla

Parejo en un evento público, configurando causal de doble militancia, por lo que
declaró la nulidad de su elección como alcalde.
El señor Jhonny Alberto de la Cruz Padilla interpuso la presente acción de tutela
por conducto de apoderado, aduciendo estar legitimado en la causa por activa al
considerar que es un tercero interesado en el resultado del proceso por formar
parte de los electores del señor Alfredo Navarro Manga y su programa de
gobierno.
2.2. Fundamentos jurídicos
La parte actora argumentó que se configuró un defecto procedimental absoluto
que vulneró el debido proceso, debido a una indebida notificación del auto
admisorio de la demanda de nulidad electoral por parte del Tribunal
Administrativo del Magdalena.
Expuso que no se le informó a la comunidad sobre la existencia del proceso,
incumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 277 del CPACA, lo que, a su
juicio, afectó la integración del contradictorio y el derecho de participación de los
miembros de la comunidad. Por lo tanto, consideró necesario declarar la nulidad
de lo actuado para garantizar el cumplimiento pleno de las formalidades
procesales.
Indicó que la providencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado también
vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al incurrir en un defecto
fáctico, pues fundamentó su decisión en un video como prueba principal para
acreditar la doble militancia, sin superar dudas razonables sobre su autenticidad
y además desestimó de manera injustificada un dictamen pericial presentado por
el demandado que cuestionaba la integridad y manejo de la cadena de custodia
de dicha prueba, comprometiendo así la solidez del análisis probatorio.

Además, argumentó que la autoridad judicial accionada no acreditó la calidad de
candidato del señor Harold Gutiérrez Parejo. También señaló que no existían
pruebas concluyentes sobre la publicación del video en redes sociales y no había
certeza del impacto de estas actuaciones en el electorado.

2.3. Pretensiones
La parte accionante solicitó:

«Primero. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso en
conexidad con el principio de legalidad en su eje de plenitud de las formas de
cada juicio, en conexidad con el principio de libertad probatoria y en conexidad
con los principios a la confianza legitima, seguridad jurídica y buena fe del
accionante JHONNY ALBERTO DE LA CRUZ PADILLA domiciliado en
Sitionuevo, Magdalena, ciudadano en ejercicio, sufragante de los comicios
electorales celebrados el pasado 29 de octubre de 2023, registrado en el censo
electoral del municipio de Sitionuevo, Magdalena, mayor de edad, identificado
con la CC No. 85.084.435 expedida en Sitionuevo (Magdalena), conforme a
poder especial amplio y suficiente otorgado, en su calidad de TERCERO CON
INTERÉS, vulnerados por el accionado, al proferir sentencia de segunda
instancia que revocó la sentencia del 10 de julio de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda
y, en su lugar, declaró la nulidad de la elección del señor Alfredo Antonio

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Accionante: Jhonny Alberto de la Cruz Padilla

Navarro Manga como alcalde de Sitionuevo (Magdalena) para el período 2024
2027, contenida en el Formulario E-26 ALC del 5 de noviembre de 2023.

Segundo. Que se inaplique la decisión de cancelar la credencial del alcalde del
señor Alfredo Antonio Navarro Manga contenida en el formulario E-26 ALC del
5 de noviembre de 2023.

Tercero. Que en consecuencia se declare la nulidad de lo actuado en el proceso
desde la notificación del auto admisorio de la acción de nulidad electoral,
quedando comprendida la obligación del A quo de informar la admisión de la
demanda a la comunidad al tenor de lo previsto en el numeral 5to del artículo
277 del CPACA.

Cuarto. Remitir el expediente que contiene el proceso de Nulidad Electoral
contra la elección como alcalde de Sitionuevo, Magdalena, para el periodo 2024
– 2027, del señor Alfredo Navarro Manga, ante acción instaurada por la señora
KAREN JUDITH GUTIERREZ GARIZABALO.» (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 6 de marzo de 20252, a través
del cual se ordenó notificar al Consejo Nacional Electoral, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, al Tribunal Administrativo del Magdalena, a los señores
Alfredo Antonio Navarro Manga, Karen Judith Gutiérrez Garizabalo y a todos los
demás vinculados al proceso de nulidad electoral referido, como terceros
interesados en el resultado del proceso. Asimismo, se reconoció personería al
abogado Marco Aurelio Molina Bayona y se notificó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia. Por otro lado, no decretó
la medida provisional solicitada por el accionante.

2.4.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena3, a través del magistrado
ponente de la decisión de primera instancia solicitó se declarara la improcedencia
de la acción por no cumplir con los requisitos generales de procedibilidad contra
providencias judiciales.

Afirmó además que las pretensiones elevadas por el actor ya fueron debatidas y
decididas por la autoridad judicial competente y puso de presente que la solicitud
de amparo incoada se hizo respecto de la providencia del 7 de noviembre de
2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y no contra la
decisión del 10 de julio de 2024 proferida por esa corporación que negó las
pretensiones de la demanda.

Indicó que no existía constancia alguna de una solicitud de nulidad del accionante
ante el a quo con respecto a la presunta indebida notificación a la comunidad y
recordó que legalmente, las solicitudes de nulidad deben presentarse antes de
que se dicte sentencia o, si ocurren en ella, con posterioridad.

Aunado a lo expuesto recordó que la nulidad procesal por indebida notificación
solo aplica si afecta al demandado o a su representante y no a la comunidad,
conforme lo señala el artículo 294 del CPACA.

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Índice 32 del aplicativo SAMAI
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Índice 39 del aplicativo SAMAI
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Accionante: Jhonny Alberto de la Cruz Padilla

2.4.2. La Sección Quinta4 del Consejo de Estado, a través del magistrado
ponente de la decisión, solicitó se declare la improcedencia de la acción pues
afirmó que esta no cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la
medida que busca reabrir un debate sobre la valoración probatoria y el criterio
adoptado por esa instancia al resolver el recurso de apelación contra la decisión
del a quo. Sostuvo que su análisis probatorio fue el adecuado y se basó en el
material aportado, con el cual llegó a la convicción de que el demandado había
incurrido en la prohibición de doble militancia.

Por otro lado, indicó que, con relación al defecto procedimental absoluto alegado,
ya existía un proceso seguido ante esta corporación presentado por otro
accionante bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-00058-00 que compartía
identidad de supuestos fácticos y jurídicos5 a la presente solicitud de amparo
constitucional.

2.4.3. El Consejo Nacional Electoral-CNE6, a través de su profesional
universitario de la Asesoría Jurídica y Defensa Judicial, solicitó ser desvinculado
de la acción al no estar legitimado en la causa por pasiva.

2.4.4. La señora Karen Judith Gutiérrez Garizabalo7, quien actuó en calidad
de demandante en el medio de control de Nulidad Electoral, a través de su
apoderado, solicitó se declarara la improcedencia de la acción. Con respecto a
la supuesta irregularidad por la falta de notificación a la comunidad, adujo que no
era trascendente y no ameritaba una nulidad del proceso teniendo en cuenta que
los derechos de la población siempre estuvieron garantizados por la intervención
del Ministerio Público, que sí fue notificado del auto admisorio y representaba a
la sociedad civil.

Además, adujo que el apoderado del demandado no solicitó pruebas, ni interpuso
algún recurso, ni impugnó algún testimonio en el curso del proceso. Indicó que
quienes presentaron la solicitud de nulidad respecto del auto admisorio de la
demanda fueron un grupo de ciudadanos representados por el abogado Luis
Cepeda Visbal, pero que esta fue declarada improcedente mediante auto del 3
de diciembre de 20248 proferido por la Sección Quinta.

2.4.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil9, a través de su jefe de la
Oficina Jurídica, solicitó ser desvinculado de la acción al no estar legitimado en
la causa por pasiva.

4 Índice 40 del aplicativo SAMAI
5 La acción fue presentada el 13 de enero de 2025 ante esta Subsección, contra el Auto del 3 de diciembre

de 2024 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se rechazó por
improcedente la solicitud de nulidad formulada en el medio de control de nulidad electoral con radicado núm.
47001-23-33-000-2023-00293-03. Mediante providencia del 6 de marzo de 2025, con ponencia del doctor
Juan Camilo Morales Trujillo, se negó la acción incoada - (Índice 31 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-03-
15-000-2025-00058-00).
6 Índice 44 del aplicativo SAMAI
7 Índice 45 del aplicativo SAMAI
8 Índice 35 del aplicativo SAMAI, exp. 47001-23-33-000-2023-00293-03
9 Índice 46 del aplicativo SAMAI

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Accionante: Jhonny Alberto de la Cruz Padilla

2.4.6. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestiones previas

3.2.1. Impedimento presentado por el doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez

El 21 de noviembre de 2024, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
encontrarse incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 5.º
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto sostiene una
amistad intima de muchos años con la consejera Gloría María Gómez Montoya,
quien suscribió la providencia objeto de cuestionamiento en la acción de
referencia.

La Sala de Subsección mediante auto del 23 de enero de 202510, declaró fundado
el impedimento para conocer del presente asunto, en consideración a que la
afirmación señalada por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez se ajusta al
presupuesto fijado en el dispositivo mencionado.
En consideración a lo anterior, se apartó del conocimiento del presente asunto.

3.2.2. Legitimación en la causa por activa

Esta Sala considera que, aunque en principio, podría considerarse que el señor
Jhonny Alberto de la Cruz Padilla carece de legitimación por activa, según lo
dispuesto en la Sentencia SU-329 de 202411 de la Corte Constitucional, dicha
conclusión no aplicaría estrictamente en este caso.

La mencionada sentencia exige que los tutelantes acrediten haber participado en
el proceso ordinario como demandados, demandantes o terceros. Sin embargo,
en este asunto presuntamente el accionante no pudo intervenir en el proceso de
nulidad electoral debido a una omisión del Tribunal Administrativo del Magdalena,
que incumplió lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 277 del CPACA al no
informar a la comunidad sobre la existencia del proceso.

Dado que la omisión procesal posiblemente impidió que el accionante ejerciera
su derecho de participación, se considera que posee un interés legítimo en el
resultado de la acción de tutela no sólo por formar parte de los electores del señor
Alfredo Navarro Manga y su programa de gobierno, sino porque se pudo verificar
conforme a la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado

10 Índice 19 del aplicativo SAMAI
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-329 de 2024, magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo

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Civil, que el accionante participó en los comicios electorales del 29 de octubre de
2023.
Ahora bien, en un asunto de similares contornos al analizado, esta Sala ya se
pronunció12 respecto a la legitimación en la causa por pasiva, cuando dentro de
la tutela se alega el incumplimiento a lo ordenado en el numeral 5º del artículo
277 del C.P.A.C.A., veamos:

“30. Dados los contornos fácticos y jurídicos del caso, la Sala estima necesario
hacer algunas precisiones sobre la legitimación, para el asunto bajo estudio. Tal y
como se expuso en la parte inicial de la presente providencia, en principio, podría
considerarse que, la accionante carece de legitimación activa en la causa,
conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-329 de
2024, en la que señaló que

«[e]n las acciones de tutela contra providencias judiciales proferidas
en el marco de un proceso de nulidad electoral en las que se alegue
la protección de los derechos a la representación política y a elegir y
ser elegido, en adelante, quienes no hayan sido partes o terceros en
el proceso ordinario en el que se profirió la decisión cuestionada, no
tienen legitimación por activa para presentar la acción de tutela. En
consecuencia, los tutelantes deben acreditar que participaron en el
respectivo proceso en calidad de demandados, demandantes o
terceros y que, por ende, les asiste un interés legítimo»

31. Sin embargo, la discusión que se plantea en esta sede radica, precisamente,
en que la parte actora no pudo intervenir en el proceso de nulidad electoral
debido a una omisión procesal por parte del Tribunal Administrativo del
Magdalena, al no atender lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 277 del
CPACA, el cual prevé que debe informarse a la comunidad la existencia del
proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
o, en su defecto, a través de otros medios eficaces de comunicación, tales como
radio o televisión institucional, teniendo en cuenta el alcance o ámbito de
aplicación del acto de elección demandado.

32. Por tanto, aunque la accionante no participó en el medio de control de nulidad
electoral no podría aplicarse de manera estricta el pronunciamiento de
unificación mencionado, comoquiera que lo que discute es la transgresión de sus
derechos fundamentales por la omisión procesal de la autoridad accionada, lo
cual le impidió hacer parte del referido proceso, de manera que la accionante sí
posee un interés legítimo en los resultados de la presente acción constitucional
y, por tanto, se cumple satisfactoriamente la exigencia de procedencia
mencionada.”

En ese orden de ideas, considera la Sala que la que el señor Jhonny Alberto de
la Cruz Padilla, se encuentra legitimado en la causa por activa en el curso del
presente asunto.

3.2.3. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la constitución política y el artículo 1.° del
Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
de manera excepcional, contra particulares.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, magistrado ponente: Juan Camilo Morales Trujillo,

exp. 11001-03-15-000-2025-00058-00

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Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa
por pasiva en sede de tutela se refiere «a la aptitud legal de la persona contra
quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental».13

Sobre el particular, se tiene que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral solicitaron que se declare la falta de legitimación en
la causa por pasiva por inexistencia de un nexo de causalidad entre la presunta
vulneración de derechos fundamentales invocados en protección y estas
entidades.

No obstante, es menester señalar que por auto calendado el 6 de marzo de 2025,
se ordenó vincular a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo
Nacional Electoral por tener interés en el resultado del proceso y con la finalidad
de garantizar su derecho a la defensa.

Así las cosas, la Sala procederá a negar las solicitudes de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con las
consideraciones anteriormente expuestas.

4. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a establecer
si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 7 de
noviembre de 202414 dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 47001-
23-33-000-2023-00293-00 [03], incurrió en un defecto procedimental absoluto y
fáctico y con ello en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y a
los principios de legalidad, libertad probatoria, confianza legítima, seguridad
jurídica y buena fe del accionante.

4.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios
judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al recurso de
amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe sujetarse a los
valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el control de
autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución impone.

La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir unos
requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaboración
jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía

13 Sentencia T- 1051 de 2006, MP. Álvaro Tafur Galvis.
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Índice 21 del aplicativo SAMAI, exp. 47001-23-33-000-2023-00293-03
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judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo
subsanar controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

4.1.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

4.1.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

4.1.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

4.1.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.

4.1.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de un defecto fáctico y procedimental absoluto.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

4.2. El defecto procedimental absoluto como causal de procedibilidad de
tutela contra providencia judicial

Al respecto, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que
ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del
procedimiento judicial establecido15. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto
procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto16.

En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de

15 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.

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justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido
legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a
un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o
ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del
proceso” 17 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en
todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o
su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión
de fondo y la violación a los derechos fundamentales”18 […]».

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un
error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa
con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa
ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que
no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado
la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por
la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se
vulneren derechos fundamentales19.

4.2.1. Análisis de la presunta configuración del defecto procedimental
absoluto en el caso concreto

Entiende la Sala que la parte actora alegó la configuración de un defecto
procedimental absoluto, en la medida en que presuntamente se vulneró su
derecho fundamental al debido proceso, debido a una indebida notificación del
auto admisorio de la demanda de nulidad electoral por parte del Tribunal
Administrativo del Magdalena.

Expuso que no se le informó a la comunidad sobre la existencia del proceso,
incumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 277 del CPACA, lo que, a su
juicio, afectó la integración del contradictorio y el derecho de participación de los
miembros de la comunidad. Por lo tanto, consideró necesario declarar la nulidad
de lo actuado para garantizar el cumplimiento pleno de las formalidades
procesales.
Del expediente se evidenció que el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió
la demanda y su reforma el día 16 de enero de 2024 y ordenó informar a la
comunidad según el artículo 277 del CPACA, pero, sin embargo, no consta que
la secretaría del Tribunal haya realizado dicha comunicación.

Así las cosas, esta Sala considera, que, aunque esta omisión constituye una
irregularidad procesal, no tiene el impacto que la parte actora pretende endilgarle,

17 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de

2018.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
19 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-

770 de 2014.
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ya que la intervención de la comunidad no sería independiente, sino que
coadyuvaría los argumentos de la parte demandada, aunado al hecho de que se
evidenció que el Ministerio Público sí realizó intervenciones dentro del proceso,
y no debe perderse de vista que esta entidad vela por el interés público y
representa a la sociedad.

Por lo expuesto, la irregularidad procesal alegada no es determinante, dado que
la parte demandada tuvo plenas garantías en sus derechos de defensa y
contradicción durante el proceso. El señor Alfredo Navarro Manga a través de su
apoderado contestó la demanda el 15 de febrero de 2024, negando apoyo a
candidatos ajenos a su partido, y presentó alegatos de conclusión en ambas
instancias, evidenciando su activa participación en la defensa de su elección
como alcalde de Sitionuevo.

Adicionalmente deber recordarse que la nulidad procesal por indebida
notificación sólo aplica si afecta al demandado o a su representante y no a la
comunidad, conforme lo señala el artículo 294 del CPACA.

En conclusión, la omisión del Tribunal Administrativo del Magdalena no tuvo un
impacto sustancial ni alteró el resultado del proceso, pues los derechos de la
parte demandada siempre fueron garantizados. Por las razones expuestas esta
Sala considera que no se configuró el defecto procedimental absoluto alegado.

4.3. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional20 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa21, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva22, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

20 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de

2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
21 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
22 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios» .

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

4.3.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el caso
concreto

La parte accionante sostuvo que la decisión objeto de cuestionamiento adolece
de un defecto fáctico, pues fundamentó su decisión en un video como prueba
principal para acreditar la doble militancia, sin superar dudas razonables sobre
su autenticidad y además desestimó de manera injustificada un dictamen pericial
presentado por el demandado que cuestionaba la integridad y manejo de la
cadena de custodia de dicha prueba, comprometiendo así la solidez del análisis
probatorio.

Además, argumentó que la autoridad judicial accionada no acreditó la calidad de
candidato del señor Harold Gutiérrez Parejo. También señaló que no existían
pruebas concluyentes sobre la publicación del video en redes sociales y no había
certeza del impacto de estas actuaciones en el electorado.

Al respecto, se pone de presente que contrario a lo planteado por el accionante
la Sección Quinta del Consejo de Estado sustentó su decisión en un análisis
riguroso de las pruebas, que estuvo sustentado en la figura de la doble militancia
en modalidad de apoyo, en particular en lo dispuesto por el artículo 107
constitucional y el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

Frente a lo planteado por el Tribunal Administrativo del Magdalena que cuestionó
la autenticidad de los videos aportados por la demandante en el proceso ordinario
porque presuntamente no cumplieron con los requisitos previstos en la Ley 527
de 1999 que hoy reprocha el actor fueron mal estimados, la Sección Quinta
concluyó que estos debían ser valorados a la luz del Código General del Proceso,
máxime, cuando el dictamen pericial sobre ese material probatorio solamente
evaluó la cadena de custodia y no la autenticidad de su contenido, el cual debía
presumirse en virtud a que no había sido tachado por el apoderado del
demandado.

Respecto del contenido de uno de los videos aportados como prueba la Sección
Quinta evidenció lo siguiente:

«[…] 209. En cuanto a su contenido, el cual se recuerda que no fue tachado
por el demandado, se puede escuchar al señor Navarro Manga hacer las
siguientes expresiones: «(…) [E]ntonces por eso debemos respaldar no sólo
al candidato al concejo sino también al alcalde, no nos dejemos meter el dedo
a la boca que, vota por Harold, pero no votes por el candidato a la Alcaldía de

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él, eso no es así, nosotros tenemos que respaldar la fórmula y la fórmula de
Harold hoy es Alfredo Navarro Alcaldía, Harold Gutiérrez al Concejo,
Asamblea Angela Cedeño y Franklin Lozano a la Gobernación. Esa es la
fórmula de Harold, entonces tenemos que meternos estas campañas en el
corazón» (Minuto 0:19 a 0:55)

«Hoy quiero promocionar Harold, y muy bien lo dijo Darío, ya el nombre tuyo
no es Harold, hoy de aquí en adelante eres Centro Democrático número 7, ese
código se lo tienen que llevar aquí, porque a Harold no lo van a ver en el tarjetón,
van a ver es el Centro Democrático y el #7 y eso es importante, que tú con tu
equipo de amigos cojan mujeres que son más dedicadas que nosotros los
hombres para que te ayuden con la pedagogía, mi hermano porque el tema del
voto no se pierde porque de acuerdo de alguien que te quiera dar el voto de
corazón cuando llega al cubículo se aturde y no termina marcando y eso va a
ser un dolor para esa persona, porque he notado que contigo están es de
corazón, están esperanzados que tú vas a hacer las cosas bien, en el nombre
de Dios en el Concejo y nosotros en la Alcaldía vamos a trabajar por
todos». (Minuto 3:30 a 4:32)

«Este 29 de octubre a marcar en el tarjetón Centro Democrático Número 7
y a la Alcaldía Alfredo Navarro Manga, muchas gracias» (Minuto 5:42 a
5:50). En este punto, no cabe duda para la sala que las expresiones realizadas
por el demandado sí constituyen una clara muestra de apoyo hacia el señor
Harold Gutiérrez Parejo como candidato al Concejo Municipal de Sitionuevo
(Magdalena).» Negrillas de la Sala.

Ante la contundencia de la prueba referida, el ad quem concluyó lo siguiente:

«[…] 210. En este punto, no cabe duda para la sala que las expresiones
realizadas por el demandado sí constituyen una clara muestra de apoyo
hacia el señor Harold Gutiérrez Parejo como candidato al Concejo
Municipal de Sitionuevo (Magdalena)». Negrillas de la Sala.

Por lo anterior, la Sección Quinta de esta corporación cuestionó lo planteado por
el a quo con respecto a las expresiones del demandado pues al realizar su
análisis evidenció que contrario a lo expuesto por el Tribunal del Magdalena,
estas sí demostraron muestras claras de apoyo político hacia el candidato al
Concejo Municipal de Sitionuevo (Magdalena) Harold Gutiérrez Parejo.

Indicó además que, si bien el evento proselitista reprochado no fue realizado con
una convocatoria significativa, ello no quería decir que la conducta de apoyo clara
y concreta no se hubiera materializado, y con ello, la figura de la doble militancia.

Frente al reparo presentado por el accionante respecto a que no se tuvo en
cuenta la acreditación del candidato Harold Gutiérrez Parejo, se evidencia que la
Sección Quinta sí lo hizo a lo largo de todo su análisis probatorio, máxime cuando
al respecto existía una declaración extraproceso aportada por el demandado y la
certificación allegada por la comisión escrutadora municipal sobre su
participación en los comicios.

Con respecto al reproche de que no existían pruebas concluyentes sobre la
publicación del video en redes sociales, teniendo en cuenta que las mismas
fueron eliminadas de estas, el ad quem llegó a la siguiente conclusión:

«[…] la sala no comparte la apreciación realizada en el fallo
impugnado, en la medida en que los videos en formato .mp4 sí podían
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ser analizados bajo las reglas generales previstas para los
documentos en el artículo 244 del Código General del Proceso. 189.
En efecto, aunque los links aportados con la demanda dejaron de
funcionar, lo cierto es que las grabaciones fueron aportadas con
el fin de reproducir el contenido de los videos que fueron
publicados inicialmente en la red social Facebook, por lo que no
existía justificación para omitir su valoración.”. Negrillas de la Sala

Así las cosas, de lo relacionado en los párrafos que anteceden se puede observar
un análisis integral del material probatorio aportado al proceso a la luz de las
reglas de la sana crítica, que le permitió concluir a la Sección Quinta de esta
corporación que debía revocar la providencia del 10 de julio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena , hecho que no puede ser calificado
como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de
autonomía e independencia judicial, y al respecto no se advierte que el estudio
realizado por la autoridad judicial sea contraevidente, arbitrario o caprichoso.

En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente en
los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria o
irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es razonable.

Por tal razón, no es posible considerar que se presentó un defecto fáctico, sino
que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación efectuada
por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad prevista para
la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

En este contexto, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación de
un mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un defecto
fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para que ello
resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por completo
de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este asunto.

En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales. Por lo tanto, al no hallarse estructurado
el defecto invocado, se negarán las pretensiones formuladas.

En consecuencia, la Sala negará el amparo constitucional reclamado por la parte
accionante, al no configurarse ninguna vulneración ius fundamental.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Jhonny Alberto de la Cruz Padilla, de acuerdo con los argumentos expuestos en
la parte motiva de la presente providencia.

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Segundo: Negar las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral, de conformidad con las razones anteriormente
expuestas.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada la decisión, remitir el expediente de la actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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